Conspiración en Pémex

Notas Sueltas es un espacio de opinión sobre diversos problemas de carácter social, económico y político de interés general. Los comentarios pueden enviarse a: dalmx@yahoo.com

viernes, 30 de abril de 2010

Cosas de los gringos

Pues la ya famosa ley SB1070 del estado gringo de Arizona ha levantado un revuelo que ya lo quisiera la supresión de Luz y Fuerza del Centro, sus 43 mil empleos perdidos y la herida mortal que significa para el Sindicato Mexicano de Electricistas la política laboral del calderonato, además de la huelga de Cananea, las otras que han muerto por inanición a lo largo y ancho del territorio nacional y la amenaza que significa la reforma a la ley del trabajo para los logros sindicales y la estabilidad económica de millones de familias. La ley antiinmigrante del vecino Arizona ha conmovido las fibras del patriotismo en lo profundo y los actores políticos y políglotos se lanzan en cruzada quijotesca contra la decisión soberana de un estado de allende el Bravo.

Los gringos de Arizona son, según se colige, furibundos racistas y fanáticos xenófobos, sobre todo los que lo aparentan por sus rasgos faciales, de suerte que la apariencia lo será todo, una vez que pase el período de 90 días que la ley necesita para entrar en vigor. Las maldiciones y azoro de muchos lloverán sobre las güeras cabezas de nuestros vecinos y ahí se oirá el crujir de huesos y el rechinar de dientes, porque queda claro que los arizonenses nos acaban de mandar por un soberano tubo por razones de una simple interpretación de la ley: el estado podrá detener y consignar a los ilegales que agarre en calles, parques y jardines; en establecimientos civiles y religiosos, en oficinas y en comercios, que estén en territorio de Arizona, sin que puedan demostrar la legalidad de su estado migratorio.

El rigor de la medida ha llamado a los actores políticos que no simpatizan necesariamente con las maneras de los republicanos, a pronunciarse en contra y a pugnar por una reforma integral en materia de inmigración, arguyendo su impacto económico, los efectos diplomáticos que tendrá y una imagen comprometedora respecto a la buena vecindad que tanto se proclama y tan útil que ha sido para colar en forma de cooperación o colaboración otras medidas que, con la suavidad del caso, afectan hasta la médula nuestra soberanía, como es el caso de la lucha antidrogas, antiterrorismo, anti-lavado de dinero, anti-etcétera, que han permitido la intrusión de corporaciones gringas en nuestros asuntos.

Para Sonora resulta particularmente traumática la ley de marras, ya que es tradicional en nuestro estado la propensión o compulsión por las compras en “el otro lado”, los paseos de fin de semana o vacaciones allende las fronteras y el baño de modernidad y progreso que representa Arizona para los sonorenses ansiosos de status, y la idea fija de que lo de allá es mejor que lo de acá, que ha animado a muchos desde la educación primaria hasta la universidad.

Los sonorenses de familias acomodadas sienten a Arizona como una prolongación de su espacio onírico, como la tierra prometida a la que acceden gracias al poder de la visa y al poseer una cuenta en dólares, que abre ante sus ojos el maravilloso mundo de los grandes almacenes, las tiendas departamentales, la goma de mascar y la ropa con diseños y colores que son el uniforme del progreso y la diferencia entre ellos, felices tránsfugas de lo nacional, y los demás que tenemos que conformarnos con lo hecho en México o para México. La distinción, desde una óptica tercermundista, se encarna en lo extranjero, en lo distante que es tan próximo gracias a las bondades del pasaporte y el ingreso personal disponible.

En una comunidad de protogringos, dueños de un nacionalismo debidamente balaceado por el grueso calibre de los mensajes comerciales, de los intelectuales de la integración económica como fatalidad sin contrapeso, de los bobalicones imitadores de cuanto lanzamiento publicitario navega en los medios, de los despistados que ignoran la historia de perversión y agandalle que es característica de la nación de hampones internacionales que es vecina nuestra, seguramente causó extrañeza y sopor la amenaza fascista que se cierne sobre las cabezas de los mexicanos aficionados al week-end transfronterizo. Algunos opinaron que hay que esperar a que venza la cordura, otros a que el presidente Obama ponga orden, aunque hubo quienes opinaron que un boicot al comercio gringo pudiera ser una buena respuesta. Me parece que con o sin ley antiinmigrante, la soberbia de Arizona sólo se pagará con un ejercicio permanente de dignidad por parte de los sonorenses.

