El eufemismo mueve a la sociedad

“En una época de engaño universal decir la verdad es un acto revolucionario” (George Orwell).

¿Se ha dado cuenta que las palabras son instrumentos de lucha política y de reconfiguración social? ¿Que más allá de su significado formal tienen cargas emocionales tan poderosas que nos hacen ver otra realidad, diseñada para dejarnos en estado turulato y aceptar, eventualmente, lo que en condiciones normales sin duda rechazaríamos? Pues entérese, estamos en una sociedad donde el manejo de eufemismos suple por mucho la simple y llana expresión de lo que es y lo que puede ser.

Sucede que las notas periodísticas, en seguimiento puntual del discurso político, sirven para informar productos de cuya realidad bien podríamos dudar: de repente nos enteramos de una ola de actos delictivos o de plano criminales y alguien se encarga de informarnos de que se trata de “hechos aislados”, que la sociedad está como blindada ante las tendencias disruptivas del orden legal y social; que las autoridades sabias en todo, no se chupan el dedo y atienden con prontitud y eficacia las demandas ciudadanas y afrontan el delito con firmeza y sin tregua.

Mientras tanto, salta la liebre del asesinato en mero centro de la ciudad y a plena luz del día; la carnicería humana perpetrada en una ciudad vecina donde hay cuerpos troceados y cabezas metidas en una hielera; que asaltan un comercio y balean a la persona encargada; que un hospital o clínica es tomada por un comando de facinerosos con el ánimo de rematar a un herido de gravedad internado. El etcétera es tan amplio como usted pueda proponer. Sin embargo, la justicia nos alerta cautamente de que aquí, como en el Guanajuato de José Alfredo Jiménez, “la vida no vale nada”.   

Sabemos que los “C4” evolucionan en “C5”, pero el ascenso numérico no resuelve en realidad el problema. Nos enteramos de que vendrán a estas soleadas tierras autoridades y mil 800 elementos de la Guardia Nacional, para disuadir con su presencia a los malandros que fuertemente armados atosigan a la sociedad mediante sus acciones que los medios se encargan discretamente de visibilizar. Tenemos colonias (ahora a cualquier barrio se le llama colonia) donde muchos de sus habitantes se han prácticamente encerrado en rejas por temor al asalto, al levantón y al asesinato, frente al armamento “de uso exclusivo del ejército” que circula y acciona en calles, callejones y plazas y que es capaz de perforar no sólo paredes sino conciencias.

Sin embargo, en las notas periodísticas de la fuente se habla del “tema de la inseguridad”, dejando de lado que no es un tema sino un problema de proporciones mayúsculas. Como usted sabrá, “tema” es el asunto de una obra o un discurso, pudiendo ser las diversas unidades que componen un programa educativo, así como sinónimo de canción o composición musical; asimismo, es el asunto que capta la atención de los científicos al investigar, entre sus más destacadas acepciones (portal de internet “definición.de/tema”).

Ya ve usted que el desabasto de medicamentos en ISSSTESON, aún en boca de muchos derechohabientes afectados, de ser problema pasó a ser tema: el “tema del desabasto de medicamentos” se suma al “tema” de la crisis financiera del organismo debido al “tema” del saqueo pensionario que sufrió durante un número indeterminado de años. No hace mucho, el “tema de las pensiones” de los trabajadores universitarios se ventiló en el marco del “tema” del convenio modificatorio que el ISSSTESON exigía que se firmara y que, finalmente, logró que así fuera. Sin embargo, el servicio, el abasto y la operatividad del Instituto sigue siendo un “tema” no resuelto, como tampoco lo es la recuperación de los fondos robados y el castigo a los culpables. Como se ve, en Sonora no tenemos problemas sino temas.

Por otra parte, ¿vamos a resolver o paliar la situación de marginación y abandono de los viejos, llamados ahora en aras de lo políticamente correcto, “adultos mayores” o incluso el cursísimo y babeante calificativo de personas de “juventud avanzada” con adjetivaciones ridículas?. ¡Hágame usted el recabrón favor! Parece que nos negamos a llamar a las cosas por su nombre, que funcionamos socialmente con base en el ocultamiento sistemático de la realidad, la cual es ofensiva, traumática y políticamente incorrecta. Optamos por ocultar la realidad, maquillamos los problemas y sus efectos, y ni qué decir de sus causas. Somos la sociedad del engaño y la simulación.

