Conspiración en Pémex

Notas Sueltas es un espacio de opinión sobre diversos problemas de carácter social, económico y político de interés general. Los comentarios pueden enviarse a: dalmx@yahoo.com

domingo, 10 de diciembre de 2017

Una reforma necesaria

“Esta crisis evidencia que es una suerte tener un sistema de pensiones; sin él hoy estaríamos en una situación más dura en términos sociales" (Carles Campuzano, CiU)


Como estamos en tiempos donde las iniciativas y las reformas a las leyes están de moda y donde la relativización de los conceptos se considera una actitud de avanzada, propongo que transitemos por la vía de las reivindicaciones sociales, antes que sobre las cenagosas latitudes de la “armonización” con las ideas del polo neoliberal de la sociedad. Veamos, por ejemplo, cómo resolver de buena manera la situación del ISSSTESON y de los organismos afiliados, que actualmente se debaten en un “estira y afloja” cuyo sello característico es, por un lado, el afán recaudatorio del Instituto que ha sido uno de los peores ejemplos en materia de administración sana de recursos en la historia reciente de la esquizofrenia prianista y, por otro, la reacción defensiva de los afectados.

No cabe duda de que la seguridad social no es solamente un “tema” sino un problema que afecta a todos los ciudadanos, por lo que debiera ser un asunto prioritario en todas las discusiones de índole político que actualmente se incuban por el pretexto de la temporada preelectoral. Los partidos se encuentran empeñados en sacar, por lo menos, su cuota de votos para seguir gozando de las prerrogativas oficiales, frente a un electorado cada vez menos permeable a los discursos y a las promesas de campaña, pero solamente atinan a discurrir por los mismos derroteros que marca la obviedad: seguridad pública, corrupción y una vaga promesa de cambio, pero un gran problema que debe tener mayor visibilidad y abordarse públicamente es el de la seguridad social.

En el caso de Sonora, tras el nefasto antecedente de la reforma federal a la seguridad social perpetrada en 1997 y su cauda privatizadora, se dio la reforma a la Ley 38 del ISSSTESON en 2005, con lo que se aumentaron las cuotas para los organismos afiliados y sus trabajadores y el tiempo de cotización, además de que se incorporó el concepto de “sueldo regulador” (artículo 68), lo que tiene por propósito alejar el disfrute de la jubilación y reducir el monto de la pensión del trabajador.

Por lo que corresponde al “sueldo básico integrado”, que es la base de cotización, la ley reformada lo deja al libre juego de las circunstancias, ya que lo remite a los convenios que cada organismo celebre con el Instituto, al contrario del mismo artículo 15 (párrafo tres) antes de la reforma que lo establecía en la misma ley.

Tenemos una ley abusiva y desproporcionada, que aleja al ISSSTESON de los fines sociales y redistributivos que debe perseguir al hacer recaer sobre los trabajadores el peso de los fallos en el diseño de política económica y los problemas derivados de la corrupción y la falta de transparencia, contraviniendo las disposiciones consagradas en los acuerdos internacionales firmados por nuestro país.

Es claro que los trabajadores no son responsables del rescate de instituciones quebradas gracias a la rapiña y el manejo desaseado de sus recursos que, por otra parte, son producto del esfuerzo de sus propios afiliados, razón por la cual no tienen ni deben pagar por los platos que otros rompieron porque son, en realidad, las víctimas del latrocinio y la corrupción que se da a la sombra del poder sexenal.

Tras el escandaloso desfondo del ISSSTESON y sus afanes recientes de hacer firmar un convenio a sus afiliados, su política es, por decir lo menos, éticamente cuestionable. Cabe recordar que la defensa de la seguridad social se fundamenta en la de los derechos humanos, y el derecho a la salud y la seguridad de una vida digna tras el retiro es y debe ser la garantía con la que cuente cualquier trabajador que ha aportado su esfuerzo productivo y económico durante décadas al desarrollo nacional y local.

Es claro que las organizaciones sindicales y sociales respetuosas de los principios de la democracia y los derechos laborales y sociales de sus agremiados, deben pasar lista de asistencia y decir ¡presente! en la lucha que el Estado neoliberal ha declarado contra los trabajadores y sus familias, considerando que la capacidad adquisitiva del salario se ha reducido sustancialmente en las últimas tres décadas, y que la precarización del empleo y la política de topes salariales profundizan las diferencias y destruyen el tejido social, haciendo imposible la sana convivencia y el imperio de la ley.

Por razones de elemental justicia, debemos decir NO al abusivo convenio que propone el ISSSTESON, y buscar las vías legales y políticas para impulsar un régimen de seguridad social basado en los principios de la equidad contributiva y la solidaridad distributiva, lo cual implica, entre otras cosas, impulsar desde las organizaciones de los trabajadores una reforma a la Ley 38, que rescate los principios de la seguridad social que fueron abandonados con la reforma de carácter recaudatorio del 2005. El sindicalismo universitario puede y debe aportar su mejor esfuerzo y dar el ejemplo en esta lucha.


domingo, 3 de diciembre de 2017

Seguridad interior

Que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aun siendo tan deseada, sea sinónimo de una paz verdadera. No hay verdadera paz sino viene acompañada de equidad, verdad, justicia, y solidaridad” (Juan Pablo II).

El concepto suena alentador cuando se ignoran las implicaciones, los entresijos de este prometedor supuesto: el país necesidad seguridad para seguir adelante, para que el ciudadano común pueda salir a las calles y buscar su subsistencia, no temer por su integridad física o patrimonial, y para que el emprendedor pueda prosperar en sus proyectos. Requiere de condiciones que permitan que la economía funcione sin sobresaltos y que los mecanismos de distribución del ingreso cumplan su función.

Cuando el gobierno habla de legislar sobre seguridad interior cualquiera supone que se refiere a los aspectos arriba señalados, pero la realidad es otra: lo hace refiriéndose a un mecanismo de sustitución de la autoridad civil por elementos de las fuerzas armadas, lo que supone la suspensión de las garantías individuales y el establecimiento de un régimen de excepción. El pacto social se fracturó y la férula que lo debe reparar es de acero y pólvora.

¿Por qué la insistencia presidencial de tener una ley que imita torpemente la abusiva Ley Patriótica de los gringos? ¿Por qué militarizar la seguridad pública y reducir las facultades de los estados y municipios? ¿A qué horas se canceló el Pacto Federal y se puso en su lugar una mala versión del Estado Unitario? ¿A quien favorece que el país se encuentre en una situación de suspensión de garantías constitucionales? ¿Quién provocó el estado de emergencia nacional? ¿Peligran las instituciones de la república y el estado de derecho? En todo caso, ¿por qué?

