Conspiración en Pémex

Notas Sueltas es un espacio de opinión sobre diversos problemas de carácter social, económico y político de interés general. Los comentarios pueden enviarse a: dalmx@yahoo.com

lunes, 25 de abril de 2016

La lejanía del bienestar

                                               “Nada cansa si se hace de buena gana” (Thomas Jefferson).

Ya se va haciendo costumbre que nos desayunemos con notas que en otros tiempos eran marginales: asaltos con violencia, tanto a domicilios y negocios como a transeúntes y asistentes a alguna fiesta familiar. La criminalidad toma por asalto las páginas de los periódicos, las redes sociales y las pláticas de café, cantina y sobremesa.

El omnipresente clima de inseguridad rueda por las calles personificado por las cada vez más frecuentes caravanas de unidades de tal o cual policía; vehículos artillados transportando uniformados de rostro anónimo, mirada nerviosa e inquisitorial donde se puede advertir un miedo atrincherado tras el armamento reglamentario. Pero, cuando no pasan las unidades federales lo hacen las estatales o las municipales; y cuando no son éstas, vemos el desfile intimidante de los militares, morenos, chaparros, con el hambre amordazada y oculta tras el uniforme.

Frente a este despliegue de vehículos, armas, uniformes y actitudes de agresividad asalariada, se yergue imponente la masa dolorosa de los indigentes, de los caídos en la lucha por el pan nuestro cotidiano, de los abandonados y desarraigados económicos, de los expulsados y marginados de la sociedad de consumo. Las víctimas del sistema están allí, en las plazas, en los parques y jardines públicos, en los huecos de los edificios, en las aceras, frente a los hospitales, comercios e instituciones, ondeando la bandera del fracaso personal y social; exhibiendo los renglones torcidos del sistema económico al que se debe la clase política en pleno uso de sus facultades y canonjías.

En una ciudad como la nuestra, sus habitantes, mientras tanto, buscan la forma de instalar rejas en sus casas, ejercitar su desconfianza con todos y replegarse a lugares y horarios aparentemente seguros, a pesar de los anuncios de mayores adquisiciones de patrullas y la ominosa puesta en marcha del llamado “mando único” en regiones que, como el Río Sonora, son escenario del abuso y la impunidad de empresas ecocidas como Grupo México, por lo que resulta obligada la relación entre la centralización policiaca y la desesperación y enojo que padece el ciudadano perjudicado económicamente y vulnerado en su salud, así como burlado permanentemente por la empresa y las autoridades “competentes”. Obviamente, lo que se garantiza es la seguridad de los perpetradores del abuso y la criminal irresponsabilidad de la contaminación que ya alcanzó a Hermosillo.

La prensa nos alegra la imaginación con cuentos laborales y políticos de curso exitoso: se van a crear como 15 mil empleos; se atraen inversiones; se canalizan recursos para la reparación de calles y otras vialidades; se firman convenios con Arizona y Nuevo México para labores de cooperación y capacitación de policías, así como intercambio de información que incida en la seguridad… ¿Quién mejor que los gringos, que son los artífices de la inseguridad mundial, para asesorar y capacitar a nuestros policías? ¿Para qué firmar convenios y acuerdos con otros estados de la república si todo México está jodido, aunque lleno de logros y optimismo mediático?

¿Qué sentido tiene gobernar si no se pueden pagar planas pregonando los logros posibles y probables, como los reales y virtuales del sexenio? Después de todo, la prensa tiene que vivir de algo, sean promesas de pago y garantías de exclusividad noticiosa que prodiga boletines e inserta notas seguramente de “interés general” que persuade al público de las bondades del ejercicio del poder. ¿Qué haría el Ejecutivo si no tuviera por caja de resonancia y legitimación al conjunto de diputados cuya mayoría garantiza la frecuente invención del hilo negro y el agua tibia que de iniciativa se convierte en ley? Por otra parte, ¿cómo demostrar la cercanía con el poder central si no se apoyan, promueven y justifican sus iniciativas? Ahí está el caso de la “reforma educativa”, cuyas acciones punitivas han llevado al despido a varias decenas de maestros, quienes son hostigados por las fuerzas del estado que ni sirven ni protegen, pero reprimen y ofenden a los maestros de sus hijos y a la ciudadanía consciente pero marginal.


