Para torcerle el cuello al ISSSTESON

“Aquel que procura asegurar el bienestar ajeno ya tiene asegurado el propio” (Confucio).

Usted seguramente está pasmado ante el absurdo de la derecha venezolana que, en el pellejo del orate Juan Guaidó, se “asume” como gobierno provisional de la nación bolivariana. Cosas de no creer por lo desmesuradas y que apenas un gringo puede tomar por correctas y argumentar “derechos humanos” cuando la baba le cuelga por el petróleo, oro, coltán y otros atractivos económicos que quieren convertir en reserva propia. Perversidades de la política internacional gringa al margen del derecho y a tono con la abyecta condición de sus corifeos en la ONU y organismos financieros a modo y que tienen al mundo con el Jesús en la boca por lo que pudiera desatarse en el hermano país y en la región en su conjunto, pero como estamos en el aquí y ahora de la ciudad capital de Sonora, lo que nos llega de cerca y con crudeza es el caso del triste y cándido ISSSTESON y su gobierno desalmado.

Como ha trascendido, un conjunto de organismos sindicales se ha movilizado para exigir algo obvio y elemental: que la institución encargada de la seguridad social de los trabajadores del Estado y organismos afiliados cumpla con honestidad y eficiencia las tareas y objetivos para los que fue creada. Nada más pero nada menos.

Como usted sabrá, el Instituto ha fallado en su misión por razones ligadas a la falta de recursos según la versión oficial, de suerte que su director se ha empeñado en sacar dinero de los bolsillos de sus derechohabientes apoyado, cuando conviene, en una curiosa interpretación de la Ley 38 que rige al ISSSTESON: en algunos casos acepta el principio de no retroactividad consagrado en la Constitución federal y en otros parcializa su criterio en aras de satisfacer su furor recaudatorio, ignorando que la ley como tal se aplica de acuerdo a los mecanismos y condiciones plasmados en el contrato o convenio que se establece entre el organismo afiliado y el Instituto; así pues, el contrato es la clave de la relación y fuente de derecho.

El director general del ISSSTESON ha señalado que la crisis se debe a que algunas instituciones no pagan y, en el caso de la Universidad de Sonora (UNISON), “pagan de menos”, razón por la cual ha enderezado contra quienes considera morosos o abusivos una serie de amenazas, suspensión de servicios, lentificación de trámites y desabasto de medicamentos, cuestión que afecta a prácticamente a toda la derechohabiencia. En este punto, los afectados no son sólo los universitarios sino todos los trabajadores afilados quienes han reclamado la regularización del abasto y la mejoría en los servicios desde hace muchos meses.

Los sindicatos han decidido tomar las calles y manifestarse públicamente y, ante la presión de un sindicalismo que se moviliza en defensa de sus derechos laborales y sociales, el director Contreras ha respondido con mentiras, medias verdades y una notable capacidad de manipular cifras, datos y situaciones, lo cual ha provocado el enojo de los trabajadores y la respuesta de los líderes de las organizaciones a las que pertenecen. En este contexto, han acudido al Congreso del Estado en busca de apoyo y soluciones a los problemas derivados de la deficiente operación del Instituto, planteando algunas exigencias entre las que destacan la regularización del abasto de medicamentos, materiales de curación y servicios de salud oportunos, así como la recuperación de los más de dos mil millones de pesos que corresponden a cuotas y aportaciones de los organismos afiliados y sus trabajadores que el Gobierno del Estado dejó de entregar al ISSSTESON, la reparación del daño patrimonial por más de seis mil millones de pesos causado por el saqueo de que ha sido objeto, así como llamar a cuentas a los causantes del desfondo pensionario, y garantizar el control de los recursos de manera efectiva y transparente.

Mientras que los trabajadores esperan la respuesta a sus demandas por parte de los diputados y el propio Poder Ejecutivo representado por la gobernadora, se da a conocer una aportación extraordinaria de cerca de 500 millones de pesos, aunque el déficit proyectado en este año rebasa los 800 millones. Lo anterior permite resolver algunos aspectos de la operación del instituto, pero no constituye en sí una solución digna de ser considerada como tal. Pareciera que el gobierno da migajas a los derechohabientes con el fin de sofocar la posibilidad del paro estatal sindical que se ha anunciado para el miércoles 30.

