Conspiración en Pémex

Notas Sueltas es un espacio de opinión sobre diversos problemas de carácter social, económico y político de interés general. Los comentarios pueden enviarse a: dalmx@yahoo.com

lunes, 30 de noviembre de 2015

Asalto en curso: el agua.

   “El verdadero gobierno es aquel que no se atemoriza por el engrandecimiento del pueblo” (Víctor Hugo).
 

En el municipio de Hermosillo las cosas parecen empeorar. Ahora el Ayuntamiento se pone en el plan de cobrar un aumento de tarifa en el servicio de agua potable sin que tenga justificación alguna: los beneficios de la planta tratadora de aguas proyectada no serán para los usuarios domésticos sino para productores rurales. ¿Por qué deben pagar por el servicio los hermosillenses que usan el líquido en sus casas? ¿No resulta ridículo que los más deban cargar sobre sus hombros lo que sólo beneficia a unos cuantos?

Los hermosillenses han tenido que soportar gobiernos que endeudaron al municipio, saquearon sus arcas y comerciaron con sus recursos territoriales, haciendo posible que bienes públicos pasaran mediante argucias a manos privadas; en ellos se usaron las instituciones públicas como cajas chicas que vinieron a engrosar fortunas personales.

Se olvidó lo que era el servicio público y la responsabilidad de administrar el patrimonio territorial y social de los ciudadanos. La ciudad capital sufrió el deterioro creciente de sus calles y avenidas, y sus vialidades revelaron la mala calidad de los materiales empleados en su eventual reparación y los baches y fugas de agua demostraron que el gobierno había dejado de serlo para convertirse en un parásito insaciable. La suciedad y malos olores se han convertido en referentes obligados.

No sólo en las áreas de la periferia citadina campea la inseguridad y los efectos perniciosos de la delincuencia. Ahora un asalto o una agresión pueden ocurrir en cualquier parte, aunque cabe reconocer que existen y se mantienen sectores particularmente conflictivos desde el punto de vista de la seguridad pública.

A pesar de que las fuerzas de la policía se han diversificado en varias corporaciones, la confianza ciudadana en los uniformados es baja. Se puede decir que la relación uniformado-delincuente es alta, de acuerdo a la percepción general de los ciudadanos. El abuso de autoridad, el trato grosero y prepotente, el abuso y la eventualidad complicidad con los delincuentes más la falta de probidad profesional son abonados a la cuenta de las corporaciones que se ven como un riesgo más en la vida cotidiana. Es justo decir que por unos corruptos la pagan todos, ya que hay elementos que con su trabajo diario dignifican su uniforme.

A estas alturas, los ciudadanos están cansados de abusos y ninguneadas, de burlas costosas para la economía familiar, de engaños y trapacerías orquestadas desde el poder. En este sentido, la decisión de un aumento en la tarifa del agua es no sólo injusta sino indignante. Pone a prueba la paciencia y la confianza en las instancias que, por ley, debieran proteger el interés ciudadano.

La decisión tomada por la mayoría priista de aumentar la tarifa “porque no hay de otra”, revela una increíble falta de responsabilidad y tacto político. En la esfera de las relaciones políticas y administrativas siempre “hay de otra”. La ley sirve para normar las conductas y  no para aplastar iniciativas y soluciones transformadoras.

Las organizaciones ciudadanas y personas interesadas en nuestro acontecer social han tomado la iniciativa como un abusivo arrebato de torpeza y falta de respeto por los derechos de los hermosillenses. Como una medida bajuna y agresiva contra la economía de las familias trabajadoras, que hacen posible que la ciudad viva y progrese, a pesar de las malas administraciones sufridas.


