Conspiración en Pémex

Notas Sueltas es un espacio de opinión sobre diversos problemas de carácter social, económico y político de interés general. Los comentarios pueden enviarse a: dalmx@yahoo.com

martes, 27 de mayo de 2014

Leyes al modo pitufo

¿Se ha dado cuenta que cada vez hay más ocurrencias legislativas contra los trabajadores y sus organizaciones? ¿Ha notado que el discurso oficial y oficioso tiende a condenar de una u otra forma la lucha por los derechos laborales? ¿Ha visto cómo coyunturalmente surgen organizaciones de “madres de familia” o “estudiantiles” contra los movimientos de huelga? ¿Cree usted que lo anterior es una casualidad, o una reacción ciudadana legítima?

Si hacemos un poco de memoria, durante una huelga en la Universidad de Sonora, el entonces senador Guillermo Padrés Elías, invitó a desayunos o comidas a grupos de estudiantes “preocupados” por la huelga, expresando sin recato alguno que iba a impulsar iniciativas que pusieran orden en eso de la suspensión de clases, por aquello de “defender el derecho de los estudiantes a estudiar”.

Obviamente, los estudiantiles afines al PAN tomaron como suya la bandera del desparpajado aspirante a gobernador en precampaña, dueño de la linealidad y falta de conocimientos jurídicos que, según se ha podido constatar, es característica propia del neopanismo. Lejos quedaron los escrúpulos legales, el respeto a las normas, la ética y la moral que otrora enorgullecía a los panistas de viejo cuño, como don Jesús Larios, Nacho Bustillos y Prisciliano Meléndrez, entre otros, que independientemente de sus convicciones políticas de campanario y sacristía, honraban sus deberes y obligaciones ciudadanos poniendo por delante una vida honesta, ajena y distante a la actualidad oportunista, falsa e hipócrita de quienes llegando al gobierno, han hecho gala de rapiña y manoteo.

Últimamente se ha visto que el tema de la huelga universitaria es el pretexto ideal para que el panismo relance su imagen y luzca como un defensor de los derechos estudiantiles. Curiosamente, en el llamado “Nuevo Sonora” el subsidio otorgado a Universidad de Sonora (Unison) se ha reducido mientras que el correspondiente a casas de estudiantes ha corrido la misma suerte o ha sido eliminado, como es el caso de la Casa del Estudiante Urense, que desde hace un año no recibe ningún tipo de apoyo (http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=143590&relacion=&tipo=Principal1&categoria=1). Como se ve, la preocupación del gobierno tiene sus asegunes.

La triste realidad es que logreros impreparados han tomado por asalto las cámaras y micrófonos de los medios periodísticos para pontificar acerca del maravillosos mundo pitufo y la necesidad de privar a los trabajadores de un derecho elemental que es el de huelga: “que las instituciones educativas no suspendan clases, que se cierren oficinas, que no haya investigación, pero que las clases continúen”, declara el diputado plurinominal Damián Zepeda Vidales, en una torpe entrevista ( http://youtu.be/bI0tqjLPA_I) donde usted podrá constatar que el conocimiento de las leyes que rigen este país es una materia ignorada u olvidada aún entre los que se ostentan como “licenciados en derecho” dentro de las filas del PAN.

En la entrevista de referencia, el diputado (sic) Zepeda no tiene empacho en aprovechar la torpe ayuda del entrevistador y cae en comparar la huelga universitaria con la de algún hospital, como si la legislación no hiciera una clara valoración a favor de la salud y la vida de los pacientes en caso de que el centro hospitalario entrara en huelga, peligro que no se puede comparar con la situación de los alumnos de cualquier centro de enseñanza porque no tiene los mismos efectos, para empezar no pone en riesgo la vida de nadie y la salud y la educación no se miden por los mismos parámetros. Por si fuera poco, el diputado (sic) pone el ejemplo de una casa, y remata afirmando que no se puede cerrar la casa de los estudiantes que es la universidad.

No sé en qué universo paralelo puedan compararse las relaciones de los trabajadores de un hospital y los de una universidad.  Mientras que si los primeros suspenden labores, pueden afectar la salud de los pacientes y poner en peligro su vida, por lo que el legislador ha establecido que los servicios de emergencia deberán seguir funcionando hasta poner fuera de peligro a los enfermos bajo su cuidado; en cambio, a la universidad nadie ingresa por estar enfermo, ni se agrava ni se muere por una huelga. Por lo segundo, la “casa de los estudiantes” no es la universidad, sino el lugar en el que, durante un cierto tiempo, concurren para adquirir y formalizar sus conocimientos. En ese sentido, la huelga solamente implica la suspensión temporal del proceso de enseñanza-aprendizaje en aulas, que continúa una vez que termina el conflicto laboral. Para eso son los ajustes en el calendario escolar.

