Conspiración en Pémex

Notas Sueltas es un espacio de opinión sobre diversos problemas de carácter social, económico y político de interés general. Los comentarios pueden enviarse a: dalmx@yahoo.com

miércoles, 29 de marzo de 2017

País de sombras

                                                          “Nadie puede llevar una máscara siempre” (Séneca).

La militarización del país pasa por ser preocupación por la “seguridad interior”, campo que se puede interpretar como la posibilidad de parecernos a una sociedad militarizada, dictatorial, represiva y carcelaria, pero con la sana intención de acabar o por lo menos disminuir la criminalidad. La ironía es clara y así atemorizante: los militares les truenan los dedos a los legisladores en una exigencia insólita, pues legalizar la intervención de las fuerzas armadas en los asuntos que corresponden al orden civil es un despropósito cuando no una desmesura. Huele a golpe de Estado donde quien promueve parece ser el Ejecutivo con la complicidad del Legislativo, y una especie de cerco de bayonetas cerca del trasero de los representantes que gozan de sueldos y prebendas inimaginables en un país azotado por la carestía de la vida y la infamia de impuestos y tarifas que tienen la virtud de despanzurrar cualquier presupuesto familiar.

Por lo que se ve, el supremo gobierno está más dispuesto a legislar por la mano dura y la represión que por el bienestar ciudadano, quizá porque en el corto plazo resulta ser más barato abatir opositores y nulificar disidencias que crear empleos y administrar con justicia y honestidad el erario. Cuestión de tiempos y prioridades, de enfoques e ideas de país que chocan en los distintos espacios de interlocución que quedan, si tomamos en cuenta que México es un país donde las ideas se entierran en fosas comunes y los escarmientos se dan en las calles, lugares públicos y domicilios particulares, en forma de amenazas, atentados y asesinatos de periodistas, luchadores sociales urbanos y rurales, dirigentes indígenas y sindicales, entre otros objetivos de pacificación y control cuando fallan los estímulos económicos y las presiones psicológicas.

La inseguridad que reina en las calles y barrios de México no puede ser solamente gratuita, casual u ocasional, pues sugiere una cierta intencionalidad de inducir a la sociedad a aceptar medidas que coartan libertades y derechos ciudadanos. Una granada que estalla en una festividad cívica, una balacera que tiene como caja de resonancia mediática un bar, una discoteca, una boda, incluso un funeral, no pueden ser obra de la mala fortuna, la mala leche de un loco, el desahogo de un imbécil, o la broma macabra de un sociópata resentido. El terror es un instrumento político, un arma de manipulación social que ablanda resistencias, nubla el buen juicio y estimula los impulsos más primitivos de la sociedad.

La pobreza arrastra una cauda de enriquecimientos “inexplicables”, corruptelas grandes y medianas, tráfico de influencias, abuso de autoridad, complicidades varias y la certidumbre de que la impunidad se encargará de enterrar los restos de culpabilidades y reincidencias. El ser pobre en un país como el nuestro, es actuar como testigo mudo de los excesos y abusos de un sector minoritario de la población sobre una mayoría hundida en la apatía y el conformismo, en la minusvalía que el propio sistema se encarga de imbuir en los posibles opositores, en los jóvenes y en los niños que revientan sus valores y aceptan la eventual posición de distribuidor de drogas al menudeo, ratero de barrio, asaltante de colonia, roba carros, o cualquiera de las especialidades delictivas de mediano pelaje en las que puede caer la amplia población de desempleados, subempleados o trabajadores precarios que produce cada año el sistema. En nuestro estado la seguridad se convierte en un bien escaso y donde la justicia se ofrece como un logro antes que una obligación pública, susceptible de ser moneda de cambio para la oferta privada de vigilancia y control de riesgos, así como para el fortalecimiento de relaciones con los gringos, siempre especialistas en la generación, administración y control de la violencia y su utilización geopolítica.