El llamado es a la resistencia civil, por la protesta enérgica contra el abuso, por la movilización ciudadana en defensa de su legítimo derecho a un gobierno responsable, justo y promotor de la equidad. La ciudad y el municipio merecen respeto, servicio profesional y absoluta transparencia administrativa, pero sobre todo, una gestión pública que proteja, con imaginación y entrega, los intereses y derechos colectivos de los ciudadanos. 

domingo, 22 de noviembre de 2015

La evaluación magisterial y otras chapuzas

                               “El que educa es más padre que el que engendra” (Frase latina).

Ha acaparado la atención el aparato policíaco montado para efecto de “proteger” a los maestros que acudan a la evaluación decretada por el supremo gobierno con fines hasta ahora identificados como laborales más que educativos. La insondable perfidia tras estos despliegues de autoridad pudiera ser ignorada por muchos, salvo por quienes han decidido su vida mediante la preparación y el ejercicio de la profesión docente.

Podrá suponerse que los maestros deben someterse a la evaluación porque ésta garantiza una mejor forma de constatar los conocimientos adquiridos y que se traducirían en mejor desempeño laboral pero, por desgracia, la realidad no es lineal. La actividad docente tiene muchos “asegunes”.

En este punto, cabe recordar que el gobierno ha descuidado sistemáticamente no sólo infraestructura sino cobertura educativa, remuneraciones y garantías para los maestros “de a pie” que trabajan en condiciones fácilmente imaginables en contextos como el África subsahariana, las comunidades rurales de zonas económicamente deprimidas y lejanas de los beneficios de la vida civilizada y el decoro humanitario.

Se pueden encontrar planteles que sólo cuentan con un aula y sin el equipamiento necesario para la enseñanza, en paupérrimas condiciones y olvidados del Internet y la administración escolar. Existen porque hay un maestro que siente empatía por sus alumnos y siente su profesión no tanto como un apostolado sino como un puesto privilegiado en la lucha contra la ignorancia y la marginación, aunque sin la esperanza de mejora de las condiciones materiales y muchas veces a pesar de la intervención de las autoridades.

Hay maestros comprometidos con su profesión y con la comunidad donde trabajan, sin que dejen de existir verdaderos parásitos que medran en las cañerías de un sistema corporativo y decadente que envilece, prostituye y desprestigia a los docentes como gremio, pero, frente a los operadores de la corrupción institucionalizada están los esforzados y honestos, dando la batalla en el aula, la cancha deportiva, el taller y la calle.

La reforma educativa tiene más que ver con la laboral que con un programa nacional que fortalezca e impulse nuestras capacidades como nación en terrenos como los de la ciencia y la tecnología, y que refuerce las posibilidades de avanzar en investigación y desarrollo a partir de lograr generaciones de jóvenes mejor formados académicamente, más inclinados a la investigación y al análisis objetivo de la realidad mundial, nacional y regional, más dispuestos a aplicar y experimentar, y más cultos y dispuestos a entender la pluralidad y riqueza cultural que ha logrado nuestra sociedad en su aventura por la historia.

Lamentablemente, el gobierno cegado por el dogmatismo neoliberal emplea su poder en labores de represión y amedrentamiento del magisterio nacional, valiéndose de la fuerza pública para tan ridículas y antidemocráticas tareas, llegando incluso al acarreo aéreo de los profesores, según reporta la prensa. El abuso y la falta de visión histórica son evidentes, como también lo es la decidida oposición y resistencia pacífica de los maestros disidentes.

Así pues, mientras los trabajadores luchan y se oponen a las reformas apátridas, los legisladores del sistema ponen piedras en el camino al desarrollo independiente y soberano del país.


Según se ve, no puede estar lejano el día en que los ciudadanos decidan, por conveniencia propia, romper las cadenas de la inercia y la apatía comodona y empiecen a sumarse a las demandas de las fuerzas progresistas de cada comunidad nacional. Por lo pronto, el apoyo a la lucha de los maestros por una educación pública, gratuita y de calidad es necesaria y categórica, porque va de por medio el futuro de todos.

lunes, 16 de noviembre de 2015

Las fechas borrosas

Desconocer lo que ocurrió antes de que tú nacieras es ser siempre un niño” (Cicerón).