Usted recordará que, no hace mucho, un funcionario de gobierno sonorense dio en declarar que Guaymas sería el puerto comercial de Arizona, con lo que se revela la falta de nacionalismo y respeto por las leyes nacionales de que pueden ser culpables personas ignorantes y cretinas que llegan al gobierno por razones de apellidos o compadrazgos. Mejor hubiera sido si el destino de Guaymas se ligara al del noroeste del país o, simplemente, al de nuestro propio estado. Lo anterior viene al caso por tratarse de la expresión de una mentalidad colonizada, víctima del furor por lo extranjero, heredera de los Miramones y los Mejías, parientes ideológicos de los Santa Anna, vende patrias cacahuateros de ayer y de hoy.

Pues bien, considerando la existencia de personas con esta mentalidad vacuna, ¿podemos suponer que un boicot de compras a Arizona podrá prosperar? Diría que sí, siempre y cuando nos pongamos las pilas todos a favor de nuestro estado. Desde luego que me uno a la propuesta de no ir ni comprar en Arizona, de mandarlos por un tubo por fascistas, de suspender definitivamente ese lazo de dependencia consensuada que significa la Comisión Sonora-Arizona, de fortalecer en cambio la economía sonorense, fomentar proyectos productivos con capital nacional y alentar el empleo y el ingreso con justicia social, impulsar procesos productivos que impliquen la utilización de fuerza de trabajo calificada, tecnología moderna y que nos permitan acercarnos a la industrialización del estado libre y soberano de Sonora. Así sea.

El ritmo de moda



La prensa nos toma por asalto y el pasmo y temblorinas hacen de nuestro esqueleto una sonaja ciudadana que reproduce el son de la ametralladora, del AK47, del R15, de las armas cortas y largas que se apoderan de nuestra conciencia y traducen en estampidos el ritmo del declive nacional. La vida en México es asunto de seguridad personal y el gobierno se complace en informarnos que las acciones que emprende contra el crimen organizado pone nervioso a éste y lo hace percutir 2 mil cartuchos cada vez que entra en estado de shock ante los avances del panismo organizado.

Las heridas producidas por esquirlas y la eventualidad de encontrar granadas sin estallar en carros blindados que no lo fueron tanto, son el panem nostrum cotidianum, la carga que hay que llevar por ser un pueblo tan favorecido por el exitoso trabajo de autoridades civiles y militares, frente al horroroso carácter y la hipersensibilidad intolerante del hampa, nomás por quítame estas declaraciones triunfalistas. Lo de todos los días son los atentados contra el sentido del humor ciudadano y la escasa responsabilidad declarativa de los más altos funcionarios del fuero federal. El hampa, mientras tanto, anota los muertos mediante pizarras electrónicas proporcionadas por los medios de comunicación, ya que para ellos es imposible recordar cuántos muertos llevan en su haber.

Mientras nos estremecemos al ritmo del R15 o el AK47, trabaja a contrapunto William Clinton, con una letra que resulta conocida en las serenatas que el imperialismo yanqui le lleva a América Latina cada vez que quiere gozar de sus favores: “que no se piense que intervenimos, pero lo que México tiene que hacer es un Plan Colombia.” Con esto, el astuto libidinoso afecto a las becarias y a los habanos, subraya la labor de la Secretaria de Estado Hillary como labor de amor, de apoyo y colaboración con los esfuerzos de Calderón contra el cáncer terminal del narcotráfico. Seguramente conviene ignorar el sentido y consecuencias de la “Iniciativa Mérida”, entre las que destacan la intromisión de las agencias de policía gringas en asuntos que debieran ser de nuestra exclusiva competencia.

El curioso y repulsivo erotómano disfrazado de conferencista estelar nos endilga frases edulcoradas que huelen a tomadura de pelo y picada de cola, considerando que su país está metido hasta la cocina de la seguridad nacional mexicana, pues ha incrementado la presencia de agentes policiales y su influencia alcanza al ejército y demás fuerzas armadas, gracias a la colaboración del gobierno y el crimen organizado que ha provisto el escenario, el terror y la justificación para un intervencionismo cada vez más definido como invasión silenciosa, toma del poder por coacción, golpe de estado y conversión del estado mexicano en protectorado gringo. Sin duda el panismo neoliberal resultó más eficiente que el priista-salinista en eso de entregar la patria al extranjero.