No es difícil imaginar que la violencia e inseguridad crónicas obran en beneficio de la imposición de un esquema de control político de disidencias y oposiciones, y que sirve para que los proveedores especializados en materia de tecnología de vigilancia y registro de actividades en áreas públicas o privadas hagan negocios sin sentir escrúpulos morales, persuadidos de que sus productos hacen que la vida citadina sea menos mala de lo que pudiera ser, así como un factor de enriquecimiento por concepto de incentivos y comisiones a funcionarios públicos complacientes.

Si la violencia, la inseguridad y los negocios del ramo prosperan, entonces debemos suponer que el sistema permite que los problemas no se resuelvan y, al contrario, se profundicen, en donde termina por ser necesario un elemento de control lo suficientemente fuerte como para dominar las tendencias disruptivas del sistema. Aquí, la inclusión de los militares en el juego de poder puede ser un factor de control de daños, de institucionalización de la violencia cuando la competencia es desbordada y se transforma en anarquía, pues los negocios no funcionan cuando se satura el mercado al punto de que la competencia es de vida o muerte y la violencia es su producto natural. En este sentido, la bota militar es el recurso obligado de contención en un sistema en descomposición. Y aquí estamos.


Es curioso que la gobernadora del Estado insista en impulsar una “megarregión” con Arizona, atraer inversiones extranjeras, apoyar a los empresarios mineros, y la llamada ley de seguridad interior, sin ningún reparo, en tiempos en los que la corriente internacional se ha vuelto hacia los cauces del fortalecimiento del mercado interno y los recursos nacionales. De hecho, la ola de la globalización está en un reflujo que bien pudiéramos aprovechar pensando en el fortalecimiento de la capacidad productiva local y regional mexicana. Ojalá que haya sensatez, sentido nacionalista, amor a la patria y, sobre todo, verdadera vocación de servicio. Pero los pronósticos van en sentido contrario. Triste papel.

martes, 21 de marzo de 2017

Las piedras del camino

    “No hay nada tan adverso que haga que el alma justa no encuentre consuelo” (Séneca).

Al parecer, la vida transcurre en una carrera de obstáculos, sorteando baches y brincando charcos, escribiendo con la zurda cuando la derecha está ocupada secando el sudor que producen los afanes cotidianos. La historia de nuestro día a día es la reseña del purgatorio cuando no la antesala del infierno, con o sin Dante, pero de seguro sin el recurso de un Uber cuando los taxis convencionales y las prisas nos traicionan.

Acaba de celebrarse el Día Internacional de la Felicidad, lo que para muchos es una broma pesada, una pedorreta en mera jeta y una mentada de madre en despoblado, sin embargo, las expectativas de que “nos vaya bien” están plasmadas en el discurso y en las caras sonrientes de los señores funcionarios públicos tanto del estado como del municipio. La sonrisa radiante y las palabras inspiradas en un modelo que en el nivel internacional está haciendo agua, nos persuaden que alguien está chalado, loco, majareta, chiflado o, de plano, candidato a huésped permanente de la casa de la risa.

Mientras unos insisten en que a Sonora le va a ir bien con las políticas de Trump, otros señalan que el noroeste es vulnerable a las mismas, lo que permite al ciudadano lector de periódicos suponer que alguien tiene problemas de percepción de la realidad económica nacional y regional. Lo cierto es que mientras los reclamos por prácticas abusivas y lesivas del ambiente, en particular las de Grupo México, aumentan en varias latitudes de la geografía nacional, la gobernadora del estado impulsa iniciativas que permitirían a la empresa abaratar los costos de operación y así, tranquilamente, seguir contaminando el ambiente y arruinando a comunidades enteras. No hay duda de que los costos de exploración y extracción son importantes, pero tampoco la hay sobre los daños que ocasiona una actividad que ha gozado de impunidad y que se ha especializado en abaratar costos, sin ninguna responsabilidad clara sobre la seguridad e higiene de sus instalaciones y de la salud y vida de sus trabajadores.