No hay duda de que la memoria de los pueblos forma parte de su patrimonio intangible, de sustento del orgullo nacional y prontuario de la identidad que se construye a golpes de tiempo y decisiones. La historia nacional con su rico y variado contenido se cuelga del aparador de la realidad con los ganchos del calendario, así la fecha representa la forma en que se hace presente el hecho o suceso contenido en la memoria colectiva. Si la historia en su apariencia más elemental es aprendida por los escolares mediante la relación de fechas, nombres, hechos y lugares geográficos, el civismo supone la conmemoración colectiva consagrada a la comprensión y encomio de la obra de quienes aportaron su palada de arena, vertieron la cal, acarrearon el agua y pusieron los ladrillos del edificio institucional del país.

La conservación ordenada y pulcra de los capítulos que integran la epopeya nacional y su difusión y estudio corresponde a la educación pública primordialmente, debiendo el gobierno no sólo proveer su marco normativo sino organizar apropiadamente el calendario conmemorativo de sus hechos relevantes. Las fiestas y conmemoraciones patrias, los hitos y sucesos del pasado unen a los mexicanos del presente con sus antepasados más remotos, y sientan las bases para el México por venir. Somos un pueblo con historia, tradiciones y costumbres propias, que se van modificando y enriqueciendo a la luz de lo que fuimos, somos y podemos ser.

La explotación y conocimiento de las profundas raíces del árbol nacional permite analizar causas y estudiar y comprender efectos, de suerte que las causas, el contexto de las situaciones pasadas, su desarrollo y consecuencias pueden arrojar luz sobre las complejidades del desarrollo nacional, y servir de experiencia para abordar los problemas del presente, basados en una concepción dinámica de la sociedad.

Si la memoria puede guiar la inteligencia hacia las mejores soluciones a los problemas que nos competen como sociedad, el olvido puede, en cambio, conducirnos por un camino de errores e improvisaciones cuando no de decisiones forzadas por intereses que no son los nuestros. Es por ello que la conciencia del pasado orienta nuestro futuro como nación independiente y soberana. 

Por desgracia, nuestro gobierno ha renunciado a la historia nacional mediante la adopción de mecanismos de amnesia institucionalizada que vacían de contenido las fechas importantes de nuestro calendario cívico. Desde la llegada de los gobiernos neoliberales la historia patria ha venido a menos, las ceremonias conmemorativas devienen en pasarelas huecas y ridículas y los desfiles del 16 de septiembre y el 20 de noviembre se realizan en cualquier otra fecha bajo el argumento de que en el país se deben eliminar los “puentes” en aras de la productividad y el mejor desempeño laboral, además de servir como medio para inducir una nueva cultura laboral.

Ahora se ve como correcto desfilar el lunes 16 en vez del viernes 20 de noviembre. ¿Qué día laboral se gana perdiendo un lunes en vez de un viernes? ¿En qué influyó en la productividad este cambio si de cualquier forma se contará con tres días inhábiles en el sector oficial?

México es un país que destaca entre los miembros de la OCDE porque sus trabajadores tienen jornadas de trabajo más largas y reciben pagas más reducidas. Nadie puede decir con verdad que el trabajador mexicano sea un flojo bien pagado, o que sea privilegiado desde el punto de vista de la legislación laboral. De hecho, se ha retrocedido sustancialmente en esta materia a partir de la reforma laboral, así como por las reformas a la legislación federal en materia de seguridad social, como es el caso del IMSS e ISSSTE, donde el cambio en el sistema pensionario repercute directamente en beneficio de agentes financieros privados y en contra del bienestar y seguridad patrimonial de los propios trabajadores. 

