A pesar de que es pública y notoria la responsabilidad del gobierno en la parálisis legislativa que azotó Sonora el año próximo pasado, gracias al berrinche del poder Ejecutivo motivado por la resistencia de algunas fracciones parlamentarias en el seno del Congreso del Estado a aprobar nuevos impuestos y alzas en los ya existentes, ahora resulta que la decisión corresponde únicamente a los señores diputados. El año pasado prácticamente se secuestró al congreso por parte del gobierno y la fracción panista, al boicotear las sesiones e impedir que se tratara el tema del presupuesto estatal.
La apuesta panista fue dejar pasar el tiempo y las elecciones para que al contar con mayoría legislativa, el PRI y otras fracciones opositoras no significaran un estorbo al cumplimiento de los deseos del gobernador, de aprobar con maquillaje el recientemente eliminado impuesto federal de la tenencia vehicular. El en ese entonces Secretario de Hacienda estatal, López Caballero, fue claro al señalar que la oposición le podía hacer como quisiera, que el gobierno estaba por esperar las elecciones, según han referido algunos diputados en su momento opositores; mientras tanto, el panismo desató una anticipada, costosa y abrumadora campaña electoral que incluyó comilonas populares, amplio despliegue en cruceros, transporte público y medios de comunicación, donde corrieron “cheques, billetes y pesos” en favor de sus candidatos.
A pesar de ser público y notorio el afán electoral con fines aviesos, donde hubo de todo lo imaginable en cuanto a recursos, coacción incluida, ahora la hipocresía panista nos regala la perla de señalar que es el congreso el que decide sobre los impuestos, en lo que a todas luces se trata de una verdadera acción concertada con premeditación, alevosía y ventaja contra los intereses populares. Como sabemos, el panismo se salió con la suya electoralmente en Sonora, estado reaccionario por antonomasia, y ahora el gobierno del estado insiste en su vieja pretensión de cargar sobre los lomos de la población su ineptitud administrativa y su falta de oficio económico.
Las medidas recientemente tomadas y abaladas incondicionalmente por la fracción panista en el congreso dan cuenta de lo importante que es para ellos el cumplir los caprichos del gobierno, sin buscar alternativas viables y simplemente contentándose con las manidas explicaciones del secretario de economía estatal, verdadero monumento a la ignorancia y, para ser directo, un verdadero peligro para Sonora.
Urge el debate parlamentario, público, abierto a todas las opiniones, urgen estudios serios e informados que protejan la economía familiar y permitan superar la actual situación. En estos momentos el opinante menos autorizado es el gobierno del estado debido a su parcialidad en materia de impuestos, demostrada desde el año pasado. Lamentablemente optó por la vía fácil, por la aparentemente más accesible, sin pensar en las consecuencias que tendría el alza de impuestos en la precaria economía familiar.
Tan torpe y ciego es, que aún ahora insiste en que nada de lo aprobado afectará a los sonorenses, como si el incremento en los costos de los bienes y servicios no fuera parte de nuestra carga cotidiana y no agravara el alto costo de los bienes de consumo popular.
Es claro que no tiene el gobernador, ni el secretario de economía, la más ligera idea de lo que es la economía pública en su dimensión local y regional; resulta evidente que los miles de pesos que regalan por concepto de asesorías, proyectos y demás, son un gasto inútil que sólo favorece a camarillas de mercenarios sin conocimientos ni escrúpulos. Se ha convertido en negocio privado lo que debe ser función sustantiva del gobierno, lo que demuestra que la economía de mercado acaba por destruir la credibilidad del gobierno cuando se convierte en modelo de pensamiento y acción pública.
¿A quién se le puede ocurrir decir que la economía estatal se desacelera porque no aumentan los impuestos? Solamente a un imbécil babeante que no conoce el poder de la inversión productiva en la generación de empleo permanente e ingreso digno que reporte impuestos al estado. ¿Cuántos establecimientos comerciales o industriales gozan de exenciones fiscales y cuántos pagan lo que debieran por concepto de sus ingresos? ¿Cuántos patrones generan empleos permanentes y decentes, y están al corriente en sus cuotas a la seguridad social? ¿Cuántos usuarios de los servicios públicos cumplen puntualmente con sus obligaciones fiscales? ¿Cuántas empresas vigilan y controlan el uso eficiente del agua en sus instalaciones y desarrollan programas de ahorro? ¿Cuántos negocios se generan localmente y cuántos de ellos están regularizados desde el punto de vista de sus obligaciones con los empleados y con el estado? ¿Cuántos proyectos productivos se presentan y apoyan cada año y cuáles son sus resultados? ¿Cuál es la cantidad y la calidad del empleo generado por año? ¿Qué hace la secretaría de economía además de gastar dinero en promociones empresariales, sin derrama local de recursos ni apoyo real a actividades productivas?, entre otras interrogantes.
En Sonora, urge un gobierno que no sólo sea experto en promesas sino que cumpla. Que hable menos y que haga más. Que no gaste cantidades millonarias en anunciarnos en los medios de comunicación las maravillas del desempeño económico del estado, contrarias a lo que parece ser la cruda realidad. Por lo pronto, los ojos están puestos en el congreso del estado. ¿Servirá para algo, o es parte de la broma pesada neoliberal que padecemos?
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