Considerando la situación en la que viven más de la mitad de las familias mexicanas, la carencia de oportunidades de trabajo digno, la ausencia de programas de estímulo a la economía regional, el abandono del campo y la contención salarial, las espesas redes burocráticas que coartan las iniciativas productivas, la discrecionalidad en las exenciones y la devolución de impuestos a quienes más tienen, se genera un cuadro desolador de la economía y la calidad de vida del mexicano promedio, más los horrores de quienes no poseen nada, salvo su existencia como precaristas permanentes y expulsados de los beneficios del progreso. Mientras el país refrenda su vocación de traspatio de los gringos y colonia de explotación de las transnacionales, vemos que nuestra economía es dependiente, expulsora de fuerza de trabajo que emigra y reporta remesas.

Tenemos empleo condicionado a la facilidad de los despidos y a la ausencia de prestaciones ligadas a la seguridad social; tenemos la privatización de los servicios de salud y la reducción de la presencia estatal en éstos y otros renglones de la actividad económica y social. Los derechos se condicionan y relativizan merced a las llamadas reformas estructurales y las promesas de progreso se quedan en torpes remedos de solución, en programas asistencialistas que solamente generan clientelas.

Nuestros recursos naturales dejaron de ser importantes y los otrora considerados estratégicos, como el petróleo, son parte importante del botín que se ofrece a las empresas extranjeras bajo el supuesto de la apertura de los mercados y la competitividad. Somos una economía abierta sin haber sido antes una consolidada, fuerte y bien integrada, capaz de proporcionar un nivel de vida digno a su población. De ahí que la dependencia se haya fortalecido y profundizado con el TLC y caído en estado de mayor vulnerabilidad con las reformas neoliberales.

En estas condiciones de bajos salarios, de inestabilidad y precarización del empleo, ausencia de seguridad social y creciente delincuencia, ¿qué hace el gobierno? Lejos de buscar dar seguridad en los empleos, fortalecer el ingreso y la economía familiar, incrementar su capacidad de compra, ofrecer oportunidades de inversión con responsabilidad fiscal y social, se hace lo contrario. Una economía precaria, dependiente, sin mecanismos adecuados de generación, distribución y redistribución del ingreso donde las instituciones sociales y políticas son las primeras víctimas de un modelo viciado, corruptor y depredador, da por resultado la ruptura del tejido social y, por ende, el endurecimiento de las medidas de contención ciudadana: el desorden provocado por el modelo obliga a la militarización de la seguridad pública y lo civil se subordina a la bota militar, generando una situación de guerra civil apenas disimulada que hace necesaria la imposición de una Ley que legitime la intervención armada.

La Ley refrenda la incompetencia del gobierno federal y, al mismo tiempo, avala la desafortunada guerra que desató el panista Calderón, una guerra que debió evitarse, que nunca debió ser. La historia reciente del país demuestra que da lo mismo un gobierno del PRI o del PAN, porque su matriz ideológica es la neoliberal. Dejaron de haber diferencias de concepción sobre el país y su destino, se pulieron las asperezas ideológicas y sobrevino una crisis de identidad que se resuelve con la diáspora de una militancia cada vez menos definida, mas oportunista, más clientelar.

Al fracaso de la economía sigue el de la política y el de la estabilidad e integración social. En estas condiciones la incompetencia genera mecanismos de respuesta facilones, burdos e ineficaces, pero igualmente represivos: la contención de disidencias, la opacidad como sistema, la corrupción y el desorden gubernamental se unen y ponen al servicio de los intereses transnacionales, dejando hecho polvo el compromiso con la nación y la identidad nacional. Si no los puedes convencer, reprímelos. Para eso está la Ley de Seguridad Interior.


México está enfermo, sus males se han agravado de tal manera que hay que ponerle camisa de fuerza a la ciudadanía, contenerla, amedrentarla, reducirla a estadística, víctima permanente de abusos y engaños. Para esto están las fuerzas armadas metidas a instrumento ciego de represión y aniquilación de ese enemigo histórico de las dictaduras: el pueblo.

domingo, 26 de noviembre de 2017

Sindicalismo y seguridad social

                               “Lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama” (Aristóteles). 

Por ser convención internacional, la defensa y apoyo a la seguridad social es deber de todos los gobiernos civilizados. La comunidad internacional se ha pronunciado por la protección de los derechos sociales de sus trabajadores y sus familias y el acceso a la salud y, en general a la seguridad social es, por decirlo de alguna manera, un imperativo categórico que recogen principalmente las organizaciones sindicales como un asunto de vital y prioritaria importancia. ¿De qué pudiera servir al trabajador pertenecer a un sindicato si no lo representa ante las instancias competentes cuando surgen problemas de acceso a los servicios de salud y a las condiciones esenciales de pago justo y reconocimiento de antigüedad laboral que les permita disfrutar de las prestaciones ligadas al retiro?

Debe subrayarse que el respeto a las garantías laborales y el reconocimiento a la existencia legal del trabajador son parte de los aspectos esenciales de la dignificación y empoderamiento de quienes hacen posible la producción y circulación de los bienes y servicios que hacen funcionar a la sociedad y que justifican sin duda la existencia misma de los sindicatos. En tal concepto, ignorar que las mejoras en las condiciones y las remuneraciones al trabajo están ligadas íntimamente al régimen de seguridad social es un error de percepción.

En el país se ha vuelto recurrente el argumento de que la seguridad social es cara, que cuesta mucho sostener las pensiones de los trabajadores en retiro, que es dinero que debiera emplearse en otras cosas, por ejemplo, generar nuevas fuentes de trabajo y mejorar las instalaciones hospitalarias, el equipo, los materiales de curación y el abasto de medicamentos, entre otras cosas y aparentes razones para ver como una posibilidad salvadora de la crisis la privatización de los servicios. De hecho, la subrogación significa que entes particulares hagan lo que corresponde al sector público. Para nadie es un secreto que esto es simplemente una forma de achicar el tamaño del Estado y hacer crecer al Mercado. El espacio que pierde uno lo gana el otro. En una economía de mercado puede sonar lógico, pero lo plausible del planteamiento pronto deja ver los renglones torcidos del modelo que postula y promueve.