Si bien es cierto que los daños ambientales son graves, también lo sería una legislación fuertemente centrada en cumplir con los criterios internacionales de sanidad ambiental y protección a la biodiversidad, empezando por la salvaguarda al derecho de los seres humanos a una vida sana y libre de contaminantes; de haberla, los empresarios canadienses y los nacionales, entre otros de menor presencia, sufrirían las de Caín en sus utilidades, que se verían mermadas por el fastidio de cumplir con la ley, monserga tercermundista que impide el libre desarrollo de la empresa capitalista y la generación de empleos insalubres y riesgosos, pero empleos al fin. Más grave para los negocios sería el tener una autoridad vigilante del cumplimiento de las leyes y respetuosa de nuestra entidad y del país, pero, al parecer, no existe peligro a la vista cuando el gobierno se muestra tan obsequioso y permisible con ellos.

No hay duda que quienes encabezan las instituciones públicas de Sonora tienen una oportunidad dorada de cumplir y hacer cumplir el propósito privatizador del gobierno federal, en la medida en que sus facultades se los permitan, pero tan fervorosa entrega al neoliberalismo cuenta con obstáculos, con piedras en el camino que hacen que el resuello les falte y la vista se les nuble. Hay una oposición activa, pequeña pero picosa que hace camino al andar. Lo menciono porque a pesar de los sagaces intentos de dividir, desarticular, desanimar, molestar y disuadir a este contingente cívico, las banderas siguen en el aire, ondeando tan orondas a pesar de todo.

Creo que cuando un movimiento pega en el clavo de las necesidades sociales y tiene el valor de sostener una lucha, el gobierno y los gatilleros profesionales al servicio del sistema empiezan a infiltrarse, a sembrar insidia y confusión, a querer joder a los liderazgos populares y a comprometer la credibilidad del movimiento con las maniobras del su manual de destripamiento ciudadano. Si algo promete, se debe arruinar.

Lo que muchos perciben de los movimientos sociales recientes es su vulnerabilidad ante las amenazas de los enemigos internos y externos, que tarde o temprano hacen acto de presencia. También el hecho de que no hay ni puede haber movimientos químicamente puros, y que la presencia de personas que comparten al cien por ciento sus propósitos no es necesariamente una realidad en nuestro sistema solar.

Actualmente tenemos varias luchas en cartera, algunas como las de los familiares de las víctimas de la Guardería ABC, la de los afectados por el derrame en el Río Sonora, las familias afectadas por el acaparamiento urbano irregular el vaso de la presa A.L. Rodríguez y en el cauce del Río San Miguel; los afectados por varilla contaminada, los padres de los niños convertidos en mercancía que fueron dados en adopción sin su consentimiento, los vecinos que padecen la inseguridad más cruda en sus barrios y colonias, entre un largo etcétera que nos debe avergonzar, pero que no lo hace porque muchas veces pasan inadvertidas, porque nos importan poco, porque parecen ajenas y porque no nos afectan en forma directa. La experiencia nos dice que la gente se moviliza con mayor facilidad cuando el problema le llega al bolsillo, cuando la economía familiar se precariza y cuando el gobierno es lo suficientemente imbécil como para no disimular su perfidia e incompetencia.


Pero, sea como sea, es alentador que la ciudadanía en otros momentos estuvo dispuesta a manifestarse cuando se estuvo en peligro de tener cerca un vertedero tóxico, y cuando el gobierno dispuso del Parque de Villa de Seris, para convertirlo en una superficie ridícula y carente de gracia. Somos testigos de muestras de valor y generosidad que no es posible soslayar. Estas manifestaciones de vida cívica activa y vibrante son los obstáculos que el gobierno y los negocios que protege con fidelidad perruna han de encontrar hasta que la justicia reine en Sonora y la ley en acción permita que los ciudadanos confíen en sus autoridades. Sueños guajiros, utopías de fin de semana largo, memoria de un pueblo que hizo posible la expropiación petrolera y la nacionalización de la industria eléctrica. Recuerdos que alimentan la posibilidad de dar sentido a otro Día Internacional de la Felicidad, que nos aguarda en el futuro que podemos construir.

domingo, 12 de marzo de 2017

Las bolas del engrudo universitario

“Mientras bebemos y nos coronamos de rosas y reclamamos perfumes y mujeres, la vejez se desliza sin ser notada” (Juvenal).

