Conspiración en Pémex

Notas Sueltas es un espacio de opinión sobre diversos problemas de carácter social, económico y político de interés general. Los comentarios pueden enviarse a: dalmx@yahoo.com

sábado, 26 de enero de 2013

El debido proceso

• Florence Cassez
• La tenencia en Sonora
• La elección de rector en la UNISON

La expresión que titula estas líneas está de moda gracias a la liberación de la francesa Florence Cassez, presunta secuestradora que sirvió de actriz involuntaria a la PGR bajo el mando de Genaro García Luna, ingeniero mecánico con pujos de director cinematográfico que puso al servicio de Televisa sus pretensiones histriónicas. Cuando el caso se revisó de nuevo ahora “sin presiones”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió concederle el amparo “liso y llano” en vez de “para efectos”, con lo que se da carpetazo a la justicia en aras de guardar las apariencias de respeto a la ley al momento de dejar de reponer el procedimiento para deslindar responsabilidades y castigar a los culpables, resarciendo del daño a las víctimas.

Queda claro que la pesadilla que se vive en los escenarios judiciales de Estados Unidos pintados de mil colores en las series de televisión ahora tiene un aterrizaje tercermundista en México, porque los juzgadores se apegan a las formas dejando de lado el contenido: la justicia es secundaria mientras se observen los procedimientos. La forma es fondo y la legalidad no tiene que ver con el afán de encontrar la verdad, ahora sujeta al juego de poderes y conveniencias bajunas que suelen ser los grades motores de las decisiones políticas nacionales, refugiados ahora en los tecnicismos legales esgrimidos por la SCJN.

Las evidencias en contra de la francesa quedaron en el basurero de los juzgados y las víctimas y testigos del cargo de secuestro y asociación delictiva pasaron a formar parte del anecdotario de un gobierno que finge legalidad y legitimidad, aunque simplemente hace su trabajo en eso de cumplir los designios del capital y atraer inversiones extranjeras, tal como su antecesor panista también neoliberal e igualmente pringado de ilegitimidad y usurpación. Ayer se hacían montajes para impresionar a los gringos y ganar credibilidad ciudadana, hoy se allanar los caminos de la impunidad y el tráfico de influencias con dedicatoria a un gobierno extranjero que gusta de hacer inversiones en condiciones ventajosas tanto como bombardear e invadir países pequeños y miserables de la periferia.

El gobierno de México así como le da carpetazo a la justicia, puede hacer que cambie sus estatutos el partido del presidente, con lo que se demuestra que el afán formalizador subordina a los escrúpulos de congruencia y legitimidad. Ahora el PRI declara estar por aplicar IVA a alimentos y medicinas y abrir PEMEX a la inversión privada. Es claro que las trasnacionales francesas podrán respirar tranquilas ante el doble beneficio de tratar con un país gobernado por la complacencia lacayuna a los intereses del capital extranjero y con la flexibilidad debida para adecuar su marco normativo al gusto del cliente, sea el gobierno o la iniciativa privada de Francia u otros interesados empresariales, como pudiera suponerse el trasfondo en el caso de la francesa secuestradora Cassez y las promesas de apertura y garantía de inversiones en sectores estratégicos. Aquí, en el colmo del absurdo, se le declaró libre, pero no inocente.

Pero no sólo hay botaderos legales que acaban en anécdotas de sobremesa en el plano internacional, a juzgar por el despiporre fiscal que padece Sonora al gravar no sólo tenencias vehiculares sino de burros y caballos, así como alzas en los precios de las actas de nacimiento, matrimoniales o de defunción, entre otros servicios a la comunidad que el gobierno debe proporcionar pero que ahora lo hace con criterios de empresa privada, cacahuatera y gandalla, como es el origen y la mentalidad de quienes ocupan los puestos importantes en la administración de Padrés Elías. Parece que el mal ejemplo de acomodar la función pública a los límites de la ignorancia y voracidad de sus actores, cunde y se generaliza abarcando todos los niveles de las relaciones sociales sonorense.

