El ente que amenaza

“El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política” (Simón Bolivar).

Seguramente usted se enteró de que los sindicatos universitarios (STAUS y STEUS) tomaron la calle y bloquearon la Rosales, a la altura del cruce con el Bulevar Luis Encinas. Fueron minutos de tensa espera mientras que los manifestantes denunciaban el cierre súbito del módulo del ISSSTESON que existe en el edificio de lo que fuera el DICTUS, frente a la Plaza Zubeldía.

Cabe recordar que recientemente los sindicatos agrupados en el Consejo Sindical y Social Permanente del Estado de Sonora marcharon hacia la sede el Instituto de seguridad social y al Congreso del Estado donde plantearon su protesta más enérgica por el desabasto de medicamentos y la lentitud de los trámites de pensión y jubilación, además del desfalco de más de seis mil millones de pesos que se esfumaron impunemente en la pasada administración, lo que motivó que se creara una comisión de diputados para que revisaran el caso del ISSSTESON y tomaran las decisiones que sean pertinentes.

Para los transeúntes de la Calle Rosales fue notoria y llamativa la manifestación de los dos sindicatos universitarios que portaban pancartas alusivas al acto, toda vez que se asoció el cierre del módulo ISSSTESON-UNISON a una especie de rabieta del gobierno para demostrar quién tiene el sartén por el mango en eso de la seguridad social. Más pronto que tarde se hicieron presentes sendos representantes del gobierno del Estado y del Instituto que, como cosa de sainete de carpa o de comedia de enredo, el del gobierno dijo que el cierre no era tal y que solamente se había hecho por razones de inventario, mientras que el funcionario del ISSSTESON, en su momento, declaró que sí había la intención de cerrarlo, que así estaba programado, para dar mayor eficiencia al uso de los centros de atención que tiene designados el Instituto, pero que la medida iba para atrás porque perjudicaría a los universitarios, ya que el centro de servicios que correspondería está a kilómetros de la UNISON. No sé cómo la verá usted, pero hay diferencia entre un “cierre por inventario” y otro por razón de “eficientar” recursos. El caso es que el módulo reabrió y el representante de ISSSTESON afirmó que seguiría en operación, así como el servicio de farmacia.

Lo que es un hecho es que el Instituto ha dado en amenazar con suspender servicios cada vez que se le frunce, que tanto puede amenazar al Ayuntamiento de Hermosillo como a la Universidad de Sonora, que insiste en forma obsesiva en pasar por alto el derecho de los trabajadores y sus familias a la seguridad social, que reduce los cuadros básicos de medicamentos y que no surte en tiempo y cantidad los medicamentos que debieran ser suficientes y bastantes en sus farmacias, que sus subrogaciones han sido a la par que un fracaso una forma de privatización de los servicios que, a estas alturas, ha demostrado su inutilidad y letalidad potencial para muchos derechohabientes que se quedan esperando el medicamento y agravan sus males o de plano mueren a consecuencia de sus padecimientos crónico-degenerativos.

Consideramos que la protesta sindical ha puesto en la atención del pueblo de Sonora la urgente necesidad de poner orden en el Instituto de Seguridad Social, de sanear sus finanzas, de recuperar los fondos robados, de poner en prisión a los defraudadores, de eliminar de la ley 38 el carácter absurdamente recaudatorio que hoy exhibe para que recupere su función social y redistributiva, de dar participación a los trabajadores en la toma de decisiones del Instituto, de abrir la Junta Directiva a nuevas voces sindicales que democraticen y le den transparencia, para que deje de ser simplemente un ente que amenaza y realmente sirva para los fines para los que fue creado, sin simulaciones, con honestidad y rigurosa transparencia y rendición de cuentas. Sonora lo exige y lo merece.

Las marchas

“No es saludable estar adaptado a una sociedad profundamente enferma” (Jiddu Krishnamurti).

