El semáforo de todos tan temido

 

“Que cada uno barra delante de su propia puerta, y todo el mundo estará limpio” (Johann Wolfgang von Goethe).

 

Somos una sociedad de paradojas, colgada del hilo de nuestras necesidades y apremios que ponemos por arriba y delante de cualquier consideración ajena al interés personal: la epidemia les pega a otros. Puede ser un vecino, un pariente lejano, alguien de una ciudad distinta a la nuestra, algún país extranjero metido en las tripas de este mundo caótico pero deseable. 

Con esta convicción, muchos… bastantes de nuestros congéneres navegan por la vida negando la realidad, negociando su bienestar o la satisfacción de sus apetitos, compulsiones o deseos debidamente maquillados y vestidos de necesidad apremiante, que puede ser una fiesta, la pisteada del viernes, el cumpleaños, las posadas, entre otros. Aquí vale aquello de que la justificación somos todos.

Sabemos que la economía debe funcionar, que no estamos preparados para resistir tiempos prolongados de austeridad y frugalidad, que muchos dependen del trabajo en la calle y sin seguridad social para conservar el alma pegada al espinazo; vemos al vendedor ambulante, a la señora que busca trabajo en alguna casa, del que se ofrece para limpiar el patio, la banqueta del enfrente, el que atiene el carro de los hot-dogs y el “bolero”, como parias necesarios en estos tiempos de “quédate en casa”.

Nos enteramos de que muchos negocios pequeños o micronegocios están en plena agonía, mientras los grandes y medianos recortan personal y reprograman turnos y procedimientos, a la par que hacen presión ante las autoridades competentes para torcerle el brazo al semáforo de riesgo epidemiológico y darles “chance” de trabajar.

En este tiempo de desastre económico por fortuna también se promueven novedosas modalidades de venta acordes con las circunstancias, y así nos encontramos con el llame y recoja, la atención previa cita, los servicios a domicilio, y las medidas de contención al interior de los locales en forma de control del aforo, horarios, tapetes, gel-alcohol, uso de cubrebocas y toma de temperatura que dicta la autoridad como respuesta al nivel de contagios registrado. 

Sin embargo, la conciliación del interés por salvaguardar la salud de la población y la buena o razonable marcha de la economía se ve envuelta en mil y una interpretaciones conflictivas que, generalmente, privilegian más la apariencia que la respuesta a la necesidad real y cruda que nos impone la epidemia.

En este sentido tenemos supuestos como el que hace que los negocios cierren más temprano, mientras en el día se observan largas filas en espera de ingresar al banco, a la tienda de ropa, al super… como si el virus sólo tuviera horario nocturno para contagiar.

Desde luego que también se presentan situaciones ridículas, como las de señalar como necesario el cubrebocas en los espacios abiertos y suficientemente ventilados, o creer que con esta prenda en la cara podemos estar hechos bola en donde se nos ocurra.

Como dato consolador tenemos que las lecciones producto de la emergencia sanitaria dan algunos frutos, entre los que vale la pena considerar la negativa a penalizar legalmente a las personas que incumplan ciertas recomendaciones, como lo es el uso del cubrebocas, a cambio de dar mayor peso a la difusión de las medidas que se consideran útiles en la prevención de los contagios.

Asimismo se reconoce el acatamiento del semáforo de riesgo epidemiológico, según el acuerdo entre el gobierno federal y los estatales, basado en la misma Ley general de Salud, y se aprueba una iniciativa que busca diferenciar los impactos de la epidemia en los municipios de Sonora, considerando las características que tienen en cuanto densidad de población, dinámica social y actividad económica, así como la tasa de contagios, de letalidad, disponibilidad hospitalaria, entre otros que configuran el nivel de riesgo.

Así pues, la iniciativa “Por un Sonora en Semáforo Verde” anuncia el “Mapa Sonora Anticipa”, que habrá de alertar a la población de los diversos municipios acerca de las medidas particulares que se recomiendan para controlar el nivel de contagios y, eventualmente, situarnos en el color verde del semáforo de riesgo epidemiológico, lo que supone acciones concertadas entre gobierno y los diversos sectores económicos y sociales de la entidad (Expreso, 26.11.20).

