Conspiración en Pémex

Notas Sueltas es un espacio de opinión sobre diversos problemas de carácter social, económico y político de interés general. Los comentarios pueden enviarse a: dalmx@yahoo.com

domingo, 24 de julio de 2016

Comisión federal de apagones

                                                 “La moda, es decir, la monotonía del cambio” (Unamuno).

La famosa e inefable CFE, empresa de clase mundial (sic), anuncia a sus clientes cautivos de Sonora y Sinaloa que suspenderá “dependiendo de la demanda” la provisión del fluido eléctrico para evitar daños por sobrecarga a la red noroeste. Es decir, Hermosillo, Guaymas, Cd. Obregón y Navojoa dejarán de tener “luz” cualquier día y hora de la semana, a fin de evitar “daños” en la red, pero como los cortes son profilácticos sólo serán de 20 minutos, según afirma la “empresa productiva” al borde de un ataque de anemia trasnacional, no sin antes ofrecer disculpas “por las molestias que esta situación puede provocarles”.

Es claro que los cortes de energía son una especie de daño colateral necesario y obligado por la simple razón de que de alguna manera se tienen que visualizar las ventajas de la Reforma Energética, sin dejar del todo claro si éstas son para las trasnacionales del tipo Iberdrola, o si lo son para las empresas antes nacionales que producían bienes y servicios públicos bajo los supuestos de cobertura, calidad, generalidad y continuidad.

Como quiera que se vea, la CFE disminuye su capacidad productiva en aras de crear espacios de participación, competencia y ganancia a las empresas nuevas que ingresan en el mercado eléctrico nacional una vez que se declaró como una simple broma histórica la nacionalización de la electricidad por Adolfo López Mateos en 1960. Desde que el país ingresó a la modernidad, entendida como la serie de medidas necesarias para achicar el Estado mexicano en beneficio de las trasnacionales extranjeras, los esfuerzos por ceder y conceder servicios y recursos al capital extranjero y reforzar la dependencia en sectores antes considerados estratégicos para el desarrollo, se ha convertido en el dogma de fe neoliberal que cada gobierno emanado del PRI-PAN debe seguir al pie de la letra.

En ese sentido, la mentalidad nacional debe cambiar y abrirse a las modas, deseos, caprichos, inclinaciones y perversiones externas, para crear una base de entendimiento que inspire confianza a los inversionistas y replantee las prioridades nacionales: ayer era el crecimiento y desarrollo agrícola e industrial, la soberanía alimenticia, la distribución del ingreso y la seguridad social como factores de progreso y estabilidad política, mientras que ahora lo son la desnacionalización y privatización de la producción, la educación, la salud, la seguridad y los servicios públicos; el matrimonio igualitario, la intervención de organismos extranjeros en la administración de justicia y los cada vez más curiosos criterios de constitucionalidad de las normas.

Por ejemplo, para el mexicano promedio debe quedar claro que la reforma educativa es “la que el México del siglo XXI necesita”, y que los maestros “son delincuentes” si por alguna razón manifiestan algún tipo de inconformidad ante la amenaza de ver evaporados sus derechos laborales. La palabra mágica “evaluación” debe ser suficiente para persuadir a todo mundo de que la calidad que se persigue bien puede estar lejana de los objetivos puramente académicos, pero cercana a la domesticación laboral y a las infinitas emociones de ser un trabajador tan desechable como prescindible, tan sustituible como criminalizable.

En otra dimensión del modelo trasnacional de transformación social aplicado a México, a nadie debe extrañar y menos cuestionar el mensaje que llevan programas de televisión como “De Charlie a Carli”, “Un marido y cuatro esposas”, “Trans-historias” o “Mis cinco esposas”, surtidos con festivo desparpajo por TLC-Discovery. Es obvio que la familia mexicana y sus valores tradicionales pueden lucir avejentados ante las novedades de la reingeniería familiar y social impulsada por el mundo anglosajón y sus intereses económicos, de suerte que el gobierno se empeña en hacer pasar de la tele a la realidad nacional los supuestos esenciales de la apertura comercial y conductual que el sistema financiero internacional espera y demanda.

