Algunos no son tan desechables

 

“La máxima tragedia no es la opresión y crueldad de las malas personas, sino el silencio de la buena gente” (Martin Luther King).

 

Considere usted que una dependencia u organismo oficial ha sufrido saqueos de regular calado y que sus recursos han sido sistemáticamente engullidos por políticos y funcionarios corruptos, ganones y similares durante varios sexenios, y que se encuentra, por fin, en período de recuperación. Una penosa recuperación.

Imagine, por un momento, que finalmente hay alguien que llame las cosas por su nombre y que emprenda acciones para detener y revertir el desorden que priva en la institución, a costa de pisar callos, romper acuerdos oscuros y soterrados, airear los problemas antes dichos a media voz y apegarse a la transparencia prometida por el nuevo régimen.

Asómese a la institución de referencia y vea que las cosas han estado cambiando para bien y que, por alguna extraña razón, empiezan a circular rumores de un inminente cambio donde al buen funcionario que estaba luchando por componer las cosas lo mandan a su casa.

En este caso debemos reconocer que no todo mundo celebra los cambios positivos que ponen alto a la corrupción y al desorden y que, después de todo, algunos cambios no son tan fáciles ni tan rápidos. Por si usted no lo ha imaginado, me refiero al ISSSTESON.

El ISSSTESON ha sido durante bastante tiempo un ejemplo de caja chica para campañas políticas, negocios particulares a costa del erario, enriquecimientos “inexplicables” y malos servicios que va desde el retraso en el trámite de las solicitudes de pensión hasta el desabasto crónico de medicamentos y materiales de curación, además de las perversas consecuencias de las subrogaciones y el desmantelamiento de los servicios que deben formar parte de la respuesta del Instituto para proveer de salud y seguridad social a los trabajadores del Estado, municipios y demás organismos afiliados.

El Instituto ha sido, desde hace tiempo, una especie de coto de caza de léperos y logreros impreparados sin vocación de servicio, que bajo las siglas del PRI y del PAN se han dedicado a cualquier cosa menos a honrar la misión del ISSSTESON como una institución clave para hacer realidad la justicia social en Sonora, ya que su modelo garantiza una justa y solidaria redistribución del ingreso.

De hecho, la defensa del ISSSTESON y de su modelo pensionario es un imperativo para las clases trabajadoras y sus familias. Significa una garantía de que se conserve y repare el tejido social ante las amenazas de un sistema privatizador, individualista y profundamente injusto y corrupto.

Pero, como todo lo que vale la pena, ha sido víctima de la infección neoliberal; se le había chupado sangre y conciencia, hasta que llegó Jesús Manuel Acuña Méndez a trabajar por su recuperación, desparasitarlo de proveedores y empleados corruptos, poner un alto a los robos internos, al comercio a costa de los bienes públicos, a la defraudación de la confianza del derechohabiente y la opacidad en las finanzas institucionales.  

El Maestro Jesús Manuel Acuña Méndez ha sido un funcionario leal y celoso de su deber, quizá por eso ahora se cuela la noticia de que será removido de su encargo al frente del ISSSTESON.

¿Estorba para los intereses del Estado tener un funcionario trabajador, amigo del diálogo con la gente, que haga su trabajo, de cara a la sociedad? ¿A pesar de los cambios políticos subsisten los intereses de la mafia del poder en Sonora? ¿La posible salida de Acuña Méndez es señal de que se cambió para no cambiar en el gobierno de Alfonso Durazo?

Creo que es momento de que la gente se manifieste en defensa de sus intereses más sentidos y legítimos, como son los de la salud y la seguridad social por la que se debe trabajar en el ISSSTESON, y se llame al gobernador a una seria y reflexiva defensa del Instituto que es clave para la justicia social en Sonora.

Me parece que el desempeño de Acuña Méndez ha sido responsable y más que decoroso, y ha contribuido a recuperar en buena medida la confianza que los afiliados y sus familias deben tener en la Institución y, por extensión, en el gobierno. Sacarlo de la jugada en este momento puede ser un error, o de plano, una concesión más a los mismos se siempre. Sucede que en esta coyuntura algunos funcionarios no son tan desechables.

 

Minería sustentable... ¿es broma?

 “El desarrollo responsable de la minería es fundamental para el progreso del país. No podemos sentarnos como mendigos en el saco de oro” (Rafael Correa).

Pues todo mundo de fiesta por el congreso minero internacional celebrado en la capital de Sonora, con foros y buenos deseos, pero, en términos reales, con una más que discreta preocupación por el ambiente y la salud del entorno.

