Conspiración en Pémex

Notas Sueltas es un espacio de opinión sobre diversos problemas de carácter social, económico y político de interés general. Los comentarios pueden enviarse a: dalmx@yahoo.com

martes, 26 de julio de 2011

El asalto

Hermosillo, capital de Sonora (y de los baches y suciedades acumuladas en cada intento de modernidad a cargo de las autoridades), se viste de gala al inaugurar una nueva modalidad de robo domiciliario. A usted le salen con el cuento de que van a reparar algo o que quieren venderle algo, para que resulte que, una vez abierta la puerta, entren con pistola en mano y le den el susto de su vida, dejándolo al borde del colapso tras limpiar la casa de dinero y objetos vendibles.


Los robos reportados refieren golpizas y humillaciones por aquello de que la casa es una fortaleza cuya seguridad es violada con la facilidad con que un gringo dice ¡fuck you!, dejando al aire libre el trasero de la dignidad familiar y la volatilidad de los ahorros logrados.

El trabajo resulta fácil, sencillo y rápido. Los ladrones no violan cerraduras ni sudan con el esfuerzo de abrir puertas: lo hace el vecino en suerte, los hijos pequeños acostumbrados a correr y llegar primero a la puerta, respondiendo al reflejo pavloviano del timbre, el golpe de nudillos contra el tambor, contra el vidrio del postigo, y el ábrete sésamo condicionado resuelve el problema de acceso y de sudoraciones adicionales.

La amenaza rufianesca que sigue al franquear el acceso domiciliario valida plenamente aquello de que un imbécil armado siempre tiene la razón y no es aconsejable ponerse a discutir. La prudencia hace que las puertas del tesoro familiar se abran sin rechinidos de por medio y que el sigilo premie al transgresor: un hogar hermosillense ha sido limpiado y se anota un gol en la pizarra del crimen a domicilio.


Ni el hogar es seguro
 Si bien es cierto que los hermosillenses están acostumbrados a los asaltos (entre otros trucos, el de la supuesta modernización del transporte, donde a cambio de una pieza de plástico se perpetró el aumento a la tarifa, antes rechazado y ahora introducido con lubricantes verbales y mercadotecnia), la sangre llega a la cara y sube la testosterona cuando se trata de que le pidan al ciudadano que se agache para que se lo pique un rufián empistolado. La dignidad y el decoro sufren algún colapso nervioso mientras que las autoridades reciben diploma que los califica con sobresaliente en las pruebas de autismo social, que se demuestra con declaraciones peregrinas que fluyen en el desagüe de la autocomplacencia onanista al insistir en que Sonora es un estado seguro y que la ciudad capital es una monada que ofrece su hospitalidad a los inversionistas.

En medio del jolgorio de los quemadores oficiales y oficiosos de incienso gubernamental, se cuela la idea de que Sonora podría ser noticia en el renglón del repunte del desempleo y pobreza en alguna de las clasificaciones que el gobierno ha inventado para presumir de cientificidad en eso de nombrar lo que para cualquiera es simple y llanamente miseria, falta de oportunidades, carencia o insuficiencia de empleo e ingreso, que, como quiera adornársele, se refiere a la ineptitud gubernamental y el desprecio profundo por la dignidad humana.

Pero, en el fondo de la anemia política y de la anorexia oficial, está un sistema económico que excluye por necesidad, que margina y destruye fuerzas productivas en aras de conservar al mercado en el centro del discurso y del diseño de política económica.

Usted se preguntará, y ¿dónde está el policía?, a lo que le puedo responder: simulando acciones que no puede emprender por carecer de un marco normativo que sea lo suficientemente amplio como para permitir acciones contundentes contra el crimen, pero que les impida violar los derechos humanos y alejarse de la prioridad operativa de proteger al ciudadano del municipio. Con lo anterior le quiero decir que no estoy de acuerdo con que la policía se centralice en un mando estatal, sino que siga dependiendo de las autoridades municipales pero con mayor cobertura legal y material para mejor cumplir con sus funciones, lo que deberá incluir mecanismos de evaluación que la hagan confiable.