Se acerca el 1 de mayo, día de los trabajadores, y con él la ola de inconformidad, frustración y enojo que promete estallar en reclamos y exigencias de justicia y respeto al sindicalismo y los contratos colectivos de trabajo, llenando las calles de varias ciudades importantes del estado. Aquí, la inconformidad no necesariamente se diluirá en gritos y consignas, en puños levantados y adrenalina administrada por goteo. No se agotará en una fugaz manifestación colectiva de fuerza ni se perderá en las notas y comentarios periodísticos del día siguiente. La fuerza generada, en todo caso, será la suma de las organizaciones sindicales unidas por la recuperación del respeto y la dignidad de los trabajadores que las integran. Cuando esto ocurra, se podrá escribir una página luminosa en nuestra historia laboral y un momento ejemplar en las luchas sociales de Sonora.

domingo, 17 de abril de 2016

Instigación criminal

                                                         “Cada cual es artífice de su propia fortuna” (Salustio).

Ciertas declaraciones derivadas de mentalidades fosilizadas logran el efecto de levantar a la opinión pública exactamente en sentido contrario a lo proclamado. Sergio Romano confesó que no correría del empleo a la maestra que “perrea” en su tiempo libre, sino que “la mandaría matar”. El castigo propuesto por el ex-conductor de televisión a la practicante ocasional de una danza popular de importación es, como puede verse, terminal.

Le confieso que por razones de estricta morbosidad me receté el vídeo de la exhibición de las habilidades dancísticas vacacionales de la joven maestra de Cd. Obregón, y lo que pude apreciar fue una chica que derrocha energía y entusiasmo juvenil en un concurso público, al aire libre y en un centro turístico playero. Nada de que asustarse, nada particular en estos tiempos de apertura a lo que se ponga (o imponga) de moda. Celebré su desparpajo y desinhibida diversión de días de asueto, así como sus dotes de comunicadora educativa bien preparada en su ámbito profesional y debidamente valorada por sus estudiantes y padres de familia. Una joven profesionista que se divierte en su tiempo libre.

Usted seguramente ya hizo su propia valoración del asunto, pero es difícil dejar de lado la sensación de que los trabajadores académicos son un estrato social vulnerable, a merced de las exigencias a veces ridículas de sus empleadores, sujetos a intervenciones fuera de lugar y proporción en sus asuntos personales, violando su derecho a la intimidad y al trabajo. Si Sergio Romano mereció dejar de salir al aire, ¿qué merece la administración de la escuela que corrió a la joven profesora por participar en un concurso de baile en su tiempo libre?

Estamos en una sociedad bastante curiosa y contradictoria, ya que por un lado se aceptan y dan por sentados derechos ligados a la “diversidad” y por otra se reprime y castigan manifestaciones inocuas de diversión playera.  

En otro aspecto (la palabra de moda es “tema”) de la incongruencia que nos asombra, nos enteramos que se celebra a todo lo alto que no hubo suspensión de labores en la Unison, destacando la declaración de que las huelgas son “muy frustrantes”, según el sentir de la exalumna Claudia Pavlovich. ¿Una huelga puede ser “frustrante” mientras que la violación de un contrato colectivo no lo es? ¿Los derechos de los trabajadores no pintan como para conmover la conciencia de la hoy exalumna distinguida y de las buenas conciencias patronales?

Lo que categóricamente debiera ser motivo de frustración es, siendo objetivos, la minusvalía inducida de las organizaciones gremiales en la defensa de su contrato colectivo, la apatía de sus integrantes y la ausencia de soluciones reales y efectivas para los problemas de las instituciones educativas autónomas y, por tanto, sujetas a los vaivenes presupuestales tanto del gobierno federal como del estatal.

Las autoridades festejan y aplauden la decisión de los sindicatos universitarios de no estallar la huelga, a partir de los resultados obtenidos en sendas asambleas permanentes: por parte del STEUS fueron 282 por el sí y 920 por el no, mientras que, en el STAUS, dijeron sí a la huelga 571 y estuvieron por el no 871. El rector habló de los costos: 70 millones, mientras que los sindicatos aun no hacen cuentas respecto a su credibilidad y representación.
Se habla de logros, de avances por parte del STEUS, que relame las heridas de la última revisión y los aspectos que quedaron pendientes, de cara a una autoridad sin escrúpulos de conciencia ni rastros de respeto por ese sector.

