¿Atrapados y sin salida?

“Olvidar nuestro propósito es la forma más común de estupidez” (Federico Nietzsche).

Como es del dominio público, las autoridades universitarias (UNISON) y del Isssteson han firmado una minuta de trabajo donde se dan las premisas para la firma de un convenio modificatorio del contrato de prestación de servicios vigente suscrito en 1990 y cuyas bases se encuentran en lo dispuesto en la Ley 38 anterior a la reforma de 2005. Este contrato establece los derechos y obligaciones de las partes contratantes, estableciendo el porcentaje que deberán pagar por concepto de aportaciones y cuotas la UNISON y sus trabajadores, por lo que el convenio que se presenta para firma tiene el objetivo de ajustar el actual contrato a los porcentajes, años y base de cotización que establece la ley reformada. Lo anterior, como es fácil deducir, significa una carga adicional al presupuesto universitario y al ingreso de los trabajadores.

Lo anterior es particularmente grave si consideramos los topes salariales existentes que en los hechos sitúan el ingreso de los trabajadores por debajo de la inflación (recordemos que en abril la inflación se situó en 4.41 por ciento mientras que el incremento al salario fue de 3.38 por ciento), y que el gobierno del estado ha entregado de menos la parte del subsidio a la UNISON que le corresponde, adeudando hasta la fecha 538 millones de pesos. Estamos ante el caso de que el gobierno en los hechos recorta el subsidio universitario mientras que exige a la institución mayores cargas a través del Isssteson.

En este contexto, ha sido constante el reclamo del Isssteson de que la UNISON “paga de menos” e incluso se señala un adeudo que rebasa los mil millones de pesos y que es la “única” institución que se ha resistido a cumplir con la ley reformada. Sin embargo, Luis Antonio Castro Ruiz, Secretario General del Sutspes dijo que “no sólo la Universidad de Sonora no paga las cuotas y aportaciones completas al Isssteson, en otros 139 convenios con organismos descentralizados hay irregularidades”, puntualizando que “sólo su organización y el SNTE cumplen con el 27 por ciento para las pensiones”, (Uniradio Noticias, 22-05-2019). Lo cierto, estimado lector, es que la UNISON ha pagado siempre lo que debía pagar de acuerdo con el contrato vigente.

Sucede que el contrato establece las reglas de la relación entre el Isssteson y la UNISON y obliga a las partes a su estricto cumplimiento, de suerte que se ha convertido en un objeto del deseo para el gobierno y han pugnado de muchas maneras por su modificación, sea amenazando o suspendiendo los servicios, lentificando el trámite para las pensiones y jubilaciones, aplicando acuerdos de reducción de las pensiones carentes de fundamento legal y, desde luego, generando una idea falsa acerca de la UNISON porque la ubica como una institución que incumple con la ley y los compromisos financieros establecidos en ella. Nada más falso.

Usted seguramente sabe que las normas jurídicas no pueden aplicarse retroactivamente, que un contrato o un convenio son acuerdos de voluntades que establecen la forma de relación y los derechos y obligaciones entre las partes contratantes las cuales se obligan a sujetarse a las bases que ellas mismas han establecido, de suerte que la modificación de la ley no necesariamente obliga o implica la modificación del contrato, salvo acuerdo entre las partes. En este orden de ideas, la UNISON no está obligada en ninguna circunstancia, a plegarse a una voluntad que no es la suya y el Isssteson carece de autoridad legal para obligar a su contraparte. Será por eso por lo que ha presionado públicamente a la UNISON, ha incurrido en difamación y calumnia, ha incumplido con la parte que le corresponde del contrato y ha desplegado una campaña mediática contra la imagen y prestigio de la Institución universitaria. Lo que parece ser el colmo ha sido la amenaza de “desafiliación” que pesa sobre los universitarios si no se accede a la firma del citado convenio modificatorio.

Ahora muchos repiten que no tiene caso aferrarse a un “convenio” de 1990 porque muchas cosas han cambiado y que hay que actualizarse forzosamente, en una declaración de debilidad, miedo y desinformación que se convierte en escudo y garrote contra cualquier oposición a la idea de rendir la plaza a la arbitrariedad. Lo cierto es que la validez de una norma no depende de su antigüedad sino de su capacidad de preservar derechos, valores y principios. Ciertamente las normas no son inmutables, pero los cambios siempre deben estar en consonancia con los fines que les dieron origen.