Sorprendentemente, el citado legislador (sic) puso en la misma balanza el derecho de huelga y el derecho a la educación. La inopinada revelación seguramente ha revolucionado  el derecho constitucional y las prioridades nacionales, habida cuenta que la referencia es la huelga de la Universidad de Sonora que, como se sabe, es una institución de educación superior y éste nivel académico es opcional en México como en el resto del mundo, ya que sólo es obligatoria la educación en el nivel básico que abarca la primaria, secundaria y media superior.

La realidad es que aún si se tratara de una escuela secundaria o preparatoria, el derecho de huelga está por encima del derecho a la educación, en tanto que el primero lesiona directamente la economía de los trabajadores y sus familias mientras que el segundo se salvaguarda y es retomado una vez que se soluciona el conflicto. Dicho con todas las letras: en México, como en el resto del mundo,  el trabajo es el que mueve la economía y produce la riqueza que permite la generación de impuestos y, por tanto, los recursos para el pago de bienes y servicios entre los que se incluye la educación. En esta medida, la protección de los derechos de los trabajadores redunda en la calidad de vida de las familias, y en la posibilidad de que sus hijos tengan acceso a la educación.

Por su parte, los centros educativos permiten el acceso a los bienes culturales, científicos y tecnológicos, pero su contribución real a la vida nacional depende de las condiciones del mercado ocupacional. Desde el punto de vista económico, si no hay empleo, no sirve de mucho a las familias que sus hijos tengan títulos universitarios ya que no podrán trabajar y generar ingresos. Por otra parte, si el gobierno regatea los apoyos económicos a las universidades, reduce presupuestos e ignora sus demandas, entonces, ¿cómo puede decir que se preocupa por los estudiantes?


La imbécil iniciativa de prohibir las huelgas en las casas de estudios es una medida hipócrita, anticonstitucional y francamente perversa. Es insultante por su vaciedad, demagogia y mañosa pretensión de engañar a una sociedad cada vez menos informada y más manipulada por los medios de comunicación, pero a la vez más necesitada de acciones concretas a favor de los ciudadanos que sufren de marginación. La iniciativa del panista Zepeda es una lamentable muestra de demagogia y falta de respeto a la ley, empezando por la Constitución. 

El engendro pitufo insiste en mandarnos de regreso a los tiempos del porfiriato, al intentar restringir el derecho a huelga y convertirlo en un mero acto simbólico que lograría, en los hechos, dañar un instrumento poderoso en las luchas de los trabajadores. Sin duda, el panismo es enemigo de los logros nacionales plasmados en la Carta Magna y alérgico al pueblo que mediante las luchas revolucionarias los convirtió en ley suprema.

jueves, 22 de mayo de 2014

Saludo a Miriam Preciado


Hermosillo, Sonora
Saludo cordial a Miriam, hija de mi entrañable amigo Fernando "Quito" Preciado Ibarra (QEPD), con agradecimiento por tomarse tiempo y escribirme una hermosa carta referida a su señor padre.
Sin duda, la amistad es un bien espiritual que trasciende fronteras y puede permanecer inalterable a través del tiempo y el espacio, y que con esta carta, me demuestra que puede vencer hasta la muerte. El "Quito" estuvo nuevamente dialogando conmigo mediante la amorosa remembranza de su hija Miriam.
Un abrazo y mi más respetuosa consideración para ella y su familia.

martes, 20 de mayo de 2014

Las bolas del engrudo laboral

La temporada de huracanes sociales azota las costas políticas de Sonora y el pronóstico es reservado. Los enjuagues padresistas que trataron de contener lo que es, a todas luces, una verdadera ola de reclamos justicieros enraizados en la necesidad urgente de los ciudadanos trabajadores de ver satisfechas sus aspiraciones de una vida digna y un trato justo, han fracasado rotundamente. Nada podrá contener el avance del pueblo organizado en sindicatos, en la ruta por la mejora de sus condiciones de trabajo y salariales.

La risible triquiñuela de emitir un laudo sin que hubiera solicitud de arbitraje válida fue un tiro que le salió por la culata a los pillos que se ostentan como funcionarios de la actual administración y el gobernador no podrá evadir la responsabilidad política de un manejo desaseado, ilegal y arbitrario de la justicia laboral que hizo víctimas a los dos sindicatos de la Universidad de Sonora, STEUS y STAUS, de manuales y administrativos y de académicos, respectivamente.

