Conspiración en Pémex

Notas Sueltas es un espacio de opinión sobre diversos problemas de carácter social, económico y político de interés general. Los comentarios pueden enviarse a: dalmx@yahoo.com

sábado, 19 de agosto de 2017

Los organismos y el Isssteson (Parte III)

La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes” (Martin Luther King, Jr).

Como le he venido informando, el Isssteson (en adelante Instituto) está empeñado en hacer que los costos políticos, económicos y sociales del desfondo perpetrado contra los ahorros de los trabajadores afiliados que, durante 30 años o más, estuvieron aportando cada quincena sus cuotas para garantizar una pensión digna y segura, y que ahora se les hace pasar por una serie de obstáculos a la hora de iniciar trámites para ejercer su derecho a la jubilación, como es el caso actual de la Universidad de Sonora (Unison).

La presión consistente en detener las jubilaciones y pensiones tiene por finalidad obligar a las instituciones como la Unison a aceptar las condiciones que se plasman en un “Convenio de prestaciones de seguridad social” que pretende modificar los derechos y obligaciones entre la Unison y el Instituto.

La Cláusula Segunda del Contrato de Prestaciones Unison-Isssteson vigente (por tiempo indefinido), establece la obligación de la Unison de pagar el “26 por ciento del sueldo básico integrado” del trabajador como contraprestación por los servicios que en cumplimiento de sus obligaciones debe proporcionar el Instituto, mientras que el mismo aspecto se trata en las cláusulas Segunda, Segunda Bis y Tercera del citado Convenio que busca imponer el Instituto, y que en conjunto, alcanza la cifra de 54 por ciento del sueldo básico integrado, distribuido porcentualmente en 36.5 a cargo de la Unison y 17.5 de los trabajadores, cuyo detalle ofrecimos al lector en las anteriores entregas.

En la Cláusula Cuarta del nuevo instrumento, se define el concepto de “Sueldo Básico Integrado”, que reproduzco íntegra:

Para los efectos de lo pactado en el presente Convenio, las partes definen el término “Sueldo Básico Integrado”, como la suma total de todas las percepciones que reciban los empleados en forma permanente y continua, que se origine como remuneración por el trabajo desempeñado como empleados de “El Organismo”, independientemente de la denominación que reciba para efectos contables internos, el cual en ningún caso será menor al salario mínimo mensual vigente; para los efectos del pago de prestaciones en dinero, cálculo de pensiones y demás que impliquen el pago en dinero a cualquier trabajador afiliado de “El Organismo”, se conviene que el sueldo que se tomará en consideración para calcularlo, será el que se tome como base para el pago de las cuotas que “El Organismo” y sus trabajadores cubran a El Isssteson, por lo que será responsabilidad  directa de los trabajadores afiliados y de “El Organismo”, el vigilar que las cuotas se cubran en los términos en que se define al “Sueldo Básico Integrado” en líneas anteriores, pero si no reportaran el pago de las cuotas conforme al mismo, “El Isssteson” únicamente tendrá la obligación de cubrir las prestaciones en dinero de acuerdo al importe que se hubiera tomado en consideración para calcular los porcentajes definidos en la Cláusula Segunda anterior, liberándose por ello de la responsabilidad de cubrir alguna cantidad adicional y para que los trabajadores afiliados de “El Organismo” estén involucrados con el contenido de esta Cláusula, éste se obliga a hacer del conocimiento a los mismos, acerca del contenido del presente y el no hacerlo, no generará perjuicio alguno a “El Isssteson”.

Como se ve, el Instituto dejó pasar 27 años para retomar y detallar el concepto de “Sueldo Básico Integrado”, y ahora que han desaparecido los fondos pensionarios busca transferir los costos de esta aparente laguna a los trabajadores y a la propia institución educativa, y librarse de cualquier responsabilidad de pago una vez que logren que la administración de la Unison manifieste con su firma estar de acuerdo con este claro intento de extinción de derechos adquiridos por los trabajadores y por la propia Unison, ya que desde 1990 está pactado que se deberán entregar las nóminas al Instituto para su verificación, según la Cláusula Tercera del citado contrato, que reproduzco íntegra:

“La Universidad” se obliga a hacer el pago de las prestaciones dentro de los primeros cinco días siguientes al vencimiento de cada quincena, anexándose copia de la nómina real de sueldos, misma que será verificada periódicamente por este Instituto, obligándose “La Universidad” a proporcionar todas las facilidades para tal efecto. En el evento de que las nóminas sobre las cuales se aporta no sean las reales, se suspenderá el servicio, independientemente de los ilícitos en que se puede incurrir de acuerdo a lo establecido en el Código Penal del Estado de Sonora (el subrayado es mío).

Como consta en la memoria institucional y social sonorense, en ningún momento se suspendió el otorgamiento de los servicios médicos y demás prestaciones a que obliga el Contrato. Los trámites, la emisión de dictámenes y el otorgamiento de las pensiones y jubilaciones fluyó en completa normalidad, hasta que el Isssteson evidenció su carácter de caja chica del gobierno en turno y el objeto del saqueo desmesurado del pasado gobierno panista que goza, como muchos casos de corrupción en México, de total impunidad.

En este punto, retomo el texto del párrafo primero de la Cláusula 141 del Contrato Colectivo de Trabajo Unison- Staus: “Los trabajadores académicos tendrán derecho a recibir todas las prestaciones que otorga la Ley del Isssteson, sin limitaciones y disminuciones motivadas por la categoría, nivel o duración de la relación laboral. Estas prestaciones deben ser extensivas a los descendientes directos y cónyuge del trabajador”; asimismo, en el párrafo sexto de esta Cláusula, “la Universidad se compromete a gestionar ante el Isssteson igual trato para los trabajadores académicos con respecto al resto de sus afiliados en lo que concierne a la totalidad de las prestaciones sociales otorgadas por esa Institución. De igual manera la Universidad se compromete a informar mensualmente al Sindicato de las cotizaciones al Isssteson”. Es decir, la administración universitaria es responsable no sólo de gestionar sino de respetar estrictamente los derechos laborales y sociales adquiridos por éstos y que se encuentran plasmados en el Contrato Colectivo de Trabajo.  

 Por lo anterior, ¿con qué cara el gobierno del Estado por conducto del Isssteson va a hacer cargar los costos del desfondo pensionario a la Unison y a sus trabajadores? ¿Cómo podrá la Unison aceptar legítimamente asumir parte de los costos del desfondo y afectar a sus trabajadores, desconociendo y modificando los compromisos plasmados en el Contrato con Isssteson vigente y violando el propio Contrato Colectivo, tanto del STAUS como del STEUS?

Si la Unison, cumplió con su obligación y reportó al Isssteson cada quincena “la nómina real” para su verificación, ¿por qué ahora el Instituto usa este apartado como un arma para incumplir con su obligación de acatar lo dispuesto en el contrato de prestaciones vigente? De haber existido alguna irregularidad e incumplimiento por parte de la Unison, ¿por qué no se actuó de manera consecuente, dentro de la legalidad del compromiso bilateral establecido contractualmente? ¿En qué momento el Instituto dejó de lado el contrato y fue omiso en la verificación de la “nómina real” y el cobro de las cuotas y aportaciones adeudadas? ¿De ser así, es responsabilidad de la Unison la negligencia del Instituto? Al respecto, cabe recuperar el texto de la Cláusula Décima Primera del Contrato Isssteson-Unison que enseguida reproduzco.