El despiporre nacional logra que vivamos en una realidad diseñada por el amarillismo de nota roja, trascendiéndolo en todos sus detalles. La morbosidad con que se manejan las noticias y el espacio que se les concede, son inopinados mecanismos de impulso a la criminalidad como la carrera del futuro, hoy. Con esto no quiero decir que se deben ocultar las cosas, sino que debemos saber también qué es lo que hacen los ciudadanos para revertir los efectos perniciosos de tener un gobierno acéfalo que funciona como oficina de enlace extranjero y acompañamiento empresarial.

Un buen tópico sería el de la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) por revertir el despido injustificado de que son víctimas, de la forma ilegal en que se decretó la desaparición del Luz y Fuerza del Centro, del avance o retroceso que tienen casos como el de las víctimas del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, de la huelga que murió por silencio y vacío, que es la de UTH; la complicidad del gobierno con el grupo Larrea, que tranquilamente pueden dar por corridos a los mineros de Cananea y suprimir de un solo plumazo toda una historia de derechos y conquistas laborales; de la desaparición y asesinato de periodistas y de la impunidad obscena con la que medran las empresas trasnacionales en su labor de contaminar el suelo y aire mexicanos.

martes, 20 de abril de 2010

La UNISON en medio de la nada


Pues los trabajadores académicos, así como los administrativos y manuales, decidieron por mayoría no irse a la huelga, aunque hay asuntos pendientes diferidos hasta otra oportunidad. Las mejoras en las condiciones laborales y el acento en las reivindicaciones salariales y contractuales bien pueden esperar a que las aguas políticas alcancen un nivel tal que permita que la derrama de beneficios llegue, por gravedad, a las bases dispuestas a hacer postgrados en faquirismo, en salto de mata, en evasión de acreedores y en insuficiencia alimentaria.

En la vida loca neoliberal, las condiciones laborales pueden ser negociadas hasta que los excesos patronales se traduzcan en conmiseración y complicidades cupulares. Las burocracias bien pueden estar tranquilas recostadas en el mullido edredón de la política de austeridad que se traduce en topes salariales y en ninguneos legislativos a la demanda de mayor presupuesto a la educación superior. Sucede que en el país y, por ende en la entidad federativa, el gasto corriente que corresponde a sueldos es anatemizado por su esencia demoniaca, por la evidente manirrotez de los patrones que corren el riesgo de explotar menos de lo debido a sus empleados; por la absurda pretensión de dar menos a quienes hacen posible que la institución exista y funcione, que justifican el prestigio de la universidad y que hacen el trabajo que le da sentido al lema de: “el saber de mis hijos hará mi grandeza”.

Sí, los universitarios decidieron no irse a la huelga y las buenas conciencias legislativas pueden respirar con alivio; la tranquilidad que proporciona el poder hacer declaraciones pedestres aunque con visión de largo plazo (PAN), se complementa con el apoyo a la autoridad universitaria (PRI), en una cuatachez fascinerosa y ñoña, productora de pena ajena y lejana, a su vez, de las funciones de representatividad popular que sugiere el poder legislativo local (PRD). Con ello, el fantasma de la huelga no recorre la universidad, porque fue excluido de acceder a la educación superior por insuficiencia de méritos.

El seguir soportando una masa burocrática obesa y acomodaticia, emanada de las cloacas del neoliberalismo en educación, hace de este país uno que reporta rendimientos decrecientes, que depende de las importaciones científicas y tecnológicas por incapacidad para producir conocimiento aplicable al desarrollo económico independiente. En México no se avanza tecnológicamente y las posibilidades de desarrollar ciencia parecen limitadas por una política acomplejada que privilegia la maquila antes que la industrialización nacional; acoge amorosamente al capital extranjero y deja al margen al nacional; fomenta la dependencia no sólo tecnológica sino política y cultural, despreciando lo propio en aras de adoptar lo ajeno como una muestra de modernidad y progreso, aunque se tenga que sacrificar el talento y la creatividad nacionales.