A estas alturas, no tiene caso pretender ocultar el nivel de corrupción e ineficacia de la policía, que algunos vecinos consideran incrementado en forma escandalosa bajo la égida del panismo hecho gobierno: una vecina del centro reporta que su nieta menor de edad le avisó alarmada que un sujeto le estaba tomando fotos con un celular, lo cual advirtió por el sonido que producen estos artefactos. La dama le reclamó al sujeto quien negó la especie, pero no logró disuadirla ya que fue a denunciar por teléfono el posible delito. La policía llegó y revisó al rufián encontrándose entre sus pertenencias dos celulares, pero sin chip de por medio. El sujeto fue montado en la patrulla para que los policías, al dar vuelta a la esquina, lo soltaran sin más.

La sonrisa de la dependencia
Cabe referir que hay asaltos a las normas que se perpetran con tranquilidad vacuna: me llega el reporte de que un aspirante a cargo público del PAN, hace campaña política en Hermosillo gracias al truco de vender baratito cemento y otros materiales de construcción, debidamente personalizado con la foto y el logo del PAN. Por si esto no bastara, el generoso asaltante político pagará 1,500 devaluados pesos por semana a docentes que impartan cursos de verano por tres semanas, en instalaciones escolares oficiales del nivel básico. Desde luego que la pregunta es obligada: ¿qué autoridad permite esto? En todo caso, ¿es legal usar instalaciones públicas para fines privados?

Pero, volviendo al tema, el robo, los asaltos del tipo que sea, son delitos que se ligan a la parte económica de nuestra convivencia social porque afectan el patrimonio ajeno, es decir, la propiedad privada. En este sentido vale la pena meditar acerca de la distribución de la riqueza, empezando con las oportunidades para alcanzarla. Aquí no podemos negar que el empleo y el ingreso son esenciales para lograr la mejora de las condiciones de la convivencia social.

Es razonable pensar que el asaltante es alguien sin posibilidades de ingreso legal, que no lo hace por ganas de joder sino que responde a una muy primitiva compulsión humana: el instinto de sobrevivencia. Si el sistema ha primitivizado a los ciudadanos, es señal de que la involución social se debe a algo que estamos ignorando, a una fuerza que propicia acciones al margen de la ley y el respeto a la propiedad ajena. Una fuerza que no se vence con discursos ñoños y con cursilerías como la educación en valores en el nivel básico escolar, porque la educación en valores es cosa de las familias y éstas responden a sus circunstancias, con lo que su deterioro explica, aunque no justifica, el asalto, el robo y la transgresión de las normas como modus vivendi.

El sentido común indica que, mientras el ciudadano toma medidas y protege lo suyo, las autoridades debieran responder a la necesidad de generar empleo digno, justamente remunerado, fortalecer la seguridad social e invertir productivamente. Mientras que a usted y a mí nos sigan dando atole con el dedo, la economía continuará en picada y la noción de valores quedará convertida en una broma más a cargo del demagogo en turno, porque la certidumbre en el empleo e ingreso genera intereses que incluyen el sentido de pertenencia y la solidaridad. Lo valores, vistos así, no son otra cosa que la expresión superestructural de la conformidad social con el sistema económico. Como se podrá comprender, son mutables, dependientes de las condiciones materiales de la relación social y, por lo tanto, expuestos a disensos que responden a los intereses sectoriales afectados. Urge, por consecuencia, un nuevo equilibrio social. ¿Le entramos?

jueves, 21 de julio de 2011

Gobierno e imagen pública

Qué bonito es que los funcionarios públicos se movilicen por el territorio sonorense y entreguen obras que benefician a los habitantes de pueblos y lugares, en un ejercicio que pone frente a todos el cumplimiento de deberes y obligaciones que están debidamente normados en la legislación correspondiente. Sí, el servicio público es satisfactorio cuando se separa de cualquier cosa que huela a pujos patrimonialistas, a uso del cargo y el presupuesto para fines de promoción personal y construcción de imagen.