En la medida en que la historia sea una materia escolar en vías de desaparición, las nuevas generaciones dejarán de encontrar significado a las fechas conmemorativas, a las ceremonias de aniversario y al costo en vidas y esfuerzos que ha tenido la construcción de nuestras instituciones, la seguridad de nuestro patrimonio, el dominio de nuestros recursos y la majestad de la Constitución, ahora administrada como mercancía en liquidación por magistrados venales y funcionarios apátridas.


El aniversario de la Revolución, el de la expropiación petrolera, el de la nacionalización de la industria eléctrica, como el de la independencia nacional, terminan siendo cascarones huecos por la podredumbre neoliberal. Es tarea patriótica de urgente realización recuperar nuestra historia, el significado de las fechas, el contenido de los hechos y situaciones que nos han moldeado como país independiente y digno de un mejor futuro. Recuperemos la República, ya.

lunes, 9 de noviembre de 2015

Comentario sobre la posible reforma al plan de estudios de Economía


Hay dos clases de economistas; los que quieren hacer más ricos a los ricos y los que queremos hacer menos pobres a los pobres” (José Luis Sampedro, 1917-2013).

Al parecer, la tendencia nacional a sacudir estructuras y generar cambios que se formalizan en leyes, acuerdos y programas, no sólo abarca la dimensión gubernamental sino que desciende a niveles domésticos mediante la adecuación de leyes y reglamentos, implantación de sistemas y homogenización de procedimientos y lenguajes. Lo anterior es explicable a partir de que una reforma, para ser exitosa, debe penetrar no sólo estructuras sino mentalidades, porque de su aceptación depende el éxito de su implantación. 

Así como el frenesí de la homogenización y homologación en la esfera del sector público federal avanza y abarca la estatal y la municipal, también se puede observar este fenómeno de réplica y adecuación vertical en el ámbito de la educación. La lucha por garantizar una educación pública gratuita y de calidad que se libra actualmente en los espacios académicos y políticos no sólo se da en la sede de los poderes federales, sino que también se da a lo largo y ancho del país. No sólo contiene demandas y reivindicaciones histórico-sociales, sino que toca el contenido y la forma de impartir conocimientos; no se queda en la organización y la gestión escolar, sino que toca las estructuras curriculares y las modalidades didácticas, en una interacción constante que penetra y conmueve a los formadores y a los sujetos en formación.

Estamos hablando de la confrontación de dos visiones de la educación, una signada por los imperativos y el pragmatismo del mercado y otra, caracterizada por sustentar una posición crítica, propositiva, socialmente pertinente y respetuosa de los valores nacionales. Desde luego que en el terreno de la práctica docente, cabe distinguir el interés de las burocracias escolares y el de quienes desde el aula trabajan para hacer posible lo necesario, habida cuenta las estrecheces presupuestales y la lentitud de los trámites que permiten la operación de los programas. A ello hay que agregar las deficiencias formativas de los docentes y directivos, una idea punitiva y no formativa de la evaluación tanto para alumnos como para profesores.

Para desgracia de la educación, la visión dominante de corte neoliberal dependiente es impulsada por el gobierno e instrumentada afanosamente por el aparato burocrático nacional, sin que sea tomada en cuenta la opinión y la experiencia de especialistas y maestros en el ejercicio de sus labores. La trivialización de contenidos y el crecimiento de aparatos no sólo fiscalizadores sino que cumplen una función ideológica evidente, prosperan bajo el membrete de comités evaluadores, de capacitación docente, de impuso a nuevas estructuras curriculares, de homogenización de procedimientos y contenidos, en un contexto en el que el profesional de la educación parece ser el elemento no deseado en la fiesta reformista neoliberal.