Al absurdo de pretender aumentar los impuestos costa de afectar a las familias sonorenses de manera injustificada y grosera, ha respondido la comunidad mediante manifestaciones de protesta y propuestas alternativas para captar recursos, que pasan por un verdadero plan de austeridad exento de simulaciones mediáticas, aunque no se debe excluir la pertinencia de buscar el amparo contra el paquete fiscal 2013, así como medidas que transparenten el presupuesta estatal, actualmente enfermo de opacidad y discrecionalidad.

Otro caso de indigestión burocrática lo tenemos en la Universidad de Sonora, donde se ha lanzado la convocatoria para el registro de candidatos a rector, a pesar de contar con una ley que niega e inhibe la libre manifestación de las ideas y la equidad en los procedimientos sucesorios de las autoridades. El marco normativo de la Universidad la define como una entidad antidemocrática y altamente corruptible por su verticalidad y su evidente exclusión en la toma de decisiones de órganos colegiados paritarios. Aquí es la administración la que predomina sobre la comunidad académica y, por consecuencia, es la cabeza de la administración la que decide y controla los procedimientos “electorales”, por lo que el anuncio de que el rector actual procedió a registrar su candidatura sólo debe ser interpretado como una reelección declarada desde la cúpula administrativa.

Lo curioso del caso es que cualquier candidatura donde participe algún miembro de la actual administración está por necesidad preñada de ilegitimidad por tener el marco normativo que se tiene, ya que sería “más de lo mismo”. Solamente tendría sentido y credibilidad una elección donde participaran todos los miembros de la comunidad mediante el voto universal y secreto, sea por departamentos, divisiones o unidades regionales, pero bajo el supuesto de que cada voto vale lo mismo y todos los votos cuentan para decidir quién habrá de ocupar el cargo de rector. Esto es posible siempre y cuando haya un acuerdo interno que, sin cambiar la ley, haga posible la libre participación de los interesados, tal como ocurrió durante las últimas elecciones celebradas bajo la anterior ley orgánica. Lo cierto es que en la actualidad universitaria se puede afirmar que la administración es un lugar donde las aguas de la institucionalidad que procura y defiende del progreso académico y humano son aguas estancadas, pútridas y fétidas. Urge el cambio en la institución, por el bien de Sonora, y justamente en ese sentido es que se han manifestado recientemente en forma pacífica y respetuosa, frente a las escalinatas del edificio principal, un grupo de universitarios que demandan democracia y transparencia en la elección de rector. Nada más justo.

miércoles, 9 de enero de 2013

Tirar la piedra y esconder la mano

A pesar de que es pública y notoria la responsabilidad del gobierno en la parálisis legislativa que azotó Sonora el año próximo pasado, gracias al berrinche del poder Ejecutivo motivado por la resistencia de algunas fracciones parlamentarias en el seno del Congreso del Estado a aprobar nuevos impuestos y alzas en los ya existentes, ahora resulta que la decisión corresponde únicamente a los señores diputados. El año pasado prácticamente se secuestró al congreso por parte del gobierno y la fracción panista, al boicotear las sesiones e impedir que se tratara el tema del presupuesto estatal.


La apuesta panista fue dejar pasar el tiempo y las elecciones para que al contar con mayoría legislativa, el PRI y otras fracciones opositoras no significaran un estorbo al cumplimiento de los deseos del gobernador, de aprobar con maquillaje el recientemente eliminado impuesto federal de la tenencia vehicular. El en ese entonces Secretario de Hacienda estatal, López Caballero, fue claro al señalar que la oposición le podía hacer como quisiera, que el gobierno estaba por esperar las elecciones, según han referido algunos diputados en su momento opositores; mientras tanto, el panismo desató una anticipada, costosa y abrumadora campaña electoral que incluyó comilonas populares, amplio despliegue en cruceros, transporte público y medios de comunicación, donde corrieron “cheques, billetes y pesos” en favor de sus candidatos.

A pesar de ser público y notorio el afán electoral con fines aviesos, donde hubo de todo lo imaginable en cuanto a recursos, coacción incluida, ahora la hipocresía panista nos regala la perla de señalar que es el congreso el que decide sobre los impuestos, en lo que a todas luces se trata de una verdadera acción concertada con premeditación, alevosía y ventaja contra los intereses populares. Como sabemos, el panismo se salió con la suya electoralmente en Sonora, estado reaccionario por antonomasia, y ahora el gobierno del estado insiste en su vieja pretensión de cargar sobre los lomos de la población su ineptitud administrativa y su falta de oficio económico.