La privatización en la etapa que se quiera ver supone dar peso a la capacidad adquisitiva del que solicita los servicios, ignorando su participación en el proceso productivo y los méritos laborales reconocidos y formalizados en las condiciones del contrato de trabajo; es decir, el derecho se adquiere mediante una simple relación de compraventa y no por las aportaciones del trabajador a la empresa en particular y al aparato productivo en general. Así pues, la posición que el individuo tenga en la producción es irrelevante, se diluye en una especie de anonimato que se revela como un proceso de enajenación que no sólo afecta al trabajador en cuanto tal, sino como persona portadora de valores, derechos y obligaciones sociales, mismos que se diluyen y desaparecen resaltando, en cambio, el carácter monetario de la existencia del individuo-cliente sobre la del sujeto-persona.

Como se ve, las valoraciones éticas, las conquistas laborales los derechos históricamente ganados son relativizados en aras de una eficiente y aséptica relación entre oferentes y demandantes. Libre de escrúpulos morales y de compromisos éticos, la ideología del mercado sienta sus reales en la relación de trabajo, en la familia y en los servicios fundamentales para la sobrevivencia del trabajador en una sociedad enajenada. Los aspectos histórico-sociales y políticos que constituyen el núcleo del horizonte de vida de la clase trabajadora son vaciados de contenido y sustituido por una visión pragmática e inmediatista de las relaciones sociales. Por eso la medicina privada se ofrece como alternativa al derecho social relativizado y finalmente negado y por lo mismo las pensiones y jubilaciones se convierten en lucrativo negocio privado. En este sentido, la seguridad social pasa a ser opción en vez de derecho conquistado, lo cual es absolutamente inadmisible.

En este contexto, la lucha por la seguridad social se convierte en una prioridad para las organizaciones sindicales y sociales de corte progresista, aunque muchas veces los impactos mediáticos de las agencias de manipulación masiva del sistema logran abrir huecos en la línea de defensa sindical, y que se cuelen ideas, supuestos y rutas de acción no sólo ajenas sino contrarias a los intereses de los trabajadores. En este caso, la mejor defensa del sindicato es ejercer una sana y abierta autocrítica, valorar objetivamente la forma y el contenido de las amenazas y actuar en consecuencia, sin dejar de considerar que muchas veces la mejor defensa es aquella que se anticipa al ataque.


El sindicato de académicos de la Unison, el STAUS, acaba de realizar un ejercicio de reflexión y análisis sobre la bajuna y desproporcionada exigencia del ISSSTESON de que se firme un nuevo y abusivo convenio de prestación de servicios. Aunque la presión ha sido evidente, todo parece indicar que los trabajadores académicos están dispuestos a agrupar fuerzas y dar la batalla en defensa de sus derechos a la seguridad social. En tal caso, seguramente otras organizaciones los habrán de acompañar. La unión hace la fuerza.

domingo, 19 de noviembre de 2017

La seguridad social ¿derecho u opción?

                                                        En la vida real no hay derecho sin revés.


En Sonora la seguridad social es proporcionada por el Isssteson, organismo descentralizado que proporciona servicios médicos y sociales a los trabajadores del Estado y organismos afiliados. El Instituto está regido por la Ley 38 cuyo texto fue reformado en 2005 y entró en vigor en 2006, durante el gobierno de Eduardo Bours Castelo. La relación con los organismos afiliados se da a través de un Contrato de prestación de servicios vigente desde 1990, el cual ha sido modificado en los términos de la ley reformada y que constituye un instrumento que se presenta a los organismos afiliados como de aceptación obligatoria a partir de noviembre de 2016, fecha en que se suspendieron los trámites de pensiones y jubilaciones y se ventiló la posibilidad de suspender los servicios médicos, aunque es en el presente año cuando la propuesta del nuevo convenio se transforma en franca presión, subiendo la exigencia hasta el punto de poner la fecha fatal del 31 de diciembre para su firma o, en caso contrario, las instituciones afiliadas deberán  resolver los servicios de seguridad social requeridos por sus empleados de la manera en que les sea posible. Es decir, el Instituto amenaza con suspender unilateralmente el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el aún vigente contrato de 1990, afectando, entre otros, a ayuntamientos e instituciones educativas estatales de todos los niveles.

La reforma de 2005 a la Ley 38 refleja una intención clara de encarecer los servicios de salud y seguridad social, y aumenta el tiempo de cotización de los trabajadores en cinco años, de poder retirarse los hombres a los 30 años y las mujeres a los 28, ahora lo tendrán que hacer a los 35 y a los 33 años de cotización respectivamente; lo anterior puede considerarse como una forma velada de privatización por el encarecimiento de los servicios y, por ende, un mecanismo de alejamiento del Estado de sus obligaciones laborales y sociales. Lo anterior encaja en la lógica de las reformas estructurales de Peña Nieto y del impulso privatizador que padece México desde la instauración del modelo neoliberal. En este sentido podemos encadenar las reformas a la seguridad social nacionales del IMSS, el ISSSTE y, en nuestro caso, el ISSSTESON, a las reformas laboral, energética y educativa.

Como un ejemplo claro de la voracidad de la reforma boursista a la Ley 38, baste el ejemplo del Artículo 60 BIS B, que dice: “Quienes disfruten una pensión o jubilación del Instituto, aportarán mensualmente al Fondo de Pensiones el 10% de la cuantía de su pensión mensual”, en abierta contradicción con lo señalado en el Artículo 66: “Es nula toda enajenación, cesión o gravamen de las pensiones que esta Ley establece. Devengadas o futuras, serán inembargables y sólo podrán ser afectadas para hacer efectiva la obligación de ministrar alimentos por mandato judicial o para el pago de adeudos con el Instituto, con motivo de la aplicación de esta Ley”, cuestión que fue resuelta al inicio del actual gobierno al ser derogado el Artículo 60 BIS B, dejando intacto el resto del articulado y, por tanto, la intención recaudatoria de pasar del 10 al 17.5 por ciento la cuota de los trabajadores y de 14 a 29.5 por ciento aportación de la administración del organismo afiliado, según se establece en los artículos 16 y 21 de la Ley.

De acuerdo con información oficial, la Universidad de Sonora ha venido posponiendo la firma de un nuevo convenio por carecer de los recursos presupuestales necesarios para hacerlo, ya que la regularización supondría un monto de alrededor de mil millones de pesos adicionales al presupuesto universitario, según se comunicó al Secretario General del STAUS por parte de la Secretaría General Administrativa en oficio de fecha 27 de febrero de 2017: “La posición de la Universidad respecto al ingreso a las nuevas condiciones establecidas en la reforma a la Ley 38, es que tanto para la Institución como para los trabajadores, representa el requerimiento de aportar una cantidad de recursos de los cuales no se dispone y que solo firmaría un nuevo convenio, con las nuevas condiciones, una vez que tuviera asegurada la aportación adicional de subsidios ordinarios regularizables, estatal y federal, por el monto requerido para tal fin”.