“La Universidad” autoriza a la Tesorería General del Estado, para que a solicitud del Instituto se cubran a éste las cuotas y aportaciones adeudadas, más los intereses en caso de mora, así como la recuperación de los créditos concedidos a los trabajadores, con cargo a los subsidios o participaciones correspondientes, ajustándose en cuanto a los montos a las liquidaciones que quincenalmente y por cuadruplicado “La Universidad” envíe al “Isssteson”. Cuando “La Universidad” demore por más de cinco días naturales, contados a partir de los 15 y 30 de cada mes, el envío de la liquidación, el “Isssteson” podrá obtener el pago de las prestaciones directamente de la Tesorería, conforme a los montos de la nómina inmediata anterior.

En virtud de lo anterior, es fácil ver que el reclamo y el interés de Isssteson por la firma de un nuevo instrumento que modifique los términos del actual Contrato de prestación de servicios es espurio, mañoso y absolutamente abusivo, no sólo por el alza reflejada en los nuevos costos de las prestaciones (del 26 pasa al 54 por ciento) sino porque ataría a la Unison al capricho del Instituto en cuanto a futuros incrementos y condiciones que nulificarían su autonomía.

Si las modificaciones que se pretenden hacer a los términos del Contrato no se sostienen legítimamente desde un punto de vista formal, menos lo hacen cuando la atención se centra en los aspectos sociales derivados de una relación laboral legal y legítima, que el Estado debiera proteger. En todo caso, los cargos que hubiera pendientes y los futuros sin solventar deben ser redimidos en apego a la cláusula Décima Primera que arriba se reprodujo. Los ajustes y modificaciones que eventualmente se den por efectos de un cambio en la legislación sobre seguridad social, en todo caso deberán recaer en la Universidad como parte patronal y retenedora de las cuotas de los trabajadores que deben enterarse al Instituto, toda vez que está obligado a proporcionar las prestaciones contenidas en el contrato vigente, entre las que destacan los servicios de salud y las pensiones y jubilaciones, no de manera parcial sino completa.  Esto explica el porqué las demandas por nivelación pensionaria que se han presentado, tarde o temprano se deciden a favor del demandante.       

En conclusión, la Universidad de Sonora actualmente cuenta con un instrumento legal que resuelve de manera completa sus necesidades y obligaciones sobre la seguridad social de sus trabajadores, y no debe ceder ni un milímetro a las presiones del Instituto y, en todo caso, hacer valer el Contrato de Prestaciones Unison-Isssteson.


Por lo anterior, es más que evidente que los trabajadores sindicalizados y de confianza de la institución universitaria tienen el deber político y moral de oponerse a este abuso y exigir el cumplimiento de sus respectivos contratos. La administración, juntamente con el STAUS y el STEUS tienen la palabra y la más alta responsabilidad social. Los ciudadanos sonorenses en general y las organizaciones de trabajadores y de la sociedad civil en particular seguramente estarán atentos a la respuesta de los universitarios.

martes, 15 de agosto de 2017

Los organismos y el Isssteson (Parte II)

                 “Con un poder absoluto hasta a un burro le resulta fácil gobernar” (Lord Acton)

¿Qué diferencia hay entre contrato y convenio? Según la doctora Thalía Denton Navarrete (UAM-Azcapotzalco), “la distinción estriba en que mientras que el contrato crea y transmite derechos y obligaciones, el convenio modifica o extingue derechos y obligaciones; de ahí que se considere fuente generadora de obligaciones sólo al contrato y el convenio en sentido estricto actúa sobre el acto jurídico contrato ya existente, para modificarlo o extinguirlo; el convenio requiere de la celebración previa de un acto jurídico que puede ser un contrato para operar y ampliar su cometido, es decir, las situaciones de modificación  o extinción no pueden darse en la nada jurídica, sino que operan sobre algún acto jurídico como por ejemplo un contrato”.

Lo anterior viene al caso porque el Isssteson (en adelante el Instituto) echa mano de los recursos propios de un pandillero cuando detiene los trámites de las pensiones y jubilaciones de cientos de trabajadores que han cotizado durante al menos 30 años y que, cansados de la brega diaria por enfermedad o simple aburrimiento, se disponen a ejercer su derecho al retiro en condiciones que les permitan conservar el alma pegada al espinazo. Es claro que el trabajador promedio que alcanza el rango de la tercera edad no va a tener las pensiones de privilegio de que gozan los funcionarios públicos y los que pertenecen a la casta dorada de las instituciones como la Universidad de Sonora (en adelante Unison), con sueldos que rondan los 70 mil mensuales y contando, producto de una vida dedicada a pasar de un puesto burocrático a otro en la rueda de la fortuna de cada cuatro años.

La medida de presión, que es todo un bullying laboral, se da en el contexto de que hay nuevo rector en la Universidad de Sonora y los viejos trapos lucen las engañosas galas de un reciclamiento institucional donde básicamente los mismos nombres solamente cambian de puesto. Mientras tanto, en la amplia base laboral, los trabajadores ven, como le comentaba en la anterior entrega, lejana y distante la oportunidad de ejercer el derecho a la jubilación porque al Instituto le importa un rábano que exista un rezago de alrededor de 150 solicitudes que sirven como moneda de cambio para forzar a la Unison a firmar, sin ver la letra chiquita, un instrumento que cambia sustancialmente la relación entre el Instituto y ésta. 

El Contrato de Prestaciones Unison-Isssteson de 1990 está condenado por decreto a sufrir las modificaciones que se acomodan al desorden y opacidad del Instituto, lo cual será posible si la Unison accede a firmar el “Convenio de prestaciones de seguridad social” y el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS) no dice esta boca es mía y no exige el cumplimiento de la Cláusula 141 del Contrato Colectivo de trabajo, referida a “Isssteson: Servicio Médico y Prestaciones”, en particular el párrafo 11, que a la letra dice: “cuando se proponga un cambio en el Convenio que tiene la Universidad de Sonora con el ISSSTESON, referente a la Prestación de Servicios Sociales para sus Trabajadores, la institución acordará con el STAUS los términos en los que se firmará el nuevo Convenio”.

Lo anterior, siendo absolutamente exigible desde el punto de vista ético y legal, recuerda que también existe una obligación institucional que se plasma en el párrafo sexto de dicha cláusula: “La Universidad se compromete a gestionar ante el ISSSTESON igual trato para los trabajadores académicos con respecto al resto de sus afiliados en lo que concierne a la totalidad de las prestaciones sociales otorgadas por esa institución. De igual manera la Universidad se compromete a informar mensualmente al Sindicato de las cotizaciones al ISSSTESON”.

Lamentablemente, a veces se dejan los asuntos importantes por los urgentes y la gestión sindical se ve jalonada por las exigencias de una defensa del contrato que gira en torno a programaciones semestrales y apoyos varios, quedando en segundo plano el renglón de las prestaciones ligadas a la seguridad social que se tienen contratadas con el Instituto. Es hasta este año cuando la voz y presencia de los académicos en vías de jubilación se hizo audible y el tema de los trámites de retiro se puso en la mesa de las discusiones, siempre con la ominosa presencia de un Instituto que ha dado en suscribir acuerdos con la OCDE para hacer más eficientes sus sistemas de ahorro. Curiosamente, la presión sobre los organismos afiliados, como la Unison, se ha hecho más sensible, menos solapada y más descarnada, casi al nivel de “pagas y te vas”, a juzgar por las promesas de regularización de los trámites y la absurda dosificación a cuenta gotas de los dictámenes jubilatorios emitidos. Ha trascendido que la larga lista de solicitantes no se respeta y que es fácil saltarla cuando el afortunado es un burócrata de mediano o alto pelaje. Los demás, los trabajadores de a pie, pueden esperar y, en su caso, morir en el intento. Las telarañas son evidencias palpables de la paz sepulcral que rodea a los expedientes.