La Universidad de Sonora padece del trauma de ser demasiado grande para lo pequeño de las entendederas de sus administradores, simples continuadores de una política diseñada desde fuera y acatada e implementada mecánicamente por burócratas dueños de un esquematismo palurdo, reduccionista y bastante ignorante de las causas y consecuencias educativas y políticas de sus acciones. Perdida la dimensión social de la educación superior, lo que queda es el discurso de la “competitividad” y la “innovación”, la cultura del formato y la preeminencia de la administración sobre la academia. El modelo no incluye, desde luego, la creatividad de los universitarios bajo premisas de libertad de iniciativa, ya que el formato y la reacción pavloviana a los estímulos económicos hace las veces de camisa de fuerza voluntaria para la inteligencia. La libertad es un bien escaso y sólo se accede a él mediante la rebelión hacia cualquier forma de subordinación al modelo vigente, cuestión que deja fuera las posibilidades de acceder a las bolsas de dinero que se otorgan a los convenencieros y sumisos, de acuerdo al código de ética institucional que inhibe el pensamiento independiente y la libertad de hacer trabajo académico al margen del modelo impuesto.

Estamos ante una institución que se ha plegado en exceso al absurdo de la política educativa federal, que a su vez refleja el dogma que imponen los organismos financieros internacionales, sin que la asista algún tipo de justificación, más allá de invocar la necesidad de acceder a recursos económicos extraordinarios por vía de los programas que para tal fin ha diseñado la SEP y que se establecen en el Programa Nacional de Educación.

En los hechos, esta política interna de ser simplemente una universidad-reflejo de la política federal, no permite que la institución reivindique su autonomía, se incorpore al trabajo de contribuir al mejoramiento de las condiciones materiales y culturales de la región, ni mucho menos que represente una alternativa real para el abatimiento de la marginación y el mejoramiento de las condiciones sociales y nivel de vida de la población. Asimismo, se genera un sentimiento de minusvalía entre los miembros de la comunidad universitaria que deviene apatía por las luchas sindicales y la exigencia del mayor respeto que merece el trabajo académico respecto al burocrático; pero, como consecuencia de esta claudicación solapada a principios y valores, el lenguaje cambia el contenido de la acción o inacción de los actores y el sacrificio del bienestar personal se ofrece por el sindicato en el altar de la contención salarial, pasando por ejercicio de madurez y lealtad institucional.

Si se tiene personal bien portado, se tendrán organizaciones gremiales bien portadas también, dispuestas a servir de peldaño político a quienes encabezan la administración. Esto repercute en el buen desempeño percibido de los funcionarios de gobierno, de suerte que no estallar una huelga no es necesariamente mérito de los sindicalistas, sino del funcionario que “la evitó”. Lo anterior explica el protagonismo de ciertos actores políticos en el período de pre-huelga, en ejercicios de oportunismo de bastante mala factura. Las explicaciones de lo que pudo haber sido y no fue, forman parte del anecdotario siniestro de un sindicalismo secuestrado en los chucatosos márgenes de lo políticamente correcto.

¿Qué queda por hacer? Prepararse psicológicamente para futuras revisiones salariales y contractuales, donde la administración, como ya es costumbre, llevará la agenda y la línea de solución a conflictos que ella misma ha contribuido a generar. Desde luego que siempre existe la posibilidad de que se reconstituya el sindicalismo universitario y estén dispuestos sus actores a afrontar los riesgos de una lucha que es, hoy por hoy, desigual aunque justificada y liberadora, por cuanto rescata el valor y la importancia de la academia y el derecho de los académicos de incidir en el destino de su institución, actualmente secuestrada por una burocracia caricaturesca.

martes, 13 de abril de 2010

José Pedro

José Pedro Sierra Leyva falleció de cáncer de colon, a las 8 de la mañana del día lunes 12 de abril de 2010, dejando atrás una trayectoria de más de 35 años de servicios como profesor universitario en el departamento de Contabilidad de la Universidad de Sonora.
Se puede decir que José Pedro, Contador Público y Maestro en Educación, fue un profesional muy especial, por su diversidad de intereses en campos ajenos a su perfil profesional, como la política, la administración municipal y la historia regional. Su alegría de vivir y su sentido lúdico de las cosas, los hechos y los personajes de nuestra vida cotidiana, constituyen uno de los rasgos más significativos de su personalidad. En su momento, ocupó el cargo de Jefe de Departamento de Contabilidad así como el de Presidente de la Sociedad Sonorense de Historia.
Hoy sus restos mortales hicieron un último recorrido por la Universidad de Sonora y recibió el homenaje de sus pares en las instalaciones del Departamento de Contabilidad, para reposar eternamente entre los buenos universitarios que se nos han adelantado.

Descanse en paz el maestro José Pedro Sierra Leyva, un buen hombre, formador de muchas generaciones de profesionales de la contaduría pública. Un buen amigo.

