Notas Sueltas es un espacio de opinión sobre diversos problemas de carácter social, económico y político de interés general. Los comentarios pueden enviarse a: jdarredondo@gmail.com

martes, 26 de diciembre de 2017

Con todo respeto...

           “El estado llama ley a su propia violencia y crimen a la del individuo” (Max Stirner).

Duele la cara de pena ajena, el alma se pone de rodillas y exclama “¿por qué, por qué, por qué?”, en medio de temblores del esqueleto y rubores que, en rápida sucesión, enrojecen el rostro y hacen palidecer el civismo. En serio, ¿qué necesidad había de que la señora de Torres, a la sazón gobernadora de Sonora, hiciera de porrista estudiantil durante la visita de ese señor de apellido Meade, que concita el albur, a estas tierras tan llenas de atractivo para las mineras y tan deseadas por los gringos de Arizona? Seguramente ninguna, pero la dignidad y el decoro también tiene derecho a vacaciones decembrinas, ¿o no?

Hablando de otros asuntos, pesa la amenaza de suspensión de servicios médicos este fin de mes a los organismos afiliados a ISSSTESON que no hayan firmado un convenio, aceptando nuevas condiciones para acceder a los servicios del Instituto. ¿Usted cree que tienen derecho a ejercer semejante presión sobre los trabajadores afiliados? ¿Se le hace justo que un trabajador que ha cotizado puntualmente la cantidad convenida en el contrato de servicios llegue a la clínica y le digan que le busque por otro lado porque ahí no tiene derecho? ¿No le parece que el ISSSTESON incurre en una grave falta al presionar por la firma de un convenio que, como su nombre lo dice, es un acuerdo de voluntades y que, en ese carácter, deben ser dos los que coincidan, acuerden y se comprometan para ser válido y obligatorio?

¿Acaso una de las partes tiene derecho a presionar a la otra para que acepte determinadas condiciones que, quizá, vayan en contra de sus intereses o posibilidades de cumplimiento?

¿No le parece que el Instituto debiera ser el primero en respetar los contratos y convenios suscritos y, en todo caso, negociar las nuevas condiciones de prestación de servicios de manera civilizada y respetuosa del derecho ajeno?

Si el ISSSTESON cumple su amenaza de suspender los servicios médicos, seguramente se desataría un conflicto de proporciones inimaginables en cuanto a derechos humanos violados, porque se estaría afectando la salud de los trabajadores y sus familias, quizá de manera fatal. Por otra parte, dicha medida puede ser políticamente condenable, toda vez que su finalidad es claramente recaudatoria y punitiva, en un año donde la moneda electoral está en el aire. Aquí surge las preguntas: ¿por qué los pillos que saquearon el ISSSTESON siguen tan campantes?, ¿por qué el gobierno no asume su responsabilidad solidaria y subsidiaria en el resarcimiento de los fondos sustraídos por la propia administración pública y que pertenecen a los mismos trabajadores que ahora se pretende afectar?

Estamos ante el curioso caso en el que las víctimas, los agraviados, son presionados a pagar por lo que no hicieron y los culpables son los que, en este caso, presionan y violentan la estabilidad económica y la paz social de los sonorenses.

Cabe señalar que el ISSSTESON alega que los trabajadores pagan de menos en los términos de la actual Ley 38, pero es justo aclarar que los trabajadores que ingresaron al sistema antes de 2005, año de la reforma boursista de la Ley, están bajo el amparo y las reglas que emanan de este ordenamiento legal, en el que la base de cotización es distinta y no tan agresivamente recaudatoria como la actual. Lo anterior vale porque, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución federal, no existe la aplicación retroactiva de las normas en perjuicio de persona alguna. Es claro que el ISSSTESON incurre no sólo en un abuso al querer aplicar un ordenamiento legal en un contexto posterior al que se tiene en la época en que se adquirió el derecho, sino en una seria y evidente violación al principio de irretroactividad.

En este contexto, resulta evidente la irresponsabilidad de la administración del Instituto y la perdida de rumbo de la administración estatal, puesta en evidencia al renunciar a la función social, a la vertiente redistributiva de la función pública a la que están obligados y a la bajuna agresión a los trabajadores y sus familias. Es previsible que lluevan demandas no sólo de amparo sino por incumplimiento del contrato de prestación de servicios vigente. Los errores, lamentablemente, son acumulativos y de difícil ocultamiento, lo que permite afirmar que las consecuencias políticas necesariamente se verían reflejadas en las elecciones de 2018.