Queda claro que la ley del garrote no funciona, como lo demuestra el ejemplo de países y regiones donde se han implementado medidas que pasan por encima de los derechos ciudadanos y que, sin embargo, siguen incrementando el número de contagios y de víctimas fatales.

Al parecer, la estrategia del gobierno federal está empezando a entenderse y es posible que si se trabaja de manera coordinada nos sea más fácil sortear el terrible azote viral que propicia el caos y la desesperación en todos los rincones del mundo. Podemos hacer la diferencia.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La reforma universitaria de enfrente

 

“La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo” (Paulo Freire).

 

La actual ley orgánica de la Universidad de Sonora, conocida como Ley 4 o Ley Beltrones, postula una forma de organización con fuerte incremento de la burocracia universitaria, de los órganos de gobierno y de la dislocación entre la comunidad universitaria y la administración.

No se puede decir que sea una ley democrática y ni siquiera funcional para los propósitos de mejoramiento de la calidad educativa y la oferta académica oportuna, pertinente y futurista para una universidad al servicio de los sonorenses.

Al parecer su propósito central fue y sigue siendo el fortalecer los mecanismos de control y hacer valer las decisiones de un, ya no tan pequeño, grupo de iluminados que marcan el rumbo de la institución de educación superior autónoma más reconocida regionalmente.

Su promulgación, el 22 de octubre de 1991, borró de golpe las aspiraciones de participación amplia de los sectores universitarios en el destino institucional, centralizando lo que apuntaba hacia la transparencia de los procesos democratizadores y las corresponsabilidades de autoridades y miembros de la comunidad universitaria que consagraba la ley anterior, dejando como una gran mayoría marginal a los académicos, los estudiantes y los trabajadores universitarios.

Recientemente se han manifestado fuerzas que promueven el cambio de la ley orgánica buscando su democratización, y encontramos que legisladores de Morena y el propio candidato avalado por el Consejo Estatal de dicho partido se pronuncian a favor de una nueva ley orgánica; incluso se sabe de la intención de solicitar que la elección del nuevo rector “se aplace hasta después de los comicios electorales de 2021” (Expreso, 19.11.20).

Esto último parece no corresponder al dicho del sonante precandidato de Morena, Alfonso Durazo, quien se proclama “respetuoso de la autonomía universitaria” (misma fuente), pero sucede que no se puede ser tan respetuoso cuando se pretende dar línea (intervenir, pues) en los tiempos de un proceso que compete legalmente a los órganos universitarios facultados para ello.

Una ley orgánica no puede ni debe ser argumento de promoción electoral, ni se debe impulsar su reforma por razones coyunturales, o llevarse a cabo a empujones. En este sentido, debe ser la propia comunidad universitaria la que, de acuerdo con su experiencia y expectativas, proponga el contexto normativo deseable para el desarrollo de las funciones institucionales acordes al futuro que se pretende construir.

En este caso, cabría esperar que la voluntad de los universitarios de Sonora pudiera sumarse al nuevo impulso macrosocial que la Cuarta Transformación pretende darle a la educación superior nacional, y situar la reforma en el contexto de las necesidades a satisfacer y las particularidades sociales, económicas, culturales y políticas de nuestro estado.

Es claro que no puede haber un plan transformador sin diagnóstico previo, y sin horizonte de corto, mediano y largo plazo que defina y establezca los objetivos y metas a lograr.

Aquí es necesario pensar en el contenido de la reforma desde la definición del modelo de universidad que queremos, es decir, primero debemos responder a las preguntas ¿qué tipo de universidad queremos?, ¿cuál es el objetivo o propósito transformador que orienta la reforma?, ¿a quiénes va dirigida la reforma?, ¿cómo implementaremos la reforma? En forma simplificada: ¿para qué reformar, para quién, y cómo reformar?

