Conspiración en Pémex

Notas Sueltas es un espacio de opinión sobre diversos problemas de carácter social, económico y político de interés general. Los comentarios pueden enviarse a: dalmx@yahoo.com

lunes, 29 de febrero de 2016

Inseguridad social: ¿meta del gobierno?

No hay duda que la naturaleza humana es contradictoria, a veces indiscernible, aunque casi siempre predecible. Pasamos de la búsqueda de la verdad al absurdo del pragmatismo cómplice; de la defensa verbal de la justicia a acción abusiva y criminal; del respeto a la legalidad a la violación sistemática de la norma; de la libertad como objetivo a la dominación y sujeción como propósito. Hablamos de las bondades de la democracia y el respeto a la dignidad humana mientras se busca el ascenso político mediante la compra de voluntades y la corrupción. Mientras que se reclama transparencia y honestidad, se gobierna con opacidad, simulación y represión a los disidentes.

Nuestro país ha retrocedido dramáticamente, entre otros rubros, en materia de empleo, ingreso y seguridad social, debido a una agresiva política de privatización que ha rebasado los límites impuestos por la prudencia política en otros gobiernos, igualmente neoliberales y entregados al gobierno de los Estados Unidos, pero con algunos residuos de dignidad y respeto a las formas. La política económica dista mucho de tener un enfoque nacionalista que procure no sólo estabilidad sino desarrollo económico, quedando sujeta a una función meramente instrumental que retoma y aplica medidas ajenas al interés general. De ahí la creciente inconformidad y el evidente fracaso de las políticas asistencialistas: no se fomenta el empleo y el ingreso y sí la acumulación privada en cada vez menos manos.

La aplicación mecánica e irresponsable de las recetas del FMI, Banco Mundial y OMC, ha desprotegido la economía nacional y desmantelado la infraestructura productiva, en beneficio del capital extranjero. Los productores nacionales se encuentran en franca desventaja respecto a las trasnacionales, de suerte que, por ejemplo, en la producción de alimentos e insumos agrícolas queda en manos de Monsanto, Syngenta, Dow, DuPont, entre otras, con grave daño a la biodiversidad y la sobrevivencia de especies y variedades endémicas.  En tal virtud, la oferta de alimentos se reduce y decrece en calidad, lo que explica la aparición de enfermedades crónico-degenerativas antes desconocidas o poco significativas. Gracias a la complicidad del gobierno, la soberanía alimenticia y la economía agrícola está en manos de extranjeros, dejando al campo mexicano en calidad de zona de expulsión de fuerza de trabajo y de área de influencia del crimen organizado.

Si el trabajo y el ingreso disminuyen, es claro que la demanda de bienes y servicios se precariza, condenando a los asalariados y desempleados a cuadros de subconsumo creciente. Con ello, la vulnerabilidad de la población a enfermedades asociadas a la pobreza, aumenta. Un organismo inmunodeprimido es blanco de enfermedades y, en consecuencia, aumenta la probabilidad de contraer padecimientos que difícilmente pudieran atacar a una persona alimentada adecuadamente y en condiciones de buena calidad de vida. La disminución del ingreso en términos reales más una deficiente alimentación permite suponer un incremento en la demanda de servicios de salud y asistencia social.

A la precarización de la economía nacional sigue la privatización de áreas y funciones antes responsabilidad del Estado, con lo que se han impulsado reformas que afectaron tanto al IMSS como al ISSSTE, subrogando áreas y servicios en detrimento de la calidad de la atención, pero sobre todo, de la función social del gobierno: la salud se privatiza parcialmente gracias a la subrogación, con lo que se perfila tanto la salud como la seguridad social como áreas de oportunidad para los negocios privados.

El gobierno prefiere pagar rentas y la provisión de servicios a agentes privados, antes que administrar sus propios recursos e invertir en infraestructura, equipo, medicamentos y personal especializado, que puedan elevar la calidad del servicio mediante la capacitación y actualización constantes. En la actualidad las instituciones de salud pública agonizan; se carece de equipo, medicamentos y materiales de curación; las condiciones de atención hospitalaria no favorecen la pronta recuperación del paciente y los familiares se ven obligados a realizar labores de enfermería al ocuparse de las necesidades básicas del enfermo, ya que el personal no se ocupa de ellas. Asimismo, se extienden recetas con la esperanza de que las familias cuenten con los recursos para surtirlas, ya que las farmacias muchas veces se niegan a proveer medicamentos ante la incertidumbre de que la institución cuente con la capacidad para cubrir el importe en un plazo razonable.