Se dice que las apariencias engañan, pero en ocasiones la realidad se nos presenta como una broma, engaño, cuchufleta o simple pitorreo. Actualmente la Universidad de Sonora se encuentra en vías de ser emplazada a huelga por los sindicatos, en donde conviene destacar que la negociación del Contrato Colectivo de Trabajo tiene elementos que la hacen particularmente complicada.

Al respecto, considere usted que, al cúmulo de violaciones y reclamos al clausulado del contrato, se añade la sucesión rectoral, el desfondo no resuelto del Isssteson, los gasolinazos y el claro y evidente deterioro de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, el alza generalizada de las subsistencias populares y, como consecuencias, el deterioro de la calidad de vida de las familias, el incremento de la delincuencia, la inseguridad pública y de la demagogia oficial que insiste en recetarnos el rollo de una economía que va “por el camino correcto”.

Por otra parte, la disposición de la administración universitaria para dialogar y negociar con los sindicatos ha sido, como en otras ocasiones, evasiva, irritante, despectiva prácticamente nula, frente a su contraparte laboral. El rector, tras instalar la mesa de negociaciones optó por ausentarse y solamente se sabe de él a través de los medios de comunicación locales, donde parece empeñado en justificarse ante la opinión pública respecto a serios casos de incumplimiento contractual donde destaca estelarmente la suspensión administrativa por parte de Isssteson de los trámites de jubilación de 67 académicos de un centenar y medio de universitarios.

 Ciertamente, la problemática del Isssteson es seria, pero, como ha declarado el propio rector, los trabajadores universitarios no son responsables de ello y no hay porqué privarlos de los beneficios de la seguridad social que provee el Instituto. Arguye que la universidad no le debe al Isssteson porque, por convenio con el propio Isssteson (Cláusula Décimo Primera del Contrato de Prestaciones de Servicios), la Secretaría de Hacienda está autorizada para hacer los descuentos en automático con cargo al subsidio estatal, sin embargo, el Instituto afirma que las cuotas y aportaciones no ha sido cubiertas en su totalidad, sumando 141 millones de pesos el adeudo, por tanto, se suspenden los trámites de jubilación y en lo futuro los servicios médicos.

Como el lector comprenderá, el horno no está para bollos administrativos porque la tensión crece en la medida en que los trabajadores adquieren conciencia de la necesidad de dar fin a su vida laboral, además del hecho de que (según ha reportado una reciente investigación) la edad promedio de los académicos anda por los 60 años y, en aras de la calidad de la producción científica y la eficiencia docente, resulta urgente procurar las condiciones para el relevo generacional.

Independientemente de que el caso debe ser analizado desde la perspectiva de la Fiscalía Anticorrupción para el deslinde de responsabilidades, habida cuenta que es dinero público que no llegó a su destino, el caso debe analizarse desde la óptica sindical, es decir, desde la trinchera de los trabajadores que están viendo que, en este caso, su contrato colectivo es violado en lo pactado en la Cláusula 141, que en las partes conducentes dice:

“Todos los trabajadores académicos tendrán derecho a recibir todas las prestaciones que otorga la Ley del ISSSTESON, sin limitaciones y disminuciones motivadas por la categoría, nivel o duración de la relación laboral. Estas prestaciones deben ser extensivas a los descendientes directos y cónyuge del trabajador” (párrafo 1).

“La Universidad se compromete a gestionar ante el ISSSTESON igual trato para los trabajadores académicos con respecto al resto de sus afiliados en lo que concierne a la totalidad de las prestaciones sociales otorgadas por esa Institución. De igual manera la Universidad se compromete a informar mensualmente al Sindicato de las cotizaciones del ISSSTESON” (párrafo 6).

“Cuando se proponga un cambio en el Convenio que tiene la Universidad de Sonora con el ISSSTESON, referente a la prestación de Servicios Sociales para los Trabajadores, la Institución acordará con el STAUS los términos en que se firmará el nuevo Convenio” (párrafo 11). 

