La amenaza de las multas

 “Una actitud saludable es contagiosa, pero no esperes a tomarla de otras personas, se un portador” (Tom Stoppard).

La multa es como una vara eléctrica puesta en el trasero del ciudadano para controlar su conducta. El temor a la descarga hace que la gente se comporte de acuerdo con los deseos de los administradores de las descargas eléctricas que se aplican en sustitución del convencimiento de los ciudadanos, o cuando de plano se infringen normas consideradas de observancia obligatoria.

Quien representa la autoridad, o actúa en su nombre, debe basar su conducta en el marco normativo vigente. Ninguna autoridad actúa lícitamente si no se apoya en lo que expresamente le permite la ley.

Lo anterior viene al caso porque, recientemente, una funcionaria municipal lanzó una bola que puede ser bateada fácilmente por cualquiera que tenga la curiosidad de indagar un poco sobre las cosas que se divulgan en los medios informativos, porque no toda amenaza de multa o sanción tiene sustento legal.

Estamos en el punto de cruce de dos epidemias: la de Covid-19 y la de Influenza, por lo que la sensibilidad ciudadana se encuentra preparada para dejarse atrapar por una red de infodemia o abrir los ojos y afrontar racionalmente las nuevas realidades que nos acojonan, sacuden y reformatean socialmente.

En este contexto se publica la afirmación de la directora del DIF municipal Hermosillo, de que Ley General de Salud concede al Ayuntamiento la “facultad” de aplicar multas de $3 mil pesos a quienes no usen el cubrebocas en vía pública, pero que “se han enfocado sólo en sancionar a los negocios”, y aclara que la intención es evitar un rebrote y que para nada es afán recaudatorio, (Proyecto Puente, 27.10.20).

Pero resulta que el artículo 4º de la Ley General de Salud dispone que sólo son autoridad sanitaria el Presidente de la República, el Consejo de Salubridad General, la Secretaría de Salud y los gobiernos estatales.

Como se ve, de acuerdo con la citada ley los ayuntamientos no son autoridad sanitaria, y tampoco se les conceden atribuciones en materia de salud en el artículo 115 Constitucional, y aún no existe una ley estatal que establezca el uso obligatorio del cubrebocas, por lo que la afirmación de la citada funcionaria carece de sustento legal.

En todo caso, la administración municipal deberá vigilar la aplicación de las disposiciones que dicten quienes constitucionalmente tienen la competencia para hacerlo, es decir, el gobierno federal y el estatal.

Cabe recordar que, desde el inicio de la epidemia, el gobierno federal se ha opuesto a criminalizar al ciudadano, y que su estrategia se ha basado en limitar las actividades no esenciales, el confinamiento voluntario y en establecer medidas preventivas generales para evitar que se dispare el número de contagios.

El problema de aprobar una ley a empujones de la gobernadora, cuya materia está resuelta por la vía de las recomendaciones y la vigilancia preventiva en la comunidad, consiste en que trae aparejada una sanción a quien la incumpla. Lo anterior abre la puerta a la aplicación de multas o algún otro tipo de penalización que tendría consecuencias en la economía o las libertades de los ciudadanos, como se puede ver en otros estados, como Jalisco, por ejemplo.

Este jueves 28 nos encontramos con la noticia de que el Consejo estatal de salud aprobó una serie de medidas que limitan el horario de servicio y el aforo en actividades comerciales y sociales, a partir del lunes 2 de noviembre (El Imparcial, 28.10.20).

Desde luego que es mejor prevenir que lamentar, pero cabe destacar que si realmente se quiere proteger a los adultos mayores de 65 años, el asunto no se resuelve restringiendo su libertad de acceder al comercio o la banca, sino dándoles prioridad en la atención en tiendas de servicio y otros establecimientos: entre más facilidades tengan para hacer sus compras, mejor librados salen.

Aquí cabe recordar que el artículo 1º Constitucional prohíbe la discriminación por edad, entre otros aspectos, y el hecho de separar (so pretexto de “proteger”) al adulto mayor de una vida medianamente normal en el contexto de la epidemia, quizá no sea la mejor respuesta. ¿Para qué añadir más angustia a la que ya se tiene?