Así pues, tenemos un contrato que se pretende sea modificado por un convenio que, sin recato alguno da muestras de ser una especie de cheque en blanco. En la cláusula primera, penúltimo párrafo del convenio dice: “Ambas partes están de acuerdo en que dichas prestaciones y servicios se otorgarán en los términos y bajo las condiciones del presente convenio y conforme a los procedimientos que para tal efecto establece la Ley 38 del Estado de Sonora vigente, sus reglamentos y la normatividad relativa que en ejercicio de sus atribuciones y competencias haya emitido y que en lo futuro emita la H. Junta Directiva de “EL ISSSTESON”, en caso de que no se contengan en el presente” (el subrayado es mío).


Como queda dicho con todas las letras, la Unison y el STAUS quedarían prácticamente secuestrados por el Instituto, sin más salida que las lamentaciones y los recordatorios maternos a quienes hayan suscrito esta renuncia de derechos, a cambio de más por menos. Y, a propósito de esto, ¿usted vería razonable firmar un convenio que extingue derechos y crea nuevas obligaciones a costa del sudor de los trabajadores? ¿Le parece bien que la Unison se obligue a pagar al Instituto 54 por ciento del salario básico integrado de cada trabajador, siendo que ahora paga el 26 por ciento? ¿No le llama la atención que el concepto “pensión mínima” con monto del 2 por ciento que corre a cargo de la Unison, en el nuevo formato desaparezca? ¿Estaría de acuerdo con que los cargos directos a los trabajadores deban pasar del 6 por ciento al 17 y medio por ciento? ¿Usted pagaría con gusto un cargo del 2 y medio por ciento por concepto de “gastos de administración”, y que en el contrato vigente recae en la Unison? ¿Finalmente, estaría usted dispuesto a firmar un documento que lo va a poner a disposición de las ocurrencias de un Instituto que hasta la fecha no ha dicho esta boca es mía en materia de resultados en la recuperación de los fondos que se robaron y que pertenecen a los trabajadores? ¿Usted estaría de acuerdo en que los directivos de la Unison firmaran esta condena de muerte, este abuso inadmisible? Es claro que los trabajadores universitarios tendrán que hacer valer sus derechos, porque son, esencialmente, los de todos los trabajadores de Sonora y el resto del país.

domingo, 13 de agosto de 2017

Los organismos y el Isssteson

La lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido” (Milan Kundera).

Suenan los botones de alarma ante la imposición de un nuevo contrato de prestación de servicios del Isssteson, donde la novedad mayor es la exigencia de más dinero por recibir el mismo servicio. La carga tanto para las instituciones como para los trabajadores sube mientras que la responsabilidad, acceso a los servicios y satisfacción de los usuarios permanece, en el mejor de los casos igual. Paralelamente a esta amenaza, los derechohabientes sufren la política del no-hay, como si fuera una respuesta aceptable para los miles de trabajadores que ven que religiosamente cada quincena llega con los descuentos de rigor por conceptos de salud y pensiones y jubilaciones, entre otros conceptos.

Resulta curiosa la exigencia a la Universidad de Sonora (UNISON), por ejemplo, de suscribir un nuevo contrato de servicios, siendo que la Ley del Isssteson solamente obliga a los nuevos organismos a la firma del contrato de prestación de servicios y el acatamiento de las condiciones marcadas por éste y la propia legislación para poder ser incorporados y disfrutar de las prestaciones objeto del contrato. Quienes ya están afiliados, en todo caso, solamente deben cumplir con los pagos pactados y proporcionar la documentación actualizada de su nómina para recibir los servicios enumerados en el clausulado, como son los de servicios médicos, pensiones y jubilaciones, incapacidades, gastos funerarios, préstamos, entre otros también importantes. Ningún organismo tiene por qué hipotecar su futuro firmando una especie de cheque en blanco, como se pretende en el formato del nuevo contrato.

En una revisión a vuelo de pájaro del contrato de 1990 y de la abusiva versión 2017, se puede ver lo siguiente: en el renglón de servicios médicos, el pago exigido a la Unison pasa del 11 al 20 por ciento del sueldo básico integrado por cada empleado registrado; en materia de pensiones y jubilaciones, pasa del 8 al 27 por ciento, lo que permite suponer que los costos de la recuperación de los fondos pensionarios robados en el Isssteson, deberán recaer en los propios dueños del ahorro sustraído. También llama la atención que ahora se ha añadido un cobro más al trabajador: 2 por ciento por infraestructura. ¿No es una institución pública del pueblo y para el pueblo trabajador que la sostiene con sus cuotas? ¿Por qué se cobra por infraestructura a los ciudadanos legalmente dueños y derechohabientes del instituto? ¿No le huele a privatización sigilosa y vergonzante, a juzgar por el discurso oficial que busca maquillar la opacidad y el agandalle?

Para acabar de documentar el pesimismo, le daré detalles sobre los cargos anteriormente citados. En el instrumento de 1990, la administración universitaria paga 10 por ciento por concepto de servicios médicos, mientras que los trabajadores deben aportar el 1 por ciento. En la propuesta de 2017, la administración universitaria debe aportar el 14.5 por ciento, y los trabajadores el 5.5 por ciento. Del 11 pasa al 20 por ciento. En materia de pensiones y jubilaciones, tanto la administración como los trabajadores actualmente pagan 4 por ciento y, de firmarse el nuevo contrato, la administración pagaría 17 por ciento, debiendo aportar los trabajadores otro 10 por ciento. Así, pues, tenemos un salto del 8 al 27 por ciento que, como queda dicho, desprende un fuerte olor a privatización.


En medio de todo este barullo, lo más preocupante es la constancia de abuso de poder al servirse el Isssteson de mecanismos de presión indignos de una institución social: a pesar de que en abril se “resolvió” el problema de la suspensión de los trámites de jubilación al personal de la Unisón, tras haberse pagado una parte del adeudo que la administración de Heriberto Grijalva tenía registrada en las cuentas del Isssteson, según declaró ufano el director Claussen en rueda de prensa fuera de sus oficinas, con la asistencia de los secretarios generales del STAUS Y STEUS, la cosa sigue igual. Solamente se están liberando de tres a cinco dictámenes por mes, y cabe considerar que en la UNISON se tienen alrededor de 150 solicitudes con trámite suspendido.

Cualquiera pudiera pensar que la expectativa de Claussen y el instituto que dirige, es la de que empiecen a hacerse menos los solicitantes por muerte prematura, incentivada por la desesperación y el abandono institucional. De igual forma, pudiera suponerse que las maniobras de prolongar el tiempo de emisión de los dictámenes y la desvergonzada suspensión de los trámites cada que se les antoja, constituyen medidas de presión para “ablandar” a las autoridades administrativas de la Universidad y, de rebote, los sindicatos, con el fin de que se “resuelva” el problema de una vez por todas mediante la firma de un contrato nuevo que va a dar, en el mejor de los casos, lo mismo, pero más caro. Cabe señalar que se han precarizado los servicios por el deterioro a que han sido sometidos y los esfuerzos privatizadores en forma de subrogaciones, no sólo de atención médica sino de servicios como farmacia, por ejemplo.

