Conspiración en Pémex

Notas Sueltas es un espacio de opinión sobre diversos problemas de carácter social, económico y político de interés general. Los comentarios pueden enviarse a: dalmx@yahoo.com

domingo, 28 de diciembre de 2014

Esta Navidad y fin de año nos siguen faltando


lunes, 22 de diciembre de 2014

¿Tras el 2014, podemos esperar algo mejor?

En estos tiempos que corren, el pensamiento y la acción neoliberales nos persuaden de que la luna puede ser de queso y que la economía funciona muy bien, a pesar de que la objetividad sugiere lo contrario. Así las cosas, el ingreso y la calidad de vida pueden disminuir en términos reales, pero la noticia de que las ganancias suben, ayuda a que los organismos encargados del arreglo estadístico nacional nos alegren la vida con promedios que presentan alguna imagen alentadoramente borrosa en materia de empleo e ingreso. ¿Qué sería de nuestra existencia si la realidad se nos presentara sin los siempre imaginativos colores y sabores oficiales? Algo similar ocurre con las siempre opresivas cifras de las muertes por causas ajenas a lo natural. 

Actualmente, tenemos una gran expansión de los asuntos funerarios, que abarcan minas, como Pasta de Conchos, así como la agreste campiña guerrerense donde un día sí y otro también se encuentran nuevas fosas con restos humanos, lo que da cuenta de una prolífica compulsión criminal que mata y entierra para ocultar temporalmente sus víctimas. A cualquiera le da la impresión de que en México la versión del Plan Colombia llamada Iniciativa Mérida (aprobada por el Congreso de EE.UU. el 30 de junio de 2008), contribuye eficientemente para acrecentar la inseguridad que carcome al país, particularmente en las zonas campesinas con gran biodiversidad en las que la economía rural y la organización comunitaria pueden ser un obstáculo cultural para el avance trasnacional a que se subordina el gobierno.

Tras los terribles sucesos ocurridos en Nueva York el 11 de septiembre 2001, que algunos expertos han calificado como un autoatentado, se desató una histeria que respondía al fantasma del terrorismo en el suelo patrio. Los medios de comunicación instalaron en la mente del gringo común la idea de ser la próxima víctima de un bombazo, de una fea y letal bacteria en el agua, el aire y hasta en el papel higiénico. A consecuencia de ello, el mediocre gobierno de Bush se reposicionó gracias al terror inducido y nuevas leyes hicieron de camisa de fuerza para las garantías constitucionales que protegen las libertades e intimidad del ciudadano gringo, quedando todo mundo en calidad de posible sospechoso de sedición. El Gran Hermano se convierte en realidad gracias al militarismo de la ultraderecha republicana encaramada en el poder, y la sórdida tarea de dominación mundial tiene sus mejores páginas. Atacan e invaden Afganistán, Irak y Libia, mientras que otras naciones de la región caracterizada por su riqueza petrolera, ven pisoteada su soberanía y disminuidas sus expectativas de paz  y progreso.

La maquinaria de guerra occidental liderada por EE.UU., hace funcionar la economía gracias a la destrucción y muerte de los ciudadanos de las naciones intervenidas, a la par que se crean empresas de asesores y de compañías constructoras que pronto las controlan política y económicamente, cercando la producción petrolera y expandiendo redes de dominación geopolítica.

En México, no hay un teatro de guerra convencional pero, en aras de un torpe colaboracionismo, bajo la cobertura de la Alianza para la seguridad y prosperidad de América del Norte (ASPAM) creada el 23 de marzo de 2005, Felipe Calderón emite una declaratoria de guerra “contra el crimen organizado”, dejando una estela inacabada de sangre tanto en el medio urbano como en el rural. El número de muertes asociadas a la guerra de Calderón es de aproximadamente 116 mil 100 personas. En los primeros 20 meses de su gobierno se registraron 18 mil 451 asesinatos intencionales, mientras que con Enrique Peña  Nieto la cifra alcanzó los 29 mil 417 homicidios dolosos en el mismo período.

La intervención del Ejército y la Armada nacionales en funciones propias de las autoridades policiales, han añadido un elemento preocupante en la ecuación del terror, ya que se han convertido en activos protagonistas del drama que vive la población civil en las zonas de conflicto, figurando como agresores y no como salvaguarda de la seguridad de los pobladores. Lo triste del asunto es que, cada vez con mayor frecuencia, la población civil es víctima de agresiones y ejecuciones extrajudiciales, tanto por elementos de las fuerzas de seguridad como por miembros de las fuerzas armadas.

Sin el ánimo de ser exhaustivo, señalaré algunos acontecimientos relevantes que ilustran el terrorismo que ha inducido el Estado, sea por omisión o por comisión.

En 1993 iniciaron los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. Las víctimas eran jóvenes de clase trabajadora de entre 12 y 25 años de edad. Con la firma del Tratado de Libre Comercio, el auge de la industria maquiladora ocasionó una expansión de la ocupación de fuerza de trabajo femenina y, al mismo tiempo, una escasa valoración de la misma bajo la idea de ser fácilmente sustituible y, por tanto, prescindible. Desde mediados de la década del 2000, la atención se ha desviado hacia el narcotráfico.

El 28 de junio de 1995, en Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, un grupo de campesinos demandaba la libertad de Gilberto Romero Vásquez que se encontraba desaparecido, además de agua potable, escuelas, caminos y hospitales. La manifestación  fue reprimida duramente por la policía con el resultado de 17 campesinos muertos y 21 heridos.

El 22 de diciembre de 1997, en Acteal, Chiapas, un grupo de paramilitares equipados con armas de uso exclusivo del ejército disparó contra indígenas tzotziles de la comunidad de “Las Abejas”, resultando 45 muertos, entre los que se encontraban niños y mujeres embarazadas. Existen testimonios que declaran que los militares armaron y animaron a los agresores a atacar a los indígenas, con el fin de acabar con la base social de los zapatistas.

El 15 de septiembre de 2008, estallan dos granadas durante la celebración de la ceremonia del grito, en Morelia, Michoacán. En los hechos, mueren tres personas y en la madrugada del 16, fallecen cuatro heridos graves; se reportan oficialmente 132 heridos, entre los cuales varias personas perdieron las extremidades. Tres ciudadanos declarados sospechosos de los atentados son secuestrados, torturados y obligados a confesar su participación en el atentado. Según el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, la “Familia Michoacana” fue la que entregó a los tres inculpados a la PGR. 

El 31 de enero de 2010, en una residencia del fraccionamiento Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, se celebraba una fiesta en la que se encontraban reunidos alrededor de 60 estudiantes de secundaria y bachillerato. A ella llegó un grupo de al menos 20 paramilitares fuertemente armados y masacró a 16 estudiantes y dejó heridos a 12. El gobierno se apresuró a anunciar que se había debido a un “ajuste de cuentas” entre grupos dedicados al narcomenudeo. El 11 de febrero, Felipe Calderón se presentó para encabezar el acto oficial llamado “Todos somos Juárez” con el propósito de reevaluar la estrategia contra el crimen organizado, que no convenció a los familiares de las víctimas quienes protestaron y fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad.