Tiempo de rectificar, de enderezar el rumbo, de justificar la confianza que muchos, por las razones que sean, depositaron en este gobierno que aún tiene mucho camino por recorrer.

domingo, 17 de diciembre de 2017

La seguridad, ante todo.

Creemos que la lucha organizada y consciente emprendida por un pueblo colonizado para restablecer la soberanía de la nación constituye la manifestación más plenamente cultural que existe” (Frantz Fanon).

Como se sabe, los senadores hicieron lo suyo y aprobaron sin ver la Ley de Seguridad Interior que, como los calzones, sirve para ocultar intimidades y rastros inconvenientes que deben ser reservados para su debido lavado. Ellos y su colegisladora, la inefable cámara de diputados, celebran el trabajo y esperan, desde luego, pasarla de lujo en estas fiestas decembrinas. ¿Se imagina usted vivir en un país donde se respeten los derechos humanos, sin las emociones que nos han ganado fama y prestigio internacionales? El horror me deja sin palabras… por elemental instinto de supervivencia.

Fue conmovedor verlos a ellos, tan ufanos, darse abrazos y celebrar con alborozo el triunfo del autoritarismo conosurense instalado en las mentes y los votos de quienes lo hicieron posible. En su momento, el senador Bartlett señaló que era una ley impuesta por los gringos y que no debiera el país militarizarse por una imposición, en medio del chacoteo de la Cámara y las tibias llamadas al orden por parte de quien presidió la sesión. Los patrióticos legisladores bailaron un zapateado sobre la Constitución y sobre la dignidad de las fuerzas armadas metidas a policías y a émulos legales de los militares chilenos o argentinos de la época de la guerra fría, el ascenso de las dictaduras siempre con el patrocinio y guía de los gringos: América debía ser preservada de las ideas comunistas y hoy lo debe ser de los ciudadanos de los países petroleros que defienden sus tierras y su patrimonio histórico y cultural. Los gringos apoyan el nacionalismo, desde luego, pero aquél que se entiende como la defensa incondicional de sus intereses nacionales. A los demás se les receta eso de la apertura en todas sus dimensiones, las maravillas de los intereses globales y la idea de la necesaria unidad mundial en torno a su muy particular y onanista interpretación de la democracia. 

Como el perspicaz lector sabe, las advertencias de expertos internacionales sonaron a chiste decembrino de Pepito y la urgencia presidencial se hizo ley. Las policías y las autoridades civiles pueden esperar a que desde arriba les arreglen los renglones torcidos de nuestra democracia, seguridad pública y vida en comunidad, porque ¿para qué sirve el Pacto Federal ante las crudas realidades de un narco-estado creado y financiado desde las cañerías de las agencias de inteligencia de allende el Bravo?, ¿para qué queremos soberanía cuando bien podemos servir de corredor y campo experimental del polo hegemónico del continente en condiciones seguras para Washington? Es claro que la necesidad de militarizar México obedece a una elemental precaución de salvaguardar los recursos energéticos para el mejor aprovechamiento de la economía del Norte.

De muchas maneras, el desmantelamiento del aparato productivo y la cancelación de la salida tecnológica y científica nacional se revela como necesidad sobre todo a partir de los años ochenta, cuando la cochi nacional torció el rabo. Los intereses locales y nacionales pasaron a ser “megarregionales”, con fuerte olor a neocolonización comercial y financiera. En ese contexto, es claro que el marco legal nacional debía ser modificado en beneficio de la idea globalizadora, así que empezaron las adecuaciones en el sector bancario y crediticio, el comercial, el agropecuario, el de servicios y, por obviedad, la sustitución de la industria nacional por la facilona plataforma maquiladora y ahora, en el colmo de la modernidad, la apertura total a la inversión extranjera sin contrapartida o responsabilidad exigible.