La rectoría de la UNISON se ha visto obligada a suscribir una minuta de trabajo que abre un compás de espera para que dicho instrumento se convierta en un convenio que cambie las condiciones de la relación entre el Isssteson y la UNISON, cuestión que ha alterado el ánimo de muchos universitarios difícilmente dispuestos a dar la batalla contra lo que es evidentemente un acto arbitrario y claramente ilegal. De firmarse un nuevo convenio, se estaría dando entrada a una seria violación al estado de derecho, porque se estaría admitiendo la aplicación retroactiva de la Ley 38 reformada. Esta sería la generación de universitarios que dan por hecha la ilegalidad y la violación de derechos consagrados en la propia constitución y los acuerdos internacionales en los que México toma parte.

Resulta difícil admitir un escenario en donde los hijos de una institución donde se cultiva la inteligencia en busca de mejores condiciones para la sociedad de hoy y el futuro, prefieran no dar la batalla bajo el supuesto de que aunque les asista el derecho y estén dentro de la legalidad pero como el gobierno no respeta la ley ni los derechos adquiridos, ¿para qué desgastarse en una lucha que se advierte perdida?

Aquí resulta obligado preguntar ¿dónde quedó el apoyo universitario a las promesas de la 4ª. Transformación? ¿De qué manera se va a contribuir la lograr un ambiente justo, legal y comprometido con los derechos de los trabajadores si se cede a las presiones del gobierno neoliberal? ¿Dónde queda el principio constitucional de no retroactividad de las normas? ¿La legalidad se defiende solamente cuando es fácil, cómodo y conveniente hacerlo o cuando es no sólo necesario sino justo? La moneda universitaria está en el aire.

¿El problema es la UNISON?

“Lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad” (Lucio Anneo Séneca).

Para nadie resulta desconocido que el gobierno a través del ISSSTESON ha emprendido una campaña de presión, agresión y enlodamiento contra la Universidad de Sonora, una de las más prestigiadas casas de estudios del noroeste y de las mejor calificadas del país. Ya es costumbre que el director del Instituto muestre sus laminillas ilustrativas que pretenden explicar y convencer a la ciudadanía de que las cuentas que hace son las justas y que la administración universitaria es culpable histórica de incumplimiento en el pago de cuotas al Instituto y, prácticamente, coacusada del quebranto financiero que padece el ISSSTESON.

Desde luego que en este razonamiento el señor director olvida decir que el gobierno del Estado para el cual trabaja ha dejado de pagar a la UNISON poco más de 500 millones de pesos de la parte del subsidio que le corresponde, y que la traída y llevada reforma a la ley 38 de 2005 realmente no cumplió con su cometido de rescatar financieramente al Instituto a pesar de aumentar el tiempo y los montos de las aportaciones y cuotas de los organismos afiliados y sus trabajadores. Por otra parte, es evidente que la operación del Instituto es muy deficiente y sus carencias han aumentado en vez de disminuir, a pesar de las falsas promesas y supuestos avances en materia de abasto de medicamentos y materiales de curación.

El director del ISSSTESON hace cuentas del supuesto adeudo universitario con una ligereza que para algunos puede resultar convincente si se deja de lado el contexto temporal y legal de la situación: “Este problema se registra desde 2006  y si sacamos cuentas, a precios actuales, la Unison ha dejado de pagar al menos 13 millones de pesos al mes durante 13 años” (Comunicado, mayo 7 de 2019), y refuerza con tono acusador:   "Lo que ha dejado de pagar la Universidad del 2006 para acá es mil 800 millones de pesos, 156 millones de pesos mensuales... para que tengan una idea, es prácticamente lo mismo que el desfalco que se causó en la administración anterior al Isssteson" (El reportero de la comunidad, mayo 9 de 2019). Queda claro que las cifras pueden variar siempre y cuando afecten la imagen y los intereses del acusado.

Se concluye de la lectura que la UNISON queda prácticamente a la altura de los perpetradores del saqueo pensionario del ISSSTESON ocurrido durante la administración de Guillermo padres, ahora emparentado con la señora gobernadora Pavlovich por el reciente enlace matrimonial Padrés Dagnino-Esqueda Pavlovich, y que, como la familia es intocable, lo que procede es tundir con todo el peso del garrote de la ley a la parte más débil. ¿Usted cree que se tratará con la misma honestidad legal y política a la UNISON que a la hoy familia emblemática del prianismo sonorense? Vemos que no. Tan es así que mientras hay total impunidad en el caso del desfalco, se exhibe una dureza inusual en el trato con los universitarios. ¿Seis mil millones de pesos de daño patrimonial y alrededor de dos mil no entregados al ISSSTESON por la Secretaría de Hacienda estatal nos van a convencer de que la UNISON es la responsable por no haber actualizado un convenio en términos abusivos y claramente recaudatorios? Curiosamente, hasta ahora nadie ha podido negar la validez y vigencia del actual contrato suscrito entre la UNISON y el ISSSTESON.