Es importante y urgente que los trabajadores en general y en particular los sindicalizados, rechacen enérgicamente las medidas absurdas que implementa el gobierno y que lesionan gravemente la calidad de vida al afectar los servicios de salud y la seguridad social de los sonorenses. El nuevo contrato es inconveniente porque no implica mejoras significativas en las prestaciones a que se tiene derecho, en cambio los costos se elevan desproporcionadamente. Recordemos que la fuente de los derechos es el Contrato Colectivo de Trabajo y, hoy más que nunca, es necesaria la defensa de los logros colectivos de la clase trabajadora afiliada al Isssteson.


La sociedad sonorense en general debe valorar la necesidad de defender los espacios de beneficios colectivos y apoyar a los trabajadores que hacen posible que las instituciones económicas y sociales de nuestro estado y el país funcionen. Es evidente que la ola privatizadora sólo ha servido para beneficiar a las transnacionales y a una minoría traidora a su servicio. Ya basta.

jueves, 10 de agosto de 2017

Impunidad galopante

                                          “Agua que no has de beber, déjala correr” (dicho popular).

Usted ya lo sabe: el día 6 se cumplieron tres años del aviso del derrame de substancias tóxicas por la negligencia criminal de Buenavista del Cobre, es decir, Grupo México. En el tiempo transcurrido se han visto desfilar ante cámaras y micrófonos, teléfonos inteligentes y simples ojos y oídos, a funcionarios de los tres órdenes de gobierno y los representantes empresariales del caso, así como a abogados, activistas ambientales, científicos de varias especialidades, agentes oficiales y voluntarios de distinto pelaje; y se han vertido cantidades inmensas de megabytes, litros de saliva, sudoraciones e iracundas manifestaciones de hartazgo, entre el olor acre de la impotencia social y los perfumes y colonias de los voceros oficiales y oficiosos de los depredadores mineros.

El derrame de la mina y sus secuelas en los ríos Sonora y Bacanuchi sobrepasan la capacidad de imaginar desastres que tiene el ciudadano promedio aficionado a la lectura del periódico y a la escucha de novedades en el café, la cantina o la sobremesa familiar. Son miles de ciudadanos afectados por el desastre y la economía regional y local se fue por el resumidero de los sucesos que no afectan ni pueden afectar a los grandes negocios, a los mega-emprendedores transnacionales que señorean las tierras, las aguas y el aire de los pueblos. Sonora pasó a la nómina de los escenarios donde se perpetran crímenes ecológicos y humanitarios cuyas consecuencias son de larga duración por los efectos de bioacumulación en el organismo de la víctima y de las especies que le sirven de alimento y que habitan en las tierras y aguas contaminadas.

El gobierno ha hecho su representación teatral basada en el guion que las secretarías federales del caso se sirvieron proporcionar en tiempo y forma, y ha sido cuidadoso en emitir de vez en cuando alguna declaración que permita insinuar algún tipo de preocupación por cumplir con su deber, pero los resultados de sus “gestiones” están a la vista de todos: Germán Larrea sigue paseando sus ganancias multimillonarias y el gobierno local apenas atina a instaurar una “zona económica exclusiva” que ya fue impugnada por los propios interesados: no se consultó a los ciudadanos ni se informó de sus alcances y operación, de suerte que se puede interpretar como una ridícula maniobra de distracción para cubrir el trasero de los intereses mineros, mediante la creación de un aparato burocrático que servirá eventualmente para lo mismo que el famoso fideicomiso para la “remediación” del Río Sonora.

Usted debe recordar las fotos de hombres con chaleco anaranjado que anduvieron echando paladas de un lado a otro en las riberas del Río Sonora, en una labor fotogénica que tuvo el propósito de demostrar cómo los medios pueden apoyar maniobras distractoras u ocultar los detalles finos de un montaje hecho con premeditación, alevosía y ventaja. No tardaron los “científicos” en coro con los funcionarios implicados en declarar el control del daño, la ausencia de peligro y la inocuidad del agua. Sin embargo, varios cientos de personas tienen en su piel, órganos internos y estado general de salud, las pruebas de que la “remediación” tuvo más efectos cosméticos que salutíferos.

Visto en perspectiva, parece que la simulación somos todos, que las protestas de una localidad rural no alcanzan a elevar la conciencia colectiva y la solidaridad de todos ante el abuso y la actividad delincuencial corporativa, y organizar una respuesta que paralice las ciudades hasta no ver una luz en el camino del conjunto de pueblos ribereños hoy sin expectativas seguras de salud y progreso. La vida cotidiana de los sonorenses sigue su inercia, como también lo hace la demagogia institucional y el protagonismo bastardo de politicastros de temporal.

Ya se promovió un amparo contra la instauración de la “zona económica exclusiva”; ya se cuenta con los avances de un estudio de la UNAM con evidencias del desastre que ha sido minimizado tanto por la empresa culpable como por el gobierno y que, sin embargo, la objetividad científica unamita puede y debe documentar, complementando los hallazgos de Reina Castro Longoria y Antonio Romo Paz junto con las observaciones de voluntarios nacionales y extranjeros. Hace tiempo que los mineros de la sección 65 se pronunciaron y dieron muy válidas razones para la cancelación de la concesión a Larrea. Los diputados locales se acaban de manifestar a favor de que el capítulo se cierre con justicia y prontitud, pero sigue sintiéndose la ausencia de la voluntad política necesaria para que los dichos se transformen en hechos. Mientras tanto, la contaminación se cierne sobre el norte de Hermosillo, sin que la ciudad como un todo diga esta boca es mía. El agua que fluye por cauces, presas, pozos y tuberías está contaminada, tanto como los tiempos que habrán de desembocar en los procesos electorales del 2018.



domingo, 30 de julio de 2017

La comisión somos todos

                                                   “Donde hay sociedad hay derecho” (principio de derecho).

Se calienta el horno de la anticorrupción “ciudadana” por la fácil vía de los dimes y diretes de los directamente involucrados en el asunto de la selección y eventual operación del comité de participación ciudadana que se adherirá al aparato de vigilancia de la legalidad y, sobre todo, de la salud de los órganos formalmente llamados a cuidar el orden y la pulcritud en los procedimientos públicos.

Según se ve, muchos fueron los llamados, pero pocos los elegidos, y aún ellos pasan por un proceso de depuración y de fiscalización que si no fuera normal se podría pensar en canibalismo ciudadano. El pesado baldón de un priismo situado en el pasado reciente de una de las elegidas despertó la suspicacia, el purismo y la sospecha de males futuros para el recién parido cachivache aledaño a la administración pública. Como es del conocimiento de todos, la aparente tersura del proceso ya evidencia arrugas y rasgones que, siendo el órgano nuevo, parece que empieza viejo y desacreditado.

El representante de los intereses mineros dio muestra su celo inquisitorial desde la presidencia de la comisión de selección y arremetió con todo, al señalar que pediría la renuncia de la ex-priista contaminadora del ambiente virginal del novísimo escenario de participación ciudadana. En reacción directa, la dama cuestionada presenta su renuncia y una connotada integrante seleccionadora también pinta su raya por considerar que “los espacios de aportación se cierran”.