En todo caso, quienes deben extremar los cuidados y cumplir las medidas preventivas en espacios cerrados son los empleados que atienden al público y quienes se encargan de higienizar los espacios, así como cuidar que se cumpla con el uso del cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia a fin de minimizar la posibilidad de que ocurran contagios por negligencia o descuido.

Se tiene que entender que una epidemia no se detiene con leyes de temporada, medidas coactivas, ocurrencias, amenazas, manipulaciones informativas, terrorismo mediático y declaraciones irresponsables, y que este tipo de eventos tiene su ciclo de aparición, auge, estabilización y descenso, de tal manera que lo único posible es la prevención sensata y razonada, sustentada en la ciencia y la experiencia adquirida.

La amenaza de las multas y sanciones nunca debe ser una estrategia válida para “prevenir” los efectos de una epidemia. Más seriedad.

Notas de un paseo por el centro

 “Lo malo de la gran familia humana es que todos quieren ser el padre” (Mafalda).

 

Hoy decidí salir a ver cómo iba el mundo; bueno, la parte de mundo que se ve cuando alguien sale de su casa con cubrebocas puesto por instrucciones de la autoridad de quien se esperan sanciones o, al menos, malos modos.

 

Las calles aledañas al Mercado Municipal No.1 no tan llenas como se pudiera suponer pero lo suficiente como para apreciar cuán benéfica es la epidemia para la civilidad y el orden ciudadano:

 

Una familia de gringos caminando como si la calle fuera suya o no hubiera nadie más en el planeta, y más delante un imbécil desparramando humo de cigarro atrincherado en su nube, quizá sintiendo la satisfacción de ser un elemento que no pasa inadvertido gracias a su poder contaminante.

 

Peatones en modo turulato con el cubrebocas como gargantilla dando pistas sobre la importancia de guardar el sudor del cuello aunque sea dejando fuera la nariz e incluso la boca.

 

Cubrebocas colgando de una oreja, quizá para tener a mano el trapito de marras en prevención de que llegue alguien a hacer algún reclamo, o que haya que ingresar al OXXO, o a cualquier negocio donde se pone como requisito el portar esa prenda.

 

Sin embargo, algunos negocios a pesar de tener a la vista los requisitos sanitarios para la prestación del servicio, hacían como que les valía gorro; por ejemplo, una peluquería donde el propietario ya entrado en años esperaba clientes con el rostro descubierto, dando la cara al coronavirus con un valor digno de nota necrológica.

 

En el contexto de las precauciones, nos enteramos de que algunas cadenas comerciales transnacionales, se han constituido en autoridad sanitaria capaz de prohibir la entrada a sus instalaciones a “mujeres embarazadas y adultos mayores”.

 

Lo anterior nos hace reflexionar acerca de las normas impulsadas por los comentócratas y los profesionales de la ocurrencia, por ejemplo Lilly Téllez frente al epidemiólogo Hugo López-Gatell, y se nos ocurre pensar que, si la señora Téllez puede increpar a un médico altamente especializado, también Walmart o alguna otra empresa puede poner reglas y prohibiciones al margen de la autoridad sanitaria nacional.

 

¿Qué puede importar que el artículo 1º de la Constitución federal prohíba expresamente la discriminación por razones de edad, entre otras, si una transnacional se pone en plan de autoridad sanitaria?

 

En esta ciudad capital tenemos la experiencia de sufrir las ocurrencias de la autoridad local, en forma de prohibiciones, limitaciones y normas que rebasan por mucho las señaladas por la Secretaría de Salud, y que luego se cambian, flexibilizan o simplemente se dejan discretamente al olvido, en lo que parece una especie de plaga de epidemiólogos improvisados y de exhibicionistas políticos de ocasión.

 

Aquí se han violado derechos ciudadanos con el ridículo pretexto de proteger la salud, logrando que, curiosamente, muchas víctimas del terror inducido crean que así debe ser porque ya se sienten como el personaje central del velorio.

 

Sin embrago, cabe recordar que en ningún momento la autoridad sanitaria federal ha dispuesto medidas de carácter coactivo u obligatorio a los ciudadanos. El terrorismo ha corrido por cuenta de la prensa chayotera y de algunos gobiernos locales.

 

Sabemos que muchas decisiones empresariales no pasan por el filtro de la autoridad “competente” porque ésta se encuentra atrapada en la burbuja de sus oficinas, coro de subalternos, tropa de cazadores de notas y fotos con posibilidades de ser palancas electorales, porque son tiempos de amnesias inducidas y logros maquillados.

