Conspiración en Pémex

Notas Sueltas es un espacio de opinión sobre diversos problemas de carácter social, económico y político de interés general. Los comentarios pueden enviarse a: dalmx@yahoo.com

domingo, 27 de septiembre de 2015

Las apariencias engañan

                                                 Contra hechos no hay argumento que valga (Frase latina).


Algunos de mis amigos, reputados como de ideas progresistas, montaron en santa cólera por el asunto de la madre que inició una campaña en las redes e instancias oficiales a fin de, en apariencia, defender el derecho que asiste a su hijo de cuatro años a llevar el pelo largo. La dama  arguye que está por respetar y hacer valer la decisión de su hijo frente a la prohibición del reglamento de la escuela privada donde estudia. Sostiene, junto con sus apoyadores, que se violan derechos humanos, ya que se le niega educación. El caso logró trascender y el mismo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) hubo de declarar que estaba sobre el asunto y que el menor deberá asistir a la escuela con greñas, porque “ningún reglamento está por encima de los derechos humanos”.

Aquí tenemos el curioso caso de un menor cuya capacidad de decisión está sujeta a la interpretación y voluntad de la madre, misma que no tiene empacho en exhibirse junto con otra mujer y el niño con un broche en el pelo (https://twitter.com/ProyectoPuente/status/647062149878140929), o donde el pequeño luce vestido de mujercita (https://twitter.com/coyoterulea/status/647118708071002112/photo/1). ¿De qué violación de los derechos humanos estamos hablando? ¿En qué forma se está protegiendo la identidad y el desarrollo de la personalidad del niño? ¿Un pequeño de cuatro años puede estar en la capacidad de “salir del clóset” y reclamar su derecho a la no discriminación por este hecho? ¿Es decisión del menor o la imposición de la madre respecto a la sexualidad de su hijo?

Entre los Derechos del Niño reconocidos internacionalmente son fundamentales: 1. La no discriminación: todos los niños tienen los mismos derechos. 2. El interés superior del niño: cualquier decisión, ley, o política que pueda afectar a la infancia tiene que tener en cuenta qué es lo mejor para el niño. 3. El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo: todos los niños y niñas tienen derecho a vivir y a tener un desarrollo adecuado. 4. La participación: los menores de edad tienen derecho a ser consultados sobre las situaciones que les afecten y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta. Pregunto: ¿cuál derecho le fue violado al pequeño? Tal parece que es la madre y no el reglamento de su escuela el que resulta violatorio a la defensa del interés superior del niño.

La absurda deformación a la que está siendo sometido sugiere que la fuente de los problemas está en casa, y que dicha conducta puede interpretarse como maltrato infantil.

El titular de la CEDH deberá de reflexionar seriamente sobre las consecuencias de emitir un juicio y una recomendación sin analizar detenidamente este caso. De proceder con ligereza se convertiría en cómplice de un auténtico abuso de la inocencia del niño con serias consecuencias para su desarrollo emocional.

Es natural no desear para los demás niños lo que no quisieras para tus propios hijos. En este punto me declaro incapaz de comprender el desparpajo con el que muchos están dispuestos a dar un “like” o apoyar con sus comentarios cuestiones que son verdaderos absurdos, auténticas agresiones a la integridad de los menores. Al parecer es muy simple asumir un progresismo gratuito y sin mucha responsabilidad por referirse a temas quizá distantes, tan ajenos como los hijos y la familia para los jóvenes solteros y para muchos no tan jóvenes. Algunos sostienen que no hay que educar a los chicos con “estereotipos de género”, pero, ¿acaso no es uno de ellos vestir a un inocente niño de mujercita?

El pequeño en cuestión con el tiempo sentirá los efectos de las hormonas circulando por sus venas y arterias, verá crecer su cuerpo, sus atributos sexuales, será más clara su idea del “otro”. Será presa de confusión porque sabrá que es hombre, pero tendrá una imagen distorsionada de su sexualidad porque su madre, sin ninguna consideración y respeto, lo crió como niña.


En nuestro país diario mueren inocentes, frecuentemente desaparecen maestros, periodistas y estudiantes, se violan garantías individuales, se condena a los ciudadanos al desempleo, los adultos mayores y los niños sufren abandono y miseria. Las muertes de Atenco, Guardería ABC, Tlatlaya y Ayotzinapa gozan de impunidad. En medio del desastre nacional, ¿un niño greñudo nos puede hacer perder piso? ¿Hay derecho? ¿Las autoridades “competentes” realmente lo son? Más seriedad. 

lunes, 21 de septiembre de 2015

Y en Hermosillo, la lluvia

Los días soleados parecen adoptar una actitud prudente ante el hecho de que la meteorología señala nuevas reglas de comportamiento en el paraje hermosillense: la discreción es actitud obligada que se resuelve con nublados que sirven de marco a la lluvia que cae a veces sin decir “agua va” y en otras con gran aparato publicitario.

