El ISSSTESON da la nota

“Es una intrigante paradoja que el capitalismo fuera salvado gracias a transformaciones que se identificaron con el socialismo” (Toni Judt).

Cuando uno cree que ya perdió la capacidad de asombro surge una nota periodística que conmueve dicha convicción y demuestra que siempre es posible superar la marca. Como el culto e informado lector sabrá, recientemente tuvo lugar la aparición estelar del director general del ISSSTESON en el seno del Congreso del Estado donde presentó el estado que guarda el Instituto a su cargo y reiteró los males y perjuicios que, como mantra religioso repite obsesivamente. Lo bastante no en suficiente y la saciedad parece ser rebasada por los esfuerzos justificantes de visiones miopes, simplistas, autocomplacientes y definitivamente chatas sobre el problema político y social de la seguridad social, encubiertos por la lagañosa perspectiva de un cuentachiles profesional que minimiza y parcializa responsabilidades al meterlas en el saco de los ejercicios aritméticos que concluyen con el señalamiento de culpables: el sindicato del ISSSTESON y la Universidad de Sonora los culpables de la crisis y, casi por no dejar, la administración estatal anterior.

Asombra, sorprende y maravilla la capacidad del señor director Contreras para reducir a su mínima expresión el hecho, la realidad de un manejo discrecional de las finanzas del Instituto, la red de complicidades tejida entre la directiva, el gobierno en turno y la especie maldita del sindicalismo blanco que sabe cantar bien las rancheras en el órgano de dirección y en los foros y escenarios políticos donde debe solamente tronar el chicharrón del Ejecutivo y donde pasan sin ver los integrantes del Legislativo y el Judicial en la órbita oscura del prianismo organizado. Con voz lechosa invita a los diputados a construir soluciones juntos, a cambio de la gratitud de los sonorenses presentes y futuros, en un contexto donde campea la impunidad que esperan los perpetradores del desfondo y el olvido de los responsables de cuidar el dinero de los trabajadores. En ningún momento reconoce el derecho que asiste a los trabajadores defraudados, a los sindicalistas que han logrado mejores prestaciones, a los organismos que pagan lo que deben pagar de acuerdo a sus contratos o convenios con ISSSTESON, a los exempleados que reclaman sus ahorros, al imperio de la ley suprema que prohíbe la aplicación retroactiva de las normas jurídicas, a la realidad de una política de privatización de las instituciones mediante el truco de la insolvencia, el quebranto económico irreversible, la agonía por falta de financiamiento, la negligencia en su rescate y, para terminar, la necesidad forzada de privatizar los servicios y ceder sus responsabilidades a los factores económicos de la coyuntura empresarial. ¿Menos Estado y más Mercado? Lo cierto es que el Instituto es uno más en la mira del neoliberalismo de guarache, de la compulsión de saquear los recursos públicos y quemarlos en el altar de las ganancias privadas por subrogación o concesión.

¿Usted se puede explicar cómo es que el Instituto esté al borde de la quiebra si a los trabajadores derechohabientes se les ha seguido descontando su cuota cada quincena, y los organismos afiliados la han entregado junto con sus aportaciones a la Secretaría de Hacienda para que sea remitida al Instituto? El director Contreras declaró que en la pasada administración no se entregaron al Instituto más de dos mil millones de pesos, reconociendo que el daño patrimonial rebasa los seis mil millones de pesos. ¿No le suena como una tranza armada con premeditación, alevosía y ventaja que, hasta el momento, ha sido arropada por la impunidad y la fabricación de distractores? ¿No se esperaría que el director ejerciera una cierta capacidad de autocrítica? ¿La política local se inclina hacia el ataque y descalificación de los trabajadores y sus organizaciones? ¿La desinformación, el hostigamiento y la amenaza contra los organismos afiliados son como la tierra que mueve el gato para ocultar su mierda? ¿Deben sentirse obligados los organismos afiliados a aceptar nuevos convenios cada vez que el Instituto sufra daño patrimonial y haya desvío de fondos? ¿Las facturas sólo deberá pagarlas la clase trabajadora?