El STAUS puede decir que hubo avances en cláusulas de monto fijo, pero un hueco en forma de promesas y recomendaciones para que, como buenos chicos, se pongan a hacer los trámites para una audiencia con el Colegio Académico donde eventualmente serían escuchados sus argumentos sobre las modificaciones unilaterales (“armonizaciones”) el Estatuto de Personal Académico (EPA), lo que diluye o, al menos, disimula burocráticamente el hecho de que fue violada cínicamente la cláusula 61 del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT). Los caminos trazados por la maquinaria administrativa universitaria requieren de tiempo y formas, porque obedecen a su propia lógica y cumplen sus propios objetivos que, como se ha visto, pueden ser distintos e incluso opuestos al interés de la comunidad universitaria.

Pero, el problema alcanza proporciones enormes cuando los propios maestros votan por no irse a la huelga por una violación fragrante y confesa al CCT. ¿Será que confían en la vaga promesa de que se puede resolver el problema haciendo trámites inducidos por el propio aparato administrativo? ¿Tras una decisión que consta en actas en el Colegio Académico, ahora se trata de que, ante hechos consumados, los afectados pidan audiencia, argumenten y esperen la gracia de ese órgano en forma de prórroga? ¿Y la violación al Contrato? ¿Y la obligación contractual de someter a la consideración del sindicato las modificaciones al EPA porque tiene que ver con los derechos laborales de los académicos? ¿Se trata de evitarle una “frustración” a las autoridades estatales? ¿El sindicalismo está siendo sometido a un examen de aptitud por parte de la administración?

Independientemente de los evidentes despropósitos de una burocracia empoderada, llama la atención que, a estas alturas de la depredación y precarización del empleo, algunos estudiantes les hagan el día a sus futuros explotadores al no querer huelga, e incluso haber dicho que la iban a impedir. ¡Oh, ignorancia adolescente!, una huelga no se frustra impidiendo la colocación de banderas y candados en las entradas de la universidad por los trabajadores, porque es un recurso previsto y normado por la legislación laboral vigente.


Para sorpresa de muchos estudiantes de disciplinas contables y administrativas, entre otros, los trabajadores tienen derechos protegidos por la ley, lo que sugiere la necesidad de tomar nota y prepararse cívicamente para su futura vida profesional. Es oportuno aclarar que muchos, por no decir la inmensa mayoría, tendrá que emplearse en condiciones precarias, donde sentirán, tarde o temprano, la necesidad de contar con un sindicato que proteja sus intereses laborales, y que les garantice una vida personal y profesional digna y libre, en lo posible, de las “frustraciones” que provee el sistema. Así las cosas, ¿acaso no es un absurdo monumental pensar como si fuera patrón quien ni siquiera llega o podrá llegar a ser empleado? ¿Por qué no allanar el camino para mejores condiciones de vida luchando al lado de los trabajadores? ¿Por qué no asumirse como futuro trabajador que defiende, desde ahora, sus derechos? El tiempo es oro.

martes, 12 de abril de 2016

La cuenta regresiva universitaria

Desde la entrega del emplazamiento a la autoridad laboral y a la administración universitaria, el STAUS ha desplegado una intensa actividad que incluye reuniones de la Comisión Negociadora, asambleas sindicales y reuniones informativas para profesores y estudiantes, medios de comunicación y espacios informativos en línea. El esfuerzo de comunicación es, por decir lo menos, ejemplar.

La idea que anima los trabajos de pre-huelga son básicamente los de la organización de la resistencia en la que pudiera ser una suspensión de actividades prolongada, según el sombrío pronóstico del propio rector Grijalva; el diálogo permanente con los académicos y el alumnado, la apertura de canales informativos con la prensa y la comunidad en forma fluida, oportuna y transparente y, prioritariamente, los esfuerzos de diálogo y conciliación con la administración universitaria.

La comunicación con la base académica y estudiantil está en progreso mediante formas de “diálogo con soluciones”, que se lleva a cabo al interior del campus. Lo anterior se ve complementado con los segmentos informativos del STAUS en línea y los vídeos que se comparten vía youtube, entre otros medios. Lo anterior permite suponer que la comunidad estudiantil puede estar debidamente informada de las incidencias de este período crítico. Esto último es importante por cuanto que son un sector de interés en las eventualidades de la vida institucional.