El golpe de audacia se convirtió rápidamente en ataque de risa cuando la torpe medida del laudo que ordenaba el levantamiento de la huelga del STEUS y al mismo tiempo obligaba a la parte patronal a pagar una parte de los salarios caídos durante el tiempo de suspensión de actividades, se vio bajo la luz de la legalidad y la justicia. Al momento de redactar esta nota, todo indica que el amparo es procedente, de suerte que las banderas rojinegras podrán legalmente volver a ser instaladas.


Por el lado del sindicato de académicos STAUS, la justicia federal se ha concedido la suspensión provisional de los efectos de la absurda negativa de su derecho a prórroga. Es decir, que el sindicato con todo derecho puede prorrogar la fecha de estallamiento de huelga, quedando fechado para el día 17 de junio.

Como se ve, son dos reveses a sendas metidas de pata protagonizadas por el gobierno e instrumentadas por una cada vez más cuestionable autoridad laboral que parece estar anclada en los anchurosos tiempos de Porfirio Díaz. La realidad es muy distinta a la diseñada por el gobierno onírico de Padrés, adobada por el profundo cretinismo de una autoridad universitaria que cambió su primogenitura académica por un plato de lentejas burocráticas.

Tales desaciertos permiten suponer que tanto el gobierno del estado como la administración universitaria actuaron dolosamente, apoyándose mutuamente en la chucatosa demagogia y el berrinche caprichoso de una posición de autoridad que ya huele a chamusquina. Si tras estos acontecimientos no ruedan cabezas, será que a la sociedad le vale gorro la justicia y la ley, con tal de satisfacer el vaporoso costo de las apariencias, de los efectos mediáticos, la emponzoñada y patética farsa de la eficiencia maquillada, del logro espurio que se teje en los sótanos de las complicidades palaciegas y las cloacas financieras donde se recurre a las reconducciones presupuestales, las desincorporaciones inmobiliarias y los caprichos suntuarios a cargo del erario.

Por lo pronto, se tienen en el estado múltiples emplazamientos a huelga por parte de las huestes cetemistas de diversos ramos laborales, jaloneos en materia de transporte que huelen a distractor por aquello de los 600 millones que se evaporaron, broncas relativas al abasto de agua potable, una serie de obras fotogénicas frente a la realidad de las colecciones de baches y banquetas de alto riesgo, centenares de indigentes en las calles que documentan el progreso a costa de la realidad y un ambiente enrarecido por pestes de diverso origen que concurren en un solo concepto: suciedad urbana.

En este contexto, resulta una verdadera excentricidad hablar del progreso de Hermosillo y de Sonora y adornarse con obras que, siendo hechas con recursos federales, no pueden razonablemente ser atribuidas al impulso constructor del “Nuevo Sonora”.

Independientemente de la ridícula farsa del progreso con base en maquillajes publicitarios, Sonora y sus instituciones han llegado a un nivel de deterioro que en mucho se pude atribuir a la sórdida y comodina apatía de sus ciudadanos, usuarios pasivos de los servicios, pero sobre todo a la inopinada voracidad de sus actuales funcionarios. La corrupción no es una fuerza excepcional que mueve la maquinaria estatal, sino que es la normalidad que inunda la función pública. Lo anterior se puede ilustrar claramente con el caso del Isssteson. 


¿Por qué la diputación panista se niega a la comparecencia en el congreso del estado de Teresita Lizárraga, directora del Isssteson? ¿Quién es el responsable del desfondo de más de 2 mil millones de pesos correspondientes a pensiones y jubilaciones? ¿Dónde están las cuotas que los trabajadores han pagado puntualmente al Isssteson y que han desaparecido? ¿Por qué los servicios de salud a cargo del estado son cada vez menos eficientes, confiables y oportunos? ¿Por qué se pagan planas completas de publicidad anunciando logros que solamente existen en el papel? ¿Por qué en el gobierno no hay dinero ni para clips en las oficinas? ¿Por qué existe una “secretaría del trabajo del gobierno del estado” siendo que la materia laboral es de competencia federal? ¿Por qué se subordina la Junta de Conciliación y Arbitraje a los caprichos e ilegalidades del gobierno del estado? ¿Por qué el interés en afectar la imagen y prestigio de la Universidad de Sonora a través de manoseos y medidas absurdas y claramente nocivas para la vida institucional?

martes, 13 de mayo de 2014

Después de la huelga.