Sin embargo, recientemente la Universidad ha flexibilizado su posición y propuesto un esquema donde se incorpore la prima de antigüedad en la base de cotización, así como un incremento a la cuota de cada trabajador, ambos de manera gradual.

Cabe aclarar que la propuesta de incorporar la prima de antigüedad a la base de cotización, a fin de lograr la pensión jubilatoria del 100 por ciento, fue planteada desde 2015 por la administración universitaria, obteniendo por parte del director del Isssteson la siguiente respuesta en oficio de fecha 5 de marzo del 2015: “… ningún sistema de pensiones puede soportar financieramente que la aplicación de un incremento en la base de cotización pueda derivarse en el incremento en la pensión jubilatoria del personal que ya tiene muchos años cotizando sobre una base menor”, y sigue “respecto al caso particular de la Universidad de Sonora, le recuerdo que la relación entre ambas instituciones se rigen por el Contrato de Prestaciones firmado entre ambas partes en el año de 1990, y en el cual se establece que como salario básico integrado del trabajador se entiende la suma del sueldo y el complemento. En virtud de ello no procede la aceptación de la inclusión de elementos adicionales al salario base de cotización”, aunque advierte que “por acuerdo de las partes sí es posible modificar los términos del convenio, incluso lo referido a la definición del salario base de cotización”, aclarando que “el nuevo convenio tendría que estar en concordancia con las reformas de la Ley 38 del ISSSTESON realizadas en 2005 en el que se establecen nuevos porcentajes de las cuotas de aportación del patrón y de los trabajadores”.

El oficio concluye con la siguiente consideración: “… para poder considerar la posibilidad de incluir a la generación actual, la Universidad y los trabajadores deberán pagarle al ISSSTESON las cuotas y aportaciones adicionales que resultarían de aplicar los nuevos porcentajes en cada uno de los conceptos establecidos en ley desde el año 2006, monto que a diciembre de 2012 el Despacho Actuarial de Evaluaciones del Norte S.C. calculó en $963,569,525.69”.

Como es fácil apreciar, para el ISSSTESON, el derecho a una pensión digna deja de ser un logro laboral y social para pasar a un problema actuarial, de flujos. Según información reciente, la autoridad universitaria se inclina a no sólo incorporar la prima de antigüedad a la base de cotización, sino que también a aplicar los incrementos graduales que harían posible que el ISSSTESON obtenga los recursos que exige “en concordancia con las reformas de la Ley 38 del ISSSTESON realizadas en 2005”, aún sin tener previamente “asegurada la aportación adicional de subsidios ordinarios regularizables, estatal y federal, por el monto requerido para tal fin”.
  
El problema se agrava porque, pese a tener un Contrato de Prestación de Servicios vigente, la Junta Directiva de ISSSTESON en su sesión ordinaria número 664 de fecha 31 de octubre, determinó para los organismos que no suscribieron el convenio que “se seguirán prestando servicios médicos al personal de ayuntamientos y organismos incorporados por un período improrrogable de 60 días contados a partir del 1 de noviembre de 2017”, quedando bajo su más estricta responsabilidad “realizar las acciones correspondientes para otorgar a sus trabajadores las mismas bajo el esquema de seguridad social que se considere conveniente”. ¿Ahí se la echan?

Lo anteriormente expuesto da idea de la gravedad del problema que enfrenta la Universidad de Sonora y otras instituciones en situación similar, cuestión que por fuerza se relaciona con la política privatizadora nacional y sus impactos en la seguridad social, además de una profunda corrupción que hace de los fondos pensionarios objeto del saqueo por parte de los propios gobernantes, como es bien sabido en Sonora y otras entidades.

Aquí vale la pena subrayar el inminente drama social y político que deriva de una ausencia real de interés por resolver los problemas atinentes al bienestar de los trabajadores, una falta impresionante de capacidad de gestión de recursos por parte de las instancias implicadas y una tremenda apatía por parte de los directamente afectados. Sucede que no bastan las acciones legales por la vía de las demandas o los amparos, porque el fondo del problema es eminentemente político, y obedece a una lógica anclada en el pragmatismo del neoliberalismo periférico. Tenemos que insistir en que sin una fuerte y permanente respuesta social en defensa de los derechos adquiridos difícilmente los recursos legales van a llegar a puerto seguro.

La exigencia obvia del momento es que el ISSSTESON cumpla con el contrato vigente, y que se emprendan las acciones tendientes a una regularización pensionaria sin afectar el sueldo de los trabajadores, sujeto a continuas presiones por el alza de los costos de bienes y servicios que afectan la subsistencia familiar, en una cuesta difícilmente remontable debido a la precariedad del ingreso. En este contexto, es claro que la organización de los trabajadores es urgente e imperativa para la defensa de sus derechos.


La sociedad sonorense no puede permanecer ajena a esta situación que afecta a miles de trabajadores. La unidad gremial y la solidaridad social son imprescindibles, porque la seguridad social no es una opción sino un derecho fundamental que afecta directamente la calidad de vida de las familias.

lunes, 13 de noviembre de 2017

El Isssteson y las cosas del sistema

“Sistema: Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí. // Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto…” (Diccionario de la Lengua-RAE).

¿Se ha preguntado usted por qué el SAT devuelve impuestos milmillonarios a las grandes empresas y atosiga a los demás causantes?, o ¿por qué siendo México país petrolero importa no sólo gasolinas sino petróleo? ¿Ha pensado en que algo debe estar mal cuando el país importa maíz en vez de producirlo?, o ¿por qué los sueldos son tan bajos en comparación con otros países y por qué la seguridad social se toma como un problema de costos y no como un mecanismo de redistribución del ingreso que además es una obligación del Estado y que cumple acuerdos internacionales?

¿No le resulta intrigante que a las reformas a las leyes del IMSS e ISSSTE, haya seguido la entrega de los fondos pensionarios, otrora bajo la responsabilidad de esas instituciones, a empresas privadas administradoras de los ahorros para el retiro de millones de trabajadores? ¿Y que en alarmante sucesión se anuncie la quiebra de los sistemas de retiro de las entidades federativas, por motivos entre los que destaca el robo descarado por parte de los gobernantes en turno?

¿Se ha fijado que los servicios de salud tienden a privatizarse mediante las subrogaciones, la reducción de los cuadros básicos de medicamentos y la concesión de las farmacias a empresas nacionales o locales?

Y ¿qué me dice de los generosos sueldos, la serie de prebendas y canonjías y las pensiones de ensueño y que reciben los burócratas de alto nivel, en un país donde el salario no alcanza para nada?

