El gobierno de gira

“Quiero que me miren tal y como yo miro las revistas de viajes” (latravelista.com).

Algunos se quedaron con la idea de que lo de afuera es mejor que lo de adentro, lo cual tendría sentido si nos refiriéramos a la diferencia entre realidad y apariencia, entre la autenticidad del sujeto con o sin maquillaje; pero si hablamos de economía, educación o cultura el supuesto no necesariamente es correcto ni obligadamente pertinente y aplicable. Lo anterior viene a colación por la reciente gira por España que se dio la gobernadora y compañía.

Se puede entender que la compulsión neoliberal de “vender” Sonora al extranjero y atraer inversiones signadas por la proverbial gandallez de los capitalistas peninsulares, favorecidos por los gobiernos prianistas en los últimos 30 años, es una especie de imperativo categórico y una obligación más ideológica que económica en el marco de las competencias y obligaciones del gobernante. Lo anterior pudiera explicarse con razones de carácter subjetivo donde la imagen del que viaja, negocia y acuerda con el hombre blanco y barbado se toma como una realización que el político de cultura e identidad precaria busca para posicionarse, en el marco de su muy particular imaginario conceptual, aunque quizá influya la idea del aprovechamiento vulgar del puesto público para fines de satisfacción personal porque, después de todo, “los viajes ilustran”.

Este último aspecto pudiera ser la clave de la explicación sobre una gira que, vista de cerca, no tiene verdadero sentido en términos de las necesidades “de estado” por satisfacer y que revela, en todo caso, una deficiencia en la información relativa a los recursos que existen en el país en cuanto a posibilidades de capacitación, proyectos de desarrollo urbano e industrial, entre otros. En este asunto, estaría bien que alguien le informara a la titular del Ejecutivo de la existencia de universidades como la UNAM, la UAM y el IPN, entre otras de sólidas capacidades formativas, sin excluir a las locales UNISON, ITH y UES, por citar ejemplos.

¿Sabrán en el gobierno que en Sonora existe bastante camino académico recorrido en materia de aprovechamiento de energía solar, de agua y recursos marinos, de diseño y gestión de proyectos ambientales, de explotaciones agrícolas y pecuarias, de óptica, mecatrónica, turismo y gastronomía entre otros campos donde la UNISON, el ITH y la UES son referentes obligados?

  

Tampoco estaría mal que se le hiciera notar que estamos en un mundo absolutamente comunicado y que las redes dan cuenta de las condiciones y características de los destinos de inversión reales y potenciales que existen en el planeta, sin contar las unidades de inteligencia económica de que dispone cada país. Baste recordar las redes bancarias y sus áreas de investigación económica. Como se ve, ya no son necesarias las caravanas al extranjero para mostrar productos y abrir mercados, gracias a las maravillas de la comunicación y la información de que dispone la sociedad mundial. Por otra parte, cabe recordar que los españoles y resto de europeos ya saben lo que hay en el “nuevo mundo” desde hace rato, y los gringos también, como lo demuestran sobradamente las intervenciones armadas o comerciales donde lo que termina estando en juego es la democracia y la autodeterminación de los pueblos. ¿Sabrán en Palacio cuál es la posición de España respecto a Venezuela?  

¿Se imagina la importancia económica y social que tendría que el gobierno solicitara de manera permanente la elaboración de proyectos de ingeniería sanitaria para resolver problemas de drenaje, urbanismo, capacitación a docentes y funcionarios públicos a instituciones como la UNISON, UES, ITH, UPN o ISAP? ¿Se puede imaginar lo que se ganaría si nuestro gobierno promoviera la integración económica del Noroeste, mediante el intercambio comercial, educativo y cultural, y la gestión de proyectos conjuntos?

Estando así las cosas, ¿para qué viajar si la promoción económica del Estado depende fundamentalmente de la fortaleza de las instituciones que real o potencialmente hacen posible el funcionamiento del aparato productivo? ¿No resulta más lógico apoyar el esfuerzo formativo de las instituciones educativas sonorenses que hacen posible nuestro progreso, por ejemplo, mediante la contratación de sus servicios, incrementos de subsidios y prestaciones, apoyo y respeto a la autonomía institucional y diálogo permanente y constructivo con sus autoridades?

¿No tendría mayor sentido apoyar y promover el trabajo de los productores sonorenses mediante proyectos productivos y acuerdos o convenios con las autoridades de los estados vecinos de Baja California, Baja California Sur y Sinaloa así como el resto del país, con el fin de fortalecer la economía de nuestra región? ¿Por qué no pensar en que los procesos de integración deben realizarse a partir de las entidades con mayor relación de proximidad y complementariedad? ¿Por qué no pensar que México y sus regiones son primero?