Siendo una institución de educación superior, antes que cualquier otra cosa se debieran responder las siguientes interrogantes: ¿a qué propósitos va a responder la organización académica y administrativa; qué ideal social va a animar a sus egresados en su quehacer profesional; qué transformaciones sociales, económicas, culturales, políticas se van a impulsar desde la universidad?

Salvo mejor opinión, pienso que la democratización universitaria no debe ser más que la consecuencia de un nuevo modelo académico-administrativo-cultural que debe corresponder a la puesta en marcha de la nueva educación, la educación post-neoliberal, democrática, incluyente, equitativa y justa, socialmente comprometida con el pueblo que la sostiene.

Es decir, debe definirse primero el modelo universitario que responda a la expectativa de progreso y bienestar con justicia social que Sonora necesita y que, en lo nacional, el actual régimen federal impulsa, y luego la forma en que va a operar en nuestra realidad para transformarla, así que primero debamos responder el para qué, el para quién, y finalmente el cómo operará el modelo transformador, donde figura no sólo el marco normativo sino el modelo curricular.

Así pues, hablar sólo de la democratización como el objetivo de la reforma hace que el discurso se quede muy corto frente a las necesidades de transformación nacional y local, en las que la nueva educación universitaria debe tener un papel no sólo formativo sino integral, con contenido humanista, ideológico y ético, en tanto contribuyente al cambio social y económico que el país y la entidad reclaman.

 

   

 

 

La pandemia, oportunidad de negocios.

 

“Medidas más duras contra COVID-19 dan mayor capital político” (Carlos Petersen).

 

Con la epidemia nos encontramos con una de las grandes oportunidades del sistema de mercado y ejemplo de su capacidad adaptativa. Así, tenemos que una tragedia de salud se convierte en ventana de oportunidades para los nuevos y viejos emprendedores que olisquean los vientos de la patogenicidad viral y, de inmediato, lanzan ofertas de suplementos alimenticios, medicamentos milagrosos y eficaces.

En este tiempo tampoco podían faltar rutinas preventivas que se convierten en protocolos obligados para cualquiera que aprecie su salud y, destacadamente, accesorios como el cubrebocas que alcanzan la importancia del calzón o el brasier según, en su momento, atinó a declarar una improvisada epidemióloga municipal (proyecto puente, 15.07.20).

De la mano de noticias y advertencias alarmantes que ponen en riesgo su estabilidad emocional, surgen otras que hablan de la versatilidad del mercado y sus infinitas posibilidades: el comercio de “artículos Covid” vive sus mejores tiempos.

La venta de cubrebocas NK95 y tricapa, las caretas, el alcohol en gel, las toallas y soluciones desinfectantes, los tapetes “sanitizantes”, los guantes, y últimamente la pujante industria emergente de los cubrebocas de tela con colores y diseños especiales, abre un abanico de opciones nunca imaginadas (El Imparcial, 11/11/20).

Así pues, las grandes farmacias, las boticas de barrio y las simples tiendas de miscelánea que abundan en el centro de la ciudad hacen su día gracias a la epidemia o, más concretamente, a la sinergia entre el virus, el alarmismo mediático y las razonables advertencias y recomendaciones de las autoridades en algunos casos competentes.  

El fenómeno comercial desencadenado por la epidemia no es exclusivo de nuestra entidad, ahora en riesgo alto según el semáforo epidemiológico que nos pone de color anaranjado, sino que se observa en el nivel nacional y más allá.

Según reporte de La Jornada (11/11/20), la Asociación Nacional de Farmacias (Anafarmex), registra un incremento muy importante en las ventas gracias a la demanda extraordinaria de cubrebocas, ya que el 80 por ciento de los 127 millones de habitantes del país lo utiliza.