Parece ser un buen momento para que la comisión especial de diputados encargada de analizar el caso ISSSTESON se ponga a trabajar en serio y con profundidad en aras de lograr desentrañar la situación real del Instituto, más allá de dudas y manipulaciones mediáticas que solamente distraen a la opinión pública sobre el verdadero rostro de los culpables. Resulta esperanzador el compromiso público que expresan al revelar que la comisión tiene como objetivo “esclarecer la situación financiera del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) y determinar en qué se utilizaron los recursos faltantes”. Sin embargo, tanto el director del ISSSTESON, el Secretario de Hacienda y el rector de la Universidad de Sonora incumplieron con la cita pactada con los legisladores este jueves 16, a las 16 horas (Kiosko Mayor, mayo 16 de 2019). ¿Se trata de evitar testigos críticos que puedan afectar decisiones ya tomadas? ¿Estorba el escrutinio de los legisladores a las, hasta ahora, opacas cuentas del ISSSTESON? ¿La UNISON es rehén de una administración insensible y gris? Usted y yo tenemos derecho a saberlo.

UNISON, la dimensión humana del problema

“La máxima tragedia no es la opresión y crueldad de las malas personas, sino el silencio de la buena gente” (Martin Luther King).

Como usted sabe, el director del ISSSTESON ha emprendido una campaña mediática contra la Universidad de Sonora sustentada en el supuesto de que la institución “paga de menos” sus aportaciones y cuotas que por ley todo organismo afiliado debe cubrir. Con la magia del Power Point pretende conjurar los fantasmas de la razón y el sentido común ciudadano y, en particular, los de las autoridades universitarias.

Cabe señalar que el rector de la UNISON ha manifestado su disposición a ceder a los imperativos del director del ISSSTESON, a contrapelo con el criterio de los sindicalistas universitarios que sufren en carne propia las perversidad de una medida punitiva de cuya legalidad se duda y más bien se sitúa en el arsenal de los recursos políticos de disuasión y aniquilamiento del “enemigo”. Campaña sucia que parece haber emergido de las cloacas del sistema que, hoy por hoy, representa el gobierno de Claudia Pavlovich y del que Pedro Ángel Contreras López es simple y llanamente un sicario financiero encubierto como director de una institución cuyo propósito ha sido el de proporcionar servicios de salud y seguridad social a los trabajadores sonorenses al servicio del Estado y organismos afiliados, como es el caso de nuestra Alma Mater.

Lucha de lodo protagonizada por enanos rabiosos de su propia pequeñez, mezquina turba de inadaptados y reaccionarios a la nueva etapa política que vive el país y que, al parecer, no encuentra eco en la mentalidad y maneras de los funcionarios estatales que protegen, sea por omisión o por comisión, el escandaloso robo de los fondos bajo custodia y administración del ISSSTESON, organismo que incumple con su misión y que presenta huecos severos en materia administrativa y de operación de los servicios de los que es responsable. Caja chica de las administraciones estatales y reducto de compadres y emprendedores, cuando no de cómplices y alcahuetes, a la sombra del poder público.

Usted recordará que antes se decía que el daño patrimonial y el desfondo se debía sobre todo a las “pensiones abusivas” que se pagaban a exfuncionarios que siguen gozando de pensiones de lujo, a pesar de los aspavientos y fallidos recursos legales que solamente legalizaron y legitimaron el exceso; otra fuente de quebranto eran las prestaciones extraordinarias que se tenían conquistadas en el contrato de los trabajadores sindicalizados del propio ISSSTESON “por encima del resto de las organizaciones sindicales”; y la cereza del pastel de los problemas del Instituto fue la negativa de la UNISON de “armonizar” su contrato de prestación de servicios a los supuestos de la Ley 38 reformada en 2005, donde evidencia su espíritu recaudatorio al aumentar los años de cotización y el monto de las cuotas y aportaciones a ese barril sin fondo que es el ISSSTESON.

Hasta la fecha no se han recuperado los miles de millones de pesos saqueados de las arcas del ISSSTESON. Está en el aire el desfondo pensionario y no hay culpables pagando su deuda social y legal con el pueblo de Sonora. Ahora los culpables son los trabajadores universitarios “porque pagan de menos”.