Como sabrá, el jueves 8 concluyó la huelga del STEUS en la Universidad de Sonora. Decir que concluyó es parte de la autocomplacencia a la que pueblo y gobierno estamos acostumbrados, gracias a la educación basada en el uso de eufemismos, palabras consagradas por lo políticamente correcto, por el afán de decir las cosas a medias (o no decirlas) por razones de complicidades oficiales y oficiosas. Somos un pueblo amante de la apariencia, del maquillaje que chorrea de los actos de gobierno, de la mano, el rostro y la corporeidad toda de eso que llamamos poder.

Lo anterior viene a colación porque, como usted debe saber, al gobierno del Estado se le hizo bolas el engrudo, tanto como a sus instrumentos institucionales que fueron, por un lado, la Junta de Conciliación y Arbitraje (JLCA) y, por otro, el rector de la Universidad. Padrés, como capo panista de Sonora, tejió una maraña de recursos legaloides que lograron la culminación del movimiento en forma inédita: a los 67 días se declara existente una huelga en tanto se condena a la parte patronal a pagar lo ofrecido al sindicato, a la vez que se “ordena” al sindicato entregar las instalaciones bajo su resguardo. El curioso asunto llama la atención porque el ofrecimiento de rectoría estaba condicionado al levantamiento de la huelga, lo cual no se cumplió y, en esa lógica, la parte patronal retiró lo ofrecido que incluía el 50 por ciento de los salarios caídos.

En este tenor, el sindicato actor recibirá lo ofrecido que fue retirado y que en ningún momento se había reclamado puntualmente por parte de los trabajadores. Aun por sentido común, usted verá que el laudo de la JLCA carece de fundamento lógico. Por otra parte, el término de 24 horas establecido en el laudo para la entrega de las instalaciones universitarias no existe ni en la actual ley del trabajo ni en la anterior, y solamente encuentra la explicación de que al gobierno le interesaba “resolver el problema” de la suspensión de actividades universitarias “haiga sido como haga sido”, toda vez que quien estaba facultado para pedir el arbitraje, el STEUS, no lo hizo.

Para cualquiera que tenga idea de los procedimientos legales en caso de huelga, el caso de la Unison es altamente aleccionador de cómo se pueden hacer las cosas con total prescindencia del derecho. Fue una decisión política ajena a la legalidad, en consecuencia, la solución del fondo de la huelga aún no se ha dado. En este juego de encuentros y desencuentros, de farsa y sainete, la fobia oficial a los trabajadores comprometió la tranquilidad de las familias y los jóvenes estudiantes, además de los prestadores de servicios que rodean las instalaciones universitarias. El drama económico de vendedores de hot-dogs, tacos, tortas y hamburguesas; de copias fotostáticas y papelería es digno de tomarse en cuenta.

Ahora que el regreso a clases no tiene impedimentos formales, el panorama de los primeros días resulta sobrecogedor. Aulas vacías o semi-desiertas, servicios sanitarios sin funcionar, espacios cerrados, que dan cuenta de que algo falta, más allá de las cuentas alegres del gobierno y las autoridades administrativas universitarias.

La cruda realidad es que la universidad no puede funcionar sin los trabajadores manuales, administrativos y académicos. Sin el concurso de éstos, los pocos o muchos alumnos que asisten no encontrarán las condiciones que hagan posible su estudio, de manera que la permanencia en aulas, sin las condiciones adecuadas, será una simulación más en una institución que se ha especializado por años en acatar las normas de la apariencia y la verticalidad, arropadas en la política educativa neoliberal. La verdadera normalización de las actividades no es la que decretan las administraciones estatal y universitaria, sino la que hacen posible los trabajadores. Aunque se quiera negar o desvirtuar, el prestigio de la Unison no depende de su administración per se sino del trabajo de su personal que, en las diferentes áreas, hacen realidad los fines que inspiraron su fundación.

Me consta que en los días previos al levantamiento, pasaban carros frente a la Universidad, para gritar a los trabajadores en guardia improperios, burlas y calificativos groseros. En los espacios de opinión de El Imparcial, como en las redes, era frecuente leer opiniones corrosivas contra el sindicalismo, contra los propios estudiantes que respetuosamente esperaban la solución mediante el diálogo. No fue raro ver expresiones de odio faccioso contra el derecho de huelga y hacer llamados a la violencia estudiantil.