Mensajes de texto

Las autoridades del registro telefónico insisten en que cada ciudadano teléfono-habiente debe registrar sus datos. En primera instancia en las líneas saturadas del sistema Renaut, en segunda, a través de los oficios de las concesionarias que abrieron una línea especial para tales propósitos. Telcel ha decidido colaborar con las autoridades y suspender el servicio parcialmente a quienes no hayan cumplido, en tiempo y forma, con el trámite, permitiendo el envío de mensajes y, desde luego, conservando el saldo del usuario. Movistar, por su parte, primero dijo que no acataría pero casi de inmediato decidió reconocer su calidad de empresa concesionaria y que, en cambio, facilitaría el registro de los datos personales de los usuarios, de acuerdo a las exigencias del gobierno.

Lo que se desprende de este asunto es, según entiendo, que la obligación de inscribirse en el censo del servicio telefónico es de agua y ajo (de aguantarse y a joderse), toda vez que el espacio telefónico es asunto de la nación, independientemente de la apertura a las inversiones privadas tras la liquidación del monopolio federal administrado a través de la empresa Telmex, privatizada en beneficio del señor Slim. En este sentido, la medida oficial tiene cualidades terapéuticas ante la exagerada demanda de teléfonos móviles que inunda oficinas, aulas, negocios, calles, avenidas y plazuelas; se antoja como una revaloración del teléfono a la luz de conductas delincuenciales perpetradas por individuos u organizaciones susceptibles de ser registrados e identificados en el curso de la comisión de los ilícitos.

Pero, por el lado del usuario común, el que compra y da de alta en el servicio una unidad móvil, la medida puede sonar como una invasión a la intimidad, como una posibilidad de que sobre mí, ciudadano, pese eventualmente algún mecanismo de imputación. Lo anterior viene a cuento porque todos, desde el momento del nacimiento, a la hora de ingresar a la escuela, en el momento de que se nos integra un expediente, escolar, médico, laboral, o en el ejercicio de nuestras funciones ciudadanas a través de la participación electoral estamos sujetos a registro. Nadie ha iniciado y terminado la primaria o la universidad si no es que antes y al término de sus estudios, fue registrada su trayectoria y objeto de referencia inscrita en algún tipo de acta o constancia oficial. Nuestra existencia es una larga cadena de registros, constancias, certificaciones, desde el principio y hasta la muerte que es protocolizada mediante el acta de defunción.

Si estamos tan largamente atados al expediente, ¿por qué nos puede parece tan extraña u ofensiva la medida de marras?

Quizá valga la pena partir de la desconfianza que el ciudadano común siente por el gobierno. Cualquier medida que se tome e imponga suena como una intromisión a la vida privada, como afectación de derechos y como una forma atenuada de represión. Somos, aun sin saberlo, sujetos de una clandestinidad forzada por las circunstancias, de una marginalidad que, a pesar de títulos y constancias que pueden adornar las paredes de la casa particular, nos hace blanco de la fiscalización oficial por ser desconfiables, enemigos potenciales del gobierno y las instituciones; vengadores anónimos de ofensas acumuladas y por acumular, nos colocamos ideológicamente en la mira del supremo fiscalizador que es el gobierno a través el SAT, de Gobernación, de Finanzas, del registro vehicular, del padrón de usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado, del catastro y el registro público de la propiedad. También lo somos del servicio militar, del sistema bancario y crediticio, de las asociaciones u organismos a los que estemos afiliados, de los innúmeros foros o espacios de participación ciudadana, incluidas las redes sociales en línea.

Cada día nos conectamos real o virtualmente con otros, y previamente llenamos formatos y registramos nombres de usuario y clave de acceso; interactuamos en espacios sujetos a moderación por parte de terceros, de los cuales no sabemos ni su nombre ni reconocemos sus rostros, apenas sus intenciones formuladas en pequeños cuadros de diálogo fácilmente modificables o suprimibles. Confiamos en la oficialidad de las páginas de Internet y nos sentimos parte de una “comunidad” a la que dedicamos horas y desvelos. Así, los detalles de nuestra existencia, que es registrada en el ciberespacio, dejan de pertenecer a las reservas de la intimidad y devienen del dominio público. Sin embargo, cuando el gobierno nos pide el nombre y la fecha de nacimiento para asociarlos a un número de teléfono, desconfiamos, nos resistimos y lo difundimos vía redes sociales de Internet.