Para cualquiera que tenga idea del derecho que asiste a las partes, es claro que la UNISON paga justamente lo que le corresponde pagar y así recibe pensiones de alrededor del 67 por ciento del último sueldo devengado. No recibe el 100 por ciento de la pensión porque se aplica el criterio de la ley reformada en forma retroactiva, situación ilegal pero que ha sido legitimada por fallo de la SCJN, aunque este mismo órgano del Poder Judicial ha reconocido que, en el caso de la UNISON y el ISSSTESON, lo que impera no es la ley sino el contrato que se tiene suscrito con el Instituto: Pacta sunt servanda. Los pactos o contratos deben ser honrados. En este caso no cabe decir que la UNISON paga de menos, porque cumple con los porcentajes pactados en el contrato vigente y debe recibir a cambio las prestaciones a que se ha comprometido el ISSSTESON, que al parecer se niega a honrar el contrato.

El director del ISSSTESON puede decir y presentar las laminitas Power Point donde dice que tiene la razón en sus acciones arbitrarias contra los trabajadores universitarios, en un esquematismo que da pena ajena, pero la realidad legal es que la UNISON está en lo correcto, según han defendido los sindicatos universitarios y otros organismos solidarios. Puede hacer circo, maroma y teatro en este penoso asunto, pero lo cierto es que vulnera un derecho esencial que es el de la seguridad social.

Estamos hablando que el futuro de alrededor de cinco mil universitarios está en la cuerda floja debido a una errónea y abusiva interpretación de una tesis jurisprudencial de la SCJN, aplicada fuera de su contexto y rebasando claramente las facultades de la Junta Directiva que aprobó el “acuerdo” dictado por el director e inspirado en la política recaudatoria de la actual gobernadora. Pero el hueco financiero sigue ahí, no ha sido posible taparlo con distractores como la venta de los estadios y 65 inmuebles propiedad del pueblo de Sonora, donde se liquida patrimonio para cubrir en pequeña escala el robo perpetrado contra el trabajador afiliado al ISSSTESON quien es el que sostiene con su ahorro a dicha institución.

El rector de la UNISON bien haría en asesorarse con los sindicatos universitarios en defensa de lo que a su derecho conviene, en vez de buscar plegarse a la exigencia de firmar un convenio a la medida de las expectativas de seguir tapando hoyos financieros en el ISSSTESON provocados por el mismo gobierno y la complicidad de la propia Junta Directiva. Es evidente que mientras no se aclare la cuestión legal y no cambien las condiciones el contrato vigente debe defenderse a como dé lugar. Es clara la falta de liderazgo en este momento de crisis cuando el gobierno del Estado recorta la parte que le corresponde del subsidio universitario. Es obvia la grosera y amenazante actitud del director del ISSSTESON, aunque sabemos que no se manda solo.

Las familias de los trabajadores universitarios representan el rostro humano de la verdadera dimensión de medidas tan arbitrarias e inusuales como la de recortar las pensiones “a la brava”, amenazar con iniciar un procedimiento de “desafiliación” de los trabajadores e, incluso, recomendar en tono retador que se vayan “al seguro popular”. ¿Usted tiene idea de las condiciones de vulnerabilidad que padecería una familia de trabajador manual o administrativo con un ingreso de alrededor de, cuando mucho, tres mil pesos mensuales, o un académico con maestría o doctorado condenado a una pensión de entre seis y nueve mil pesos? O en el supuesto de la “desafiliación”, de repente verse sin pensión, sin servicios médicos, sin medicamentos, sin futuro a una edad donde es imposible conseguir un empleo, salvo de empaquetador de mercancías en las cajas del super Ley? ¿Se imagina, además del drama humano,  el costo social y político que tendría?

       

¿La ley es de chicle?

“El juez debe tener en las manos el libro de la ley y el entendimiento en el corazón” (Francis Bacon).  

Usted dirá que los universitarios gozan de muchos privilegios y que pagan de menos al ISSSTESON, señalando con dedo acusador a quienes han dedicado su vida a la docencia y la investigación y que, incluso, forman, o contribuyeron a formar a sus hijos. El “profe” universitario tiene a cuestas un recorrido de 12 años de educación básica y media superior, cuatro y medio de licenciatura, algunos agregan un año o dos por estudios de especialización, dos años de maestría y tres de doctorado. Luchan todos los días en un ambiente que se puede considerar altamente competitivo porque exige tener publicaciones en revistas especializadas, ediciones de libros, ponencias en congresos, foros y encuentros, organización de eventos académicos, asesorías, tutorías, coordinación o supervisión de prácticas y un buen número de horas dedicadas a formar parte de comités, comisiones, grupos de trabajo, y un largo etcétera que pone con focos rojos el aguante de cualquier mortal.