¿No le llama la atención que la directiva del Isssteson tras el enorme saqueo de fondos sufrido, sobre todo en la anterior administración, se empeñe en saquear a su vez los recursos de los organismos afiliados y los bolsillos de sus trabajadores mediante el grosero expediente de aumentar las cuotas por los servicios que proporciona?

¿No le molesta que se busque ponerle precio a un derecho, y que el Instituto trate por todos los medios de socavar los supuestos de la seguridad social siguiendo, muy a la mexicana, los dictados de la OCDE y el FMI?

¿Acaso no es asombroso que Teresa Lizárraga, la entonces directora del Isssteson y directamente responsable de la custodia de los fondos robados, ahora esté libre y goce de fuero por ser diputada plurinominal del PAN?

¿No resulta curioso que las organizaciones sindicales hayan esperado meses y felices días para apenas iniciar las gestiones con la administración estatal? ¿No le extraña que ningún sindicato de los afectados por la situación de Isssteson se haya manifestado públicamente con una posición clara y definida respecto al problema y protestado enérgicamente por la evidente afectación de los intereses de los trabajadores? ¿La paz sindical de Sonora se debe a la falta de respuesta de las organizaciones? ¿El nuevo modelo laboral supone incondicionalidad de los cuadros directivos sindicales y, por ende, la charrificación de las organizaciones?

Llegados a este punto, resulta fácil llegar a la conclusión de que todos estos hechos, cuyo recuento no es ni por asomo exhaustivo, forman parte de lo mismo. Estamos frente a un modelo depredador, tóxico para las organizaciones y los individuos. Las características más evidentes son la falta de honestidad intelectual de quienes de alguna manera son factores de decisión en las organizaciones, una rara complicidad con las esferas del poder público en turno que resulta inexplicable porque supone claudicar al deber de defender a los trabajadores afiliados; una extraña necesidad de defender los intereses asumidos por el gobierno y la exhibición permanente de una mentalidad colonizada por éstos. Aquí viene al caso recordar aquello de que no hay peor esclavo que quien defiende los intereses de los explotadores.

Más allá de los argumentos que puedan esgrimir (sean de carácter cualitativo o simples ejercicios aritméticos o estadísticos) quienes están subordinados al interés del polo dominante de la sociedad, salta a la vista la matriz ideológica y las líneas de acción política que fatalmente terminan por atenuar, diferir o sofocar la protesta, la defensa pública de los derechos laborales y sociales y, en cambio, resaltan el carácter instrumental de los sindicatos alineados para el logro de los fines  del neoliberalismo periférico. Así, la privatización gradual de los servicios reduce el margen de derechos y libertades que los trabajadores han conquistado históricamente.

El pasado y su formalización histórica carecen de importancia ante la emergencia de las nuevas formas de relación laboral, de la reforma de las leyes y de la individualización de los logros. La desmemoria o el olvido intencional de deberes y derechos es la actitud políticamente correcta que el sistema espera de los liderazgos sindicales. En ese sentido, resulta imperativo retomar el camino de la defensa de los contratos colectivos, de la memoria histórica de lo que han sido y lo que debe ser los sindicatos en las transformaciones sociales.

Lo que queda a las organizaciones gremiales y sociales es la valoración autocrítica de su aquí y ahora, de sus luchas y de sus logros; pero, sobre todo, reavivar la certidumbre de que la lucha cotidiana es la única posibilidad de conservar, o recuperar, la credibilidad de quienes las dirigen. Un liderazgo pasa de formal a real cuando trasciende los límites de un nombramiento y emprende acciones consecuentes con los principios y valores que consagran sus documentos fundacionales.


Actualmente tenemos el problema del desfondo intencional del Isssteson y la evidente negligencia o desinterés del gobierno por dar salidas socialmente responsables al problema. En consecuencia, consideramos: 1.- que es pertinente manifestar el franco rechazo a la firma de un nuevo y oneroso convenio con Isssteson; 2.- que se deben emprender tanto las acciones legales que sean necesarias para la defensa de los derechos adquiridos como las de carácter político de alcance local y nacional que hagan visible el problema; 3.- que debe impulsarse la integración de un frente amplio en defensa de la seguridad social, y 4.- que es imperativa la exigencia de que el gobierno asuma su responsabilidad y emprenda de inmediato las acciones necesarias para garantizar el derecho a la seguridad social sin lesionar más la economía de los trabajadores.

domingo, 5 de noviembre de 2017

El tema del Isssteson

Tema: Asunto o materia sobre la que se trata en una conversación, un discurso, un escrito, una obra artística u otra cosa semejante (Google).


Nosotros pensábamos que el hecho de que las solicitudes de pensión y jubilación fueran detenidas irregularmente por un tiempo verdaderamente angustiante para muchos universitarios cansados o enfermos, era un problema de lesa humanidad. Sabemos que algunos de los solicitantes no aguantaron y fallecieron esperando el dictamen de jubilación. La muerte resolvió el problema del Isssteson, pero lo dejó en las familias, en los dependientes económicos, y también lo dejó en la conciencia de amigos y colegas del difunto.  

Ahora, algunos nos tratan de convencer de que lo que llamamos problema es simplemente un tema, un asunto o materia sobre la que se trata en una conversación, un discurso, un escrito… o cosa semejante. El aspecto humano, legal y gremial pasa a segundo término. Sabemos que las cosas y las gentes cambian, pero esas modificaciones no debieran suponen la transformación absoluta de la calidad humana del funcionario, del líder sindical, del abogado que representa intereses personales o grupales a cambio de un pago; pensamos que esas personas aún lo siguen siendo, que no han perdido su identidad, que sienten las penalidades que sufren los que acuden a sus despachos y lugares de trabajo, que son capaces de ponerse en el lugar de un tercero, de ser interlocutores válidos de quien reclama un derecho y pide ayuda. Pero, quizá en eso estemos equivocados.

El “tema” del Isssteson ha logrado redefinir las líneas de acción sindical, dividir a quienes toman decisiones en primera instancia al interior de las organizaciones, hacer evidente la capacidad de respuesta, el nivel de compromiso, de información y decisión de las bases y sus dirigentes. En este caso, vemos que la trivialización del problema ha iniciado con reducirlo a un asunto de números, a sólo ver la dimensión cuantitativa del problema y centrar la atención en los pesos y centavos que se van a necesitar para gozar de un derecho social consagrado internacionalmente. Se piensa en cuotas progresivas, en la fatalidad de pagar más por lo mismo, en “armonizar” el contrato de prestación de servicios entre la Unison y el Isssteson para “estar dentro de la Ley”, y así resolver una enojosa situación entre el Instituto y la Universidad.