Nadie puede negar que la principal preocupación del sector académico está en el logro de mejores condiciones de trabajo, sabedores de que esto significa no sólo oportunidades para su profesionalización y promoción, sino de cumplir de mejor manera con la función formativa que se desarrolla en obvio beneficio de la calidad educativa, la cual está a cargo del personal académico en el aula, el laboratorio, el seminario o el taller.

La comunidad académica es la única capaz de autocorrección ya que la interacción entre pares permite contrastar, debatir, argumentar y consensar opiniones expertas basadas en el logro académico y la experiencia profesional. En ese sentido, las cada vez más altas cuotas de puntajes exigidos por la administración para efectos de promoción de categoría y nivel son, lamentablemente, no sólo desproporcionadas sino absurdas. Pareciera que coexisten precariamente dos universidades: la real, que se expresa en el día a día frente a los alumnos y la otra, lejana al proceso de enseñanza-aprendizaje y cercana a exigencias más de índole burocrático-laboral, cuya finalidad es ahorrar recursos a costa de las funciones sustantivas universitarias.

La Universidad y el pueblo de Sonora son víctimas del secuestro neoliberal, perpetrado por una burocracia sin imaginación, empeñada en sofocar las aspiraciones de bienestar y progreso de los trabajadores, de los estudiantes y, en general, de las familias sonorenses.

La sórdida acción privatizadora impuesta por el sistema exige trabajadores sin derechos, sin garantías sociales, sin sentido de pertenencia hacia sus centros de trabajo, sin futuro, en cambio, la esencia universitaria, humanista y respetuosa de nuestra cultura y tradiciones, a la par que amiga del progreso científico y tecnológico, no puede representar más que un frente de oposición responsable a dichos designios.

Es justamente ese el sentido de la lucha de los sindicalistas universitarios: la defensa de los principios fundacionales de la institución; el qué, el cómo, el quién y el para qué de su función transformadora, reclamados por sus propios actores en la forma en que saben hacerlo: mediante el diálogo, la argumentación justa y la transparencia en los dichos y los hechos. Mientras que el sindicalismo habla de frente, la administración evade y provoca.

El silencio esquivo de la administración y una forma de negociación encaramada en las negativas, genera ansiedad en los estudiantes y sus familias, molestia entre los sindicalistas y preocupación en los diversos actores políticos, económicos y sociales que integran el abigarrado conjunto que llamamos Sonora. Según se ha visto, una vez más la madurez y la prudencia están de lado de los trabajadores, pero, ¿qué impide a la administración cumplir con su deber de gestión? ¿Por qué se viola sistemáticamente el Contrato Colectivo, habida cuenta de las consecuencias legales y sociales de esta conducta? ¿En qué momento perdió el rumbo la administración y se transformó en un ente ajeno y lejano de la comunidad universitaria que debiera representar?


La fecha del estallamiento de la huelga es el 15 de este mes. El reloj avanza y las negativas y evasivas siguen siendo las respuestas a los reclamos de los trabajadores. El plazo se acerca y con él una nueva página en el libro de los actos fallidos y las miserias de una burocracia sin conciencia. De todos modos, se espera un chispazo de virtud, un signo que revele la existencia del espíritu universitario que, sin exclusión, nos identifica como parte de una comunidad progresista y justa. Nos acercamos a las grandes definiciones.

domingo, 10 de abril de 2016

Privatizaciones

                                               “La autoridad sólo se compra con la virtud” (Claudio).

El gobierno de la república proclama ufano que ya no dependemos del petróleo. La política de apertura económica ha pasado por los recursos energéticos esenciales para el fortalecimiento de la economía nacional y el poder público, en cuanto garante del progreso y desarrollo integral de la nación. Ahora, sin la palanca energética, ¿de qué dependemos?, ¿cuál es la puerta mágica al crecimiento y desarrollo nacional?

El anuncio de recortes presentes y futuros alcanza niveles de paroxismo esquizoide a la luz de las declaraciones del priismo organizado en alabanza insomne a las reformas “estructurales” que mueven a México, según señala el presidente. ¿Para qué recortar el presupuesto si las cosas van tan bien? ¿Será que tenemos que reducir el margen de crecimiento para que las transnacionales puedan obtener ganancias en actividades que ahora, el gobierno nacional, no apoya, administra y ni siquiera posee?