Dubai por Ayotzinapa octubre 2015
Aquí el maestro y el estudiante son los sujetos a vencer y a convencer por la fuerza o de grado, de las bondades y la fuerza irresistible del sistema económico y político que nos convierte como país en la variable dependiente de las trasnacionales; son los objetivos de la represión selectiva y sistemática y el ninguneo permanente en los órganos de decisión corporativa que invaden las instituciones educativas dependientes de subsidios públicos bajo el supuesto de la autonomía universitaria; son los “nuevos modelos curriculares” que aparentan modernidad sin preocuparse de la pertinencia de los contenidos ni de la didáctica, y menos de la especialización y experiencia de   los docentes. El neoliberalismo en educación contamina y trivializa el sistema educativo en su conjunto, del cual es parte importante la educación superior.

Sin duda alguna, Economía es una carrera universitaria eminentemente social que tiene fundamentos sólidos en la historia del crecimiento y desarrollo de las sociedades, y que cuenta con un marco teórico e instrumental que no sólo caracteriza sino explica y establece tendencias en los fenómenos que estudia, gracias a que su análisis y teorización produce leyes que explican la ocurrencia de los fenómenos sociales de carácter económico objeto de su estudio, dándole capacidad predictiva y permitiendo al estudioso ahondar en sus causas y efectos, sin dejar de lado las características de su evolución y alcance espacio-temporal.

El estudio científico de la Economía, en su ámbito mundial, continental, nacional, local y municipal, cuenta con la Economía Política, la Teoría Económica, la Historia Económica, las Matemáticas y la Estadística como pilares fundamentales sobre los cuales se ha levantado el edificio de las distintas especialidades y acentos de la Economía académica. Cada una de las construcciones teóricas e instrumentales refleja las diversas experiencias acumuladas en el largo camino que conduce, no sin esfuerzos, a la comprensión del funcionamiento del sistema económico y los elementos germinales de sus transformaciones. En este sentido, la Ciencia Económica es una construcción histórico-factual de la evolución de la capacidad productiva de los seres humanos y las formas que ha revestido la organización productiva, así como los efectos que esto ha tenido en la organización socio-política de las sociedades.

Así las cosas, tratar de excluir del análisis económico la aportación teórica de la Economía Política y de la Historia Económica, para quedarse con la explicación que proporciona la teoría económica neoclásica, es como pretender analizar un fenómeno económico real sin tomar en cuenta su ubicación espacio-temporal, la dinámica interna y externa de sus cambios y los efectos sociales y políticos de su trayectoria; dicho en otras palabras, es como ignorar el expediente clínico de un enfermo: el conocimiento de los antecedentes clínicos, personales y familiares, ambientales y laborales, el estado general de salud y predisposición genética, entre otros indicadores, permiten sin duda un buen pronóstico y, en consecuencia, el tratamiento adecuado al tipo de padecimiento.

Un economista que no analice la información cuantitativa y cualitativa de su objeto de estudio y que se conforme solamente con los resultados que arrojen sus herramientas cuantitativas, difícilmente penetrará en la esencia de los fenómenos y solamente hará interpretaciones de “violinista”: aquí bajó y aquí subió la producción de cobre, por ejemplo, pero no llegará a una propuesta de solución pertinente al problema en estudio si excluye las variables asociadas a la dinámica social, política y laboral del proceso productivo. No es lo mismo describir que explicar y comprender un fenómeno social de carácter económico. La economía como la medicina, para ser socialmente útil, debe pensar holísticamente, su visión y abordaje de los problemas debe ser integral, situada en la lógica objetiva del problema a resolver.

Actualmente se lleva a cabo un “Foro de consulta y transformación académica del programa de licenciado en Economía” de la Universidad de Sonora. En la semana del 9 al 13 de noviembre, opinarán los profesores, los estudiantes y los empleadores. Me parece que se debe centrar la atención en el fortalecimiento de las áreas correspondientes a la Historia Económica, la Economía Política, la Teoría Económica, las Matemáticas y la Estadística, por su gran valor explicativo y formativo. Son el núcleo básico de la preparación académica del profesional de la Economía. Excluir la visión del cómo, el cuándo, el por qué y para qué de la evolución económica de la sociedad sería un suicidio intelectual que reduciría al egresado a una calidad meramente instrumental, técnica, alejada de la posibilidad de proporcionar un servicio profesional necesariamente integral y no sólo explicativo sino propositivo, transformador de nuestra economía.