Parece que la gran preocupación es no contradecir los deseos del director Claussen, de no provocar que algún empleado arrogante haga esa llamada pidiendo disciplina e institucionalidad a quienes no trabajan para el gobierno, sino que son universitarios sujetos a otras reglas y bajo otras dinámicas y responsabilidades. Los efectos de una llamada tan indeseada como grosera pueden desencadenar mecanismos de protección, no hacia afuera, sino hacia el interior de las organizaciones porque ahora se tiene que justificar la inacción, la falta de firmeza y la propensión a claudicar. Lo cierto es que así se pierde cualquier batalla antes de empezarla.

El informar simplemente a las bases sindicales sin manifestar una posición definida frente al problema es una forma de trivialización de algo que es esencialmente definitorio. El cubrir el expediente de hacer una presentación de datos más o menos bien armada es ver solamente el lado obvio del problema, siendo que la urgencia radica en tener plena conciencia del fondo del problema que, como es del dominio público, parte de un esquema de corrupción cuyos costos pretenden transferir a los trabajadores. Por ese solo hecho, los ejercicios numéricos y la forma en cómo acercarse a la situación “armonizada” es trivializar el problema y convertirlo en “tema”.

Desde luego que se deben ver con atención los dos aspectos nodales ya conocidos: las causas y las consecuencias del problema, pero las líneas de acción sindical en defensa de los derechos de los trabajadores, ultrajados por la deshonestidad de las autoridades “competentes” en el Estado y el Isssteson, deben ser la materia de la discusión, el análisis y la toma de decisiones de las organizaciones afectadas. Lo anterior implica que tiene que haber una propuesta primaria por parte de quienes representan formalmente a los trabajadores; es decir, una posición política clara y definida de parte de los órganos directivos sindicales, la cual deberá someterse a la consideración de las bases y convertirla en un programa de acción política y legal de corto, mediano y largo plazo.

En el contexto de las organizaciones afectadas por la crisis del Isssteson debemos destacar la presencia de los sindicatos universitarios, cuya reputación de ser independientes proporciona una ventana hacia opiniones y posturas más creíbles que aquellas que emanan de quienes dependen políticamente del gobierno o del partido en el poder. La responsabilidad es, desde luego, grande. Es de esperar que ese sindicalismo dé muestras fehacientes de su independencia y buen juicio en bien de las clases trabajadoras de la localidad. La crisis del Isssteson puede devenir en crisis de la credibilidad de las estructuras sindicales y sociales afectadas, lo cual no es problema menor. 


Sin duda, las definiciones políticas claras y una acción sindical enérgica y congruente pueden evitar que el problema del Isssteson se convierta en un simple tema… De nosotros depende.

miércoles, 1 de noviembre de 2017

La muerte y el Isssteson






Pasó la muerte de prisa,
Corriendo hacia el Isssteson
Donde Claussen es el dueño
Que sube cuotas sin sueño
A pesar de la inflación
Y los salarios de risa.

Los profes de la Unison
Sufren ataques de risa
Cuando llega el sindicato
Y les dice sin recato
Que a nadie ya moviliza
En contra del Isssteson.

Ocurre que la protesta
Se ve fea y suena mal,
Parece como si hubiera
Alguna grilla cualquiera
Que nos quita lo formal
Y es sucia, fea y apesta.

Ahora somos bien portados,
Gente seria y muy formal,
Agachados y tranquilos
y ya no echamos los kilos
contra el aumento ilegal
de las cuotas y candados
que ponen a las pensiones,
ni a las oscuras presiones
por la firma de un convenio
que nulifica derechos
y nos deja desarmados.

Protestemos, compañeros,
Hagamos valer el nombre
De un sindicato valiente
Que no le teme a la muerte.
El gobierno traicionero
Debe pensarlo muy bien:
Aún hay gente consiente,
Con memoria y con valor,
Y no nos mueve el temor
Ni los argumentos hueros,
De payasos y culeros
Que atacan a la Unison,
Y son la triste ocasión
De dirigencias vendidas,
De liderazgos maiceados,
De vergüenzas y amenazas
Que pudieran ser cumplidas
Si no actuamos decididos,
Unidos y convencidos
De que tenemos razón.
¡No a las oscuras presiones
De Claussen y el Isssteson!

Decimos a voz en cuello:
No a la firma del convenio,
Muerte que vienes de noche
Callada y con disimulo.
No a las mentiras de Claussen
Ni a los líderes que le hacen
El caldo gordo al gobierno,
pues las puertas del infierno
ya se abren a los traidores,
mentirosos y habladores
que se irán todos al cuerno.

Viva el STAUS, decidido,
Valiente y batallador.
Vivan los profes que luchan
Contra el gobierno traidor
Y sus mentiras que matan
La conciencia y el honor.
Nosotros estamos vivos
Y tenemos dignidad,
Ya llegamos a la edad
En que la muerte nos tiene
Sin cuidado y sin temor:
Somos claros y realistas,
Honestos sindicalistas
Que decimos NO al traidor,
al culero y al vendido,
¡Sí al contrato colectivo,
No al convenio engañador!


miércoles, 25 de octubre de 2017

La Cláusula 141 y el Isssteson

“El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política” (Simón Bolivar).

La cláusula 141 del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) suscrito por la representación legal de la Universidad de Sonora (Unison) y la del STAUS se refiere a las prestaciones sociales a que tienen derecho los trabajadores y que la Institución se obliga a gestionar ante las instancias a que haya lugar. Así pues, en su párrafo primero dice que “todos los trabajadores académicos tendrán derecho a recibir todas las prestaciones que otorga la Ley del ISSSTESON, sin limitaciones y disminuciones motivadas por la categoría, nivel o duración de la relación laboral. Estas prestaciones deben ser extensivas a los descendientes directos y cónyuge del trabajador”, y en el párrafo segundo señala que “la atención médica de los ascendientes directos del trabajador académico que deberán gozar de este servicio, será prestado en los términos establecidos en el Convenio celebrado entre la Universidad y el ISSSTESON”.

Como se ve, el trabajador, sus descendientes y ascendientes directos quedan protegidos por lo dispuesto en la Cláusula 141 del CCT y sujetos a los términos del Contrato de prestación de Servicios suscrito entre la Unison y el ISSSTESON. Ambos instrumentos legales son fuente de derecho y norman el acceso a la seguridad social de los trabajadores académicos.  