Sin duda, la estricta obediencia a las leyes que rigen el ejercicio de las funciones públicas evita las complicaciones de verse en medio de una parodia donde el propio funcionario quema incienso en su honor y aparenta que la obra pública es una especie de gracia o favor que concede a sus potenciales electores. La repugnante representación da cuenta de la ignorancia supina de los candidatos precoces y la desfachatez con que el desempeño del puesto público se transforma en coto de caza privado y en herramienta de autosatisfacción política y patrimonial.

El funcionario puede actualmente pararse frente a una asamblea de barrio o de vecinos de alguna localidad, y pavonearse sobre lo que es, estrictamente, el cumplimiento de su obligación pública. Aquí entra la manipulación de imagen y la falta de educación cívica de todos: de quien protagoniza el bochornoso acto y de quienes son espectadores llevados por el interés personal de recibir alguna dádiva o de apoyar a cargo del erario la ambición particular de quien se pasa por el arco del triunfo la sobriedad republicana. La prensa, por su parte, registra el hecho y completa (quizá de manera involuntaria) el tramo necesario para que la obra pública se convierta en acción privada.

Se antoja inimaginable una nota donde al reportar algún acto de entrega de obra pública, el medio informativo señale que tal cosa se hace en estricto cumplimiento de las obligaciones del cargo que ostenta fulano de tal, y que no debe malinterpretarse la inauguración, entrega o puesta en marcha como algo atribuible al funcionario de marras por ser él, sino porque las obras estuvieron proyectadas, aprobadas y ejecutadas de acuerdo a tal o cual programa de gobierno. Es decir, no es milagro de tal o cual santo, sino las labores propias del gobierno.

Si la prensa y sus lectores exigieran que los servidores públicos se atuvieran a la ley y entendieran lo que es el sector gobierno, seguramente se ahorraría mucho dinero en carteles, anuncios espectaculares, campañas en los medios electrónicos, gastos de agencias publicitarias y de diseño de imagen. Desde luego que el mérito de un funcionario de gobierno radica en su capacidad de gestión, en el cumplimiento de las labores de su cartera, en la claridad y oportunidad de los informes que rinda, en su capacidad de escuchar a los usuarios de los servicios públicos, en llevar una vida modesta y frugal durante el ejercicio de su cargo, a la vista de todos. Bastaría con una conferencia (y/o boletín) de prensa semanal o mensual en la que presente avances y metas cumplidas, problemas y soluciones.

Una sociedad cívicamente educada tendría medios de comunicación más dispuestos a contribuir al mejoramiento de la vida política y administrativa del gobierno, lo que incluiría la exigencia del cumplimiento de deberes y obligaciones públicos y, en caso de omisión o falla, la aplicación de las sanciones a que haya lugar. Como verá usted, no es difícil imaginar por qué la impunidad prospera mientras la justicia trabaja de noche y ficha en las mesas de los ricos o de los que ostentan apellidos ligados al poder.

Lo cierto es que todos, de una u otra manera, contribuimos a crear una inmensa zona de tolerancia en el sector público nacional, en los órganos legislativos, en los cabildos, en las asambleas sindicales, en los movimientos sociales, los comités de vecinos, y en el seno de las propias familias cuando se opta por disimular en vez de reconocer los problemas y llamarlos por su nombre, para encontrar soluciones que unifiquen a los implicados en la búsqueda de soluciones y fortalezcan los lazos de unión sin complicidades y con honestidad.