Existen señalamientos de que, entre los seleccionados, hay personas que no deberían estar por la posibilidad de generar un conflicto de intereses, pero, como alguno dijo, la cosa se puede resolver acatando la solicitud expresa a ahuecar el ala por parte del citado comité. De no ocurrir, pues ya se “resolvió” el conflicto.  

Más allá de los detalles que usted puede leer cómodamente en las notas periodística de estos días, llama la atención que los problemas de la corrupción se pretendan atacar con el nombramiento de comisiones, comités o consejos integrados por personas que, impolutas, no tengan ligas con algún partido político, seleccionadas por un grupo de ciudadanos que fue nombrado por el Congreso del Estado, que, como se sabe, está formado por los representantes populares que emanan y se agrupan en fracciones de tal o cual partido político. El argumento de la pureza basado en la no militancia partidista suena bien si no fuera que quien promueve, implementa y sanciona el asunto es, en todo caso, una representación política. En este contexto de corrupción “administrable”, la pureza resulta ser tan incierta como lo es la “representación ciudadana” de los propios diputados.

La idea de crear comités de participación ciudadana funciona porque casi nadie se resiste a formar parte de algo con una relación directa con las funciones que debe desempeñar el gobierno y que proporciona lucimiento y existencia pública. Resulta ser bastante seductora la expectativa de recibir dinero extra por hacerle el caldo gordo a la administración en turno, y seguir gozando del sueldo mensual que el empleo civil actualmente desempeñado proporciona con las ventajas de ley. Así pues, se crea un sistema de becarios que orbitará el sector público y dará lustre a la carcomida superficie del gobierno. La “ciudadanización” de los entes públicos es un maquillaje apropiado para una administración signada por el agandalle y la corrupción como forma natural del sistema al que sirve.

En este furor de ciudadanización a modo surgen, desde luego, “especialistas” en pos de emitir recomendaciones y plantear formas de organización de la cosa pública sin haber tenido la buena o mala fortuna de haber desempeñado función alguna en el área que ahora dicen conocer y poder criticar y corregir. El deterioro de la imagen del servidor público se acentúa en los años 90, pero su declive se profundiza en los tiempos aciagos del panismo hecho gobierno. Aquí, los profesionales de la administración pública debieron rendir cuentas a los empresarios, a los académicos con ánimo de trepador presupuestario que cobran y pasan por “asesores”, a los parientes, amigos y socios del funcionario en turno, entre otros beneficiarios del descrédito del sector que hace posible el funcionamiento ordenado de la estructura económica y política de la sociedad.

La sublime mentecatez de algunos llega al nivel de creer que el problema de la corrupción es asunto de comisiones y que la seguridad pública se resuelve solamente con mayor equipo y organización de las fuerzas policiales, dejando de lado el elemento desencadenante de la delincuencia, ligado, evidentemente, a la falta de oportunidades de empleo e ingreso y el acceso a los beneficios del progreso social. Una sociedad donde se regatea al pueblo la educación, empleo, ingreso y seguridad social por fuerza se corrompe y atenta contra sus propios miembros.
 
A pesar del discurso contra la corrupción y los esfuerzos por reformar las leyes y la organización de las dependencias de gobierno, queda la sospecha de que estamos siendo víctimas de un juego de apariencias que solamente genera mayores complicidades y menores posibilidades de resolver el problema de fondo. El sistema se defiende mediante la fabricación de pantallas, de disfraces democráticos que no tocan ni cuestionan las condiciones de su existencia, y que incluso las disimulan. Queda claro que quien se sienta parte del sistema lo va a defender, justificar y promover. La corrupción es, en este sentido, un problema ideológico y político e implica una forma específica de acción donde el fin siempre justifica los medios.


El problema, como es ahora común, es que casi nadie se percibe como un colaborador del sistema, aunque tenga la expectativa de recibir sueldo, o una “compensación” o “estímulo” mensual o quincenal a cambio de dar su nombre e imagen a la entidad que, supuestamente, legitima y avala la honestidad pública. Desde luego, queda fuera de toda consideración la existencia de una Contraloría General y la observancia de las leyes y reglamentos que norman las acciones y responsabilidades de los servidores públicos. Parece que la ignorancia intencional del marco legal vigente (o sus omisiones informadas) es una bendición para quienes se sienten dispuestos a hacer negocios con los males públicos.

domingo, 23 de julio de 2017

Por si las moscas

Todas las virtudes se desmoronan cuando impera el placer” (Cicerón).

Días de nublados ligeros a pesados, amenazas de ciclones y humedad a manos llenas que insinúan lluvias en los diversos rumbos de la geografía sonorense. La sensación térmica nos persuade de que estamos en el purgatorio con rumbo a las siniestras y flamígeras oquedades del infierno. Con esta idea, el olor a azufre y pedos de condenados en pleno uso de su derecho a la libre manifestación de las ideas saturan el ambiente, congestionan el buen gusto y despanzurran la decencia y, así, nos preparamos a lo peor…

Pero, si estamos en una zona de castigos propedéuticos y condenados al fuego eterno antes de agotar nuestro muy personal y privado reloj de arena vital, seguramente serán bienvenidas las muestras de que otros y no nosotros ya empezaron a abrirse la panza, en un ejercicio japonés de expiación anticipado, con el cuchillo cebollero de la opinión pública, tan atenta de los fallos y errores del vecino; tan dispuesta a poner en el cadalso a la cabeza mejor peinada; tan proclive a sacar conclusiones anticipadas a cualquier prueba o alegato. En este caso, la contemplación del destripe ajeno obra milagros en eso de la autoestima, porque somos jueces instantáneos de hechos y dichos que podemos (¿por qué no?) juzgar con la severidad y prontitud de un tribunal evidentemente lejano a los usos y costumbres nacionales (que funcione, pues).

Los hervores del infierno particular de cada cual nublan la mente, atosigan el alma, apachurran la autoestima en la misma proporción que alientan el eventual señalamiento mordaz y gratuito al otro. Somos seres sudorosos, apestosos y temporales (hay fecha de caducidad), dedicados a dejar un rastro de ADN tecnológicamente detectable por donde quiera que pasamos; nuestra huella es la prueba tangible de que despedimos algunas substancias pegajosas que embarramos a diestra y siniestra y a cuya acumulación espaciotemporal le llamamos biografía.

Nuestra vida y milagros se documenta en forma verbal, escrita y mímica, pero actúa como un poderoso recurso de registro la opinión de los demás: lo que se imaginan, los supuestos peregrinos basados en elementos conjeturales, cuestiones circunstanciales adobados con el chisme y la maledicencia recreativa. La vida social hecha de interacciones apestosas con diverso grado de pegajosidad determina nuestros afectos y desafectos, la intimidad y el recurso del rompimiento y el olvido sazonado con las anécdotas que corroen la imagen ajena, como volando puentes y enterrando lealtades. Después de todo, ¿qué haríamos sin un resentimiento que comunicar en forma de suculento platillo de café, pasillo o cantina? 