Por otra parte, el párrafo sexto de esta cláusula señala que “la Universidad se compromete a gestionar ante el ISSSTESON igual trato para los trabajadores académicos con respecto al resto de sus afiliados en lo que concierne a la totalidad de las prestaciones sociales otorgadas por esa Institución. De igual manera la Universidad se compromete a informar mensualmente al Sindicato de las cotizaciones al ISSSTESON”.

Con base en lo anterior, los trabajadores universitarios tienen derecho y total acceso a los beneficios contenidos en la Cláusula Primera del Contrato con ISSSTESON, el cual lo obliga a proporcionar las prestaciones de: “… Seguro de Enfermedades no Profesionales y de Maternidad, Seguros de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales, Servicio de Reeducación y Readaptación por Invalidez, Actividades que eleven el nivel cultural del Servidor Público y su familia, Préstamos a Corto Plazo, Préstamos Prendarios para la adquisición de bienes de consumo duradero, Jubilaciones, Pensión por Vejez, Pensión por Invalidez, Pensión por Muerte, Indemnización Global, Pago Póstumo, Fondo Colectivo de Retiro y Pensión Mínima, a los trabajadores que ‘La Universidad’ tiene a su servicio”.

El disfrute de las prestaciones arriba enumeradas no está limitado o condicionado más allá de las condiciones pactadas en el contrato. Por otra parte el párrafo segundo del artículo 68 de la Ley 38, anterior a la reforma de 2005, concede el 100 por ciento de pensión a los trabajadores jubilados. En este contexto, queda claro que no es necesaria la firma del convenio para obtener una pensión con el cien por ciento de derechos adquiridos.  

Un aspecto importante y de gran actualidad de la cláusula 141 es el señalado en el párrafo décimo primero: “cuando se proponga un cambio en el Convenio que tiene la Universidad de Sonora con el ISSSTESON, referente a la Prestación de Servicios Sociales para sus Trabajadores, la Institución acordará con el STAUS los términos en los que se firmará el nuevo Convenio”. Como se sabe, el ISSSTESON ha suspendido o lentificado los trámites para pensiones y jubilaciones de los trabajadores universitarios desde el mes de noviembre de 2016, debido a que pretende imponer el convenio elaborado en esas fechas por su Junta Directiva a los organismos afiliados, centrando su presión en la Universidad de Sonora, y hay elementos para afirmar que el Instituto lleva a cabo una campaña de amedrentamiento tanto con las autoridades administrativas universitarias como hacia los sindicatos.

Resulta alarmante que en el párrafo segundo del proyecto de convenio se establezca que “ambas partes están de acuerdo en que dichas prestaciones y servicios se otorgarán en los términos y bajo las condiciones del presente convenio y conforme a los procedimientos que para el efecto establece la Ley 38 del Estado de Sonora vigente, sus Reglamentos y la normatividad relativa que en ejercicio de sus atribuciones y competencias haya emitido y que en lo futuro emita la H. Junta Directiva de ‘El ISSSTESON’, en caso de que no se contengan en el presente”. Lo anterior abre la puerta para que la Universidad y sus sindicatos queden a merced de las ocurrencias de la Junta Directiva, lo que entre otras cosas limitaría la autonomía universitaria, la independencia sindical y los beneficios de nuestro CCT en materia de seguridad social. ¿Por qué?, porque la firma de un convenio tendría el efecto de modificar las condiciones pactadas y, por tanto, daría lugar a la extinción de los derechos adquiridos por los trabajadores.

Resulta poco recomendable firmar una especie de cheque en blanco a una institución en la que fácilmente y con total impunidad desaparecen los fondos cuyo origen es el ahorro que han aportado durante años mes tras mes alrededor de cinco mil universitarios, más las cuotas de los demás organismos afiliados. El ISSSTESON, antes de querer replantear las reglas de la prestación de servicios debe responder a los trabajadores por los fondos que alcanzan entre tres y cinco mil millones de pesos que desaparecieron mientras estaban bajo su custodia y administración, cosa que hasta el momento no ha hecho.

Los trabajadores y sus órganos de dirección sindical deben entender que nadie puede resultar beneficiado por avalar un convenio en estas condiciones, en principio porque afecta derechos individuales y colectivos que son irrenunciables. Es de esperar que las dirigencias sindicales y la propia representación legal de la Universidad antepongan el interés institucional a las presiones, promesas y amenazas de las autoridades del ISSSTESON, sabedores que no es posible ceder ante quienes fueron responsables de salvaguardar los ahorros de miles de trabajadores y no cumplieron con su responsabilidad. Por las razones expuestas, la exigencia de la firma de un nuevo convenio es un atraco, una especie de robo con violencia que los universitarios deben rechazar.

Aquí, el verdadero responsable del desfondo pensionario es la propia Dirección y Junta Directiva de ISSSTESON y, desde luego, el Gobierno del Estado. Los trabajadores no tienen por qué pagar ni sufrir las consecuencias de la rapiña que se incuba y solapa a la sombra del poder público.       


Quienes piensen que no les afecta la firma del convenio porque “ya van de salida” y que gracias a esto van a obtener una pensión completa, están equivocados. Sucede que pueden obtener el beneficio de una pensión de 100 por ciento de su sueldo por la simple razón de que la ley los ampara y las reformas a la Ley no tienen efectos retroactivos; en todo caso, para eso se inventaron las demandas por nivelación pensionaria y los juicios de amparo. En cambio, si aceptan las nuevas condiciones estarían avalando y dando carpetazo al robo pensionario que el ISSSTESON perpetra cada mes con sus derechohabientes pensionados y jubilados, porque no paga pensiones completas; y condenando a su propio sindicato a la indefensión en tanto que las condiciones y beneficios contenidos en el Contrato Colectivo cambiarían por necesidad. Así pues, lo más sano es decir NO al convenio por razones de legítima defensa.

jueves, 19 de octubre de 2017

La lucha que debemos afrontar

Aquellos que cederían la libertad esencial para adquirir una pequeña seguridad temporal, no merecen ni libertad ni seguridad ” (Benjamin Franklin).

Si algunos pensaban que los cambios en la política nacional relativa a la seguridad social y a los servicios de salud eran terribles pero lejanos a la clase trabajadora sonorense, hoy es un buen momento para cambiar de opinión. El problema lo tenemos en casa. La ola privatizadora ya golpea con insistencia los muros de nuestra vida comunitaria y arroja sombras ominosas en la vida de cada uno de nosotros.

Los que antes lograban su pensión jubilatoria lo hacían con relativa tranquilidad y facilidad: se daba por sentado que, pasados los tiempos de reunir papeles, solicitar el beneficio y disfrutar de esta prestación era una cadena de eventos que fluían en el tiempo y lo hacían sin obstáculos. Ahora las cosas han cambiado y las consecuencias de estos cambios las están padeciendo los trabajadores a los que durante toda su vida laboral les fueron descontadas puntualmente las cuotas por concepto de servicios médicos y seguridad social.