Frente a las cargas de trabajo y el agobio de satisfacer los caprichos de una burocracia insaciable y amiga de los formatos, informes y otras chapuzas sin utilidad académica comprobable, está el inmenso escenario académico, donde el profesor rebota de aula en aula, de auditorio a taller, de laboratorio a cubículo, en aras de lograr cumplir con un horario pensado con casi total independencia de sus capacidades físicas y de su aguante emocional. Día tras día se celebra el ritual de la academia, de la exigencia de la acreditación, de la evaluación externa, de la crítica interna, del canibalismo entre pares, de la marginación de tribus y capillas, de la complicidad involuntaria hacia los infinitos caminos de la simulación como mecanismo de defensa de integridades profesionales bajo permanente escrutinio.

La Universidad de Sonora cuenta con altas calificaciones por parte de los organismos evaluadores, del gobierno federal, de entidades externas con poder de opinar, evaluar y juzgar lo que se hace y cómo se hace. El mundo académico sufre de insolación frecuente por el calor e intensidad de los reflectores de quienes la supervisan, controlan y estudian, sin embargo, su desempeño vence desmayos y frustraciones dando la cara siempre tanto a alumnos como a evaluadores. Pese a esta realidad, infierno, campo de concentración de la inteligencia o como usted prefiera llamarlo, los académicos universitarios cumplen su cometido, casi sin reconocimiento real y efectivo a sus méritos, sin premios o compensaciones que puedan paliar monetariamente el esfuerzo realizado, sin que merezca consideración y respeto por parte de entidades como el ISSSTESON, que se pitorrea del empleo y de quien lo ejerce. No hace mucho, el director del ISSSTESON señalaba a los académicos irónicamente al reprochar las expresiones en su contra en el desfile del 1 de mayo, que juzgó “groseras y amenazantes”, y se regodea repitiendo viciosamente que las medidas contra la Universidad por parte de la Junta Directiva “pueden ser entendidas por los maestros, por los doctores, porque ahí está la inteligencia”. Repite obsesivamente que la “ventanilla correcta” para los reclamos de los universitarios es rectoría, porque es la rectoría la que firma el convenio con el ISSSTESON y la instancia de interlocución del Instituto.

Ha sido evidente el esfuerzo que ha hecho el pequeño y rudimentario Maquiavelo de bolsillo de la gobernadora Pavlovich, el pequeño Pedro Ángel Contreras López, sicario financiero a sueldo del gobierno para lanzar pedradas a los universitarios y hacerlos que presionen a la administración universitaria para que finalmente firme el ansiado convenio modificatorio del actual contrato de prestación de servicios que rige las relaciones entre UNISON e ISSSTESON. Han sido muy claras las maniobras ratoneras de hostigar a los universitarios y presionar amenazando con la suspensión de los servicios de salud y las pensiones y jubilaciones a que se tiene derecho por contrato, ha resultado patético el desabasto de medicamentos y de materiales de curación, criminal la precarización de los servicios de cirugía porque se tienen que suspender las intervenciones por carecer de los materiales y equipo necesarios, y ha sido exasperante que a cada reclamo se responda con promesas, mentiras y nuevas amenazas y mecanismos de presión y hostigamiento. La irresponsabilidad exhibida por el director Contreras no tiene parangón en la historia de la seguridad social en Sonora.

¿Usted había sabido que se pueden recortar las pensiones alegando que el organismo afiliado ha pagado de menos las aportaciones y cuotas que le corresponden? ¿Ha oído alguna vez que se puede “desafiliar” un organismo como la Universidad de Sonora y que, en todo caso, quedará sin la protección de los servicios de salud y seguridad social que provee el ISSSTESON? ¿Tiene para usted lógica que el director del ISSSTESON haga estas amenazas con el fin de obligar a la UNISON a firmar un convenio que violenta los términos del actual contrato que tiene firmado con el ISSSTESON? ¿Usted cree que es posible que un funcionario ignore un contrato legal de plena vigencia que es el que norma las relaciones entre el Instituto y la UNISON, señalando en su clausulado cuánto porcentaje debe aportar la Institución y sus trabajadores y a qué tienen derecho?