El actual gobierno parece no entender lo que es el sector público y la trascendencia de sus funciones, quizá porque tampoco sabe lo que es la iniciativa privada, sus alcances y sus responsabilidades sociales. Queda claro que el neoliberalismo trivializa tanto a una como a otra esfera de las responsabilidades sociales y las subordina al mercado, con lo que el progreso y el bienestar dejan de ser sociales y pasan a figurar en la nómina de los conceptos vacíos de significado, manipulables a conveniencia de los dueños del sistema financiero internacional. Pero qué triste papel.

miércoles, 20 de julio de 2011

El fuero militar y los derechos humanos

Como se sabe, recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que es el más alto tribunal mexicano, aprobó por unanimidad que los militares sean juzgados por jueces civiles cuando cometan delitos que competan al orden civil, como pueden ser los abusos contra ciudadanos que pueden incluir las violaciones a los derechos humanos, secuestros, violaciones, asesinatos y todos aquellos que no tengan que ver estrictamente con las funciones militares y que supongan una extralimitación de tales funciones de cara a una ciudadanía cada vez más vulnerable y menos atendida por las autoridades formalmente competentes.


La noticia fue recibida con gusto por parte de organismos internacionales defensores de los derechos humanos pero, en cambio, recibió la crítica de algunos representantes de las fuerzas armadas, quienes arguyen que la eliminación del fuero militar afectará la disciplina y socavará la soberanía nacional.

Cabe recordar que la Constitución política mexicana dispone en su artículo 13 que

“nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda”.

Como se ve, la objeción de los militares no se sustenta en la letra y el espíritu constitucional sino, quizá, en esa vaga sensación de suficiencia que impone el uniforme y el armamento a disposición exclusiva. Queda claro que el fuero militar se establece para juzgar “los delitos y faltas contra la disciplina militar”, por lo que es natural suponer que el asesinato, el abuso sexual y el secuestro son faltas a la disciplina aun siendo cometidas por órdenes expresas o mal entendidas. Lo que implica la separación entre la idea de disciplina como una conducta mecánica, irracional y manipulable a conveniencia de una superioridad jerárquica perversa y aquella que se refiere al cumplimiento de normas establecidas y debidamente codificadas. Conviene resaltar la diferencia entre disciplina y alienación. La primera supone una conducta racional sujeta a normas mientras que la segunda incapacidad para percibir la realidad y elaborar juicios críticos.
Pero, en México el ejército está para defender la soberanía y se subordina al orden civil, teniendo como comandante supremo al presidente de la república, que es el representante de las instituciones nacionales.

Por más que el presidente Calderón haya inaugurado, insistido y después negado el uso del término “guerra” contra el narcotráfico, lo cierto es que en México no se libra ninguna guerra en el sentido estricto del término. Se trata en todo caso de medidas contraproducentes, desafortunadas e infructuosas para contener la ola delictiva que no puede separarse del todo de los intereses de desestabilización nacional y regional que Estados Unidos se empeña en impulsar y sostener tanto en Iberoamérica como en otras regiones del mundo.

El utilizar a las fuerzas armadas como fuerza policiaca sugiere desesperación e incompetencia. También reproduce las condiciones de funcionamiento de un gobierno autoritario y víctima de sus propias contradicciones que opta por el empleo de la fuerza militar contra la inconformidad civil. Dicho de otra manera, que propicia la violación de los derechos humanos, la criminalización y persecución de la disidencia política, los movimientos sociales y la participación ciudadana, aunque en el discurso se diga todo lo contrario.

Se puede resumir la situación de esta manera: En México, así como en otras latitudes de nuestra América, los intereses extranjeros se manifiestan en forma de acciones que aparentan responder a la defensa del estado de derecho aunque en la práctica lo violan y contribuyen a la desestabilización social, lo que aunado a la crisis económica decretada por los organismos financieros internacionales da la pauta para la adjetivación de “estados fallidos” que pone en boga el Departamento de Estado capitaneado por H. Clinton. En este contexto, la persecución del delito se transforma en persecución de la oposición ideológica y política, lo que hace que aquello que corresponde al fuero civil pase de contrabando al militar, porque habiendo “guerra”, la conservación de la disciplina y el castigo a la infracción compete al fuero militar.

