En alas del progreso

 “Las personas no son ridículas sino cuando quieren parecer o ser lo que no son” (Giacomo Leopardi).

 

Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional cualquier ley u ordenamiento que penalice con cárcel a quien de manera voluntaria se practique un aborto.

El magistrado presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, declaró con tono solemne que “A partir de ahora no se podrá, sin violar el criterio de la Corte y la Constitución, procesar a mujer alguna que aborte, en los supuestos que ha considerado válidos este tribunal constitucional. A partir de ahora se inicia una nueva ruta de libertad, claridad, dignidad y respeto a todas las personas gestantes, pero sobre todo a las mujeres” (La Jornada, 08.09.21).

Todo bien y en estricto apego a los derechos formalizados en las leyes, ya que una violación o una malformación del producto que ponga en peligro la vida e integridad de la mujer no puede ser penalizado sin cometer un acto de grosera crueldad y violación de un derecho humano esencial, considerando, desde luego, que hay reglas y límites de acuerdo con el conocimiento médico de la salud reproductiva.

La medida es clara y seguramente irá en beneficio de las mujeres en el trance de tomar esta decisión ahora sin trabas legales, de acuerdo con el criterio de la SCJN, y resulta aventurado pensar que alguna se espere a que se cumplan las 12 semanas de gestación para empezar a pensar en promover el procedimiento, considerando el desarrollo del producto y el riesgo que supone para la propia mujer.

Lo que no parece estar del todo claro es eso de “a todas las personas gestantes, pero sobre todo a las mujeres”. Veamos, ¿usted conoce alguna persona gestante que (apariencia aparte) anatómica y fisiológicamente no sea mujer?

Se entiende que ahora con la ideología de género una cosa es el sexo y otra el género como constructo social y político, pero un embarazo se da por razones estrictamente naturales relacionadas con los órganos reproductivos, independientemente de la identidad que la persona imagine o quiera que sea la propia.

Ningún hombre puede embarazarse y parir, por más que una ley pueda dotarlo de una identidad “de género” distinta, porque finalmente su realidad está determinada por su anatomía y fisiología, no por lo que desee o imagine, o algún tribunal decida.

Estaremos de acuerdo en que la identificación de mente y cuerpo no siempre van por el mismo camino, pero hay que llamar las cosas por su nombre, independientemente de modas, tendencias o imposiciones culturales. A la hora de embarazarse el sexo se revela tal cual es, donde siempre hay una parte masculina y otra femenina, independientemente que la ley permita la modificación del acta de nacimiento y ahora el matrimonio homosexual.

Considero que el progreso o el cambio verdadero no está en la sola aceptación de una ley como sustituto de la realidad para establecer la identidad de las personas y sus derechos, (lo que no quita que el respeto a la diferencia y la consideración deba ser la regla de oro de nuestro trato con los demás) sino en la aceptación de la realidad y los mecanismos que hacen posible su mejor comprensión y aprovechamiento.  

Pero estamos en una sociedad histérica, frágil y sumamente influenciable, una especie de cascarón vacío de contenido y que se puede llenar con cualquier cosa. Pongo por caso el pánico al contagio con el coronavirus de Covid-19.

Todo mundo acepta cualquier medio para evitar la enfermedad sin reflexionar sobre su verdadera utilidad y oportunidad. El miedo y la imaginación hace que se tomen ciertas medidas preventivas inútiles, como los tapetes “sanitizantes” y las aspersiones en lugares públicos, siendo que el contagio es por vía respiratoria y que para que sea posible es necesario el contacto cercano.

Se toma la vacunación como una obligación y una exigencia para el ingreso a determinados establecimientos, se presiona a la gente para que se vacune, y ahora se promueven amparos para que los menores reciban el pinchazo.

Parece que el calendario de vacunaciones establecido por las autoridades sanitarias y el conocimiento clínico en que se apoya pueden menos que el apresuramiento de algunos padres de familia deseosos de inmunizar a sus vástagos. Promueven amparos y exigen su acatamiento.

¿Usted cree que una autoridad jurisdiccional puede y tiene más capacidad para juzgar la necesidad y pertinencia de las vacunas que las autoridades de salud? ¿La política de prevención de los contagios se decide en los tribunales o en la Secretaría de Salud?

Aquí llama la atención la conducta oportunista de algunos abogados que hacen su agosto encaminando la paranoia de las familias a un gasto que no es propiamente urgente, sin considerar que los recursos de salud están sujetos a los procedimientos que la propia autoridad sanitaria establece.

La irresponsabilidad desborda la cloaca de una sociedad mazapán, o de cristal si prefiere, donde la verdad tal cual resulta ofensiva, escandalosa, condenable y un impedimento al “libre desarrollo de la personalidad”. Los cascarones montados en la histeria debieran entender que sólo la verdad es transformadora, pero así estamos.

