Estacionamiento fifí

 “De una ciudad no disfrutas las siete o setenta y siete maravillas, sino la respuesta que da a una pregunta tuya” (Italo Calvino).

 

La destrucción de áreas verdes para ser pavimentadas y pobladas de edificaciones con aires de grandeza, ocasiona que los espacios para que el cliente ponga a pastar a su carro mientras le hace el día al locatario en turno, tiene su expresión más evidente en el costo del estacionamiento.

Desde hace días circula con tonos airados la revelación del momento: la superficie para los vehículos de la clientela es, en sí, un negocio redondo, o cuadrado si se prefiere.

Pagar de entrada 45 revaluados pesos por la primera hora y luego ir subiendo 10 pesos por las siguientes llega a ser una especie de visita al infierno, un golpe traidor a quienes con el sudor de su billetera o crédito alimentan al comercio organizado reunido en Galerías Mall.

Antes (palabra mágica que nos conecta con mejores tiempos) el cliente pagaba 15 pesos por las primeras cuatro horas y 5 por el resto. Como se ve, el presente no augura cosas buenas para el futuro del ciudadano que se estaciona en ciertos lugares que huelen a fifí, por más que sea el cliente quien los hace viables.

No falta quien lance una iniciativa que, en forma de llamado a la resistencia, seguramente moverá alguna que otra conciencia: no usar el estacionamiento y buscar otras opciones. Una especie de boicot ciudadano contra el abuso. Usted dirá.

En otro asunto, vemos con preocupación el reciente préstamo con vencimiento a 12 meses que hace el Ayuntamiento de Hermosillo al organismo operador del agua potable, famoso por su escasa eficiencia recaudatoria.

Son 140 millones de pesos que no son pocos cuando el municipio se encuentra en una situación financieramente precaria, con problemas de diversa índole entre los que destacan los reclamos importantes por parte de sus trabajadores jubilados que se sienten burlados y traicionados por su dirigente sindical, que han reclamado prestaciones que antes recibían y de las que fueron abruptamente privados.

Aquí las autoridades han preferido lanzarse al litigio con la esperanza de que los afectados se cansen o se mueran, antes de reconocer sus derechos adquiridos.

Mientras los jubilados batallan política y legalmente con el ayuntamiento del Prian y las calles lucen los efectos de una mala pavimentación, fugas interminables, hoyancos traga-carros a veces infranqueables para peatones y ciclistas, algunos regidores se manifiestan inconformes con el préstamo concedido a Agua de Hermosillo porque no se les informó previamente de dicha operación crediticia. ¿La transparencia es tal que ni se ve?

Y hablando de asuntos pendientes, los padres de familia de la Leona Vicario se preguntan qué va a pasar con su escuela, si la van a rehabilitar o, de plano, serán expulsados de su histórico edificio para dar paso a una “modernidad” cuestionable y sospechosa.

Siguiendo el hilo de la información, no hace mucho hubo una aclaración por parte de la autoridad educativa estatal donde se daba seguridad de que el edificio se restauraría para seguir sirviendo a los fines educativos que han dado prestigio al histórico plantel. La ciudad espera, aunque por lo pronto el cumplimiento de la medida está en el aire.

En medio de todo esto, Sonora se encuentra en grave situación hídrica y las esperanzas de solución se encuentran puestas en algún eventual fenómeno meteorológico. Dan ataques de pánico cuando el futuro de la ciudad y el Estado dependen de algo que puede o no ocurrir.

Es obvio que debiera revisarse con lupa la forma en que se distribuye el agua, ¿por qué hay áreas privilegiadas y fraccionamientos de lujo que usan y abusan del agua de la que una mayoría carece?

¿Por qué se deja de lado la infraestructura hidráulica y solamente se interviene cuando alguna tubería revienta? ¿En qué parte de la planeación urbana se establecen medidas para evitar la inundación de ciertas áreas de la ciudad cuando eventualmente llueve?

¿Por qué se sigue vendiendo la imagen de la ciudad capital cuando son innegables los problemas de un crecimiento donde destaca no sólo la necesidad de precaristas urbanos sino el afán de lucro que algunos “desarrolladores” exhiben sin pudor y por encima de la sustentabilidad citadina?