Por otra parte, ¿sabrá el director del ISSSTESON que el contrato es ley suprema, que las relaciones entre la UNISON y el ISSSTESON deben apegarse a la letra y al espíritu del contrato firmado existente, y que cualquier modificación en sus términos debe ser producto de un nuevo acuerdo de voluntades donde no cabe la presión, el chantaje y la coacción por parte del ISSSTESON sino la procura de las mejores condiciones y el supremo interés de los trabajadores? ¿Sabrá el significado e implicaciones del principio legal de “pacta sunt servanda”? Los hechos demuestran que no, que estamos los sonorenses ante un troglodita dispuesto a emprenderla a golpes contra la Máxima casa de estudios de Sonora, sin considerar que coloca a los universitarios en estado de indefensión, de extrema vulnerabilidad en caso de enfermedad, además de generar las condiciones para que la insolvencia provocada por el recorte a las pensiones, según “acuerdo” del 28 de febrero y aplicado el 1 de mayo a los trabajadores jubilados y pensionados de la UNISON, agraven las enfermedades y agudicen el malestar moral y el dolor emocional al verse desprotegidos y arruinados. ¿Cuántos podrán resistir este estado de indefensión económica y moral? ¿Cuántas muertes deberemos de lamentar por el “acuerdo” criminal de la Junta Directiva del ISSSTESON? Es claro que la Junta Directiva carece de facultades para ejercer este tipo de acciones, que resulta no sólo ilegal sino criminal la medida acordada, pero ¿usted cree que actúa por sus pistolas y que la gobernadora es ajena a esta decisión irresponsable y dolosa?

El alegato del director del ISSSTESON carece de sustento legal, es como el borracho que se sostiene por el vaso en el que bebe, empezando porque ha ignorado el contrato de servicios UNISON-ISSSTESON que obliga a las partes contratantes en el mismo tenor que señala el contrato; ha aplicado un criterio jurisprudencial de la SCJN que se refiere a otro contexto, lo que manifiesta ligereza e irresponsabilidad por parte de la directiva del ISSSTESON; ha actuado más allá de las facultades de la dicha Junta Directiva, lo que supone una intención política adversa a los fundamentos del propio ISSSTESON y agresiva y desproporcionada contra la Universidad de Sonora, objeto de sus amenazas, ataques y arbitrariedades. Por otra parte, pasa por alto el hecho de que la Universidad es un caso de excepción por ser un organismo autónomo financiado por el Gobierno del Estado en la misma proporción que el Gobierno Federal, y que desde el gobierno de Guillermo Padrés no se le ha entregado completa la parte del subsidio que corresponde al Estado. Antes que ser deudora la Universidad, lo es el gobierno de Claudia Pavlovich. Aquí cabe recordar también que fue el gobierno quien ocasionó el saqueo milmillonario de los fondos administrados por el ISSSTESON, sin presentar, a estas alturas, ante las instancias legales competentes a los defraudadores. ¿El gobierno saquea los fondos y ahora resulta que los culpables son los trabajadores universitarios? ¿No hay recuperación de los fondos robados y hay que liquidar propiedades públicas y golpear a la UNISON? ¿En Sonora gobierna la leperada y la ley es de chicle? ¿Usted puede creer esto?

Los universitarios, las organizaciones sindicales y sociales y el ciudadano común no merecen este insulto a su inteligencia, este desprecio a sus valores y principios, pero hoy y siempre contra la mentira y la opacidad opondremos la verdad y la justicia.

   

                   

Puñalada trapera a la UNISON

“Nunca olvides que todo lo que hizo Hitler en Alemania era legal” (Martin Luther King).

Como usted sabe, los pensionados y jubilados de la UNISON no reciben el 100 por ciento de su salario por concepto de pensión de retiro, reciben menos porque tras la reforma de 2005 a la Ley 38, hubo un incremento de las cuotas y aportaciones de los organismos afiliados a ISSSTESON, que subieron del 24 al 47 por ciento, pasando el rubro de pensiones y jubilaciones del 8 al 27 por ciento. En el caso de la Universidad de Sonora, está vigente un contrato de prestación de servicios con ISSSTESON, por el cual tiene derecho a recibir los servicios de salud y seguridad social que proporciona el instituto a sus derechohabientes mediante el pago de cuotas y aportaciones por el 26 por ciento del sueldo básico integrado del trabajador, correspondiendo a rubro de pensiones y jubilaciones el 8 por ciento. Lo cierto es que los trabajadores que se han retirado del servicio activo han visto disminuidas sus pensiones aproximadamente en un 35 por ciento, quedando con una pensión del 65 por ciento de su sueldo, hasta antes del 1 de mayo del presente año donde las pensiones universitarias sufrieron una pérdida del 70 por ciento. Por ejemplo, un académico con 30 años de antigüedad que debiera recibir $29,062.17 ahora recibirá $8,611.01, es decir, bajó su pensión en 70.4 por ciento. Ahí están los números, pero el problema real, de fondo, es político, es de justicia social, es humanitario.

