La bronca universitaria por venir

“Abrid escuelas y se cerrarán cárceles” (Concepción Arenal).

En medio de las complicadas negociaciones sindicales por las revisiones contractuales y salariales de diversas instituciones de educación superior en el país, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, “consideró que las universidades que se escudan en su autonomía para no ventilar actos de corrupción deben ser investigadas, y sus responsables perseguidos y castigados por la justicia” (https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/corrupcion-en-universidades-debe-investigarse-graue-3244124.html).

Tan importantes palabras, viniendo de donde vienen, nos ponen a pensar en la imperiosa necesidad de revisar a fondo el monto y destino de los recursos con que cuentan las universidades nacionales, donde tenemos algo así como “castas divinas” de funcionarios que no se conforman con un modesto y razonable complemento por las tareas y responsabilidades que asumen, sino que aspiran a alcanzar sus calenturas adolescentes de fama  y fortuna a través de su empleo universitario, lo cual es, esencialmente, una fea y evidente contradicción si consideramos los fines y propósitos de la educación superior pública y autónoma. Es tan ridículo como aspirar al enriquecimiento personal mediante el servicio público en el gobierno federal, estatal o municipal, en el sistema judicial o en las tareas legislativas.

Aquí cabe recordar el discurso pronunciado por Benito Juárez ante la X Legislatura de Oaxaca, el 2 de julio de 1852, en la parte que dice: “bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad; no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio ni a la disipación sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado”, quedando claro que quienes quieran “salir de pobres” de manera súbita y definitiva, deberán buscar por los rumbos de la iniciativa privada y no por el servicio público.

Desde luego que hay formas “legales” de torcerle los renglones a la sentencia juarista y hacerse de sueldos y prerrogativas propias de un gerente o director corporativo de alguna empresa transnacional, y burlar la necesaria política de austeridad a la que están obligadas las diversas instancias públicas, organismos descentralizados y entidades que reciban aportaciones o subsidios gubernamentales, como es el caso de quienes han solicitado amparos que mantengan su impunidad en los abusos, de cara a la política iniciada por el actual gobierno morenista y en franca oposición a hacer justicia a quienes con su trabajo hacen posible el funcionamiento cabal de las instituciones. En este punto, es inevitable referirnos a la Universidad de Sonora, en la que los sindicatos STAUS y STEUS se encuentran en el proceso de negociaciones con la administración, sin resultados significativos hasta el momento.

En el caso particular del sector académico, representado por el STAUS, hay reclamos que encajan en la lógica de la transparencia y el ajuste del gasto universitario a la nueva política de austeridad y, en congruencia, se demanda un programa que considere la disminución de los sueldos de la alta burocracia y la disminución de los puestos de confianza, habida cuenta que se tienen funcionarios que rebasan el sueldo mensual del Presidente de la República, como es el caso del Rector ($127,825.00), la Secretaria General Académica y la Secretaria General Administrativa ($110,729.00 cada una), mientras que el personal académico debe sujetarse al tope salarial del 3.35 por ciento de aumento y el 1.8 por ciento en prestaciones, lo que hace imposible la recuperación de la capacidad adquisitiva rezagada por aumentos salariales por debajo de la inflación. Cabe señalar que los altos cargos administrativos cobran salarios y prestaciones por encima de lo autorizado por la SEP, de acuerdo con información en poder del STAUS.

Si el dispendio y la inequidad en materia de salarios y prestaciones es un asunto grave, tenemos que agregar que el Gobierno del Estado no cumple cabalmente con la parte que le corresponde en el convenio de financiamiento a la UNISON de este año, al dejar de pagar 108 millones de pesos. El gobierno del Estado y el Federal aportan cada uno el 50 por ciento del total del subsidio que sostiene a la Institución universitaria, por lo que es esencial que cada una de las partes cumpla con sus aportaciones, cuestión que, como se ve, tiene sin cuidado a la señora gobernadora.  