¿Qué sería de México si conservara sus principios y valores? ¿Qué pensarían los gringos ante la resistencia nacional de modernizar la familia? ¿Los gringos podrían soportar la decepción de tener por vecino un país con dignidad y alta autoestima? Igualmente, malo sería sostener la provisión de bienes y servicios estratégicos bajo el control total o mayoritario estatal e impulsar un modelo de desarrollo propio, basado en nuestros recursos, la experiencia y pertinencia de las instituciones y en la productividad nacional, para poder desarrollar nuestra industria y competir en mejores condiciones.

Como quiera que sea, los apagones de la CFE nos advierten de los costos de no reinvertir en infraestructura y tecnología y ceder los espacios comerciales más jugosos a las empresas trasnacionales. En este contexto, la visión de mundo y realidad debe ser complementaria a la subordinación política y económica, por lo que resulta lógica la reforma educativa y la compulsiva promoción de la diversidad sexual como objetivo incuestionable del nuevo estado mexicano. Por un lado, se tiene la claudicación del Estado en sus obligaciones constitucionales y, por otro, una labor legislativa que garantiza la subordinación nacional ante los imperativos económicos, políticos y culturales extranjeros.

Se podrá alegar que en México falta una cultura de tolerancia, pero en ningún momento se trabaja para lograr condiciones de equidad entre el medio urbano y el rural, y entre los ricos y la serie de capas sociales que estratifican la miseria. La pobreza es considerada como un mal endémico que a nadie debe extrañar, de suerte que su “normalidad” no es objeto de cuestionamiento que amerite acciones firmes y de largo plazo, menos de vistosas marchas que exhiban pancartas, banderas y consignas contra lo que debiera avergonzarnos profundamente como sociedad. Nos conformamos con discursos y medidas asistencialistas, con becas y empleo temporal, con cursos de capacitación sin conexión con el mercado, con campañas mediáticas efímeras y de corte electorero.


Los apagones de la CFE son, en este caso, unas de las señales externas de una nación de precaristas recolonizada por el capital extranjero. Siendo así, ¿debemos sufrir pacientemente el calor y la abyección de ser una nación de simples consumidores de lo que renunciamos a producir, y pagar los costos de esa “modernidad”? ¡Un cuerno!

domingo, 17 de julio de 2016

La lucha magisterial es por la legalidad

                                                 “El bienestar del pueblo es la suprema ley” (Cicerón)

¿No ha sentido que estamos en una burbuja a punto de reventar? Pues yo sí. Le explico.  El conflicto magisterial desencadenado entre otras cosas por el espíritu y la letra de la reforma educativa (sic) ya ha remontado el marco de las relaciones de dominación-subordinación propias del sistema económico y político que agobia al país, habida cuenta que los propios afectados directos, los alumnos y sus familias, en no pocos escenarios se han manifestado en apoyo a los maestros.

El apoyo de los usuarios de los servicios educativos se ha visto aumentado gracias a la suma de grupos de ciudadanos y organizaciones civiles sin aparente vela en el entierro, pero unidos por diversas inconformidades y agravios cuya autoría común la ostenta el gobierno federal y sus patéticas réplicas estatales. La inconformidad y la resistencia a recibir atole con el dedo se ha fortalecido en los últimos meses, pudiendo configurar un gran frente nacional que, aunque aglutina muchas causas, se funde en uno sólo de oposición a las medidas punitivas, represivas y regresivas que han caracterizado al actual gobierno.

No le voy a aburrir con el consabido recuento de los errores, pifias, simulaciones, engaños, manipulaciones, mentiras, abusos, ilegalidades, traiciones y metidas de pata que han precipitado al país al fracaso y la bancarrota. No le amargaré la vida con los dichos y los hechos que nos han colocado como el hazmerreír del mundo y la vergüenza de Latinoamérica; ni los bochornosos gazapos cometidos en cada una de las giras por el extranjero… No, no lo haré, ya que para eso está la prensa (alternativa) nacional e internacional.