En el colmo del absurdo, algunos “estudiantes” llegaron a decir que los trabajadores eran sus empleados porque ellos les pagaban, que deberían desparecer los sindicatos, correrlos a todos y contratar a otros bajo nuevas reglas; ha trascendido que algunos sirvieron a consignas del gobierno para desacreditar insidiosamente la lucha del STEUS. El repulsivo despliegue de comentarios da la idea de que somos una sociedad proclive a la injusticia, a la cancelación de derechos y libertades, a la opresión de los patrones contra los trabajadores y a la desprotección social. Vivimos en una sociedad de asalariados, desempleados y microempresarios miserables pero con mentalidad de latifundista del siglo XIX, conformistas y parasitarios.

Es increíble el desaseo de las autoridades laborales e institucionales en el manejo del problema, y asombra la falta de respeto a la ley. La hipócrita preocupación por los estudiantes y el prestigio de la institución resultaron falsos y manipuladores, dado que en los hechos se postergaba la solución del conflicto y se buscaban formas de agredir al movimiento, de condicionar a la opinión pública a favor de las vías de hecho, como pudo haber sido el desalojo por la fuerza de los huelguistas si no fuera por la prudencia de los trabajadores que evitó el enfrentamiento. Para eso era el laudo. Le apostaron a la rebeldía que justificara el desalojo por la fuerza pública pero, sus intentos de hacer caer en provocaciones al sindicato, fracasaron.

Hoy el STEUS se ve unido, fortalecido internamente y confiado en la inteligencia y solidaridad de muchos estudiantes que sí entendieron la importancia de su lucha. Los trabajadores no la abandonan sino que toman un respiro para hacer valer sus demandas. El asunto está en manos de otras instancias legales.

Lo sorprendente de esto es que en Sonora se ultraja a los trabajadores, se violan sus derechos, se ignora la legalidad y, aun así, el gobierno se complace en declarar que gozamos de “paz laboral”, en todo caso paz porfiriana. Tales niveles de autismo, no son los esperados por una sociedad que merece y reclama el cumplimiento estricto de las responsabilidades constitucionales que tienen los funcionarios del “Nuevo Sonora”, como las legales que debieran regir a la administración universitaria, la cual no deja pasar la oportunidad  de ningunear a los trabajadores. Ilustro lo anterior con este ejemplo: En el contrato colectivo de los académicos se establecen los períodos vacacionales que, en el caso de este semestre, van del 3 de julio al 1 de agosto. La administración publicó un ajuste de calendario para cubrir el tiempo perdido durante la huelga, quedando las vacaciones del 15 de julio al 13 de agosto, pero sin acordar la modificación con el sindicato de académicos. ¿Qué problema hubiera sido tomar en cuenta al sindicato, por respeto al contrato colectivo de trabajo suscrito con el STAUS, y acordar bilateralmente esta medida? ¿La legalidad no importa? (http://www.staus.uson.mx/noticia.php?id=317).

Los trabajadores de Sonora y sus familias merecen respeto, lealtad y entrega de parte del gobierno. Si no cumple, tarde o temprano recibirá el castigo que las leyes establecen y que la voluntad popular reclama porque, a pesar de todo, la sociedad da muestras de cansancio, de hartazgo por tanta leperada.


Aquí, caben las preguntas: ¿por qué en las dependencias de gobierno no hay ni para clips?, ¿por qué se ha disparado la deuda en el tiempo que lleva este gobierno?, ¿qué razón hay para que no se pague a los proveedores?, ¿por qué desaparecieron y quién es responsable del desfondo de más de 2 mil millones de pesos que debiera tener el Isssteson para el pago de las pensiones y jubilaciones? ¿Por qué la diputación panista se opuso a la comparecencia de la directora del Isssteson, Teresa Lizárraga? (Para ilustrar el asunto de los servicios del Isssteson, comparto el siguiente material: http://noticieros.televisa.com/mexico/1405/salud-quebrada-caso-isssteson/), ¿por qué el gobierno no entrega a la Universidad los recursos que el propio Congreso del Estado ha aprobado en apoyo a las pensiones y jubilaciones universitarias? ¿Por qué se viola tan frecuentemente la ley por parte de quienes deberían vigilar su cumplimiento?

martes, 6 de mayo de 2014

Trampa perversa

¿Se enteró del impresionante despliegue de trabajadores que hubo el día 1 de mayo? ¿Vio cuál contingente encabezó el desfile? ¿Tiene noticia de los reclamos que se hicieron frente al  templete ocupado por las autoridades? ¿Notó que una vez más el señor gobernador estuvo ausente en la conmemoración del Día del Trabajo? ¿Sabe que a los trabajadores de la Universidad de Sonora (Unison) en huelga se les ofreció el 50 por ciento de sus salarios caídos? ¿Está informado que el rector retiró los ofrecimientos porque no se discutieron en una asamblea? ¿Sabe usted que los procedimientos internos son de la competencia exclusiva de los sindicalistas y que la administración universitaria no tiene por qué decirles cómo hacer las cosas y menos condicionar sus ofrecimientos?