No estaría mal que los recién estrenados miembros del Poder Legislativo sonorense recordaran el truculento caso del ISSSTECALI, donde el gobierno declaró la quiebra, siendo que los descuentos a los trabajadores se realizaron oportunamente, las aportaciones de los organismos afiliados se hicieron pero jamás llegaron a las arcas del Instituto, en un cuento donde los trabajadores han tenido que tomar oficinas, realizar marchas, hacer plantones y visibilizar nacionalmente el problema ocasionado por la rapiña del gobierno y desmentir la culpabilidad de los derechohabientes.

En nuestro caso y contexto, ni los sindicatos tienen la culpa ni los organismos afiliados la responsabilidad de la quiebra, quebranto, desfondo y clara negligencia de las autoridades “competentes”. Debemos insistir en que en Sonora se ha instaurado una política de ilegalidad, de complicidades, de corrupción y ataque a los trabajadores y sus familias. Nos queda claro que el ISSSTESON no está quebrado sino saqueado por el propio gobierno, y que tiene la responsabilidad legal y social de restituir lo robado, refinanciar al Instituto y enjuiciar a los culpables, así como respetar y cumplir los contratos y convenios vigentes y velar, en todo momento, por los intereses de los trabajadores afiliados.

Por fortuna el sindicalismo sonorense está despertando de su modorra, da signos de una toma de conciencia que apunta hacia la verdadera transformación que la seguridad social requiere, como un mecanismo redistributivo del ingreso social y bajo un esquema de reparto solidario. Esperemos que los diputados, como representantes del pueblo actúen en consecuencia.            

         

La ilegalidad como política de estado

“Los artistas mienten para decir la verdad mientras que los políticos mienten para ocultarla” (Alan Moore, autor de V de vendetta).

Todo mundo sabe que el ISSSTESON tiene problemas financieros imputables a la mala administración estatal anterior que, según afirma el actual director del Instituto, Pedro Ángel Contreras López, dejó de enterar más de dos mil millones de pesos por concepto de cuotas y aportaciones; es decir, los trabajadores y organismos afiliados pagaron puntualmente sus cuotas y el gobierno no las entregó a ISSSTESON y éste no emprendió ninguna acción legal para obligar al cumplimiento de esta obligación, lo que en español vulgar significa que la directiva del Instituto fue cómplice por omisión del desfondo pensionario.

El director Contreras señala como otro responsable de la crisis al propio sindicato del ISSSTESON, que “tiene el contrato más privilegiado del sector público” porque las prestaciones adicionales del SUEISSSTESON “son mayores a las que tiene otros sindicatos como el SUTSPES” (Uniradio noticias, 16/11/2018). Aquí vale la pena puntualizar que el sindicato acuerda con el patrón las reglas de la relación y que están plasmadas en su convenio de trabajo. Es decir, la culpa no es de los trabajadores sindicalizados que gozan de mejores prestaciones que otros, sino de la falta de capacidad de gestión y administración que padece el Instituto. Así pues, ¿estaría más conforme el señor director si no tuvieran estas “prestaciones adicionales” o si, en todo caso, fueran iguales o inferiores a las de otros sindicatos? ¿Entre más baratos salgan y más jodidos estén los trabajadores, mejor?

Pareciera ser que, en la óptica del director Contreras, las conquistas laborales y la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores son una amenaza, no un logro de justicia laboral y social.

Otro culpable es la Universidad de Sonora, porque “es el único de los más de 140 organismos afiliados a Isssteson que se ha negado a pagar el porcentaje de cuotas y aportaciones, previsto en la Ley 38”, problema que se arrastra desde 2006 y “sólo paga entre trabajadores y patrón, el 26%, cuando el resto de los organismos paga cuando menos el 47% por servicios iguales” (misma fuente).

En efecto, la UNISON paga el 26% porque así lo establece la Ley 38 antes de la reforma de 2005 en los artículos 16 y 21, y porque esos son los montos establecidos en la cláusula Segunda del Contrato de Prestación de Servicios vigente suscrito entre el Instituto y la Universidad, mientras que los demás organismos se allanaron a las exigencias de ISSSTESON y modificaron las condiciones de sus contratos, por lo que pagan lo que establece la ley, es decir, 47% según mismos artículos 16 y 21 reformados. No está de más recordar que un contrato es un acuerdo de voluntades y fuente de derecho, que puede ser modificado mediante el convenio o acuerdo de las partes firmantes. En este caso, el criterio o la voluntad del ISSSTESON no puede ni debe imponerse a la otra, cosa que pretende hacer mediante el hostigamiento, presión o amenaza de suspensión de los servicios contratados, entre los que destacan los de salud y las pensiones y jubilaciones. Como se ve, la UNISON no paga de menos, sino lo que debe pagar de acuerdo con el marco normativo que legal y legítimamente tiene vigente.