¿Se imagina una minería sin impactos ambientales? Tendría que ser en alguna lejana galaxia donde la escasez de agua no existiera o que la minería no necesitara de ella (del agua, se entiende) para desplegar sus actividades extractivas, o que el subsuelo tuviera la propiedad mágica de reponer el volumen extraído sin costos para la biodiversidad circundante, es decir, sin afectar a la vegetación, a la fauna, la calidad del aire y el agua.

Lo cierto es que en este mundo y en esta región, la actividad minera se ha traducido en desastres ambientales documentados, como es el caso, entre muchos otros, del derrame tóxico de Buenavista del Cobre en Cananea (el 6 de agosto de 2014, cuyos efectos siguen presentes), o no documentados por las chapuzas de las empresas y la complicidad de las autoridades.

A lo largo y ancho del país, la minería ha dado muestras de una verdadera vocación depredadora, acentuada por el furor económico y mediático que acompaña por lo general al dinero, dejando de lado el respeto a las normas de seguridad e higiene y la exigencia social de evitar o mitigar los impactos ambientales.

Cada nueva explotación levanta expectativas que evaden una realidad insoslayable: sus facturas ambientales rebasan por mucho los beneficios que generan, aunque cabe decir que éstos son casi exclusivamente para las empresas que controlan el negocio.

Antes fue el cobre, siempre ha sido el oro y la plata y ahora tenemos el Litio (cuya presencia y potenciales beneficios celebra el gobernador Durazo con entusiasmo), con una flamante empresa paraestatal recién creada que ya tiene director general, supongo que cumpliendo las formalidades establecidas en el decreto y la Ley Federal de Empresas Paraestatales, o en apego a una salvedad legal que responda al interés nacional, porque de otra manera la oposición, que se ocupa de la forma cómo habla, se sienta o viste el presidente, seguramente ya hubiera puesto el grito en el cielo.

Al respecto, el decreto presidencial que la crea señala que la persona titular de la Dirección General será designada y removida por el titular del Ejecutivo Federal, “a propuesta de la persona titular de la Secretaría de Energía” y deberá reunir los requisitos señalados en los artículos 21 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y 14 de su reglamento” (Artículo 12 del decreto).

La ley citada, además de la obvia exigencia sobre la nacionalidad y la ausencia de conflictos de interés particulares o familiares con otras empresas relacionadas con sus operaciones, se requiere “haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público, administrativo o sustancialmente relacionadas con materias afines a las de competencia de cada entidad paraestatal (Ley Federal de Empresas Paraestatales (LFEP), Artículo 21, Fracción II).

Por su parte, el Reglamento de la LFEP, dispone que el titular de la empresa deberá tener: “una experiencia no menor de 5 años en el desempeño de cargos de alto nivel decisorio” (Artículo 14, fracción II).

Pero volviendo al asunto del congreso minero, parece buena idea organizar foros, encuentros, simposios, coloquios o lo que sea que promuevan las actividades productivas, pero cabe preguntar cómo operan las empresas y a dónde va el dinero.

¿Qué beneficio real tienen las comunidades que son desalojadas en aras de cumplir con las expectativas económicas de las empresas mineras mayoritariamente extranjeras que explotan los recursos regionales? ¿Los impuestos pagados compensan el daño al ambiente y a la propiedad no minera?

En este tipo de negocios, ¿qué se entiende por sustentabilidad y hasta dónde es posible conciliar los conceptos de interés nacional y protección del ambiente con el de utilidad o ganancia privada?

¿Ya se pensó en una reforma a la Ley Minera que toque su artículo sexto, en beneficio de los propietarios, individuos o comunidades, que sufran la desgracia de tener en sus terrenos algún tipo de mineral susceptible de explotación productiva?

¿Qué hay de la Ley de Aguas, cuando el interés de las transnacionales mineras (entre otras) choca con el derecho de los ciudadanos?

La participación privada (extranjera) en el Litio, la instalación de parques solares en zonas fronterizas y la licuefacción del gas en las inmediaciones de puertos sonorenses en vías de modernización, ¿son posibles monedas de cambio que allanan problemas legales relacionados con el T-MEC?

Las preguntas son muchas, pero hasta ahora las respuestas no han sido ni tan claras ni tan satisfactorias. Urge replantear, en serio, la minería en Sonora y el país, si de veras se pretende recuperar el espacio económico nacional en beneficio de la soberanía y bienestar social del pueblo mexicano.