Da la impresión de que se perdió el rumbo, que se gobierna mediante ocurrencias, derroche y manipulación informativa. Se sigue la misma lógica del dispendio y los compromisos facilones que ponen en riesgo la soberanía nacional y estatal, con acciones y acuerdos de dudosa utilidad; los mismos que tradicionalmente han ofrecido los gobiernos neoliberales que han arruinado al país.  Por fortuna ya falta poco… y la tarea a cumplir es compleja pero necesaria: poner orden en Sonora y tratar de recuperar el tiempo perdido.

http://jdarredondo.blogspot.com

 

     

        

        

Hermosillo violento

“Entre todos los proyectos que ha emprendido el ser humano, la aventura de la ciudadanía ha sido la más arriesgada y la más sorprendente” (Carlos Fernández Lira).

La ciudad como totalidad refleja el ánimo, las condiciones y la idiosincrasia de sus habitantes; la ciudad es lo que somos, da cuenta de hacia dónde vamos y en qué nos estamos convirtiendo. Aquí la gran pregunta es cuáles son las expectativas de la ciudad de acuerdo con las de sus habitantes, que son su contenido mientras que ésta es la forma.

Como usted sabe, son frecuentes los asesinatos, asaltos con violencia, atentados y una larga cauda de ilícitos que se dan en el curso de nuestra historia reciente y presente; son cada vez más frecuentes las noticias de hechos de sangre, de violencia intrafamiliar, de transgresión a las más elementales normas de convivencia civilizada, de armonía social, de respeto a las leyes y a los representantes de la autoridad. Sin embargo, las autoridades nos dicen que la ciudad es tranquila y segura en comparación con otras de la región y el país.

Los ilícitos que trastornan la vida citadina van desde asaltos a instituciones y comercios, a casas particulares, a ciudadanos de a pie, a levantones y violaciones, a violencia intrafamiliar, a amenazas, bullying, hostigamiento laboral y acoso sexual entre otros, sin más respuesta que declaraciones, promesas y propósitos de reorganización de la seguridad pública y mayor apoyo logístico a las corporaciones policiacas. En este tenor encontramos las compras o donaciones de equipo, dotación de instrumentos, pruebas de confiabilidad y los esfuerzos académicos por dar mejor preparación a los agentes encargados de la operación de los planes de seguridad.

Somos una sociedad que juega con las estadísticas y elabora pronósticos y aseveraciones con base en criterios cuantitativos, de ahí que tengamos expertos que adquieren visibilidad gracias al manejo numéricos de situaciones que, en principio, son esencialmente cualitativas. En otras palabras, los números, los cuadros y gráficas no deben ser el fin de los esfuerzos analíticos porque simplemente son el reflejo o la formalización de los efectos de un fenómeno complejo. Desde luego que los números son importantes pero la investigación debiera dirigirse a las causas, a la naturaleza de los procesos que generan rupturas en el orden ciudadano y violencia en todas sus formas posibles.

Lo anterior supondría tener que reconocer que algo falla en nuestra forma de vida, que las desigualdades pesan más de lo que podemos suponer desde nuestra comodidad personal; que la multiplicación de los indigentes en las calles, bajo los puentes, en las alcantarillas, parques y plazas no son solamente una molestia visual sino una enfermedad social que tiene, como cualquier otra, sus causas, consecuencias y remedios. En el mismo sentido, la criminalidad sólo puede darse cuando existe en la sociedad un desajuste cuyo ingrediente principal es la exclusión.

En la actualidad, muchos buenos ciudadanos ven la marginación como algo natural, permisible, cotidiano, que no mueve a escarbar en ella porque no nos importa en realidad la masa purulenta que se oculta bajo nuestra indiferencia: “Mientras yo esté bien, que ruede el mundo”. Pero ¿qué pasa cuándo se rompe esa indiferencia, cuando las víctimas de los hechos violentos tienen nombre y apellido conocido, o cuando los acontecimiento se ligan con un rostro, afectos o coincidencias en el trabajo o el vecindario? El crimen como nota periodística de lectura eventual forma parte de las distracciones de quien se refugia en el periódico para matar el tiempo, de quien es, o cree ser, ajeno a la violencia mientras “rueda el mundo”, hasta que sabemos que nosotros estamos en ese mundo y que algo se rompió en nuestro entorno y nuestra conciencia.