 

Como nota aparte, no deja de sorprender que, por ejemplo, la alcaldesa o la gobernadora vayan a tal o cual parte a “supervisar” alguna obra de rehabilitación urbana o programa en marcha, y me surge la pregunta siguiente: ¿tendrán capacidad técnica para supervisar tanto obras de ingeniería como dispositivos de salud, o sólo será una forma amable de decir que fueron a un lugar donde alguien estaba haciendo algo y fueron a posar porque habría fotógrafos de por medio? ¿Saldrá bien colocado el cubrebocas?

 

En una escala estratégica, paré en ISSSTESON e hice un trámite con respuesta inmediata, gracias a una amable y eficiente empleada, quedando claro que los trabajadores son los que mueven al sector público, mientras que los jefes y otros seres jerárquicamente superiores hacen lo contrario y dan explicaciones ridículas acerca del porqué de la carencia de medicamentos, materiales de curación, equipo, o personal de salud especializado en sus unidades de atención.

 

Me quedo con la idea de que se toman medidas dizque protectoras del ciudadano y son meras formas de discriminación, verdaderas agresiones a la dignidad de las personas, claras violaciones a los derechos humanos, torvas manifestaciones de ignorancia y, finalmente, pendejadas con disfraz de disposición oficial.

 

Es claro que Walmart no debe ni tiene porqué discriminar a los clientes, y que una mujer embarazada o un adulto mayor deben ser respetados y protegidos simplemente reconociendo sus derechos, y no queriendo imponer reglas o normas que carecen de fundamento legal, razón por la cual las autoridades competentes deben intervenir.

 

No estaría mal que en el gobierno estatal o municipal dejaran un poco la campaña de autopromoción electoral para cumplir mínimamente con su deber. ¿Podrán darse tiempo? ¿Querrán? ¿Lo tendremos que resolver en 2021?

 

Hablemos de los fideicomisos

  

“El gobierno es un fideicomiso, y los oficiales del gobierno son fideicomisarios. Y el fideicomiso y los fideicomisarios se crean para el beneficio del pueblo” (Henry Clay).

 

 

El tema de moda, que viene cargado de emociones encontradas y de enormes despliegues mediáticos donde la saliva corre caudalosamente, es el de los fideicomisos.

El fideicomiso es un contrato en virtud del cual una o más personas (fideicomitentes o fiduciantes) transmiten bienes, cantidades de dinero o derechos, presentes o futuros, de su propiedad a otra persona (fiduciaria, que puede ser física o jurídica) para que administre o invierta los bienes en beneficio propio o de un tercero llamado beneficiario, y se transmita su propiedad al cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario, es decir cualquier persona que tenga autoridad para administrar los bienes de otra persona a quien se le permite hacer tareas sin lucrar de estas, y que puede ser el fiduciante, el beneficiario u otra persona.

Seguramente usted ya tiene una larga lista de adjetivos que aplicar a esta figura y muy probablemente le faltarán otros cuya contundencia hablará de su enojo, complacencia o indiferencia respecto a la desaparición de una figura legal de cuya existencia muchos no tienen idea.

El ciudadano de a pie generalmente no se entera de la existencia de bolsas o fondos cuya cuantía puede ser significativa, porque generalmente permanecen ocultos tras el velo de la supuesta respetabilidad de las instituciones involucradas, que pueden ser judiciales, deportivas, culturales, científicas, entre otras.

En cualquier caso, lo que está en juego es una cantidad de dinero que bien puede contarse por miles de millones de pesos, aunque de su administración no se sepa nada o casi nada.

Así pues, ahora nos enteramos que el cocinero Daniel Ovadia, primo de Salomón Chertorivsky exsecretario de Salud de Calderón, fue beneficiario de varios fideicomisos del CONACyT durante el gobierno de Peña Nieto; o que varios fideicomisos se crearon para proveer a las necesidades de los magistrados de la SCJN que van desde abultar sus pensiones, complementar su asistencia en materia de salud, o mejorar sus viviendas; habiendo otros de carácter cultural que apoyaron proyectos cinematográficos como las películas de Eugenio Derbez; o el fideicomiso que apoyaba a Sabritas para el desarrollo de nuevas frituras, entre muchos otros.