200 años de independencia

 “El pasado está escrito en la memoria y el futuro presente en el deseo” (Carlos Fuentes).

 

Ya ve usted cómo pasa el tiempo, tan rápido, tan sorpresivamente. Pues ya tenemos 200 años desde el fin de la guerra de independencia, que se refrenda en 1824 con la promulgación de la primera constitución federal.

Si, como dice el tango, 20 años no es nada, 200 son un nada incrementado, una extensión de las aspiraciones que se congelaron en el tiempo. Nos independizamos de España pero en el trayecto del siglo XIX al XXI reorientamos la dependencia a otra hegemonía, la del capital extranjero, incluido el español (Iberdrola, BBVA Bancomer, Santander, entre otras), que nos convierte en una nueva colonia de explotación.

La inversión extranjera directa privada tiene una estrella en el paseo de la fama neoliberal y ahora se entiende como algo que garantiza la viabilidad nacional, como si en México no hubiera grandes capitales que, incluso, figuran como generadores de empleos en otras naciones, pero parece que la función de nuestra iniciativa privada es la de servir a intereses ajenos, regatear impuestos y evadirlos en la primera oportunidad.

Resulta fácil imaginar qué tanta iniciativa pudiera haber tenido el sector privado sin el Fobaproa y si no se le hubiera dado a precio de remate Teléfonos de México, Televisa, Canal 13, los bancos y la cauda de empresas estatales que fueron privatizadas con el fin de “modernizarnos”, donde destacan obviamente las concesiones mineras, Pemex y CFE, por vía de las reformas a las leyes que abrieron las puertas al capital extranjero para tener todo o parte de los sectores estratégicos nacionales.

Aquí resulta imposible no traer a colación al sistema Conasupo, la red de mercados en favor de las clases populares, empresas como Diesel Nacional o Síntex, empresa mexicana líder mundial en la síntesis orgánica de hormonas esteriodales, entre otras que fueron liquidadas por la ola privatizadora.

Desde la segunda mitad de los años 70 y, sobre todo, a partir de los años 80 se desacreditan los supuestos del modelo de sustitución de importaciones y se liquida la salida económica soberana del país, en un extraño acatamiento a los impulsos de Estados Unidos y socios en favor del gran capital como beneficiario de la llamada globalización. Las políticas promovidas por presidente Ronald Reagan marcan la línea económica del mundo.

La renuncia al espacio de decisiones nacionales acaba con un mundo pluriparticular y da paso a la unipolaridad, al achaparramiento de las culturas, valores y tradiciones en aras de la uniformidad y la subordinación a un centro hegemónico que lo mismo financia al terrorismo y la delincuencia que anuncia iniciativas para combatirlos.

Ahora, las modas sociales, el lenguaje y las actitudes, incluso las leyes, están determinadas por las tendencias dominantes y lo que se decide en otras partes del mundo, particularmente las originadas en Estados Unidos y Europa Occidental.

Así pues, no tenemos conflictos armados que llaman al heroísmo patriótico, no se habla de nacionalismo ni de identidad cultural que hay que defender de las acechanzas del enemigo extranjero que ataca nuestras fronteras, ahora se habla de pactos y tratados comérciales y migratorios, de oportunidades de inversión, de alianzas estratégicas, de “megarregiones”, entre otras trampas semánticas que apenas cubren la verdadera cara de la dominación del capital por mecanismos que incluyen la transculturación, el menosprecio a la propia identidad nacional, a sus valores, costumbres y tradiciones.

Por más increíble que parezca, nos acostumbramos a ver como un logro el aumento en el ingreso nacional por concepto de remesas, siendo que las remesas son los envíos que hacen los trabajadores expulsados de su país por razones de pobreza y falta de oportunidades en sus lugares de origen. ¿Es un triunfo económico la pobreza?

Nos volvemos cínicos cuando en el discurso político figuran las prioridades que impone la agenda extranjera, y ajustamos nuestras leyes para dar satisfacción a lo que está de moda y es políticamente correcto más allá de nuestras fronteras.

A 200 años de la independencia formal del país, la transculturación celebra su avance y oportunidades de uniformar el criterio nacional al muy anodino pensamiento extranjero, con su pesada carga de trivialidad, su ausencia de autocrítica y su oportunismo enano.

Si celebramos la independencia de México, quizá lo hagamos en nombre y memoria de la posibilidad aún no llevada a cabo, de la esperanza del cambio auténtico, propio y verdadero, pero mientras no se recupere el espacio económico nacional y la soberanía política plena, habrá que conformarse con el folclor y la pirotecnia.

La situación es compleja aunque hay ciertos avances prometedores tras la larga y negra noche del neoliberalismo explícito; sin embargo, recordemos que si un país libre y soberano no protege sus valores familiares, su patrimonio material y cultural y deja que otros decidan el rumbo, deja de ser soberano.