Una buena reforma no consiste en reducir las áreas o las asignaturas, sino en reforzarlas guiados por su pertinencia, más que su homogeneidad con los planes de otras instituciones. Cada institución se debe a la sociedad a la que sirve, y cada estado de la república posee característica y particularidades físicas y culturales que lo distinguen del resto de las entidades.  Las instituciones que cuentan con programas de Economía fallarían si estructuraran sus planes de estudio dejando de lado las áreas del núcleo básico de la formación del economista, así como soslayando la vocación productiva real y potencial del estado y municipio al que pertenecen.

En resumen, una buena reforma debe ser pertinente desde el punto de vista académico y contextual. Sonora y el país requieren de un profesional con sensibilidad social y política capaz de dar respuestas a los problemas económicos presentes y futuros, que entienda que su deber profesional es responder prioritariamente a las necesidades del pueblo, de las grandes mayorías que padecen de marginación económica y social y cuya voz se ignora cuando no se silencia, y es responsabilidad de nuestra institución formarlo.

   


domingo, 8 de noviembre de 2015

El uso lúdico de la ley

       “Huir del vicio es virtud y la primera condición para ser sabio es no ser necio” (Horacio).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha rebasado, el miércoles 04/11/2015, sus propios límites para despertar el asombro, júbilo, expectación y jolgorio en la comunidad marihuanera nacional, al conceder histórico amparo de la justicia federal a cuatro personas (¡cuatro!) para que puedan cultivar y consumir droga con fines lúdicos, es decir “actividades relacionadas con el juego, como actividad placentera donde el ser humano se libera de tensiones, y de las reglas impuestas por la cultura” (Diccionario en línea Deconceptos.com). Sin embargo, la SCJN sigue reconociendo que la droga es dañina para la salud personal y pública.

En este interesante asunto, los ministros concedieron el amparo a partir de su “respeto a la decisión individual” de hacer de su cuerpo y, en consecuencia, su salud, lo que les viniera en gana, por la suprema razón de que no se debe coartar la autodeterminación ni obstaculizar el “desarrollo de la personalidad” de los cuatro adultos promoventes.

Curiosamente, la SCJN no desconoce que la mariguana es una droga que produce distorsiones en la percepción de la realidad y que genera problemas psiquiátricos en los consumidores, con lo que el tema de la libertad individual y “el desarrollo de la personalidad” chocan frontalmente con la responsabilidad de las autoridades en materia de bienestar y salud pública.

Siendo como lo es un asunto que reviste importancia nacional, parece que los magistrados actuaron llevados por un arranque de frivolidad, pasando por alto al Poder Legislativo y a la comunidad científica, así como la experiencia del sector salud, con lo que ponen frente al interés de más de 100 millones de mexicanos el de cuatro personas que quieren producir y quemar mota libremente para divertirse. ¿Es legítimo el interés de los adictos, de cara a una posible legalización del consumo de enervantes para fines “lúdicos”, en oposición a una población de consumidores potenciales cada vez más joven y vulnerable? ¿Qué interés defendieron los magistrados en realidad?

La noticia del fallo no puede menos que despertar dudas acerca de las bondades de una argumentación basada en el hedonismo más pedestre, carente de sentido si se considera que el uso de una droga sólo puede justificarse por sus beneficios y potencialidades terapéuticas. ¿Cuándo se consultó a los psiquiatras y psicólogos clínicos? ¿Por qué no se tomó en cuenta a los profesionales que trabajan en la rehabilitación de adictos? ¿Consideraron irrelevante la amplia experiencia de los Centros de Integración Juvenil; de los cuerpos y programas especializados en orientación a estudiantes y jóvenes en general? ¿Les pareció ocioso considerar los riesgos e impactos de las drogas en los niños y adolescentes, sobre todo de familias de escasos recursos, víctimas tanto de la marginación económica como educativa?