Al respecto, informa que no sólo existe oferta en el comercio tradicional si no que ahorra se tiene una muy significativa presencia en las ventas por internet, donde diversas marcas compiten en un mercado en expansión, y cuyos precios van desde 15 pesos por unidad hasta $4 mil pesos en marcas de lujo:

“En tiendas en línea como Amazon y Mercado Libre, los precios dependen de la cantidad de unidades a adquirir; por ejemplo, un paquete de tres piezas reutilizables cuesta 350 pesos; mientras un pedido de un millón de piezas de cubrebocas N95 con certificado tiene un valor de 64 millones de pesos.

“Marcas como Fendi ofrecen cubrebocas con valor de hasta 4 mil 540 pesos o Dolce & Gabbana que vende un conjunto coordinado de corbata con cubrebocas a un precio de 5 mil pesos”, señala el citado rotativo nacional.

La epidemia ha hecho volar la imaginación de los mexicanos, no sólo en materia de promoción de ventas sino en lo que corresponde a la interpretación de los datos que difunde diariamente la Secretaría de Salud, ya que existen fuentes que centran su atención en la cifra de los muertos y no toman en cuenta la de los recuperados, y le dan un peso mayor a los contagios antes de que hayan sido comprobados en laboratorio, con lo que generan falsas alarmas y exageraciones no necesariamente mal intencionadas pero que resultan en alarma y compras de productos farmacéuticos que nada tiene que ver con la enfermedad Covid-19 que suponen combatir.

Tampoco escapa de la atención del público el manejo faccioso que se ha hecho de la epidemia, enderezando críticas y ataques contra el gobierno de López Obrador, en contraste con el reconocimiento que ha recibido por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por su oportuna respuesta sanitaria.

En nuestra entidad tenemos que, mientras muchos giros comerciales considerados no esenciales luchan por sobrevivir ejerciendo presión en las instancias oficiales, los giros cuyo funcionamiento es necesario ven restricciones en sus horarios de funcionamiento, afectando todo ello la marcha de la economía y la seguridad sanitaria de la población.

Si Sonora se encuentra en semáforo color naranja, razón de más para que haya prudencia y se manifieste el buen juicio de las autoridades y la actitud responsable de la población, a fin de evitar en lo posible los contagios y el daño económico que el alarmismo y las decisiones torpes y arbitrarias pudieran ocasionar.

El respeto a los derechos humanos y la información oportuna y veraz deben ser la norma antes que la imposición, la falta de respeto y la coacción contra los ciudadanos.

 

http://jdarredondo.blogspot.com  

No me defiendas, compadre

 

“La pregunta es, ¿quién está promoviendo la ignorancia? Bueno, esas organizaciones que tratan de mantener las cosas en secreto, y esas organizaciones que distorsionan información verdadera para hacerla falsa o desvirtuada. En esta última categoría, está la mala prensa” (Julian Assange).

 

Nos enteramos por la prensa que en algunos municipios se implementan medidas para evitar que suban los contagios, y optan por dictar las restricciones propias del caso.

En Nacozari, por ejemplo, quedan suspendidas todas las actividades no esenciales, lo que incluye eventos públicos y privados, gimnasios, actos religiosos y deportes, pero lo que llama la atención es que “en negocios esenciales solo podrá entrar una persona por familia, queda prohibido el acceso a niños y adultos mayores” (Expreso, 29.10.20).

Desde luego figura la obligación de portar cubrebocas para clientes y empleados en los negocios esenciales por ser una fuente potencial de contagios, y a nadie le puede extrañar que se tomen precauciones en lugares cerrados donde haya frecuentes interacciones humanas.

Al respecto, se nota el contraste entre la respuesta de algunos gobiernos locales y el federal, ya que la propia Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en reciente reunión con gobernadores de la Conago dijo: “este gobierno no tiene previsto ni hemos contemplado la adopción de medidas de penalización administrativa por no respetar medidas de prevención y autocuidados, ni mucho menos toques de queda o restricción a los derechos humanos y garantías individuales” (Expreso, 30.10.20).

