Conspiración en Pémex

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lunes, 24 de septiembre de 2012

La contrarreforma laboral y otros delirios

A estas alturas, ya se ha escrito mucho sobre el tema de la reforma laboral que con la etiqueta de preferente ha impulsado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, en su carácter de titular del Espuriato federal en el sexenio que agoniza. En esa virtud, solamente subrayaré algunos detalles.


El gobierno federal advierte contra los horrores de la estabilidad en el empleo, como si no fuera ese uno de los objetivos que persigue todo trabajador. La evidente dislocación entre los intereses de los trabajadores y los del gobierno, permite suponer que seis años no fueron suficientes para que el panista Calderón aprendiera sobre las obligaciones del presidente de la república, de cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan.

Se pasa por el arco del triunfo la obligación del Estado de propiciar el desarrollo integral de la población y mantener la armonía entre los sectores productivos; en este caso, hace descansar el costo de la incompetencia privada y el desastre público sobre los hombros de los trabajadores asalariados. Al pretender eliminar la estabilidad en el empleo, propicia la inseguridad y, por ende, la lucha por la sobrevivencia de los empleados y la desesperación de los desempleados, lo que nos lleva a una verdadera bomba de tiempo social que, aun sin reforma, ya tiene estallidos en forma de aumentos en la criminalidad y la disfuncionalidad familiar.

El trabajo fraccionado y eventual permite una mayor explotación de la fuerza de trabajo, la que deja de tener la protección del Estado y puede ser despedida sin responsabilidad patronal. Afirmar que la reforma va a traer mayor empleo formal es tan absurdo como suponer que los incrementos en el diesel y las gasolinas no repercuten en el alza de los precios de los productos de consumo familiar, o anunciar que los aumentos en las remesas significan otra cosa distinta al fracaso del empleo y la falta de oportunidades en nuestro país.

El gobierno opone la productividad a la antigüedad en forma mañosa e inexacta, ya que obedecen a categorizaciones y condiciones distintas. La productividad depende de la forma en que se organice la producción y el programa de estímulos que se establezca como complemento al salario; la antigüedad está relacionada con la permanencia del trabajador en el empleo. El gabinete antieconómico de Calderón supone que la productividad se elevaría al desconocer los derechos de los trabajadores, lo que no deja de ser una cínica propuesta emanada de las más calenturientas mentes neoliberales: un mercado laboral sin responsabilidades para el patrón, resucita el cadáver de la esclavitud y las formas forzadas y semi-forzadas de empleo en tiempos de Porfirio Díaz.

Con relación a la transparencia sindical, el gobierno parece ignorar que las demandas de los trabajadores han sido referidas a la transparencia al interior de las organizaciones y no necesariamente poner bajo la lupa del poder público o patronal los asuntos internos del sindicato. Por el contrario, debiera propiciarse una mayor autonomía sindical y una mayor capacidad de decisión de los agremiados por vías democráticas, lo que, en todo caso, debiera rescatarse en los documentos normativos internos de cada organización, con la garantía de respeto absoluto por parte del gobierno a la vida interna de las organizaciones. Una auditoría externa implicaría una evidente pérdida de autonomía sindical, lo cual resulta inadmisible por tratarse de recursos que no son públicos sino deriva de las cuotas que voluntariamente aportan sus miembros.

El tratar de limitar el cobro de los salarios vencidos a un año, supone limitar el derecho a huelga y la vigencia de los derechos laborales de los huelguistas. La solución de los conflictos no depende necesariamente de la parte trabajadora sino de las reticencias de la parte patronal de cumplir con el pliego de violaciones al contrato colectivo de trabajo. Con esta propuesta de reforma, el gobierno da de antemano la razón a la empresa y hace pagar los platos rotos a los trabajadores.

Es verdad sabida que la administración expedita de la justicia no depende de las partes implicadas, sino de la probidad y responsabilidad de las autoridades. La modernización de la justicia laboral debiera empezar por los tribunales, al dotarlos de funcionarios conocedores de la ley que, con respeto y responsabilidad hagan su trabajo, y no personal corruptible que se limita a actuar por consigna de autoridad superior o de acuerdo a los intereses del capital, a costa del bienestar de los trabajadores.

La reforma caderonícola que recoge Peña Nieto es, por decir lo menos, un ejercicio de cinismo antilaboral, que resuma injusticia y agresividad contra los trabajadores y sus derechos. La presente es una reforma claramente antiobrera, que supone la eliminación de los derechos históricos de las clases trabajadoras mexicanas y sus formas de organización. En tal sentido, la iniciativa del Ejecutivo no debe prosperar, por razones de elemental justicia.

viernes, 14 de septiembre de 2012

Las fiestas patrias del 2012

Las llamadas fiestas patrias llaman a la puerta con insistencia publicitaria, con la necedad insidiosa de un cobrador telefónico, con el empeño intrusivo de un fanático religioso a domicilio, con la inercia de los festejos que sirven para hacer pasarela a los personajes de la política y al pueblo que requiere de la escenografía oficial para sentirse parte de algo. La proximidad de las fechas sugiere este comentario.