Por lo que somos y lo que vendrá, ¡viva México!

 

Pensionados a la deriva

 “Mientras la pobreza, la injusticia y la desigualdad social persistan en nuestro mundo, ninguno de nosotros realmente puede descansar” (Nelson Mandela).

 

Los jubilados y pensionados del Isssteson son los más afectados por el problema no resuelto de la mala administración y el saqueo de recursos que ha sufrido el Instituto que, por ley, debiera encargarse de los servicios de salud y seguridad social de los trabajadores del Estado y organismos afiliados.

Las pensiones debieron ser pagadas el lunes 6 y el martes 7, sin embargo todavía el viernes 10 una buena parte de ellas no habían sido cubiertas, dejando a los trabajadores retirados y sus familias en total indefensión.

Sin embargo, el gobierno de Claudia Artemisa Pavlovich Arellano de Torres se prepara a irse tan campante, con viento fresco y con el discurso del deber cumplido, frente a una deuda pública que ha crecido desmesuradamente.

Sexenio mediático dedicado a proporcionar generosas cantidades de atole con el dedo, de fotos graciosas donde se inauguran tramos de calles pavimentadas, entrega de obras municipales y otras menudencias que debieran ser acreditadas a las gestiones de los alcaldes o al gobierno federal.

Sentimos que se gobernó de los labios para afuera, como si por el simple hecho de ser mujer las cosas iban a ser distintas, como si el PRI pudiera romper la cadena de despropósitos y agandalle del PAN, su cogobernante.

Bueno, pues a la hora de redactar este comentario no se había depositado la pensión mensual completa de la nómina de los pensionados.

Algunas organizaciones por su cuenta o por convocatoria del Movimiento 30 de Julio, se hicieron presentes para esperar el arribo del presidente López Obrador en los espacios cercanos al nuevo Hospital General, esgrimiendo pancartas y buenas razones que fundamentan su protesta.

El reclamo ciudadano es por definición justo, y debe atenderse con prontitud: pago puntual de las pensiones, atención médica oportuna y abasto de medicamentos, equipos y materiales de curación en clínicas y hospitales.

Queda claro que el desabasto de medicamentos es producto de una mala administración de los recursos, del avance de las subrogaciones y la absurda dependencia de proveedores con una agenda centrada en el lucro y no en la atención de la salud.

Los negocios e intereses privados han tomado de rehén a la seguridad pública, se han servido del erario, inflando precios y generando escasez selectiva cuando les conviene, con la consecuente derrama de estímulos y compensaciones a sus cómplices en la administración pública.

La experiencia del Isssteson y su ruta hacia el fracaso debe mover a la reflexión, a la toma de decisiones donde el objetivo central no puede ser otro sino el rescate por parte del Estado de la seguridad pública y los derechos de los pensionados y jubilados reconocido nacional e internacionalmente.

La receta más simple y efectiva debe ser la total transparencia del origen y la asignación de los recursos, la austeridad y la priorización del gasto, el total compromiso con los derechohabientes más vulnerables que son los trabajadores retirados y sus familias, el garantizar el cumplimiento del compromiso y la responsabilidad del gobierno para con ellos, ya que su vida laboral estuvo dedicada al servicio del Estado y las instituciones afiliadas.

En consecuencia, se debe refrendar y hacer visible la obligación del gobierno de responder solidaria y subsidiariamente ante cualquier problema o quebranto financiero que sufra el Isssteson, tal como lo señala la Ley orgánica del Instituto.

Hoy los trabajadores activos y los jubilados marchan y protestan contra la irresponsabilidad de las autoridades, dedicadas a poner parches donde se requieren medidas de mayor calado en el rescate de la seguridad social de Sonora.

Esperemos que el nuevo gobierno cumpla su compromiso de campaña y, en efecto, “meta las manos a fondo en el caso del Isssteson” y garantice el cumplimiento de la ley y actúe honrando los deberes y valores sociales y políticos que emanan de la filosofía de la 4T.

Los trabajadores jubilados y pensionados viven de su pensión. Merecen y reclaman respeto y consideración, porque el recibo de la luz, del agua y demás no se pagan solos.

Se espera una respuesta que en realidad lo sea, porque los hechos pueden más que las palabras.

Los aires de septiembre

 

“Cuando despertó, el dinosaurio seguía allí” (Augusto Monterroso).

Como se sabe, ya tomaron posesión de sus curules los nuevos diputados, integrantes de la LXIII Legislatura estatal. Fue muy temprano, como queriendo evitar las inclemencias de la exposición solar porque, según se sabe, la luz puede afectar a las pieles sensibles.