El 16 de julio de 2010, explota un coche-bomba en Ciudad Juárez, encontrándose en el lugar restos del explosivo C4 (fabricado en EE.UU.) y de un celular. El atentado dejó  cuatro personas muertas y un número indeterminado de heridos.

En Tlatlaya, estado de México, el 30 de junio de 2014, un grupo armado de 22 civiles fue ubicado en una bodega que pronto estuvo bajo el control del ejército. Los ocupantes se rindieron y, aun así, los soldados ejecutaron a 15 civiles desarmados, eliminando a los heridos con tiros de gracia en una clara ejecución extrajudicial.

En Ayotzinapa, municipio de Iguala, Guerrero, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, ocurre la represión policial, captura y desaparición de 43 normalistas rurales, hecho que  derrama el vaso de la pasividad del pueblo mexicano y horroriza al mundo. Las protestas y reclamos de justicia recorren México y el extranjero en una ola imparable de indignación, mientras que el gobierno cae en contradicciones respecto los avances de la investigación, lo que refuerza la sospecha de que fue un crimen de Estado, con el añadido de que se criminaliza la protesta y se legisla para amordazar las voces ciudadanas. 


¿Estaremos en presencia de una estrategia de dominación trasnacional cobijada por los gobiernos neoliberales? ¿El gobierno de México obra en beneficio de los planes de control de los recursos naturales donde el petróleo, el gas, el agua y la biodiversidad ocupan un lugar central? ¿Tenemos un gobierno que agrede y expulsa a los pobladores rurales para allanar el terreno de los inversionistas extranjeros? ¿Tenemos un gobierno que acata consignas del exterior y despliega acciones que infunden terror y confusión en la población? ¿Es un gobierno que mata? En este contexto, ¿será posible hablar de una feliz Navidad? ¿De seguir igual, podrá ser un próspero año nuevo? 

miércoles, 17 de diciembre de 2014

El gobierno que no fue

Los tiempos en que la gente podía confiadamente salir de noche, dormir con las puertas del domicilio abiertas, beber agua “de la llave” sin el temor de envenenarse, mandar a los chicos a la tienda de la esquina a la hora que fuera, dejar el carro sin candado, dispositivo electrónico inmovilizante y alarma o maldiciones gitanas al posible ratero; transitar libre y confiadamente por las calles y ver a la policía sin sentirse posible desaparecido o paciente de hospital, o cruzarse en el camino de jóvenes desaliñados sin el riesgo de ser candidato a asalto, vejación o muerte, parecen tan lejanos como lo son aquellos en los que el pueblo veía a los funcionarios de gobierno como modestos representantes del sistema y la administración de la cosa pública, respetables y no muy distantes del resto de la comunidad.

Las familias podían contar con los buenos oficios de algún ciudadano que servía en alguna dependencia oficial, para resolver pequeños problemas de carácter administrativo, ser orientados confiablemente y, dado el caso, ser apoyados en alguna gestión. La gente se conocía directamente o por medio de las infaltables relaciones de vecindad o parentesco. Se era amigo de la secretaria del señor director, del procurador, del jefe de la policía, del ministerio público fulano, del comandante zutano. Algunos presumían que tomaban café con el secretario de gobierno o con el mismísimo gobernador en alguna coincidencia en su cafetería favorita del mercado municipal.

Otros tiempos en los que la leperada quedaba a la vista más tarde o más temprano, y donde la gente se cuidaba y cuidaba a los demás de los resbalones y caídas propios del ejercicio de la función pública. Tiempos transparentes con sabor a pueblo, a relación de vecindad, a confianza que se refrendaba cada día y en los que el funcionario se cuidaba de delinquir y quedar expuesto a la severidad del juicio ciudadano. Más temible que la cárcel, más trascendente que el castigo oficial estaba la exhibición pública del defecto, la falla y el desliz. El control de la conducta y la calidad del servicio estaban en la propia conciencia cívica, en los valores y principios de quien tenía un cargo. El control de confianza corría por cuenta del ciudadano vigilante y del funcionario con respeto y autoestima.

Desde luego que ha habido en todas las épocas ovejas negras o grises. Nadie puede asegurar o siquiera sugerir que hubo tiempos en que la sociedad pudo confiar plenamente en sus dirigentes, o que las elecciones eran químicamente puras y limpias. Siempre ha habido léperos, ratas y viciosos, pero ninguno de ellos optó por el cinismo y el desprecio a la opinión pública como ahora se hace de manera sistemática. A nadie se le ocurrió hacer del descaro y la corrupción el entorno ideal para gobernar o ejercer cargos en la administración pública. Había cochis pero no tan trompudos.

De los años 80 para acá, la creciente influencia de los gringos en los asuntos públicos nacionales y el creciente subdesarrollo cívico y emocional de la clase político-empresarial ligadas a la trivialidad neoliberal, han traído consigo un cambio cultural que nos hace imitadores compulsivos de la vacuidad anglosajona, del descaro suelto y ridículo que huele a enervante y a ambición ramplona por poseer lo ajeno, de la manipulación grosera y torcida de la verdad y la viciosa tergiversación de la realidad propia y ajena. Los peores momentos de las series televisivas de factura anglosajona pasan por ejemplos de comportamiento social, de suerte que los escándalos privados saltan a lo público y los públicos revelan la purulenta realidad de lo privado. Al asalto de las instituciones de la república sigue la debacle educativa y cultural. Ahora tenemos figuras públicas emanadas de la farándula y políticos diseñados en un estudio de televisión.

La pestilencia política se expresa con gestualidad de zombi, de monigote deforme y autocomplaciente dedicado a las innobles tareas de la traición y el engaño institucionalizado, a la caza del voto mediante la compra o la componenda. Los partidos políticos terminan siendo inhóspitas regiones ideológicas y prósperos negocios electorales, por eso pueden coaligarse los opuestos, como el PAN y el PRD.

En tanto que los partidos funcionan como puestos de fritangas políticas, los gobiernos emanados de ellos sólo pueden ser establecimientos comerciales dedicados a la comercialización del engaño y la entrega de nuestros recursos al interés trasnacional, mientras que la economía no cumple su papel porque la política económica carece de objetivos de desarrollo propios. Al fomentarse la pobreza y la marginación, crece la criminalidad y el desaliento. Por eso la ciudadanía se cansa. Por eso hoy sale a las calles reclamando justicia y verdad. Carente de voluntad de respuesta, el gobierno reprime, criminaliza la protesta y coarta la libertad de expresión, redefiniéndose como un estado protofascista.


En ese contexto, la ciudadanía ve como rencorosa desconfianza al que la golpea, veja y hostiga. La represión se vuelve la única vía de contacto entre pueblo y gobierno y la naturaleza de las relaciones deja de ser civilizada para pasar a evidenciar una brutalidad impensable en un país donde las leyes formalmente protegen al ciudadano. Será por eso que el gobierno promueve iniciativas de reforma al marco legal en materia de seguridad, a las que el poder legislativo da su venia sin abordar los aspectos sustanciales de lo que está pasando en nuestra sociedad. Por eso nadie habla de golpe de estado dentro del aparato que sirve al poder, como lo hacen ya ciertos analistas independientes. ¿Cómo puede haber oposición si los partidos mayoritarios dejaron de serlo para funcionar como unidades de gestión legislativa neoliberal? ¿Cómo confiar en la lealtad y patriotismo de las fuerzas armadas si hacen el trabajo sucio del terrorismo de Estado?

