Conspiración en Pémex

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domingo, 17 de julio de 2016

La lucha magisterial es por la legalidad

                                                 “El bienestar del pueblo es la suprema ley” (Cicerón)

¿No ha sentido que estamos en una burbuja a punto de reventar? Pues yo sí. Le explico.  El conflicto magisterial desencadenado entre otras cosas por el espíritu y la letra de la reforma educativa (sic) ya ha remontado el marco de las relaciones de dominación-subordinación propias del sistema económico y político que agobia al país, habida cuenta que los propios afectados directos, los alumnos y sus familias, en no pocos escenarios se han manifestado en apoyo a los maestros.

El apoyo de los usuarios de los servicios educativos se ha visto aumentado gracias a la suma de grupos de ciudadanos y organizaciones civiles sin aparente vela en el entierro, pero unidos por diversas inconformidades y agravios cuya autoría común la ostenta el gobierno federal y sus patéticas réplicas estatales. La inconformidad y la resistencia a recibir atole con el dedo se ha fortalecido en los últimos meses, pudiendo configurar un gran frente nacional que, aunque aglutina muchas causas, se funde en uno sólo de oposición a las medidas punitivas, represivas y regresivas que han caracterizado al actual gobierno.

No le voy a aburrir con el consabido recuento de los errores, pifias, simulaciones, engaños, manipulaciones, mentiras, abusos, ilegalidades, traiciones y metidas de pata que han precipitado al país al fracaso y la bancarrota. No le amargaré la vida con los dichos y los hechos que nos han colocado como el hazmerreír del mundo y la vergüenza de Latinoamérica; ni los bochornosos gazapos cometidos en cada una de las giras por el extranjero… No, no lo haré, ya que para eso está la prensa (alternativa) nacional e internacional.

En todo caso, debo subrayar el abuso conceptual que hacen de la legalidad y los derechos tanto los funcionarios federales y estatales como los más conspicuos representantes de la clase empresarial, ávida de venganza y sangre magisterial, por aquello que juzgan violatorio al estado de derecho: ¿cómo es posible que los maestros se pongan en el plan de trabajadores de la educación que reclaman derechos y no de eunucos escolares obligados a someterse a cualquier tipo de ignominia? ¿Cómo se atreven a impedir el paso de camiones cargados de productos trasnacionales chatarra, afectando las vías del imperialismo alimentario? ¿Cómo tolerar que los profesionales de la educación quieran intervenir (opinar, proponer, señalar) en el diseño de una verdadera reforma educativa y los mecanismos pertinentes para una verdadera evaluación, en oposición a burócratas y mercenarios que actúan como operarios de la OCDE y otros organismos financieros internacionales?

La clase patronal al pronunciarse por la mano dura gubernamental contra el magisterio insubordinado lo único que hace es evidenciar su escasa relación con el interés nacional, ya que la lucha de los docentes es por la defensa de sus derechos laborales y por la gratuidad y calidad de la educación pública nacional, pero, ¿qué se puede esperar de un empresariado cuya máxima expresión de logro es servir de representante de los intereses trasnacionales? ¿Acaso educan a sus hijos en escuelas y universidades públicas mexicanas? ¿Conocen y valoran los esfuerzos de los maestros en las zonas rurales y periféricas urbanas? ¿Tienen idea de las dificultades que enfrenta el magisterio al trabajar en escuelas donde falta casi todo? ¿Cuándo hablan de “inglés y computadoras” en las escuelas, sabrán que muchas carecen de electricidad y que muchos estudiantes difícilmente hablan español?

Si en el país la educación básica es obligatoria y gratuita, ¿saben que se cobran cuotas a las familias y que en muchos casos esto condiciona la inscripción de los alumnos? ¿Tendrán idea de que ahora no es raro que los libros de texto “gratuitos” se vendan como cualquier otro libro? ¿En realidad, qué interés nacional defienden los empresarios? ¿Por qué tan apasionada defensa de una reforma que cancela derechos laborales y que en nada contribuye a mejorar la calidad de la educación?

Así como resulta interesante por su pedante oportunismo la participación de los empresarios vende patrias, también lo es la variopinta presencia de políticos que como la Chimoltrufia hoy pueden apoyar a los maestros y mañana no tanto. La demanda de abrogar la fallida reforma educativa en ningún caso puede representar el derrumbe de las instituciones de la república, sino su rescate. Sucede que México es una república federal con un “gobierno democrático, representativo y popular”, según la Ley Suprema. En tal caso, es un imperativo constitucional que las leyes que se promulguen sean emanadas de la voluntad popular y postuladas por sus representantes, que son los legisladores federales y, en su caso, los locales.

Así las cosas, ¿qué consulta se llevó a cabo entre los maestros y ciudadanos interesados en la educación? ¿A cuántos especialistas se consultó? ¿Cuáles foros de discusión y análisis se celebraron en las escuelas normales, universidades y centros de investigación y a cuántos de ellos asistieron los legisladores? ¿Qué tipo de consulta hicieron los diputados entre sus electores y qué estudios nacionales independientes fueron analizados?

Es evidente que la abrogación de la reforma sería un primer paso para la reconciliación nacional y una muestra de respeto y humildad por parte de los legisladores, pero sobre todo una señal clara de compromiso con México, más allá de la típica subordinación anticonstitucional hacia el Poder Ejecutivo. Es imperativo que se recupere la independencia y el equilibrio entre los poderes de la Unión. De ello depende la puesta en orden y al día de nuestra democracia.

La lucha de los maestros va más allá del tema educativo y laboral, porque toca la viabilidad misma de las instituciones que deben volver a los cauces de legalidad y justicia que el país reclama.


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