Las soluciones, por llamarlas de alguna manera, han sido mediáticas, verdaderas aspirinas para calmar el cáncer de la corrupción que desborda incluso la tolerancia de los organismos sindicales más apegados al gobierno. Sin embargo, ante la indignación general, el director del ISSSTESON se complace en recetar a los afectados un panorama donde destaca la posible quiebra y la necesidad de que los trabajadores universitarios paguen más e insiste, con total desparpajo, que los sindicatos deben presionar al rector de la UNISON para que firme un convenio que básicamente consiste en recaudar más sin nada mejor a cambio. En este punto, cabe aclarar que el Contrato de Servicios entre la UNISON y el ISSSTESON es vigente y no tiene porqué modificarse al gusto del director Contreras. Aclaramos que la institución universitaria no paga de menos sino justamente lo que debe pagar por contrato y que los sindicatos no son gatilleros del citado funcionario como tampoco están para torcerle el cuello al ISSSTESON.

Es claro que estamos en un parteaguas institucional: o el gobierno de Claudia Pavlovich acepta y asume que la fiesta de la corrupción debe acabar y es necesario poner orden en la casa o veremos problemas y estallidos de indignación social que no son deseables en Sonora. Se debe entender que la dirección de instituciones como el ISSSTESON no es mejor si está al frente una especie de sicario financiero, un funcionario que cumple encargos con mano dura pero sin necesariamente entender el contenido y las formas de la seguridad social que los trabajadores que pagan impuestos, cubren cuotas y tarifas y aspiran a una jubilación digna merecen y exigen. Es importante considerar que el juicio de los ciudadanos que hoy son manipulados y vistos como imbéciles es el que hace posible que un gobierno sea viable en términos de su imagen, aceptación, confianza y funcionamiento.

Para muchos está quedando claro que este gobierno tiene un fuerte acento mediático, que no responde a las necesidades reales y urgentes de los sonorenses, que sigue en la lógica del engaño y la manipulación, la corrupción y la demagogia, y que sostiene e impulsa a funcionarios que, como en el ISSSTESON, mejor estarían fuera de la función pública. Al respecto, otra de las demandas sentidas es la renuncia del director del ISSSTESON.

El tiempo avanza, los ánimos están caldeados y no parece que se puedan controlar con paliativos o distractores el enojo, la frustración y el desencanto de muchos trabajadores sonorenses víctimas de la corrupción gubernamental y de una burocracia que ignora sus problemas y pretende resolver con demagogia las apremiantes necesidades de la salud y la seguridad social. Hora de poner un alto a la autocomplacencia, al engaño y a las oscuras y vergonzosas manipulaciones privatizantes de las instituciones públicas, por el bien de Sonora.

        

Bocanada de aire al Isssteson

“Nunca olvides que todo lo que hizo Hitler en Alemania era legal (Martin Luther King).

La gobernadora del Estado considera, en relación con las muchas demandas por nivelación de pensiones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) juzgó improcedentes, que el fallo de la Suprema Corte en favor del ISSSTESON es una “bocanada de aire” para el Instituto, aunque “no están resolviendo el fondo del problema…”, y afirma que “era momento de parar este problema que venía de muchos años atrás para terminar con las pensiones abusivas…” e invita a “las instituciones y organismos que no pagan sus cuotas que lo hagan para que de esta manera podamos seguir trabajando” (El Imparcial, 19/01/2019).

Al respecto, seguimos sosteniendo lo ya señalado en este espacio: la lucha por la nivelación de pensiones es no sólo justa sino legal porque se apega a lo dispuesto en la ley 38 antes de la reforma de 2005 y al contrato suscrito con ISSSTESON de plena vigencia. Tan es legal y exigible que durante los años 2016, 2017 y 2018 se ganaron 210 demandas, según lo ha declarado el actual director general del Instituto, quien celebró (como ahora lo hace la gobernadora)  que la SCJN haya decidido en favor de no reconocer el derecho de los demandantes bajo el supuesto de que deben pagarse las pensiones de acuerdo con lo cotizado (El Reportero, 17/01/2019); es decir, ignorando la ley y el contrato y basándose únicamente en un criterio aritmético de suma y resta, así como el aspecto social y el procedimiento que rutinariamente se sigue en las instituciones de reportar al instituto de seguridad social cantidades inferiores al sueldo pagado al empleado, lo cual no es ni debiera ser imputable al trabajador. Esta situación es reconocida por líderes sindicales como, por ejemplo, Cuauhtémoc González, dirigente del STAUS, quien declaró: “En ese sentido es justo que, conforme se haya dado la cotización, se tenga el rubro del pago de esa jubilación; pero hay que señalar que a veces, como patrones, al trabajador le ponen un determinado nivel. Una más baja cotización de lo que gana” (El Imparcial, 16/01/2019).