Hoy, por desgracia, la Máxima Casa de estudios de Sonora libra una batalla, en donde en uno de los frentes tiene al propio Gobierno del Estado y en el otro a la administración que debiera empeñarse en hacer la mejor de las gestiones en beneficio de la comunidad universitaria. Tenemos indolencia, autocomplacencia e irresponsabilidad como llagas supurantes que manchan la solemnidad y el respeto a lo que representa el Edificio Principal del Alma Mater. En este desierto donde es opresora la carencia de valores republicanos como la austeridad y la buena gestión de recursos en un marco de transparencia y rendición de cuentas, se levanta la voz del sindicalismo universitario reclamando justicia, respeto y diálogo. La huelga está emplazada para el martes 2 de abril, mientras que el reloj sigue su marcha inexorable hacia las redefiniciones institucionales.

En otro asunto: nos oponemos a la venta de los estadios y demás patrimonio de los sonorenses. No se debe lucrar con bienes públicos.

  

   

La muerte y el PRI

“Tras un recuento electoral, sólo importa quién es el ganador. Todos los demás son perdedores” (Winston Churchill).

Como se sabe, los organismos vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. A la vida y su disfrute pleno sigue la falla y caducidad de las funciones vitales y la muerte, con lo que se cierra un ciclo que deja para los sobrevivientes experiencias y memoria. En el caso del PRI tenemos la curiosa circunstancia de una trayectoria vital que ha cambiado de piel por varias ocasiones, jalonando la acción política hacia una difusa idea de permanencia y continuidad sin coherencia programática, pues pasó de ser una estructura política que recogía los ideales de la revolución de 1910-17 a otra que los negaba. La inmensa base popular de la revolución y su impulso transformador pronto se congeló en estructuras “institucionales” y dio poder a una burocracia cada vez más distante de sus ideales fundacionales: una revolución que se institucionaliza termina cayendo en contradicciones profundas y negando aquello que le dio legitimidad y pertinencia.

En el largo y fluctuante tramo que recorre desde 1929, con la fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) que pronto se ve transformado en una cúpula traidora que asume la obligación de acatar el llamado acuerdo o pacto de Bucareli, en una evidente traición al espíritu y la letra del artículo 27 Constitucional, pasando por su reestructuración en forma del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) donde se retoman los impulsos nacionalistas que reivindican la propiedad soberana de la nación sobre sus recursos naturales, para volver a sumirse en la concesión de éstos al dominio extranjero y apátrida con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), sobre todo a partir de los años 80. Se puede decir que el PRI fue una reacción a tono con los deseos de los gringos para contrarrestar la política expropiatoria cardenista. Si en el PNR se incubó la estructura para nulificar el dominio de la nación sobre sus bienes, con el PRM se rescata para perderlo nuevamente con el PRI. Aquí tenemos el ingreso de México al Tratado de Libre Comercio, donde dos economías desarrolladas industrialmente se unen a la nuestra aún anclada en el sector primario-exportador, con un creciente déficit en cuenta corriente, conflictos políticos que van desde la aparición del EZLN a los asesinatos del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, y José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del mismo partido. Así, economía y política se conjugan para reforzar nuestra dependencia y la traición se hizo gobierno bajo el modelo neoliberal.

En nuestros días el PRI está fuera del gobierno nacional merced a la emergencia de una nueva fuerza política de corte populista con un gran ímpetu reformador; sin embargo, se sufren inercias que hacen sumamente complicado seguir por el camino franco de las transformaciones esperadas. Sucede que somos un país en vías de nuevas definiciones tanto en la economía como en la política, que sean palpables en la vida cotidiana tanto como en el gobierno en cualquiera de sus órdenes, ya que subsisten compromisos de alcance internacional y fuerzas motrices ancladas en los intereses de carácter tanto externo como interno del modelo económico dominante. Hoy cambiamos la forma pero el contenido aún sigue siendo igual en lo sustancial.