En todo caso, debo subrayar el abuso conceptual que hacen de la legalidad y los derechos tanto los funcionarios federales y estatales como los más conspicuos representantes de la clase empresarial, ávida de venganza y sangre magisterial, por aquello que juzgan violatorio al estado de derecho: ¿cómo es posible que los maestros se pongan en el plan de trabajadores de la educación que reclaman derechos y no de eunucos escolares obligados a someterse a cualquier tipo de ignominia? ¿Cómo se atreven a impedir el paso de camiones cargados de productos trasnacionales chatarra, afectando las vías del imperialismo alimentario? ¿Cómo tolerar que los profesionales de la educación quieran intervenir (opinar, proponer, señalar) en el diseño de una verdadera reforma educativa y los mecanismos pertinentes para una verdadera evaluación, en oposición a burócratas y mercenarios que actúan como operarios de la OCDE y otros organismos financieros internacionales?

La clase patronal al pronunciarse por la mano dura gubernamental contra el magisterio insubordinado lo único que hace es evidenciar su escasa relación con el interés nacional, ya que la lucha de los docentes es por la defensa de sus derechos laborales y por la gratuidad y calidad de la educación pública nacional, pero, ¿qué se puede esperar de un empresariado cuya máxima expresión de logro es servir de representante de los intereses trasnacionales? ¿Acaso educan a sus hijos en escuelas y universidades públicas mexicanas? ¿Conocen y valoran los esfuerzos de los maestros en las zonas rurales y periféricas urbanas? ¿Tienen idea de las dificultades que enfrenta el magisterio al trabajar en escuelas donde falta casi todo? ¿Cuándo hablan de “inglés y computadoras” en las escuelas, sabrán que muchas carecen de electricidad y que muchos estudiantes difícilmente hablan español?

Si en el país la educación básica es obligatoria y gratuita, ¿saben que se cobran cuotas a las familias y que en muchos casos esto condiciona la inscripción de los alumnos? ¿Tendrán idea de que ahora no es raro que los libros de texto “gratuitos” se vendan como cualquier otro libro? ¿En realidad, qué interés nacional defienden los empresarios? ¿Por qué tan apasionada defensa de una reforma que cancela derechos laborales y que en nada contribuye a mejorar la calidad de la educación?

Así como resulta interesante por su pedante oportunismo la participación de los empresarios vende patrias, también lo es la variopinta presencia de políticos que como la Chimoltrufia hoy pueden apoyar a los maestros y mañana no tanto. La demanda de abrogar la fallida reforma educativa en ningún caso puede representar el derrumbe de las instituciones de la república, sino su rescate. Sucede que México es una república federal con un “gobierno democrático, representativo y popular”, según la Ley Suprema. En tal caso, es un imperativo constitucional que las leyes que se promulguen sean emanadas de la voluntad popular y postuladas por sus representantes, que son los legisladores federales y, en su caso, los locales.

Así las cosas, ¿qué consulta se llevó a cabo entre los maestros y ciudadanos interesados en la educación? ¿A cuántos especialistas se consultó? ¿Cuáles foros de discusión y análisis se celebraron en las escuelas normales, universidades y centros de investigación y a cuántos de ellos asistieron los legisladores? ¿Qué tipo de consulta hicieron los diputados entre sus electores y qué estudios nacionales independientes fueron analizados?

Es evidente que la abrogación de la reforma sería un primer paso para la reconciliación nacional y una muestra de respeto y humildad por parte de los legisladores, pero sobre todo una señal clara de compromiso con México, más allá de la típica subordinación anticonstitucional hacia el Poder Ejecutivo. Es imperativo que se recupere la independencia y el equilibrio entre los poderes de la Unión. De ello depende la puesta en orden y al día de nuestra democracia.

La lucha de los maestros va más allá del tema educativo y laboral, porque toca la viabilidad misma de las instituciones que deben volver a los cauces de legalidad y justicia que el país reclama.


La lucha magisterial es por la legalidad

                                                 “El bienestar del pueblo es la suprema ley” (Cicerón)

¿No ha sentido que estamos en una burbuja a punto de reventar? Pues yo sí. Le explico.  El conflicto magisterial desencadenado entre otras cosas por el espíritu y la letra de la reforma educativa (sic) ya ha remontado el marco de las relaciones de dominación-subordinación propias del sistema económico y político que agobia al país, habida cuenta que los propios afectados directos, los alumnos y sus familias, en no pocos escenarios se han manifestado en apoyo a los maestros.