Como usted sabrá, en Hermosillo y otras ciudades se convocó a una marcha por la vida, postulando que el respeto a la vida debe darse desde la concepción hasta el final. Seguramente el planteamiento es acogido por muchos que saben que la defensa de lo humano inicia por el elemento vital que lo crea y desarrolla, porque la vida es una etapa digna de contar con las mejores condiciones posibles en una sociedad consciente del valor del otro, del semejante que lucha y vive contribuyendo a la riqueza del grupo y a su sobrevivencia. La unidad, la solidaridad y el respeto mutuo son piezas esenciales en la integración civilizada de las sociedades. El respeto a la vida es en sí un valor que debe subsistir independientemente de nuestra ideología religiosa o convicción política y social.

Con esta idea en mente, estaremos de acuerdo en que la sociedad no sólo es la suma de individuos que persiguen sus fines particulares sino la interacción de seres sociales animados por valores defendibles por su trascendencia y garantes de la sobrevivencia y prosperidad del conjunto social. El respeto a las leyes y las costumbres, a la cultura y tradiciones de la comunidad son fundamentales para la cohesión e identidad que reconocemos como propia. Sin embargo, la dinámica generada por factores como el económico en su derivación política e ideológica llamada neoliberalismo que azota al país y al mundo desde hace poco más de tres décadas, alienta un individualismo obsceno centrado en objetivos alejados de lo social: es el individuo en pos de su propia satisfacción a costa de lo que sea, y eso supone subordinar el bienestar ajeno al propio, sustituyendo el “nosotros” por el “yo”.

En este contexto, resulta frecuente la discriminación de unos por otros, empeñados en una lucha constante por el interés personal convertido en necesidad de imperiosa satisfacción, así tenemos una sociedad que expulsa a sus miembros, sea por pobreza, por discapacidad, por su aspecto, por sus ideas políticas, sociales, culturales, o por su edad.

Tenemos multitudes de indigentes, de desempleados, de asalariados con el mínimo, de pobres crónicos y de desahuciados sociales que pululan por las calles de la ciudad sin más compañía que sus frustraciones y soledad. Muchos menores de edad son víctimas del abuso físico y psicológico, de ser convertidos en mercancía para los negocios sexuales; muchas familias no pueden integrarse por falta de recursos económicos en los que el padre vive aparte de la madre y sus hijos sin esperanza de otra cosa más que sufrir la distancia y el peso moral que surge del abandono involuntario y la falta de oportunidades.

Padecemos gobiernos autocomplacientes, comodones, que se empeñan en hacer del puesto público una ventana de oportunidades para negocios privados, para el saqueo del erario, para el desvío de recursos y el tráfico de influencias y cultivo de complicidades que garanticen la impunidad, así como camarillas apalancadas que pegan mordiscos a los recursos de la salud y seguridad social como es el caso de ISSSTESON, donde desaparecen varios miles de millones de pesos bajo el supuesto de que los trabajadores seguirán siendo los que paguen los platos rotos, por vía del aumento de cuotas y la reducción en los hechos de sus prestaciones.      

Son cada vez más los ciudadanos y sus familias que sufren de la violencia callejera y doméstica, del robo y el asesinato, ante la mirada ajena de las corporaciones policiacas que más parece que se dedican a la protección de delincuentes que a la defensa del orden y la preservación del estado de derecho; es más frecuente leer en la prensa cotidiana titulares como  “suman 25 homicidios en octubre en Cajeme”, “acribillan a uno en el Palo verde”, sin olvidar los asaltos, el vandalismo y la contaminación del espacio público.

En suma, las ciudades son cada vez más peligrosas y la vida del ciudadano vale cada vez menos, toda vez que sus derechos más elementales han desaparecido en los hechos o están en vías de hacerlo. Por otro lado, caemos en las garras de la moda, de la apariencia, de la compulsión del cambio por el cambio en sí, dejando de lado el progreso real, el desarrollo humano, la posibilidad de crecer como sociedad responsable de sus hijos. Será por eso por lo que la defensa de la vida se circunscribe a los que están por nacer y dejamos para otro momento a los que ya están aquí, luchando por sobrevivir, por ocupar de pleno derecho un lugar entre nosotros y que, sin embargo, son excluidos. Una sociedad que privilegia los negocios y las conveniencias personales antes que la solidaridad deja mucho que desear en materia de humanismo, no sólo de palabra sino demostrado en los hechos.  