Como consecuencia, las leyes y reglas de funcionamiento de las actividades productivas y de servicios pronto se encontraron en la disyuntiva de servir a intereses locales o a la creciente transnacionalización de la economía y la cultura, así que la palabra “armonización” surge como la panacea legislativa y se allana el camino de la desnacionalización normativa. Una prueba clara y reciente es el famoso sistema penal acusatorio, patrocinado por el gobierno gringo, pasando por las reformas estructurales y las leyes que le tapan la boca a las disidencias y a los comunicadores de noticias: la ley de seguridad interior y la ley mordaza que previene el “daño moral” son dos brazos de una misma pinza disuasoria del pensamiento crítico e independiente. La democracia dirigida se pone frente a la democracia como expresión de las aspiraciones del pueblo.

Gracias a la labor discreta, soterrada, nocturna del honorable cuerpo legislativo, tenemos una legislación que favorece el abuso, coarta la libertad de expresión y nulifica la protesta social, pero que favorece a la invasión gringa y a las labores de apoderamiento de los recursos estratégicos del país, sin ruido social ni protestas inconvenientes que arruinen la máscara de democracia y soberanía que lucimos frente al extranjero en noches de gala internacional. Como en boca cerrada no entran moscas, “los diputados aprobaron una reforma al Código Civil Federal, que establece que se considerará como hecho ilícito la comunicación, a través de cualquier medio, de un hecho, cierto o falso, que pueda causar deshonra, descrédito, perjuicio o exponer al desprecio a alguien. La propuesta de reforma la presentó el PRI y ya se encamina al Senado para su revisión” (El Financiero, 15.12.2017).


Pero, claro, no debemos pensar en votar por el populismo, en una especie de remedo del Chávez venezolano porque, ¿se imagina que México cayera en manos de algún radical de pensamiento nacionalista que echara para atrás nuestros logros de salario mínimo inferior a la línea de subsistencia?, ¿ha pensado usted en el oprobio de ser autosuficientes en alimentos, gasolinas, ciencia y tecnología, y soberanos en el terreno político y administrativo? Los horrores inimaginables de la libertad y la soberanía nacional son conjurados por la sabia decisión del gobierno de entregarnos a las bondadosas manos de la dependencia económica y la subordinación legislativa. Con las reformas, los opositores deberán pasar a la invisibilidad y los legisladores podrán estar sin el temor de que la opinión pública, expresada en las redes sociales, pueda dañar su imagen y ocasionarles “daño moral” por exponerlos como son. La paz porfiriana derrama su poder balsámico sobre la curtida piel del mexicano de a pie. Somos, hoy por hoy, el país del “no pasa nada”. 

domingo, 10 de diciembre de 2017

Una reforma necesaria

“Esta crisis evidencia que es una suerte tener un sistema de pensiones; sin él hoy estaríamos en una situación más dura en términos sociales" (Carles Campuzano, CiU)


Como estamos en tiempos donde las iniciativas y las reformas a las leyes están de moda y donde la relativización de los conceptos se considera una actitud de avanzada, propongo que transitemos por la vía de las reivindicaciones sociales, antes que sobre las cenagosas latitudes de la “armonización” con las ideas del polo neoliberal de la sociedad. Veamos, por ejemplo, cómo resolver de buena manera la situación del ISSSTESON y de los organismos afiliados, que actualmente se debaten en un “estira y afloja” cuyo sello característico es, por un lado, el afán recaudatorio del Instituto que ha sido uno de los peores ejemplos en materia de administración sana de recursos en la historia reciente de la esquizofrenia prianista y, por otro, la reacción defensiva de los afectados.

No cabe duda de que la seguridad social no es solamente un “tema” sino un problema que afecta a todos los ciudadanos, por lo que debiera ser un asunto prioritario en todas las discusiones de índole político que actualmente se incuban por el pretexto de la temporada preelectoral. Los partidos se encuentran empeñados en sacar, por lo menos, su cuota de votos para seguir gozando de las prerrogativas oficiales, frente a un electorado cada vez menos permeable a los discursos y a las promesas de campaña, pero solamente atinan a discurrir por los mismos derroteros que marca la obviedad: seguridad pública, corrupción y una vaga promesa de cambio, pero un gran problema que debe tener mayor visibilidad y abordarse públicamente es el de la seguridad social.

En el caso de Sonora, tras el nefasto antecedente de la reforma federal a la seguridad social perpetrada en 1997 y su cauda privatizadora, se dio la reforma a la Ley 38 del ISSSTESON en 2005, con lo que se aumentaron las cuotas para los organismos afiliados y sus trabajadores y el tiempo de cotización, además de que se incorporó el concepto de “sueldo regulador” (artículo 68), lo que tiene por propósito alejar el disfrute de la jubilación y reducir el monto de la pensión del trabajador.