Los recortes de personal y la cancelación o desincorporación de servicios y responsabilidades, se han convertido en práctica obligada por el modelo económico neoliberal, lo cual se agudiza cuando la administración pública se ejerce con torpeza y arbitrariedad. El reciente caso del despido de personal médico y de enfermería adscrito al Hospital Chávez del Isssteson constituye un ejemplo claro de esto.

Para nadie en su sano juicio puede ser creíble que el despido de 300 trabajadores puede llegar a resolver el problema de nómina del instituto. Si las autoridades han dicho que se trata de “desvincular” (despedir) a personal de confianza, ¿quién puede creer que los eventuales están en esta categoría? Si un trabajador eventual es alguien que figura en una lista para ser llamado cuando se le necesite y qué solamente funge como empleado en el momento en que la institución lo llama para cubrir un turno, ¿cómo se puede justificar que sean desalojados justamente cuando están ejerciendo las funciones temporales para las que fueron convocados? Entonces, ¿para qué los llamaron?

Tras la arbitrariedad de su violenta expulsión del centro de trabajo, la actuación de las autoridades apoyadas por elementos de la policía constituye una verdadera ofensa a la dignidad de los profesionales de la salud y, en general, a la clase trabajadora sonorense. Duele ver el desparpajo de las declaraciones: “fue una medida dolorosa pero necesaria”; “si no hacemos esto, se corre el riesgo de que el Isssteson quiebre…”


Los mensajes son contradictorios, ya que por una parte se habla de poner orden en las finanzas estatales, pero las primeras víctimas son humildes trabajadores eventuales que viven de la buena o mala fortuna de una llamada para cubrir una jornada, de acuerdo al criterio de la parte patronal. ¿A qué hora se pondrán a trabajar en serio? ¿Cuándo se dejará de gobernar a periodicazos?

lunes, 22 de febrero de 2016

Inseguridad

 “Seguro se está cuando no se tiene temor ni a los inconvenientes del momento ni al          desenlace de la empresa” (Cicerón).

La inseguridad señorea nuestras relaciones sociales, personales e institucionales. Nada puede darse por sentado y la duda corroe las entrañas de una ciudadanía instalada en el hedonismo y la apatía. La cómoda posición política de no hacer ni participar siquiera en apoyo de los que sí hacen revela la causa profunda del porqué existe tamaña impunidad en los asuntos públicos y los privados. Somos los causantes del desorden que reina; callamos convenencieramente los despropósitos del gobierno arropados con las sábanas de la indolencia, mientras nuestro entorno social se resquebraja y derrumba.

La ciudad de Hermosillo, otrora orgullosa capital del antes pujante e industrioso estado de Sonora, navega con bandera de priista en un mar de componendas, tráfico de influencias y política panfletaria diseñada para el manoteo y la manipulación. Hasta la fecha, no hay evidencias de un gobierno que trabaje por el bienestar ciudadano en vez de aplicar mecánicamente las torpes y a veces absurdas disposiciones del centro. ¿Tenemos gobierno del estado o una simple gerencia del poder central?

La pasada administración panista dejó en claro que el saqueo del erario era su mejor opción antes que cumplir con la ley. En la actual, las declaraciones han llenado los espacios periodísticos sin que la realidad se haya visto modificada en beneficio de la legalidad y la justicia.  El daño ocasionado por un gobierno de rateros sigue afectando nuestras finanzas públicas y el descrédito político de la clase gobernante no distingue grandes diferencias entre PRI y PAN. El balance histórico es implacable en su crudeza: unas y otras siglas no han hecho la diferencia, porque la cultura de la componenda, el influyentismo y las relaciones clientelares han reducido y pervertido la democracia sonorense.