Sin demeritar los impulsos de humanizar el sistema y limar las aristas y paliar los daños del capitalismo salvaje capitaneado por nuestros vecinos del norte, cabe reconocer que nuestra nación discurre por un equilibrio precario, con graves y evidentes riesgos y peligros que demandan una conducción pública políticamente alerta y económicamente cauta, con gran sentido de la responsabilidad, razón por la cual no es posible esperar cambios drásticos y espectaculares. El caldo mexicano se cuece a fuego lento, a pesar de las necesidades y reclamos de sus comensales.

En este sentido, es imperativo tener conciencia de la complejidad del contexto internacional y de la herencia nefasta que recibe el actual gobierno, tanto como la urgencia de apoyar la gestión pública porque no podemos ni debemos ser el país de un solo hombre. Recordemos que somos muchos y, al menos, 30 millones decidieron pacíficamente despedir al PRI y su cauda de corruptelas y concesiones al margen de la ley y de los intereses nacionales. De todos depende lograr construir una nueva ciudadanía, congruente con la necesidad de cambio, inteligente en la elección de los métodos y los tiempos que hagan posible los supuestos de la llamada Cuarta Transformación, hoy propósito más que realidad.

Entendamos que el PRI debe terminar de morir, y con él su forma de hacer las cosas, su enorme capacidad corruptora, su habilidad para manipular las conciencias de los ciudadanos, incluso levantando muertos y haciendo hablar a fantasmas. Este primer cuarto de siglo de la firma del TLC, el surgimiento del EZLN y la muerte de Colosio marca el principio del fin de una forma perversa de hacer política y gobierno. Ya es tiempo de superar las heridas e influencia del pasado entreguista y apátrida y dar paso a la vida. Mientras se construye el futuro, hagamos justicia al presente y dejemos a los muertos en paz.

¿Los universitarios viejos son desechables?

“Las arrugas del espíritu nos hacen más viejos que las de la cara” (Michel de Montaigne).

Uno de los rasgos más absurdos del pragmatismo neoliberal lo encontramos en el trato a los adultos mayores, donde la demagogia de la inclusión choca con la realidad de los procesos de exclusión que atiborran el saber y el hacer de las burocracias, que incluyen vergonzosamente a la universitaria. Los académicos jubilados son condenados a una muerte anticipada a manos de la administración que guarda y dispone de los expedientes y cuida la integridad del muro de contención puesto para evitar compromisos y borrar de la memoria deudas y gratitudes: no hay lealtad salvo en los discursos; no hay solidaridad a menos que exista presión social que la obligue; no hay lazos transgeneracionales, salvo en el esquema de complicidades que teje la alta burocracia con sus sucesores.     

Según estudios internacionales, la población considerada de tercera edad va en aumento por diversos factores, entre los que se encuentra el incremento de la esperanza de vida por la mejora de las condiciones que la hacen posible. La oferta de servicios de salud, vivienda, educación y empleo, al menos en su cobertura básica, han sido preocupación de los gobiernos de los países agrupados en la ONU y OCDE, independientemente del carácter de la seguridad social ofrecida, que puede ser pública, privada o mixta.

Si bien es cierto que la oferta de seguridad social ha transitado de lo público a lo privado y que en países como Estados Unidos si no se tiene la cobertura de un seguro la gente se puede morir por falta de atención médica, hay otros en los que la cobertura de salud es gratuita por el solo hecho de ser nativos del país; asimismo, tenemos países donde sus servicios tienen un componente público y otro privado, completando un panorama complejo cuya característica es la heterogeneidad. Aquí resalta el hecho de que muchos países que privatizaron los servicios ligados a la seguridad social y donde emergieron los sistemas de pensiones privados que en México tienen la forma de Afores, ahora tienen que reconocer que dichos sistemas han fracasado y se encuentran completamente desacreditados. En nuestro caso, es cada vez más claro que el sistema privado de pensiones no ha funcionado ya que condena a los ahorradores a la miseria y a vivir el resto de su existencia en forma precaria e insolvente, por lo que se concluye que el Estado debe reasumir su responsabilidad en materia de seguridad social y honrar los acuerdos que se tienen firmados con la ONU y la OIT entre otros organismos, donde el gobierno  mexicano se obliga a proveer lo necesario para garantizar los derechos de los adultos mayores.

