Conspiración en Pémex

Notas Sueltas es un espacio de opinión sobre diversos problemas de carácter social, económico y político de interés general. Los comentarios pueden enviarse a: dalmx@yahoo.com

martes, 29 de noviembre de 2016

Autogol en Hermosillo

                                “Es cierto que nadie se obliga por contrato de otro” (Justiniano).

El Cabildo hermosillense dio en aprobar tres medidas que, por lo menos, resultan cuestionables a la luz de lo que debiera ser un gobierno medianamente capaz de cumplir con sus responsabilidades públicas. El incremento a las multas de tránsito en sí no es garantía de que los automovilistas adquieran la educación vial que requieren con urgencia, sino el reforzamiento de una cultura de cohecho (mordida, pues) arraigada tanto en los particulares como entre los funcionarios que van desde el simple agente de tránsito hasta el oficial al mando. La mordida representa una parte de los ingresos no declarados de los mandos y una forma de complemento al sueldo de los policías de a pie.

Las autoridades dicen que la finalidad no es recaudatoria sino educativa, con lo que postulan como método didáctico el garrote, además de que rebasan su ámbito de competencia debido a que se asumen como una instancia formativa de valores cívicos. Cualquier suato cachababas sabe que para eso está la escuela o la casa familiar, y que la autoridad de tránsito no tiene acreditación educativa, sino ejecutiva de las normas que rigen el tránsito citadino. ¿Qué mosca les habrá picado a los señores regidores del PRI y su fauna de acompañamiento? ¿Por qué suponen que los aumentos a las multas evitarán o disminuirán las infracciones por un ataque repentino de conciencia ciudadana? ¿En serio, piensan que el garrote educa?

No conformes con aprobar el aumento de las multas, también lo hicieron con la torpe y sospechosa iniciativa de concesionar a agentes privados el alumbrado público por 15 años. Si otros municipios habían dado muestras de cretinismo neoliberal con la concesión de servicios públicos como la recolección de basura, ahora Hermosillo se monta en la carrera por la reducción del Estado mediante la concesión del alumbrado. La ridícula y ociosa medida pretende poner en manos privadas un servicio que, por sus características debe y tiene que ser de la competencia exclusiva del Ayuntamiento. Los supuestos de generalidad, continuidad, calidad y permanencia sólo pueden garantizarse cuando el gobierno organiza, opera y vigila la prestación de los servicios. Si los ciudadanos pagan sus impuestos y la innovación tecnológica es parte de los costos que deben asumirse, ¿por qué debe intervenir la empresa privada como concesionario? ¿Las actuales autoridades no entienden, o no son capaces de afrontar las responsabilidades públicas? ¿Habrá la expectativa de jugosas comisiones (o “moches”) por la cesión del espacio público? ¿Tendremos una nueva generación de millonarios instantáneos a la sombra del poder? ¿Para algunos sí habrá luz?

Los señores regidores mayoritariamente picados del obsceno virus neoliberal decidieron en la misma sesión sabatina, aprobar el artero golpea la economía familiar que significa el incremento del 35 por ciento a la tarifa del agua.

Ahora resulta que será sobre los lomos de los ciudadanos hermosillenses la operación de la planta tratadora de agua que serviría a los agricultores de la costa, lo que a simple vista es un abuso de autoridad y una imposición insultante para los ciudadanos. Al parecer, la administración municipal no sólo carece de sensibilidad social sino de sentido de las proporciones. ¿Por qué sobrecargar la de por sí agobiante carga impositiva a miles de familias que viven al día y están al límite de la insolvencia? ¿No fue digna de consideración la inflación, el nivel salarial y el incremento de los precios al consumidor? ¿Son irrelevantes los niveles de pobreza y pobreza extrema en el municipio?

Visto por el lado amable, por más aletargada que esté la conciencia ciudadana, las promesas incumplidas y los excesos en el ejercicio de las funciones públicas, ayudan a crear las condiciones para que exista un frente ciudadano opositor al abuso e ineptitud de los funcionarios públicos que actúan como si fueran privados.

Así como ha sido aleccionadora la rapiña y el abuso de las administraciones panistas en el gobierno estatal y el municipal, también lo es la sórdida complicidad, la misma compulsión privatizadora, las concesiones ridículas, las corruptelas y la ineptitud de las administraciones priistas. Ambas, trágicamente coincidentes en una visión simplista de la economía y un esquematismo vulgar sobre las virtudes del mercado.