Muchos ciudadanos no están enterados de estos detalles, a pesar de que son asuntos que se han manejado en los espacios de noticias, como es probable que también ignoren que los recursos correspondientes a los salarios caídos no suponen un esfuerzo extraordinario para las autoridades estatales y universitarias por el simple hecho de que ya están depositados, según recientemente puntualizó el diputado Carlos Navarro (http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=142690&relacion=&tipo=Sonora&categoria=1).

A los jaloneos mediáticos sobre la situación del sindicato STEUS y la huelga de la Unison se suma la triste circunstancia de que al sindicato de académicos, STAUS, le fue negada la prórroga a su estallamiento de huelga que había acordado en asamblea para dar margen a las negociaciones. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) decidió con cuestionable legalidad negar la prórroga, por no haber “estado de acuerdo” la autoridad universitaria. Con la anterior decisión, la JLCA contribuye al clima de crispación y encono que sufren los universitarios, lo que demuestra que las autoridades del trabajo hacen lo imposible por apoyar al gobierno de Padrés en sus afanes por aniquilar los sindicatos e imponer una nueva ley universitaria ajena y contraria al espíritu que desde sus inicios ha animado a la institución.

Lo anterior parece más claro si se recuerda la actitud del gobierno desde el inicio del conflicto. A pocos días de iniciada la huelga, empezaron las descalificaciones al ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores, calificando la huelga casi como un crimen de lesa humanidad porque los estudiantes se quedarían sin clases sin que hubiera, desde la óptica oficial, razón suficiente y necesaria para la suspensión de labores. El gobernador la calificó de irracional, y como demostrando las cualidades del eco, el rector hizo lo mismo, pero más barato.

Seguramente usted recuerda que de inmediato, en voz del secretario Romero, se ofrecieron soluciones “de emergencia”: se abrirían espacios para que los alumnos pudieran seguir estudiando, porque el gobierno, en su inmensa sabiduría, habilitaría aulas para tales fines. De pronto, un grupo de “madres de estudiantes” saltó a la palestra para desplegar una pírrica lucha “en defensa del derecho” de sus críos. Últimamente, los ataques contra los trabajadores toman la forma de desplegados en periódicos locales, firmados por la burocracia universitaria bajo las órdenes de rectoría, o de personajes de la iniciativa privada, así como una ola de diatribas en las redes sociales con formato sospechosamente parecido.

Hasta aquí, los aspavientos y “propuestas” de solución no han tocado el origen del problema. No se razonó sobre el derecho que asiste a los huelguistas y se antepuso el argumento del interés estudiantil, no por ser superfluo, sino para envilecer ante la opinión pública y los propios alumnos el ejercicio del derecho de huelga, aunque en reiteradas ocasiones los dirigentes sindicales manifestaron su preocupación por el tiempo perdido en el semestre, insistieron en el diálogo y la necesidad de que el rector se presentara en la mesa de las negociaciones. Se organizó un foro público donde asistieron integrantes de los dos sindicatos, estudiantes y personas interesadas, siendo evidente la ausencia y el desinterés del rector que ni siquiera mandó representante. Los reclamos fueron ignorados hasta llegar a un inocultable nivel de exigencia social y, hasta entonces, el rector apareció fugazmente para de inmediato alejarse y seguir cavando la trinchera de las diferencias.

Muchos se ha llegado a preguntar cuál es el trasfondo de la actitud del rector para con los sindicalistas. ¿A qué se debe su desprecio, cerrazón, soberbia e insidia?, ¿por qué propiciar campañas de opinión contra el movimiento?, ¿por qué habiendo recursos ya presupuestados, ofrece solamente la mitad de los salarios caídos?, ¿por qué tanta coincidencia con el gobierno de Padrés, alérgico y enemigo de los trabajadores?

El diputado local Carlos Navarro, al proponer en el Congreso un punto de acuerdo para establecer una mesa de diálogo entre las partes involucradas, expresó que: “el ala dura del Gobierno estatal está llevando a las autoridades y a los trabajadores a una trampa perversa para golpear  unos y destruir a otros; además de cocinar una nueva ley universitaria ilusa y más autoritaria”. Lo anterior aclara algunas cosas sobre lo que, a estas alturas, parece una comedia de enredo cuando no un drama con ribetes de tragedia, donde el villano se oculta tras bambalinas y maneja los hilos de una trama donde sirve de pararrayos el personaje que parece ser el más débil, torpe y manipulable, en este caso el rector.