Es evidente que el reconocimiento de las conquistas laborales y las relativas a la protección y salvaguarda de la tercera edad choca con el pensamiento neoliberal que convierte al sujeto portador de derechos en “cliente”, por lo que la relación resulta eventual y sin obligación alguna para con los usuarios de los servicios y, por tanto, se considera a la seguridad social no como como un derecho humano ni una conquista laboral y social sino como una “opción”, ligada a la capacidad económica y de acceso a los mercados que tenga el trabajador. Tal concepción cruza la lógica de las negociaciones de los contratos colectivos y, desde luego, las revisiones salariales que deben realizar periódicamente, entre otros, los trabajadores universitarios.

En la actualidad, la Universidad de Sonora y sus dos sindicatos, STAUS y STEUS, están en el arduo proceso de las negociaciones que, lamentablemente, describen un camino sinuoso y lleno de obstáculos. A las demandas económicas la administración responde que no cuenta con recursos, mientras que opta por no reconocer las violaciones al contrato colectivo de trabajo que señala la parte sindical, así como remitir las decisiones unilaterales tomadas en perjuicio de los trabajadores académicos a la exclusiva competencia de los órganos colegiados, lo cual manifiesta una disposición esquizoide a la par que un evidente desprecio por los intereses de los trabajadores. Si es así con los académicos activos, la cosa no es mejor para los pensionados y jubilados porque, en cada intento de incorporar este sector a los beneficios logrados por los sindicatos (como son, entre otros, los descuentos en eventos y servicios que proporciona la universidad y que están contenidos en el Contrato Colectivo de Trabajo) la respuesta ha sido negativa.

 La administración prácticamente ha declarado la inexistencia de los universitarios retirados a pesar de los elogios a la antigüedad y a las aportaciones de las viejas generaciones, y de estar aportando una pequeña cantidad mensual por concepto de despensa y la correspondiente al fondo mixto que sirve como complemento a la exigua pensión que reciben del ISSSTESON, sin contar el llamado estímulo a la jubilación que, como los anteriores, está establecido contractualmente. Con esto, se puede afirmar que la institución se debate en una lucha entre conservar sus raíces humanistas y honrar su historia y compromiso o aplicar la torva y excluyente política de corte neoliberal que cosifica a sus trabajadores y privilegia el boato comodón y ridículo de una administración que sofoca y margina a quienes hicieron y hacen posible el cumplimiento de las funciones sustantivas institucionales y emplea recursos en beneficio de la apariencia, en evidente olvido de aquello que en otros tiempos marcaba su misión: “El saber de mis hijos hará mi grandeza”. Hoy, mientras la academia languidece la burocracia engorda.

El sindicato académico STAUS ha acordado que el 2 de abril será la fecha del emplazamiento a huelga. El reloj está marcando la cuenta regresiva y, como le decía al principio, la seguridad social es considerada por los administradores neoliberales de huarache como una “opción” sujeta a las leyes del mercado mientras que relativizan los derechos laborales y sociales conquistados por los trabajadores, en evidente pugna con quienes, como los universitarios, tienen reclamos fundados tanto en el derecho como en la lógica de los cambios nacionales y están dispuestos a dar la batalla por mejorar las condiciones de vida de la actual y de las nuevas generaciones de trabajadores, actualmente ninguneados tanto por las autoridades universitarias como por las del ISSSTESON. Es claro que la lucha de los universitarios debe ser por el futuro, por lograr una institución y una sociedad incluyente, democrática y justa para todos, lo cual plantea la necesidad de tomar las medidas legales y políticas a que haya lugar.   

  

Entre abucheos te veas

“El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres” (Platón).