El cabildo de Hermosillo muestra una ofensiva propensión a la simplificación de las soluciones a partir de una visión trivial de los problemas. Queda claro que, una vez más, el municipio carece de una administración no sólo capaz sino comprometida con el bienestar de los ciudadanos. Quizá para la próxima… 


En otro asunto: Fidel Castro dejó de existir el pasado viernes 25. Su enorme figura tendrá una visibilidad que ningún presidente gringo podrá ocultar y menos opacar. Vivirá siempre en el corazón de los pueblos libres e independientes de Latinoamérica y el mundo. Hasta siempre, Comandante.

domingo, 20 de noviembre de 2016

La seguridad social en perspectiva

        “Lo que no aprovecha a la colmena, tampoco aprovecha a la abeja” (Marco Aurelio).

Contra todo pronóstico, el tema de la seguridad social no acaba de calar en la conciencia de muchos de los potenciales y reales afectados por las reformas de Peña. Mucha de la gente que ahora lucha por (o desde) un puesto de trabajo, lo hace sin hacer cuentas de su edad de retiro y las posibles ventajas o desventajas que traen consigo las disposiciones impulsadas y aprobadas por los gobiernos de Zedillo y Calderón y las iniciativas y propósitos del actual mandatario Peña.

A pesar de ser un asunto de importancia nacional, aún son pocas las opiniones que calan en la conciencia ciudadana al abordar críticamente los vericuetos de unas reformas que carecen de sustancia social y supuran afanes mercantiles e individualistas y, lo que es peor, son menos las que proponen vías colectivas de defensa de los derechos aún vigentes en la Constitución. La clase trabajadora y sus organizaciones parecen necesitar no sólo información sino una motivación fuerte y agresiva para sentirse involucradas en la catástrofe social que significa la privatización de la seguridad social en México, razón por la cual, hasta ahora, las respuestas a los embates sufridos por los trabajadores del IMSS, ISSSTE, Petroleros entre otros han sido tímidas y fraccionadas.  También en el nivel de los organismos estatales, se advierte una especie de modorra de quienes son, o serán, los principales afectados. Es evidente que la falta de conciencia trae consigo el desinterés que, en general, afecta al simple ciudadano, al estudiante promedio, a las personas cuyas condiciones particulares les permiten sentir que la jubilación y sus problemas son cosa de otros y no propias.

Solamente los directamente afectados, en el momento en que lo son, se acuerdan de la palabra “solidaridad” y reclaman atención y apoyo por parte de los sindicatos, y el nivel de atención y de interés por el tema, va en razón directa proporcional a la proximidad del mismo. Sin duda contribuye a esta situación el individualismo y la trivialización de los valores sociales que postula el sistema. En este sentido, es explicable por qué las masas trabajadoras no se han unificado, local y nacionalmente, y marchado contra la privatización que, por otra parte, se vende como “modernidad” y como opción ventajosa para el usuario convertido en cliente. Esta visión enajenada del sistema afecta la vida interna de las organizaciones y, por ende, las prioridades y los objetivos de sus luchas.

Un dato preocupante es el que, en muchos casos, las organizaciones sindicales centran su atención en los aspectos contractuales de carácter económico y desestiman los atinentes a lo social y político. Lo anterior conduce a una visión pragmática de los objetivos de la acción sindical desinserta de la problemática social que la rodea, de suerte que las luchas inician y concluye en la estrechez de la aritmética contractual: reclamo de incrementos porcentuales y consolidación de los aspectos de beneficio inmediato. La dimensión social de la lucha sindical es esporádica e inconsecuente con el embate neoliberal a la clase trabajadora y el efecto negativo de las reformas legislativas que se implantan. Más que acciones preventivas y transformadoras se tienen reacciones defensivas y conservadoras. Lo anterior resulta ser un contrasentido, habida cuenta que, en un régimen donde la ideología neoliberal destruye el tejido social, toda acción sindical es por necesidad política.

La defensa de la seguridad social trae aparejada la del empleo y las conquistas de la clase trabajadora plasmadas en la constitución, la legislación laboral y los contratos colectivos de trabajo, que ponen como eje rector el bienestar del trabajador y su desarrollo como persona y como ciudadano. En consecuencia, no puede haber acción sindical que al pretender la mejora de las prestaciones y las condiciones de trabajo no persiga también la superación de sus actores y el mejoramiento de la sociedad en la que viven y actúan cívicamente. Lo anterior supone el reconocimiento de una corresponsabilidad que trasciende los límites de la relación laboral pero que, en el caso del sindicalismo, se deriva de ella.