De acuerdo al contrato, para los trabajadores universitarios no hay instancia más inmediata de reclamación que la propia administración representada legalmente por el rector, razón por la cual la opinión pública no debiera acudir a la descalificación facilona e irresponsable del sindicalismo universitario. Por otra parte, los trabajadores deben emprender las acciones que sean necesarias para que las causas de su afectación queden al descubierto y sean corregidas por parte de las instancias competentes, lo que incluye al propio Isssteson y al Gobierno del Estado. Es cosa de ponerse en el lugar de los afectados y en un ejercicio de sensibilidad social apoyar o, al menos, no descalificar sus esfuerzos por lograr un trato justo y apegado a las normas de la seguridad social y los derechos humanos internacionalmente reconocidas.

El Gobierno del Estado no puede hacerse el desentendido sin correr el riesgo de declararse insensible, ocioso y cómplice. Su credibilidad está seriamente comprometida y la sospecha de que se puede tratar de una maniobra, burda por demás, para manipular la sucesión rectoral tanto como para generar las condiciones que permitan la privatización de los servicios sociales, según recomienda la OCDE y el FMI, crece hasta alcanzar niveles que sólo pueden acelerar la inconformidad y la profundización de los conflictos.


Me parece que la gobernadora, en caso de ser ajena a estas trapacerías, debe poner orden en su changarro y, por otra parte, el rector universitario debe asumir su responsabilidad y sentarse a la mesa de negociaciones con el ánimo de hablar claro, de frente y sin intermediarios cuyo papel pasa de lo irritante a lo ridículo. El diálogo junto con las acciones legales que sean pertinentes son la mejor forma de resolver los conflictos, de cara a la comunidad universitaria y a la sociedad que confía y hace posible la vida y operación de la Universidad. La moneda está en el aire.

martes, 7 de marzo de 2017

Una de las tareas urgentes de nuestro sindicalismo

“La tragedia de la vejez no estriba en que uno sea viejo, sino en que ya no se es joven” (Oscar Wilde).

En la actualidad se ve como lo más natural perder derechos a cambio de nuevas obligaciones, como la de costear la propia jubilación mediante mecanismos de ahorro ligados a la lógica bancaria trasnacionalizada y depredadora inspirada, desde luego, por el neoliberalismo y operado por el FMI y la OCDE. La seguridad social es atacada desde todos los frentes, obrando como argumento estelar los costos de cumplir con las obligaciones del Estado para con los ciudadanos trabajadores que hacen posible la economía nacional y la bonanza de las empresas privadas.

Según el trivial criterio neoliberal, el mejor trabajador jubilado es el trabajador muerto prematuramente, y antes que esto, el que paga su propia pensión tras una larga y fructífera vida de explotación laboral sin ninguna garantía de apoyo y solidaridad intergeneracional, en el marco de una furiosa acometida ideológica que proclama la individualidad de las cuentas de retiro a cargo de la siempre voraz administración de empresas privadas integrantes, en México, del sistema de Afores. Las empresas administradoras de los fondos de retiro gozan de los beneficios de poder disponer del dinero ahorrado, cobrar comisiones, jugar a la ruleta con los fondos y ser protegidas con una total impunidad en caso de pérdidas (eufemísticamente llamadas minusvalías) a cuenta del patrimonio de los propios ahorradores.

En este marco de subordinación al capital internacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actúa como tribunal colonial a cargo de legitimar y convertir en criterio jurisprudencial el atraco contra la clase trabajadora, disminuyendo cada más el margen de maniobra legal de las organizaciones sindicales y de los trabajadores, donde los derechos adquiridos resultan ser actualizados y acotados, quedando como potencialmente reclamables, como sujetos a determinadas condiciones y conveniencias que hacen caer por tierra los logros históricos de los trabajadores. Los señores ministros relativizan el ejercicio de derechos y obligaciones en aras de satisfacer la impunidad que exigen las empresas trasnacionales, lo que significa el apoyo irrestricto a la imposición de normas laborales y de seguridad social que quitan y limitan lo que otrora eran derechos adquiridos incuestionables.