¿Por qué no marchamos por los damnificados del Río Sonora, por los desempleados, por los trabajadores defraudados por el ISSSTESON, por las víctimas de la injusticia y prepotencia del poder, por los niños y mujeres explotados, por los indigentes y demás parias sociales que vemos en las calles y plazas como apestados? ¿Por qué nos resistimos a emprender una huelga general contra las transnacionales que explotan irresponsablemente nuestros recursos naturales, contra la política económica nacional, contra el saqueo y desviación de los recursos públicos, contra la privatización de la salud y la seguridad social, o exigiendo trabajo, salud, educación, vivienda, justicia y bienestar para todos? 

Por otra parte, ¿cómo oponerse a que una mujer vejada sexualmente tome medidas para evitar una maternidad que no desea? ¿Cómo acusar de asesina a una embarazada cuyo producto tenga graves malformaciones, o que el embarazo ponga en peligro su vida? Es difícil encontrar a alguien que crea sinceramente que el aborto es un capricho antes que una decisión dramática y moralmente traumática. En cualquier caso, es imprescindible no juzgar a la ligera y sin ponerse en el lugar del otro; es imperativo no dejarse atrapar por la facilidad de una condena inquisitorial y dejar fluir no sólo empatía sino el deseo de apoyar a quien la sufre.  

Es posible que nos falte desarrollar nuestras capacidades de comprensión del dolor ajeno, de hacernos cargo de la desprotección de muchos, del campo de batalla en que hemos convertido nuestras ciudades, de la peligrosidad del ambiente que ha formado nuestra propia persecución de la comodidad y autosatisfacción. En todo caso, ¡humanicémonos!

  

El tema de la impunidad

“Muchas veces se hace el bien para poder hacer impunemente el mal” (Francois de la Rochefoucauld).

Como usted habrá notado, la impunidad ahora no es problema sino “tema”. Todos los personajes públicos hablan o piensan hablar de ella, como si al pronunciar la palabra “impunidad” estuvieran declarando su adhesión a la justicia y al imperio de la ley y librándose de las sospechas y las consecuencias morales y estrictamente legales de leperadas cometidas o por cometer.

La impunidad es un feo baldón social en un contexto en el que todos hablan de la transparencia y la rendición de cuentas, de la honestidad y la probidad de los funcionarios públicos y los políticos con aspiraciones y, quizá por eso, hay que exorcizar los demonios de la curiosidad pública en asuntos que se puedan fraguar desde las cómodas y auspiciosas esferas del poder. Como se sabe, la corrupción es una especie de Sida moral que aqueja, atosiga y atrapa a quienes ocupan cargos y posibilidades de salir de pobres mediante el cada vez más empresarial ejercicio de las funciones públicas. Muchos entran al puesto con una mano atrás y otra adelante, pero en la medida en que aprenden a tocar las teclas apropiadas y conocen las claves y conexiones del poder empiezan a desarrollar no sólo relaciones problemáticas sino acciones de indudable ilegalidad. Muchas riquezas al vapor se han amasado gracias al voto de usted, de los descuidos intencionales de la autoridad competente y del arte de simular lo que no se es.

Recuerdo con signos de admiración la declaración de fe en la legalidad del entonces alcalde Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (“Maloro” para efectos mediáticos), referida a la “administración anterior” correspondiente al panista Alejandro López Caballero, a la sazón investigado por desviación de fondos públicos. “Nosotros no vamos a dejar nada, ninguna actuación ilegal que lo tenga que hacer el Ayuntamiento, eso (investigación de Alejandro López Caballero) lo está viendo la Contraloría y el Director Jurídico” (El Sol de Hermosillo, 13-02-2016); o la declaración de Natalia Rivera, Jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, referida a los expedientes “mal cerrados” del gobierno de Guillermo Padrés Elías, correspondientes al caso del ISSSTESON y del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte (Femot), donde “coincide” con el fiscal Odracir Espinoza: “Debe generarse alguna responsabilidad sobre el funcionario que haya cometido alguna ilegalidad, que entiendo es exactamente la misma opinión que tiene el fiscal y la comparto” (misma fuente).