Ciertamente, así somos, en mayor o menor medida. Dependemos más del error que del acierto ajeno, más de la visceralidad hepática que de los jugos del intelecto y la cultura para comparar nuestras trayectorias con las ajenas. Somos una especie de depredadores parasitarios que construimos simbiosis de coyuntura y conveniencia, las cuales desechamos a la primera oportunidad. Pero no todo es joder…
A veces nos topamos con casos y cosas que justifican el comentario mordaz, el dedo acusatorio, la condena pública y a veces, la expresión de una conciencia en carne viva que se revuelca en una cama de sal marina, así de gruesa, escandalizada por un jugoso despropósito, pifia, fallo, error, desorden, aberración, estupidez, cretinismo o simple y llana pendejada ajena.

La muestra de pérdida completa y total de las proporciones, del buen gusto y de la discreción derivada del respeto a sí mismo y autoestima la tuvimos, para solaz y esparcimiento tanto de los sepulcros blanqueados del progresismo como de los de la reacción basada en las tradiciones, usos y costumbres del pueblo sonorense, en forma de una entrevista donde el chachalaqueo de un hombre reducido a la expresión más patética de su ejercicio profesional tuvo su momento estelar en la exhibición de un condón que, amén de sus propiedades y virtudes profilácticas, obra como prueba irrefutable de un propósito lúbrico y libidinoso, ajeno y distante del ejercicio sacerdotal y la disciplina a que aceptó someterse de manera voluntaria el sujeto de marras.

¿Qué un cura en ejercicio declare que lo mismo da hombre, mujer o pirata en eso del intercambio íntimo de fluidos, gemidos y espasmos? ¿Qué es travieso y bien prevenido por aquello de carnes vemos y pasiones y microbios no sabemos? ¡Pero qué manera de anunciar su reincorporación al oficio sacerdotal tras haber gozado de las mieles del panismo hecho gobierno, asesorando al gobierno de Padrés en cuestiones de imagen, así como capacitando a los funcionarios en materia de ética y moral!

Pues, a juzgar por la corrupción generalizada que caracterizó al gobierno panista al que sirvió, las lecciones aprendidas no fueron de mucha utilidad o, de plano, fue otro su contenido. No hay duda de que Mister Condón entró por la puerta grande al infierno sonorense, justo en la temporada en que la sensación de calor magnifica la temperatura y derrite las posibilidades de un juicio ecuánime sobre el registro del termómetro.


Independientemente de las fobias o las filias religiosas de los ciudadanos de a pie, la vaciedad de sus declaraciones, el juicio frívolo y el desparpajo con maquillaje “progresista” desplegado en la entrevista, es claro que las funciones cerebrales del vetusto hedonista ensotanado pueden ponerse en duda y ser el comentario del día, de la semana y del mes, si se quiere. El pez, como los sacerdotes que no entienden la trascendencia social de su ejemplo y asumen actitudes que nadie les pide y mucho menos agradece, por su boca mueren. El infierno no deja de ser un lugar que  nosotros, cada cual, construye con los ladrillos de sus inclinaciones autodestructivas. Pero, qué se le va a hacer, tenemos libre albedrío.

lunes, 17 de julio de 2017

Llueve sobre mojado

Muchos jueces son incorruptibles, nadie puede inducirlos a hacer justicia” (Bertold Brecht).

La sensación de humedad transita por la epidermis social y no falta quién se muestre asombrado y agradecido por esta nueva temporada de lluvias y lloviznas que hace posible el cielo nublado y los eventuales retortijones celestiales que iluminan esporádicamente las noches sonorenses.

Sin duda Sonora avanza en eso de calenturas y humedades transfronterizas con la “megarregión” de tibia, pero persistente anexión virtual con el país que no sabe jugar a las tentadas y solamente cae en cachondeos verbales cuando tiene el gane asegurado. Ganó Trump y una visión de la política centrada en el ombligo de los gringos. Política chata pero que respira bien a los ojos de los regionalismos entendidos como la repartición de culpas geopolíticas por los muchos errores de un modelo que se expandió hasta llegar hasta sus propios traspatios, justo donde se acumula la basura de una vida cotidiana anodina y parasitaria. El desempleo a costa de joder al vecino con los costos ambientales del logro económico de corto y mediano plazo estalla en la jeta de los más optimistas y, desde luego, la culpa debe ser de los propios pueblos receptores de los desechos industriales y los traumas comerciales que orgullosamente llevan el sello de Made in USA

 Pero, la gringofilia tiene sus costos y la idea de uncir con mayor fuerza el destino nacional a los pujos y agruras gringas pronto muestra los hilos corridos de los planes y propósitos de integración asimétrica que se inoculan en las cabecitas locas de nuestros genios de la economía y las finanzas nacionales. Nos desayunamos con la noticia de que carros ensamblados en Hermosillo, orgullosamente Ford, han servido como sistema de paquetería para el pujante negocio de la droga en USA. Las autoridades, eventualmente competentes, señalan que ingresaron por Arizona y de ahí a las rutas de distribución de la empresa trasnacional automotriz.

Desde luego que es absurdo rechazar el intercambio comercial con nuestros vecinos, pero también lo es extender cheques en blanco por el solo hecho de que aquéllos son una superpotencia, a la par que un enfermo lejos de la rehabilitación por adicciones y prácticas mafiosas que han contaminado al mundo entero. Lo que se impone es el replanteo de nuestra política exterior y el restablecimiento de los deberes y obligaciones constitucionales que nos habían dado reputación y significado como país independiente   y soberano. 

Hacer depender el futuro de un estado o región en el apoyo de su contraparte comercial extranjera es, en sí, un acto de claudicación de deberes y responsabilidades constitucionales o, dicho coloquialmente, de querer darlas porque sí.

Mientras las reglas de la relación transfronteriza se vuelan la barda de los preceptos constitucionales, en Sonora llueve sobre mojado. Según observadores nacionales y extranjeros, somos zona de trasiego de drogas, de comercio y de pugnas territoriales entre grupos de la delincuencia organizada, de suerte que muchos se preguntan qué pasa con las autoridades que posan ante las cámaras, hacen declaraciones, anuncian movilizaciones y pactos de seguridad pública, campañas y actos de coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, desplazamientos de uniformados de varias dependencias y la parafernalia propia del caso. El colmo del asunto es incluir dentro del paquete de medidas contra la inseguridad y la criminalidad los protocolos que exporta (y supervisa) la nación que regentea el terrorismo y promueve la inestabilidad internacional.

Cada vez más ciudadanos se alarman y comentan sobre los extraños movimientos que se observan en sus barrios y colonias, y la frecuencia con que se ven personas armadas con una naturalidad y desparpajo espeluznantes, aunque también lo hacen acerca del desempleo, de la precariedad de los sueldos, de las alzas de las subsistencias populares y del deterioro de la seguridad social.  

Mientras las armas y las drogas circulan por las calles como si fuera constancia de territorialidad, el agua de las lluvias destapa las fallas en otros menesteres: Hermosillo, por ejemplo, se inunda con una facilidad asombrosa. El sistema de drenaje no resiste ni los impactos de una llovizna sin evidenciar que la infraestructura es pirata. Las fallas y hundimientos, los colapsos y socavones en vías públicas documentan la venalidad de las autoridades, la mala calidad de los servicios y el despiporre de contratistas y contratantes. La corrupción es una de las primeras aguas negras que saltan a borbotones de las alcantarillas del sector público y, siendo claros, de los entes público-privados creados por el neoliberalismo de guarache hecho gobierno.


