Notas Sueltas es un espacio de opinión sobre diversos problemas de carácter social, económico y político de interés general. Los comentarios pueden enviarse a: jdarredondo@gmail.com

sábado, 30 de noviembre de 2019

Ciudad en peligro



“Curiosamente los votantes no se sienten responsables de los fracasos del gobierno que han votado” (Alberto Moravia).

Hermosillo se ha visto como una ciudad rebasada por los elementos. El clima y las circunstancias han descubierto una seria vulnerabilidad que la muestra como una ciudad peligrosa para quienes en ella habitan. Se tiene una amplia periferia que presenta los problemas de una ruralidad desatendida, así como un centro urbano que ha crecido en forma tal que sus administradores sudan la gota gorda al enfrentar problemas de seguridad pública, de indigencia que pulula por plazas y calles, de deterioro de la infraestructura vial, de agua potable, drenaje y alcantarillado, de organización del espacio urbano con equilibrio entre la superficie construida y las áreas verdes, por mencionar algunos.

La reacción inmediata es buscar culpables en el aquí y ahora de las reivindicaciones instantáneas que cualquier oposición política con sentido de la oportunidad y los efectos mediáticos se lanza a aprovechar: “no queremos historia, queremos soluciones, ya”, “¿cuándo va a empezar a gobernar?”, “ya basta de culpar a pasadas administraciones, queremos soluciones”, “si no puede, que renuncie”, entre otras muestras de que la ocasión la pintan calva.

El agua que ha bañado copiosamente la ciudad y sus alrededores ha hecho flotar una realidad dolorosa: Hermosillo no cuenta con la infraestructura apropiada para enfrentar una lluvia como la reciente.

Caminar por las calles de la capital estatal ahora se revela como una actividad peligrosa y potencialmente fatal, ya que la delincuencia ha repuntado agarrada de la mano de la falta de oportunidades y empleos justamente remunerados y con seguridad social, además del evidente deterioro de la infraestructura urbana.

Usted sabe que en mero centro explotó un transformador subterráneo perjudicando a tres jóvenes donde dos resultaron gravemente heridos y acaba de reportarse otro caso similar pero bajo un distribuidor vial, aparentemente sin personas afectadas.

Al suceso anterior se agrega la zona minada en la que se han convertido calles y avenidas, dificultando la comunicación y afectando el comercio, la industria y los servicios, además de las actividades de miles de ciudadanos que necesitan llegar a tiempo al trabajo o al estudio. Ahora la palabra “socavón” se asocia a la tragedia que, en cualquier momento puede cobrar vidas y, literalmente, echar un futuro al caño.

Nuestra vida cotidiana tiembla y queda en estado de indefensión ante una lluvia que en otros lugares es ocasión de regocijo y buenas noticias. El agua es vida, pero sin la acción de la ingeniería urbana puede significar muerte.

A la conmoción que causan las muertes o vidas afectadas por sucesos como lo del socavón de la colonia Sonacer, se añade el hecho de, en ese mes de octubre se reportó que en la ciudad existen otros 26 socavones más, cuya reparación supondría un costo de 100 millones de pesos. Tenemos 26 o más posibilidades de accidentes graves o fatales.

Usted podrá decir “es cosa de que la alcaldesa se deje de rollos y se ponga a trabajar”, “ya basta de mamadas, queremos soluciones, ya”, entre otras muestras de acres y severos reconcomios.

De entrada le diré que estoy de acuerdo, que el trabajo por la comunidad es lo que cualquier ciudadano espera de las autoridades, pero agregaría lo siguiente: el municipio es una comunidad de ciudadanos; es la convivencia de familias en un espacio común del cual se hacen responsables.

La vida municipal está caracterizada por la vecindad y la convivencia mediada por un orden legal que protege e integra a sus habitantes. La autoridad vigila el cumplimiento de las normas, administra los recursos y promueve iniciativas para la solución de problemas y el bienestar de la comunidad.