Son 109 fideicomisos los que desaparecen y cuyos fondos milmillonarios pasan a la administración directa de la Secretaría de Hacienda, lo cual alborota hasta la histeria a muchos de los, hasta el momento, beneficiarios de las bolsas siempre discretamente ocultas al escrutinio público.

La desaparición de los fideicomisos trae aparejada la revisión escrupulosa de su funcionamiento, lo cual significa que muchos administradores y beneficiarios van a salir raspados y prácticamente con boleto para montar algún espectáculo de tiendas de campaña, protestas en medios de comunicación, sainetes en los recintos legislativos, plantones y performances con el tema de la dictadura, el asalto y cancelación del derecho al bienestar personal, gracias al dinero público ordeñado en forma de apoyos y asignaciones a beneficiarios suertudos e impunes… hasta el momento.

Para no hacer muy largo el cuento, le comento que el monto total en la bolsa de los fideicomisos en México es de $835,477 millones 800,000 pesos, lo que equivale al 15.82% de todo el presupuesto de 2018 y al 4.12 del PIB (Fundar, A.C., 2018).

Lo anterior seguramente explica por qué los panistas, priistas, perredistas, emecistas y, de repente, los petistas aúllan desconsolados y se rasgan las vestiduras, mientras ven que no sólo vuelan las tiendas de campaña en el Zócalo de la CDMX, sino también las expectativas de engordar el cochinito personal a costa de dinero público.

La extinción de los fideicomisos sube la canasta y empuja al destete de la ubre que estaban alimentando a miles de parásitos presupuestales, becarios, traficantes de influencias, holgazanes empedernidos y farsantes de diversa ralea.

La extinción de los fideicomisos no significa la suspensión de los apoyos, sino la eliminación del manejo discrecional de los recursos.

Por eso el crujir de huesos y el rechinar de dientes en la Cámara de Diputados y en las cámaras empresariales. No es fácil ver cancelarse la puerta de acceso al botín de poco más de 800 mil millones de pesitos, aunque sean devaluados y que ahora pasan al control de la Secretaría de Hacienda. Por eso chillan como marranos.

       

 

Desinfección por decreto

 

“El liderazgo significa inspirarnos para superar nuestros temores. La demagogia significa explotar nuestros miedos con fines políticos. Existe una diferencia fundamental” (Al Gore).

¿Usted cree que una infección de niveles pandémicos puede atajarse con decretos, leyes y demás medidas que criminalizan un evento natural recurrente y, lo que es peor, a quienes no acatan las disposiciones coactivas y robóticas resultantes?

Sinceramente no es correcto ni útil para combatir bichos como los coronavirus, de asombrosa ubicuidad y capacidad contagiosa, soltarse emitiendo leyes o decretos que obliguen al ciudadano a observar tales o cuales medidas sanitarias que pretendan ir más allá de lo que disponen las autoridades federales de la materia, en coordinación con los organismos internacionales dedicados a la salud.

Busto de Campodónico,
en Rosales y Serdán.

Vemos que se ponen de moda los cubrebocas, y que al margen de las condiciones que hacen recomendable su uso, algunas autoridades estatales insisten en demostrar cuán obtusas pueden ser y de qué tamaño son sus impulsos represivos al proponer leyes que obliguen al ciudadano a determinadas conductas consideradas por los promoventes necesarias e incluso indispensables para librarnos de contagios, pero que caen en el terreno de los dogmas y se convierten casi en objeto de culto.

¿Será que es mucha su necesidad de aparecer bajo los reflectores del Congreso del Estado, demostrando que no sólo cobran generosas dietas sino que además son capaces de proponer algo, aunque sea ridículamente desproporcionado?

El impulsar una ley para declarar obligatorio el uso del cubrebocas cuando la curva de contagios va para abajo es una vacilada, como también lo es si se considera que es una medida auxiliar recomendada en lugares cerrados, con escasa ventilación o cuando no es posible guardar la sana distancia, para lo cual no se necesita legislar sino establecer una campaña informativa inteligente.

Es claro que algunos legisladores y otras autoridades locales prefieren optar por el garrote legal y la punibilidad de ciertas conductas antes que informar, convencer y, sobre todo, documentarse adecuadamente antes de abrir una causa contra el ciudadano y los derechos humanos. Primero fue el ciudadano y parece que ahora el blanco de la acción “legal” será el empresario.