Para colmo, ahora muchos se empeñan en salir en la foto de la anticorrupción institucional y mueven el trasero para demostrar, urbi et orbi, su idoneidad para un cargo que no debería ser de conciencia sino de responsabilidad oficial, de deber público, sujeto a la legislación relativa a los servidores de cualquier orden de gobierno. Se tiene el triste caso de que las responsabilidades y su repartición actúan como un   placebo que, merced a la inclusión “ciudadana” amplía el radio de la simulación y la impunidad. Aquí llueve sobre mojado.

lunes, 10 de julio de 2017

Personas respetables

                “Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos” (N. Maquiavelo).

Como usted sabe, el PRI celebró una asamblea estatal donde se quemó incienso a los prohombres del mismo y se ofrendaron propuestas a la gloria del mismo. Suena a redundancia, pleonasmo o tautología la línea discursiva y la parafernalia autoencomiástica que se recetaron los que posan frente al espejo público sin lograr encubrir del todo el desgaste del discurso, la vaciedad de los conceptos y la teatralidad desangelada de las arengas y fanfarrias de fuerte tufo ritual, aunque, ciertamente, una asamblea puede ser el mejor pretexto para hacer gala del discurso beligerante, la visión futurista de los próceres, la mullida certidumbre de que el poder es como un condominio gratuito en la Florida, o en Long Beach, o en la Riviera francesa, o un orgasmo en despoblado bajo el anonimato de un revolcón profiláctico vacacional.

En el evento (porque resulta ser bastante eventual inyectar adrenalina a los solemnes cadáveres políticos que ahí fueron exhibidos) se mencionó a Plutarco Elías Calles, fundador del Partido Nacional Revolucionario (PNR), abuelo del PRI, que abrió la vía del salivazo como complemento del tradicional balazo que resolvía problemas en la década turbulenta de los años 20, sin duda un avance en las artes de encantamiento colectivo mediante la organización de un partido político que garantizara y administrara la sucesión presidencial y las correspondientes en los estados y municipios, cuestión que permitió al país crecer en obras de infraestructura y crear las instituciones de dimensión social que aún subsisten, aunque también permitió y afianzó el poder de grupos y personajes anclados en los intereses tanto de los caudillos revolucionarios vencedores como de los ricos de ayer y de hoy, pringado de impulsos nacionalistas que lograron avances, en contraste con retrocesos prohijados por el poder que hoy nos pasan las facturas.

El esfuerzo de abrir tumbas llegó hasta el acto recurrente de exhumar a Luis Donaldo Colosio, santón del salinismo deslactosado y tema principal de discursos, alabanzas y ofrendas en los rituales de renovación del partido que pasó de revolucionario y nacionalista a liberal-social en la época de Carlos Salinas, y que disimuló al máximo su origen revolucionario hasta eliminar toda mención de la gesta de 1910-17 de sus discursos y compromisos. Las acciones de maquillaje discursivo crearon la imagen de un PRI que se actualizaba dentro de los parámetros políticamente correctos del modelo depredador impulsado por Reagan y Thatcher, que desnacionaliza los recursos estratégicos de la nación, vende, abandona o liquida a como dé lugar los activos nacionales y abre las puertas a la inversión extranjera sin cortapisas o escrúpulos de ninguna clase.

Pero el auge de las trasnacionales y de la inversión extranjera directa privada genera mecanismos de corrupción antes no alcanzados, ahora con negocios asociados al narco y los intereses de las agencias de espionaje o control político de la información de Washington. La llaga supurante en que se convirtió la política mexicana, debidamente trasnacionalizada y recubierta de los “avances” del TLC en perjuicio de las actividades económicas de importancia nacional, dio por resultado un tipo de política venal, acomodaticia y pragmática, embarrada en el lodo de los intereses del norte y el cochambre seboso de los negocios ilícitos. Así, como era de esperarse, en la asamblea también se mencionó a Beltrones, con el acento puesto en el engendro político que propone: los gobiernos de coalición.  


El discurso político libre de compromisos reales con su base social puede instalarse en la tarea de fabricar licuados electorales y hacer nadar tiburones con sardinas, pirañas y bañistas, pueblo y explotadores, empresarios mineros y ciudadanos ribereños clínica, social y políticamente desahuciados. En medio de tanto ruido y tan pocas nueces, y de personas respetables y otras no tanto, en un arrebato surrealista y de autocomplacencia política se escuchó una frase del pasado: “luchar por las causas de la gente”. El chiste se cuenta solo…

lunes, 3 de julio de 2017

Del gasolinazo al camionazo

“Hay dos clases de economistas; los que quieren hacer más ricos a los ricos y los que queremos hacer menos pobres a los pobres” (José Luis Sampedro, 1917-2013).

En Hermosillo, como en el resto de las ciudades grandes de Sonora, se habrá de resentir el aumento al transporte colectivo establecido por el consejo ciudadano del transporte, en el bolsillo de las sufridas familias que dependen de este medio para llegar al trabajo o la escuela. La moneda de la publicación en el boletín oficial del gobierno está en el aire y todo mundo está con el Jesús en la boca.

Escribimos a muchas manos la historia reciente del saqueo al erario y el desfondo de las pensiones, el aumento de los combustibles y la inflación y los pinchurrientos aumentos del microsalario de los trabajadores, con el apuro de quien desea registrar los atropellos que sufre un proletariado sin cabeza, un cuerpo sin esa bola o protuberancia que los seres humanos llevan arriba de los hombros y apoyada en el cuello, quizá para dejar constancia de lo que significa ser ciudadano en un país donde la conciencia muere aletargada por la ludopatía y el relajamiento de las costumbres y del sentido común.

La miseria no está completa sin la inmovilidad de quienes ya no cuentan con el tiempo y la distancia correcta para hacer valer sus derechos. El espacio se amplía cuando hay que caminar bajo el peso de un clima que calcina los más sentidos reclamos, las más justas objeciones y los más elementales derechos humanos. El aumento a las tarifas es un gancho al hígado a la democracia y un desmentido monumental al discurso de los derechos humanos. Un “consejo ciudadano” da razones técnicas para acabar de joder a los demás ciudadanos en un ejercicio donde una minoría aparentemente calificada descalifica la realidad que viven miles y miles de trabajadores en Hermosillo y el resto de Sonora, metiendo su trasero en los costos de los insumos y la expectativa de un subsidio, pero olvidando la cruda realidad y el peso de las decisiones que nunca deben ser simplemente “técnicas” sino políticas y amparadas por el objetivo del bien común.

El transporte (cualquier suato cachababas lo sabe) permite el encuentro entre la oferta y demanda, de suerte que en su ausencia los supuestos básicos del mercado no se realizan cabalmente. Un incremento desproporcionado en las tarifas genera más problemas que soluciones, si tomamos en cuenta el encarecimiento general de la canasta básica frente a la relativa inmovilidad de los salarios. Es claro que el deterioro de la capacidad adquisitiva afecta la vida familiar y crea fricciones entre el capital y el trabajo, con el consecuente aumento de la inseguridad pública y la ausencia de soluciones prontas y efectivas de parte de las autoridades competentes (sic).