Como usted sabe, recientemente manos criminales segaron la vida de un comunicador mientras que otro resultó gravemente herido en hechos violentos acaecidos en nuestra ciudad. Las causas inmediatas están por aclararse, pero lo que sí es evidente es el hecho de que alguien partió del supuesto de que una o dos vidas son prescindibles, que pueden ser tratadas como molestia o como ejemplo; pero los seres humanos en ningún caso son desechables, salvo que el sentido de la humanidad de los perpetradores se haya trastocado en tal forma que esté vacío de contenido. En este punto es necesario reflexionar sobre el sentido de la vida en un contexto social, comunitario, en el que todos debiéramos ser importantes, pero que dejamos de serlo para quienes nos convierten en cosas, en objetos desechables.

Independientemente del resultado de las investigaciones sobre el reciente hecho criminal en comento, es claro que nos hemos convertido en una sociedad acrítica, comodona, apática y carente de sentido de la solidaridad. Hay personas sensibles, preocupadas y temerosas de ser noticia en la sección de seguridad de los periódicos, pero no son necesariamente ciudadanos que trabajen por lograr el mejoramiento de su entorno, de su colonia, su barrio, su calle… ni siquiera su casa. Creo que es hora de revalorar el papel y significado de la palabra ciudadano, como responsable de lo que ocurre o deja de ocurrir en ese espacio común en el que vivimos y actuamos.

Las autoridades debieran pensar en que el combate a los efectos no resuelve el problema de las causas, y, en ese sentido, por fuerza nos hemos de topar con el sistema económico y su corolario político. Si el sistema económico está basado en la desigualdad y la inequidad distributiva, es claro que la política dominante será la de conservar esta desigualdad como premisa fundamental de todo el aparato ideológico y jurídico, de suerte que los valores sociales tendrán por fuerza que basarse en esas diferencias y que, en el mejor de los casos, se van a tratar de matizar con políticas y acciones asistencialistas de mayor o menor calado aunque sin cambiar el sistema.

Una política de empleo con ingreso digno apoyada por un modelo de seguridad social incluyente y solidario, con verdaderos efectos redistributivos; un sistema educativo que atienda la necesidad de ser equitativo, que fomente la inclusión, la solidaridad, la honestidad y la pertinencia social, y que responda a las necesidades de desarrollo integral de la sociedad puede sonar a utopía, a amenaza socialista, a ocurrencia de algún mesías trasnochado, pero, al menos debemos considerarlo como algo que podemos hacer entre todos y que sí nos puede cambiar la vida. Cabe recordar que una persona con empleo e ingreso dignos tiene menos posibilidades de inclinarse hacia el lado oscuro de la sociedad porque crea intereses, fortalece su autoestima, su sentido de pertenencia, su necesidad de respeto y reconocimiento social, y basa en ello sus expectativas de futuro en lo personal y lo familiar; por tanto, se asume como ciudadano con derechos y obligaciones y puede, en esa tesitura, demandar honestidad y cumplimiento a sus representantes políticos y a las autoridades legalmente constituidas. Una ciudad con ese contenido seguramente tendrá otra forma y un mejor destino.

    

    

      

       

Otra de seguridad social

“Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen, pierden el respeto” (Georg Christoph Lichtenberg).

Ya ve usted que el tema de la seguridad social está de moda, aunque debidamente encubierto con reduccionismos de coyuntura. El clamor por los medicamentos que un día se piden y no hay, y después volver a peregrinar por la farmacia del Isssteson para que le digan que todavía no está disponible, sigue en todo lo alto, a contrapelo con las declaraciones triunfalistas del director del Instituto, encaramado en su pedestal y encerrado en una burbuja donde la empatía carece de lugar. La gracejada de que el abasto está al 90 por ciento sigue estando de moda aunque solamente celebrada por quien lo dice y por la autocomplacencia de las autoridades estatales que tienen que ver y opinar al respecto.

Es común y, de hecho, ya forma parte de nuestras tradiciones conversatorias, traer a colación el asunto del desabasto, de las promesas que cada dos o tres meses se reiteran con tal seguridad que algunos todavía se las creen, aunque la mayoría de los ciudadanos dependientes de este servicio saben que nuevamente se tendrá que dar la marcha, el mitin y la exigencia de solución a este problema social donde se compromete la salud de los trabajadores y sus familias.