De acuerdo con esto, todos somos responsables del acontecer municipal, porque estamos en un medio en el que la palabra solidaridad debe tener sentido. Lo anterior no significa recibir sin responsabilidad ni dar sin reciprocidad. Somos corresponsables de lo bueno y lo malo que nos ocurra en comunidad, cada cual en la esfera de sus competencias y de acuerdo con sus posibilidades.

Por ejemplo: si al gobierno le corresponde la recolección de basura, al ciudadano le corresponde reunir y clasificar los desechos, dando facilidades para su recolección por parte del ayuntamiento. Asimismo, no arrojar basura en la calle y guardar el respeto y la corrección debida en los espacios públicos. ¿Lo hacemos? ¿Pagamos puntualmente los impuestos y derechos municipales? ¿Nos preocupamos por la seguridad de los vecinos, y respetamos su espacio y tranquilidad? ¿Cuidamos de los jóvenes, sean familiares o no?

Me parece que un gobierno municipal eficiente es aquel que cuenta con una ciudadanía responsable que cumple con sus obligaciones y es exigente de sus derechos. Si damos, recibimos. Si pagamos impuestos, debemos recibir y, exigir en su caso, el beneficio de los servicios a los que el gobierno está obligado legalmente a proporcionar. Quid pro quo.

El reciente accidente sufrido por tres jóvenes estudiantes en el centro de la ciudad nos alerta de posibles eventos de la misma naturaleza y nos sentimos molestos, indignados y cívicamente conmovidos por lo ocurrido. Pero la solución de éste u otros problemas no corresponde solamente a la CFE o al ayuntamiento. Debemos ser una ciudadanía activa, vigilante y denunciante de los problemas reales o posibles y así responsable de la parte que nos corresponde en el destino de nuestra casa común, la ciudad de Hermosillo.
  

           

lunes, 25 de noviembre de 2019

La Cláusula 141 y el ISSSTESON




I

Es muy importante que los académicos universitarios tengan claro que los servicios médicos y otros relacionados con la seguridad social no son un regalo sino un derecho consagrado en el Contrato Colectivo de Trabajo suscrito entre el STAUS y la representación legal universitaria.

El acceso a la seguridad social es un derecho reconocido internacionalmente y nuestro país es suscriptor de acuerdos que lo obligan a garantizarlo, revistiendo las modalidades que al interés nacional convengan. Así, por ejemplo, tenemos al Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), además de otros donde se incluyen los organismos estatales que proporcionan servicios de salud, pensiones y jubilaciones, entre otros, cubriendo un importante papel en la distribución del ingreso.

En cuanto a los trabajadores del gobierno del Estado, municipios y otros organismos afiliados, como es el caso e la Universidad de Sonora, se cuenta con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON).

Como trabajadores académicos universitarios nuestra fuente de derecho es el Contrato Colectivo de Trabajo, y en lo que corresponde a la salud y la seguridad social, es de particular importancia la Cláusula 141, referida al servicio médico y prestaciones previstas en la Ley 38 del ISSSTESON y otorgadas de acuerdo con el convenio de prestación de servicios suscrito entre el Instituto y la Universidad de Sonora.

En esta cláusula se establece que “todos los trabajadores académicos tendrán derecho a recibir todas las prestaciones que otorga la Ley del ISSSTESON, sin limitaciones y disminuciones motivadas por la categoría, nivel o duración de la relación laboral. Estas prestaciones deberán ser extensivas a los descendientes directos y cónyuge del trabajador.”

En caso de que la atención médica no sea proporcionada por el ISSSTESON, “la Universidad se obliga a reembolsar los gastos por honorarios médicos que los trabajadores realicen en la atención de sus descendientes”.

Cabe aclarar que la relación de los trabajadores en términos de derechos y obligaciones derivados del trabajo es con la Universidad, como fuente de trabajo y del ejercicio de los derechos sociales de los trabajadores activos y jubilados. Por tal razón “la Universidad se compromete a gestionar ante el ISSSTESON igual trato para los trabajadores académicos con respecto al resto de sus afiliados en lo que concerniente a la totalidad de las prestaciones sociales otorgadas por esa institución.”