En este contexto, no estaría de más pensar en la recuperación de la verdad, en el reconocimiento franco y directo de la realidad. De otra manera el concepto de “enajenación” define y da la medida de la conducta socialmente aceptada y practicada por todos, o casi todos.

http://jdarredondo.blogspot.com

El vecino incómodo.

"No quiero nada con México más que construir un muro impenetrable y que dejen de estafar a EE.UU." (Donald Trump, 6/03/2015, Twitter).

Ya ve usted cómo son las cosas. Nos unen siglos de vecindad geográfica y una saludable desconfianza fundada en experiencias que pasan de traumáticas a reglas de comportamiento que se observan cada vez que hay oportunidad y en las más diversas formas y presentaciones, para que no se diga que hay monotonía en el trato. Somos países donde uno creció a expensas del otro en actos de agandalle donde también intervino la suerte y la pusilanimidad del otro ante la agresiva expectativa expansionista que dominaba y domina la mentalidad anglosajona.

México perdió una buena parte de su territorio que ahora es destino turístico y de trabajo para muchos latinoamericanos, siendo una república territorialmente residual aún bajo los designios del que se expande a costa de los otros pero que es celoso en conservar intacto su espacio, libre de población expulsada de sus respectivas naciones gracias a la ola dominante del capitalismo salvaje que defiende y promueve el propio Tío Sam.

Estamos ante la curiosa situación de flujos migratorios que van del sur al norte, siguiendo el polo de atracción del dólar y el paraíso de libertades que aparece en la imaginación de las víctimas de la propaganda ligada a la promoción de un modelo de relaciones que, en los hechos, es la causa de la expulsión de comunidades enteras de sus tierras originales. Al destruir la masa de relaciones tradicionales del sur, las comunidades adoptan un patrón de consumo y, en general, de relaciones sociales que lejos de resolver problemas subsistenciales los agrava y profundiza. La modernidad al estilo anglosajón rompe tradiciones, patrones productivos, de intercambio, sociales, culturales y, de repente, la palabra democracia y mercado lucen sinónimos de difícil digestión mental y social.

Las comunidades no se reconstruyen ni reconfiguran merced a su propio impulso sino al de agentes externos que suplen los valores tradicionales por otros de una uniformidad empobrecedora y enajenante. La transculturización presenta serias contradicciones que terminan siendo destructivas: por un lado, tenemos la necesidad de empleos que sean remuneradores y, por otro, un esquema de privatización no sólo de los recursos productivos sino de las fuentes de empleo ligadas a factores estratégicos para el dominio y la soberanía de la nación. Estando así las cosas, al cambio en las condiciones del aparato productivo trae consigo los correspondientes al trabajo, el ingreso y la seguridad social, cada vez más en favor de la volatilidad del empleo y los avatares del mercado de factores productivos en el nivel internacional. La salud al igual que los factores que hacen posible la vida se mercantilizan, pasando de derecho humano y social a opción ligada a la capacidad adquisitiva de los sujetos.

Si el aparato productivo y el empleo se reconfigura en los términos del modelo económico dominante con su carga de exclusión y “daños colaterales”, tanto en la paz como en la guerra, también lo hace la idea de solidaridad y de justicia social. Ahora tenemos que el trabajador no es portador de derechos sino de oportunidades u opciones laborales que dependen de la oferta de empleos, considerando que el empleo no necesariamente trae consigo el derecho a la seguridad social sino a ciertas opciones accesibles en el mercado. Así tenemos la privatización de las pensiones y jubilaciones por la vía de pasar del sistema de reparto al de cuentas individuales de retiro.

El problema se revela y estalla cuando las corrientes económicas y sociales en contradicción chocan en un espacio y tiempo determinado: huelgas generales de jubilados, de médicos y enfermeras, de operarios del transporte, de productores rurales, de obreros, entre otros, por razones de montos pensionarios, precios, oportunidades de empleo, acceso a la salud, subsidios, entre muchos motivos de insatisfacción y de pérdida o reducción de derechos frente a medidas restrictivas por parte de la autoridad correspondiente. Asimismo, inseguridad que se profundiza en el campo y las ciudades, por motivos del incremento de la criminalidad, la falta de oportunidades, pobreza extrema y la desesperación creciente que hace de la región una zona de expulsión poblacional sin más salida que la migración. Así pues, tenemos una realidad que se resiste a ser modificada solamente por el discurso y las buenas intenciones de progreso, la cual termina desgastando la credibilidad de las instituciones que ceden ante el peso de una modernidad fallida. Sucede que los modelos prestados o impuestos carecen de carta de naturalización o ciudadanía.