¿Cómo ignorar que desde los doce años de poder presidencial del panismo hasta lo que va del retorno del PRI a Los Pinos, las víctimas de la represión han sufrido agresiones que afectan no sólo su integridad física sino también su dignidad? En los últimos años, cada vez es más frecuente que la tortura se añada la represión. Al respecto, Carlos Fazio en su libro Terrorismo mediático (Debate, 2013) señala que “la tortura es un instrumento político de la dominación violenta ejercida a través del Estado que busca crear un clima de miedo en la población. Es una actividad intencional y premeditada, programada de manera sistemática y científica para la producción de dolores físicos y psíquicos, que, además, constituye un asalto violento a la integridad humana.”

Cabe recordar que desde la docena trágica panista la seguridad nacional ha asumido la agenda antiterrorista de Washington, unciendo al carro del Comando Sur a nuestras fuerzas armadas, y subordinando al gobierno a esquemas de colaboración que afectan la soberanía nacional y que, en lo político, han permitido el relajamiento legislativo en materia de defensa del dominio de la nación sobre los recursos naturales y, en general, exacerbado la polarización de la vida económica. En este caso, se tiene un gobierno obsequioso con el extranjero y represivo y autoritario con los nacionales. Si no fuera así, ¿qué otra cosa podría explicar la política deliberada de atemorizar a la población? ¿A quién le sirve el miedo?


  En el bienio presidencial de Peña Nieto se han multiplicado y puesto bajo los reflectores de la nación y el mundo los renglones torcidos de la subordinación neoliberal nopalera. No podemos seguir así. 

martes, 9 de diciembre de 2014

País pasmado

Pues nada, que los señores legisladores federales gozarán de un aguinaldo digno de mejores causas y más dignos receptores. Las sumas excepcionales que en esta legislatura se han repartido con el fin de premiar  el aborregamiento de sus componentes, de cara a la aprobación de las reformas llamadas estructurales por el iniciador formal de las mismas, huele como a cañería. Quizá en otras latitudes esto pudiera suscitar alguna enconada reacción política con resultados revocatorios, pero en el país de las maravillas copetitlanas es improbable que la conciencia social se empareje con la política. Palo dado y aguinaldo concedido ni quien lo quite.

Los gozosos senadores y diputados están más que dispuestos a recibir el dinero que huele a incentivo comercial, parte de botín, mochada anual por servicios prestados a cargo del pudor y la dignidad legislativas, embarrada de manos y anestésico local para cualquier nostalgia moral y cívica. El dinero que fluye calma cualquier dolor de conciencia, remordimiento o sensación de ser prostituta política. La carne legislativa es carne clasificada, sujeta a las leyes de la oferta y la demanda de legitimaciones sexenales, de chapuzas legales, de recarpeteo de la otrora Constitución ejemplar en materia de derechos sociales. En el caso presente, la demanda ha quedado satisfecha con una oferta de votos que abulta el estercolero neoliberal mexicano, pues verdaderos monumentos a la estupidez se han convertido en ley, gracias a la venalidad de quienes hacen las leyes y de quienes juzgan su constitucionalidad.

El garrote legislativo parte del supuesto de que hay necesidad urgente de tapar el hueco generado por el gobierno en materia de certidumbre ciudadana, respeto a si se seguirá libre o vivo el día de mañana, a si alguien de la familia propia o vecina sobrevivirá por 24 horas más, en este país donde el infierno pintado por la  religión es una simple antesala del verdadero horror nacional, como si la desposesión de derechos y el incremento de obligaciones sirviera para mantener contentos o tranquilos o simplemente ajenos a los ciudadanos. La política de seguridad como la del combate a la corrupción es como la sobada tras el golpe, la disculpa tras el abuso y la mentada de madre, pero ¿quién se va a sentir más seguro con una policía corruptible centralizada y con funcionarios faltos de legitimidad? Parece que en México, la especialidad es la de no cumplir con las leyes, para después resolverlo mediante el truco de reformarlas o inventar otras.

Da lo mismo que el gobierno federal y el local sean encabezados por el PRI o por el PAN, porque las decisiones trascendentes en material legal o de política económica van abrazadas en amorosa coincidencia de intereses. El maridaje entre estos dos partidos es tan indisoluble como lo es el azúcar de la diabetes. Nos falla el páncreas nacional, el hígado de la historia y el riñón de la democracia. Nuestro organismo patrio está intoxicado por la ausencia de una verdadera división de poderes y por el potente tóxico de la corrupción institucional.

Por fortuna, los anticuerpos ciudadanos empiezan a fluir por nuestras calles y avenidas, y se manifiestan en plazas y espacios públicos nacionales y extranjeros, y reacciona el sistema autoinmune de la república atacando a los organismos patógenos del silencio y la complicidad mediática, en las redes sociales, en los barrios y colonias, en todos los espacios de opinión ciudadana libre y democrática. Las marchas y manifestaciones públicas oxigenan y desintoxican la conciencia ciudadana, aíslan y expulsan a los infiltrados y fortalecen la resistencia civil frente a los ataques y maniobras de la enfermedad social.

Era obvio que en un país poseedor de recursos naturales estratégicos, el cáncer trasnacional penetrara por la vía de una clase política y empresarial apátrida, apoyada, auspiciada y manipulada por el país terrorista del norte, de suerte que los ataques a la población y el descrédito de las instituciones, forman parte del mismo juego perverso de fuerzas desestabilizadoras que buscan el pretexto de un “estado fallido” que permita una “intervención humanitaria”, a tono con los objetivos de control y dominación sobre el petróleo y demás recursos energéticos, el agua y la biodiversidad, pero la organización de los pueblos en defensa de la tierra, la cultura y la vida comunitaria, se ha unido  la de los citadinos en busca de un mejor mañana. El enfermo está dando muestras de fortaleza y determinación.

La aprobación de leyes nocivas para la vida cívica y política nacional, así como las que atentan contra la soberanía alimenticia y la biodiversidad, son unas de tantas muestras de la corrupción legislativa y la venalidad gubernamental, frente a la acción ciudadana que busca nuevas formas de organización y movilización en defensa de nuestro organismo socio-histórico nacional. La lucha entre la enfermedad y la salud de la Patria se está dando en las universidades, las escuelas de diferente nivel y en los espacios sindicales, venciendo inercias y desmontando barreras burocráticas impuestas o heredadas, y los profesores, estudiantes y trabajadores administrativos, marchan junto a los campesinos y los obreros, los pequeños y medianos comerciantes, los empleados de diversos giros o especialidades, que, tras los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, ya no pueden ser los mismos.

De ser un país recientemente pasmado por la crueldad delincuencial y la insólita desvergüenza de la clase política y económica en el poder, pasamos a uno alerta y defensivo, que deberá asumir los dictados de una conciencia social renovada, y actuar con la premisa de que sólo el pueblo puede salvar al pueblo.

martes, 2 de diciembre de 2014

El 911 y otras novedades a medias

El gobierno de la república nuevamente nos asombra con la redundancia creativa que la aqueja en estos tiempos de coyuntura política y preelectoral que vive el país. El empeño ecológico de reciclar para protección del ambiente burocrático salta a la vista cuando resucita el tema de la policía única, entre otros asuntos, la voz e imagen del titular del Ejecutivo federal.