En este contexto, resulta pertinente recordar dos eventos, el primero referido a la inauguración de un nuevo Centro Integral de Atención a la Salud (CIAS) situado en Nayarit y 12 de Octubre (El Reportero, 7.02.2019). Aquí de nueva cuenta la gobernadora resalta el hecho de que a pesar de recibir un estado quebrado sigue trabajando “sin llorar”, en beneficio de los sonorenses, como si la queja no fuera una especie de llanto político en busca del aplauso y la consideración del votante sonorense, como si no fuera evidente que su gobierno se ha dedicado a la autopromoción y al manejo mediático de acciones obligadas como pavimentar alguna calle, rehabilitar alguna escuela,  obras de drenaje y alcantarillado o inaugurar alguna obra, asuntos que bien pudieran ser anunciados por el presidente municipal correspondiente y no por el Ejecutivo estatal. Sin embargo, la necesidad de cámaras y micrófonos parece agudizarse en una especie de crisis de mitad de sexenio (El Reportero, 8.02.2019).

Por otro lado, se tiene la realización del Segundo Foro de Educación Superior de la Zona Norte de México, celebrado el viernes 8 en el Centro de las Artes de la UNISON, en el que se emitió un pronunciamiento por parte de las organizaciones académicas participantes donde destaca el punto número dos, referido a la seguridad social: “Nos comprometemos a luchar por nuestro derecho humano fundamental: el derecho a la salud; que, por incompetencia, corrupción y desdén por las obligaciones fundamentales del Gobierno Estatal, se encuentra hoy comprometido con la crisis artificialmente inducida del ISSSTESON. Nos pronunciamos por un rescate efectivo de la institución y el mejoramiento de los servicios, en base a compromiso claro del Estado y la recuperación de los recursos malversados y no aportados por las instituciones obligadas” (Staus en línea, 8.02.2019).

Como se ve, existen dos visiones sobre el mismo asunto: la que evade culpas sea pateando el bote de las responsabilidades hacia el gobierno anterior, o hacia los propios derechohabientes, las organizaciones sindicales o las instituciones que “pagan de menos” como ridículamente se difamó a la UNISON a pesar de que ésta paga lo que está estipulado en su contrato con ISSSTESON; y la que señala al propio gobierno como al verdadero responsable de la crisis, una crisis inducida cuyo origen está en la corrupción, tanto como en la irresponsabilidad de quienes lo han administrado.

Es importante señalar que el gobierno incurre en responsabilidad legal ya que la propia Ley 38 orgánica del ISSSTESON señala en su artículo 116 su obligación de proveer lo necesario para la subsistencia del Instituto en caso de algún eventual quebranto. Es claro que la administración estatal no puede ni debe evadir sus responsabilidades mediante el ridículo expediente de transferir culpas y responsabilidades o esperar a la eventual venta de bienes públicos, que son patrimonio del pueblo de Sonora y que, en todo caso, debieran tener una utilidad social y no servir para negocios privados. Aquí tenemos el curioso y facilón caso de sólo cargar la culpa al “gobierno anterior” y, sin embargo, retomar las propuestas de solución ofrecidas por ese mismo gobierno.

 El Ejecutivo parece ignorar que una forma de legitimar su ejercicio es a través de la capacidad de gestionar y ofrecer soluciones con claro beneficio social, de generar bienes y servicios de acuerdo con las necesidades presentes y futuras de la comunidad y de actuar siempre en estricto cumplimiento de sus deberes y obligaciones constitucionales. La simulación, el engaño, la manipulación y la demagogia nada tienen que ver con lo que los ciudadanos esperan de quienes están a cargo del gobierno y la administración pública.   

La comunidad académica y el resto de los usuarios de los servicios del ISSSTESON difícilmente van a seguir aceptando disculpas, promesas y explicaciones desgastadas por su uso frecuente; no va a ser posible hacer comulgar con ruedas de molino a una enorme masa de derechohabientes permanentemente frustrados en su búsqueda de soluciones a los problemas acuciantes de la salud y la seguridad social. Recordemos que sólo el pueblo puede salvar al pueblo.

     

   

El acuerdo para el rescate del ISSSTESON

“Los sindicatos no son organismos desligados de la política, toda vez que se inspiran en los principios de la lucha de clases. Y no puede ser de otro modo. Porque, ¿quién compone los sindicatos? Los compone la clase obrera: los panaderos, los albañiles, los metalúrgicos; en una palabra, los explotados” (José Díaz Ramos). 