Vista en contexto, la decisión de la SCJN cancela las posibilidades de acceder a la justicia laboral y social de un número considerable de trabajadores actuales y futuros y el peso de este criterio jurisprudencial amplía la brecha entre los jubilados y pensionados de primera y de segunda. Es público y notorio que muchos exfuncionarios, como Wenseslao Cota Montoya, Max Gutiérrez Cohen, Hilda Benitez Carreón, Arnoldo Hernández Peña, entre muchos otros (Proyecto Puente, 23/11/2018), se fueron pensionados con generosas cantidades de dinero, inimaginables e inalcanzables para la mayoría de los trabajadores retirados, pensiones abusivas que fueron denunciadas en su momento y que el gobierno  no pudo hacer nada para revertirlas porque eran legales, porque los tribunales competentes les dieron la razón a estos pensionados de primera. Ahora este nuevo criterio ahorrativo y justiciero se aplica en contra de miles de pensionados modestos, de segunda, precaristas de la seguridad social, y deja como están a los verdaderos abusivos y gandallas “porque no puede aplicarse retroactivamente la ley” (nótese cuál débil puede ser el ciudadano cuando la administración de la justicia es no sólo miope sino parcial).  Así pues, lo que era formalmente legal y exigible en los casos de demandas por nivelación de pensiones, por obra y gracia de la Sala Segunda de la SCJN, presidida por el Ministro Eduardo Medina Mora, ya no lo es para los alrededor de mil 500 casos pendientes que corresponden mayoritariamente a trabajadores de a pie, atrapados en la química presupuestal de las instituciones donde siempre es el patrón quien determina cuánto se reporta a la seguridad social y que, sin culpa alguna van a ser excluidos de la protección que le ley debiera otorgarles. Así, pues, la SCJN no tomó en cuenta los 500 o 600 juicios anteriormente decididos a favor de los trabajadores más los 210 casos juzgados en la actual administración estatal, basando su criterio en sólo cuatro casos donde el perdedor fue el trabajador.   

En este contexto, la “bocanada de aire” recibida por ISSSTESON fue a costa de los derechos de los ciudadanos demandantes y la solución de fondo que reclama la señora gobernadora, para ser justa, debe pasar por la recuperación de los fondos desviados desde el propio gobierno estatal y el castigo a los funcionarios perpetradores del ilícito, además de garantizar que en lo sucesivo habrá candados que eviten el manoteo en las arcas del Instituto. En resumidas cuentas, los beneficiarios de las “pensiones abusivas”, casualmente ligados al partido de la señora gobernadora, seguirán gozando de la protección legal y del privilegio de cobrar, mientras que los pensionados de bajos ingresos no verán la justicia por ningún lado ni el reconocimiento formal al derecho que les asiste.

Es inevitable la conclusión de que aquí no ganó el derecho sino la política, como también lo es pensar que en Sonora la justicia es selectiva y que cada vez se siente con mayor intensidad la ausencia del Estado de Derecho, del verdadero compromiso del gobernante con el pueblo que lo elige, de la empatía y el apoyo que debieran recibir los trabajadores retirados que han hecho posible la existencia y la legitimación de los liderazgos sociales y políticos de nuestra entidad. A estas alturas, ya no es posible esperar que haya un cambio favorable en la forma de hacer gobierno del partido político en el poder estatal y lo deseable es que pronto llegue a su fin un gobierno que sólo ha servido para profundizar más las diferencias. La seguridad social es para todos pero por justicia distributiva debe centrar su atención en los que menos tienen, aunque el caso de los pensionados nos demuestra que no es así. Por otra parte, es sintomático que hasta ahora no hay una sola voz de protesta por parte de los organismos sindicales de los afectados, ni una exigencia de que la parte patronal asuma sus responsabilidades o que proponga mecanismos compensatorios, pero así estamos y este es el sindicalismo que tenemos.  