Con los labios resecos, el joven Peña, pálido y tembloroso, recientemente se plantó trente a los teleprompter para endilgar a la nación una perorata de 40 minutos cuyo contenido era un decálogo de propósitos reformistas y de refrito del marco legal que tiene que ver con la seguridad pública, el combate a la corrupción y la administración de justicia.

La novedad radica en querer hacer pasar como nuevas una serie de medidas que se han venido anunciando desde los tiempos de la trivialidad panista en el gobierno de la nación, en las que el gobierno pitufo puso su mayor empeño pero sin llegar a concretarlas del todo debido a que conservó algo del respeto a las formas, pero tiempos traen tiempos y ahora, vuelta la “normalidad” del PRI, tenemos que los postulados políticos del PAN se han traducido en propuestas e iniciativas del ley del propio partido de Peña Nieto, con lo que está más que justificada la expresión panista de que las reformas actuales son “una victoria cultural” del partido pitufo.

Desde luego que en la colección de retazos normativos planteados por el primer copete de la nación hubo aspectos que llamaron la atención de manera particular. Por lo pronto mencionaré dos: el 911 como número de emergencias y la obligatoriedad del mando de policía único. 

Todo mundo sabe (salvo Enrique, el de Los Pinos) que en México el número de emergencias es el 066, por lo que resulta sospechoso y chocante que se tenga que adoptar el número de emergencias de Estados Unidos y Canadá. En Europa, son 27 estados que a iniciativa de España han adoptado a partir de 2008 el número 112, sin que países como el Reino Unido (999) dejen de usar el propio. En América Latina, tenemos, por ejemplo, a Ecuador y Costa Rica, que usan el 112, mientras que Colombia el 123, Cuba el 106 y Paraguay el 141.

Esta imitación extralógica de los usos extranjeros huele tan mal como la absurda imposición del mando único de policía, que remite a estructuras ajenas al país y que en buena medida traen a la mente escenarios donde la mano gringa está más que presente, como por ejemplo Colombia, lugar de donde procede el general de policía Oscar Naranjo, agente de la CIA que enturbió las aguas políticas y enderezó una campaña de terrorismo contra la población de su país so pretexto de combatir al crimen organizado, aunque su función fue la de hacer de brazo ejecutor de los gringos y el gobierno pelele contra las fuerzas nacionalistas y revolucionarias de ese narco-estado protegido por Washington. Usted recordará que el tal general Naranjo fue asesor de Peña Nieto al inicio del sexenio, por lo que seguramente las ideas de terrorismo contra la población en general y la disidencia en particular no vienen por casualidad. 

La torpe e irrelevante imposición de un número de emergencias nacional usado por EE.UU. deja, por lo menos, la sospecha de que nuestros políticos no guardan la formas ni por casualidad, y que el muy sensible tema de la soberanía nacional ha dejado de serlo gracias a la aceptación implícita de que somos una colonia, un vil traspatio de esa nación. La explicación de Peña Nieto de que el 911 es el más reconocido “a nivel internacional” es tan cuestionable como ridícula. 

En cambio, la obligación de instaurar mandos únicos de policía, amenazando con sanciones a los presidentes municipales que se resistan, es la más simple y llana renuncia al modelo federal mexicano, debido, principalmente, a que con ella borra del mapa la autonomía municipal y afecta seriamente la soberanía de los estados.

Si la Carta Magna, en su artículo 115, dispone que los estados tendrán como base de su división territorial, administrativa y política al Municipio Libre, y que estará gobernado por un ayuntamiento de elección popular, y que no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el gobierno estatal,  entonces, ¿cómo se debe interpretar que directamente del gobierno federal se dispongan las medidas para desaparecer ayuntamientos? ¿Qué no existen en la Constitución los supuestos atinentes al tema? Siendo los municipios materia correspondiente al régimen interno de los estados, ¿cómo es posible que el gobierno federal intervenga directamente en ellos pasando por alto la soberanía estatal y el pacto federal que nos une y obliga? ¿No habrán oído hablar del régimen de distribución de competencias entre los tres órdenes de gobierno? ¿Habrán leído alguna vez el artículo 124 constitucional?

El hecho de obligar a los ayuntamientos a renunciar a una de sus obligaciones, como la prestación de servicios de policía preventiva, afecta gravemente la autonomía municipal, lo que alcanza niveles escandalosos cuando se prometen sanciones a los alcaldes que se resistan a este evidente proceso de centralización de funciones. El mando de la policía y tránsito municipales recae en el presidente municipal, lo que supone las asignaciones presupuestales propias de la función. Con la obligación que plantea Peña Nieto desaparecen las policías y se centralizan en un mando estatal único, ajeno a las circunstancias particulares del municipio de que se trate, dependiente de instrucciones y lineamientos estandarizados, como en una especie de embudo funcional que desemboca en la figura del gobernador de la entidad.

La iniciativa ignora que el municipio se basa en la relación de vecindad, y que cada ayuntamiento es distinto y obedece a su propia dinámica. Las soluciones de éste no son necesariamente las de aquél, debido a sus diferentes potencialidades económicas, territoriales, culturales, históricas, de oportunidades de progreso y bienestar. Nuestro país es un conjunto heterogéneo de municipalidades, y cada estado posee singularidades derivadas de su riqueza municipal. La idea de homogenizar lo que es por naturaleza diferente es ajena a la realidad.

Pero, independientemente de los argumentos de carácter histórico y doctrinario sobre estados y municipios, sobresale la idea de que lo que en realidad está proponiendo el presidente es la renuncia al estado federal, para pasar a un modelo centralizado en dos dimensiones: la política y la administrativa. Esto afecta a los estados en su soberanía y al municipio en su autonomía. Es un golpe de estado desde el poder ejecutivo y con la complicidad del legislativo.

Lejos de ser una reforma que apunta hacia adelante, pareciera que los empeños son dar marcha atrás a los avances en materia municipal y regresar al estado en que nos encontrábamos antes de la Revolución. Actualmente la ausencia de respeto a las garantías individuales, las detenciones arbitrarias y el encarcelamiento por delitos fabricados nos pone en la tesitura del México porfiriano, ya que para medianamente justificar el retroceso legislativo y de derechos humanos, el gobierno ha propiciado un clima de inseguridad y miedo que ha visto en los hechos de sangre y envilecimiento institucional de los últimos tiempos su pretexto o justificación para imponer medidas de carácter represivo.

Tlatlaya y Ayotzinapa son los más recientes hechos de terrorismo contra la población que equivalen al ataque a las torres gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001, que justificó la suspensión de las garantías individuales, permitió la criminalización de cualquier sospechoso, la vigilancia por todos los medios de la vida de los ciudadanos del vecino del norte. Lo que se vive en la actualidad mexicana es un proceso de criminalización de la disidencia que será rematado con una legislación que coarte y sofoque la manifestación ciudadana. 