Da la impresión que las medidas recomendadas para lugares públicos cerrados como comercios, bancos u otras instituciones con aforo de personas se acaban de inventar, en un ejercicio de muy poca memoria o de mucho protagonismo.

Cuando se trata de posar para la historia legislativa de Sonora no debe haber reparos de carácter médico, científico o técnico, y basta con montarse en la histeria colectiva creada por la propia desinformación que reina en el medio local para hacer de héroe sanitario y adalid en la lucha contra ese horrible bicho microscópico que “si te contagias, te mueres o quedas jodido de por vida”.

No dudo que los señores legisladores de Sonora vayan a levantar la mano volteando a ver si hay alguna cámara dispuesta a capturar el momento solemne en que pronuncia el “sí” a la iniciativa, pero “en favor de la salud” de los sonorenses y con cargo a los sufridos dueños de establecimientos, aunque con sanciones revisadas y atenuadas, porque lo importante es de carácter mediático y, desde luego, preelectoral.

Con lo anterior queda al descubierto la orfandad política, la poca formación legislativa y la ignorancia pedestre sobre el sentido de las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud.

Con todo respeto, pero este tipo de decisiones no ayuda a la salud ciudadana, aunque fortalece la especie de mitología que se teje en torno al evento epidemiológico del año, y permite encaramarse en la desinformación para cosechar algún reconocimiento por haber levantado el dedo de la participación legislativa.

Así las cosas, no estaría de más que quienes toman las decisiones en materia de salud tuvieran el cuidado de coordinarse con las autoridades sanitarias nacionales y no siguieran empeñados en redescubrir el agua tibia metidos en una burbuja de autocomplacencia.

Señores y señoras legisladores de Sonora, basta de necedades. Si no tienen nada sensato y útil que proponer, mejor sigan pastando en la pradera del Congreso, cobrando sus generosos estipendios y dejando que la vida siga su curso.

Proponer una iniciativa de ley para luego bajarle la cafeína no tiene mucho sentido, porque hay que recordar que una epidemia describe una trayectoria cíclica: hay un período de auge, de estabilización y de declive. En este caso, la curva de la epidemia de Sonora va en descenso.

La mejor decisión para el ciudadano es actuar con responsabilidad y prudencia, acatar las medidas preventivas establecidas desde el inicio por la autoridad competente y mil veces reiteradas en cadena nacional por el doctor López-Gatell, y dejar de lado las tonterías pueblerinas coactivas o represivas que lesionan derechos ciudadanos. Más seriedad.

 

 

         

 

 

El derecho de protestar

 “El primer principio de la protesta pública o privada es que no puede estar relacionada con cosa alguna de lo que el que protesta pueda ser responsable” (P.D. James).

Según el diccionario, protestar significa “exponer una persona de forma vehemente su queja, oposición o disconformidad por algo que considera injusto, inadecuado, ilegal, etc.”, y ya entrados en gastos, diremos que vehemente significa que se manifiesta “con ímpetu, viveza o pasión”.

En ninguna parte de la definición existe elemento alguno que suponga que protestar sea sinónimo de vandalizar, que significa “cometer acciones destructivas contra la propiedad pública”.

De lo anterior se desprende que no es lo mismo protestar que vandalizar y que son acciones independientes que responden a propósitos políticos distintos.  

Mientras que la protesta es una expresión pública de objeción o desaprobación de una acción o idea, el vandalismo carece de propuesta y sólo daña la propiedad pública (o privada), lo que genera un clima de hostilidad e inseguridad social además de desvirtuar la inconformidad legítima, ya que se toma como pretexto de conductas antisociales. La primera busca vías de entendimiento mientras que el otro impone una agenda caótica a la sociedad.

Es claro que los ataques contra la propiedad pública no constituyen vías de conciliación o medios válidos para reivindicar un derecho.

En el mejor de los casos la toma de edificios públicos, destrucción de aparadores comerciales, ventanales, cajeros automáticos, plafones, paradas y unidades de transporte público, las pintas o el daño a vehículos privados, paredes, monumentos y equipamiento urbano, reflejan simplemente la falta de conciencia social, el subdesarrollo emocional y político de quien ejerce el vandalismo; y en el peor escenario, da cuenta de una agenda perversa de caos social y desestabilización política.