Las medidas recientemente tomadas y abaladas incondicionalmente por la fracción panista en el congreso dan cuenta de lo importante que es para ellos el cumplir los caprichos del gobierno, sin buscar alternativas viables y simplemente contentándose con las manidas explicaciones del secretario de economía estatal, verdadero monumento a la ignorancia y, para ser directo, un verdadero peligro para Sonora.

Urge el debate parlamentario, público, abierto a todas las opiniones, urgen estudios serios e informados que protejan la economía familiar y permitan superar la actual situación. En estos momentos el opinante menos autorizado es el gobierno del estado debido a su parcialidad en materia de impuestos, demostrada desde el año pasado. Lamentablemente optó por la vía fácil, por la aparentemente más accesible, sin pensar en las consecuencias que tendría el alza de impuestos en la precaria economía familiar.

Tan torpe y ciego es, que aún ahora insiste en que nada de lo aprobado afectará a los sonorenses, como si el incremento en los costos de los bienes y servicios no fuera parte de nuestra carga cotidiana y no agravara el alto costo de los bienes de consumo popular.

Es claro que no tiene el gobernador, ni el secretario de economía, la más ligera idea de lo que es la economía pública en su dimensión local y regional; resulta evidente que los miles de pesos que regalan por concepto de asesorías, proyectos y demás, son un gasto inútil que sólo favorece a camarillas de mercenarios sin conocimientos ni escrúpulos. Se ha convertido en negocio privado lo que debe ser función sustantiva del gobierno, lo que demuestra que la economía de mercado acaba por destruir la credibilidad del gobierno cuando se convierte en modelo de pensamiento y acción pública.

¿A quién se le puede ocurrir decir que la economía estatal se desacelera porque no aumentan los impuestos? Solamente a un imbécil babeante que no conoce el poder de la inversión productiva en la generación de empleo permanente e ingreso digno que reporte impuestos al estado. ¿Cuántos establecimientos comerciales o industriales gozan de exenciones fiscales y cuántos pagan lo que debieran por concepto de sus ingresos? ¿Cuántos patrones generan empleos permanentes y decentes, y están al corriente en sus cuotas a la seguridad social? ¿Cuántos usuarios de los servicios públicos cumplen puntualmente con sus obligaciones fiscales? ¿Cuántas empresas vigilan y controlan el uso eficiente del agua en sus instalaciones y desarrollan programas de ahorro? ¿Cuántos negocios se generan localmente y cuántos de ellos están regularizados desde el punto de vista de sus obligaciones con los empleados y con el estado? ¿Cuántos proyectos productivos se presentan y apoyan cada año y cuáles son sus resultados? ¿Cuál es la cantidad y la calidad del empleo generado por año? ¿Qué hace la secretaría de economía además de gastar dinero en promociones empresariales, sin derrama local de recursos ni apoyo real a actividades productivas?, entre otras interrogantes.

En Sonora, urge un gobierno que no sólo sea experto en promesas sino que cumpla. Que hable menos y que haga más. Que no gaste cantidades millonarias en anunciarnos en los medios de comunicación las maravillas del desempeño económico del estado, contrarias a lo que parece ser la cruda realidad. Por lo pronto, los ojos están puestos en el congreso del estado. ¿Servirá para algo, o es parte de la broma pesada neoliberal que padecemos?

martes, 8 de enero de 2013

Año nuevo, ¿vida nueva?


Supongo que la adquisición  de un nuevo calendario de pared proporciona la sensación de renovación, cambio o arreglo en nuestros asuntos, aunque en la medida en que van desprendiéndose las hojas cobramos conciencia de que los planes o propósitos se alejan al ritmo en que se nos aproximamos a las fechas planteadas para su complimiento. Programamos para reprogramar casi de inmediato y una nueva fecha nos impone la renovada carga de esperanzas y buenos propósitos, para al poco tiempo volver a empezar. Se hace necesario pararse a pensar en lo que estamos haciendo, y el tan traído y llevado “alto en el camino” parece que puede cortar una cadena de errores si miramos con ojos desapasionados nuestra propia posibilidad de cumplimiento, reflexionamos sobre las alternativas y nos quedamos, no con la más fácil, sino con la que tenga menos defectos, es decir, con la que sea más responsable.