Tan han afectado a las prácticas democráticas y el proceso de aprendizaje y maduración de una ciudadanía alerta, informada y participativa, que los movimientos sociales navegan en aguas llenas de escollos que propician la atomización, el individualismo y la eventual traición a los principios que en un momento dijeron defender. Algunos caen en garras de la seducción corruptiva del sistema, otros resisten valientemente en una lucha desigual y no del todo comprendida y apoyada por los propios sectores eventualmente beneficiados. El primer enemigo a vencer no es el sistema sino la propia vulnerabilidad.

Mientras la ciudadanía se debate entre la desesperanza y el miedo, el gobierno ofrece soluciones mecánicas, pueriles y francamente ofensivas para cualquier inteligencia dentro de la normalidad. Ahora lanza la gobernadora la iniciativa de dar por ley el 50 por ciento de las alcaldías a mujeres, bajo el supuesto de que se reforzaría la democracia y el cambio añorado por Sonora.

Tristemente, la experiencia nacional e internacional sobre la participación de las mujeres en el gobierno es ajena a la idea de proporcionar soluciones mágicas a los países, regiones o localidades. Es inevitable pensar en el plano internacional en Margaret Thatcher, como en el entorno nacional en Rosario Robles, o en lo local Dolores del Río o la propia Claudia Pavlovich.

Las mujeres mexicanas han ocupado la presidencia nacional de partidos, gobernado estados y municipios, ocupado posiciones en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; su participación en el Senado o en la Cámara de Diputados, así como en los cuerpos legislativos locales y cabildos permite afirmar que no hay discriminación política que impida a una mujer llegar a los puestos de elección popular. Siendo así, ¿qué sentido tiene la iniciativa de la gobernadora Pavlovich? ¿En qué favorece a la mujer y a la democracia?

Inclinar la balanza legal hacia un sexo u otro es, en principio una forma de discriminación y nada tiene que ver con la vida democrática. Las cuotas de “género” son una imposición que no se sustenta en un verdadero crecimiento político, sino en el atraso y la inmadurez.

En lo particular, pienso que el sexo es irrelevante cuando se trata de elegir a los candidatos más aptos, ya que el desempeño de un cargo público difícilmente tiene que ver con la sexualidad ni con las cuotas de “género”. Así como hay hombres corruptos, torpes y nefastos, también tenemos mujeres envilecidas por el sistema y que sólo trabajarán para sus intereses personales y de facción política. Ser hombre o mujer no garantiza necesariamente los resultados de una gestión pública honesta y eficiente, porque este asunto tiene más que ver con la personalidad, preparación, características y decisión individuales. La vocación y la capacidad políticas no son un asunto hormonal. Maduremos. ¿Por qué no elegir libremente a los representantes y funcionarios, sin cuotas, trabas y condicionamientos clientelares? 

Mientras se nos distrae con soluciones y propuestas “patito”, torpemente efectistas, la ciudad capital se revela como un lugar inseguro, peligroso y conflictivo. La zona centro de la capital, ocupa el segundo lugar, después de Miguel Alemán, en robos, asaltos y lesiones. En lo que va del año, se han registrado 140 robos en casas, 110 asaltos a comercios, 25 robos a escuelas y 35 a transeúntes (El Imparcial, 22.02.16).

¿Es imaginable para usted que puede ser asaltado, lesionado y quizá asesinado en el mero centro de la ciudad capital? ¿La policía actuará con más eficacia cuando se implante el número “911”, que nos hará sentirnos como arizonenses nopaleros? ¿El mando único también impulsado desde el centro logrará, además de lesionar la autonomía municipal y el federalismo, abatir los índices de la delincuencia que surge de una sociedad sin oportunidades de empleo decente y seguro?


Es claro que con parchecitos ridículos no se puede tener un gobierno de logros, independientemente del sexo de quien gobierne. El problema está en otro lado, como también lo está su solución. Pero podemos seguir haciéndonos tontos…

lunes, 15 de febrero de 2016

La fascinación por el Papa

           “Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Lucas 20:25).