Cabe recordar al atento lector que la Constitución federal establece en su artículo 14, párrafo primero, el principio de no retroactividad en la aplicación de las normas y cito textualmente: “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”. Entonces, ¿por qué le incomoda al señor director Contreras que hayan prosperado las demandas de nivelación pensionaria en el marco de lo que él llama “industria legal de demandas de nivelación de pensiones” y que cifran “210 demandas pagadas por 213 millones en 2016-2018 y 1, 500 demandas en curso”, mismas que han sido detenidas o lentificadas mediante el burdo truco de “patear el bote” a que ha recurrido la actual administración estatal porque están “profundizando la crisis financiera del Instituto”? Como usted sabrá, han sido resueltas a favor por el simple hecho de que están apegadas a derecho, asunto que la actual administración considera una “amenaza financiera” que hay que conjurar buscando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “emita un criterio para que las pensiones se otorguen exclusivamente sobre lo cotizado” (misma fuente).

¿Para la actual directiva del ISSSTESON no es válido el criterio basado en la protección legal que ofrece la propia ley 38, los contratos de prestación de servicios firmados y vigentes y el principio de no retroactividad constitucional? ¿Usted cree que si 210 demandas ya han sido resueltas a favor de los trabajadores retirados las que están pendientes se van a decidir en contra? ¿Los tribunales que conocieron los 210 expedientes se equivocaron al acatar la ley y proteger a los trabajadores demandantes? ¿Será posible que la SCJN pisotee derechos sociales y obligaciones contractuales en beneficio de la ineptitud y el desaseo administrativo del Instituto, y que solape o avale la impunidad en el robo de los fondos pensionarios? Quizá sí, porque la SCJN no es precisamente un ejemplo de probidad. Acuérdese de la grosera decisión de declarar legal el anatocismo bancario (cobro de intereses sobre intereses) en beneficio de las transnacionales que están apoderadas de la banca en México, y el reciente rechazo a la política de austeridad planteada por el presidente electo.

Si recordamos la mañosa aprobación de las recientes reformas a la Constitución de Sonora y su afán de mermar las decisiones y operación del Congreso local y dar más poder a la gobernadora, no resulta difícil llegar a la conclusión de que en nuestra entidad la ilegalidad figura como política de Estado.

Como detalle adicional, le comento que actualmente los universitarios varones se jubilan a los 30 años de cotización y las mujeres a los 28. La ley reformada en 2005 establece 35 y 33 años de cotización, respectivamente, lo que significa que los primeros trabajadores hombres en jubilarse bajo esta ley en la actualidad tienen solamente 13 años de estar cotizando y les faltan 22, y a las mujeres les faltan 20 (saldrían en el año 2040 y 2038 respectivamente). ¿Si el Estado acepta los años de cotización señalados en la ley anterior por la no retroactividad, por qué pone reparos solamente en el monto de la cuota? ¿Para el director del ISSSTESON solamente es significativo el monto que se paga cada mes y que debe ingresar al fondo pensionario que desapareció por causas ajenas a los trabajadores hoy defraudados y amenazados por el propio Instituto? ¿La temporalidad establecida en la reforma no se aplica retroactivamente y la cuota sí? Es claro que el Instituto es deudor de los trabajadores a partir de 2005 al sólo pagarles alrededor del 63% de la pensión que les corresponde, tanto en los términos de la ley como del contrato vigente.