Por si los enredos al servicio de la viciosa idea que sobre educación superior y sindicalismo tiene el actual gobierno fueran pocos, nos enteramos de que el rector ha decidido retirar los ofrecimientos al STEUS, “porque no los sometieron a discusión en asamblea”. Es decir, los ofrecimientos con los salarios caídos a la mitad resultaron estar  condicionados al procedimiento que indicaba, exigía, la autoridad administrativa universitaria. Si no me equivoco, el concepto “autonomía sindical” acaba de ser borrado del vocabulario de la administración. Tan desaseada y burda forma de interlocución con el sindicalismo universitario no tiene parangón, como tampoco lo tiene el desastre financiero que exhibe el gobierno de Padrés.

El diputado Navarro señala que el conflicto artificialmente prolongado puede estar sirviendo como un distractor de otros “temas espinosos”. Aquí las preguntas obligadas son, ¿por qué en las dependencias de gobierno no hay ni para clips?, ¿por qué se ha disparado la deuda en el tiempo que lleva este gobierno?, ¿qué razón hay para que no se pague a los proveedores?, ¿por qué desaparecieron y quién es responsable del desfondo de más de 2 mil millones de pesos que debiera tener el Isssteson para el pago de las pensiones y jubilaciones? ¿Por qué la diputación panista se opuso a la comparecencia de la directora del Isssteson, Teresa Lizárraga?, ¿por qué no se entregan a la Universidad los recursos que el propio Congreso del Estado ha aprobado?


En este orden de ideas, resulta que la Universidad de Sonora es víctima de las maniobras perversas de una administración estatal que propicia el caos, la parálisis institucional y el enfrentamiento social, lo cual se ve complementado con  la reciente participación de un segmento privado acomodaticio que se convierte en cómplice de la cruzada antisindical. Lo triste y lamentable de este asunto es que quienes encabezan la administración universitaria están sirviendo de instrumentos dóciles, de patéticas marionetas de un gobierno desleal y traidor al pueblo de Sonora. En su salud lo hallarán.

jueves, 1 de mayo de 2014

Política de portazo y zancadilla

Como el culto lector estará enterado, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) ha negado la prórroga al sindicato STAUS de la Universidad de Sonora (Unison), con lo que los académicos se encuentran en una posición complicada ya que, al parecer, no se podrá estallar la huelga emplazada. La decisión se apoya en la negativa de la administración universitaria de aceptar la prórroga. Al respecto, los maestros han promovido un amparo contra la decisión de la JLCA que permita conjurar esta amenaza a la vida sindical.

Mientras son peras o son manzanas, la situación al interior de la Universidad parece aligerarse gracias al nuevo ofrecimiento (integral y definitivo, dice) de la rectoría, mediante oficio de fecha 30 de abril. Llama la atención que se ofrece el 50 por ciento de los salarios caídos y, “por esta única ocasión, una cantidad de recursos, equivalentes al 25 % de los salarios caídos, para que sean destinados de común acuerdo a prestaciones de monto fijo no regularizables (de una sola vez) tales como el Fondo Complementario de Pensiones y Jubilaciones STEUS-UNISON; Fondo de Estímulo a la Jubilación; Fondo Revolvente de Vivienda y Fondo de Préstamos”.

Aquí, la pregunta que surge es: ¿Por qué se regatea el pago de los salarios caídos? El otro 25 por ciento, ¿qué no es dinero de los trabajadores? ¿Por qué la administración destina estos recursos para que sean aplicados a prestaciones? Huele como que la rectoría juega a negociar y ofrecer pero con los propios recursos de los sindicalizados.

Si bien es cierto que las posturas radicales no son afortunadas en una negociación, tampoco lo son aquellas que exhiben ante la opinión pública una buena voluntad y disposición que no necesariamente existe en los hechos. Jugar con la apariencia parece ser la marca de la casa en el “Nuevo Sonora” y, lamentablemente, en las instituciones que bajo el influjo de la mentalidad neoliberal pugnan por la desaparición de los derechos laborales.

Algunos opinantes podrán argüir que existe corrupción en los sindicatos y que las dirigencias presentan puntos oscuros que hay que señalar; otros pueden postular que los sindicatos no sirven y que deben desaparecer. Quizá tengan algo de razón y seguramente existen prácticas que suponen discrecionalidad en la toma de decisiones y el manejo de los asuntos gremiales. Seguramente hay renglones torcidos en las organizaciones sindicales que deberán de enderezar sus propios integrantes, en aras de la transparencia y la certidumbre de respeto a las normas estatutarias y a la legislación vigente. Esto es tan cierto como lo es la peligrosidad de la crítica oficial y oficiosa contra la organización de los trabajadores, que aparece como tarea sistemática de la parte patronal y del gobierno neoliberal, apoyada de manera consciente o no por ciertas fracciones de trabajadores.