Queda claro que la protesta tiene fines de mejora social mientras que el vandalismo es, más que un desahogo visceral, el trabajo sucio de peones políticos.

Tenemos ejemplos recientes de actos vandálicos en las acciones de la turba de mujeres que se arman de pintura, martillos y otros objetos contundentes y la emprenden contra la propiedad y servidores públicos en un sainete ridículo, tan condenable como cualquiera de los que protagonizan las bandas de porros que se infiltran en las manifestaciones pacíficas.

A estas alturas, casi nadie duda que el clima de inseguridad resultante esté relacionado con la escalada de descalificaciones y francos ataques contra el actual gobierno federal, protagonizados por varios actores, entre los que se encuentran:

A) El grupo de despistados pastoreados por Gilberto Lozano, un fascista de guarache, instalado mediáticamente en una parte del zócalo capitalino, entre rezos y maldiciones contra el presidente legal y legítimo de los mexicanos;

B) Acciones sediciosas de empresarios y políticos ligados al viejo régimen;

C) Gobernadores con finanzas opacas que quieren sostener la discrecionalidad en el gasto y réditos electorales;

D) La intelectualidad mercenaria y la prensa lacayuna aficionada al chayote que hizo del ejercicio periodístico un negocio prostibulario cuya materia prima es negociar la verdad a cambio de pagos y estímulos monetarios, y finalmente:

E) Los grupos porriles de “feministas” financiados por empresarios tales como María Beatriz Gasca Acevedo, mano derecha del priista Raúl Beyruti de GIN group (El Universal, 28/09/20) o las reclutadas por la priista Xóchitl Fuentes Martínez financiada por Grupo Femsa (Revolución 3.0, 28/09/20), además de los grupos formateados ideológicamente por opinólogos como Denise Dresser, del ITAM.

Aquí es inevitable señalar que la manifestación por un “aborto libre, gratuito y seguro” escenificada violentamente en la Ciudad de México el día 26 de septiembre, carece de sentido, toda vez que ahí es legal y cuenta con las garantías de salud siempre y cuando no rebase las 12 semanas de gestación. Si es legal, entonces ¿qué es realmente lo que persiguen? ¿A qué intereses responden sus acciones violentas?

Al respecto, en el caso de Sonora, existen dos excluyentes de delito: cuando es producto de un evento involuntario, accidental o el embarazo es consecuencia de una violación, y cuando el embarazo pone en peligro la vida de la mujer. Aquí tampoco aparece como necesario el ejercer acciones destructivas o violentas contra personas o edificios, dado que existen vías institucionales para atender inquietudes o propuestas de la parte interesada.  

Desde luego que no falta quién apoye el desorden, la violación de la ley y los derechos humanos, con el pretexto de que el ruido y la destrucción hace que las autoridades “volteen a ver” a las víctimas de agravios, como si no fuera posible otra vía, como si el estado de derecho pudiera ser realidad en el caos, e ignorando convenientemente la perfectibilidad de las normas jurídicas y los esfuerzos que se hacen para erradicar la corrupción y el resultado de décadas de simulación y discrecionalidad. 

Hoy más que nunca se ha garantizado la libertad de expresión y la libertad de manifestación de inconformidades y disensos, sin embargo se ha incrementado el tono y la frecuencia de las descalificaciones, los llamados a la insurrección, los intentos de lograr por la fuerza lo que no se logró en las urnas electorales, los esfuerzos por descarrilar a un gobierno que está trabajando en la reconstrucción nacional y dignificando el servicio público, además de ser ejemplo internacional en materia de programas de asistencia social, como “Jóvenes construyendo en futuro”, replicado en Escocia (El gato político News, 23/09/20) y el de apoyos a adultos mayores en EEUU (El Financiero, 24/09/20).

Lo anterior da cuenta de que el viejo régimen da coletazos agónicos, que sus beneficiarios no quieren reconocer que el pueblo decidió mandarlos al basurero de la historia, que nos encontramos en la construcción de una nueva civilidad donde la justicia debe y puede ser para todos, sin influyentismos, sin chayote, sin corruptelas ni manoseos de la verdad.

Ahora, lo que queda es que el pueblo preserve su identidad y memoria, y siga ratificando con su actuar diario la decisión que tomó en el pasado proceso electoral para hacer realidad una sociedad mejor, donde todo mundo quepa y donde todo mundo cuente.