Por lo que corresponde al “sueldo básico integrado”, que es la base de cotización, la ley reformada lo deja al libre juego de las circunstancias, ya que lo remite a los convenios que cada organismo celebre con el Instituto, al contrario del mismo artículo 15 (párrafo tres) antes de la reforma que lo establecía en la misma ley.

Tenemos una ley abusiva y desproporcionada, que aleja al ISSSTESON de los fines sociales y redistributivos que debe perseguir al hacer recaer sobre los trabajadores el peso de los fallos en el diseño de política económica y los problemas derivados de la corrupción y la falta de transparencia, contraviniendo las disposiciones consagradas en los acuerdos internacionales firmados por nuestro país.

Es claro que los trabajadores no son responsables del rescate de instituciones quebradas gracias a la rapiña y el manejo desaseado de sus recursos que, por otra parte, son producto del esfuerzo de sus propios afiliados, razón por la cual no tienen ni deben pagar por los platos que otros rompieron porque son, en realidad, las víctimas del latrocinio y la corrupción que se da a la sombra del poder sexenal.

Tras el escandaloso desfondo del ISSSTESON y sus afanes recientes de hacer firmar un convenio a sus afiliados, su política es, por decir lo menos, éticamente cuestionable. Cabe recordar que la defensa de la seguridad social se fundamenta en la de los derechos humanos, y el derecho a la salud y la seguridad de una vida digna tras el retiro es y debe ser la garantía con la que cuente cualquier trabajador que ha aportado su esfuerzo productivo y económico durante décadas al desarrollo nacional y local.

Es claro que las organizaciones sindicales y sociales respetuosas de los principios de la democracia y los derechos laborales y sociales de sus agremiados, deben pasar lista de asistencia y decir ¡presente! en la lucha que el Estado neoliberal ha declarado contra los trabajadores y sus familias, considerando que la capacidad adquisitiva del salario se ha reducido sustancialmente en las últimas tres décadas, y que la precarización del empleo y la política de topes salariales profundizan las diferencias y destruyen el tejido social, haciendo imposible la sana convivencia y el imperio de la ley.

Por razones de elemental justicia, debemos decir NO al abusivo convenio que propone el ISSSTESON, y buscar las vías legales y políticas para impulsar un régimen de seguridad social basado en los principios de la equidad contributiva y la solidaridad distributiva, lo cual implica, entre otras cosas, impulsar desde las organizaciones de los trabajadores una reforma a la Ley 38, que rescate los principios de la seguridad social que fueron abandonados con la reforma de carácter recaudatorio del 2005. El sindicalismo universitario puede y debe aportar su mejor esfuerzo y dar el ejemplo en esta lucha.


domingo, 3 de diciembre de 2017

Seguridad interior

Que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aun siendo tan deseada, sea sinónimo de una paz verdadera. No hay verdadera paz sino viene acompañada de equidad, verdad, justicia, y solidaridad” (Juan Pablo II).

El concepto suena alentador cuando se ignoran las implicaciones, los entresijos de este prometedor supuesto: el país necesidad seguridad para seguir adelante, para que el ciudadano común pueda salir a las calles y buscar su subsistencia, no temer por su integridad física o patrimonial, y para que el emprendedor pueda prosperar en sus proyectos. Requiere de condiciones que permitan que la economía funcione sin sobresaltos y que los mecanismos de distribución del ingreso cumplan su función.

Cuando el gobierno habla de legislar sobre seguridad interior cualquiera supone que se refiere a los aspectos arriba señalados, pero la realidad es otra: lo hace refiriéndose a un mecanismo de sustitución de la autoridad civil por elementos de las fuerzas armadas, lo que supone la suspensión de las garantías individuales y el establecimiento de un régimen de excepción. El pacto social se fracturó y la férula que lo debe reparar es de acero y pólvora.

¿Por qué la insistencia presidencial de tener una ley que imita torpemente la abusiva Ley Patriótica de los gringos? ¿Por qué militarizar la seguridad pública y reducir las facultades de los estados y municipios? ¿A qué horas se canceló el Pacto Federal y se puso en su lugar una mala versión del Estado Unitario? ¿A quien favorece que el país se encuentre en una situación de suspensión de garantías constitucionales? ¿Quién provocó el estado de emergencia nacional? ¿Peligran las instituciones de la república y el estado de derecho? En todo caso, ¿por qué?