México, al igual que el resto de Latinoamérica, lucha por recuperar su espacio e identidad; pero las inercias son muy fuertes y el polo dominante de la sociedad genera corrientes que apuntan hacia el norte. Los trabajadores y sus familias no se pueden quedar en sus lugares de origen porque las condiciones de violencia y exclusión generadas por el propio modelo económico los expulsan. No se generan condiciones para el crecimiento y el desarrollo económico y los mecanismos posibles de distribución y redistribución del ingreso, con equidad y justicia, o no existen del todo o están en vías de privatización si acaso no se han privatizado ya. El sistema impulsado por el norte anglosajón no genera las condiciones para que el bienestar se asiente sobre las bases de la democracia y el mercado como sinónimos. La exclusión y la marginación son características consustanciales del sistema.

En este contexto, la vecindad sea por proximidad geográfica o por afinidad ideológica genera zonas de expulsión y procesos de disolución social que inhiben y retrasan el desarrollo de las regiones. El norte es el espejismo que todos los expulsados persiguen, como si acercarse a la fuente de sus males fuera la solución y el logro posible. Aquí la desesperación hace que las víctimas crean que el origen del problema se convierte en solución y objetivo a alcanzar, generando, a su vez, nuevos problemas, como el que tiene actualmente México.

Nuestro país está resintiendo muchas décadas de depredación, de manipulación y violencia planeada para hacer prosperar un modelo social y económico basado en la exclusión del otro y en favor del norte anglosajón: “América para los americanos”. Sus frutos históricamente reconocidos han sido la violencia criminal, la sujeción ideológica y política, la ausencia real de democracia, la subversión de los valores y la identidad nacional y la servidumbre a las expectativas expansionistas de los gringos, particularmente en lo económico y lo que han dado en interpretar como de “seguridad nacional”. El desastre humanitario generado está pasando sus facturas y la puerta de entrada es México. Su vecindad lo hace a la vez víctima y cómplice involuntario del despótico y antidemocrático norte. Es nuestro vecino incómodo. Razón de más para impulsar y proteger nuestra producción nacional y fortalecer el mercado interno.

  

      

      

¿Delincuentes con toga?

“Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados” (El Talmud).

Diversos medios periodísticos han referido supuestas transferencias millonarias al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora, hechas a cuentas tanto de Estados Unidos como de Gran Bretaña sin que exista justificación para ello. Se sospecha, según reporta el periodista Salvador García Soto en su columna “Serpientes y Escaleras” (El Universal, 5.06.2019), que pueden ser pagos por sentencias emitidas en la SCJN, lo que pondría, o debiera poner, en la mira de la justicia federal al presidente de la Sala Segunda del máximo tribunal mexicano.

Cabe recordar que el citado ministro es producto de la época prianista en el poder público y que en más de una ocasión fue señalado como “violador de derechos humanos” (Proceso, 10. 03.2015) y “protector de narcotraficantes” (El Imparcial, 21.11.2018), además de ser el ministro que atrajo los expedientes y fue ponente en el caso de las demandas por nivelación de pensiones contra el ISSSTESON, en un fallo a favor de este organismo y en perjuicio de muchos derechohabientes pensionados y jubilados de Sonora, debido a una muy desaseada interpretación de la ley que fue celebrada por las autoridades locales como un logro y un respiro para las saqueadas arcas del citado organismo.

Si en enero nos encontramos con el citado bodrio legal que ignoró los cientos de casos resueltos a favor de los jubilados demandantes, la Junta Directiva del ISSSTESON tuvo a bien aplicar el mismo criterio jurisprudencial de Medina Mora (referido a la nivelación de pensiones) al monto de la pensión que deberían recibir los trabajadores a partir del 28 de febrero, de tal manera que los trabajadores universitarios jubilados el 1 de mayo vieron reducida su pensión al 29 por ciento.