Como se sabe, el gobierno ha retomado el proyecto padresista de vender terrenos y edificios entre los que se encuentran los emblemáticos estadios Héctor Espino y Tomás Oroz Gaytán, de Hermosillo y Ciudad Obregón respectivamente, con el fin de “rescatar” al ISSSTESON de la fea situación en que se encuentra debido principalmente a que el propio gobierno se sirvió con la cuchara grande en el uso y abuso de los recursos de esta especie de “caja chica” sexenal. Es decir, primero se roba, saquea, desvía y merma el fondo de pensiones y jubilaciones que los trabajadores y los organismos afiliados habían logrado construir mediante el pago puntual y estricto de sus cuotas y aportaciones, luego se reduce el cuadro básico y el abasto de medicamentos así como la oportunidad y calidad de los servicios; también se abandona la atención a las solicitudes de pensión o jubilación, se presiona a los organismos para que paguen más y se declara la cercanía de la quiebra por anemia financiera, para después ofrecer la solución mágica de la venta de bienes públicos, patrimonio de los sonorenses, para “salvar” al Instituto que se sirvieron saquear con mexicana alegría.

Como la medida de enajenar bienes públicos y ponerlos a disposición de los compradores particulares es impopular por la carga sentimental e histórica de inmuebles tales como los estadios, se buscó el apoyo de los sindicatos y organismos que son afectados por la ineficiencia generada por el robo sufrido por ISSSTESON a lo largo del tiempo, el cual llegó a su punto más dramático y evidente en el sexenio pasado. Se requería de una base social convencida de que la solución de la venta de patrimonio público era no sólo necesaria sino justificada por “razones humanitarias”, y qué mejor que los sindicatos que aglutinan al grueso de los derechohabientes afectados.

A los dirigentes se les recetó una terapia de choque con el fin de persuadirlos de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio un respiro al ISSSTESON con el fallo que permite limpiarse el trasero con las disposiciones legales y el antecedente de varios cientos de casos resueltos a favor de quienes demandaron nivelación pensionaria y declarar que “sólo se pagarán pensiones equivalentes al monto cotizado”. Se habla de mil 500 millones de pesos que el Instituto “se ahorró” por no haber prosperado las demandas, aunque se seguirán pagando a 50 suertudos exfuncionarios pensiones de lujo de entre 80 y 160 mil pesos, porque las leyes no se pueden aplicar retroactivamente.

Es claro que lo anterior obedeció a una decisión no legal sino política, perpetrada por el Ministro Eduardo Medina Mora y alentada por el gobierno del Estado de Sonora, ya que las demandas se resolvieron con base en la Ley del ISSSTE y no en la del ISSSTESON, que, como usted sabe, no es una delegación federal sino un organismo descentralizado de la administración pública estatal con su propio marco normativo. El Ministro Medina se voló la barda y apoyó un verdadero ultraje a cientos de demandantes “de a pie”, dejando felices y contentos a los gandallas de siempre.

Asimismo, como parte del tratamiento psicológico recibido por los dirigentes sindicales agrupados en el raro licuado político llamado Consejo Estatal Sindical y Social Permanente, siguió el lavado de coco catastrofista operado por el director del ISSSTESON, escupiendo amenazas de quiebra y vomitando cifras y datos que permitieron ablandar las resistencias y dar por buenas soluciones ya manejadas en sesiones previas entre él y el citado consejo sindical. Se les dio gato por liebre y cayeron en el garlito de los liderazgos defensores de los intereses del gobierno, sin reparar en las consecuencias sociales y políticas que ocasiona el privatizar patrimonio sonorense. Sin previo análisis y consulta con sus respectivas bases, firmaron la minuta de los acuerdos que dieron fin a la amenaza del paro de labores estatal anunciado para el día 30 de enero.

Recientemente se ha anunciado el interés del presidente López Obrador de que no se vendan los estadios, lo cual obliga a buscar soluciones entre las cuales debiera estar, en primer lugar, llamar a cuentas a quienes defraudaron a los sonorenses saqueando al ISSSTESON y congelar sus cuentas bancarias, aplicar la extinción de dominio a sus propiedades, inhabilitarlos del ejercicio de cualquier función pública y que paguen los años de prisión que les correspondan conforme a derecho. La prioridad es, debiera ser, la recuperación de los fondos robados y el castigo a los culpables, así como el acordar un financiamiento extraordinario en favor del ISSSTESON por parte del gobierno estatal así como de las instancias federales que sean competentes. Aquí, como en la decisión de dar palo a las demandas de nivelación pensionaria, la solución debe ser política.

Sería muy bueno que el delegado federal, Dr. Jorge Taddei, tomara el caso como prioritario e informara detalladamente al presidente López Obrador sobre la situación y se acordaran las medidas pertinentes. Urge poner orden en Sonora y es evidente que el gobierno estatal no sólo no da la medida sino que nos receta más de lo mismo. Por otra parte, es necesario que se de al pueblo de Sonora una explicación creíble por parte de los dirigentes sindicales sobre la absurda medida que se sirvieron apoyar con su firma. Sabemos que los lideres charros no tienen remedio, pero de los independientes se espera otra cosa.