El apoyo de los usuarios de los servicios educativos se ha visto aumentado gracias a la suma de grupos de ciudadanos y organizaciones civiles sin aparente vela en el entierro, pero unidos por diversas inconformidades y agravios cuya autoría común la ostenta el gobierno federal y sus patéticas réplicas estatales. La inconformidad y la resistencia a recibir atole con el dedo se ha fortalecido en los últimos meses, pudiendo configurar un gran frente nacional que, aunque aglutina muchas causas, se funde en uno sólo de oposición a las medidas punitivas, represivas y regresivas que han caracterizado al actual gobierno.

No le voy a aburrir con el consabido recuento de los errores, pifias, simulaciones, engaños, manipulaciones, mentiras, abusos, ilegalidades, traiciones y metidas de pata que han precipitado al país al fracaso y la bancarrota. No le amargaré la vida con los dichos y los hechos que nos han colocado como el hazmerreír del mundo y la vergüenza de Latinoamérica; ni los bochornosos gazapos cometidos en cada una de las giras por el extranjero… No, no lo haré, ya que para eso está la prensa (alternativa) nacional e internacional.

En todo caso, debo subrayar el abuso conceptual que hacen de la legalidad y los derechos tanto los funcionarios federales y estatales como los más conspicuos representantes de la clase empresarial, ávida de venganza y sangre magisterial, por aquello que juzgan violatorio al estado de derecho: ¿cómo es posible que los maestros se pongan en el plan de trabajadores de la educación que reclaman derechos y no de eunucos escolares obligados a someterse a cualquier tipo de ignominia? ¿Cómo se atreven a impedir el paso de camiones cargados de productos trasnacionales chatarra, afectando las vías del imperialismo alimentario? ¿Cómo tolerar que los profesionales de la educación quieran intervenir (opinar, proponer, señalar) en el diseño de una verdadera reforma educativa y los mecanismos pertinentes para una verdadera evaluación, en oposición a burócratas y mercenarios que actúan como operarios de la OCDE y otros organismos financieros internacionales?

La clase patronal al pronunciarse por la mano dura gubernamental contra el magisterio insubordinado lo único que hace es evidenciar su escasa relación con el interés nacional, ya que la lucha de los docentes es por la defensa de sus derechos laborales y por la gratuidad y calidad de la educación pública nacional, pero, ¿qué se puede esperar de un empresariado cuya máxima expresión de logro es servir de representante de los intereses trasnacionales? ¿Acaso educan a sus hijos en escuelas y universidades públicas mexicanas? ¿Conocen y valoran los esfuerzos de los maestros en las zonas rurales y periféricas urbanas? ¿Tienen idea de las dificultades que enfrenta el magisterio al trabajar en escuelas donde falta casi todo? ¿Cuándo hablan de “inglés y computadoras” en las escuelas, sabrán que muchas carecen de electricidad y que muchos estudiantes difícilmente hablan español?

Si en el país la educación básica es obligatoria y gratuita, ¿saben que se cobran cuotas a las familias y que en muchos casos esto condiciona la inscripción de los alumnos? ¿Tendrán idea de que ahora no es raro que los libros de texto “gratuitos” se vendan como cualquier otro libro? ¿En realidad, qué interés nacional defienden los empresarios? ¿Por qué tan apasionada defensa de una reforma que cancela derechos laborales y que en nada contribuye a mejorar la calidad de la educación?

Así como resulta interesante por su pedante oportunismo la participación de los empresarios vende patrias, también lo es la variopinta presencia de políticos que como la Chimoltrufia hoy pueden apoyar a los maestros y mañana no tanto. La demanda de abrogar la fallida reforma educativa en ningún caso puede representar el derrumbe de las instituciones de la república, sino su rescate. Sucede que México es una república federal con un “gobierno democrático, representativo y popular”, según la Ley Suprema. En tal caso, es un imperativo constitucional que las leyes que se promulguen sean emanadas de la voluntad popular y postuladas por sus representantes, que son los legisladores federales y, en su caso, los locales.