Si en el plano federal las normas se sesgan para el lado del capital, en los estados se “armoniza” la legislación para hacer aplicable el esquema de explotación que los organismos internacionales exigen y que el gobierno mexicano acata sin chistar. Nuestro sistema federal supone la existencia de entidades libres y soberanas que se une en una federación y crean un ente llamado gobierno federal, cuyas facultades son concedidas por los estados. En la práctica, este sistema residual se ha convertido en su contrario: ahora es el gobierno federal el que centraliza el poder político y, en todo caso, se descentraliza en lo administrativo, y las entidades federativas se afanan en cumplir las instrucciones del centro dejando de lado los intereses y aspiraciones de los ciudadanos. Antes que ser “estados libres y soberanos”, cumplen funciones de dependencias del ejecutivo federal.  

En este sentido, la lucha por la integridad y existencia de la seguridad social es tanto un problema nacional que se debe defender localmente como una respuesta local a una problemática nacional creada por la lógica depredadora del sistema. No debemos esperar ser víctimas de decisiones tomadas desde el centro, adoptadas y operadas por el gobierno local para reaccionar. Es por eso que las organizaciones de los trabajadores deben ampliar y reorientar el discurso reivindicativo de los derechos contractuales de coyuntura y unirse a los reclamos de justicia social que hoy trascienden las fronteras estatales y se revelan como un problema global, donde el sistema económico y su correlato político deben ser no sólo objeto de estudio y análisis, sino también de toma de decisiones para la acción colectiva.

Actualmente diversas organizaciones sindicales y de pensionados y jubilados nacionales cuestionan y discuten el modelo de cuentas individuales que ha puesto en manos de las Afores los fondos de ahorro, y hecho negocios redondos con el dinero de los trabajadores. De esta discusión han salido propuestas de reforma legislativa que coinciden en un punto medular: desaparecer el sistema de Afores y restituir el sistema de reparto solidario y distributivo. Las divergencias han sido en lo relativo a que unos postulan que el Estado reasuma su responsabilidad con la seguridad social, mientras que otros proponen que el sistema de Afores sea sustituido por un organismo administrador del ahorro bajo el control directo de los trabajadores, de suerte que sean ellos quienes decidan el destino de sus recursos, obrando el gobierno solamente como garante. Tales consideraciones han dado lugar a iniciativas que, de prosperar, cambiarían radicalmente el destino y las responsabilidades de las administradoras de fondos, y la posibilidad de que los adultos mayores gocen de una vida libre de las angustias y estrecheces económicas que actualmente son tema recurrente en ese sector poblacional.  

El pasado viernes 3 de marzo, se llevó a cabo una reunión sindical presidida por la  dirigencia del STAUS y la de la Confederación de Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores de la República Mexicana (CONJUPAM), donde se hizo un análisis de las implicaciones económicas y sociales del sistema de cuentas individuales y sus impactos en el bienestar de la clase trabajadora, quedando claro el carácter depredador del sistema y la necesidad de unir fuerzas por parte de las organizaciones sociales y sindicales en el rescate y vigencia plena de los derechos sociales conquistados por los trabajadores.

Con este acto, el sindicalismo universitario se pronuncia por la defensa de la calidad de vida de los trabajadores activos y los jubilados, y deja constancia de que los objetivos de la lucha por la seguridad social son plenamente compartidos y prioritarios porque, así como en el plano nacional se afectan las pensiones y jubilaciones por los gobiernos inescrupulosos y corruptos que privatizan los fondos, en el caso local vemos que la opacidad, los manejos desaseados y la irresponsabilidad institucional ponen en entredicho los objetivos sociales del Isssteson, actualmente vulnerados por el saqueo de los fondos pensionarios y por la irresponsabilidad administrativa tanto de parte del instituto como de muchos de los  organismos afiliados.


Nos queda claro que la lucha por la seguridad social es la lucha por las mejores condiciones de vida tanto de los jubilados como de las actuales y futuras generaciones de trabajadores que, tarde o temprano habrán de llegar a la edad de retiro. La lucha actual es, sin duda, para que los futuros jubilado y pensionados tengan, al menos, las mismas condiciones que los actuales, y que no padezcan de miseria y abandono cuando las fuerzas los abandonen y no puedan valerse por sí mismos. En este sentido, la unión de los trabajadores activos, los pensionados y jubilados de Sonora con los del resto del país, significa un paso adelante por la justicia social y para la creación de las condiciones que hagan posible una vejez con futuro.