Llueve tanto con aires modositos como con aspavientos de rayos y truenos; las precipitaciones pluviales parecen confabularse para convencernos de que el tiempo se apiada de las cálidas arideces de esta parte del planeta y establece un pacto de civilidad que beneficia a las presas y charcos que reciben las avenidas de los ríos, pero que no perdona el oportunismo de obras de pavimentación o recarpeteo chapuceras y las señala con baches abiertos y mentadas de madre de peatones y conductores de vehículos de propulsión mecánica.  A bache abierto y confeso, relevo de disculpas y pretextos.

La presencia de nublados y lluvias aplaca los excesos consumistas y el flujo de electrones conducido por las instalaciones eléctricas que estallan cada tanto en forma de reclamos de pago suscritos por la CFE parece dar tregua. El consumo eléctrico disminuye relativamente por azares de la voluntad del cliente cautivo de un servicio amenazado con la pistola de la privatización y el descredito de los cortes por falta de pago. Tiempos de moderación en una ciudad lastimada por el pillaje de una administración que supo ganarse con sobrados méritos la iracundia de los ciudadanos y el malestar de visitantes y observadores.

La frescura del ambiente contagia el ánimo y permite lavarse las manos a medio día sin despellejarse, tomar un baño sin que este hecho se pueda traducir en un solapado intento de suicidio que la urbanidad y las buenas maneras pudiera replantear en beneficio de la pulcritud de quien lo comete. El ambiente así modificado influye en el ritmo de la ciudad, dándole matices de ciudad comprometida con la calidad de vida de sus habitantes, pero que padece de amnesia temporal de su esplendor pasado y espera una serie de sesiones de terapia de ingeniería urbana en el sistema de agua potable y alcantarillado, en el cuidado y mantenimiento de calles, parques y jardines, tanto como en la seguridad pública y la disposición de basura y otros materiales que exigen reciclamiento.

El agua que cae por mandato de la ley de gravedad no es del todo un elemento tranquilizante, porque contribuye al arrastre de sustancias tóxicas generosamente vertidas por la mezquindad de Grupo México. Este problema de salud pública que huele a contingencia ambiental, merece estar en el primer lugar de la agenda de las nuevas autoridades gubernamentales, de la entidad y el municipio. Hasta la fecha no conozco ningún tipo de pronunciamiento, mención, compromiso o reconocimiento de la gravísima situación de riesgo en salud que corren los habitantes del municipio y cabecera municipal. La ciudad capital de Sonora goza del remojo temporal que proporcionan los eventos climáticos circundantes, pero sufre el abandono de los viejos y los nuevos personajes que encabezan la administración pública.

¿Qué va a pasar si el gobierno sigue en actitud de negar las consecuencias de lo que constituye una amenaza significativa para ésta y las nuevas generaciones? ¿Cuándo se promoverán, no limosnas, sino remedios verdaderos al daño patrimonial y la calidad de vida de miles de ciudadanos actualmente afectados? ¿Por qué insistirán en sacarle la vuelta a llamar al desastre por su nombre y reclamar para los perpetradores las más severas penalidades por su negligencia y criminal desprecio a la vida y el ambiente?

Sonora es un estado saqueado, víctima de la más absurda de las acciones de latrocinio, abuso de autoridad, tráfico de influencias, extorsión, y un descuido escandaloso respecto a la administración y cuidado de los recursos naturales. Hoy tenemos nuevos rostros y nombres en los titulares de la administración, pero se necesitan acciones y nuevas formas de abordar y resolver los problemas de nuestra vida cotidiana como sociedad.

El cambio no se va a dar olvidando y avalando los excesos de quienes ya concluyeron sus responsabilidades al frente del gobierno, sino poniendo a cada cual en el lugar que le corresponde de acuerdo a sus merecimientos. Resulta verdaderamente preocupante que los puestos se repartan entre cuñadas, vecinos, amigos y compañeros con ansias de novillero. Cae de peso que las posiciones empiecen a ocuparse por “méritos en campaña”, referencias familiares o políticas, por recomendaciones ligadas a la estructura de siempre en los partidos, a los apellidos que aparecen en uno y otro lado como garantía de méritos aun no logrados o nunca debidamente documentados.