En esta primera visita presidencial de AMLO se han agitado las aguas de la corrección política porque se oyeron abucheos ante la presencia o mención del gobernador en turno. Desde luego, surgió la hipótesis de que habían sido orquestados, programados y hasta exigidos por aviesas manos políticas de intolerancia a la ahora oposición, es decir, a los políticos del régimen que fue vencido en las elecciones federales próximo-pasadas. Algunos, como nuestra Claudia, al parecer fueron rodeados de una especie de blindaje, al apresurarse los priistas a colmar espacios y posicionarse con gargantas afinadas y matracas dispuestas a contrarrestar las posibles muestras de repudio y así sofocar la indignación popular. El que grita más fuerte gana el concurso del día consistente en maquillar el registro del sonido en las grabaciones.

Como ha trascendido, algunos gobernadores han dicho que no estarán presentes durante el acto público de la visita presidencial por aquello de evitar que se desaten los gritos y la iracundia popular, porque una mala gestión y su cauda de abusos debe ser del consumo exclusivo de las víctimas que deben conformarse con rumiar su malestar en privado o en círculos alejados de los medios de información, porque las protestas afean el glamur del evento y arruinan la imagen del gobernante local. ¿Cómo recibir en vivo y a todo color el rechazo del pueblo cuando la costumbre es el aplauso, las porras y la calidez domesticada de la masa agradecida por la torta y el refresco de ocasión? ¿Acaso no se han inaugurado tramos de calle o repartido espejitos y cuentas de colores entre los pobladores más necesitados de salir en la tele o en los boletines de prensa? ¿Puede, ante la maravilla de tener una gobernadora, tener algún peso negativo el haber modificado a modo la Constitución local para restar poder al Congreso del Estado?

Al parecer es más importante conservar en el aire la figura holográfica antes que permitir la materialización de los defectos, torceduras y perversiones del personaje real ante los ojos de quienes deben ver solamente el traje del emperador, esa envoltura que da el poder, capaz de convertir sapos en príncipes y desnudos patéticos en ricas vestiduras.

El temor a la crítica sin bozal y la afanosa indisposición del gobernante a recibir la condena popular frente a la prensa que escapa de las manipulaciones y trapacerías locales genera reacciones cursimente defensivas, pero que de ninguna manera son capaces de persuadir a nadie de que las cosas van bien y de que la crítica es infundada y facciosa, a pesar de que el propio presidente ha tratado de hacer el quite a los gobernadores señalados por quienes se sienten agraviados.

Se entiende el discurso de la “reconciliación” pero ¿acaso no es un logro colectivo materializado el pasado 1 de julio que el ciudadano ejerza libremente su voluntad política? ¿Acaso la expresión de la inconformidad no se tradujo en victoria? Nadie, ni siquiera el presidente, puede sofocar o condicionar el derecho ganado por el pueblo de señalar y condenar los errores, omisiones, abusos y desviaciones de quienes han ejercido el poder mediante la corrupción y la represión. Para dar vuelta a la hoja deben saldarse las cuentas, porque no puede haber reconciliación sin justicia.

Es claro que un buen gobierno debe partir de una base social sólidamente constituida por ciudadanos conscientes de la necesidad de equilibrios, de contrapesos políticos tanto como de la honestidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos. Una ciudadanía responsable y activa es garantía de una buena conducción de la cosa pública, porque es capaz de señalar problemas y proponer soluciones. El gobierno debe ser producto de esta ciudadanía consciente, por lo que el pueblo no puede ser apéndice del poder.

La llamada Cuarta Transformación debe caminar por el camino trazado por el pueblo y ser expresión de su voluntad en la ruta por recuperar la soberanía y el dominio de la nación sobre su patrimonio y destino. Si esto es así, no se puede pedir ni siquiera suponer un gobierno que promueva la pasividad o el conformismo ciudadano, y la obediencia a la forma negando su contenido. Recordemos: sólo el pueblo puede salvar al pueblo.

      

         

La visita presidencial

“Las buenas acciones nos dan fuerza e inspiran buenas acciones en otros” (Platón).