Todo parece indicar que nuestras autoridades (federales, estatales y municipales) se vieron agobiadas por las presiones del FMI, el Banco Mundial y más recientemente la OCDE, que recomendaban y demandaban una rápida e indiscutida reducción o reclasificación de la soberanía y, desde luego, el sentido del concepto “dominio de la nación”. En un mundo imaginado como globalizado por los realizadores de Washington, la película nacional debiera ser filmada en escenarios futuristas, libres de nacionalismo y sentimientos patrióticos que pudieran afectar la acción y progreso de las trasnacionales como propietarias del futuro y beneficiarias de la disminución del Estado.

Nuestro país, como suscriptor neto de acuerdos y tratados internacionales asimétricos, ha buscado, sobre todo a partir de los años 90, sepultar los fantasmas del nacionalismo revolucionario presentes en nuestro pasado económico y político: la expropiación petrolera cardenista y la nacionalización eléctrica lopezmateista son malos ejemplos de soberanía que los gobiernos modernos y abiertos al exterior deben erradicar, borrar de la memoria y desacreditar por todos los medios posibles.

Y ¿qué decir del fomento a la industria nacional, el apoyo técnico y financiero a la producción rural, la producción nacional de semillas mejoradas y fertilizantes, además de los sistemas de abasto popular y los precios de garantía, en la lógica de la autosuficiencia alimentaria?

¿Será que es mejor ser un buen consumidor de productos y servicios importados antes que productor y proveedor de lo necesario para la vida de empresas y familias? ¿Es más moderno depender del exterior que de la propia capacidad productiva y comercial para garantizar el abasto nacional?  ¿Nuestro boleto para formar parte del concierto de las naciones que no desafinan la música del imperialismo se paga con cuotas crecientes de dependencia?

Si nuestra relación con el exterior está signada por el abandono de la búsqueda de la independencia tecnológica, científica y productiva, ¿estamos logrando ser una buena colonia de explotación, ahora corregida y aumentada?

El gobierno, para no desentonar con sus similares ejemplificados por Perú, Colombia, Chile y ahora Argentina, ¿debe renunciar a funciones que son sustantivas y que le dan legitimidad a la función pública? ¿Será por eso que la Constitución se reforma y se “armonizan” las normas? ¿El mercado y la iniciativa privada resuelven el problema de la pobreza, el acceso a los mínimos de bienestar y la paz con justicia social? Las evidencias internacionales demuestran que no es así.

Los callejones sin salida que construye el neoliberalismo tienen por destino la rispidez y la confrontación social, animando y recrudeciendo la lucha política en forma de movimientos ciudadanos que eventualmente pudieran converger electoralmente en apoyo a determinadas candidaturas y, por otra parte, el gobierno y su cauda de partidos clientelares y sus hordas de beneficiarios coyunturales que están por la torta, el refresco y la tarjeta de débito.

Mientras el gobierno inventa el agua tibia, la ola de privatizaciones avanza como lava ardiendo, calcinando las expectativas de una ciudadanía que lucha por conservar lo que por elemental derecho le pertenece. Tras el ridículo anuncio del aumento en la tarifa del agua, a los hermosillenses se les amenaza con privatizar el servicio público de recolección de basura. El gobierno federal se reduce funcional y presupuestalmente, de donde los gobiernos locales y municipales ¿deben achicarse también? ¿Dejamos de ser un Estado federal donde hay diversos centros productores de normas y volvemos a los tiempos de centralismo espurio del porfiriato, donde la soberanía de los estados y la autonomía de los municipios son letra muerta? ¿Tienen sentido las expresiones “estado libre y soberano” y “municipio libre”? ¿Qué contenido quieren que tenga la “autonomía municipal”? El municipio, ¿es un orden de gobierno o una dependencia estatal en proceso de desincorporación?