Tenemos una existencia política paradójica, si consideramos que el respeto a la intimidad que reclamamos es, desde hace tiempo, lugar común en la inmensidad informativa del ciberespacio. Es común “subir” fotos personales y familiares a Facebook, entre otros, con lo que se proporcionan imágenes cuyo destino y utilización futura no sabemos. Colgamos información no sólo curricular sino estrictamente personal: cumpleaños, parentelas, aficiones, acciones y pasiones, entre otras revelaciones íntimas. Pero los propósitos del requerimiento del gobierno son, por lo menos, indignos de confianza.

Las inmensas posibilidades de comunicación alternativa están sujetas a plataformas que la propia sociedad no controla. Son propiedad privada extranjera, particularmente gringa. Casi nadie ignora que el servidor más grande y el control de las telecomunicaciones del mundo lo tienen ostensiblemente nuestros vecinos del norte. Los intentos internacionales de regionalizar y de ceder este control mundial han sido rechazados por los gringos, lo que se ha acentuado tras el inicio de la cruzada contra el terrorismo que ha emprendido como parte de la economía de guerra Estados Unidos.

En este marco, México ha aceptado ser una provincia más del control político-militar de Estados Unidos, al permitir que agentes policiales y de inteligencia transiten y actúen libremente por territorio nacional, que se subordinen tanto las policías nacionales como las fuerzas armadas a los imperativos de la paranoia gringa, cerrando las pinzas del control político-económico que repuntó durante el salinato y que ahora alcanza las mayores dimensiones en materia de dependencia. Tal falta de nacionalismo y de respeto a la soberanía, explica el por qué las autoridades toman medidas redundantes, intimidatorias, inútiles y potencialmente represivas.

El tristemente célebre (por su insondable mediocridad) garabato llamado gobierno de la república bajo Calderón, nos regala con el registro de teléfonos móviles un motivo para la desobediencia civil, pero también nos documenta la falta de imaginación y el oficio chambón de funcionarios que no saben ni sabrán el correcto cumplimiento de sus funciones, el trabajo público como distinto al privado, la entrega y el auto-respeto de quienes sirven al pueblo desde el gobierno, en este caso, ausentes y ubicados en su papel de colaboradores del imperio que nos refunda como colonia.
La aburrida medida del registro telefónico es un botón de muestra de la incontinencia que sufre Calderón y semejantes, ante los reclamos de Estados Unidos de hacer suya una lucha que corresponde a los impulsos del expansionismo yanqui en el siglo XXI. Baste recordar que el Estado genocida por excelencia, exportador de violencia física y psicológica, corruptor social y político y factor de inestabilidad mundial, productor y comercializador de armamento y perpetrador de crímenes de lesa humanidad, impulsor del tráfico internacional de drogas y armamento, es Estados Unidos, el que nos está diciendo a Colombia, a México y al resto de América Latina y otras economías periféricas, ¡cómo combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada!

El desenlace del drama del registro telefónico está por verse, también lo está la actitud de la sociedad en vías de estructurar formas de organización independiente, que remonten el espectro coyuntural y que den pasos hacia el combate de las causas profundas del desastre nacional. Pudiera empezarse cuestionando el modelo económico y sus consecuencias en la vida académica, cultural, política y social. Pudiera pensarse en rescatar México, el nuestro, no la caricatura pensada por Washington y ejecutada por el neoliberalismo de guarache que hoy representa Calderón.

jueves, 8 de abril de 2010

Asunto inquietante


Comparto con usted esta caricatura que editorializa el trágico giro que está teniendo el llamado combate al narcotráfico emprendido "haiga sido como haiga sido" por el gobierno de Calderón, de acuerdo con el monero Hernández.

martes, 6 de abril de 2010

Viacrucis ciudadano

Ya ve usted que la Semana Santa invita a reflexionar acerca de la futilidad de la vida, pero así mismo sobre su sentido trascendente, quizás sobre lo que pudo haber sido y no fue de acuerdo a la muy particular valoración que cada cual hace de su propia existencia. Como se sabe, nos empeñamos en empedrar el camino y hacer más amable nuestra ruta hacia tal o cual objetivo; nos persuadimos de que las cosas han de mejorar y que la vida debe tener también un espacio de satisfacciones reservado para nosotros; procuramos conservar viva la fe en las instituciones y que la justicia no es una abstracción sino algo que se concreta merced a la visión y acción de las autoridades.