En este escenario, la economía como ciencia social y los consejos de sus practicantes, deben orientarse por determinantes sociales y políticos que eviten los impactos de un alza desproporcionada de los costos de insumos y productos, so pena de enfrentarse a un escenario de rispidez popular y de ingobernabilidad. Lamentablemente, los señores del “consejo ciudadano del transporte” se limitaron a la aritmética chambona de los costos sin tomar en cuenta las complejidades de su implementación y las facturas políticas que habrá de enfrentar el gobierno de la señora de Torres, así como las que ya enfrenta el del muy disminuido señor Peña. Estamos ante el caso de unas reformas estructurales que en realidad desestructuran a la nación.

Para un país como el nuestro resulta una verdadera vacilada hablar de apertura y alianzas comerciales con los países de Asia, por ejemplo, si carece de un aparato productivo fuerte o por lo menos bien consolidado, tanto como insistir en la relación subalterna que plantea el TLCAN. Da pena ajena oír el discurso integracionista cuando las condiciones sugieren dar prioridad al mercado interno y fortalecer el aparato productivo, a la par que replantear el modelo económico vigente, que ha empobrecido a poblaciones cada vez mayores y cancela el futuro de las generaciones de jóvenes en busca de su primer trabajo, así como el de los trabajadores activos que ven esfumarse sus posibilidades de llegar a una edad de retiro con la garantía de una pensión digna. La relación entre el trabajo y la seguridad social es evidente: ante la ausencia de trabajo decente, se tiene una seguridad social precarizada o simplemente inexistente, situación que ahora se legaliza con el “outsourcing” en la llamada reforma laboral de Peña Nieto.

 Si los ciudadanos pegan de gritos por el aumento en las gasolinas y ahora por el transporte sin reparar que el origen del problema está en el modelo económico, no habrá poder humano que convenza a las mayorías a movilizarse y hacer valer su ciudadanía frente al poder público y revertir estas medidas de claro acento neoliberal. El problema, ayer y hoy es el modelo.

Cada alza en las tarifas de los bienes y servicios trae aparejada otras medidas que repercuten en la reducción de los espacios públicos: subrogación de los servicios en los hospitales, la privatización de las farmacias y el encarecimiento de los servicios de salud, sin olvidar que las pensiones se han convertido en el gran negocio de los bancos y las administradoras de fondos surgidas por la reforma a la ley del IMSS e Issste. En este esquema impulsado por los organismos financieros internacionales y acatado bobaliconamente por el gobierno (sic) mexicano, los fondos pensionarios se entregan a empresas administradoras quienes reciben las ganancias mientras que las pérdidas se transfieren a los trabajadores.

El asalto a la economía de los trabajadores es evidente y aberrante. Ayer fueron las desincorporaciones de empresas públicas, las alzas en las tarifas eléctricas, en las del agua potable, ahora en las tarifas del transporte colectivo. Pasamos del gasolinazo al camionazo. Mientras esto ocurre, las actuales generaciones de trabajadores se están quedando sin seguridad social y una pensión de retiro digna, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver.


Finalizo recordando a los actuales y muy chambones aprendices de brujo la frase de John Stuart Mill: “Ningún problema económico tiene una solución puramente económica”.

domingo, 25 de junio de 2017

Pero ¿acaso hay política?

"La pobreza en México es un mito”, Pedro Aspe, Secretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortari.

La pregunta parece ociosa, incluso algo estúpida, si consideramos los esfuerzos por gobernar que muchos hacen casi todos los días en casi todas las latitudes del país. En realidad, los afanes gubernativos pueden no ser acciones fácilmente discernibles, pero no cabe duda de que salir en la portada de los medios impresos o digitales ostentando el cargo puede contar como un acto de gobierno, una acción que, aunque mediática, surte el efecto de persuadir a muchos que existe eso que llamamos política y que, en consecuencia, debe haber algo así como gobierno.

La difícil tarea de tomar en serio las expresiones y manifestaciones de vida de la clase que gobierna nos ponen en el brete de distinguir entre gobierno y administración, entre federación y gobierno federal, entre entidad federativa y simple departamento de la administración central. En realidad, quien ocupa el cargo de gobernador ¿gobierna o solamente administra? ¿Toma decisiones resultado del análisis de los problemas de la entidad y sus posibles soluciones o simplemente obedece e implementa medidas y decisiones tomadas en el centro? ¿La gobernadora en funciones tiene iniciativas locales o simplemente es un peón en el juego de las trasnacionales que cobija el gobierno federal? De ser así, ¿la frontera norte de México en realidad se ha recorrido muchos kilómetros hacia el sur a partir del año 2000 y sigue avanzando o es sólo un problema de percepción?

Preguntas esenciales de fácil o muy difícil respuesta, depende de quién las formule y para qué. Son inquietudes que no necesariamente todos compartimos ni mucho menos expresamos abierta y críticamente, porque nuestras ligas con el sistema actúan como una mordaza que aniquila cualquier atisbo de oposición y que aplana, desnaturaliza y hace trivial el trabajo del comunicador.

 En efecto, la obligación de quemar incienso ante el altar del poder en turno genera ingresos y fortalece las finanzas de los medios de comunicación, situación que se toma con naturalidad y desparpajo al tiempo que se arrojan en el cesto de la basura viejas convicciones y otros estorbos como los ideales periodísticos y el añejo discurso de la libertad de expresión que se recapea y vulcaniza, al tiempo que se hacen alineación y balanceo las redacciones más aventajadas.

Al parecer, el carro de la comunicación no funciona sin el combustible que surten las dependencias del Estado y el Municipio, no como fuentes noticiosas sino como oficinas de solución de problemas de financiamiento y amortización de deudas, salvo que el empresario de medios practique el faquirismo y purifique su espíritu con la frugalidad y el ascetismo de un San Francisco y la convicción y valor de un Belisario Domínguez. En esta disyuntiva, la idea de logro y el prurito de comer y vestir y pagar cable y celulares y educar a los hijos como si fueran miembros de las clases que los explotan y explotarán cuando adultos puede más que el romanticismo. La pluma tiene precio y la actividad mercenaria nutre y facilita la digestión de cualquier vergüenza, con sus obvias y destacadas excepciones.

La actividad política deviene broma aplaudida por quienes estaban designados para el aplauso y por los que lanzan guiños y sonrisas al director del coro de apologistas del sistema, pletórico de fetideces y ausente de olfatos críticos que se atrevan a decir: “¡huele a mierda!” cuando huela a mierda, trazando la curva de su descomposición y fin para convertirse en charada, farsa y burla hiriente a la inteligencia del pueblo, que se debate entre lo políticamente correcto y la obligación moral de llamar a las cosas por su nombre.

En el año 2000 inicia de manera franca y sin maquillaje la trivialización de la política, la entrega sin rubor de la nación al extranjero y la changarrificación de la economía que, a pesar de sus pesares, era nuestra en algunos aspectos fundamentales que habían sobrevivido a la debacle entreguista de los años 90. La peste económica y la prostitución política del salinato tiene su repunte fatídico en el período panista. La docena trágica azul permitió el retorno de un priismo prostibulario, con alma y cuerpo de fichera, sin recato nacionalista y sin pudor republicano. Estando así las cosas y considerando el centralismo que paraliza la inteligencia y enmierda la conciencia, en México, ¿aún se puede hablar de política?  


La respuesta está en la punta de la lengua de todos, de los propios y los ajenos, de los trabajadores y los funcionarios que salen a la calle todos los días buscando un sueño que devino pesadilla. En este contexto, ¿no será tiempo de replantear nuestro futuro como nación y el sentido y dirección de la política? Conceptualicemos.