En el caso de éstos, volverse en contra de su propia organización por rencillas entre grupos o corrientes sindicales es una actitud suicida en determinados momentos políticos. En una situación de huelga, la unidad es fundamental y la crítica y autocrítica se debe desarrollar al interior de las organizaciones, con madurez y altura de miras, en el momento en que las condiciones lo permitan. No es posible que los trabajadores se conviertan en instrumentos de la parte patronal cuando lo que está en juego es la sobrevivencia del gremio. Aquí aplica eso de que la ropa sucia se lava en casa. En todo caso, la unidad de todos es lo que garantiza un mejor control de daños. Dejar de lado las diferencias es lo más recomendable puesto que ya se tendrá tiempo para el ajuste de cuentas al interior así como de la validación o no de los cuadros dirigentes.

Mientras que la vida en los sindicatos supone la libre confrontación de ideas y formas de acción porque se parte del principio de que es democrática, la administración sigue otra lógica y sus intereses a veces no coinciden con los de éstos. Las diferencias se tienen que dirimir y formalizar en las revisiones salariales y contractuales y cuyos acuerdos temporales se incorporan a la normativa institucional. En la Unison ambos sindicatos periódicamente se encuentran en este proceso y a nadie debiera extrañarle que surjan diferencias y enfrentamientos entre las partes, hasta alcanzar un nuevo equilibrio entre ellas. Mientras esto ocurre, las declaraciones, denuncias, críticas de diverso calado e incluso diatribas, pasan a formar parte del bagaje histórico de la relación institucional.

Si esta es la normalidad, habría que valorar los cambios que sufre bajo la influencia de su contexto. En nuestro país se tiene pruebas claras y suficientes de que la política laboral ha sufrido un retroceso en cuanto a la valoración y el respeto a la vida de las organizaciones de los trabajadores. Desde Salinas, pasando por los sexenios panistas hasta el actual, la lucha sindical ha cambiado su acento de los logros en las negociaciones a la defensa de su autonomía y su sobrevivencia. Sonora no es la excepción y valdría la pena reflexionar sobre lo que plantea Chomsky sobre las universidades (http://www.elespectador.com/noticias/educacion/el-neoliberalismo-tomo-asalto-universidades-noam-chomsk-articulo-480438).

Así las cosas, la lucha pasa de ser laboral a ideológica y política, en un contexto institucional donde los académicos quizá estén más preocupados por sus puntajes en el programa de estímulos y los estudiantes en el promedio para obtener descuentos en las cuotas semestrales. El debate sobre la Universidad, su modelo curricular, su marco normativo y su financiamiento pueden esperar. Las prioridades están en otra parte.

En estos tiempos que corren, la defensa de la administración por el hecho de serlo suena un tanto kafkiana, a juzgar por su facilidad para adecuarse  al discurso económico dominante, a la pérdida de piso en cuanto a los aspectos esenciales de la vida institucional. Por el lado de los sindicatos, eventualmente se da el despiste organizacional al centrarse en los aspectos atinentes a lo económico y dejar de lado los aspectos políticos de la relación. Lo anterior permite que sea fácil aprovechar la desinformación e inmadurez de los estudiantes para manipularlos en beneficio de los opositores al sindicalismo y prohijar una actitud histérica en la comunidad donde hasta algo tan elemental como la recalendarización del semestre, se puede convertir en objeto de una lucha cuya energía bien pudiera tener otros objetivos. La paranoia inducida recorre los pasillos de las instituciones en huelga.

Estamos en tiempo de política de portazo y zancadilla por parte del gobierno neoliberal de Padrés, amigo de aprovechar la coyuntura laboral universitaria para golpear a los trabajadores y hacerlos tanto chivos expiatorios como distractores del desorden financiero que existe en la administración estatal. Lo lamentable del caso es que el rector de la Unison da muestras de haber caído en este tipo de esquema. De ahí la inconformidad de los trabajadores y el sentimiento de traición que muchos experimentan. La irritación de profesores, empleados administrativos y manuales y de estudiantes es efecto de una causa común: la aplicación de un modelo absurdo y antiuniversitario que lesiona a las familias sonorenses y ofende la dignidad de los trabajadores.