“La economía como esencia de la vida es
una enfermedad mortal, porque un crecimiento infinito no armoniza con un mundo
finito” (Erich Fromm).
Sonora es un estado con un gran
potencial productivo cuya limitante importante es la mala distribución del agua
en un contexto semidesértico. Actualmente tenemos toda la mitad oriental y una
porción del poniente entregada vía concesión a empresas mineras, por lo que
sólo parte de la franja costera está libre de este tipo de sujeción económica.
Desde luego que es revelador que algunos
consideren “progreso” la grosera posesión de tierras para fines extractivos a
cargo de empresas extranjeras donde se llevan la palma las canadienses; por
supuesto que llenan las páginas periodísticas los beneficios de la extracción
minera y, naturalmente, se reflejan en el discurso de gobierno donde se subraya
la creación de empleos y el flujo de inversión que nos pone como estado
económicamente relevante.
Los milagros y bendiciones de la entrega
del territorio a transnacionales que asumen su función como repetidores
contemporáneos de los colonizadores del siglo XVI en Latinoamérica, bajo el
modelo de colonia de explotación en sociedades euroindígenas, nos da la pauta de
comportamiento de lo que vemos con un sistema económico que privilegia la
ganancia y desprecia la naturaleza, el ambiente y la cultura local.
Si usted cree que es bueno liquidar los
recursos en mayor cantidad y con mayor velocidad que en el pasado en aras de
dar paso a un presente y un futuro promisorio para los negocios, el empleo y la
inversión, debiera considerar que los resultados de mediano y largo plazo son,
en materia ambiental, salud y calidad de vida verdaderamente alarmantes:
tenemos poblaciones enteras dañadas por la contaminación ambiental, carentes de
agua potable y para riego, con economías locales y regionales sumidas en el
desastre ocasionado por la explotación minera, que “genera inversión, empleo y
bienestar”.
Basta una lectura ligera de la Ley
Minera vigente para darse de topes contra la pared de los intereses extranjeros
radicados en México, y sus nefastas consecuencias no sólo para la soberanía
nacional sino para el futuro sustentable de nuestra economía.
Pongamos por ejemplo el artículo 6º de
la citada ley:
La exploración, explotación
y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de
utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento
del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma, y
únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que
graven estas actividades.
El carácter preferente de
las actividades a que se refiere el párrafo anterior, no tendrá efectos frente
a las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás
hidrocarburos, así como frente al servicio público de transmisión y
distribución de energía eléctrica.
La Secretaría, previo a
expedir títulos de concesión, deberá solicitar información necesaria a las
autoridades competentes, a fin de verificar si, dentro de la superficie en la
que se solicita la concesión, se realiza alguna de las actividades de
exploración y extracción de petróleo y de los demás hidrocarburos o del
servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.
En caso de que la
información solicitada confirme la realización de alguna de las actividades a
que se refiere el párrafo segundo de este artículo dentro de la superficie para
la que se solicita la concesión, la Secretaría, con base en un estudio técnico
que realice con la Secretaría de Energía y en el cual se determine la
factibilidad de la coexistencia de actividades mineras con las actividades de
exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, o con las de
servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, en la
misma superficie, podrá negar la concesión minera u otorgarla excluyendo la
superficie que comprendan las actividades preferentes, en la medida en que
resulten incompatibles con la explotación minera.
Con base en el estudio a que
hace referencia el párrafo anterior, la Secretaría y la Secretaría de Energía
podrán establecer reglas de convivencia entre las actividades mineras y las
actividades estratégicas de
exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos y del
servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.
Como se ve, no se considera
para nada la protección de las actividades productivas agropecuarias, la
silvicultura o la pesca; no importa el derecho humano al agua, por lo que la
vida y el patrimonio de las comunidades está en peligro, ya que se nulifica el
derecho de propiedad privada y social en aras del desarrollo de la minería y
las actividades relacionadas con la producción de energía, en un contexto donde
la presencia de la inversión extranjera directa se permite y se propicia
mediante la privatización de áreas antes consideradas estratégicas como son la
petrolera y la eléctrica, puestas en liquidación por los gobiernos neoliberales
a partir de las reformas de Carlos Salinas de Gortari. Con la mano en la
cintura a usted le pueden expropiar “por causa de utilidad pública” su terreno,
vivienda y lo que se les ocurra.
A partir de las reformas
salinistas tenemos que a la ley minera pronto le siguió la Agraria y la de
Aguas Nacionales, en la línea de la entrega de nuestros recursos minerales a las
empresas mineras, porque la actividad seguramente “genera inversión, empleo y bienestar”
a las comunidades. Sería bueno preguntar a los habitantes del Río Sonora sobre
las bendiciones que les trajo dicha actividad, autorizada para depredar y
acabar con el ambiente y la forma de vida de los municipios ribereños.
Urgen reformas que garanticen
el respeto a la propiedad social y privada, que obliguen la responsabilidad
ambiental de los mineros, a la protección y garantía de la calidad de vida de
los ciudadanos. Es claro que la ley minera y las demás relacionadas deben
cambiarse en beneficio de México y, en particular, de los estados que cuentan
con recursos mineros y acuíferos, actualmente en grave peligro ambiental y
patrimonial. Se debe hacer un frente social y político contra el abuso
económico, en defensa de nuestro patrimonio y calidad de vida.