La privatización de los servicios es una claudicación de funciones propias del gobierno, una cesión de espacios, objetivos y recursos que siendo necesarios para el desarrollo de la comunidad no debieran dejarse en manos privadas. El convertir en negocio las funciones públicas no supone progreso, sino una torcida y dogmática cesión de responsabilidades en cuyo cumplimiento descansa la confianza del elector respecto a su gobierno. Como se ve, el período electoral del 2018 promete ser portador de varias e importantes definiciones. La moneda está en el aire…

viernes, 8 de abril de 2016

El estudio del municipio en Economía

Por asombroso que resulte, para muchos economistas académicos aún resulta difícil entender la importancia teórica y práctica de los cursos cuyo objeto es el Municipio. Al parecer, nuestros colegas siguen anclados en una especie de ortodoxia académica circular y desdeñan algo que se imaginan más cerca del derecho y la administración pública que de la ciencia económica. Lo anterior resulta tan desconcertante como pudiera serlo la suposición de que la planeación del desarrollo no es objeto de estudio y trabajo práctico del economista por el hecho de que aparece en la legislación federal y local como una obligación del Estado y, por tanto, tanto el artículo 25 como el 26 constitucional y su ley reglamentaria son territorio de abogados y administradores. Como puede apreciarse, el reduccionismo es puerta para interpretaciones con visos de ser absurdas.

Lo cierto es que muchos programas de enseñanza de la economía privilegian o simplemente se conforman con los tópicos más socorridos del enfoque neoclásico, aderezados por las típicas herramientas cuantitativas que le son complementarias, preferentemente buscando un campo de formación conceptual y operativo referido a   negocios, según la tendencia dominante. Sin duda alguna, la teoría económica es importante y obviamente las herramientas técnicas, pero la formación del economista no termina ahí. El reto es procurar una formación integral que permita al egresado desempeñar sus funciones en el ámbito de su preferencia, privilegiando la utilidad social de su ejercicio profesional.

En el caso del economista formado en la Universidad de Sonora, al incorporar al plan de estudios el área de desarrollo regional se incluyó el Municipio por tres razones principales:

La primera fue aportar los elementos teóricos y prácticos para la comprensión de fenómenos económicos regionales y micro regionales presentes en el espacio municipal; es decir, situar el discurso de lo regional y los fenómenos inherentes a este en un terreno real y concreto, espacio-temporalmente determinado, con el fin de establecer y comprender sus causas, desarrollo y efectos, tanto en el espacio municipal como en su área de influencia regional.

La segunda, fue contribuir a situar el trabajo del profesional dentro del marco real de relaciones entre los actores y sectores económicos a partir de la célula misma del modelo federal mexicano, que es la institución municipal definida como la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los estados, establecida en el artículo 115 constitucional.

Al respecto, cabe aclarar que la labor del economista del sector público se desarrolla necesariamente en los límites del marco normativo vigente, de suerte que los análisis, las conclusiones y las recomendaciones que emita, para tener validez y efectos en la toma de decisiones, deben estar apegadas a derecho. Es claro que el economista debe conocer y servirse del marco legal para poder incidir en la modificación de la realidad en beneficio de la sociedad.

Lo anterior responde al hecho de que en la formación escolar del economista no existen cursos que lo capaciten para incorporarse al mercado de trabajo de manera suficiente, en términos de competencia y pertinencia, ya que la realidad de su ejercicio requiere del conocimiento de las normas legales de carácter económico que permiten desarrollar mecanismos institucionales que incidan en la modificación de las condiciones que afecten al crecimiento y desarrollo económico y social. Si no fuera por este anclaje institucional no sería posible el impulso al desarrollo integral nacional y local (artículo 25 constitucional) mediante acciones con propósitos transformadores, formalmente asociadas a la planeación pública (artículo 26 constitucional). La ausencia de cursos cuya temática es el análisis de los aspectos económicos del derecho (cuya importancia heurística es equiparable a la de la estadística, teoría de precios, análisis de costo-beneficio, costos de transacción y teoría de juegos, entre otras temáticas relevantes en el campo de la Economía Pública), se ve compensada curricularmente con la incorporación de las materias optativas de Desarrollo Municipal y Economía Municipal al plan de estudios de Licenciado en Economía de la Universidad de Sonora, que adicionalmente rescatan y se sirven de la Geografía económica en sus aspectos conceptuales, descriptivos y analíticos para una mejor comprensión de las interacciones humanas en el espacio.

La tercera razón, no menos importante y consecuencia lógica de las anteriores, fue la de dar al estudiante conocimientos específicos que eventualmente le permitieran acceder al sector público estatal o municipal. Los conocimientos sobre desarrollo municipal y economía municipal son, visto pragmáticamente, la caja de herramientas básica que el futuro economista del sector público necesita para ofrecer su fuerza de trabajo especializada en el mercado profesional.