El sábado 2 se vistió de fiesta la capital de Sonora y recibió al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El acto político se realizó en el estacionamiento del Gimnasio Universitario con un lleno raras veces visto en estas latitudes y el ambiente de fiesta llegó hasta los oídos y pupilas de los presentes directos y virtuales, gracias a las redes sociales y los medios de información independientes, amén de otros formatos tradicionales. La cobertura fue interesante aunque entre los comunicadores no faltó quien cayera en los típicos lugares comunes y de la chabacanería facilona que no tiene empacho en recetarle al auditorio expresiones como “cabecita de algodón” en referencia al titular del Poder Ejecutivo federal que, como debiera saberse, tiene nombre y apellido. Para algunas mentalidades pequeñas parece más importante señalar las características o la edad de quienes deberían ser considerados, en todo caso, por sus ideas, cualidades y propósitos transformadores.

Fueron notorios los esfuerzos del priismo matraquero al procurar llenar espacios para “apoyar” a la gobernadora en medio de miles de ciudadanos que coreaban “es un honor estar con Obrador”. El llamado al “respeto y la reconciliación” fue la respuesta políticamente correcta del presidente quien hizo una exposición de sus propósitos señalando que el plan a seguir en su gobierno es el mismo y que se resume en pocas palabras: no habrá tolerancia a la corrupción y no habrá impunidad.

Una parte central de los planteamientos presidenciales fue el relativo a los programas en marcha de becas, apoyos y garantías a jóvenes, adultos mayores, discapacitados y microempresarios, así como el apoyo a los productores del campo a fin de producir los alimentos que requiere el pueblo en vez de comprarlos al extranjero. Aquí aparece la figura de los precios de garantía lo que supone el rescate de la soberanía alimenticia como responsabilidad del gobierno. En el mismo sentido se pronuncia respecto a la producción de gasolinas, así como otros bienes esenciales para el funcionamiento de la economía. Plantea un México democrático, incluyente, respetuoso de las diferencias pero firme defensor de lo propio.

El anuncio oficial del arranque de sus programas prioritarios renueva compromisos y fundamenta esperanzas y expectativas, así como reclamos ratoneros del sector conservador y sus empleados vociferantes que se afana en encontrar defectos al actual gobierno morenista, aunque minimizados por una ciudadanía que levanta la voz en apoyo a su presidente y en demanda de soluciones a problemas sentidos como el de la falta de justicia en el caso de los afectados por el incendio de la Guardería ABC, de los ciudadanos enfermos, empobrecidos o en riesgo por el derrame del Río Sonora; o los derechohabientes defraudados por el ISSSTESON, a los que se unen los trabajadores universitarios que levantan la demanda  de “¡pena de prisión a las ratas del ISSSTESON!” y luchan por su derecho a la salud y la seguridad social, así como los esfuerzos de quienes se oponen al despropósito de vender terrenos, edificios y los estadios Héctor Espino y Tomás Oroz Gaytán, que son patrimonio de los sonorenses, para “resolver” el saqueo monumental y la desaparición de los fondos de pensiones bajo la responsabilidad directa del Gobierno del Estado y el propio ISSSTESON, cuyos perpetradores, a la fecha, gozan de impunidad. ¿No le parece el colmo del cinismo afirmar que “los bienes son para remediar males” si se trata de un claro y evidente robo a los derechohabientes y se compromete patrimonio público?

AMLO reitera que ya se trabaja por la solución al problema de la salud pública como derecho social, dando seguridad en el empleo de quienes laboran en ese sector y promoviendo la mejora de los servicios; asimismo, reitera su compromiso con la justicia laboral mediante acciones como la reinstalación de los maestros cesados por causa de la nefasta reforma educativa. Fue categórico al decir que la política neoliberal que ha empobrecido al pueblo se va “por un tubo”, aunque advirtió que los cambios no pueden ser de la noche a la mañana, considerando el enorme rezago acumulado. Habrá un trabajo intenso por la recuperación de nuestra capacidad adquisitiva, pero se hará de manera responsable y cuidadosa.