Si hay un orden de gobierno cercano a la gente, capaz de dar solución a los problemas en el lugar donde se generan, es el municipio. Esta institución ha sido la base del modelo federal mexicano, célula de la democracia y base de la descentralización nacional. Con Peña ¿vamos para atrás, o con rumbo a una dictadura donde la soberanía estatal carezca de significado? Si hay delitos del fuero federal, basta con que se persigan de acuerdo a las leyes correspondientes, sin tomarlos de pretexto para emprender procesos de centralización superados históricamente. 


Los legisladores locales y federales deben decir no a la liquidación de nuestros avances legislativos. Las únicas reformas con sentido son aquellas que tiendan a fortalecer la institución municipal en su autonomía y recursos. La democracia debe defenderse por el bien de México. Basta de contrarreformas ridículas y entreguistas.   

martes, 25 de noviembre de 2014

Los cambios de México

Hay razones suficientes como para suponer que México ha cambiado. De una cultura basada en tradiciones regionales y algo de la mitología aportada por nativos y conquistadores, pasamos a otra moderna, tecnológica, basada en efectos especiales y parafernalia cinematográfica y televisiva.

Antes, el político debía conocer las artes de la persuasión oratoria, el manejo sutil de la forma y mantener el equilibrio en la cuerda floja de la legalidad, así como separar lo familiar de lo atinente al desempeño de las funciones oficiales. Ahora las cosas parecen ser diferentes, ya que el ciudadano presidente puede abandonar la solemnidad del cargo para chacotear a cuadro (Fox), lucir crudo y obtuso en actos públicos (Calderón) y exhibir una frívola ignorancia telenovelera (Peña) con cargo a la respetabilidad de la institución presidencial.

Por otra parte, la sensibilidad respecto a temas de interés nacional ha cambiado, ya que el propio gobierno se empeña en diluir el sentimiento patrio de los ciudadanos al evitar que se entone el Himno Nacional en actos públicos debido a que, se dice, incita a la violencia. ¿Qué es eso de defender a la patria de los ataques y acechanzas enemigos? ¿Cómo incitar a los hijos a defender lo nuestro nomás porque “un soldado en cada hijo te dio”?

Al parecer el canto a la patria despierta la desconfianza de los inversionistas y provoca resquemores entre los capitalistas dueños de trasnacionales, ya que existe la sospecha de que alguien puede sentirse inflamado de fervor patrio y tomar literalmente lo dicho en el Himno, con la consecuente defensa de lo que la globalización ha logrado para las empresas que cumplen con su destino manifiesto de saquear a los países periféricos. ¿Imagina usted que los ciudadanos mexicanos se organicen para rescatar lo malbaratado de su patrimonio colectivo? ¿Y si alguien acusa al gobierno de traidor y entreguista y toma medidas al respecto? ¿Qué sentiría si fuésemos acusados de patriotismo por la comunidad internacional? Los horrores de lidiar con un pueblo que cuide sus recursos y exija respeto a su vida interna son indescriptibles ya que la dignidad nacional es peligrosa.

En cambio, la delicada percepción de los ciudadanos bien portados según el modelo neoliberal, debe exhibir una acentuada predilección por la semántica, de suerte que el significado real de los conceptos pueda ser sustituido por otro a tono con la moda terminológica impuesta. Así, el convencionalismo de ocasión se impone al lenguaje común y las palabras reformatean nuestra idea de las cosas. La realidad se convierte en un juego de palabras, mientras que los hechos pierden relevancia.

Mientras que los derechos humanos sufren un retroceso significativo, el lenguaje oficial y oficioso se enriquece con eufemismos, neologismos y otras argucias que nos imponen nuevos significados, de ahí que ahora los usos y costumbres del mundo anglosajón se decreten necesarios para la administración de la justicia mexicana: la exigencia de los juicios orales, así como los vimos en televisión, debe ser instalada en las mentes de los futuros abogados. Estados Unidos apoya, impulsa y patrocina las reformas y vigila y asesora a la periferia. El “nuevo esquema de justicia” es asunto de convenios internacionales y no producto de la evolución jurídica de los pueblos.

Ya no basta que el repugnante delito de matar a un ser humano sea llamado como lo que es, ahora hay que ponerle apellido y particularizarlo sexualmente, debido a que, se dice, existen elementos que revelan su comisión por razones ligadas a esta característica. Al parecer la figura de homicidio no es suficiente y hay que definir con detalle la naturaleza de la víctima: ¿Hombre, mujer, homosexual…? Con este criterio pronto tendremos nuevas exigencias de ser incluyentes, considerando si el afectado es zurdo, bizco, moreno, entre otras características, y habrá además de feminicidio, masculinicidio, zurdicidio, y así.

Hoy se puede hablar de “crímenes de odio” echando mano a las puntualizaciones arriba señaladas, aunque, si bien es cierto que son importantes las motivaciones del criminal, hay que considerar que cualquier agresión, leve o grave, no supone un acto de amor, y las especificaciones semánticas no pueden sustituir ni evadir la sustancia del tema: quien mata a un ser humano es un homicida y en consecuencia, el crimen es homicidio. La ley debe aplicarse y castigar sin distingos de sexo, edad, ideología o condición social, pues de otra forma sería discriminante.

En otros asuntos, cada vez resulta más asombrosa la capacidad de manipulación de que son víctimas los televidentes, ya que así nos enteramos de que viajar es satisfactorio, regalar también, pero lo máximo es donar. Asimismo, los niños deben saber que el ahorro es bueno y, cuando llenen la alcancía, deben decirles a sus padres que los lleven al banco para depositar su dinero en la cuenta del Teletón. ¡Así, todos ganan!

Si México es el país de las amenazas presidenciales, también lo es el de las aclaraciones farandúlicas sobre el origen de riquezas inmobiliarias. De repente, nos vemos en medio de detenciones arbitrarias, por el simple hecho de tomar en serio los deberes y obligaciones cívicos y protestar por los crímenes recientes y pasados, y se sufren despliegues policíacos, no en contra de los criminales, sino de ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos, mientras que la prensa internacional señala al país como uno sin legalidad ni gobierno.

El sistema político y el régimen no pasan de ser ridículas manifestaciones de entreguismo, incompetencia y fatuidad, donde menudean los llamados a “cerrar filas” en vez del extrañamiento y la condena. En los partidos políticos se confunde la complicidad con la militancia y la frivolidad farandulera navega con viento en popa, en tanto que el pueblo lucha en las calles y las plazas por respeto a los derechos fundamentales y justicia para todos.

En Sonora el gobierno ha decretado el fin de la emergencia ambiental en medio de la desconfianza y las protestas de los habitantes de las áreas afectadas, como de los lamentos de las familias que, pese a los anuncios oficiales, siguen padeciendo la falta de agua, las enfermedades de la piel y la presencia de metales pesados en su sangre.

La “remediación” de los ríos envenenados corre a cargo del mismo grupo empresarial minero que ocasionó el desastre, con lo que se tiene al mismísimo asesino a cargo de la autopsia de su víctima. Cosas de un país patas arriba.

martes, 18 de noviembre de 2014

La fuerza de la ley

Seguramente los ciudadanos se encuentran de plácemes por el regreso del señor presidente de la república y por las declaraciones que hizo urbe et orbi recién tocó suelo mexicano y tuvo un micrófono enfrente. Rápidamente lamentó los hechos de Ayotzinpa y se detuvo lo suficiente en el tema de que hay que preservar el orden ante los excesos de un pueblo ofendido. La ley se aplicará a los alborotadores porque la paz pública es valor esencial frente al mundo globalizado que requiere de seguridad y garantía para sus inversiones presentes y futuras: “Yo aspiro y espero que no sea el caso de lo que el gobierno deba hacer; que no lleguemos a este extremo de tener que usar la fuerza pública. Queremos convocar al orden, a la paz”, dijo categórico Peña Nieto (http://www.jornada.unam.mx/2014/11/16/politica/007n1pol).