Si, bajo el supuesto de la guerra, los militares pasan por encima de los derechos humanos y violan las garantías constitucionales, colocan a la población en un estado de excepción no declarado por el Congreso de la Unión, por lo que los “daños colaterales” de la “guerra” contra el narcotráfico son simple y llanamente delitos del orden común: asesinatos, violaciones, desapariciones forzadas, robo entre otras.

Así las cosas, puede suponerse que la decisión de la SCJN rescata el sentido del artículo 13 constitucional y lo interpreta a la luz de la necesidad nacional de poner las cosas en su lugar, por cierto subvertido por decisión presidencial. Sucede que una presidencia sin convicciones nacionalistas puede, como lo hace, permitir la injerencia extranjera y justificarla de cualquier manera, en vez de oponerse a la presencia extranjera ilegal y exigir respeto a la soberanía nacional.

Los militares, por tanto, deben entender que en una democracia el fuero militar es referido exclusivamente para los actos de indisciplina, grandes o pequeños, que se cometan, pero cuando el ejército indebidamente se mete en asuntos de la autoridad civil, entonces algo falla, empezando por la vigencia de la Constitución. Menudo lío.

jueves, 7 de julio de 2011

¡Osú, la política!

Bueno, como el culto lector sabe, la palabra “osú” es japonesa y significa esfuerzo y perseverancia, “aguantar bajo presión”, así que si al reparar en el extraño encabezado de este escrito pensó que estaba resbalándome por la pendiente de la ignorancia lingüística, acertó a medias y yo me justifiqué a medias también.

El rollo, por otra parte, pudiera significar una forma coloquial andaluza de exclamar “¡Jesús!”, con lo que la política y, por extensión, los políticos pudieran ser motivo de asombrada desconfianza popular, entusiasta señalamiento sobre las trapacerías posibles y probables en las que incurren los antes citados y, por qué no, una especie de “vade retro” que el pueblo, siempre discreto, exclama poniendo los dedos en cruz y salvaguardando de manos extrañas y cercanas el patrimonio político-electoral acumulado tras años de ahorro personal y familiar, de cara a los procesos electorales que cíclicamente nos meten en el bote de los partidos y en el rebote de la mercadotecnia y el diseño de imagen.

En México estamos al cuarto para las doce en el reloj electoral. La temporada de caza del voto está próxima a abrirse y a declararse legal el juego de las apariencias, los maquillajes, las pompas y las circunstancias que el galanteo por el sufragio han dado en convertirse en una moda y el ejemplo de lo políticamente correcto. Los presupuestos de campaña ocupan un lugar privilegiado en la información que se manosea públicamente y son el eje de la oratoria acusatoria de los actores, centrados en la búsqueda del desaguisado, la mancha, el fallo culpable y la descalificación fulminante. La transparencia y la rendición de cuentas cobran honorarios aparte cuando sus administradores se despabilan y levantan sus voces tronantes en beneficio de la tranquilidad comicial y el enervado jolgorios de los defraudadores con más experiencia y/o mejores conexiones con el mundo real del presupuesto político. Al que simula, Dios lo ayuda y, a la corrupción rogando y con el mazo (de billetes) dando.

El pueblo unido...
Pero, independientemente del presupuesto, su administración y sus resultados, la democracia se convierte en un objetivo lejano, deseado pero temido, acariciado por todos y administrado por algunos, manejado como idea motriz y abandonada en la carrera de las conveniencias, chocado en la cuesta de las definiciones y volcado en la curva de las defecciones. La realidad de la democracia pasa por la renuncia de privilegios y canonjías, por la contención del gusto personal en aras de la satisfacción de muchos cuando no de todos. En el mundo real, ¿quién está dispuesto a renunciar a su ventaja? ¿Quién se obliga a subordinar su interés particular por el de todos? ¿Quién piensa en plural y antepone el “nosotros por el “yo”?