Como usted sabe, tal medida de presión estuvo enfocada a obligar a la UNISON a firmar un convenio modificatorio del entonces vigente contrato de prestación de servicios de seguridad social, pesando la amenaza de “desafiliar” a los trabajadores si no se firmaba dicho convenio, lo cual se logró el pasado lunes 3, quedando demostrado una vez más que en Sonora puede más la política dictada desde el poder que la legalidad y la justicia.

Ante hechos consumados, los opositores al nuevo convenio deben esperar a que surjan las reclamaciones de afectación personal por el cambio en las condiciones de acceso a la seguridad social, de acuerdo a lo dispuesto en el convenio modificatorio, ya que persigue fines eminentemente recaudatorios en los términos de una ley cuya aplicación tiene visos de ser retroactiva y, por tanto, ilegal, dado que afecta a personas cuyo ingreso laboral a la UNISON es de fechas anteriores a 2005, año en que se reforma la ley 38 del ISSSTESON que sólo tendría efectos justificados en las generaciones de trabajadores con fecha de ingreso posterior a ese año y que, en consecuencia, cumplirían con los 35 años de cotización hasta 2040.

En otras palabras, el nuevo convenio obliga a la UNISON y sus trabajadores a pagar por más tiempo una mayor cantidad de dinero por concepto de cuotas y aportaciones, lo que ofrece la posibilidad de que haya quienes se consideren afectados por haber ingresado a trabajar bajo otros supuestos legales, mismos que están contemplados en la ley 38 anterior a 2005 y al contrato de prestación de servicios vigente hasta este 3 de junio y que, por ese concepto, puedan intentar promover algún recurso legal contra disposiciones que consideren lesivas a sus intereses legítimos, empezando por la aplicación retroactiva de la citada ley.

En este orden de ideas, las organizaciones sindicales probablemente se verían en la obligación de recoger las inconformidades y demandas de sus agremiados derivadas de la aplicación de las nuevas disposiciones del convenio, lo cual se pudiera reflejar en el contenido y la forma de sus reclamos ante la autoridad universitaria y que ésta, a su vez, se viera en la necesidad de plantear, como parte contratante, objeciones y propuestas de cambio al citado convenio suscrito con ISSSTESON.

En este contexto, quizá se entienda que la opción de respetar el contrato de marzo de 1990 tenía sus bondades y que hubiera bastado con que la UNISON reportara la nómina real como base para los descuentos, de acuerdo a su obligación legal, para evitar el despropósito de la retroactividad en la aplicación de la ley, la obscena agresión a los universitarios y el descrédito de dar por buena una aberración legal como es la ofrecida por el ministro Medina Mora en el caso de las nivelaciones de pensiones y la no menos criticable decisión de la Junta Directiva del ISSSTESON de aplicar ese criterio en el caso del sorpresivo recorte al monto de las pensiones, cuestión que, como queda dicho, se plasmó en su acuerdo de fecha 28 de febrero del presente y que se aplicó como amenaza y medio de coacción a la comunidad universitaria.

El ministro favorito de la gobernadora del Estado y del director del ISSSTESON está bajo los reflectores de la opinión pública, por la extendida sospecha de que algunas de sus decisiones en la SCJN pudieran haber obedecido a intereses ajenos a la legalidad. Sin duda es un escenario complicado que pone en entredicho la probidad de los integrantes del poder judicial de la nación a pesar de que hasta la fecha sólo existan indicios y advertencias de la inteligencia financiera de otros países y todavía ninguna denuncia formal en México contra el ministro Medina Mora, ave de tempestades por lo que parece ser una inclinación personal a la interpretación facciosa de las normas jurídicas en beneficio de la leperada y el engaño. Pero a cada uno se le llega su día. Esperemos.

  

¿Pensión condicionada?

“Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia” (Paul Auster).

El asunto del ISSSTESON llena nuevamente los espacios informativos porque un grupo de universitarios se opone a la firma del convenio modificatorio que dicho instituto tiene firmado con la Universidad de Sonora. El Alma Mater es el escenario de tormentas y vientos cruzados entre quienes buscan afanosamente dirimir el conflicto con ISSSTESON por la vía de aceptar las exigencias de su Junta Directiva y quienes, en cambio, se niegan a aceptar lo que se considera una imposición desproporcionada e ilegal.