Para documentar el optimismo (sic) minero del Litio comparto dos ligas:

1) https://www.bloomberglinea.com/2022/04/20/asi-contamina-el-negocio-del-litio-mineral-clave-para-la-transicion-energetica-de-mexico/

2) https://www.milenio.com/politica/john-kerry-reunira-amlo-viernes-hermosillo-sonora

Primer informe y vida cotidiana

Pues, de repente, tenemos que hace un año asumió la gubernatura el C. Alfonso Durazo Montaño e inicia la cuesta arriba de un gobierno cuya situación financiera es, por decir lo menos, crítica, digamos que, al borde de un ataque de inanición, según trascendió al inicio del mandato.

La receta a aplicar ha sido, según se ha dicho, la reducción del gasto innecesario, vigilancia de los centavos que entran y los pesos que salen, promoción de inversiones y apoyo a emprendedores, entre otras acciones necesarias y urgentes.

Seguro que los esfuerzos por enderezar el barco nacional son cosa de todos los días, y que la necesaria austeridad es parte de la vida cotidiana que se eleva como propósito salvador en medio de la crisis ocasionada por el saqueo de las arcas pública y los gobiernos mediáticos buenos para los regalos, las concesiones y las prebendas, tanto como los actos de nepotismo y los negocios privados a la sombra del poder.

Sin embargo, hay cosas que no se entienden del todo, a la luz del discurso soberanista de la 4T y las acciones tendientes a recuperar el espacio económico nacional.

Sin duda alguna la conexión renovada entre Guaymas y Chihuahua es un avance notable desde el punto de vista económico y social, habida cuenta la enorme diversidad de recursos que ofrece el noroeste de México, cuyas posibilidades de integración productiva se amplían con la carretera.

No hay duda que la integración deseable para nuestro país es, en primer lugar, entre las regiones geoeconómicas que lo conforman y, yendo más allá, entre nuestra nación y el resto de Latinoamérica y el Caribe.

La experiencia histórica demuestra que la integración con el norte solamente reafirma las relaciones de dominación-subordinación existentes entre áreas con diferente desarrollo, de manera que la más desarrollada se sirve de los recursos e, incluso, llega a dominar políticamente a la menos desarrollada, porque influye sesgadamente en sus decisiones, a pesar del supuesto formal de la soberanía e independencia nacional.

Cabe recordar que desde la década de los 80, siendo gobernador de Arizona Fife Symington y de Sonora Manlio Fabio Beltrones, ya se hablaba de integrar económicamente estos estados, entre otras cosas mediante la modernización del puerto de Guaymas que, en su momento se consideró como el “puerto de salida de Arizona”.

De hecho, en el plan de desarrollo del gobernador Symington se hacían cuentas alegres sobre Guaymas, como parte de los recursos estratégicos ¡de Arizona!

Quizá sea tiempo de replantear nuestra reacción con el norte y generar propuestas de desarrollo que sean compatibles con los propósitos de recuperación del espacio económico nacional y local, donde chocarían los planes de avance y explotación gringos con aquellos que apunten hacia nuestro desarrollo soberano.

En este contexto, cabe mencionar la construcción del parque solar que proveería de energía al norte de Sonora, con salida para venta al país vecino, y la instalación de una planta para licuar gas en Puerto Libertad, que serviría para apuntalar las exportaciones de EEUU a Asia.

En ambos proyectos, parece que la idea recurrente es beneficiar al vecino, sirviendo de estación de servicio de otra soberanía y, desde luego, colocándonos en el radar geoestratégico de los intereses económicos y militares de EEUU. Al respecto, en Latinoamérica hay muy buenos ejemplos de anexión silenciosa so pretexto de la cooperación internacional y las alianzas estratégicas.

No hay duda que el comercio internacional es muy importante, pero lo es más la salvaguarda de la independencia y soberanía nacionales, tanto como establecer relaciones de intercambio justas entre países, pero no a cambio de aparecer como un protectorado de una potencia militar beligerante, como es el caso del vecino.

Nuestro país y, por consecuencia, la entidad federativa, debe defender el escaso margen de maniobra que le dejaron los gobiernos apátridas del Prian, y no comprometerlo ni acortarlo.         

Se ha cumplido un año, y aún quedan muchas cosas por hacer y deshacer, en el marco del derecho y el interés nacional y local.

En otro asunto llama la atención el anuncio de que se piensa exigir la constancia de supervivencia en el ISSSTESON, siendo que lo más fácil es conectar su sistema al del Registro Civil, y verificar si los beneficiarios de una pensión viven o no; sin embargo, otras instituciones (ISSSTE, IMSS) lo hacen sin problema, incluso la Universidad de Sonora ha dejado de pedir el acta de nacimiento gracias al enlace de su sistema de registro.