Independientemente de lo que los tribunales decidan, el derecho de los trabajadores se debe privilegiar por encima de las ineficiencias, raterías, abusos y complicidades de los anteriores y los actuales funcionarios. Usted, yo, nosotros debemos impulsar, en la medida de nuestras fuerzas y posibilidades, el cambio a que aspiramos, o ¿nos vamos a esperar a que mágicamente las cosas cambien a partir del 1 de diciembre? La impunidad, las trapacerías, la complicidad, la ilegalidad en sus variadas formas, ¿van a seguir imperando en Sonora? Esperemos que no, y el movimiento se demuestra actuando.

La marcha fifí

En política lo importante no es tener razón, sino que se la den a uno” (Konrad Adenauer).

El domingo 11 de noviembre de 2018 será recordado por un hecho insólito, nunca visto, asombroso, inédito por razones de estricta cursilería política que se niega a reconocer que “México ya ha cambiado”. Las calles que van del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, en el mero corazón de CDMX, antes D.F., se vieron colmadas de aromas exquisitos, de visualizaciones con textura de bótox, de cremas humectantes y bloqueadores solares, de conjuntos casuales y ropa cómoda de tendencia deportiva, de calzado variopinto con predominancia de tenis y otros adecuados para dar frescura y confort a los pies marchantes que durante aproximadamente hora y media permitieron el desplazamiento de cuerpos y voces que gritaron, con la pertinencia y corrección del caso, consignas ñoñas aunque poderosamente intencionadas de que las cosas sigan igual: ¡sí al progreso, no al retroceso!, ¡sí a la inversión, no a la corrupción!, y la muy reiterada ¡Texcoco, Texcoco, Texcoco..Texcoco!, pronunciada con graciosa economía de esfuerzo: “Tescoco, Tescoco, …, Tescoco”.

La marcha en favor de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, NAICIM, mereció el concurso y la convocatoria de varias organizaciones interesadas en que las inversiones ahí canalizadas y sus grandes expectativas de lucro no se vieran frustradas por argumentos, detalles y decisiones populistas que se basan en el aspecto fútil e intrascendente de la razón ecológica y en el pueril caso de que Texcoco es zona de recarga, de que el terreno es una esponja y que se hunde de manera natural 30 centímetros por año, sin necesidad de soportar carga alguna. Para los marchantes la naturaleza debe subordinarse a las expectativas de los inversionistas y lo demás es populismo puro y duro, de ahí que se haya gritado: “¡México despierta, así empezó Venezuela!”, “¡sí a la inversión, no a la corrupción!”, y para subrayar la idea motriz en el aspecto político: “¡somos ciudadanos, no somos acarreados!”, “¡no más consultas corruptas!”, y, desde luego “¡no a Maduro!, ¡no a maduro!” … Aquí hay que destacar la presencia protagónica de doña Laura Elena Herrejón, dama que preside el Movimiento Pro-NAICIM, quien declara que “México tiene voz”, que “ni chairos ni fifís, todos somos mexicanos” y que (dirigiéndose a AMLO) “No señor Andrés, no nos vamos a acostumbrar”, en referencia a las consultas y a las decisiones que la clase VIP considera “populistas” y casi esquina con dictadura.

Los chilangos y seres periféricos al ombligo político nacional vieron ese inusual despliegue de populismo de derecha adobado con la dosis esperada de prepotencia que tuvo la humorada de quitar las barreras que se habían puesto el día anterior en la plancha del Zócalo, en ocasión al festival juvenil que ahí se realizó. Tras ello siguieron gritando consignas para terminar declarando el éxito de esa inmersión a la calle y al Zócalo, ponderando desde luego el propósito de seguir su ruta política porque “se ha abierto una puerta” y van a continuar con su “lucha” que, desde luego es por México.

En el trayecto se observó que los negocios permanecieron abiertos, quizá por considerar que los socios o propietarios de los principales centros comerciales en operación no serían capaces de tronar alguna vitrina, aparador, puerta y menos saquear el inventario. Al llegar a las inmediaciones del Zócalo aminoraron la marcha y gritaron: “no a la provocación, no a la provocación”, en prevención de lo que nunca ocurrió. Nadie los provocó, salvo sus deseos de experimentar la aventura de la marcha, las consignas, los selfies, el estreno de ropa deportiva, el zapato cómodo o la ilusión de las cámaras y micrófonos siempre atentos y presentes en los eventos de relevancia social porque, según declararon, “los fifís somos trabajadores” (lo que eso quiera significar).