Notas Sueltas es un espacio de opinión sobre diversos problemas de carácter social, económico y político de interés general. Los comentarios pueden enviarse a: jdarredondo@gmail.com

martes, 27 de junio de 2023

ISR A LA VISTA

 

“Lo más difícil de entender del mundo es el impuesto sobre la renta” (Albert Einstein).

 

Como dice la canción “todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar…”, así que cada día escribimos la historia, quizá con faltas de ortografía, pero la escribimos.

En este deambular nos llega a la memoria cuando, al inicio del gobierno de Claudia Pavlovich, se eliminó de la Ley del ISSSTESON el artículo 60 BIS B, que decía: “quienes disfruten de una pensión o jubilación del Instituto, aportarán mensualmente al Fondo de Pensiones en 10% de la cuantía de su pensión mensual”.

La gobernadora anunció su derogación en la ceremonia conmemorativa del 25º aniversario de la Casa Club del Pensionado y el Jubilado del ISSSTESON (5 de noviembre de 2015), declarando que “ustedes ya pagaron lo que tenían que pagar cuando eran económicamente activos y ahorita merecen gozar de una pensión digna y justa y como Gobernadora, tengo la obligación de hacerlo, además es una tributación doble, por lo tanto, es ilegal” (1).

En su momento se consideró no sólo un acto de justicia social, sino de congruencia al eliminar una contradicción en el propio texto de la Ley 38, ya que en su artículo 66 dice con todas las letras: “Es nula toda enajenación, cesión o gravamen de las pensiones que esta ley establece. Devengadas o futuras, serán inembargables y sólo podrán ser afectadas para hacer efectiva la obligación de ministrar alimentos por mandato judicial o para el pago de adeudos con el Instituto, con motivo de la aplicación de esta Ley”.

Volviendo al presente, con fecha 21 de junio nos encontramos con la noticia de que, “por decisión unánime, la junta directiva del ISSSTESON aprobó el gravado del ISR sobre pensiones y jubilaciones que excedan los $47,305.44 pesos mensuales, como lo estipula la Ley del Impuesto sobre la Renta, con lo que se recupera el sostenimiento pensionario y se da una respuesta a una problemática histórica en la institución” (2).

En este punto, cabe recordar lo que dice la ley invocada. En su artículo 93, fracción IV se señala que:  “las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda de quince veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, y el beneficio previsto en la Ley de Pensión Universal. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título”.

Así las cosas, no resulta del todo exacto afirmar que la rasurada obedece a la letra de “la ley”, sino al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha  27/01/2016, “por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo”, que en su artículo Tercero Transitorio dispone que: “a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización”.

Es decir, un decreto de Enrique Peña Nieto es la base para que los gobiernos de la 4ª Transformación conviertan los 15 salarios mínimos en UMAs, donde (en números redondos), para efectos fiscales, los ingresos hasta 93 mil pesos exentos ¡son iguales a 47 mil!

La “medida salvadora del fondo pensionario de Sonora” implica un problema de competencia: parece que el ISR siendo federal se “sonoriza” gracias a la voluntad distributiva del gobierno duracista, que considera que el rezago pensionario y financiero del Instituto se resolverá rasurando el ingreso pensionario de quienes, por ahora, reciben una pensión de más de 47 mil pesos, además de “poner orden” en las pensiones consideradas altas, que seguirán tan campantes aunque no tan íntegras.

El Isssteson carece de facultades recaudatorias y nada garantiza que los recursos captados por la vía del ISR retornen al Estado y puedan ser canalizados al Instituto, lo que constituiría una victoria pírrica o, si se quiere, una tomadura mediática de pelo.

Así que, por una parte, parece que aquí tenemos un problema de comprensión conceptual si se tiene en cuenta que las UMA se crearon como un factor de estabilización inflacionario, mientras que el salario es un factor de distribución social de la riqueza basado en la equidad. Como salta a la vista su función es bastante distinta.

Por otra, vemos que vuelve a Sonora (nueve años después) el derogado por ilegal impuesto a las pensiones, so pretexto de “cumplir con la ley” (se oyen porras y vivas por parte de los jubilados y pensionados a un gobierno así de cumplidor, aunque también hay murmullos y gruñidos de encabronamiento y preparativos para una batalla legal, a partir de agosto, cuando entre en vigor, con bombo y platillo, la rasuradora pensionaria).

Es absurdo pensar que mediante la aplicación del ISR se puede corregir el hecho de conceder pensiones inmoralmente altas, porque palo dado ni Dios lo quita, llevándose de corbata a muchos que lograron honestamente una pensión decorosa. Así, el error de origen simplemente se maquilla y hasta se justifica, no se corrige.

La idea de que las pensiones deben estar exentas de todo gravamen flota en el aire, siendo como lo es, un reclamo ciudadano de elemental justicia social. ¿Podremos superar la propensión neoliberal de joder a los pensionados y jubilados? Ya veremos. 