Actualmente, es más que evidente que las reformas impulsadas por los gobiernos neoliberales generan la precarización del empleo y la disminución de las garantías sociales y políticas históricamente conquistadas. Por ello se ha puesto en calidad de mercancía la educación, la salud y el ahorro de los trabajadores, privatizando los servicios e individualizando las cuentas de retiro. A la fecha, se tiene constancia de que el sistema de cuentas individuales operado en las Afores ha resultado un completo fracaso, desde el punto de vista del beneficio para el pensionado y, por el contrario, un éxito para los negocios privados que administran los fondos. En este caso, resulta evidente que la recuperación del ahorro de los trabajadores implica la responsabilidad del Estado y la restitución del sistema pensionario al ámbito público. Las pensiones y jubilaciones deben ser nuevamente asunto público, por su carácter e impacto social. No se debe especular con el ahorro de los trabajadores sin responsabilidad ni garantía pública.

En este caso, urge una reconsideración legislativa que, respetuosa de la Ley Suprema, reconozca el derecho de los trabajadores a la jubilación digna, que permita una vida decorosa y plena en el marco de los derechos nacional e internacionalmente reconocidos al adulto mayor y que debe, puntualmente, tutelar el Estado.

Recientemente, se ha tenido noticia del quebranto de algunos sistemas pensionarios estatales, como los de Sonora y Veracruz, ocasionados por el saqueo de sus respectivos gobernantes. Es claro que la responsabilidad es pública y que deben someterse a la acción legal los culpables, pero también lo es la necesidad de impulsar reformas que permitan un estricto control de los fondos. Es claro que en su vigilancia deben intervenir las representaciones sindicales y actuar con absoluta transparencia.

El pasado 16 de noviembre se realizó un Congreso Estatal Sindical sobre Seguridad Social, promovido por el STAUS y apoyado firmemente por diversas organizaciones sindicales, donde se presentó el panorama nacional y local de este importante asunto y se resaltó la necesidad de crear un frente común en defensa de los derechos de los trabajadores a una jubilación digna y segura, acceso a los servicios de salud y atención de calidad, así como a las demás prestaciones a las que legalmente tienen derecho.


Se da dado un paso importante en la recuperación de los espacios de participación que nos identifica como clase trabajadora y como ciudadanos de pleno derecho, pero falta mucho por discutir y hacer. Por lo pronto, hemos puesto en el centro de la atención de los participantes la idea de la acción colectiva y la solidaridad. Hay todo por ganar.

domingo, 13 de noviembre de 2016

No hablemos de Trump

                                                       “La autoridad sólo se compara con la virtud” (Claudio).

Pues la ganadora en causas de muerte en México es la diabetes mellitus. En gran medida el éxito se debe atribuir a las grandes empresas trasnacionales refresqueras y a los emporios productores de comida chatarra, la que se come de prisa, empaquetada en plástico o en cartón encerado, de vivos colores y una sensación de estar a la par con EUA y otros centros de consumo de prosapia y glamur primermundista.

Somos un país de parias alimenticios que pateamos con desprecio lo autóctono por ser algo conectado a los usos y costumbres de una cultura mestiza, vergonzante de su identidad, aficionada a la sumisión extranjerizante y al desperdicio de inteligencia y músculo. Es claro que la sustitución de valores entra por los ojos y la boca, penetra en la anatomía y satura las neuronas y las concepciones de lo correcto y defendible en nuestro diario actuar. Comemos y respiramos las miasmas de una transculturación con tufo de intervención política, de suerte que nuestros intereses son una especie de moretón del impacto de los que representan la hegemonía gringa en nuestro suelo.   

Lo anterior explica por qué un grupo de diputados federales mexicanos de los partidos afiliados al “Pacto por México” se exhibieron con camisetas con la propaganda de la fallida candidata presidencial demócrata, en pleno recinto legislativo, sin reparar en el hecho de que formalmente representan los intereses de los electores mexicanos, mientras que aquélla a los del complejo financiero-militar que tiene jodida a la humanidad. Así pues, sudamos calenturas ajenas porque de algunas tenemos que hacerlo, ante la esclerosis de nuestra perspectiva nacionalista y las ganas de ser una colonia de explotación de otra soberanía.

El desprecio y desencanto de lo propio ha sido obra de años de autoflagelación, de lástima de sí mismo, de liquidación del patrimonio nacional y el reversazo impuesto por el neoliberalismo de guarache importado e implementado por el alopécico Salinas, en aras de una modernidad prestada o, más bien, rentada a un alto costo a cargo del erario nacional. ¿Tenemos petróleo?, pues a regresarlo a las trasnacionales; ¿tenemos electricidad?, mejor que lo tengan las empresas extranjeras; ¿tenemos industrias?, en todo caso, instalemos maquiladoras y a las empresas nacionales convirtámoslas en patrimonio del capital extranjero.