Así las cosas, ¿qué consulta se llevó a cabo entre los maestros y ciudadanos interesados en la educación? ¿A cuántos especialistas se consultó? ¿Cuáles foros de discusión y análisis se celebraron en las escuelas normales, universidades y centros de investigación y a cuántos de ellos asistieron los legisladores? ¿Qué tipo de consulta hicieron los diputados entre sus electores y qué estudios nacionales independientes fueron analizados?

Es evidente que la abrogación de la reforma sería un primer paso para la reconciliación nacional y una muestra de respeto y humildad por parte de los legisladores, pero sobre todo una señal clara de compromiso con México, más allá de la típica subordinación anticonstitucional hacia el Poder Ejecutivo. Es imperativo que se recupere la independencia y el equilibrio entre los poderes de la Unión. De ello depende la puesta en orden y al día de nuestra democracia.

La lucha de los maestros va más allá del tema educativo y laboral, porque toca la viabilidad misma de las instituciones que deben volver a los cauces de legalidad y justicia que el país reclama.


domingo, 10 de julio de 2016

Sólo promesas

                                           “A la pobreza le falta mucho, a la avaricia todo” (Publilio Siro).

Parece que las altas temperaturas no sólo han afectado la piel, la salud visual, además de los efectos en el metabolismo de los sonorenses, amenazados continuamente de escases de agua y azotados por sensaciones térmicas cercanas a los 45 o 50 grados Celsius (centígrados para los cuates), sino que también la capacidad de asombro y la memoria colectiva. De otra manera sería muy complicado explicar por qué la mayoría permanece impasible, ajeno, lejano y valemadrista ante el horror que sufren los habitantes de siete municipios rivereños a partir del 6 de agosto de 2014.

Las promesas de la empresa minera culpable se hicieron una con las del gobierno en forma de un fideicomiso que vendría idealmente a resolver los impactos más inmediatos del daño. Pronto la realidad cruda y deshidratada vino a demostrar que Grupo México, tanto como otras empresas mineras no están para asumir responsabilidades y costos que, seguramente, adjudican a los propios lugareños por establecer sus pueblos y actividades productivas en el cauce del drenaje que el Estado les concedió para vaciar sus desechos contaminantes. Su famosa aportación de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre y una variedad de metales pesados debe reconocerse no como un cargo sino como un abono a la industria extractiva sonorense y, lo más importante, a la creación de empleos. ¿Qué haría Sonora sin las inversiones que detonan la economía de algunas regiones de nuestras arideces geográficas?  

Cabe reconocer que el esfuerzo productivo tiene, y a veces exige, daños colaterales, arrugas en la planchada superficie de la complacencia gubernamental alineada a los proyectos de la oligarquía trasnacional que emociona al gobierno federal y provoca eyaculaciones precoces en el estatal. Si las mineras nacionales y extranjeras permiten la generación de un “fondo minero” altamente fotogénico y mediático, ¿qué tanto debe importar la problemática doméstica de los municipios afectados? Al parecer, las evidencias científicas oficiales deben obedecer no al interés comunitario sino a la expectativa de progreso empresarial y la atracción de inversiones que tanto preocupa a la gobernadora Pavlovich.

Como se sabe, recientemente se realizó en Aconchi un foro de análisis a casi dos años del derrame tóxico. Balance necesario y concluyente de que el daño le cambió la vida a miles de ciudadanos que, hasta el momento, no ven cómo salir de sus problemas de salud, del daño patrimonial y de la caída violenta que sufrieron en su calidad de vida. Las promesas tienen el efecto de endulzar el oído de quien las pronuncia, pero de la boca para afuera no corre más que el aire y el agua contaminados, la desesperación de los productores regionales, y el enorme vacío que se acrecienta en la desconfianza, la desprotección y la lejanía de quien gobierna. 

En Sonora, la contaminación minera, la de empresas textiles y la ocasionada por las actividades agropecuarias intensivas no son asunto menor, como tampoco lo son sus consecuencias en la economía, la salud y calidad de vida de sus víctimas.