El argumento de la libertad, la autodeterminación y el desarrollo de la personalidad no puede tener sustento sin considerar el entorno social, los valores y principios que la sociedad reconoce y postula como trascendentes, habida cuenta que no son valores absolutos, sino sujetos a determinantes socio-históricos que los fundamentan y dan contenido y vigencia. No somos entidades robinsonianas (aisladas, como Robinson Crusoe) sino sujetos interactuantes en y con el conjunto, en relaciones cotidianas intra e intersubjetivas. La función del Estado es el bien común, no la autosatisfacción privada de vicios y compulsiones. Sin duda, las adicciones son problemas de salud, y en este sentido la Corte debió ser prudente y reflexiva.


Las puntadas de Fox
Es inevitable recordar el interés de Vicente Fox en el tema, visto como una promisoria oportunidad de negocios a costa de la adicción de sujetos que pagarían por su consumo de droga en locales legalmente establecidos y sujetos a la vigilancia fiscal. ¿El eventual cobro de impuestos justifica generar un espacio económico formal cuya materia prima es un enervante que, como tal, afecta los sentidos del consumidor y genera distorsiones que pueden ser graves en su conducta? ¿Les parece que defienden derechos humanos al permitir que algunos se intoxiquen “lúdicamente”? ¿No consumir droga afecta el desarrollo de la personalidad? ¿La drogadicción es expresión de la libertad individual? ¿Qué tipo de “personalidad”  es la que fomenta y protege la SCJN en un país con gravísimas carencias?

Tanto la planta del cáñamo como la amapola tienen cualidades terapéuticas que el país  bien puede aprovechar como alternativa a otros medicamentos en beneficio de quienes padecen alguna enfermedad dolorosa, pero autorizar en un caso particular su uso “recreativo” es ridículo. La intervención de la SCJN aunada al interés de personajes como Aspe, Castañeda o Aguilar Camín sugiere que la posible legalización está dentro de las expectativas comerciales de los satélites del oportunismo salinista.


En el caso de Sonora, la posición del gobierno estatal debiera ser firme, en defensa de la salud pública de los sonorenses, antes que declarar una neutralidad ficticia ante decisiones no sólo de dudosa responsabilidad sino socialmente problemáticas. Es trágicamente incongruente hablar de educación para la salud de nuestros jóvenes sin al menos cuestionar, como gobierno de un estado “libre y soberano”, el criterio de la Corte. ¿Cómo es posible que se trivialice la observancia de la ley? ¿Las normas pueden tener un uso lúdico?

lunes, 2 de noviembre de 2015

Represión legislativa


                      “Los estados que son más corruptos son los que más leyes tienen” (Tácito).

México parece competir en materia de iniciativas legislativas que afectan los supuestos de la democracia y el respeto a los derechos humanos. En el seno del poder legislativo se cocinan los bodrios que más tarde darán sustento a las más absurdas formas de represión ciudadana, haciendo saltar por los aires la fama lograda por otros países, como España, que han logrado convertir la ley en garrote que se bate contra los derechos y la dignidad de sus habitantes.