Somos un pueblo que tiende a la autoflagelación y al estoicismo cómplice, ya que podremos protestar y hacer añicos con la lengua a nuestros opresores, lanzar encendidos alegatos bajo el ala protectora del alcoholismo socialmente aceptado de la cantina o el patio casero, en medio de amigos y parientes, de compañeros de trabajo, estudio o vagancia cuya función es la de ser auditorio complaciente y acrítico de nuestros desahogos. El hado chacotero que a todos acompaña se encarga de los efectos coreográficos de una disidencia de fin de semana, de pasillo, de cafetería, de las variadas formas en que la impotencia se puede reflejar sin dar aviso a la autoridad competente.

El ciudadano oprimido y el burócrata explotado sacian sus sueños libertarios en aquellos campos en los que no se pone en riesgo su adhesión a la institucionalidad: “¿qué pasaría si López Obrador llegara a la presidencia?” “Ya me veo con un gobierno parecido al de Venezuela”. El miedo al futuro y la inconformidad por el presente son dos variables donde la primera termina poniéndose en la mesa de las votaciones como la segura ganadora. “Primero está la estabilidad”.

Pero, situándonos en el presente, podemos observar que esa “institucionalidad” ha avanzado a pasos agigantados hacia otra categoría, la de ser cómplice de fraude. De ahí la compra de votos mediante tarjetas y otras menudencias como despensas y regalos varios, típicos de las campañas publicitarias que regalan chatarra y compran espacios publicitarios en los medios electrónicos y los tradicionales de comunicación. La Operación Jorge (ver Proceso No. 1871, del 9 de septiembre de 2012), da cuenta de lo segundo mientras que de lo primero se tienen múltiples constancias, testimonios y elementos probatorios toda vez que es verdad evidente.

En medio de esa enorme masa poblacional corruptible, se encuentra la parte activa de la ciudadanía que se distingue del resto por el simple hecho de que no se dejó engañar, que no dejó que alguien la convirtiera en prostituta electoral y voto según su conciencia. Los votos a favor del Movimiento Progresista entran en esta categoría. Esta porción poblacional no es pequeña. Ha crecido a lo largo de los años y llegado a constituir una poderosa fuerza de cambio que se manifiesta libremente y que rompe con la inercia del ciudadano timorato que se pliega a los imperativos del poder. Ahora tenemos una oposición ciudadana que veló sus armas por primera vez en 2006 y que ahora sabe que las puede usar de manera contundente. Esos son los que toman las calles, los que se expresan y organizan por los diferentes medios que nos ofrece la tecnología, los que dijeron “¡ya basta!” y se sostiene a pesar de las críticas e insultos de los que siguen defendiendo al opresor, de esos pequeños masoquistas que no pueden vivir sin su dosis de corrupción real o virtual. El año 2012 es el de la liberación de las conciencias y el inicio de la transformación nacional desde su base fundamental: el pueblo organizado en torno a la figura y propuesta de López Obrador.

Si el objetivo fundamental es la transformación del país, entonces, ¿quién no podría estar de acuerdo en cambiar el estado de cosas que nos mantiene al margen de una vida laboral y personal decente? ¿Quién se opondría válidamente a la construcción de una sociedad libre e incluyente, en la que el empleo de calidad y el ingreso digno fueran las notas características? ¿Quién se opondría a que los conceptos “democracia” y “justicia social” ahora vacíos de contenido recuperaran su sentido original? ¿Quién no quisiera que su patria fuera “ordenada y generosa” para sus ciudadanos y no sólo para los extranjeros que depredan nuestros recursos y toman por asalto las instituciones nacionales? ¿Quién no estaría de acuerdo en que México recuperara la imagen internacional que alguna vez tuvo, sobre todo entre nuestros hermanos de Latinoamérica?

Debemos entender que el país se encamina hacia una nueva recolonización por parte del capital extranjero y que la pérdida de soberanía ha sido la tónica de los últimos gobiernos neoliberales. La actual lucha no es sólo por la democracia electoral sino por la defensa de la patria. En estas condiciones, ¿qué mensaje pueden ofrecer los gobernantes a un pueblo ofendido, burlado y empobrecido? ¿Qué sentido tienen las loas a los héroes que nos dieron patria y libertad si ambas nos son regateadas por los extranjeros a ciencia, paciencia y colaboracionismo de los gobiernos neoliberales y apátridas que padecemos? El festejar algo perdido o en vías de perderse sería un acto de patética alienación, fingir que aquí no está pasando nada, que tenemos derecho al festejo por ser algo vivo, actuante, lleno de contenido heroico que nos enorgullece e identifica sería un acto de extrema incongruencia. La muerte de la República no se celebra.

Más apropiado sería una ceremonia luctuosa por lo que hemos perdido, y el compromiso irrenunciable de recuperarlo. En este sentido, la propuesta sería la de realizar una ceremonia de desagravio a nuestros héroes por haber perdido lo que nos otorgaron, y hacer el firme compromiso de luchar, según su ejemplo, por la independencia y libertades a que tenemos derecho histórico. Sólo el pueblo puede salvar al pueblo.

Así las cosas, estos días de fiestas patrias deja solos a los traidores que ocupan el gobierno y celebra con el pueblo libre el compromiso de ser mexicano.