En otros asuntos, llama la atención la oportunista aparición del SNTE en el conflicto originado por la imposición de la mal llamada reforma educativa y sus mecanismos de evaluación punitiva y desaparición de los derechos laborales de los profesores. La maniobra de desaparecer o hacer pasar a un segundo plano a la CNTE, opositora a la reforma, no pasa de ser una patética confesión de charrismo y de complicidad sectaria con un gobierno poco nacionalista, irresponsable y, prácticamente sin cabeza.

Las iniciativas enarboladas por Peña suponen un alto grado de lameculismo trasnacional, tan propio del extranjerismo del gabinete itamita, pero tan apabullantemente torpe y nocivo para los intereses nacionales. Tales despropósitos cubren una amplia gama de temas, entre los que destacan las absurdas “reformas estructurales”, el matrimonio igualitario, el alza de las gasolinas y la tarifa eléctrica, la creciente dependencia agroalimentaria, financiera y tecnológica que contrastan con realidades como la creciente pobreza, el desarraigo, la inseguridad pública, la cada vez más frecuente migración y existencia de indigentes y la nociva inutilidad del trabajo legislativo, sospechosamente apátrida, que se hace con fines mediáticos, electorales, entreguistas y de simple y llana simulación.

México es un país comprometido con un alto número de tratados internacionales, pero la fiesta de firmas, declaraciones y fotos no ha alcanzado algún saldo positivo ni en la economía nacional ni en la paz interior del país. Salir en la foto de los acuerdos y tratados internacionales no resuelve la carencia de objetivos claros ni mucho menos la omisión al cumplimiento de la obligación constitucional de procurar el desarrollo integral de la nación. Tenemos el triste caso en que la acción gubernamental no tiene mucho que ver con la salvaguarda del interés nacional, y sí con la servidumbre al capital extranjero, a la disposición de nuestros recursos estratégicos y al manoseo de la soberanía nacional.


A estas alturas del camino, queda claro que no se puede seguir sosteniendo una farsa nacional y local, basada en la demagogia, el cinismo y la traición. Resulta más que evidente que la nación y la entidad no pueden funcionar con solo promesas, con declaraciones ridículas, con pretextos absurdos, con torpeza inadmisible.

lunes, 4 de julio de 2016

Los profes

                                 “La corrección es la parte más útil de la enseñanza” (Quintiliano).

La llamada reforma educativa nos pone frente a la historia: el ayer colonial y el hoy globalizado desfilan en la superficie de una pantalla espectacular que irradia progreso occidental y que se erige imponente sobre la tierra oscura de un pasado indígena cuyas raíces, ahora genéticamente modificadas por la ciencia occidental y los intereses trasnacionales, resuman folclorismo, parafernalia decorativa y un no-sé-qué de nostalgia: Los indios son decorativos, ecológicos, evocadores de un pasado que la modernidad ignora y la conveniencia niega; los pobladores originales y sus condiciones de vida sugieren que la educación pública debe ser un paliativo administrado en condiciones que no deben rebasar los estándares de semi-exclusión impuestos en beneficio de las “gentes de razón” interesadas en los recursos naturales todavía en manos de las comunidades rurales.

Las comunidades rurales deben apegarse a la añoranza occidental de una vida de privaciones, un tanto silvestre, aunque bendecida por la promesa de un futuro en el que la educación y los beneficios del progreso se ligarán a modelos de desarraigo cultural y depredación económica con rostro anglosajón, que le tuerzan el cuello al cisne de la Revolución de 1917 y al legado de los gobiernos emanados de ella. La pesada carga del agrarismo alentado por Cárdenas y el discurso nacionalista deben ser erradicadas del imaginario colectivo de los nativos de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, como en buena medida lo ha sido en las regiones urbanas y norteñas, donde campea una versión despeinada del “american way of life”.

¿Para qué empecinarnos en discutir las raíces de un pueblo mestizo de cara a las transformaciones globales que impulsa nuestro vecino del norte? ¿Qué caso tiene luchar contra los significativos avances de la neocolonización financiera y comercial de Latinoamérica desde una trinchera nacionalista? El progreso, como la belleza, tiene sus costos. Las apariencias deben guardarse y, en este caso, los contrastes son significativos: tenemos un potente faro orientador que marca la ruta hacia el progreso, pero no puede funcionar sin esos espacios oscuros que permiten apreciar la claridad de la luz. ¿Qué sería del progreso sin puntos de contraste? ¿Qué haríamos sin indígenas en una nación mestiza?