Por más que uno se esfuerce en dejar de lado el tema de la visita del Obispo de Roma, para abordar otros de más evidente y urgente terrenalidad, se tiene que reconocer la inutilidad del intento. ¿Cómo dejar de pensar en una situación tan traída y llevada mediáticamente? ¿Cómo ocultar la cabeza a semejanza de algún avestruz opinante cuando las redes sociales desparraman a borbotones la chucatosa y pringante opinión de tirios y troyanos a favor, casi a favor, en contra con aclaraciones de pie de página y variadas y sesudas reflexiones acerca de nuestra curiosa laicidad? Es necesario armarse de paciencia de camello filósofo para sobrevivir a las falsas, aunque cómicas disyuntivas que se plantean, por ejemplo: ¿Vino como peregrino o como jefe de Estado? ¿El presidente Peña asistió a misa como católico o como mandatario? ¿Cesarán los abusos del gobierno y el clero comodón que representan al sistema al que Francisco ha criticado tanto en Roma como en México? ¿Ya se empiezan a arrugar las lozanías de la parvada de anticristos nopaleros de saco y corbata que junto con los de sotana y alzacuello claman, como en los viejos tiempos, por “religión y fueros”, tanto como por “orden y progreso”?

Las interrogantes son muchas y las respuestas fluyen a cuentagotas por los canales azolvados del sentido común, porque parece ser que en el país la abundancia de necesidades insatisfechas y frustraciones acumuladas han dejado poco margen para los juicios a salvo de adjetivaciones. El Papa Francisco es un inevitable polo de atracción para protagonismos temporaleros, sea por razones humanamente válidas o por obra de una autoestima estropeada por los esteroides de la vanidad. En realidad, la idea de tener enfrente a la persona real o virtual del pontífice arma de valor escénico a muchos, que sin este estímulo serían como cacahuates en la jaula del chango: carentes de personalidad y con una utilidad transitoria e intrascendente.

En este sentido, vale la pena insistir en que el Papa, al igual que el Presidente, son personajes que representan un poder o autoridad que dura mientras cumplen con su encargo, y no dejan de ser lo que son ni siquiera al ir al baño. El mandatario mexicano lo es a la hora de dirigirse a la nación tanto como cuando se limpia los mocos, y el jefe de la Iglesia Católica lo es tanto en San Juan de Letrán como en su estancia privada viendo el fútbol. Resulta un simple garabato retorico decir que uno asiste a misa como católico y no como presidente, tanto como el otro declararse simple peregrino en su visita a México.

Desde luego que sería un error garrafal suponer que uno y otro se miden con el mismo rasero, ya que Peña representa al Poder Ejecutivo por seis años, es un actor político con obsolescencia programada legalmente a dicho período, aunque algunos opinantes suspicaces afirman que su impulso está agotado desde antes de la toma de posesión; se le confiere, en tal supuesto una utilidad instrumental al servicio de otra soberanía, de acuerdo con su prisa por desmantelar al Estado mexicano mediante la firma de pactos, acuerdos y decretos de fuerte olor trasnacional. El Papa, en cambio, tiene una calidad y representación anclada en una de las tradiciones más antiguas de la cultura occidental, cuyo poder es moral y su ámbito espiritual. Uno tiene trascendencia local mientras que el otro mundial.

Pero, con el ánimo de matizar un poco, se puede decir que las acciones y los dichos de Peña tienen capacidad ejecutiva mientras que los del pontífice romano la tienen normativa en los términos de una valoración ética y teleológica de la conducta.

En este sentido, ¿por qué esperar del Papa algo más allá de una conducta empática y moral expresada mediante opiniones y reflexiones de carácter más bien general? ¿Por qué exigir pronunciamientos con detalladas y explícitas condenas hacia personajes y actos que, por su naturaleza, corresponden al pueblo y sus instituciones señalar, juzgar y castigar? Si el Papa se pronuncia contra la corrupción, la exclusión, el abuso y la muerte, así como contra el saqueo y el abandono de los pueblos originales, ¿no deberíamos los ciudadanos convertir en obras los buenos deseos y caminar unidos hacia otra sociedad más justa e incluyente?