Considerando la situación en la que viven más de la mitad de las familias mexicanas, la carencia de oportunidades de trabajo digno, la ausencia de programas de estímulo a la economía regional, el abandono del campo y la contención salarial, las espesas redes burocráticas que coartan las iniciativas productivas, la discrecionalidad en las exenciones y la devolución de impuestos a quienes más tienen, se genera un cuadro desolador de la economía y la calidad de vida del mexicano promedio, más los horrores de quienes no poseen nada, salvo su existencia como precaristas permanentes y expulsados de los beneficios del progreso. Mientras el país refrenda su vocación de traspatio de los gringos y colonia de explotación de las transnacionales, vemos que nuestra economía es dependiente, expulsora de fuerza de trabajo que emigra y reporta remesas.

Tenemos empleo condicionado a la facilidad de los despidos y a la ausencia de prestaciones ligadas a la seguridad social; tenemos la privatización de los servicios de salud y la reducción de la presencia estatal en éstos y otros renglones de la actividad económica y social. Los derechos se condicionan y relativizan merced a las llamadas reformas estructurales y las promesas de progreso se quedan en torpes remedos de solución, en programas asistencialistas que solamente generan clientelas.

Nuestros recursos naturales dejaron de ser importantes y los otrora considerados estratégicos, como el petróleo, son parte importante del botín que se ofrece a las empresas extranjeras bajo el supuesto de la apertura de los mercados y la competitividad. Somos una economía abierta sin haber sido antes una consolidada, fuerte y bien integrada, capaz de proporcionar un nivel de vida digno a su población. De ahí que la dependencia se haya fortalecido y profundizado con el TLC y caído en estado de mayor vulnerabilidad con las reformas neoliberales.

En estas condiciones de bajos salarios, de inestabilidad y precarización del empleo, ausencia de seguridad social y creciente delincuencia, ¿qué hace el gobierno? Lejos de buscar dar seguridad en los empleos, fortalecer el ingreso y la economía familiar, incrementar su capacidad de compra, ofrecer oportunidades de inversión con responsabilidad fiscal y social, se hace lo contrario. Una economía precaria, dependiente, sin mecanismos adecuados de generación, distribución y redistribución del ingreso donde las instituciones sociales y políticas son las primeras víctimas de un modelo viciado, corruptor y depredador, da por resultado la ruptura del tejido social y, por ende, el endurecimiento de las medidas de contención ciudadana: el desorden provocado por el modelo obliga a la militarización de la seguridad pública y lo civil se subordina a la bota militar, generando una situación de guerra civil apenas disimulada que hace necesaria la imposición de una Ley que legitime la intervención armada.

La Ley refrenda la incompetencia del gobierno federal y, al mismo tiempo, avala la desafortunada guerra que desató el panista Calderón, una guerra que debió evitarse, que nunca debió ser. La historia reciente del país demuestra que da lo mismo un gobierno del PRI o del PAN, porque su matriz ideológica es la neoliberal. Dejaron de haber diferencias de concepción sobre el país y su destino, se pulieron las asperezas ideológicas y sobrevino una crisis de identidad que se resuelve con la diáspora de una militancia cada vez menos definida, mas oportunista, más clientelar.

Al fracaso de la economía sigue el de la política y el de la estabilidad e integración social. En estas condiciones la incompetencia genera mecanismos de respuesta facilones, burdos e ineficaces, pero igualmente represivos: la contención de disidencias, la opacidad como sistema, la corrupción y el desorden gubernamental se unen y ponen al servicio de los intereses transnacionales, dejando hecho polvo el compromiso con la nación y la identidad nacional. Si no los puedes convencer, reprímelos. Para eso está la Ley de Seguridad Interior.


México está enfermo, sus males se han agravado de tal manera que hay que ponerle camisa de fuerza a la ciudadanía, contenerla, amedrentarla, reducirla a estadística, víctima permanente de abusos y engaños. Para esto están las fuerzas armadas metidas a instrumento ciego de represión y aniquilación de ese enemigo histórico de las dictaduras: el pueblo.