Asimismo, “cuando exista conflicto entre el trabajador y el ISSSTESON en relación a su aseguramiento en el Instituto derivado de la existencia de un problema de salud del empleado, la Universidad le proporcionará el servicio médico a través del Hospital General del Estado, en tanto la diferencia es dirimida”.

Así pues, tenemos una entidad pública responsable de proporcionar los servicios correspondientes a la salud y la seguridad social, una institución autónoma que se obliga por contrato a gestionar y proveer lo que corresponda al cumplimiento de dichas prestaciones y una organización gremial cuya obligación es la defensa de los derechos laborales y sociales de los trabajadores académicos afiliados, así como su cabal cumplimiento.

Para los trabajadores universitarios la relación ISSSTESON, UNISON y STAUS está normada por la Ley 38, el Convenio de prestación de servicios UNISON-ISSSTESON y el Contrato Colectivo de Trabajo, donde cada instancia gestiona, promueve y resuelve en los términos de sus respectivas competencias y la naturaleza de sus relaciones con las otras partes.


En ese sentido, es importante subrayar el papel del sindicato en la mejora de los servicios y prestaciones sociales a que nos da derecho el Contrato Colectivo y que por convenio está obligada la UNISON a proveerlos a través del Instituto. De ahí la trascendencia del párrafo final de la citada cláusula: “Cuando se proponga un cambio en el Convenio que tiene la Universidad de Sonora con el ISSSTESON, referente a la Prestación de Servicios Sociales para sus trabajadores, la Institución acordará con el STAUS los términos en los que se firmará el nuevo Convenio”.

Como se ve, la firma de un nuevo convenio no sería posible sin el acuerdo del sindicato, quien debe sopesar en todo momento los cambios que se propongan desde la óptica del beneficio colectivo y la mejora de la cobertura y las condiciones en las que se proporcionan los servicios de salud y las prestaciones sociales.


II

El compromiso sindical con una mejor cobertura y calidad en los servicios de salud y seguridad social es tan importante como la defensa de los derechos laborales consagrados en el Contrato Colectivo de Trabajo, porque uno y otro definen la calidad de vida de los trabajadores. Lo anterior no es solamente una parte sustancial del quehacer sindical sino el elemento nodal de su legitimidad.

Así pues, cumplir solamente con los actos formales propios de las revisiones salariales y contractuales sin ir más allá de lo burocráticamente posible supone la negación de las causas y las razones por las cuales existe el sindicalismo universitario.

En realidad, no existe el sindicalismo universitario sin una buena dosis de reflexión y análisis del acontecer social y político del entorno en donde se encuentra la Universidad. Su carencia revela el agotamiento de la organización que se manifiesta, usualmente, en una ausencia de crítica y autocrítica. En este orden de ideas, un asunto importante relativo a la prestación de los servicios de salud, en particular cuando el trabajador enfermo requiere de atención especializada médico-quirúrgica, es el de echar mano de servicios privados que se pagan por el propio trabajador y la Institución universitaria. Nos referimos al Seguro de Gastos Médicos Mayores, asunto que no se ha puesto en la mesa de la discusión colectiva.

Aparentemente, la falta de capacidad de respuesta del ISSSTESON puso a los universitarios en la disyuntiva de pagar servicios privados a un costo que se incrementa año con año, o arriesgarse a poner en manos del Instituto la salud propia o de familiares dependientes. Con ellos nos pusimos en la sintonía de la creciente ola privatizadora auspiciada por los gobiernos neoliberales que azotaron la nación durante los últimos 30 años.

Se optó por pagar servicios médicos privados sin reparar en el hecho de que el ISSSTESON tiene la obligación de aportar por ley lo necesario para la salud y la seguridad social de los trabajadores afiliados. Estando así las cosas, pagamos cuotas y aportaciones al ISSSTESON y además pagamos la prima (creciente) del Seguro de Gastos Médicos Mayores (SGMM).

Considerando que la actual política en materia de ahorro del gobierno federal suprime el gasto en los SGMM, y remite a funcionarios y empleados de cualquier nivel a la salud pública, consideramos que, en congruencia, debiera formar parte de nuestras demandas la supresión del SGMM a cambio de una mejora sustancial en la prestación de los servicios de salud pública a cargo del ISSSTESON. En la actualidad se reclama, entre otras cosas, el abasto de medicamentos; pero los pagos de más que se hacen en el rubro de salud quedan en el tintero.