Después de todo (¿podrán algunos entenderlo?), el jesuita Bergoglio no es agente del ministerio público, juez o ministro de la Suprema Corte, pero sí uno de los líderes morales de la humanidad. Cada chango en su mecate. Desde luego que los límites entre estado y religión se confunden al igual que lo hacen los del estado y mercado, gracias a la labor difuminante de la ideología neoliberal instrumentada en México por el patético enano Salinas, que abre cauces para convertir en negocio hasta las funciones fisiológicas. Sus reformas achaparran la vocación liberal y laica nacional y hacen constitucional la visibilidad de las iglesias en forma de asociaciones con las capacidades que otorga el código civil y otros complementarios. De autoridad moral pasan a ser causantes en un régimen que privilegia la opacidad y la simulación. Ahora, las familias neoporfirianas pueden declararse simples ciudadanos cuando las apariencias del cargo público les exigen guardar respeto a las investiduras republicanas…


Pero, se entienda o no, el mensaje papal fustiga a los oligarcas de corbata o alzacuello, reivindica la opción por los pobres del Tatik Samuel Ruiz y abraza amorosamente la defensa de los migrantes, como respaldo claro a la labor misionera de Alejandro Solalinde. La puesta en marcha, la operatividad de las intenciones y señalamientos dependen del pueblo, católico o no, que sienta como propio el mensaje evangélico del amor al prójimo como a uno mismo. La moneda está en el aire, como las palabras de Francisco.

martes, 9 de febrero de 2016

Las batallas sindicales por librar

          "Lo que no aprovecha a la colmena, tampoco aprovecha a la abeja" (Marco Aurelio Antonio).

Tiempos de definiciones impostergables y de necesidades por satisfacer, hora de dejar la comodidad de lo políticamente correcto y emprender la aventura de ser auténtico en el decir y el actuar. Mientras que la ciudad se deshilacha por ausencia de un gobierno de y para el pueblo, la Universidad, conciencia crítica de la sociedad, se prepara para dar respuesta, o no, al reclamo cíclico de proveer lo necesario a sus trabajadores, en los términos de las normas legales vigentes y los ajustes pertinentes en materia salarial. Se trata de paliar el deterioro de la capacidad adquisitiva de los universitarios agremiados en los sindicatos Steus y Staus.

La lucha por mantener la carne pegada al espinazo unifica y define a los trabajadores en todas partes, en los diversos sectores de nuestra vapuleada economía nacional: los esfuerzos del gobierno y la iniciativa que, siendo privada, discurre por rutas alejadas de lo público, van justamente en sentido contrario al de las necesidades reales y sentidas de quienes viven de su esfuerzo cotidiano en condiciones cada vez más difíciles, de suerte que los intereses de la fuerza laboral constituyen una realidad que se niega sistemáticamente por sus contrapares patronales y el sector oficial neoliberal.

Las violaciones a los contratos colectivos, el hostigamiento y las campañas de descrédito y desprestigio social terminan siendo recursos de los que se abusa con inusitada regularidad. Para la patronal, el mejor trabajador es el pasivo, colaborador y con espíritu masoquista; la disidencia es contraria a esa especie de institucionalidad secuestrada por la administración en turno, porque para ellos los objetivos del sindicalismo universitario debieran ser la domesticación resignada de sus miembros, el espíritu conciliador e incondicional en grado de autogol voluntario y la falta de aspiraciones de progreso y bienestar personal y gremial.

Mientras que el sistema atomiza de hecho y de derecho (recuérdese la reforma laboral y la educativa) la resistencia de los trabajadores, y pule y perfecciona sus argucias mediante mecanismos como la individualización de las vías de solución, convirtiendo los medios de promoción y mejora salarial en “premios” al desempeño académico antes que  logros y conquistas colectivas legalmente exigibles, se crea una especie de empleado dócil al sistema de puntajes y adicto al llenado de formatos y cubrir apariencias de cumplimiento, capaz de sacrificar la calidad a la cantidad en aras de cubrir las cuotas de simulación que exige el sistema que “estimula” y reconoce las bondades de tener ficheras con doctorado a su servicio.