Como se puede apreciar, los estudios municipales incorporados al plan de estudios son un espacio concentrador del conocimiento económico aplicado al Municipio, la institución base de cualquier esfuerzo de regionalización que se sustente en el marco de relaciones económicas, políticas y sociales formalizadas en el federalismo mexicano. En consecuencia, podemos afirmar que constituyen un puente entre la teoría y la práctica y, a la vez, un campo de estudio y oportunidades para el desarrollo profesional del economista, además de servir como una especie de conjunto-intersección entre tres importantes campos de las ciencias sociales: economía, política y administración pública, lo que claramente da una connotación interdisciplinaria en beneficio de la formación del economista.

Los frutos de este esfuerzo quedan a la vista: se cuenta con trabajos de titulación que se refieren a problemas concretos en comunidades concretas; se plantean explicaciones y posibles soluciones a problemáticas reales, vigentes, de alcance municipal y regional. Tenemos egresados que han logrado posiciones, en algunos casos relevantes, en el sector público, tanto estatal como municipal, y han contribuido al quehacer económico y político de sus lugares de origen.


Podemos concluir diciendo que el estudio de la temática municipal permite situar el conocimiento económico convencional en el terreno de la realidad local y, mediante aproximaciones sucesivas, la profesión económica transita del discurso teórico y las explicaciones a priori a la compresión de la dinámica de los problemas reales del espacio objeto de estudio, lo que permite ofrecer explicaciones y posibles soluciones en forma de medidas institucionales que pueden ser programas y proyectos específicos integrados en el diseño de políticas públicas. Lo anterior permite el conocimiento y la experiencia necesaria para proponer medidas no sólo pertinentes sino innovadoras que amplíen el campo de acción profesional y sus formalizaciones teórico-conceptuales. Esta es, sin duda, una forma de revaloración y vigencia de la profesión cuya legitimidad es dada por la utilidad social de la presencia e intervención del economista, y su capacidad para incidir en la realidad procurando el bien común.

lunes, 4 de abril de 2016

Después del asueto primaveral, la realidad.

                         “Daño no hace quien su derecho usa” (máxima del derecho romano).

Regresan los chicos a la escuela en medio de rugosas expectativas y premoniciones ligadas a la posible ausencia del maestro que se opuso a la reforma punitiva laboral que pasó por el poder legislativo como “educativa”; vuelven los paseantes adictos al reventón que obra como anexo y que pinta de colores nuestra inveterada propensión a imitar los usos y costumbres de los jóvenes gringos, que hacen del asueto tiempo y espacio para mostrar la verdadera cara de su decadencia como sociedad.

Por estos rumbos, se contabiliza la derrama económica que cae por gravedad en las costas mexicanas, con abundancia de dólares y vomitonas anglosajonas que se mezclan con las flatulentas y supurantes parodias de diversión que escenifican nuestros autóctonos muchachos debidamente colonizados culturalmente. Sexo, alcohol y drogas bajo la estricta vigilancia de la autoridad competente que cuida y protege los intereses mercantiles asentados en el paisaje turístico local. Somos una economía abierta y dependiente, como las prostitutas trotonas, las de punto y los lenones que fungen como autoridad que administra y dispone del cuerpo y las aspiraciones de la carne en venta.


Pero, como toda justificación que no lo es, “nuestra economía ya no depende del petróleo” (Videgaray dixit), lo que debemos celebrar con la embriaguez social que mejor acomode. La apertura comercial parece suponer que nosotros y ellos tenemos las mismas condiciones, que los aparatos productivos son similares, que la superioridad tecnológica, financiera y comercial no es tanta y que los niveles de educación y especialización son, al igual que las oportunidades de trabajo e ingreso, competitivas. Si ya no dependemos del petróleo, ¿de qué es ahora, si no de los intereses depredadores de las trasnacionales y los organismos financieros internacionales?  Si no dependemos de nuestros recursos y capacidad productiva, de nuestra organización agrícola, industrial y comercial, de nuestro sistema educativo y desarrollo científico y tecnológico, ¿de qué de más podemos hacerlo fuera de la ridícula situación de ser una colonia de explotación trasnacional? Será por eso que el gobierno decreta recortes al gasto público que afectan al campo, la salud y la educación.