Sin embargo, en Sonora se tienen medidas restrictivas a partir del día 2 de noviembre, que establecen reducciones de horario en el funcionamiento de giros comerciales que luchan por sobrevivir y que cargan con los efectos de la reciente cuarentena, y se legisló sobre el uso del cubrebocas (El Imparcial, 29.10.20; Dossier Político, 03.11.20).

Lo anterior pudiera ser parte de una estrategia para reducir las posibilidades de contagio, pero tiene algunos aspectos que no quedan del todo claros.

¿Tiene sentido utilizar obligatoriamente el cubrebocas en espacios públicos abiertos y donde no hay problemas de ventilación, si se puede guardar la sana distancia y no se presentan síntomas de afección respiratoria?

Al reducir el horario en actividades básicas como las relacionadas con el expendio de alimentos, bebidas y otros productos necesarios para el consumo familiar, ¿se parte del supuesto de que el virus tiene un horario nocturno para los contagios, y por eso hay que cerrar temprano?

La obligación de los clientes de usar el cubrebocas en el interior de restaurantes y demás centros de consumo, ¿supone que los usuarios sólo están a salvo en su mesa cuando comen y beben y que vuelven a correr peligro cuando se desplazan dentro del local al que entraron con cubrebocas, gel y pasaron por “tapetes sanitizantes”, y donde los empleados cumplen con las precauciones del caso?

¿No basta con una recomendación, así que hay que aprobar una ley que haga obligatorio el uso del cubrebocas para dar sustento a la eventual aplicación de sanciones y “resolver” el problema de los contagios? Cabe recordar que ya se aplica esta medida en el comercio local y que los negocios prohíben el ingreso de quienes no lo portan, por lo que la disposición en forma de ley tiene un cierto tufo recaudatorio.

Recordemos que el cubrebocas es una barrera física que sirve para proteger a los demás de las gotitas y aerosoles que se expulsan al hablar, toser o estornudar, y que no suple el lavado de manos y la sana distancia entre personas.

Ahora, ¿tiene sentido restringir solamente el ingreso de adultos mayores a los giros comerciales “que concentren más de 10 personas”? Un viejo es un ciudadano de pleno derecho y debe poder hacer sus compras, realizar trámites y vivir una vida dentro de los límites de la normalidad en un contexto de epidemia. Recordemos que en México está prohibida la discriminación por razones de edad (Artículo 1º Constitucional).

Si realmente se trata de “proteger” al adulto mayor, a los niños o a las mujeres embarazadas, ¿por qué no se les atiende primero en las filas de los supermercados, farmacias y demás giros esenciales obligados a respetar las precauciones sanitarias? Lo humanamente aceptable es darles facilidades. Es lógico que entre más pronto ingresen, sean atendidos y salgan del local menos riesgo hay de contagio.

En esta epidemia, lo peor que puede pasar es inclinarse por criminalizar al ciudadano, establecer penalidades y pasar por encima de los derechos humanos; justamente la conducta que la Secretaria Sánchez Cordero señalaba como inapropiada y que, sin embargo, parece que está siendo adoptada en Sonora. ¿Seremos así de primitivos?

¿Qué parte de los mensajes y recomendaciones del gobierno federal no se ha entendido en los estados? ¿Pensarán los gobernadores o alcaldes que con cualquier medida restrictiva se pueden combatir o moderar los efectos de una epidemia de alcance mundial que en un momento determinado cumplirá su ciclo?

Tenemos noticia de que cadenas comerciales (como Sears, Ley, Wal-Mart, Soriana o Carls Jr.) impiden, de plano, la entrada a adultos mayores y, en algunas, también a menores y embarazadas en clara la violación de sus derechos. ¿Intervendrá la Comisión Estatal de Derechos Humanos, o seguirá con la cabeza metida en el trasero? La protección de los adultos mayores empieza por el respeto a sus derechos.

¿Las grandes cadenas comerciales se mandan solas? ¿La histeria colectiva, la ignorancia y la presión mediática se convierten en política y norma administrativa? ¡No me defiendas, compadre!