Pronto, las estructuras clientelares proliferan en las instituciones, y la corrupción, antes reservada a la administración, tiñe con los colores de la mendacidad, el cinismo y la incompetencia a las capas pensantes de la población universitaria: profesores caza-puntos y estudiantes en pos de promedio y no de conocimientos le dan un giro a la educación, logrando el propósito de changarrificar la academia y una conciencia de culpa compartida que obra como el sello de un pacto de silencio entre cómplices. Los “ISO” y las “certificaciones” son las tapaderas de las nuevas cloacas académicas funcionales al sistema. Se pierde la autonomía a cambio de etiquetas.

Lo anterior es el resultado lógico de un sistema corruptor que precariza las relaciones institucionales, vulnera y avasalla la dignidad de sus actores y promueve los nuevos valores y objetivos del sistema; pero, la Universidad puede ser una simple caja de resonancia de la ideología dominante o, por lo contrario, un factor de cambio y conciencia crítica de la sociedad.

Recientemente, se creó la Federación Sonorense de Sindicatos de Educación Superior (FSSES), en la que forman los sindicatos de trabajadores del CIAD (Siatciad), del Itson (Suttitson), y los de la Universidad de Sonora Steus y Staus. El propósito de la nueva federación es la unidad y el apoyo de sus integrantes en los problemas que les son comunes y rescata los conceptos de solidaridad y comunicación entre pares. Si el sistema trabaja para dividir e individualizar las vías de solución de los problemas de los trabajadores, atomizando la resistencia y las formas de lucha, la organización sindical lo hace por la identificación de problemas y búsqueda de soluciones y acuerdos para la acción colectiva.

En una época en la que se menosprecia y criminaliza la protesta, la defensa de los derechos de los trabajadores debe ser un ejemplo preocupante para el sector patronal, aunque uno luminoso para las futuras generaciones. La crítica a los sindicalistas jamás es producto del despiste e ignorancia, sino de una sebosa defensa del sistema que mantiene a la población sojuzgada mediante la contención salarial, la desinformación, el temor inducido por los medios de manipulación masiva, la desesperanza y el desinterés por participar en la legítima defensa de nuestros derechos sociales y laborales. En este marco la organización de los trabajadores es esperanzadora, ya que las únicas fuerzas capaces de mediar en los conflictos entre el capital y el trabajo son la legalidad e imparcialidad de las instancias formalmente competentes, la unidad y la legitimidad de las demandas y acciones de los trabajadores, más el despertar de la conciencia social, tanto de estudiantes como de sectores sociales interesados en el futuro de los jóvenes.

Para Sonora y las instituciones de educación superior, las luchas sindicales y sociales del 2016 podrán marcar la diferencia entre una comunidad autocomplaciente y corruptible y otra que, celosa de sus responsabilidades y deberes cívicos, haga de cada día el escenario en el que la honestidad e integridad de sus miembros construya un mejor futuro, en una sociedad más justa e incluyente.

miércoles, 3 de febrero de 2016

Nuevamente de lengua me como un taco

          "Cuando estés en la mesa, piensa primero en el pobre, pues si lo alimentas, alimentas a Dios" (Epigrama medieval). 

Nuevamente los ciudadanos sienten que la realidad es un accidente, cuando no un caso especial de la visión y expectativas de los personajes que gobiernan. El absurdo nuestro de cada día se expresa mediante discursos que permiten asomarse un poco a las intrincadas tramas del poder ejercido a periodicazos, desplegados e inserciones pagadas disfrazadas de noticia. 

Los registros periodísticos revelan que mientras que los gobernadores y el Ejecutivo federal se empeñan en combatir la inseguridad a punta de iniciativas que lesionan al federalismo mexicano, muchos presidentes municipales piensan que el mando único no debe establecerse como una medida general, sino que, en todo caso, pudiera responder a situaciones particulares. No todos los municipios están en las mismas condiciones ni todos los presidentes municipales son serviles al gobernador en turno.

El problema de las disposiciones generales que se tratan de imponer es que se topan con barreras como la Constitución de la república, de suerte que cuando se le tuerce el brazo a la Ley Suprema también se violenta la historia política y administrativa de estados y municipios. El mayoriteo en los congresos estatales en la línea que traza el centro no sirve para otra cosa más que para demostrar, con peras y manzanas, que aún no entendemos lo que es la vida republicana bajo los supuestos del modelo federal, adoptado en 1824, restablecido en 1857 y ratificado en 1910.