Es claro que la acción sindical debe elevar su nivel de exigencia ante las autoridades universitarias por ser el rector, en tanto representante legal de la Universidad, el patrón y suscriptor del convenio con ISSSTESON, a fin de que se de respuesta a dos asuntos fundamentales: abasto de medicamentos y atención médica oportuna y de calidad en todos los niveles. Para eso pagamos las cuotas. Y como dijo el poeta: “se hace camino al andar”.

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domingo, 24 de noviembre de 2019

No todo es cuestión de dinero


                       

"El mundo actual capitalista tiene como referente el dinero, de todo hace mercancía. Vivimos en un momento de transformación y la ciencia es la punta de lanza" (José Luis Sampedro).

El alarido principal entre los clamores de una sociedad tundida por el crimen organizado, la voracidad de los funcionarios enloquecidos con el puesto, las lamentaciones de un pueblo acostumbrado a rumiar viejas y nuevas carencias y frustraciones, es el dinero. Si hablamos de progreso y bienestar, de inmediato aparece en la mente colectiva la imagen de un signo de pesos; si se trata de salud y seguridad social, se oyen en el acto sonidos metálicos que insinúan una avalancha de monedas, acompañada, desde luego, por el suave crujir de los billetes de banco. El grito unificado de marchas y manifestaciones es ¡dinero!

Nos hemos convertido en una sociedad donde los únicos signos de valor reconocibles son los emitidos por el Banco de México y organismos similares en el nivel internacional. Las divisas y otros medios de cambio portan el valor de nuestras sociedades y concentran la atención de países y continentes: sí, el dinero no es la vida, pero cómo la facilita.

No hay conversación informal o en la austera e imponente majestad de los recintos de gobierno donde el asunto de los recursos no sea el tópico obligado, la preocupación central, el desencadenante non de las gastritis, colitis o úlceras duodenales; o calvicies precoces, tics nerviosos o ataques de histeria en el pueblo llano o las altas esferas del gobierno y la administración.

Ya ve usted que en la jerga popular se recogen expresiones como “con dinero baila el perro”, “cuánto tienes, cuánto vales”, “dinero mata carita”, entre otras reveladoras de la atención que le concedemos al asunto, y buena parte de nuestra cotidianidad se centra en la búsqueda de satisfactores de sin el dinero contante y sonante o el crédito serían difíciles de conseguir.

Los gobiernos han coincidido en que el problema central es la producción de dinero, a través del aparato productivo y una sabia manera de despanzurrar al competidor cercano o lejano, por lo que de la empresa libre se pasó al grupo de empresas unidas bajo la misma dirección o asociadas comercialmente, lo que implicó la necesidad de controlar el espacio que llamaron olímpicamente “mercado”.

Las luchas por el mercado reconfiguraron el mapa mundial y la geografía económica regional, dejando un saldo de vencedores y vencidos que a su vez se reconfiguraron en sucesivas alianzas y definiciones: bloques comerciales, acuerdos o tratados de comercio, asociaciones y alianzas para el progreso o la defensa de los espacios económicos que pronto evolucionaron a la defensa de los derechos humanos y las libertades ciudadanas.

Economía y política resultaron ser dos caras de la misma moneda, y el punto discretamente oculto en el discurso fue la matriz ideológica y política de los postulantes en el concierto internacional.

Al parecer, los modelos centrados en la producción han recibido no sólo atención sino reverencia por parte de los gobiernos occidentales, capitaneados en su momento por Inglaterra y después por los Estados Unidos, su vástago más exitoso. Los gringos nos han persuadido de que la economía puede tranquilamente convertirse en norma moral, pauta de conducta y credo religioso, ya que en esta lógica es fácil encontrar que la economía alimenta los argumentos de la política y las justificantes de la guerra; es decir, economía y violencia son partes esenciales de un modelo exitoso donde lo de menos son los intereses ajenos, la historia local y regional, la cultura, la justicia, los valores morales y la ética ciudadana.