En evidente y ridícula imitación al régimen de derecha fascista español, el legislador priista Omar Fayad impulsa una iniciativa de ley que pretende amordazar la actividad de las redes sociales y medios alternativos de información a través de Internet. La absurda Ley Mordaza cibernética mueve a risa cuando no a justísima indignación, ya que se trata de un instrumento con meses de maduración inspirado en defensa de la imagen presidencial y del actual régimen, pero que por su esencia sólo mueve al rechazo más enérgico de todos cuantos valoran la libertad de expresión para la construcción de una verdadera democracia. La iniciativa nació muerta y, en consecuencia, ya apesta. Sólo resta darle cristiana sepultura, o ser cremada.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) insiste en aparecer en la primera de los periódicos con pronunciamientos y jurisprudencia que permiten dudar de la cordura y probidad de sus integrantes. Antes se hizo famosa por su aprobación del anatocismo, ese perverso cobro de intereses sobre intereses que le hizo el día a la banca extranjera en México; ha avalado la constitucionalidad de verdaderos absurdos disfrazados de “reformas constitucionales” cuyas consecuencias son las de atacar derechos laborales y sociales de los trabajadores y a favor del saqueo nacional por parte de entidades extrajeras; ha manoseado la institución matrimonial sin que haya de por medio un objetivo social entendible; ha permitido la injerencia extranjera en asuntos de la exclusiva competencia de los mexicanos, como son los atinentes a la seguridad nacional y la impartición de justicia; ha solapado el deterioro del ingreso y patrimonio de los trabajadores al avalar recientemente el “embargo salarial”. Ahora nos dice que solamente el salario mínimo será inembargable y cualquier salario que lo rebase podrá ser embargado hasta un 30 por ciento.

Al respecto, nadie puede afirmar válidamente que $70.10 pesos diarios sean suficientes para los gastos familiares y para ahorrar en previsión de necesidades futuras. En este caso, la SCJN ha dado por legal el saqueo y la represión económica de los trabajadores a manos de sus acreedores, que pueden ser bancos, comercios o particulares. La indefensión laboral resulta ser más evidente si recordamos las desastrosas reformas en materia de trabajo y seguridad social, que han sido fuertes contribuyentes a la miseria de los actores fundamentales del proceso productivo, en el marco del deterioro creciente de la capacidad adquisitiva del salario. Hoy no es posible comprar la canasta básica con un día de salario mínimo, menos lo es proveer el mobiliario y equipo necesario para atender las necesidades operativas del hogar (enseres domésticos, por ejemplo), de la salud y la educación de los hijos, entre otros que supuestamente satisface la definición de “salario mínimo”.

Lejos de proteger el salario de los trabajadores como la cantidad de ingreso necesaria para resolver primariamente su calidad de vida, el gobierno parece empeñado en socavar los cimientos económicos de la estabilidad social, y generar las condiciones para la ingobernabilidad que, como se sabe, ya ha pasado facturas sangrientas al país.  

Los problemas que el modelo económico provoca, ahora se pretenden sofocar  con medidas legislativas que solamente alcanzan a subrayar la percepción pública de un gobierno fallido. A través de las normas, se formalizan conductas que tienen un fuerte componente ideológico que defiende usos y costumbres ajenos a nuestra idiosincrasia, a los lazos de unión histórico-sociales que nos dan identidad y coherencia social. Se puede suponer que existe interés de desestabilizar social y políticamente al país mediante la represión económica, la marginación política y la privación o regateo de libertades fundamentales, como parecen documentarlo las recientes reformas y la impresentable actuación de la SCJN.

Diputada Gómez Cabrera del PVEM-Sonora
que, en su momento propuso castigar la publicación
de memes en internet.
Las decisiones de los diputados, senadores y ministros de la Corte dan pie a considerar heridas de trivialidad las instancias legales nacionales, de suerte que no sea exagerado señalar que en el país todo aquello que no se pueda resolver desde una óptica inteligente que tome en cuenta los valores e intereses de las familias y las instituciones al servicio de éstas se convierte en iniciativa de ley, por ejemplo, el consumo de enervantes.


La legalidad en México perdió rumbo, dejó su asidero social e histórico para anclarse en modas impulsadas por intereses que no cuentan con la legitimidad de ser nuestros. Es un eslabón más de la cadena de enajenación política y económica que aprisiona el ser nacional, que manosea y deforma la defensa de los derechos humanos, que reprime y nulifica la familia, las tradiciones y costumbres que nos hacen ser singulares dentro de la comunidad  de intereses históricos de la Patria Grande  hispanoamericana. Urge el rescate de la República.