 

Fuentes:

1) https://www.isssteson.gob.mx/index.php/articulos/ver/630

2) https://www.facebook.com/search/top?q=isssteson

sábado, 17 de junio de 2023

UN CANDIDATO POSIBLE

 “Los moderados no son más que conservadores más despiertos” (Melchor Ocampo).

 

Se calientan los ánimos, quizá para estar en sintonía con el pronóstico del clima y las previsiones meteorológicas de temporada. Lo mil veces comentado es el gesto adusto y amenazante de Claudia Scheinbaum, con dedo en ristre frente a Alfonso Durazo en el cónclave morenista celebrado el pasado domingo 14 en la Ciudad de México (El Imparcial, 15-06-2023).

La reacción airada frente a Durazo, porque hubo gente que le gritó “piso parejo”, revela una escasa resistencia a lo que se da por sentado en cualquier proceso donde hay grupos que tienen distinta forma de ver las cosas, habida cuenta que se trata de la selección de un candidato entre seis aspirantes.

Aquí, el que se lleva se aguanta, el que compite sabe, o debe saber, que no hay regla o acuerdo tan fuerte que ponga un bozal al entusiasmo y las convicciones de los apoyadores de tal o cual aspirante, aunque se puede alegar que alguien rompió un acuerdo, lo cual es criticable.

La pretensión de que no hubiera gritos o sombrerazos en la presentación en sociedad de los aspirantes fue un buen deseo, frente a la realidad del reclamo de “piso parejo” que hicieron los seguidores de Marcelo Ebrard, según se ha señalado en los medios, aunque cabe recordar que es el mismo reclamo que en su momento hiciera Gerardo Fernández Noroña, ante la sospecha de una posible exclusión del elenco presidenciable.

Al parecer, más allá de la razón del arranque emocional de la señora Scheinbaum, se tiene la impresión de que algunos se sienten más “de casa” que los otros, por lo que el llamado al “piso parejo” puede ser producto de dichos y hechos presentes en el ánimo de los contendientes percibidos como menos favorecidos.

Trasciende que tanto Monreal como Ebrard acudieron con un grupo de seguidores, con lo que se rompió el acuerdo de acudir solos, sin porra. Sin embargo, Durazo, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de Morena, tuvo que responder a Scheinbaum aceptando lo reprobable del desaguisado.

Independientemente del previsible tropiezo en la etapa preoperatoria de la carrera presidencial por parte del partido guinda, la oposición convertida en franquicia electoral de Claudio X. González, ilustre representante del empresariado parasitario, no da con bola. Sus posibles abanderados hacen circo, maroma y teatro por llamar la atención de los medios, ante el jolgorio de una ciudadanía que no ve por ningún lado ni proyecto de nación ni congruencia en sus dichos y sus hechos, más allá de un cacerolismo risible, tan mamón como estridente.

Como aspirantes “de izquierda” menos creíbles destacan el acomodaticio Ricardo Monreal, tan falso en sus convicciones como un billete de tres pesos y el caricaturesco Manuel Velazco, del PVEM, ejemplo de la trivialización de la política. Por otra parte, están Gerardo Fernández Noroña, de amplia trayectoria legislativa, y del primer círculo presidencial figura Marcelo Ebrard Casaubon, Adán Augusto López Hernández y Claudia Scheinbaum Pardo.

Tanto Marcel Ebrard como Adán Augusto López pueden presumir de méritos en el desempeño de sus respectivas responsabilidades públicas, de Fernández Noroña se puede hablar de su desempeño legislativo y su habilidad para el debate, mientras que la señora Scheinbaum goza de reconocida militancia y prestigio académico en materia de protección ambiental.

Quizá lo más importante sea cuál es la profundidad del compromiso con la transformación nacional de los aspirantes y, consecuentemente, hasta qué punto estarían dispuestos a hacer frente a los intereses y avances del capital transnacional en nuestra economía y política nacional.

Lo anterior adquiere relevancia si tenemos en cuenta la masa de intereses que hay, por ejemplo, en torno al litio, las energías limpias, la modernización de puertos y las inversiones milmillonarias en infraestructura relacionada con el transporte y licuefacción de gas, que encajan con las expectativas del norte global de cara a la competencia energética y comercial que se tiene con Rusia y China.

¿Seremos muy “progres” si le hacemos el paro logístico (a través de Chihuahua y Sonora) al gas texano? ¿Nos modernizamos si por un lado proclamamos nuestra soberanía y por otro servimos de tapete geopolítico a los vecinos del norte?

No es exagerado decir que el futuro del país depende de un gobierno soberanista y nacionalista y no de uno atado al globalismo encabezado por el norte. En este punto, es claro que está descartada la oposición claudioequisista por ser contraria al interés nacional, como también debiera estarlo cualquiera que, en las filas de Morena y aliados, se pliegue a los intereses del extranjero.  

Los adherentes de la 4ª. Transformación deben centrar su atención en el interés nacional, no el del vecino. O se es soberanista o se es globalista porque no hay términos medios y, y como dijo el Che Guevara, “son moderados todos los que tienen miedo o todos los que piensan traicionar de alguna forma”.