Dura prueba para quienes acostumbran a vivir sin los rigores de una agenda, o sin la monserga de tener que estar a tiempo y sujetos al público escrutinio. Bueno, pues ahora son personas públicas, se subieron a un ladrillo que los hace algo visibles al ojo ciudadano.

Algunos seguramente entienden el papel del legislador, y por ello serán cautos en las propuestas y la aprobación de las leyes, cuidando la utilidad y la pertinencia de las normas; otros van de paseo, como turistas legislativos gracias a la beca que les concedió su partido, a esa oportunidad dorada de figurar y hacer historia sin casi despeinarse, sin más trabajo que repetir frases de cliché y bordar en los lugares comunes, o en el tema de tendencia que se pinta de progresista; otros están con el ánimo de pagar facturas, de operar consignas, de hacer activismo donde se debe hacer política.

Es probable que algunos hayan aprovechado algún cursillo referido a la función legislativa y reparen en el hecho de que las leyes deben estar al servicio del pueblo, para el mejoramiento de la sociedad y no para su sometimiento. Sin embargo, algunos pueden confundir esto con las agendas personales o de grupo.

En este mes de la Patria, se inaugura un nuevo gobierno, con una pesada herencia de corrupción, de manoseo del erario, de deuda que creció indebidamente, de rezagos en materia de seguridad pública, de asistencia y justicia social, de infraestructura, de empleo y distribución del ingreso.

Se puede suponer que el nuevo gobierno, más que tratar de reinventar el hilo negro, se dedicará a analizar el estado de cosas estatal y corregir lo urgente y necesario, bajo los principios de la austeridad, la transparencia y el combate a la corrupción sin excepciones.

Aquí es inevitable pensar en los sueldos de los altos funcionarios del gobierno y de los mismos diputados y burocracia que engorda en el Congreso, y sin duda resulta imperativo eliminar los candados puestos por el gobierno saliente respecto a las facultades del Congreso, echando para atrás la absurda “reforma constitucional” de Claudia Pavlovich para inhibir el trabajo legislativo.

Asimismo, se deberán analizar con cuidado los bienes y concesiones del Estado, el monto y valor de los recursos naturales, empezando con los mineros, el agua y la cuestión inmobiliaria dentro del ámbito de competencia de la entidad federativa y con la coordinación de la autoridad federal correspondiente.

Por otra parte, es de elemental justicia que se garantice el buen funcionamiento del Isssteson, que depende tanto de su correcta administración como de la oportunidad y honestidad con que se le entreguen los recursos que le corresponden por concepto de cuotas y aportaciones por parte de los organismos afiliados y sus derechohabientes.

Es urgente revisar la figura de las subrogaciones y evitar la dependencia externa del Isssteson para el cumplimiento de sus funciones, habida cuenta que un organismo público que cumple una función social esencial no debe ni tiene porqué privatizarse. Aquí llama la atención la existencia de los Seguros de Gastos Médicos Mayores, el gran negocio de las aseguradoras, siendo que el Isssteson debiera estar para atender integralmente la salud de sus derechohabientes.

En ese sentido, resulta absurdo plantear la posible creación de una “afore”, siendo que la realidad nacional e internacional demuestra que sólo sirven para el enriquecimiento de bancos y otras corporaciones con fines de lucro. La seguridad social es un derecho reconocido mundialmente y una obligación ineludible del Estado, por lo que las leyes deben estar en esa sintonía.

Cabe recordar que la reforma de 2005 a la Ley 38 orgánica del Isssteson, impulsada por el gobierno de Eduardo Bours, tuvo un fuerte carácter recaudatorio porque elevó las cuotas y aportaciones y la edad de retiro, con lo que es mayor el tiempo de cotización sin que operara un cambio en favor de la atención a los derechohabientes.

Por el contrario, se abrió la puerta al manejo privado y la subrogación de los servicios, donde se incluye la farmacia y otros de carácter operativo. La falta de control, la opacidad y las complicidades hicieron posible que el quebranto financiero de más de seis mil millones de pesos haya ocurrido y permanezca hasta la fecha impune.

Para concluir, es claro que la opacidad, el tortuguismo y la falta de honestidad en el manejo de los recursos son parte de una herencia que debe atacarse con firme determinación, por la salud de los trabajadores y sus familias.

En este contexto, el Estado debe mantener el carácter solidario y distributivo de la seguridad social y responder a las necesidades de los trabajadores y sus familias, sin caer en la estrechez del criterio actuarial ni las recetas del período neoliberal.

Si ya se subieron al ladrillo de la función pública, los diputados y el Ejecutivo deben actuar bajo los supuestos políticos que los llevaron al gobierno, sin mareos por la altura, sin pedantería y siempre escuchando al pueblo, porque sólo a él deben servir y representar con puntualidad y honestidad republicana. Ni más ni menos.