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El ogro decadente

“El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales” (Bertold Brecht).

Resulta curioso ver, constatar, que existe un ingrediente de locura o de autocomplacencia en ciertos actos políticos cuya finalidad es la autoafirmación. El PRI es un viejo y caduco cascarón que sólo produce asco, un asco nostálgico que, visto con ojos analíticos, da cuenta de una de las más crueles burlas a las causas populares. Su fundación está anclada a la traición, a la burla sangrienta de quienes se encaramaron en la Revolución de 1910-17 para traicionarla, para derrumbar los logros de los primeros gobiernos que produjo y para dar reversa a la obra de revolucionarios como el general Lázaro Cárdenas del Río. El PRI, como tal, se instituyó en 1946 para socavar y deformar la obra ideológica y política de la revolución postulada por sus antecesores el PNR y el PRM.

Su existencia significó un vuelco hacia los intereses de los terratenientes, de los explotadores de siempre, de los burócratas encaramados en el poder para hacer negocios privados a su sombra, aunque, si bien es cierto que el impulso revolucionario produjo instituciones dignas de conservarse y ampliarse en el terreno de la seguridad social y en las garantías para los trabajadores, también es cierto que la clase trabajadora vio emerger de su seno una casta privilegiada al servicio del sistema que la mediatizó, corrompió y engordó a costa de cesiones y concesiones obscenas en favor del capital y de la burocracia política del nuevo régimen. El charrismo sindical, los sindicatos blancos, los contratos de protección, las redes de corrupción que se fueron tejiendo y que terminaron en caricaturizar no sólo las dirigencias sino las organizaciones de trabajadores en sí y sus luchas, manejadas con un aparente discurso progresista, reivindicatorio, combativo, pero que en el fondo no era sino una oscura parodia al servicio del capital y sus conexiones internacionales, particularmente con nuestros vecinos del norte.

Quizá la traición más profunda al ideal revolucionario fue el llamado “liberalismo social” de Carlos Salinas de Gortari, donde prácticamente desaparece del discurso las alusiones a la Revolución Mexicana, en un acto vergonzante de su origen, pero sucede que esta secuencia de siglas PNR-PRM-PRI significan distintos momentos de transformación del fenómeno político mexicano: en su origen, el PNR es la institucionalización del partido como medio de control político en sustitución de la fuerza de las armas, seguido del PRM como fuerza impulsora de reivindicaciones populares y de consolidación del impulso revolucionario en favor de sus beneficiarios originales y, por último, el PRI, como negación del contenido popular de los movimientos que se sintetizaron en la revolución y que ahora estorbaban a los nuevos explotadores del país. El salinato entierra los restos del contenido revolucionario del partido y lo pone al día con los intereses del neoliberalismo y la transnacionalización del país. Así, tenemos un gobierno desnacionalizador, apátrida y servil a los intereses del extranjero, capaz de desmantelar el aparato productivo nacional, rematar sus activos industriales, sus recursos naturales, deformar groseramente su marco constitucional y echar por tierra su respetable tradición en materia de relaciones exteriores.

Los gobiernos emanados del PRI, ahora claramente neoliberal, adormecieron la conciencia de los ciudadanos mediante el uso y abuso de los variados mecanismos de enajenación masiva y entre los medios de comunicación que merecen especial mención está Televisa y satélites corporativos. México vio cómo un partido supuestamente “revolucionario” traicionaba su origen, su pasado, su legado histórico, aunque en realidad el PRI ya no era el heredero de las causas revolucionarias puesto que ya significaba justamente lo contrario. Ya era el partido de los nuevos ricos, de la burocracia dorada, de los líderes “obreros” charros, de los negocios oscuros, de las corruptelas cotidianas como mecanismo de ascenso y consenso y de la obscena obediencia a los intereses del extranjero.