No es posible que el país progrese bajo el manto protector de los intereses trasnacionales si a cualquiera, por quítame estos muertos, se le puede ocurrir participar en marchas, protestas y plantones y lanzar a voz en cuello mentadas de madre y consignas que pueden afectar la imagen presidencial. El país requiere de orden y algunos sectores, como los empresarios, señalan que se requiere mano dura.

Mientras las fuerzas vivas que apuntalan al gobierno preparan mentalmente cadenas y grilletes, calabozos y hogueras, estacas y garrotes, cada vez más ciudadanos se unen a las protestas que se convocan a lo largo y ancho del país, el continente y el mundo: Lo mismo se solidarizan grupos de personas sensibles al horror nacional en Alemania, Australia, Argentina, Francia, Estados Unidos, como Italia, Nicaragua, Bolivia, España y Pakistán, entre otros. Cada vez es más evidente que el caso Ayotznapa implica y compromete a todo el que conserve su sentido humanitario y solidario en condiciones de llamarlo a la indignación y a la acción social.

Mientras el presidente volaba en un tour de súper lujo a las lejanas e ignotas tierras de China y Australia, soñando en la seda, el incienso, la gastronomía exótica y milenaria, el lujo y la enormidad de los paisajes y recintos, así como en las pintorescas tierras donde se mezcla la modernidad anglosajona y los canguros, entre otros marsupiales, el país se dirigía sin obstáculos y terminaba en la coladera de la historia universal de la infamia.

El presidente Obama, montado en el papel de árbitro de la justicia universal y oráculo de la uniformidad mundial bajo el supuesto de que los EE.UU. son, por definición propia, el único país indispensable (según reveló en su momento la conocida cornuda Hillary Clinton), se apresuró a expresar su exigencia de que se castigue a los responsables, lo que conlleva la oferta de poner los eficientes y experimentados servicios de investigación e intervención criminal a disposición de este cliente frecuente ahora en apuros.

Los gringos pueden, y lo han hecho, acabar con la población de los países que juzguen parte del llamado “eje del mal” inventado por George W. Bush, sembrar de minas personales las tierras de cultivo y rociar de productos químicos como el agente naranja, el fósforo blanco y el napalm, a personas, animales y cosas, con el siempre loable fin de preservar los valores de la democracia y los derechos humanos, y en ese afán pueden asesorar y financiar a ejércitos y grupos paramilitares, a gobiernos torturadores y represivos, independientemente de que cuando ven satisfechas sus aspiraciones de control político y económico de las naciones, eliminan como pañal desechable a los personajes que ellos crearon, protegieron, promovieron y apoyaron en algún momento.

Ahora México les sirve como pretexto para relanzar la imagen de un Obama justiciero, aunque no tan generoso como para aceptar las demandas de una reforma migratoria justa para todos, ni como para hacer válida la promesa de cerrar la prisión de Guantánamo, ni menos para controlar el clima de violencia y discriminación que viven las minorías de ese país, ni los horrores de ser indocumentado y sufrir los excesos de la patrulla fronteriza o los grupos de paramilitares que vigilan la frontera que compartimos. Menos para dejar de intervenir en México bajo la cobertura de la “Iniciativa Mérida” y los acuerdos de seguridad en el marco del TLCAN Plus, en los que nuestro país les sirve de policía de barrio y garrote y barrera de contención para los migrantes que viene del sur.

La súbita proyección mundial que ha tenido México en los últimos días no se debe a la generosa apertura económica que huele a entrega patrimonial al extranjero y obsequiosa subordinación a los apetitos de las trasnacionales, sino a los horrores de la violencia y la obscenidad increíble de quienes debieran respetar y hacer respetar la ley. De hecho, el sistema judicial mexicano tiene más parecido a un burdel que a una estructura inspirada por la legalidad y la justicia.

La ilegalidad y el abuso son las coordenadas en las que opera el sistema de relaciones entre pueblo y gobierno, mientras que el marco constitucional queda reservado para los discursos y las evasivas oficiales frente a un conjunto cada vez más grande de ciudadanos que cuestionan, discuten y se organizan para defender su legítimo derecho a una vida digna, libre y capaz de proporcionar los medios de vida y progreso que sin duda merecen.

A esta tarea de zapa profunda de las instituciones nacionales que impulsa el gobierno, sea por incompetencia o perversidad, no escapan las instituciones de educación superior a las que hay que provocar, desestabilizar y criminalizar, ya que el control de la educación es esencial para transformar un país independiente en un satélite, en un zombi académico que se pliegue a los mandatos del mercado y que excluya a quien no pueda pagar por sus servicios educativos. La desaparición del estudiante permite la aparición del cliente, y en esa tesitura están las baratijas de Ceneval y la ridícula farsa de las certificaciones y, en consecuencia, la creación de empresas que fungen como organismos certificadores.

Con la fuerza de la ley, el sistema arrumba la dignidad institucional y manosea la impartición de justicia, convertidas en espectáculo que se trasmite como reality show en horario estelar una y mil veces. En este sentido, México es víctima de una maniobra golpista instrumentada desde el poder, donde el miedo y la confusión son esenciales para el control y embrutecimiento de la población.  


El jueves 20 de noviembre es un día propicio para unirse y decir basta, para demostrar al gobierno y sus titiriteros que el pueblo mexicano se niega a rendir vasallaje al extranjero, al empresariado espurio, traidor y apátrida; y que está consciente y comprometido a no dejarse manipular por los funcionarios corruptos de ayer y de ahora. El paro nacional será un hito en la lucha ciudadana por la recuperación de la república. 

martes, 11 de noviembre de 2014

Con olor a muerte

Los días y las semanas pasan con la lentitud que se siente cuando las cosas duelen, cuando el tiempo no logra restañar el dolor por las víctimas ni quitar el olor a la muerte que ronda y se oculta en los entresijos de la ley, del sistema de procuración de justicia, de la dinámica del expediente abierto para investigar los hechos y los dichos pasados por manos y bocas que se acumulan en sus balbuceos que rumian verdades a medias, hipótesis emanadas de la cafeína burocrática aposentada en los escritorios y los archiveros, en las computadoras, en los discos duros de la administración del miedo.

¿Dónde están los 43 desaparecidos? ¿Cómo explicar el asesinato y calcinamiento de tantos seres vivos con esa eficiencia y velocidad? ¿En qué página del manual de la CIA está la receta que indica cómo y cuándo se puede reducir la esplendidez de la vida joven a cenizas embolsadas y arrojadas en un tiradero? ¿Nadie vio, olió o presintió la presencia de la muerte uniformada haciendo su trabajo de sombras?

