
Como usted sabe, ha habido manifestaciones contra la construcción del acueducto Independencia, parte del plan hidrológico Sonora SI, que impulsa la actual administración estatal. Recientemente, los integrantes del Movimiento ciudadano por el agua, engendro que representa los intereses de los agricultores VIP del Yaqui, dieron en poner sus tractores frente al palacio municipal de Cajeme y taparon las vías de acceso de algunos edificios públicos, lo que representaría un peligro potencial en caso de una emergencia. El senador panista Javier Castelo Parada ha declarado en tono altanero que del agua del Yaqui, nada para Hermosillo, resaltando la idea de propiedad de ese bien público en abierta contradicción lógica y legal.
Mientras el panismo organizado llama a la cordura al senador Castelo y a Eduardo Flores Moreno y Adalberto Rosas López, dirigentes del citado movimiento cívico, otras voces entre los miembros del partido del senador Castelo, señalan que el pleito dejó de tener sentido desde el momento en que los productores organizados de Granados y Huásabas, decidieron vender los derechos de parte del agua que reciben en solidaridad con Hermosillo, reclamando a los de Obregón que el agua que dicen defender no es única y exclusivamente suya, toda vez que es un bien público concesionado.

Pero, volviendo al desplegado firmado por Adalberto Rosas, llama la atención el tono amenazante que adopta al poner en la misma balanza el reciente asesinato del candidato priista a la gubernatura de Tamaulipas con la posible afectación de los intereses de los agricultores del Yaqui, y advierte: “lo menos que requiere la nación en este momento de gran vulnerabilidad, son acciones de gobierno que, por su carácter injusto, generen conflictos sociales que pueden ser aprovechados por intereses oscuros para empujar al Estado y al País a la desintegración institucional y el caos.”
En el propio desplegado, hay afirmaciones que sugieren algunas preguntas: ¿es cuerdo afirmar en el contexto político actual, que el descontento social que genera la iniciativa del gobierno de “desviar las aguas de la Cuenca del Río Yaqui para atender los requerimientos hídricos de la Ciudad de Hermosillo, es una situación que debe ser considerada en el contexto de la nueva fase que ha cobrado el problema de la seguridad nacional después de los trágicos hechos que terminaron con la vida del candidato a la gubernatura del estado de Tamaulipas”?
¿Se vale hacer una amenaza al propio gobierno y a la sociedad en general por un asunto que se supone resuelto a partir de la voluntad de los productores de Granados y Huásabas? ¿Son equiparables el malestar que motivó el asesinato del candidato al gobierno de Tamaulipas con el enojo de los productores VIP de Cd. Obregón? ¿Se puede sugerir que la reacción sería equiparable en uno y otro caso?

Lo menos que uno puede preguntarse es ¿a qué intereses obedece la caricatura cacerolista del sur? ¿Los agricultores del Yaqui son los únicos beneficiarios posibles de la presa El Novillo? ¿El gobierno federal firmó una escritura de propiedad a nombre del señor Rosas, Castelo, Flores, Bours y socios, declarando sonorenses de segunda a todos los demás? ¿Padrés seguirá adelante con el proyecto hidráulico o el chicharrón porcino del sur será el único que truene?

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