Como se ve, los funcionarios, estrellas luminosas en el firmamento de las coyunturas, casualidades o veleidades políticas, se sienten obligados a pronunciar el mantra de lo políticamente correcto, sea porque tienen responsabilidad ejecutiva o porque se suman a quienes legalmente la tienen, aunque es justo aclarar que el simple pronunciamiento no obliga, previene ni mucho menos disuade de ninguna conducta delictiva al declarante, como queda claro a los hermosillenses que deben esperar sentados que se haga justicia en el caso del ISSSTESON o del exalcalde López Caballero, entre otros.

En nuestro medio tenemos la costumbre de criticar la deshonestidad y una vez cumplido el ejercicio de nuestras facultades de aparentar lo que no somos o creemos cerramos el expediente y nos vamos a otra cosa, independientemente de que sigamos con ojos absortos el devenir noticioso de la comunidad y nos regodeemos de las nuevas trapacerías de los personajes del pasado reciente o los que están de turno porque, como buenos ciudadanos, “los estamos vigilando”.

La impunidad y la corrupción son aspectos oscuros que volvemos visibles sólo en caso de tener necesidad de expiación de culpas a través de la flagelación ajena, de darse baños de honestidad gracias a la exhibición del otro, de ese cabrón canalla que robó, huyó o es visto por las calles gozando de su botín y de su bien ganada fama de pillo apalancado, protegido en los hechos por la generosidad de la autoridad en turno, la laxitud acomodaticia de los nuevos juzgadores, la muy calculada ineptitud del sistema de justicia y la magia que transforma el delito, la infracción o el crimen en un “tema”, dejando de ser lo que es: un problema legal y social de enormes consecuencias para todos.

Me pregunto ¿cuándo nos decidiremos a ser una sociedad que ponga sus deberes y obligaciones legales, políticas y sociales por encima de los compadrazgos, parentelas, complicidades y afinidades políticas? La respuesta no está en las palabras de ocasión sino en el compromiso y acciones de las autoridades competentes por cumplir y hacer cumplir la ley y procurar justicia. ¿Será mucho pedir?

Hablemos de seguridad

“La seguridad no ocurre sola, es el resultado del consenso colectivo y la inversión pública. Debemos a nuestros niños, el recurso más valioso de nuestra sociedad, una vida libre de violencia y miedo” (Nelson Mandela).

¿Hermosillo es una ciudad segura? ¿Lo son Guaymas o Ciudad Obregón, entre otras? ¿Qué ha pasado desde que usted yo podíamos transitar a media noche sin riesgo por las calles de la ciudad? Lo anterior a propósito de las balaceras, persecuciones, asaltos o levantones que se escenifican en cualquier lugar y hora ¿Somos territorio por conquistar o marcar para tal o cual grupo delictivo? ¿La Iniciativa Mérida que derrama sumas millonarias actúa en sentido inverso a lo declarado por el gobierno? ¿Nos parecemos a Colombia, pero sin la ostensible presencia de bases militares gringas, aunque contamos con sus agencias actuando en territorio nacional? ¿La DEA debe seguir manteniendo su presencia en México, al igual que otras agencias extranjeras o, como en el caso de Bolivia, ser conminada a abandonar el país por un gobierno que trabaja para hacer posible la recuperación de la soberanía nacional y el progreso de su pueblo? ¿Tiene un gobierno extranjero que meterse en asuntos de competencia exclusiva de los nacionales, a ciencia y paciencias de las autoridades que actúan como sus subordinadas?