Los neoliberales de guarache en el poder nos recetaron la purga de las “concertacesiones”, de las alzas en las tarifas de los servicios públicos, de la inseguridad desbordada, de la privatización de la seguridad social, de la disminución del Estado en beneficio del Mercado, que ni siquiera era controlado por capitales nacionales como se ve claro en las pasadas y recientes privatizaciones. El nuevo régimen, moderno y actualizado internacionalmente nos recetó la reversa a la política petrolera cardenista, a la nacionalización eléctrica, a la soberanía alimentaria, a la protección de los productores directos y al abasto regional y nacional.

Sin embargo, tras ceder el poder a los intereses transnacionales, dar paso a los gobiernos del PAN y llegar nuevamente a la presidencia de la república para perderla de nuevo, ahora se proponen ser “un partido menos institucional y más revolucionario” y habla la nueva dirigencia estatal de poner en el centro de atención a sus bases, acercarse al pueblo para hacer frente al nuevo gobierno de MORENA encabezado por Andrés Manuel López Obrador. El obsceno, represivo, antidemocrático y apátrida PRI señala y juzga al nuevo gobierno de autoritario, de ocurrencias, inmoral, ilegal, prácticamente dictatorial. Es claro que el PRI y asociados no saben lo que pasó el 1 de julio pasado o se resisten a creer que ya no son gobierno, que están condenados al basurero de la historia política por un juez de criterio inapelable: el pueblo. Tuvieron el poder, traicionaron una y mil veces a los votantes y quedaron reducidos a una asociación delictiva, una mafia sebosa. El PRI es, simplemente, un patético y ridículo ogro decadente.

El sábado 12 estaba lleno el auditorio Plutarco Elías Calles del PRI estatal de Sonora, la vocación matraquera del priismo onanista y autocomplaciente estalló en jubilosas expresiones de unidad y compromiso, aplaudiendo a los exgobernadores , a los priistas distinguidos, a la gobernadora Pavlovich a quien dijeron “defender” con todo y ante todo mientras ella, “el principal activo del PRI”, se dejaba querer y pronunciaba un discurso coloquial, doméstico, de mujer distraída, de mujer que dice que “se parte el alma” por los sonorenses, de víctima potencial de posibles acusaciones a las que ella reclama la presentación de pruebas.     

La mayoría de los mexicanos sabemos que estamos en la etapa de despegue de un nuevo proyecto, de gran trascendencia porque significa la puesta en orden de la casa de todos; no se trata de inventar el hilo negro o el agua tibia, se trata de recuperar, de reconstruir la nación que ha sido traicionada por los partidos y gobiernos neoliberales. Seguramente se cometerán errores, se tendrán que hacer ajustes pequeños y grandes, pero cada paso será en beneficio de un país donde la honestidad, la transparencia, la democracia y el gobierno responsable sean posibles. El PRI, el PAN y su fauna de acompañamiento podrán decir que están cambiando, que van a volver a sus raíces (lo que esto quiera significar), que la militancia será la que decida en lo futuro, que el nuevo gobierno no tiene experiencia, que es de ocurrencias, que esto o lo otro. Podrán decir lo que quieran y hacer lo que gusten, pero el fallo de la historia nacional es contundente: ¡púdranse, cabrones!

¿Burla a la seguridad social en Sonora?

“El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política” (Simón Bolivar).

Actualmente la seguridad social parece ser un tema molesto y un problema solamente financiero en Sonora, del cual el gobierno trata de desembarazarse y esconder bajo la alfombra de la miopía aritmética de que hace gala la actual directiva de ISSSTESON, dejando de lado los muy importantes aspectos sociales, políticos y de derechos humanos que entraña.

Al respecto, cabe recordar que en 2005 el gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, impulsó la reforma de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), entidad descentralizada responsable de la seguridad social de los trabajadores del Estado y organismos afiliados. Dicha reforma tiene un fuerte acento recaudatorio ya que aumenta tanto el tiempo de cotización como las cuotas que deben cubrir los trabajadores sin necesariamente una mejora en la prestación de los servicios a que tienen derecho. La Universidad de Sonora (UNISON) es un organismo afiliado al ISSSTESON de acuerdo con el Contrato de Prestación de Servicios firmado por la institución universitaria y el ISSSTESON en 1990, el cual tiene plena vigencia debido a que no se ha suscrito un convenio que manifiesta la voluntad de las partes en cambiar las condiciones pactadas.