Como usted seguramente está enterado, el marco legal en el que ingresaron las generaciones que se están jubilando es la Ley 38 anterior a la reforma de 2005, así como el Contrato de prestación de servicios UNISON-ISSSTESON suscrito en 1990, vigente en la actualidad y cuya modificación sólo puede ser producto de un acuerdo de voluntades entre las partes que lo suscriben y, por otra parte, recordará que las normas jurídicas no pueden aplicarse retroactivamente en perjuicio de persona alguna, según dispone el artículo 14 constitucional. En este contexto, muchos derechohabientes reclamaron en años recientes la nivelación de las pensiones, en apego estricto a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 68 de la propia ley anterior a la reforma. En Sonora se lograron 210 fallos a favor del trabajador demandante, sólo que el gobierno del Estado, encabezado por Claudia Pavlovich, manipuló políticamente para lograr que la sala segunda de la SCJN dictara un criterio jurisprudencial que favorecía al Instituto y perjudicaba los intereses de los derechohabientes que demandaron la nivelación, basado en una tesis aplicada en el ISSSTE que es federal. Salta a la vista que de un contexto federal se pasaron por arte de magia al ámbito estatal de la seguridad social, siendo que Sonora es un estado libre y soberano y que su propio Congreso ha legislado respecto al ISSSTESON, que es una entidad pública sujeta a la legislación estatal.

Pensiones de lujo que el gobierno sigue pagando
a pensionados "fifí".

Al declararse convenientemente “incompetentes” los tribunales locales y pasar los casos a manos del tribunal federal, los derechos de los trabajadores sonorenses amparados por una ley estatal quedaron en estado de indefensión y la directiva del ISSSTESON se salió con la suya al no pagar pensiones conforme al criterio anterior. Esto se celebró como un triunfo que lograría ahorros al Instituto y le permitiría cumplir con los servicios de salud y seguridad social que tiene por misión. Hasta la fecha no se ha visto ninguna muestra de cumplimiento, mejora o progreso en la prestación de los servicios; tampoco se ha visto que se resuelva el daño patrimonial sufrido por el sáquelo a los fondos pensionarios, sobre todo en la administración anterior. Todo ha quedado en maniobras mediáticas donde el gobierno anuncia acuerdos entre sus propias dependencias para “resolver” el desfalco. ¿Alguien tiene dudas de que estamos en presencia de una simulación más, donde los culpables van a ser los trabajadores afectados?       

Los universitarios han estado siendo hostigados, difamados, afectados en sus jubilaciones, golpeados en sus pensiones y amenazados de muerte en materia de ingresos que les permitan un retiro digno. Estamos ante una grave crisis de carácter humanitario, que bien debiera estar siendo motivo de movilizaciones de trabajadores y de ciudadanos solidarios que marquen un alto al abuso de la Junta Directiva de ISSSTESON al tomar un acuerdo que afecta a los trabajadores y sus familias porque reducen la pensión a menos del 30 por ciento. ¿Por qué la Junta Directiva del ISSSTESON toma un acuerdo que rebasa por mucho sus facultades? ¿Por qué desconoce el Contrato que se tiene firmado entre la UNISON y el Instituto?

La Universidad de Sonora es el objetivo en los ataques y la manipulación mediática que ha emprendido el tristemente célebre director del ISSSTESON. Lo que se espera es una acción concertada entre la administración universitaria, los sindicatos y la sociedad en su conjunto contra una medida vil y desproporcionada que violenta el estado de derecho y la paz social de Sonora. El saqueo al ISSSTESON perpetrado por el gobierno no debe ser pagado por los trabajadores ni mucho menos generar una crisis humanitaria de graves implicaciones.

Consideramos que el contrato de prestación de servicios firmado entre la UNISON y el ISSSTESON ha sido violado, se ha incumplido por parte del Instituto y el gobierno del Estado. Es de justicia reparar el daño causado y evitar las consecuencias perversas que la ligereza de la Junta Directiva del Instituto está ocasionando. Se impone la responsabilidad política y social del Poder Ejecutivo Estatal y del Poder Legislativo, quienes deben actuar en consecuencia. Urge un acto de civilidad por parte de la gobernadora… y se está tardando.

     

    

  

De todos el desfile tan temido

“Ellos mandan hoy, ¡porque tú obedeces!” (Albert Camus)

El 1 de mayo reviste una importancia particular por ser una fecha no sólo histórica sino el escenario que propicia la exposición de reclamos, inconformidades y posicionamientos políticos relativos a la justicia laboral y social del régimen. En la capital de Sonora la posibilidad de unificar demandas y lanzar consignas que integren las inquietudes e inconformidades de varias organizaciones sindicales fue palpable. Tenemos claro que la misma lógica depredadora del sistema económico dominante unifica a sus víctimas y genera identidades cuyos rasgos sintetizan años de marginación, abuso y oprobio, porque la tolerancia hace crisis y emerge el instinto de conservación de la clase trabajadora y, como consecuencia, la necesidad de la unión que hace la fuerza.