México actualmente se mueve, se despereza de una larga modorra arropada en la desesperanza y el miedo, en el hedor de la vergüenza maquillada en Televisa y TV Azteca, embarrada en las páginas del periodismo a modo, y en las gesticulantes maneras de proxeneta viejo de muchos legisladores, de los ministros de la Suprema Corte, operarios del drenaje de la justicia de burdel que, gracias al pueblo indignado por tantos y tan atroces agravios, muestra sus cuarteaduras ante los observadores nacionales y ante el mundo. La dignidad de la toga queda en disfraz de carnaval. 

Después de Ayotzinapa no podemos ser los mismos. El cinismo parece haber llegado a su fecha de caducidad como sistema de relación entre pueblo y gobierno. Nada puede seguir igual. La verdad se escurre entre las grietas de la desinformación y la intimidación, entre el intento de soborno y la promesa de impunidad, entre la noticia-espectáculo y la complicidad que se coordina en los tres órdenes de gobierno.  Al país se le señala como narcoestado, al gobierno se le acusa de ser el culpable de la tragedia nuestra de cada día.

Las decenas de miles de muertes del panista Calderón y el priista Peña parecen avalar la idea de que los gobiernos neoliberales tienen una entraña genocida, que desprecia la vida porque así es su naturaleza, porque no puede actuar de otra manera, porque el germen de la patología criminal ha incubado en sus estructuras y se ha dispersado por todo el aparato del poder. El gobierno muere por la metástasis del cáncer de corrupción apátrida que el mundo anglosajón ha celebrado como “apertura” económica y modernidad política. Después de Ayotzinapa no es posible ver el capitalismo como antes.

La vieja estructura partidista que encarna el sistema político nacional ha agotado su ración de botox, implantes cutáneos, maquillaje teatral que, a estas alturas, no ofrece diferencia alguna con el propio del embalsamador. El sistema emana olor a muerte y todavía se mueve como lo hace un cuerpo agusanado, por la acción de la pudrición, los gases y el pulular de los gusanos. ¡Y pensar que esos esperpentos son los que encabezan el gobierno, la administración pública, la justicia, la educación y la cultura! 

De repente la idea de que somos un pueblo necrófilo adquiere fuerza y poder de atracción. ¿Por qué hemos permitido que nuestro país se halle reducido a fosa común? ¿Por qué nos hemos conformado con un refresco, una torta y una tarjeta a cambio del voto? ¿Por qué suponemos que un enorme y criminal derrame de tóxicos se resuelve con un fideicomiso? ¿Dónde quedaron los principios de la política, la economía y la cultura nacionales? ¿En qué punto nos convertimos en un estado dependiente de Estados Unidos cuyas funciones son las de un campo experimental en lo social, económico y político, además de una evidente colonia de explotación de los recursos naturales y corredor de negocios ilegales? ¿Por qué pretendemos reciclar la materia ideológica de un sistema en descomposición? Después de Ayotzinapa no podemos ser los mismos.

Hemos visto cómo el dinero pretende acallar tanto las voces de los pobladores del río de Sonora, como de los familiares de los chicos de Ayotzinapa, y cómo untó las manos de los diputados y senadores que votaron a favor de las reformas de Peña Nieto. Cómo el dinero se convirtió en el objetivo esencial de los políticos y gobernantes. ¿En qué mundo puede admitirse como legítimo el despojo de terrenos de propiedad pública o privada por parte de la oligarquía económica y política en turno? Ya no podemos seguir siendo los mismos.  

¿Cómo permanecer indiferentes ante los abusos del poder y su cada vez más inexplicable incapacidad para mantener el orden y la seguridad públicos? ¿Cómo aceptar como normal que la autoridad municipal de Hermosillo recomiende a la población que se organice para su propia defensa, ante la falta de elementos uniformados? ¿Cómo confiar en una policía que es capaz de asesinar por error a un joven de la localidad? ¿Quién puede explicar la  existencia de presos políticos por capricho de la autoridad en turno? Después de Ayotzinapa, la provocación y la represión son un binomio claro y transparente en manos del gobierno, aquí y en el profundo sur de nuestro país.

En la red hay un llamado a vestir de negro el día 20 de noviembre. El luto reflejaría la pena por la pérdida de la inocencia, la renuncia a la cómoda y anodina inercia del ciudadano que no cree en el sistema pero que lo tolera porque no ve otra forma de vida. El negro revela que ya no habrá ni perdón ni olvido. Después de Ayotzinapa el sistema nos ha puesto frente a frente con la muerte, dibujada por la prensa nacional e internacional; pero también con el gobierno que dice y se desdice, cae en contradicciones, miente, manipula y distrae al espectador con cada vez menos efectos. La credibilidad perdida no se recupera ni con sobornos, ni con amenazas. Sabemos que no podemos seguir siendo los mismos.


El 20 de noviembre puede ser el inicio de una protesta que se una a las demás protestas, que no se canse ni ablande, que persevere hasta lograr la paz y la justicia que todos deseamos. A pesar de la indolencia, la apatía, el oportunismo y la enajenación mediática, México y Sonora ya no pueden ser los mismos. Si Ayotzinapa es la chispa, el país debe ser la hoguera.  

sábado, 1 de noviembre de 2014

El terror nuestro cotidiano

Hoy no se puede explicar México sin sembradíos de estupefacientes, campesinos e indígenas rentistas y carne de cañón de ambiciosos agricultores neolatifundistas; explotación infantil sexual y laboral; ataques contra la familia, los estudiantes, los viejos, los indigentes, los trabajadores y sus organizaciones, en medio de una andanada de declaraciones demagogas o francamente imbéciles.

Nuestra alimentación intelectual y emocional pasa por los anaqueles de la televisión de paga o abierta, y se surte de detritus debidamente empaquetados para ser atractivos a las tele-audiencias, en forma de programas vomitivos donde las miserias humanas pasan lista de presentes en los reality shows, en los espacios de noticias convertidos en espectáculo, donde la muerte posa cargada de maquillaje para acentuar su dramatismo, donde los primeros planos son acaparados por la sanguinolencia y brutalidad de la mutilación, del estallamiento visceral, de la fractura expuesta, tanto como las deshilachadas formas de los muertos.

Si una víctima no basta para alimentar la necrofilia informativa, el sistema nos provee en un abrir y cerrar de ojos de una docena, o medio centenar de imágenes que irán a surtir las redes sociales, los medios impresos, los comentarios de cafetería, restaurante, cantina, la sobremesa hogareña, los tiempos vacíos en el trabajo, la calle, el transporte colectivo, nuestros pensamientos y sueños transformados en pesadillas de la vida real que eliminan el descanso, la tranquilidad momentánea a que tenemos derecho para seguir con nuestras vidas con cierta lucidez.

Lo cierto es que nos acostumbramos a la zozobra, a las descargas de adrenalina que cada vez son menos suficientes en la lógica de la vida que el sistema nos impone como normal. Terminamos siendo adictos al escándalo, a la fascinación morbosamente pegajosa del discurso de la violencia, aquí o en el extranjero. Lo que ocurre en medio oriente, en África, en el recóndito sur, alimenta una especie de expectativa de ocurrencia más próxima, menos lejana e indiscernible, más visible y sensible que nos impacta pero que sustenta algún mecanismo que recalibra la sensibilidad y, por ende, exige nuevas cuotas de estupefacción. En otras palabras, se crea tolerancia al horror.