Aquí la temperatura aumenta mientras la calidad de vida disminuye, en buena medida por la ausencia de áreas verdes, del uso irresponsable de los recursos, del afán de lucro y las trapacerías del llamado cártel inmobiliario.

El desbarajuste no estaría completo sin incluir la inseguridad pública, los fenómenos de la corrupción y el maridaje entre autoridades y delincuentes, el aumento (entre otros) del precio de la tortilla y, por ende, de los tacos. Para todos hay.

Por lo pronto, consolémonos con el cada vez más próximo fin de la canícula, terrible azote que pinta de cuerpo entero la vulnerabilidad de nuestra región y las amenazas de una ciudad que parece que ha crecido al ahí se va.

Respire, está usted vivo

 

“La tentación de América es creer que la política exterior es una subdivisión de la psiquiatría” (Henry Kissinger).

 

La prensa informa que el presidente Biden experimenta moqueo, fatiga y tos seca ocasional debido a que pescó, o fue pescado, por el virus de moda, aunque con síntomas leves. Se aclara que cuenta con el esquema de vacunación completo y dos refuerzos.

Algunos dirán que lo leve de los síntomas se debe a que fue vacunado, que por su edad el bicho podría haber resultado fatal a las primeras de cambio, pero que gracias a la vacuna ahí lo tienen, vivito y coleando, o casi.

Otros defenderán la idea de que, siendo quien es, seguro tiene pacto cuando no control de las fuerzas más oscuras del planeta y que los laboratorios que tienen en Ucrania, Asia y África con fines tóxicos, dan para producir algún tipo de antídoto que guarde las apariencias ante el mundo consumidor de noticias creativas.

En estos momentos, la humanidad suda frío por los estertores del mundo unipolar, las amenazas de hambrunas, la emergencia de nuevos virus o variantes, el ruido de las armas que por millones fluyen hacia Ucrania, en aras de lograr la “paz” al estilo de las películas gringas con héroes y villanos designados según las necesidades dramáticas del guion. Lo que sea más rentable.

En el mundo real tenemos muchos países que no pueden ejercer su soberanía y diseñar su futuro porque chocan con los planes de otros que maquillan su intervencionismo y pujos hegemónicos con plastas de humanitarismo cosmético que les permite apoderarse de los recursos naturales de los menos fuertes.

Tenemos países coloniales y belicosos en pleno siglo XXI, pero pasan por ser naciones con gobiernos atentos a los derechos humanos, según su propia conveniencia y prioridades.

Asimismo, en muchos países hay hordas “progresistas” que no dudan en levantar las banderas de la cursilería y el mal gusto dejando de lado lo humanamente importante y tomando como justas y transformadoras las causas más frívolas e individualistas, que finalmente están al servicio del sistema mundial de explotación y manipulación.   

La lucha de clases pasa a ser sustituida por la lucha de sexos, acompañada de palabras y frases colmadas de trivialidad acomodaticia a los niveles más elementales de conciencia social, capaces de suponer que la inclusión es un problema semántico, desligado del sistema económico y los mecanismos de distribución del ingreso.

En este desbarajuste para nada gratuito o casual, la inflación azota la cara de los negocios y los usuarios, lo que hace que los siempre dispuestos agoreros del fracaso declaren la muerte anticipada de la política económica nacional, algo así como meterle serrucho a la rama del árbol en que se está sentado.

 Hay quienes prefieren rasgarse las vestiduras ante cualquier medida que huela a nacionalismo y, sin conocer los detalles, apoyan las posibles sanciones a México por supuestas violaciones al T-MEC, mamotreto que pasa por tratado comercial entre nosotros y el norte que resulta una paradoja por la asimetría económica de quienes lo suscriben.

Tenemos, entre las clases jodidas, gringos honorarios atentos a lo deseos del Tío Sam, algo parecido a la babeante actitud que se observa en Canadá, mientras que siguen sin enterarse del significado de la “globalización” ni quiénes son sus beneficiarios.

Lo que tampoco se entiende es que México es un país libre y soberano, con pleno derecho a establecer sus políticas y prioridades de acuerdo al interés nacional, que las aspiraciones del control global de nuestros vecinos sobre tierras, aguas, materiales, productos y demás encaja en una ideología supremacista y, en esencia, antidemocrática e intervencionista, totalmente alejada del derecho internacional.