¿Gozamos de empleo permanente y seguro? Estorba al desarrollo de la iniciativa de los trabajadores jóvenes. ¿Tenemos seguridad social? Mejor cancelemos ese derecho y convirtámonos en clientes explotables de empresas bancarias trasnacionales. ¿Diseñamos nuestra política económica? Ya basta. Ahora dejemos que otros manejen nuestra economía y finanzas. En México, la reducción de la calidad de vida va de la mano de una recolonización con el beneplácito de organismos como la OCDE, el FMI y el Banco Mundial. Si podemos ser el perro faldero de éstos, ¿por qué sostener una soberanía e independencia que nos quedan grandes?

Quizá por eso vemos como un reproche la independencia y decisiones soberanas de Bolivia, de Venezuela, de Cuba, y de quienes se saben parte de Latinoamérica y rechazan el intervencionismo absurdo de EUA. Quizá por ello nos duele mirar al Sur, pero masticamos el chicle envenenado de un Estado canalla.

Consumimos los productos saturados de sustancias químicas que venden en los supermercados pero pasamos de largo en puestos de los mercados populares; buscamos marcas y dejamos de lado la calidad y el origen de los productos; vacacionamos en Arizona, California, Massachusetts o Nevada, porque suponemos que damos calidad a la vida de la familia, mientras despreciamos los destinos locales, regionales y nacionales; enviamos a los hijos a escuelas extranjeras mientras nos quejamos de la falta de oportunidades, de la calidad de nuestras escuelas, del costo de la educación, de las huelgas, de la inseguridad pública, de la falta de empleo decente, del latrocinio de las Afores, de la privatización de la vida institucional, de las cosas que compramos o adoptamos a costa de ser lo que debemos ser.

Para nosotros, es fácil convertir en leyenda a representantes del crimen organizado y hacer parodias de la defensa de los derechos humanos, así como solapar la impunidad y la leperada de nuestros gobernantes y clase empresarial adicta a los moches y al tráfico de influencias. Así las cosas, no es difícil sentir flojera en participar en acciones contra el abuso y la corrupción, porque tomar la calle y parar escuelas, hacer plantones y levantar pancartas son acciones que se ven mejor a lo lejos, sin fatigas y como tema de cantina o sobremesa.

Si nos importa un rábano el saqueo del erario y el agandalle inmobiliario sexenal, el abuso y la farsa de una legalidad preñada de complicidades y acuerdos, así como el espectáculo deplorable de la simulación gubernamental, ¿qué tanto nos afecta Trump, si el trabajo de “joder a México” lo hemos venido haciendo desde la década de los 80?

Hablando de otros asuntos, es importante para el futuro de los trabajadores sonorenses y sus familias, el análisis, las conclusiones y los compromisos que resultarán del Congreso Estatal Sindical sobre Seguridad Social que organiza el STAUS junto con el STEUS, Telefonistas, SIATCIAD, FASU, SUTUES, CENPRO, CNJP - “Elpidio Domínguez Castro”, entre otras. La cita es el miércoles 16 a partir de las 9 AM, en el auditorio del Sindicato de Telefonistas, sito en Blvd. García Morales y Lázaro Mercado.



domingo, 6 de noviembre de 2016

Holograma nacional

                                       “Incluso quienes la cometen odian la injusticia” (Publilio Siro).

Como se sabe, el presupuesto para 2017 viene chiquito, reducido, pasado por la tijera, rasurado… tan jodido que parece el despertar de alguien con ganas de “mover a México” sin aclarar hacia dónde o por qué. El jaloneo real o virtual de los recursos pasa por el arco del triunfo de alguna seria y poderosa comisión que conduce seguramente al pozo de los logros económicos nacionales. La suerte, como núcleo de cualquier apuesta, está echada.

Las universidades ven el tiempo de publicar declaraciones y hacer solicitudes a quienes deciden el tamaño de los presupuestos, con aclaraciones y puntualizaciones anexas acerca de cómo va a impactar el encogimiento de las expectativas institucionales en eso de cumplir con los fines a los que formalmente se consagran. Caras largas y lenguas debidamente humedecidas se ponen en acción en las manos y caras de las esfinges del poder legislativo. El ambiente oficial huele a flatulencia y chamusquina de promesas… y en las oficinas de los consejos académicos está el crujir de huesos y el rechinar de dientes.