En lo personal, veo en Adán Augusto López Hernández un candidato posible, pero eso lo decidirán las instancias formales de Morena. Ojalá que no asistamos a una versión electoral de la fábula de Esopo, el parto de los montes.

 

  

sábado, 3 de junio de 2023

EL NUEVO DEPORTE NACIONAL

 “Cambiar no siempre equivale a mejorar, pero para mejorar, hay que cambiar” (Winston Churchill).

 

Ya se sabe que somos un país libre, independiente y soberano, según lo dicta la Constitución, y que el Poder Judicial, encabezado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), vigila el cumplimiento de las leyes, empezando por su constitucionalidad, es decir, su apego a la norma constitucional.

Se sabe, también, que el derecho y las leyes son de carácter abstracto, aunque emanan de la realidad histórica, política, social y económica del país, y que están sujetas a la interpretación de quienes tienen la responsabilidad legal de hacerlo.


Es decir, las normas legales no sólo responden a la realidad que las motiva sino a la capacidad analítica y contextual de quien las interpreta y aplica. En este caso, la interpretación y su operatividad depende de alguien que puede tener prejuicios, intereses, inclinaciones y preferencias ideológicas, políticas y, desde luego, económicas.

En la situación presente, la creciente intervención de la SCJN en los propósitos transformadores del actual presidente de la república llama, por lo menos, la atención.

¿Tendrá alguna razón, más allá de los vericuetos legales de ocasión, el Máximo Tribunal para impedir el trabajo del Poder Ejecutivo y pasarse por el arco del triunfo los acuerdos y decisiones del Poder Legislativo?

De ser así, estaremos ante una falla coyuntural del equilibrio de poderes, del armazón competencial que da rumbo y certidumbre a la cuestión pública en el país, que se traduce en la presencia y acción de un poder que se pone por encima de los demás en clara mandada al carajo de la propia Constitución. Llamar a esto golpe de Estado pudiera ser una descripción razonable.

Ahora, si la oferta que le dio el triunfo a AMLO en el 2018 fue la de la transformación nacional, el combate a la corrupción y el fin de los privilegios, ¿qué supone el bloquear iniciativas que benefician al país y permiten el progreso económico y social, impidiendo cambios en el armazón legal y económico del régimen anterior?

Atacar porque sí cualquier iniciativa de alcance nacional es ponerle una camisa de fuerza al Ejecutivo, generando las condiciones para que el clima de tensión política y crispación social llegue a niveles de ingobernabilidad, con rumbo al infame calificativo de “Estado fallido”, inventado por los teóricos y operadores de la intervención militar que tenemos por vecinos.

El nuevo deporte nacional, reservado a las élites y sus aplaudidores, es el de atacar cualquier cosa que haga el actual gobierno, y tratar de generar un clima de crispación social abonado por una prensa gatillera y deshonesta.

La prensa mercenaria que dosifica la información, la manipula y en muchos casos miente como respira, parece que en este sexenio en particular reclama su carta de ciudadanía y se pone el gorro frigio de las libertades prostituyéndolas.

La mercantilización de las conciencias, independientemente de que exista algún estímulo económico directo o inmediato, es producto de la decadencia moral en la que nos ha sumido la ideología del mercado, y la globalización como camino de la hegemonía anglosajona materializada en el dominio económico, militar y cultural del norte global capitaneado por EUA.

Los tratados de “libre comercio” no han sido más que camisas de fuerza al desarrollo nacional independiente y mecanismos de cobro, político y social de las naciones que caen, o se ven obligadas a caer en esta trampa.

El país que se ha especializado en la coacción militar y política y en los golpes de Estado prospera gracias a sus cómplices nacionales, a mexicanos desclasados o simplemente comprometidos emocionalmente con la ideología neoliberal, esencialmente discriminatoria y de falso compromiso con la libertad y la democracia.

La idea de una oposición nacionalista y valiente, honesta y comprometida con el país se ha esfumado gracias a la mercantilización de la política y la influencia de los juniors, parásitos empresariales metidos a profetas de la vuelta a pasado.

La derecha autóctona pero transnacionalizada hace el trabajo sucio y teatraliza la protesta nacional, en una coreografía no sólo sobreactuada sino esencialmente inmoral, con lo que la ideología, modos y maneras de desestabilizar al gobierno encaja en los supuestos del viejo manual de la CIA de cómo derribar gobiernos, ahora con golpes “suaves”, en este caso de carácter judicial.

Si uno de los poderes de la Unión invalida y ataca a los otros, no se puede hablar de estado de derecho ni de defensa de las libertades, sino de una especie de dictadura judicial que abona los intereses extranjeros en contra del interés nacional. Una traición en toda forma, pero hipócrita y cobarde, vestida con toga y birrete.

La SCJN, en actitud disruptiva, atenta contra la soberanía nacional y propicia el avance de los intereses del conservadurismo ligado a los intereses del extranjero, lo cual es ya inocultable a pesar de la prensa que maquilla cuando no embalsama la realidad nacional

Pero, como dice el clásico: sólo el pueblo podrá salvar al pueblo. Tiro cantado para el 2024.