En el plano nacional, la nueva filosofía adoptada por el gobierno federal y avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que lo que antes era un derecho ahora es una opción, lo que da idea del espíritu que anima la reforma laboral de Enrique Peña Nieto. Por lo que corresponde a nuestra entidad federativa, el gobierno local se empeña en seguir los pasos que marca el centro y el concepto de seguridad social se ha visto afectado por las subrogaciones de servicios de salud, reducción de los cuadros básicos de medicamentos, desabasto de medicinas y una creciente canalización de los pacientes hacia unidades del sector privado cuya función complementaria ha ganado creciente protagonismo. Mientras que el Instituto de seguridad social estatal disminuye la cobertura de sus servicios crece la demanda de seguros privados de gastos médicos mayores. La salud en Sonora se ha convertido en un nicho de mercado en proceso de expansión en buena medida gracias al cambio en las prioridades del gobierno.

Para decirlo en forma resumida, el gobierno despliega una política privatizadora siguiendo los dictados del FMI, la OCDE y el Banco Mundial; en esta línea, los derechos y conquistas laborales deben flexibilizarse y ser reducidos al máximo, para permitir que el sistema conserve su funcionalidad y obtenga su tasa de ganancia. Es obvio que lo que disminuye por un lado aumenta por otro y, en este caso, son los trabajadores los que ven disminuidas sus condiciones de vida y los empresarios los que obtiene las ganancias. Los costos de las pensiones y los servicios de salud ahora son vistos desde la perspectiva del mercado y, desde luego, el sistema busca la forma de eliminar los beneficios sociales mediante políticas que hacen posible que el trabajador pase de derechohabiente a cliente.

La enorme masa de recursos monetarios alcanzada por años de puntuales cotizaciones de los trabajadores a los sistemas de seguridad social administrados por el Estado, ahora se ha convertido en un apetecible botín que la iniciativa privada ni siquiera disputa porque el gobierno mismo lo ha puesto en sus manos. Tal es el origen de las administradoras de fondos para el retiro (Afores) que recibieron el regalo de 2.9 billones de pesos, sistema que el gobierno instauró como única vía para el logro de una pensión mínima para los trabajadores y que puede tener pérdidas sin responsabilidad para la empresa y el Estado.

La idea de Estado mínimo y los mecanismos para lograrlo incubados en los sótanos del neoliberalismo representado por el FMI y demás organismos financieros internacionales, tiene en el deterioro de los derechos laborales, la calidad de vida y la privatización de la salud y seguridad social su fiel expresión. Y es justamente esa visión de la realidad económica y social lo que hace que el gobierno incumpla con sus deberes esenciales, transgreda la propia ley y viole acuerdos internacionales en materia laboral, social y de derechos humanos.

Lo anterior se da fatalmente en un país que presenta cuadros de corrupción creciente, de saqueo de recursos naturales, contaminación del ambiente y deterioro general de la calidad de vida. La violencia callejera es solamente una respuesta al desgarramiento del tejido social provocado por la agresión neoliberal que crea sociedades enfermas y autodestructivas. La vida humana y los mecanismos sociales e institucionales para preservarla se precarizan, pasando de valores trascendentes a meras formas retóricas condenadas a la trivialización y al desprecio. El derecho a la salud por omisión del gobierno termina siendo una mercancía que responde a las leyes del mercado, y el derecho a las pensiones y jubilaciones termina reducido a cálculos actuariales cuyo despliegue cuantitativo oculta el carácter redistributivo y esencialmente humano de estas prestaciones. Así, la relativización de los derechos nulifica sus efectos sociales y políticos y degrada principios como la solidaridad y el apoyo entre las generaciones de trabajadores, además de generar una sensación de inutilidad en los esfuerzos de la clase trabajadora por la defensa de sus conquistas históricas.

Mientras que en el plano nacional la seguridad social ha sufrido graves impactos a partir de las reformas a la ley del Imss e Issste, y la creación de las administradoras privadas de los fondos de ahorro para el retiro (Afores), en el caso de Sonora se observa una clara tendencia a privatizar tanto la salud como la seguridad social, a partir de la concesión de los servicios como análisis clínicos, radiología e imagenología, diálisis, mantenimiento y aseo, camilleros y ambulancias,  y, desde luego, farmacia a agentes privados. Por otra parte, el derecho a una jubilación digna se viola silenciosamente al condicionar ilegalmente su disfrute a la firma de un nuevo convenio que modifica el actual contrato de prestación de servicios de seguridad social entre Isssteson y los organismos afiliados en perjuicio del trabajador, de lo cual pueden dar testimonio los trabajadores universitarios. Aquí tenemos como telón de fondo la misteriosa desaparición de entre 3 y 5 mil millones de pesos de los fondos bajo la responsabilidad de Isssteson, desfondo que se quiere resarcir con un grosero incremento a las cuotas por seguridad social que pagan los organismos afiliados. Mientras que la responsabilidad estatal disminuye la influencia del mercado crece.   

Pero ¿qué se debe hacer? ¿Cómo podemos revertir estos efectos negativos para la sociedad en su conjunto y, en particular, para la clase trabajadora? La respuesta más precisa es dar la lucha legal y política; emplear todos los recursos legales a nuestro alcance y desarrollar una campaña permanente de información, organización y movilización de los trabajadores. Aquí se plantea la imperiosa necesidad de actuar con la firme determinación de rescatar a la sociedad de la barbarie neoliberal y reconstruirla democráticamente.

En nuestro caso particular, la tarea urgente es hacer de las organizaciones sindicales un sólido frente de lucha que sea capaz de detener y revertir los avances privatizadores que se observan en lo local, y enlazar nuestros esfuerzos al gran frente nacional que se está construyendo en defensa del trabajo, la salud y la seguridad social. En lo inmediato, los universitarios debemos trabajar junto con otras organizaciones académicas de la entidad, y con los demás sindicatos y organizaciones sociales que coincidan con el objetivo general que planteamos: respeto y mejora de las garantías laborales y sociales de la clase trabajadora sonorense por parte del gobierno y del Isssteson.


El futuro de las nuevas generaciones de trabajadores dependerá de la firmeza de nuestra acción y de los avances que logremos, a fin de garantizarles cuando menos iguales condiciones de retiro. Podemos afirmar, sin lugar a dudas, que somos responsables de nuestro futuro, que lo estamos construyendo y que su calidad dependerá del esfuerzo que realicemos hoy.