Resulta absurdo pensar que un país que tiene instaladas en 253 bases militares con alrededor de 173 mil soldados fuera de sus fronteras (datos de Revista de Ciencias de la Gestión de Conflictos y la Paz, 2020) sea realmente pacifista y respetuoso del derecho de los demás. Pero, a pesar de las evidencias, algunos asocian a los vecinos con el concepto desgastado por el abuso político de “democracia”.

Basta una ligera revisión de la historia mundial para saber que a golpe de dinero, armas y amenazas los vecinos del norte han colonizado y sometido a otros; por ejemplo, Europa que actúa como obediente lacayo de EU, Asia con el vergonzoso caso de Japón y muchos países de América, donde destaca Colombia, con ocho bases militares gringas que “combaten al narcotráfico” mientras sigue siendo uno de los grandes productores de droga.

En fin, mientras el planeta sigue girando en su órbita, el presidente Biden se hunde en un lago de sangre, oficialmente enfermo, contagiado por los hechos y la narrativa viral y política de un país intervencionista y genocida, política, moral y socialmente culpable.

En estas condiciones, no tenemos por qué atar (como ha ocurrido en el pasado) nuestro destino y recursos a las expectativas de otra soberanía. La vecindad no debe suponer algo más de respetuosa cooperación por la vía de un acuerdo de voluntades, sin imposiciones ni chantajes. 

En cualquier caso, el consejo para nosotros y el resto del mundo es simple: hay que conservar la sana distancia, usar cubrebocas y lavarse las manos con frecuencia, y no sudar calenturas ajenas. Mientras tanto… respire, está usted vivo.

Una cosa por otra

 

“Un derecho no es algo que alguien te da; es algo que nadie te puede quitar” (Ramsey Clark).

 

Algunos ya están haciendo cuentas alegres sobre el posible destino del edificio de la Escuela Leona Vicario, siendo que no hace mucho se aclaró que se trataba de la restauración del edificio y no necesariamente de un cambio de uso. Sin embargo, “la mula no era arisca”.

¿Qué caso tendría botar a los alumnos a otros planteles siendo que ya tienen el suyo? El caso de la emblemática escuela, tan especial por su edificación y parque anexo, sería equiparable con el de la Catedral o el Mercado Municipal, que requieren una manita de gato, quizá dos, pero que a nadie se le ha ocurrido vaciar el edificio para dedicarlo a museo y mandar de paseo a su feligresía, por un lado, o a su clientela, por otro.

Encaramarse en el pragmatismo aldeano de quitar y poner un museo en lo que ha sido un templo del saber donde se han formado muchas generaciones de estudiantes del nivel básico es por lo menos grosero, impensable para una autoridad que llega con el viento fresco de la IV Transformación a Sonora.

Pero, llevados por el optimismo y la esperanza de paz y justicia social, esperemos que la escuela recupere su edificio y sus funciones, bajo la protección de un gobierno sensible a las demandas de los padres de familia que actualmente sienten que “no los pelan” por los rumbos de la SEC y el Palacio de Gobierno que, por cierto, ocupan edificios vetustos pero que a nadie se le ocurriría botar al señor secretario y al gobernador, respectivamente, de la sede donde despachan para convertir el inmueble ¡en museo!

En otro asunto, siguen los jubilados del Ayuntamiento de Hermosillo en pie de lucha por su derecho a una jubilación digna y el respeto a los derechos adquiridos. Se les puede ver fuera del edificio municipal (que a nadie se le ha ocurrido convertir en museo) exhibiendo algunas pancartas con sus reclamos.

Los comentarios son claros y contundentes: fueron traicionados por su dirigente sindical al firmar un convenio que los excluía de los beneficios de que antes gozaban, y que todo cambió para ellos con esta administración encabezada por el señor Astiazarán.

Sucede que los cambios de gobierno o de las condiciones pactadas entre el sindicato y la administración municipal no borran los derechos adquiridos por los demandantes, que ya han ido a promover amparos, denuncias y recursos ante diversas autoridades e instancias.

Suena mal y se ve peor el panorama de los pensionados y jubilados en una sociedad en la que las autoridades optan por el litigio antes que respetar y reconocer los derechos que los trabajadores adquirieron durante toda su vida laboral.