Mientras no se resuelva ésta que parece ser la contradicción fundamental de nuestro sistema, las campañas políticas con sus ofertas de cambio, los discursos auto-promocionales, auto-justificatorios, embebidos en una superficialidad entre chabacana y cursi, así como los intentos de maquillar el nivel de deterioro social, pasando por el económico, de la región y el país, junto con los reclamos de credibilidad del gobierno, serán las campanadas mortuorias de la inteligencia y el reflejo fiel de nuestra dependencia externa, que nos coloniza de imbecilidad y nos pone en el plan de sacos de boxeo en manos de un loco furioso y narcisista.

A pesar de las evidencias en contra, los liberales nuevos y los de viejo cuño, así como sus apoyadores trasnochados, no acaban de entender que el siglo XIX mexicano fue el del ingreso a plazos y pagos diferidos a la órbita del capitalismo en expansión de la primera y segunda revolución industrial, pero fatalmente apoyados en un modelo que requería de estructuras e infraestructura que nuestro país no tenía, ni tiene. El caos decimonónico en una sociedad fluctuante, sentó las bases de la dependencia económica y de la política, permitió la recolonización del país por la vía financiera y crediticia, nos hizo más ladinos de lo que fuimos en la Colonia, y nos lanzó en una loca carrera por el tobogán de la corrupción y la simulación: se avanzaba pero los impulsos creativos pronto se apagaban en aras de la condescendencia diplomática, del éxito de los negocios y de la convicción fatalista de que sólo occidente podía dar las mentes y los capitales que harían posible el despegue económico nacional, conforme a las pautas del ideario liberal-dependiente.

Durmiendo con el enemigo...
El siglo XX permite replantear los esquemas del autoritarismo, y el discurso liberal sigue siendo la línea divisoria entre el pasado de atraso y el futuro promisorio en la modernidad de importación que nos seduce y obnubila. La idea de una mejor infraestructura y vías de comunicación, mayor impulso al comercio y la industria preña el discurso político y marca el rumbo económico del barco de gran calado que se quedó sin velamen ni timón por razones de presupuesto. La imaginación y los deseos expresados con prosa inflamada de bendiciones al México que deseamos bien vale una excepción en el catálogo de fe de erratas histórico. Después de todo, México es demasiado país como para que se lo acaben las tendencias auto-destructivas que genera la dependencia, lo que no excluye que surjan nuevas y letales formas de deshojar la margarita nacional al pie de la ventana del imperialismo.

Cerramos el siglo XX con la embriaguez expectante de la alternancia, sin reparar en que el simple cambio de siglas no significaba, ni significa, el cambio de modelo económico que necesitamos por causas de fuerza mayor. Iniciamos el siglo XXI con la idea de que el calendario nos trasladaba al futuro de bienaventuranzas que el siglo anterior nos prometió con insistencia autista, pero cuando despertamos de la euforia tóxica del cambio, el modelo económico seguía allí.

De acuerdo a lo anterior, ¿no cree usted que el liberalismo nuevo o viejo ya rindió su jornada histórica? Sería interesante que, así como en otras partes de América y de la Europa que no tiene complejos de inferioridad ante los vecinos del norte, se levantaran voces y propuestas que llamaran a intentar un modelo basado en el pueblo, en la responsabilidad social que tiene el quehacer político y económico, en el acceso universal a los bienes culturales, a la salud, vivienda, educación y empleo. Lo anterior supone el abandono del mercado y poner el acento en lo social, en el bien común. Si le da a usted olor a socialismo, estaré de acuerdo con usted. El socialismo sin dependencia, nuestro, para nosotros sería un cambio verdaderamente inédito en este país que nació en la órbita del capitalismo periférico, con olor a traspatio y a campo experimental del neocolonialismo militarista y del terrorismo de Estado, alimentado por Estados Unidos y yunta de asociados. ¿Le entra a la propuesta? Me lo sospeché desde un principio.