Si piensa que estoy revolviendo patas con bofe le aclaro que no es así. Sucede que la policía municipal es el aterrizaje, o primer frente de batalla de políticas que trascienden al gobierno local y que tienen como origen la filosofía política y las medidas prácticas del gobierno nacional en turno. La prevención del crimen y la delincuencia parte de una concepción del espacio vital y de la responsabilidad que el gobierno asume de preservarlo. Usted recordará que Fox firmó el TLCAN Plus, que abarcaba asuntos de seguridad y que Calderón abrió lo que quedaba por abrir a la injerencia de los gringos al desatar una “guerra” contra el crimen organizado que dejó cientos de miles de cadáveres regados en el país y puso en primera plana la virulenta presencia de los capos de la droga y sus organizaciones, la cobertura territorial y la lucha por el espacio vital de sus negocios. Paralelamente, usted recordará que el trasiego de armas fluyó como un río caudaloso y hubo experimentos de una estupidez increíble de parte de los gringos que permitieron el ingreso de armas que finalmente se perdieron de vista y, ya fuera de “control” terminaron en los arsenales de los cárteles, al parecer los beneficiarios reales de la política de control de drogas acordada, por no decir impuesta a nuestro gobierno por los gringos.

En otras palabras, las calenturas del expansionismo militar gringo las hemos sudado nosotros, los vecinos de al lado, los que firman acuerdos y pactan cesiones de soberanía a cambio de una palmada en el hombro, un guiño de millones de dólares y la soterrada venta de protección que suelen ofrecer los terroristas internacionales y los mafiosos empoderados en el sistema financiero-militar que regentean en Washington.

Si usted se ha fijado, el marco legal y la configuración de la seguridad pública se ha reformateado al gusto de nuestros vecinos del norte, las leyes han cambiado y los sistema de procuración de justicia por consecuencia lógica también. Vea que cada vez nos parecemos tanto a las viejas series policiacas como a las actuales en el lenguaje, las prácticas y la histeria mediática; a las explicaciones, los hallazgos y las pifias de los teleculebrones de importación y a la sanguinolenta cotidianidad de una ciudad y un estado que falla por pérdida clara de autoridad y coherencia histórica y normativa. Tenemos una oleada de asesinatos, que recuerdan a un perro marcando territorio y gruñendo al oponente, y a autoridades de seguridad que buscan el refugio de la declaración en medios, de la carencia de recursos, de propósitos de “coordinación” con otras “agencias” y de fortalecer la presencia de afectivos militares en tareas de seguridad en el medio urbano y rural del municipio afectado.  

Me parece que es tiempo de revalorar nuestros verdaderos compromisos con la legalidad y la justicia, con la protección de los ciudadanos y la tranquilidad del municipio, lo que supone replantear la presencia de agencias extranjeras de cuya injerencia dan cuenta los acuerdos, pactos y memorándums ejecutivos que funcionan por gravedad, es decir, de arriba hacia abajo, del gobierno federal a los estatales y municipales, considerando que México es también en esa materia el traspatio y campo de juegos y experimentos sociales del oligofrénico que despacha en la Casa Blanca, se entiende que la de Washington.

No es posible ignorar que detrás de una medida política está un interés económico, de suerte que el tema de la seguridad pública no está tan lejano del de la seguridad nacional y esto nos lleva por fuerza a revisar críticamente el sistema económico y las medidas de política que de él se derivan. ¿Podemos ignorar qué tenemos una población asalariada que sufre el alza de los precios en bienes y servicios y que ve mermado su derecho a la seguridad social, a quien se regatea el acceso a la salud y que padece el saqueo de sus ahorros mediante las afores y el robo descarado de los fondos pensionarios? Si al terrorismo económico le agregamos la inseguridad lo que tenemos es un coctel explosivo que en cualquier rato estalla.

El nuevo gobierno debe rectificar la ruta, corregir el rumbo, enfrentar los intereses y grupos de siempre y atreverse a hacer la diferencia. Es claro que no es fácil, que se tendrán que librar batallas internas y externas, habida cuenta la realidad de tener un vecino vicioso, hipócrita, traicionero, perverso y fuertemente armado y una clase política acostumbrada a las componendas, complicidades y corruptelas. Quizá se planteen cambios pensando en el largo plazo, pero es un paso que se debe dar en la ruta de la recuperación de la república, hoy traicionada, vendida, saqueada y reducida a su expresión más patética: ser una especie de protectorado gringo, una colonia de experimentación social y de explotación económica. Ya basta.