Los pujos centralistas de quienes impulsan reformas claramente lesivas para nuestra vida y coexistencia civilizada, en los términos del marco normativo federal, revelan una ignorancia supina o, en su defecto, un ánimo depredador que pretende hacer legal renunciar a los logros políticos del pueblo mexicano.

Si la sola idea de reducir el ámbito de competencia del municipio, establecido en el artículo 115 constitucional federal y en el Título Quinto de la constitución local, es ridícula, también lo es pretender combatir la pobreza mediante acuerdos y pactos. Es evidente que por la visión asistencialista del gobierno jamás va a pasar la idea de fortalecer las finanzas municipales y los ingresos familiares mediante políticas de generación de empleo permanente, bien remunerado y con seguridad social.

¿Tiene sentido, más allá del manejo mediático, sentarse y firmar acuerdos cuya única finalidad es la de repartir becas y apoyos a familias económicamente desfavorecidas? ¿La pobreza se combate con discursos, pasarelas y buenas intenciones debidamente publicadas en los medios informativos? ¿La miseria es necesaria para el ejercicio del poder? ¿Por qué no impulsar la creación de empleos en empresas sonorenses o nacionales que respondan a criterios de responsabilidad social, protección ambiental y justicia laboral? ¿Tienen que ser maquiladoras las únicas unidades productivas que se promuevan e instalen? ¿Por qué no atraer inversiones que no afecten el ambiente, considerando que la disposición del agua en Sonora debe privilegiar el consumo humano, de acuerdo a las más estrictas normas sanitarias? 

Es un hecho reconocido y documentado que el desempeño económico de Sonora ha sido no sólo bajo sino lamentable, pero, aun así, de ninguna manera se ven esfuerzos serios por superar los problemas ocasionados por una conducción errónea del gobierno, basada en ocurrencias. La ausencia de plan y programas dignos de ese nombre persiste a pesar de haber cambiado las siglas del partido en el poder. Con esto queda claro que el problema no es de partidos sino de visión política, de proyecto de nación y de entidad federativa. Ayer fue el PAN y ahora es el PRI, dos caras de la misma moneda. Dos enfoques o variaciones del mismo tema: la reducción del espacio público en beneficio de lo privado. La disminución de lo público trae aparejada otra cuya gravedad es evidente: la democracia sufre condicionamientos y limitaciones impuestas por el mercado.


El incremento en la tarifa del agua y el hecho de convertir en obligatorias las aportaciones que antes eran voluntarias, hacen más complicado el cumplimiento de sus obligaciones fiscales para la mayoría de los ciudadanos. Quizá en algunos casos no sea lo más significativo el monto, pero cabe considerar que, para muchos, cualquier carga adicional trastorna el presupuesto familiar. Lo anterior genera no sólo malestar sino evidentes cuadros de marginación social por razones económicas.

El aumento en los precios de los bienes y servicios no es necesariamente una solución al problema de liquidez del gobierno, siendo que una función importante de los impuestos debiera ser la de servir como mecanismo de redistribución del ingreso. Lamentablemente, la administración pública no ha dado señales de capacidad para ofrecer servicios con calidad y cobertura suficiente para los ciudadanos, a quienes se empuja a asumir el papel de clientes.

La reducción del espacio público lo es también de las condiciones de igualdad y equidad en el acceso a los servicios públicos, con acento en la educación, la salud y la seguridad pública. En este sentido, la sociedad se convierte en expulsora de sus miembros menos favorecidos, generando con ello las condiciones objetivas de la pobreza, la enfermedad, la desintegración familiar, la deserción escolar, la delincuencia y la criminalidad.


Me parce que antes de pensar en el mando único o la policía única, debiera pensarse en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, en su empoderamiento efectivo no sujeto a la dádiva condicionada del gobierno, sino a la apertura y acceso a oportunidades de empleo e ingreso decentes, que hagan posible el restablecimiento de la confianza y el fortalecimiento de la esperanza, basados en el respeto y la valoración de la acción ciudadana en la construcción de una sociedad más justa e incluyente.