Suponemos que los partidos políticos representan opciones ideológicas cuyas prácticas están orientadas por principios claros y distintos y que están animados en llevar a cabo un proyecto que beneficie a sectores importantes de la población nacional; que son, cada uno a su manera, expresiones de la pluralidad que cabe en el gran saco de la democracia y el nacionalismo.

Asimismo, pensamos que el gobierno trabaja para todos, que es la expresión concreta del poder del Estado y que lleva a cabo su práctica de acuerdo al modelo político que se plasma en la Constitución. No se nos ocurre establecer una diferencia tajante entre el Estado y el gobierno que lo representa, porque en los hechos debieran ser lo mismo, o más bien, congruentes con el marco normativo que empieza con la Carta Magna y termina con los reglamentos y circulares que se emiten en los tres órdenes de gobierno. Como somos seres productores de normas (personales o sociales), pensamos que su acatamiento es socialmente encomiable: pensamos en función de esquemas conductuales producto de la sociabilidad humana, que se formalizan y se observan casi automáticamente. Hacemos propias las normas y condicionamientos del grupo social al que pertenecemos y logramos su coexistencia con aquellas de observancia general expresadas en las leyes y reglamentos. Así, nuestra existencia formal está en constante lucha con la realidad personal y contextual en la que vivimos.

Recientemente, la ciudadanía que acostumbra leer la prensa empezó a darse cuenta de que las leyes y normas en general también tienen fecha de caducidad y que su vigencia está determinada por esquemas de referencia más amplios que la simple procuración del bien común. En este sentido, el derecho puede estar en franca oposición con la justicia o, cuando menos, las leyes pueden estar en contradicción con el derecho, como lo atestigua cierta legislación secundaria relacionada con el ramo energético mexicano, donde se hace posible la participación de capital privado en áreas reservadas al sector público. Esto se documenta con la creciente influencia de los intereses privados en el ramo petrolero, de electricidad y, entre otros, salud, alimentación y educación.

Si bien es cierto que los anteriores aspectos pueden ser escandalosos, más lo es el relacionado con la seguridad pública, donde la influencia del extranjero se ve representada por los intereses de policía hemisférica de EE.UU., a través de iniciativas como la Mérida, en el marco del llamado TLC plus que se pasea con el nombre de ASPAN (algo así como acuerdo para la seguridad y prosperidad de América del Norte), lo que bien puede traducirse en la prosperidad y seguridad de Estados Unidos a costa de sus vecinos.

Como le decía al principio de mi aburrido ─lo sé, pero así son las cosas─ comentario, el ciudadano cree que el gobierno federal, estatal y municipal son ordenes de gobierno dedicados a ver por el bienestar de la comunidad, bajo el supuesto de que hay una comunidad que no sea la exclusivamente integrada por Estados Unidos y los intereses geoestratégicos de las grandes corporaciones donde destaca la industria petrolera-militar, que pasa por las finanzas, el tráfico internacional de drogas y la manipulación o exclusión informativa, para vender la imagen de que la democracia y las libertades sólo pueden estar asociadas a los intereses comerciales de ellos, expresados como el conjunto de estrategias, mecanismos, acciones y omisiones que garantizan el control de los gobiernos periféricos y que permiten absurdos como el que la seguridad pública mexicana (ahora colombianizada) quede prácticamente en manos de un comando gringo, además de la visita de supervisión de la dama cornuda que ocupa la secretaría de estado y un puesto relevante en el comando de las acciones intervencionistas de EE.UU. en el hemisferio y más allá.

Pudiéramos considerar exagerada la sospecha de que el caos y la desconfianza al interior de un país, acicateada por un repunte espectacular del crimen organizado, con su cauda de secuestros, asesinatos, decapitaciones, mensajes amenazantes, son parte de la estrategia de desestabilización requerida para evaporar el supuesto de la soberanía nacional en los hechos, a fin de que la intervención de las fuerzas armadas en la vida civil y, sobre todo, la asesoría y financiamiento de Washington por la vía de la iniciativa Mérida, clon maquillado del famoso Plan Colombia, puedan obrar el milagro de convertir a un país independiente en una especie de protectorado gringo, sin que se levanten, con efectos importantes, oportunos y generalizados, voces patrióticas que reclamen y exijan respeto a las instituciones nacionales y a la Constitución que nos rige.