Frente a este asalto a los derechos de los jubilados se levanta y manifiesta la solidaridad de otras organizaciones tanto sindicales como sociales, reclamando no sólo respeto sino justicia y reconocimiento.

La trivialización de valores y principios y su cambio por salidas pragmáticas y miopes hace que pronto un gobierno sufra el rechazo ciudadano. El caso es que no se puede tan fácilmente cambiar una cosa por otra, porque no es lo mismo una escuela llena de vida que un museo lleno de recuerdos, como tampoco lo es un derecho reconocido y vigente que una traición y un despojo.

 

 

El SAT, los pesos y los centavos.

 

“Los ricos no son como nosotros, pagan menos impuestos” (Peter Rudolf de Vries).

 

Las disposiciones del SAT para este año incluyen el pago de impuestos a las pensiones superiores a los 43 mil pesos; sin embargo, la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), establece en la fracción IV de su artículo 93, que no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:

“Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda de quince veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, y el beneficio previsto en la Ley de Pensión Universal. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título.”

Como es evidente, hay algo que choca entre la disposición del SAT y lo que dice la Ley del ISR, porque nadie puede ignorar que no son lo mismo 43 mil pesos que los 77 mil 791.50 que corresponden a 15 salarios mínimos, cantidad que sin duda resuelve sobradamente el gasto de cualquier familia de clase trabajadora. En este caso, ¿qué vale más: la ocurrencia anual del SAT o lo que establece la Ley?

Es claro que la administración Tributaria debe procurarse fondos y que el rubro de los impuestos, su transparencia y cumplimiento como obligación ciudadana son importantes y necesarios para la salud financiera de la República, pero eso de querer sacar dinero de quienes en su momento fueron causantes cautivos y cumplieron con el pago de cuotas e impuestos sobre sus ingresos, en los términos de las normas vigentes, hace una gran diferencia.

Lo anterior nos lleva a considerar la situación de los ingresos y las pensiones que se conceden a los funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno, así como quienes trabajan en el Poder Judicial y órganos autónomos.

Quizá será necesario recordar los esfuerzos que ha realizado el gobierno de López Obrador de poner como límite a los sueldos de la alta burocracia el sueldo del presidente, medida que ha sido no sólo bloqueada por jueces y ministros sino que también por algunos partidos y opinantes públicos.

Como se ve, tenemos una seria contradicción entre los intentos de instaurar la austeridad republicana entre quienes sirven al Estado y aquellos que se oponen a ella, donde el bloqueo legislativo y judicial permite los excesos en el gasto, referido particularmente a los sueldos y salarios tanto como a las pensiones que reciben.

Por otra parte, el régimen pensionario navega por rumbos que revelan una seria contradicción porque se sostiene el sistema de administración privada de los fondos pensionarios mediante las Afores y, por otro lado, el sistema de reparto solidario, con su incuestionable carácter social y redistributivo del ingreso.

Pero, volviendo al planteamiento inicial, vemos que en vez de realizar los ajustes que al inicio parecía proponerse el gobierno, sigue tan campante la administración privada de los fondos con enormes ganancias para las empresas y considerables minusvalías para los ahorradores, así como onerosos y extravagantes sueldos de alto nivel con pensiones que rayan en lo inmoral.

Así pues, por más que se le busque una explicación apegada a la justicia social, carece de sustento legal y social la disposición de que los jubilados con menos de 15 salarios mínimos paguen por sus pensiones. Es claro que la política recaudatoria debe tener límites que impidan la explotación de quienes ya trabajaron y cotizaron.

Por otras parte, resulta vergonzoso que no se ponga orden en materia de sueldos y pensiones, ya que siguen los altos ingresos sin regularse, lo mismo que los ajustes necesarios en el régimen pensionario que sigue siendo el gran negocio en manos de la iniciativa privada transnacional y nacional.

Me parece que es claro que el límite establecido en el artículo 93 de la Ley del Ingreso sobre la Renta es aceptable, de cara a la realidad del abanico de ingresos de los trabajadores y, desde luego, del límite de las pensiones.

Tanto la iniciativa de regular los sueldos de los funcionarios como la necesidad de ajustar el tope de las pensiones debe aterrizar en la realidad, y dejarse de parches incongruentes con la política social que el gobierno enarbola en beneficio de las mayorías nacionales.