A pesar de que existe el principio de no retroactividad en la aplicación de las leyes, consagrada en el párrafo primero del Artículo 14 Constitucional, el gobierno de Sonora insiste en ignorar el derecho que asiste a los trabajadores de cubrir las cuotas establecidas en la ley y pactadas en el Contrato vigente con ISSSTESON y recibir, sin condicionamientos ni limitaciones, las prestaciones en materia de seguridad social correspondientes a su calidad de afiliados y exige el pago de acuerdo con la ley reformada en 2005, siendo que la primera generación de trabajadores que se deberá sujetar a este ordenamiento es la que saldrá en 2040 o en 2038, ya que la reforma establece el tiempo de cotización de 35 y 33 años para hombres y mujeres respectivamente. Como consecuencia de esta aplicación retroactiva de la ley, los trabajadores pensionados y jubilados de la UNISON reciben, aproximadamente, el 63 por ciento de lo que debieran recibir de pensión mensual, quedando en estado de indefensión ante el Instituto de Seguridad Social y el gobierno del cual depende. Lo anterior significa un severo golpe a la economía familiar y una evidente violación a la ley.

En ejercicio de su derecho, los pensionados y jubilados universitarios y de otros organismos afiliados han acudido a la promoción de demandas de nivelación pensionaria, mismas que han logrado el fallo favorable para el demandante en 210 expedientes, estableciendo un precedente importante para los intereses de los afectados. Esta situación cambió radicalmente con la llegada de la gobernadora del PRI, Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, quien al parecer decidió dar palo a las demandas de los afectados. Su gobierno se ha caracterizado por la presión y el hostigamiento a los organismos afiliados que no acceden a modificar su contrato o convenio de prestación de servicios con el ISSSTESON, ignorando el hecho de que el contrato o el convenio son, esencialmente, acuerdos de voluntades donde los firmantes están en igualdad de condiciones y ninguno de ellos tiene porqué sujetarse a la voluntad o capricho de la otra parte.

La presión del ISSSTESON hacia los organismos afiliados se ha manifestado en forma de una lentificación de la resolución de las solicitudes de pensión o jubilación mucho más allá del término que la propia ley establece, así como el condicionamiento de éstas y del acceso a los servicios de salud a la firma de un nuevo convenio a modo y que tiene por finalidad sacar de los trabajadores más recursos a cambio de los mismos deficientes y precarios servicios que actualmente proporciona. Curiosamente, se han suspendido los fallos correspondientes a las demandas de nivelación pensionaria en las instancias legales del Estado, remitiéndose los expedientes a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidida por el Ministro Eduardo Medina Mora. Es importante hacer notar que el actual director del ISSSTESON, Pedro Ángel Contreras López, ha declarado a los medios informativos que espera “buenas noticias” de la SCJN referidas al caso de las demandas pendientes, lo cual significaría un “ahorro” sustancial para el Instituto pero un evidente golpe a los derechos de los trabajadores. 

Cabe recordar que al final del sexenio de Guillermo padres Elías, gobernador emanado del PAN y actualmente sujeto de investigación penal, se dio a conocer un daño patrimonial del ISSSTESON por más de seis mil millones de pesos, en donde se señalaba como responsables del desfondo pensionario en perjuicio de los trabajadores a la directora general del organismo, al Secretario de Hacienda estatal y al propio Gobernador del Estado, cuestión ampliamente difundida en diversos medios informativos locales y nacionales. En este contexto, resulta preocupante que exista la intención de burlar “legalmente” el derecho de los pensionados y jubilados por parte de las autoridades estatales mediante la posible emisión de un criterio jurisprudencial de la SCJN favorable al Instituto.

Concluimos recordando que existen 210 casos resueltos a favor de los demandantes. Este fuerte precedente no debe ser ignorado por la SCJN ni servir de garrote contra los trabajadores en manos del cuerpo directivo del ISSSTESON. Tenemos serias dudas sobre la imparcialidad y buen juicio del Ministro Medina Mora con base en sus antecedentes, por lo que existe el fundado temor de que se puede prestar a una burda y condenable maniobra “legal” contra los pensionados y jubilados. La comunidad sonorense en general y los afiliados al ISSSTESON en particular merecen respeto. ¿Será capaz el gobierno estatal de honrar su compromiso legal y político con los sonorenses? Hasta el momento no lo parece.