Pudiera pensarse que las voces de alarma son síntomas de la paranoia nacionalista y que se trata de un padecimiento mental trasnochado, porque las relaciones con el norte industrializado y altamente militarizado son armoniosas, justas y benéficas para ambos lados de la frontera, suponiendo que los tiburones pueden llevar una buena relación con las sardinas; pero existen elementos de juicio que perfilan una especie de “trabajo interno” a favor del sueño infantil oligofrénico de Estados Unidos de ser el policía mundial y la versión magnificada del imperio romano. México, desde el gobierno de Salinas de Gortari, siguiendo con el de Zedillo y culminando con los de Fox y Calderón, ha descrito la curva del desarrollo neoliberal en la que cada sexenio significa un incremento en la dependencia respecto a los vecinos del norte, y así, una menor soberanía y una mayor injerencia externa en los asuntos nacionales.

Sin embargo, existen elementos ciertos y objetivos para pensar que nuestro país, al igual que Colombia y algunos otros de América Latina, han disminuido sustancialmente sus defensas contra la penetración extranjera y han sustituido el nacionalismo por el entreguismo. Al respecto, resulta muy ilustrativo el material que presenta la revista Contralínea (http://www.contralinea.com.mx/) sobre los alcances que tiene el llamado Proyecto México 2030 de Felipe Calderón.

Nos encontramos frente a la peor amenaza que ha sufrido México desde los aciagos tiempos de Antonio López de Santa Anna, cuando el país perdió la mitad de su territorio a manos de Estados Unidos. En el Proyecto de Gran Visión México 2030, se consideran cinco ejes que nos llevarán por la venturosa ruta de la anexión económica, política y cultural. Vea usted si no:

El proyecto expresa la claudicación del gobierno en materia de la vigencia del estado de derecho, toda vez que la criminalidad ha logrado penetrar no sólo las policías sino también a las fuerzas armadas (Eje 1. “Estado de derecho”), con lo que el gobierno de Calderón justifica plenamente la injerencia de Estados Unidos en la provisión de recursos financieros y asistencia técnica y operativa para el combate al narcotráfico, olvidando que esto afecta directamente a la soberanía nacional.

Los esfuerzos privatizadores de los gobiernos neoliberales anteriores se verán fortalecidos mediante la figura de reciente creación de las “asociaciones público-privadas”, con las que Calderón piensa entregar a la iniciativa privada ramas esenciales de actividad estatal como son las de educación, salud, telecomunicaciones, ciencia y tecnología; así como el agua, ambiente y patrimonio cultural (Eje 2. “Economía competitiva y generadora de empleo”). De esta suerte, la educación se privatizará y la cultura estará a expensas de un “tratado de libre comercio artístico”, además de la subrogación absoluta de los servicios de salud, con la desaparición de las instituciones de seguridad social a cargo del gobierno (ISSSTE, IMSS, red hospitalaria de PEMEX), a lo que se agregará la reforma constitucional de los artículos 3 y 4 y la desaparición de los sindicatos de los sectores involucrados (Eje 3. “Igualdad de oportunidades”).

Otra novedad es la relativa a la privatización del espacio, señalando la intención de dar a la iniciativa privada nacional y extranjera el control territorial de las costas, mar, biósfera, mediante la figura de “área natural protegida” y la de “unidad de conservación para la vida silvestre”, con lo que México se puede despedir de la riqueza de la biodiversidad como recurso estratégico que apoye el desarrollo cultural, científico, tecnológico y económico nacional (Eje 4. “Desarrollo sustentable”).

Por si fuera poco, la propuesta de Calderón profundiza en la desaparición de la soberanía y el dominio de la nación, a través de conceder a Estados Unidos la facultad de diseñar las políticas públicas mexicanas, integrando mediante “instituciones compartidas” la nación al vecino del norte, lo que permitirá la participación del ejército y la marina en operaciones conjuntas por la “seguridad hemisférica”, además de que “mexicoamericanos” detenten el poder público. Con ello se supera por mucho la cuota del 50 por ciento nacional concedido en el siglo XIX por Santa Anna, en un proyecto anexionista a lograr en el año 2030 (Eje 5. “Democracia efectiva y política exterior responsable”).

Si lo anterior no mueve su conciencia patriótica y no considera que Calderón sea un peligro para México, entonces, habremos clavado el último clavo a nuestra cruz ciudadana, en este viacrucis por la abyección y los horrores del neoliberalismo mexicano.