¿Qué pasa en el ISSSTESON? ¿No cuentan con un sistema que valga la pena para evitar pagos indebidos? ¿No hay personal que verifique las actualizaciones del Registro Civil? ¿No hay capacidad para coordinarse informáticamente al interior del gobierno y cotejar información? Independientemente de que no hay duda de que se hacen esfuerzos importantes en beneficio de los derechohabientes, se necesitan respuestas operativas y soluciones prácticas.

De nueva cuenta: ¿Se va a rehabilitar la Escuela Leona Vicario y regresar el plantel a sus alumnos? ¿Habrá justicia para los jubilados y pensionados del Ayuntamiento de Hermosillo? ¿Tendrán los derechohabientes del ISSSTESON los servicios que establece la ley y habrá castigo a los culpables del desfondo pensionario?

 

Cuando parece que huele a gas

 

“Una nación que gasta más en armamento militar que en programas sociales se acerca a la muerte espiritual” (Martin Luther King).

 

Hay días así. De repente uno despierta con la extraña sensación de valer gorro; o si se quiere, de que la tan sobada frase de “no somos nada” renueva su significado y se globaliza, como una edición corregida y aumentado de la fatalidad humana personalizada.

Valer gorro en Europa no es lo mismo que en América, como tampoco lo es en Inglaterra que en Alemania… aunque siendo parte de Europa y de la activa y beligerante OTAN, apoyadoras de las sanciones que Norteamérica dicta con tono irrefutable a la pérfida Rusia y su desquiciante discurso contrahegemónico y soberanista, la cosa promete que irá peor sin muchos matices.

Para el ciudadano común de México, la lejanía del conflicto armado en que devino el choque económico de trenes acorazados que tripulan el despistado Biden y el sagaz Putin, respectivamente, puede ser tranquilizante porque “ojos que no ven, corazón que no siente”, además de estar emocionalmente ocupados en la cotidianidad de los bloqueos y desbloqueos de carreteras, los brotes aislados de dengue, los decomisos de “armas de uso exclusivo del ejército”, entre otras menudencias existenciales.

Aquí, por fortuna, los baches y fugas de agua encienden coloridos recuerdos maternos a las administraciones correspondientes, tal como lo hacen las altas tarifas y el incremento de precios, la inseguridad pública y el desabasto de medicamentos.

Sin caer en comparaciones facilonas, nos parecemos en algo a Europa: el cuello de Latinoamérica está torcido por el peso de los testículos del imperio de las barras y las estrellas, y la irritación anal que sufren no pocos gobiernos de la región tiene por causa la costumbre diplomática de ofrecer el trasero al extranjero, animados por el espíritu de la “cooperación y la amistad” con el Norte continental… y global.

De hecho, la buena relación entre corruptores y corruptibles ofrece una amplia gama de opciones para el aprovechamiento de los recursos naturales, vistos como moneda de cambio para la paz y tranquilidad de los países que aceptan sin más su papel de exportadores de materias primas, e importadores de productos industriales y de alta tecnología, bajo el supuesto neoliberal-periférico de que es mejor comprar que producir.

En este orden de ideas, ¿para qué querría Europa ser autosuficiente en materia de energía si la puede comprar a EEUU? ¿Por qué tener relaciones de intercambio comercial y tecnológico con la cercana Rusia si del otro lado del Atlántico pueden llegar los combustibles necesarios para echar a funcionar la industria y asegurar la comodidad de los hogares, en una política costosa, pero “US-Friendly”, sin choques que ocasionen bloqueos y sabotajes?  

En todo caso, ¿para qué tener el problema de que Rusia crezca económicamente si se le puede aislar y desintegrar, tal como ocurrió con la URSS? Si la OTAN surgió como una barrera para contener el posible avance de la URSS sobre el área de interés de EEUU en Europa, ¿por qué no puede servir ahora para estrangular a Rusia, eliminar la molesta competencia y enviar un mensaje “contundente” a China?

Por último, ¿para qué querer un mundo multipolar, equilibrado, plural y democrático sin se puede tener otro unipolar, centralizado y excluyente, gobernado por Big Brother?

Como se puede ver, el “valer gorro” es una expresión gráfica que encaja en varios escenarios. Aquí interesa subrayar cómo un país, incluso un continente entero, puede sacrificar su soberanía a cambio de vivir con la tranquilidad de quien ha pagado “derecho de piso” al mafioso del rumbo. Algunos le llaman tratado o acuerdo comercial, Cumbre de las Américas, acuerdo de cooperación internacional, alianza estratégica y poco más.

En otro orden de ideas, la plaga de dengue que azota al país nos sensibiliza sobre los males que puede sufrir la población objetivo del ataque de un insecto portador de un germen patógeno. Aquí el enemigo es muy pequeño, como un dron que lleva una carga viral en su interior.