Los primeros aducen que la UNISON “debe” actualizar su contrato con ISSSTESON porque data de 1990 y que, por otro lado, la Ley 38 que rige al Instituto fue reformada en 2005, por lo que se sienten obligados a “armonizar” el citado instrumento. Además, exhiben una razón de carácter político importante: “si nos oponemos, el ISSSTESON puede cumplir su amenaza de desafiliar a la UNISON si no firmamos y nos quedaremos sin seguridad social”.

Los opositores, en cambio, sostienen que la seguridad social es un derecho social y humano consagrado en la legislación y los acuerdos internacionales en los que México toma parte, siendo obligación del Estado otorgar los servicios de seguridad social en la forma y condiciones que sean pertinentes para el cumplimiento de los fines sociales a que está obligado; que los acuerdos, contratos, convenios y pactos son acuerdos de voluntades donde ambas partes acuerdan el modo y los tiempos de la relación, es decir, un contrato o convenio obliga a las partes contratantes a someterse a los términos del propio contrato: pacta sunt servanda (los pactos o acuerdos se cumplen) y, en este caso, tanto la UNISON como el ISSSTESON deben honrar el contrato que tienen  firmado desde el 31 de marzo de 1990.

Por otra parte, cabe resaltar que el acuerdo de voluntades entre ambas instituciones es legal y vigente, independientemente de que la Ley del ISSSTESON haya sido reformada en 2005, toda vez que la aplicación de las leyes no puede tener efectos retroactivos, según lo dice expresamente el artículo 14 de la Constitución. Estando así las cosas, ¿cómo va a ser legal que se les aplique una norma que es posterior a su ingreso como trabajadores afiliados al ISSSTESON y estando bajo los supuestos de un contrato de prestación de servicios vigente?

Otra de las razones que se aducen es la de que, hasta la fecha, nadie ha respondido por el quebranto financiero del ISSSTESON que, por donde se le vea, no es imputable a los trabajadores universitarios sino al propio gobierno del Estado, sea por omisión o por comisión. Asimismo, se arguye que la UNISON ha pagado puntualmente la parte que le corresponde por los servicios recibidos y en este sentido no es deudora, cuestión que es totalmente comprobable, en los términos del propio instrumento legal que rige la relación entre ambas partes.

De la lectura del convenio propuesto o, más bien, impuesto por ISSSTESON, se advierte que no sólo privilegia los fines recaudatorios que exhibe la Ley 38 reformada sino que en algunos aspectos supone una clara intromisión en la viva universitaria afectando la autonomía que por ley ostenta la institución, que quedaría sujeta al capricho de una entidad ajena y distinta en cuanto a sus fines y procedimientos.

Así pues, por una parte tenemos a una institución académica amenazada, difamada y asediada por una entidad gubernamental cuyos fines y propósitos son, o debieran ser, de carácter social-distributivo, en el sentido de que la seguridad social representa un mecanismo de redistribución del ingreso por la vía del reparto solidario, cuestión muy importante en países como el nuestro y que, en el contexto internacional se está recuperando tras la oleada privatizadora que lesionó el tejido social y económico mundial.

La UNISON ha cumplido con su parte del contrato y no existe razón alguna para sostener las presiones y amenazas contra ella, sin embargo, algunos sectores universitarios temen perder su cobertura en seguridad social más considerando su proximidad al tiempo de su jubilación o pensión.

Por otra parte, tenemos sectores que sostienen la validez de su derecho a la seguridad social y su rechazo a una imposición que se considera no sólo burda sino ilegal, a la luz del contrato de prestación de servicios firmado con ISSSTESON el 31 de marzo de 1990, así como de la propia Ley 38 y la Constitución Federal.

En lo particular, consideramos que debe respetarse el citado instrumento legal en todas sus partes y que la UNISON debe, en todo caso, reportar su nómina real al ISSSTESON para que, de acuerdo con las normas legales a que se deben sujetar las partes, se cotice con base en el salario integrado respetando los porcentajes de descuento que establece el propio contrato. Así pues, parece que en el asunto del ISSSTESON a muchos los guía el temor mientras que a otros la legalidad y el respeto a las normas, puntos nodales en la defensa de la máxima institución educativa de nuestro estado.