Así pues, tenemos un mundo donde el fin justifica los medios, que pueden ser desestabilizar un gobierno democráticamente electo, organizar y financiar grupos terroristas o delincuentes que trafican con drogas.

El dinero es causa y efecto de luchas nacionales y mundiales, polo de atracción de las organizaciones que abanderan causas aparentemente humanitarias, de campañas o guerras “contra el narcotráfico”, de espionaje internacional, de pactos legales y extralegales con organizaciones de todo tipo, de calificar o descalificar gobiernos y de intervenir o desconocer la soberanía de naciones en la mira de los negocios y futuras inversiones. Un modelo centrado en la producción se vuelve extractivista y depredador, por lo que el interés de los demás es irrelevante y subordinado al propio.

En otro sentido, si se cambiara la preocupación de conseguir dinero por la distribución de este, habida cuenta que al aparato productivo mundial da para eso y más, tendríamos una sociedad donde la pobreza podría ser erradicada y, seguramente, no tendría mucho caso la solución militar a los conflictos económicos disfrazados de políticos.

Una buena idea sería la de ligar programáticamente los mecanismos y los resultados de la producción a los de la distribución y la redistribución del ingreso nacional, con lo que se tendría un modelo distributivo que permitiría no sólo el crecimiento sino el desarrollo de las sociedades. En todo caso, el eje central sería la distribución del ingreso en la población, bajo el criterio de la inclusión y la equidad.

Lo anterior supondría la obligación de promover y proteger el empleo y el ingreso de los trabajadores, la educación pública gratuita y de calidad, y la garantía de la salud y la seguridad social como responsabilidad del Estado.

Si se produce para acumular alguien resulta ganador y muchos perjudicados, pero si se produce para distribuir es posible que la sociedad cambie positivamente y que los conceptos de democracia, solidaridad y progreso tengan sentido. En este caso, es apropiado postular que para tener una sociedad justa e incluyente, primero los pobres.


domingo, 10 de noviembre de 2019

¿Masacres a la carta?



La no intervención, la autodeterminación como expresión de la libre voluntad de los pueblos, excluye beligerancias inconsistentes y reñidas con el total respeto que mantenemos a la soberanía de las naciones” (Arturo Umberto Illia).

Resulta muy fuera de lugar hacer como que aquí no pasa nada, pensar que los índices de criminalidad son meramente cuestiones de “percepción”, que es exagerado decir que se libra una guerra política entre fuerzas internas y externas que se suma a las territoriales que libran los vendedores de muerte en forma de drogas, prostitución, secuestros, asaltos violentos y demás que se convierten en tema obligado en la sobremesa familiar, en el café o la cantina.

Hay indicios que permiten plantear la hipótesis de que México es un campo de batalla donde no sólo se libra la guerra de los delincuentes por el territorio sino que también ocurre por debilitar la soberanía nacional y el dominio de la nación sobre sus recursos naturales y estratégicos. Existen temores fundados de que el Estado Mexicano está bajo el reflector y la operación de una masa de intereses que representa y defiende nuestro vecino del norte, según han señalado reconocidos analistas nacionales.

... Y ofrecen ayuda a México.
Son de llamar la atención las reacciones de la prensa gringa a propósito de los recientes sucesos de Culiacán y el asesinato de miembros de la familia mormona LeBaron, en las proximidades de la frontera de Sonora con Chihuahua. Se habla de que si México no es capaz de controlar su territorio EEUU no debe descartar la opción de intervenir, según el reciente editorial publicado en The Wall Street Journal, que refuerza el clamor de una prensa identificada con el golpismo y las medidas de fuerza del ala radical de los republicanos.