Como en un inmenso Tetris social las piezas van encajando una a una en el marco de la definición de una nueva actitud frente a las agresiones del capital, de suerte que los reclamos y demandas forman un gran haz de reivindicaciones cuyo común denominador es la inequidad, exclusión, marginación y desprecio a los derechos de los trabajadores por parte de la clase patronal y el propio Estado. La misma realidad cotidiana del trabajador frente a su materia de trabajo arroja una verdad del tamaño del Cerro de la Campana: es imposible negar la lucha de clases. Así, llegados a este punto, el trabajador debe decidir de qué lado está, a qué intereses va a servir, qué horizonte ideológico y político va a guiar sus pasos y, por tanto, replantear sus ideas acerca de lo que entiende por sindicato y sindicalismo. Tal disyuntiva no necesariamente se presenta igualmente clara y distinta en todos los trabajadores ni en el mismo momento. Estamos ante un proceso diferenciado de síntesis histórica y de redefiniciones esenciales que forman parte del arsenal con que debe contar el trabajador en sus luchas, porque sin ellas quedaría a merced de la manipulación y los engaños del sistema.

Otro aspecto importante que se percibe es que las agresiones reiteradas politizan a sus víctimas, las hacen despertar a una conciencia social, laboral y política que de otra manera quizá no se hubiera manifestado, lo que hace inevitable traer a colación el caso del ISSSTESON y la Universidad de Sonora.

Pedro Ángel Contreras 
Director del ISSSTESON.

Como usted recordará, desde el inicio de la administración de Claudia Pavlovich se ha acusado tercamente a la Institución de cotizar de menos al ISSSTESON, lo cual es comprobadamente falso y doloso. La UNISON paga lo que está pactado en el Contrato de Prestación de Servicios suscrito con ISSSTESON de plena vigencia, asunto que, al parecer, no se le concedió la importancia debida en su momento en el seno del sindicalismo universitario, a pesar de que oportunamente hubo voces de advertencia sobre la importancia de hacer valer dicho contrato e, incluso, demandar al Instituto por su incumplimiento. La carencia de medicamentos, las deficiencias en la atención médica por falta de insumos, la larga espera para la obtención de una pensión, aún en el caso de cubrir los requisitos que marca la ley, entre otros, son evidentes causales de demanda por incumplimiento de contrato que a la fecha están vigentes y en espera de la decisión política de parte de los organismos afectados.

Los contingentes de trabajadores marcharon y corearon consignas, se plantaron frente al templete de las autoridades, expusieron sus demandas y siguieron adelante, algunos con la expectativa del festejo, del premio etílico a la combatividad. Lo que queda es la sensación de que este 1 de mayo no fue necesariamente otro espacio para la protesta como simple recurso catártico, como desahogo colectivo frente a la autoridad que representa al sistema que nos oprime, menosprecia y engaña. Creemos que algo pasó y algo quedó.

Es evidente que la larga cadena de engaños, distractores y promesas incumplidas por parte de la directiva de ISSSTESON presenta agotamiento, desgaste, frustraciones que difícilmente van a contener la ira en que se transforma el engaño, por más que se quiera guardar la compostura que abona la simulación colectiva de lo “políticamente correcto”, independientemente de que la eventual acción de los agraviados deba transitar por los caminos de lo políticamente posible, con las limitaciones que esto implica.

La moneda está en el aire, y los universitarios en vías de jubilación que se ven amenazados con la reducción al 29 por ciento del monto de sus pensiones han despertado a una realidad angustiante: las pesadillas no necesariamente ocurren durante el sueño, están en el aquí y ahora de la política neoliberal que no reconoce lealtades, acuerdos o compromisos distintos a aquellos que garantizan la hegemonía de un sistema de explotación que ataca la economía familiar y pisotea la dignidad de sus víctimas. Un ajuste de la pensión a niveles de infra subsistencia es criminal y, sin embargo, forma parte de los planes del ISSSTESON para los universitarios. Si el fruto del 1 de mayo es la toma de conciencia y la necesidad apremiante de una organización que verdaderamente represente y defienda los intereses de los trabajadores, habrá avance porque supone un paso importante en la larga marcha hacia una sociedad justa, equitativa e incluyente. De lo contrario, seguimos simulando.