Es claro que existen manzanas podridas en el seno del gobierno, que se encuentran en espera de una oportunidad para frustrar la dinámica de los cambios en beneficio del viejo régimen, tratando de detener el reloj de la historia; es natural que existan “colados” y oportunistas en Morena encaramados en posiciones de cierta importancia, pero nuestra sociedad está en un proceso donde la depuración será consecuencia lógica del despertar de la conciencia de los ciudadanos. Que a nadie le extrañen las contradicciones en el discurso y las acciones de la nueva clase política en la conducción de la cosa pública, porque son parte de un proceso de ajustes donde finalmente la paja será separada del trigo.  

Si bien es cierto que la espera fue larga para quienes “madrugaron” en el estacionamiento del Gimnasio universitario, una vez iniciado el acto público privó el entusiasmo, menudearon los aplausos y la expresión de los rostros habló de la confianza y del triunfo de la esperanza. Llamó la atención el orden y la tranquilidad con que se desarrolló la primera visita presidencial de López Obrador. Una compañera me comentó que, a pesar de la cantidad de gente reunida, no tuvo miedo y participó confiada y atenta a los acontecimientos. “Cambió la actitud de la gente”, dijo.

De mantenerse este espíritu, no hay duda de que la Cuarta Transformación es posible y que, en todo caso, será la obra de todos y la responsabilidad de todos, porque lo que no debemos hacer es esperar que AMLO haga milagros sino que, en todo caso, promueva los programas y las acciones necesarias y permita que ocurran. Recordemos aquello de que “sólo el pueblo puede salvar al pueblo”.

http://jdarredondo.blogspot.com

    

     

    

¿Convendrá el nuevo convenio?

El pasado 28 de febrero apareció publicado en la página oficial del STAUS la propuesta del convenio modificatorio al actual Contrato de Prestaciones UNISON-ISSSTESON, donde en doce cláusulas y una transitoria redefine el contenido de dicho documento en cuanto al monto y las condiciones de las cuotas y aportaciones que deberá pagar tanto la universidad como sus trabajadores, bajo el principio de un incremento gradual hasta llegar a cumplir los porcentajes señalados en la Ley 38 reformada en 2005 por el gobierno de Eduardo Bours Castelo.

Según esto, la Universidad de Sonora homologaría sus cuotas y aportaciones en 2022 y todo mundo en paz, bajo el supuesto de que el Gobierno del Estado asignará los recursos necesarios para cubrir tales incrementos. Usted dirá con razón que ya no existe pretexto para no firmar el tan ansiado convenio por el cual el ISSSTESON se ha empeñado en presionar al la UNISON mediante el condicionamiento de sus servicios a los universitarios morosos, alegando que la UNISON “paga de menos”. Como en varias ocasiones hemos comentado, la institución no paga de menos sino que paga lo que está indicado en el contrato suscrito entre ésta y el ISSSTESON, que está no sólo vigente sino que es legal y legítimo.

Todo el armazón justificante del instrumento legal en comento radica en la eventual asignación presupuestaria del gobierno hacia la UNISON, que en esta ocasión se ha anunciado por el monto de 50 millones de pesos (Cláusula Transitoria Única del convenio) aunque, si es gradual el incremento de la carga que asumiría la institución es fácil entender que igualmente debería serlo la parte que corresponde al gobierno. Si no hay recursos disponibles resultaría inútil todo el despliegue discursivo del gobierno y el ISSSTESON para apoyar una mayor recaudación por concepto de los servicios de salud y otros de seguridad social a que tienen derecho los trabajadores afiliados. Lo anterior es relevante porque en el proyecto de convenio entre la UNISON y el STAUS que modificaría el actual Contrato Colectivo de Trabajo es frecuente que la administración universitaria rechace la propuestas sindicales bajo el supuesto de que “no existen recursos” para satisfacerlas. Así pues, la carencia de recursos financieros es la pieza clave de la negativa reiterada en una cantidad importante de cláusulas del contrato en la presente y anteriores revisiones contractuales y, siendo así, el convenio propuesto estaría colgado de alfileres.