Si bien es cierto que un asesinato masivo es indignante e inadmisible, cabe recordar que por contradicción a la estupefacción y el horror que expresan nuestros vecinos del norte por hechos ocurridos fuera de su territorio, los gringos han escrito páginas sangrientas de violencia económica, política y racial, entre otras manifestaciones de irracionalidad y total falta de escrúpulos, no sólo contra pueblos extranjeros (Cuba, Irak, Afganistán, Libia, Siria, Venezuela, entre otros) sino contra sus propios ciudadanos (matanzas como la de Oklahoma City en 1995, Columbine en 1999, Richmond en 2006, Virginia Tech en 2007, Hogar de ancianos en Carthage y Binghampton en 2009, Aurora en 2012, Washington Navy Yard en 2013, Isla Vista en 2014, San Bernardino en 2015, Dayton en 2019 entre muchos otros).

Ahora resulta que los hechos ocurridos en México mueven sus conciencias pacifistas como para impulsarlos a “intervenir” en asuntos que corresponden a otra soberanía. Parece que el “horror” que se vive con normalidad en los Estados Unidos les resulta inadmisible fuera de sus fronteras, más si están de por medio los negocios del narco y la venta de armamentos. Trump, desde luego, se regodea y refuerza su terquedad en la edificación del muro fronterizo contra las “amenazas” que sufre su país, un Estado icónico en materia de promoción, financiamiento, organización y adiestramiento de grupos terroristas y golpistas. ¿Lo que pasa en “America” se queda en sus fronteras?

Estamos rodeados de curiosas coincidencias, ya que al clamor gringo se suman los críticos de cabecera del nuevo régimen que organizan marchas y trabajan diligentemente en las redes sociales ridiculizando y criticando ferozmente cada acción u omisión de las autoridades federales.

Como usted sabe, ahora tenemos organismos civiles que reclaman al gobierno actual por la inseguridad que por décadas fue fomentada y protegida por los gobiernos del PRI y el PAN, en “coordinación” o simple complicidad con agencias como la DEA y la CIA; y vemos promotores de marchas y publicaciones que sugieren un despliegue de oposiciones nopaleras contra todo lo que huela a cambios en la repartición de cuotas de poder e impunidad, pasando por las exenciones de impuestos y las condonaciones de deudas fiscales, emisión de facturas falsas así como tolerancia y abrigo a fortunas inmobiliarias o concesiones de dudosa o nula legalidad, tanto en el medio urbano como en el rural, solapadas por miembros distinguidos del Poder Judicial que se resisten a perder sus prerrogativas e ingresos inmorales.

Con todo respeto a las víctimas y familias afectadas por los lamentables hechos de sangre, es posible suponer que aquí no existen coincidencias, y que las tareas de sembrar el terror y crear las condiciones para una intervención extranjera solamente beneficiarán a los mismos invasores y a los nacionales apátridas que resultaron agraciados durante el largo período de los gobiernos del Prian que, como se sabe, dejaron un saldo impresionante de muertos tanto como de exfuncionarios millonarios y socios o empleados de empresas transnacionales.

Quienes afirman que el actual gobierno es fallido, seguramente sufren de amnesia selectiva al echar bajo la alfombra a Aguas Blancas, Tlatlaya, Ayotzinapa y otros que se cubrieron con el argumento de haber recibido el “ataque de un grupo armado” o la posible relación con el crimen organizado o el “combate al narcotráfico”. Se tiene una herencia sangrienta que no podemos ignorar y, por tanto, los retos son extraordinarios.

Tras la firma del famoso TLC-Plus pactado por Fox y Bush Jr. en Dallas y la “guerra contra el narco” de Calderón, las puertas de la seguridad nacional se abrieron descaradamente a las agencias gringas y, curiosamente, el crimen organizado repuntó su actividad a la par que las acciones mediáticas de los gobiernos prianistas. México se convirtió en una enorme fosa común para regocijo de los fabricantes y vendedores de armas de allende el Bravo. Parece ser que cada tragedia humana propicia un avance del intervencionismo gringo, así como la actitud servil de ciertas autoridades fronterizas nacionales que, por obra de la vecindad, se ponen en el papel de empleados del expansionismo gringo.

Es importante insistir en que las batallas que corresponden a México sean libradas por las autoridades mexicanas y un pueblo consciente que apoya al nuevo gobierno. La experiencia histórica de América Latina y el Caribe sugieren prudencia y una visión nacionalista en el abordaje y la solución de los problemas.