Las posibilidades reales de aterrizaje de los programas sociales y las mejoras paliativas en la calidad de vida de la macilenta ciudadanía se evaporan en los pasillos del poder, lo que no impide que los legisladores, ministros y funcionarios logren sus aspiraciones hedonistas y aseguren un futuro envidiable, aunque desproporcionado, surrealista, faraónico y, gracias a la política de transparencia, aun discretamente inalcanzable para el ojo público, salvo las excepciones que permite el propio sistema.

Por decir algo, Anaya, el pequeño y ridículo presidente de la pitufada nacional, representa los ideales y forma de vida de muchos políticos y funcionarios que, sin distinción de siglas y colores le aúllan a la luna sexenal desde la comodidad de la loma de proyección pública donde son útiles. Desde luego que hay que proteger a la familia de la violencia y cochambre del propio sistema al que sirven. Claro que vivir en Atlanta representa una isla de glamur que cualquier padre responsable quisiera dar como oportunidad para sus hijos, mientras México es movido por las fuerzas cómplices del “Pacto por México” al estercolero de la historia política neoliberal. Cae por tierra el disfraz de opositor para revelar lo que es: un cómplice inconsecuente del desastre nacional.

Tanto el exgobernador panista de Sonora, Padrés, como el priista de Veracruz, Duarte, sirven como muestra de la distancia entre el discurso y la promesa respecto al cumplimiento del deber constitucional. Sólo son dos casos recientes, dos gotas que escapan del sanitario político nacional dejando una estela de podredumbre que emana del partido y se instala en la dirección de las instituciones de la federación mexicana. La pestilencia institucional no se quita con los aromatizantes del apoyo y la vista de funcionarios gringos o europeos, sino que se confirma su extranjerismo apátrida y al servicio de qué soberanía están.

En este contexto, no extraña que los reconocimientos internacionales y nacionales, otrora honrosos, representen vergüenza y sumisión, porque ¿quién creerá en el premio Nobel de la Paz después de Obama, o en la medalla Belisario Domínguez después de Bailleres? La pestilencia penetra, se apodera y crece en la ambigua estulticia del poder, en las corruptibles clientelas partidistas y en las redes familiares que parasitan la economía y la política, y que promueven las formas obtusas de la corrección política.

Sin embargo, en un mundo plagado de obscena cursilería y bajunos ejemplos de oportunismo mediático, aún hay voces y rostros que recuerdan la dignidad perdida, la autoestima labrada con inteligencia y trabajo, y el horizonte luminoso de la inteligencia comprometida social y políticamente: Don Pablo González Casanova, ex-rector de la UNAM, ha rechazado su nominación a la medalla Belisario Domínguez. Así, la fiesta escatológica puede seguir sin contrapunto.

Por otra parte, cuando se privilegia la forma sobre el contenido, es fácil emprender la hechura de un sistema anticorrupción mientras los cargos de ministro acaban siendo una manera de acceder a sueldos y prerrogativas para la mayoría inimaginables, y en el mismo sentido, tenemos a los miembros del poder legislativo que reciben generosos estímulos a cambio de votar por la afirmativa las iniciativas del Ejecutivo. Abajo, en las instancias operativas de la procuración de justicia y la seguridad pública, el “informe policial homologado” y las extrañas relaciones que se dan para borrar, en los hechos, la frontera de la legalidad, permiten suponer que las instalaciones y la tecnología serán un homenaje más a la apariencia.

En la vida real, los ciudadanos son víctimas de la venalidad judicial, del abuso de funcionarios públicos para quienes un incremento de 35 por ciento en la tarifa de agua potable puede no significar mucho, pero que hace la diferencia entre la participación fiscal y la evasión ciudadana, entre la paz social y la franca oposición al abuso.

Los ciudadanos de Hermosillo tendrán que afinar sus mecanismos de defensa, ya que la promoción del amparo contra los aumentos a la tarifa del agua no los exime de recibir el incremento en sus recibos del servicio, según se ha dicho. Si tras el amparo concedido hay que ir a reclamar este beneficio a las oficinas de Agua de Hermosillo y esperar la buena voluntad de una burocracia hecha para resistir a la razón ciudadana, habría que pensar en generar un frente amplio de oposición que eche por tierra el incremento, por ser notoriamente abusivo. ¿Hermosillo estará dispuesto a un paro general de usuarios? ¿Tendrá el valor de oponerse enérgicamente al abuso?

No hay duda que los esfuerzos ciudadanos han sido valerosos y dignos, pero hace falta la contundencia de la acción popular que reclama lo que le corresponde en justicia.


No es raro tener la idea de que estamos siendo gobernados por una entidad holográfica, programada y operada desde alguna televisora o alguna embajada extranjera. ¿Por qué no recuperar la realidad?