Los espacios de diversión en forma de series televisivas, películas y videojuegos no sólo replican las condiciones de la realidad subhumana que se viven en cualquier ciudad o país del mundo, sino que crean y profundizan las más oscuras fosas de la conciencia torcida de los criminales, la enfocan y magnifican sus viciosas compulsiones, sus hallazgos de terror, de dolor y muerte. No es raro encontrar casos donde la realidad se ve influida por el videojuego, en una réplica donde el genocidio es necesario y divertido, donde el asesinato programado o espontáneo forma parte de las emociones digitalizadas que el espectador busca y disfruta.

Y qué decir del sexo desaforado donde el objeto del deseo puede sufrir las consecuencias del rechazo en formas difíciles de imaginar en una mente normal. La violación, el secuestro con fines pasionales, la mutilación, tortura y las más abyectas humillaciones en la pantalla son juego, divagación lúdica, fantasía objetivada en imágenes que sugieren rutas y posibilidades que llaman a la experimentación en tiempo real. En este escenario, la moral y sus principios son palabras que pierden significado, una vez minimizado y relativizado su valor. Asimismo, las series de televisión nos persuaden de que lo que llamamos normalidad es discutible, que la familia puede e incluso debe ser de otra manera, más plural y divertida, menos apegada a tradiciones y objetivos que supone deberes y obligaciones formativos y permanentes.

Nuestra idea de lo social pasa por las modas, por la subcultura de importación que confronta nuestra matriz identitaria y lucha por diluirla y condenarla al basurero de la obsolescencia impuesta por el nuevo modelo de relaciones de la globalización. En este sentido, la identidad cultural es atacada por los medios masivos de manipulación privados y públicos, en un afán de homogeneizar lo que es de suyo diferente. En otras palabras, la imposición de un modelo económico se acompaña de la implantación de un modelo cultural que lo sustente. Ya no somos personas sino objetos intercambiables y desechables en el tablero de operaciones del sistema económico vigente. En este sentido, atacar la seguridad de las personas, generar la sensación de invalidez, de minusvalía, sirve para introducir la idea de que la resistencia es inútil, que la fatalidad tiene un rostro y que es el del modelo económico impuesto desde fuera.

Los asesinatos, desapariciones, los secuestros, la violencia generalizada tienden a introducir en la mente del ciudadano la idea de la vulnerabilidad, de la indefensión, de la inutilidad de oponerse al enemigo sin rostro que amenaza desde cualquier parte. La ciudadanía aterrorizada busca refugio en las soluciones radicales, de suerte que puede llegar a apoyar medidas que alteren el orden constitucional, que propicien la represión ciudadana por parte del Estado, que las garantías individuales queden en el limbo. Lo más peligroso es que se orille a un pueblo a renunciar a su soberanía y que otro, ajeno y poderoso, se encargue de organizar, administrar, y operar su sistema de justicia.

México, mediante la firma del llamado TLCAN-Plus, firmado por Vicente Fox y George Bush, incorporó el tema de la seguridad nacional y la puso en manos de Washington. Al poco tiempo se firma la Iniciativa Mérida que colombianiza al país y surge la llamada guerra contra el crimen organizado, bajo el gobierno de Felipe Calderón, donde se combate al narcotráfico empleando a las fuerzas armadas, las cuales sirven de peones y choferes de los militares y agentes del país vecino del Norte. Como todos saben, el resultado ha sido la pérdida de miles y miles de vidas humanas, ha desestabilizado al país, violentado la convivencia social, aterrorizado a regiones enteras, cancelado fuentes de trabajo en el campo, expulsado a la población, entre otros problemas de lacerante actualidad.

La inseguridad pública se ha elevado a niveles alarmantes, construyendo la escenografía perfecta de la ingobernabilidad y el pretexto apropiado como para que EE.UU. se manifieste preocupado por su vecino del sur y algunos legisladores propongan la intervención directa armada para “poner orden” en su traspatio, por razones de “seguridad nacional”.

El estallido de una granada en una celebración pública, la proliferación de retenes federales, de operaciones sorpresivas y violentas en barrios citadinos, las balaceras nocturnas en zonas residenciales, los asesinatos en lugares públicos, la represión sangrienta a grupos ciudadanos o estudiantiles, el secuestro por parte de agentes de la ley, la fabricación de culpables, la criminalización de las manifestaciones y protestas ciudadanas, el hostigamiento y muerte violenta de reporteros y comunicadores, forman parte de las herramientas de disuasión política que sufre el ciudadano. A ello hay que agregar los interrogatorios policiales, sin objeto ni propósito legítimo, el hostigamiento a las víctimas que denuncian los atropellos, el descrédito y fabricación de culpas a los luchadores sociales, a los jóvenes, estudiantes, trabajadores, o simples testigos de la violencia en las calles, escuelas, barrios, hogares y conciencias. 

Lo anterior se complementa con la profundización de reformas que en cualquier caso favorecen al capital sobre el trabajo; a la inversión extranjera sobre la nacional; al Mercado sobre el Estado. En la vida cotidiana se ve que los contratos colectivos de trabajo se afectan, minimizan y violan sistemáticamente, sin que la autoridad laboral haga otra cosa que proteger al patrón; asimismo, los sueldos y salarios disminuyen en términos reales año tras año, a la vez que los precios de los bienes de consumo familiar incrementan sus precios, igual de los combustibles y otros servicios públicos como la electricidad y el transporte. Las facilidades para que una empresa despida trabajadores aumentan así como las contrataciones por períodos cortos y sin seguridad social. La nueva legislación laboral propicia el despido y la rotación de personal, la supresión de prestaciones sociales y la inseguridad en el empleo, que ahora es precario, eventual y volátil. A la violencia económica se agrega la social y la política, la laboral y la familiar, ya que el trabajador carece de estabilidad y recursos para una vida familiar decorosa, de suerte que sea imperativo que la pareja o los hijos desarrollen actividades que complementen el ingreso. El impacto emocional de la inseguridad genera cuadros de angustia que afectan la convivencia doméstica y la vida de sus integrantes.

La severa precarización de la vida familiar y personal permite que los partidos políticos emprendan campañas de compra de votos mediante la promesa de bonos, vales, favores y apoyos, además de esquemas de corrupción que se promueven mediante el otorgamiento de tarjetas comerciales a cambio de afiliaciones y votos. La política es una más de las actividades comerciales que relativizan los valores de la democracia hasta convertirlos en una simple operación de compra-venta. 


El conjunto de estos elementos: inseguridad laboral, empobrecimiento personal y sectorial, violencia pública y privada, desmantelamiento de las actividades productivas nacionales, fomento de la inversión extranjera y cesión del dominio nacional sobre los recursos naturales, reformas legales lesivas a la soberanía nacional y a la identidad y derechos ciudadanos, configuran el perfil de un Estado cuya independencia ha dejado de ser plena. Si estos son los problemas, la solución, difícil pero posible y necesaria, es recuperar la memoria histórica colectiva, replantear el gobierno y las leyes y fortalecer la participación ciudadana independiente, libre y consciente, dirigida a un nuevo proyecto nacional.