Independientemente de la presión política a que está sometida la comunidad universitaria por parte del ISSSTESON en sus afanes recaudatorios, es inevitable pensar en la larga cadena de mentiras, manipulaciones y muestras claras de incumplimiento por parte del Instituto, ya que ha fallado en su obligación de proporcionar servicios de salud, pensiones y jubilaciones entre otros rubros importantes contenidos en el contrato vigente, a pesar de que a los trabajadores se les descuentan las cuotas pactadas sin  que se vea mejora en los servicios sino que, al contrario, un deterioro creciente en cuanto a cobertura y calidad.   

El texto del convenio modificatorio propuesto tiene como característica dominante la intención de homologar o armonizar el contrato con la Ley 38 reformada, particularmente en el aumento tanto en las cuotas como en el tiempo de cotización, con lo que se define como una reforma de carácter recaudatorio; sin embargo, no puede evitar reconocer el derecho de las generaciones llamadas “actuales” al amparo de la ley anterior al 29 de junio de 2005. Es decir, se asume implícitamente la no retroactividad de la aplicación de las leyes, de acuerdo con el párrafo primero del artículo 14 constitucional, aunque presiona para que se satisfagan las expectativas económicas de la citada reforma. Lo anterior revela una seria contradicción que los sindicalistas debieran tener en mente a la hora de las negociaciones. Aquí, o gana la política o gana el derecho.

Este convenio de carácter recaudatorio presenta una “ventaja” o argumento cuyo atractivo consiste en dar facilidades de pago a la institución universitaria y a sus trabajadores, mediante el incremento gradual de sus obligaciones. Lo anterior recuerda el anzuelo que lanza la publicidad comercial que ofrece “abonos chiquitos para pagar poquito”. Tal oferta no es nueva, sino que data de varios años, pudiendo documentarse en 2015, y que se ha presentado en la cadena de relaciones cuya ruta es ISSSTESON-UNISON- Sindicatos.

Como bien lo sabe el sector de pensionados y jubilados, en el comprobante de depósito de la pensión aparece en el rubro 25 la deducción del 7 por ciento que se hace por concepto de servicio médico. En el convenio propuesto aparece en la Cláusula Sexta el descuento de siete por ciento como obligación tanto del trabajador como de la Institución. Lo anterior es grave si consideramos la cantidad importante de demandas que se han promovido justamente en contra de este descuento, habida cuenta que legalmente las pensiones no deben estar sujetas a ningún tipo de gravamen. Si el sindicato acepta y la institución firma el citado convenio, caeríamos en una fuerte contradicción o conflicto de intereses, ya que la organización sindical estaría avalando un gravamen ilegal y claramente contrario a los reclamos del sector de pensionados y jubilados integrado en la delegación sindical correspondiente.

De análisis preliminar de la propuesta, se desprende que su intención es puramente recaudatoria, que cae en contradicciones legales y que, aunque reconoce el carácter del contrato vigente y del propio convenio modificatorio como un “acuerdo de voluntades”, en los hechos ha acusado una grosera unilateralidad al echar mano de recursos intimidatorios, de difamación contra la institución universitaria, de incumplimiento de contrato y de grave irresponsabilidad al manipular los tiempos de emisión de los dictámenes jubilatorios, reducir los cuadros básicos de medicamentos, generar su desabasto, la cobertura y calidad de la atención médica y el temor continuo de los derechohabientes con enfermedades graves, crónico-degenerativas o de tratamiento urgente.

Consideramos que la propuesta no debe pasar así como está planteada y que, en todo caso, pudiera replantearse únicamente en lo relativo a la obligación que tiene la UNISON de reportar la totalidad de los pagos que hace a sus trabajadores derivados de su actividad laboral y proceder al descuento de cuotas y aportaciones con base los porcentajes contenidos en el contrato vigente. Este sería un paso importante y quedaría satisfecha la necesidad de un convenio modificatorio del actual contrato, en beneficio de los trabajadores.

Por lo pronto, el sector de pensionados y jubilados universitario ha manifestado su oposición a la firma del convenio exigido por el ISSSTESON, por las razones que arriba se han expuesto. Esperamos que la organización sea consecuente con sus deberes de solidaridad y defensa de los intereses de sus agremiados. Recordemos que los trabajadores unidos jamás serán vencidos.