Por otra parte, existen formas de ver el progreso y el bienestar enraizadas en nuestra historia patria, que contrastan fuertemente con la visión unipolar del sistema; se tienen puntos de vista que surgen de nuestra experiencia colectiva y que atienden y dimensionan los orígenes de nuestra nacionalidad sin ignorar los puntos luminosos y los oscuros que nos hacen ser una nación pluriparticular, rica culturalmente, con enormes recursos por aprovechar de acuerdo a nuestras posibilidades e intereses. Queda claro que la homogeneidad no tiene mucho que ver con nuestra realidad, y que ningún modelo impuesto puede suplir la lógica interna de nuestro devenir.

En este contexto, no hay duda que un punto de encuentro entre pasado, presente y futuro de nuestras regiones y comunidades es la escuela. Allí coexisten e interaccionan los personajes, problemas y soluciones que emergen de los libros, las lecciones y actividades escolares, pero también las costumbres, tradiciones, valores y principios de sus actores esenciales: el maestro y los alumnos. Se cuenta con el paisaje cultural formalizado en los libros de texto, en la literatura complementaria, así como con la formación y la experiencia del docente; se tienen vivencias del contexto económico, social y cultural de la escuela, pero también la conciencia de ser y pertenecer a una comunidad. Hay una identidad nacional, pero también una local y familiar que nutre y redimensiona la experiencia escolar. La idea de mundo cambia y se amplía en el trabajo cotidiano, en el que los conocimientos generales y los problemas y soluciones particulares construyen un nuevo horizonte de interpretación y de vida para cada estudiante.

Pero, ¿quién hace posible la obra de toma de conciencia de los alumnos y actúa como promotor del cambio en las comunidades? ¿Quién vive y convive con los actores locales y las situaciones problemáticas que éstos enfrentan en forma cotidiana? El maestro rural cubre funciones de docente, de orientador escolar y familiar, de gestor comunitario, de testigo y cronista de los dichos y los hechos que se suscitan en el entorno escolar y regional. Su compromiso es palpable cuando se trata de hacer posible que la justicia social, económica y política baje de los libros a la realidad cotidiana de su comunidad. Es claro que su conocimiento de la realidad lo convierte en un opinante informado, en un actor legítimo en la búsqueda de respuestas y soluciones sociales.

Pero, en oposición a la labor de servicio comunitario que realizan los maestros, los impulsos globalizadores a los que ha cedido el gobierno adquieren una gravedad tal que ponen en peligro la obra social, económica y política de la Revolución y la defensa, en los hechos, de nuestro patrimonio nacional.

La apariencia de legalidad riñe fuertemente con la legitimidad de la acción cotidiana de los maestros en sus comunidades, y el derecho a la educación tanto como la defensa de nuestro patrimonio viven la agonía de la represión física y la agresión mediática. La reforma educativa es una perversa maquinación “legal” contra los derechos laborales de los maestros y un retroceso monumental de la legalidad y credibilidad de los funcionarios públicos. Se puede afirmar que la reforma atenta contra el derecho de los pueblos a la educación, y que al reprimir y privar de derechos a los maestros se vulnera y desprotege la vida comunitaria asediada por las ambiciones de las empresas transnacionales que ven en los maestros un obstáculo para el control de espacios comunitarios ricos en biodiversidad, agua y otros recursos esenciales.


La lucha de la CNTE no es poca cosa. Debiera ser la de todos los mexicanos por recuperar los espacios controlados por las empresas trasnacionales, con grave perjuicio de la agricultura y el comercio comunitarios; debiera ser una exigencia nacional el poner coto a la grosera intromisión extranjera en la vida y destino de los mexicanos; debiera ser tarea nacional el recuperar los espacios que en el México rural explotan con impune desfachatez empresas embotelladoras, agrícolas y mineras que dejan diariamente su cauda de contaminación, miseria y exclusión en todo lugar donde se establecen. Pero, sobre todo, debiera ser un imperativo categórico la defensa de la educación pública gratuita y de calidad. Debiera.