En conclusión, creemos que carece de sustento cualquier exigencia tributaria para quienes están en pleno goce de su jubilación, porque la justicia que se condiciona, retrasa o regatea no es justicia. En todo caso, el SAT debiera buscar los pesos de las empresas y no los centavos de los jubilados.

Digamos un NO categórico a las medidas coactivas y recaudatorias de corte neoliberal, que dañan y contradicen los supuestos de la renovación nacional. Seamos congruentes.

 

En otros asuntos que merecen hacerse virales:

1) Justicia para los jubilados y pensionados del Ayuntamiento de Hermosillo.

2) La Escuela Leona Vicario debe seguir en su edificio original. NO al cambio de uso de la histórica construcción.

 

¿Las pensiones, beneficio condicionado?

 

“Una pensión no es más que compensación diferida” (Elizabeth Warren).

 

 Bueno, pues se supone que quien trabajó durante 30 años o más merece retirarse a descansar de su empleo porque durante su vida productiva aportó su esfuerzo a la empresa o institución que lo contrató y, en general, a la economía local y nacional.

Con el fin de garantizar el derecho a la salud y la seguridad social se instituye en México el Seguro Social, y se consagra en la Constitución el derecho de los trabajadores al retiro laboral y, por consecuencia, a la pensión que gozará el trabajador y su familia.

Ahora, si durante toda su vida laboral estuvo pagando una cuota que se le descontaba de su salario además del impuesto correspondiente retenido por el patrón, en cumplimiento de las disposiciones tributarias, entonces ¿por qué debe seguir pagando impuestos durante su tiempo de jubilado y pensionado?

¿Por qué se le impone la obligación de pagar al SAT impuestos si su pensión rebasa tal o cual cantidad establecida de acuerdo con su nivel de ingresos laborales y por la que pagó en tiempo y forma la cuota correspondiente?

De hecho, las pensiones no deben estar sujetas a ningún tipo de gravamen, justamente por su origen y propósitos, porque, en caso contrario, se estaría negando su carácter redistributivo y de justicia social producto del trabajo.

Si bien es cierto que la pensión es un ingreso, no tiene el carácter de remuneración producto del trabajo presente en una relación laboral activa, sino más bien como un derecho social reconocido por las leyes y derivado de una relación laboral previa.

El trabajador pensionado y jubilado ya pagó durante su vida laboral el impuesto correspondiente, y ahora le toca disfrutar de los frutos del esfuerzo que le reconoce la seguridad social.

 En Sonora los trabajadores al servicio el Estado y organismos afiliados están protegidos por la seguridad social consagrada en la Ley 38, que rige al ISSSTESON.

Al respecto, en el artículo 66 de la citada Ley se establece que “Es nula toda enajenación, cesión o gravamen de las pensiones que esta ley establece. Devengadas o futuras, serán inembargables y sólo podrán ser afectadas para hacer efectiva la obligación de ministrar alimentos por mandato judicial o para el pago de adeudos con el Instituto, con motivo de la aplicación de esta Ley.”

En ese sentido, es necesario hacer una seria reflexión acerca de la obligación de pagar impuestos por la cantidad que exceda a 43 mil pesos mensuales, según dispone el SAT para este año, toda vez que la Ley 38 no establece topes a las pensiones y, como se puede leer, “es nula toda enajenación, cesión o gravamen de las pensiones que esta ley establece…”

Esta aparente contradicción amerita el buen juicio de los abogados fiscalistas del rumbo, así como la intervención de las fuerzas políticas que se ostentan como defensoras de los derechos ciudadanos, a fin de que se promueva una iniciativa que haga valer el derecho de los pensionados y jubilados a una vida libre de gravámenes aplicados a la pensión que ganaron durante toda una vida de trabajo.

En conclusión, no es la manera de honrar la seguridad social de los trabajadores el condicionar o limitar la pensión por un régimen recaudatorio temporal que acusa cierto toque de arbitrariedad al fijar un límite que bien pudiera ser cualquier otro.

Lo que se ve como urgente y necesario es que el otorgamiento de las pensiones sea justo, equitativo y remunerador, que responda tanto al esfuerzo productivo del trabajador como a la satisfacción de sus necesidades, y que efectivamente esté tutelado por el Estado, es decir, que se recupere el reparto solidario, libre de gravámenes.

Digamos NO a las soluciones neoliberales en materia de justicia social.