¿Para qué se van a canalizar recursos a los sectores productivos si la política económica está diseñada para hacer de México un país cliente en materia de alimentos, medicinas, seguridad pública y justicia, seguridad social y normas legales de observancia general? Es claro que una colonia no requiere ni política económica, ni normas legales, ni formas de organización social, ni productivas propias. Simplemente adopta los modelos que provee la metrópolis de la cual depende. En ese sentido, las “reformas estructurales”, las legales, las prácticas, procedimientos y “protocolos” que se imponen en la nación y la entidad, “al estilo americano”, simplemente viene a confirmar la calidad gerencial del gobierno y sus esfuerzos por hacer encajar las piezas que caen del exterior (EE.UU., FMI, BM, OCDE) en el sitio correcto de nuestro Tetrix nacional.

Los recortes programados y las recetas de la OCDE también abarcan la seguridad social en un punto altamente sensible: las pensiones de los trabajadores son el blanco tanto de depredadores bancarios como del gobierno que juega a la ruleta con el ahorro generado. Las Afore han demostrado que sus pérdidas carecen de justificación económica y social, que se trata de un negocio irresponsable avalado por el gobierno y bendecido por la Suprema Corte. Para los ministros no hay problema con el anatocismo (cobro de intereses sobre intereses), las pérdidas en el ahorro pensionario, como tampoco en reducir la pensión de los trabajadores a niveles de infra subsistencia. El máximo tribunal no garantiza la legalidad de las medidas sino su aceptación cómplice. Se aprueban leyes por el simple expediente de su interpretación mecánica, literal, sin contexto histórico, social, ético. Se parte de una idea abstracta de sociedad y de convivencia, que termina prostituyendo la vida cotidiana y destruyendo valores y principios. La irresponsabilidad del poder judicial es correspondiente a la del legislativo y el ejecutivo. Cosas de la vida dependiente de una colonia que formalmente aparece como estado libre y soberano. La moral pública sale sobrando cuando la corrupción es manifestación de logro.

Si esta es la mentalidad dominante, ¿a quién le puede extrañar que haya desprecio de las autoridades hacia los trabajadores, sus organizaciones y los contratos colectivos de trabajo? ¿Acaso no es funcional al sistema que, por ejemplo, un rector universitario firme un contrato colectivo, para después violar sus cláusulas? La moral no está en las relaciones de los sujetos, en la conducta personal y profesional, sino en las constancias de acreditación, los ISO, la vigencia del formato y la acumulación de puntajes para recibir lo que el doctor Manuel Gil Antón llama aportaciones monetarias condicionadas.

La institución universitaria, gracias a un marco normativo cargado hacia la forma con desprecio al contenido, a las aportaciones condicionadas a la implementación de programas y criterios federales y locales, a la precarización de los títulos y los planes y programas de estudios, al empobrecimiento del discurso académico y la vida universitaria,  junto al deterioro del poder de compra y las condiciones de vida de los académicos, termina encajando cada vez más en el Tétrix de la dependencia nacional. Las piezas de nuestra negación van cayendo por gravedad. Pero, si el sistema económico agobia las múltiples expresiones de nuestra nacionalidad, aún resulta un hueso duro de roer la conciencia de los trabajadores y sus organizaciones sindicales.

El sindicalismo independiente representa un bastión de resistencia de la inteligencia, por la integridad y el decoro de las instituciones, donde cabe destacar la importancia de los sindicatos universitarios STAUS y STEUS en las luchas por el mejoramiento de las condiciones de trabajo y vida de sus agremiados.

En este escenario, la reacción de las mentalidades colonizadas por el sistema podrá atacar y tratar de descalificar la lucha de los trabajadores, actualmente en período de pre-huelga; podrán decir frívola e irresponsablemente que son flojos y que ya se pongan a trabajar, que viven muy bien y quieren más, que ya basta de huelgas, que vale más correr a los que protestan y reclaman lo que legalmente les corresponde.

Cabe esperar mayor conciencia de parte de los ciudadanos comunes que sufren, como los universitarios, los abusos del sistema, así como mayor apoyo y solidaridad de los estudiantes y de sus familias. La moneda está en el aire y el tiempo avanza…