Si usted y yo pasamos por ese filtro nuestras decisiones, parece que el gobierno se maneja en otra realidad, donde la opinión ciudadana es irrelevante o se da por descontada su aceptación y aplauso a las medidas que las autoridades se sirvan tomar, como parece ser el caso de los aumentos a los impuestos estatales en Sonora.

Da la impresión de que el gobierno elaboró un presupuesto de ingresos desde una perspectiva egoísta, ya que no tocó en términos reales el excesivo ingreso de los funcionarios, los gastos superfluos y los ingresos extraordinarios que seguramente tiene por concepto de renta petrolera por ser un estado no productor de hidrocarburos, según algunos han señalado. Cabe señalar también el abrumador gasto en publicidad oficial que hace felices a los diarios pero miserable al erario. Baste señalar las planas que se publican a diario sobre los logros posibles del gobierno en materias de su responsabilidad: habitación, urbanización, empleo y seguridad, entre otros.

Tenemos un gobierno que se auto-promueve, que se echa porras y presume que piensa resolver los problemas de la comunidad a fuerza de planas publicitarias donde, paradójicamente, en algunas se anuncia la austeridad en el gasto. Suena a burla, cuchufleta, broma estudiantil, tomadura de pelo y pitorreo contra el sentido común y la necesidad del ciudadano de ver realidades y no payasadas en el desempeño de los cargos públicos.

Como usted sabe, el domingo 6 iniciaron las acciones contra el alza en los impuestos. La capital del estado pasó una tarde de bocinazos al colmar las vialidades previamente señaladas por los organizadores miles de vehículos en señal de protesta contra o que es a todas luces un abuso y una agresión contra la economía de las familias sonorenses. Los ciudadanos en los diferentes rumbos de la entidad se organizan y algunos señalan que la huelga general es posible. El horno sonorense no está para bollos fiscales, por más que el gobierno de Padrés insista en desplegar propaganda a favor de la impopular medida.

Las medidas que se cocinan en el nivel federal no necesariamente son tendientes a fortalecer la economía de las entidades y municipios, ya que el hecho de depender de las participaciones y aportaciones federales en un altísimo porcentaje de sus ingresos los convierte en simples oficinas de trámite y nulifica su capacidad de gestión y toma de decisiones en el aspecto económico. No hay tal soberanía estatal ni autonomía municipal, sino vulgar dependencia de un ente central que distribuye los recursos que previamente concentra.

El problema de la centralización fiscal tiene solución, siempre y cuando se empiece por devolver las facultades económico-coactivas a las entidades y reconocer la capacidad de éstas de decidir su rumbo económico. En todo caso, el apoyo de los fondos federales debiera ser para cubrir eventualidades y tener un efecto contra-cíclico y no como ahora ocurre, que la absurda dependencia centralista ata de manos a los gobiernos y los obliga a rascarse con sus uñas mediante el alza de impuestos que, por otra parte, no tienen justificación por cuanto que no consideran la verdadera situación de los causantes. Entonces, ¿dónde van los recursos captados mediante los impuestos ya establecidos, si no a la bolsa federal que se distribuye con criterios en los cuales nada tiene que ver la opinión ni el bienestar de las entidades?

Peor asunto es cuando el gobierno local dilapida recursos, fomenta negocios privados a la sombra del poder público e incumple su deber constitucional, y pretende cargar los costos de su ineptitud y voracidad a los ciudadanos, de por sí agotados por los peligros sociales de una legislación laboral absurda, la carencia de oportunidades reales de empleo y el alza constante en gasolinas, alimentos y servicios. La economía está en ruinas y se pretende extraer sangre de ciudadanos anémicos, económicamente hablando. 

En Sonora se pretende exprimir el limón ciudadano hasta la cáscara, lo cual no fácilmente lo van a permitir las familias, a juzgar por los movimientos ciudadanos que surgen en todos los rumbos de la geografía estatal. La moneda está en el aire.