En el mundo real los drones pueden ser aéreos o submarinos, pero lo mismo pueden hacer explotar a una persona que un gasoducto. Depende de la ocasión.

 

 

La reforma universitaria

 

“La universidad, en el fondo, es tremendamente conservadora, aunque dentro de ellas todos nos consideramos muy progresistas” (Clara Eugenia Núñez).

 

En los últimos tiempos ha sido recurrente el tema de la reforma a la Ley 4, orgánica de la Universidad de Sonora, conocida como Ley Beltrones y vigente desde los años 90.

Dicha ley se ha caracterizado por hacer posible el crecimiento de un enorme aparato administrativo y múltiples instancias de gobierno que reducen a polvo la idea que privaba antes de su promulgación sobre un tipo de gobierno universitario paritario que permitía la participación de maestros, estudiantes y empleados en la toma de decisiones importantes, entre ellas la elección de rector, en el seno del Consejo Universitario, donde estaban representados los sectores antes aludidos.

El problema que vio la clase política fue que la vieja ley prácticamente permitía que la universidad se mandara sola, lo que dificultaba el deseo de imponer rectores a modo y creaba un ambiente demasiado politizado como para ser tolerado por el poder reacio a la idea de la “autonomía universitaria”.

La Ley Beltrones borró la participación paritaria y, a cambio de la supuesta politización nos dio una buena dosis de burocratización, con una relativa bonanza presupuestal por el lado administrativo en comparación con el académico propiamente dicho.

Así, plazas que debieron ser académicas pudieron pasar olímpicamente a la administración, y decisiones que pudieron haber sido tomadas en los órganos paritarios pasaron a alimentar un aparato obeso y reumático cuya esencia centralista no se justifica.

Sin embargo, tampoco resulta un argumento aceptable la antigüedad de la ley para cambiarla, sino los efectos que tiene en el crecimiento y desarrollo de las funciones universitarias que, como está dicho, pudieron haber tenido mejor fortuna.

Existen varias iniciativas de reforma que bien debieran analizarse y debatirse, en caso de que la discusión de algo tan importante merezca distraer la atención de las diversas fuerza e intereses dentro y fuera de la Institución universitaria.

En mi opinión, la lucha por una reforma con la premisa de “democratizar” la institución nos aleja del objetivo de una reforma universitaria que pueda ser relevante para el progreso de Sonora.

Para empezar, la universidad es y ha sido una institución organizada jerárquicamente: antes que el poder burocrático debiera estar el poder académico, es decir, del conocimiento y la autoridad del título.

Siendo una comunidad del conocimiento organizado en estructuras que hacen posible su difusión, sea en escuelas, departamentos o institutos, la vigencia del que sabe más como guía del que sabe menos hace necesario separar los aspectos sustantivos (docencia, investigación y extensión) del andamiaje administrativo, que debe estar al servicio de aquellos.  

En ese sentido, la democracia debe funcionar de manera que no haya sesgos hacia los aspectos puramente aritméticos de la población. Lo anterior sugiere que la paridad debe obedecer a criterios de equidad; es decir, de ponderación y proporcionalidad.

Me parece que la vieja Ley 103 resolvía de buena manera este problema de la representatividad, y que hubiera sido afortunado simplemente actualizar algunos aspectos de la administración en respuesta a las nuevas realidades académicas, determinadas por el contexto local y nacional.

En cualquier caso, una reforma universitaria debe responder a la intención de dotar a la institución de una estructura orgánica que responda a sus objetivos y propósitos sustantivos ligados al progreso social de la entidad federativa y la región, que facilite las transformaciones y que garantice el progreso institucional.

Lo anterior carecería de sentido si no se partiera del análisis crítico del actual modelo de universidad, y definiera con claridad qué tipo de universidad queremos, es decir, qué modelo de universidad responde a las necesidades del Estado de Sonora y la región, en materia de desarrollo científico, técnico, económico, social y político.

Así pues, sin modelo transformador no puede haber ley que valga la pena, porque la ley simplemente sirve para formalizar y hacer operativo el modelo.

Primero debe estar definido el modelo y, una vez logrado, se debe proceder a la formulación de la estructura normativa que lo haga posible, es decir, la ley. Lo demás es fantasía, y mucho me temo que solamente se ha visto una parte accesoria del problema, porque la universidad no es una isla, un partido político o un club de iluminados, sino que debiera ser la parte pensante y propositiva de la sociedad, y proveedora de las herramientas técnicas y científicas para su progreso. Esperemos que las propuestas de cambio tengan que ver con la realidad que debemos modificar, por el bien de todos.