La lluvia cae a chorritos o a cántaros, pero no alcanza a lavar las afrentas sufridas por Sonora y sus habitantes; quedan la desesperación, el desencanto, la ira de muchas familias que esperan y exigen soluciones, no explicaciones acerca de lo malos que son los que se fueron. La desesperación es tóxica y su derrame puede ser de amargas consecuencias. 

martes, 15 de septiembre de 2015

Otro Sonora ¿ya?

                       “Los precipicios casi siempre están cerca de las alturas” (proverbio latino).

Iniciamos la semana con la maleta cargada de optimismos mediáticos, frases y sentencias de enjundia pueblerina que resuman fe, imágenes tumultuarias y caras que muestran algún tipo de logro, olor a pompa y circunstancia, redundancias y declaraciones a propósito de encomios protocolarios y una nueva imagen gubernamental: una especie de flor multicolor.

En el primer acto político presidido por la nueva gobernadora, celebrado el domingo 14 en el CUM, se dieron cita personalidades de diverso pelaje, representando, en lo posible, al sector público, privado y social, además del priismo organizado y adláteres. Desde luego que el acto no fue público gracias a que el recinto estuvo arropado por las fuerzas del orden, quienes dejaron fuera a los ciudadanos que enarbolando mantas y pancartas pretendían hacer uso de su derecho a la libertad de expresión y manifestación, como por ejemplo, los afectados por el derrame tóxico en el Río Sonora. 


En cambio, recibieron la atención privilegiada de la prensa actores de telenovela como la actriz Leticia Calderón, quien opinó que por ser mujer, Claudia Pavlovich (CP), tendrá la sensibilidad de procurar mejoras en la educación, la justicia y otros aspectos siempre necesarios para la vida del estado: “Creo que la sensibilidad de una mujer puede manejar absolutamente todos los conceptos. Ella, como lo veo, es una ama de casa, con hijos y esposo y tiene la sensibilidad de ver por la educación, por el bienestar de los niños, por hacer justicia, por detener la corrupción, por ayudar a los hospitales y más” (Expreso, 14/09/2015).

El punto de vista es, desde luego respetable, pero quizá fuera de proporciones, ya que otra de las invitadas fue Rosario Robles Berlanga,  representante del presidente Peña Nieto, quien a su vez fue jefa de gobierno en el DF y no hace mucho titular de Sedesol, famosa por sus desatinos en el ejercicio del poder y por haber proclamado que cesaría la ayuda económica de Sedesol a mujeres que tuvieran más hijos de los que le parecieron convenientes; otros casos de mujeres “sensibles” son los de Angela Merkel y Christine Lagarde, canciller de Alemania y directora del FMI, respectivamente, que demuestran fehacientemente que la “sensibilidad” no es necesariamente patrimonio del sexo femenino. No escapa el detalle de que al inicio del discurso de CP proclamó  que los sonorenses “ya tienen gobernadora”, como si fuera un logro el sexo del titular del Ejecutivo, antes que su capacidad y aciertos al frente del gobierno.

Muchos han comentado el mensaje en los términos más entusiastas, incluso alguien escribió que había sido un buen planteamiento. Leí el texto completo dos veces y me instalé para analizar el vídeo del acto. Me pareció una generosa colección de lugares comunes en forma de párrafos un tanto aislados, como apuntando aspectos o detalles que pudieron haber sido complementados por la oradora pero que quedaron como un guion mejor actuado que articulado. Tan solo dos ejemplos: no parece estar al tanto de las consecuencias de la globalización en regiones que sólo sirven de traspatio o de reserva de insumos; da por sentado que la fórmula seguida por Peña Nieto y defendida por Beltrones puede en algún momento dar resultados que beneficien a Sonora y al país.

Quizá tenga peso y valor propio el hecho de comprometerse a rescatar el estado de derecho y hacer valer la ley y la justicia en los casos de saqueo del erario, abusos de poder y corrupción desenfrenada que incluso afectó a menores a cargo del DIF. Por lo pronto anuncia la creación de una “fiscalía especial” para atender tareas de investigación en materia de corrupción, de los que se van y de los que llegan. Parece que la receta de violar la ley y generar problemas para después crear una dependencia que los resuelva se va a seguir puntualmente. ¿No sería más sencillo actuar de acuerdo a la legislación vigente? ¿Acaso no hay instancias legales que atiendan el saqueo de recursos, la extorción, el tráfico de influencias y demás temas que afectan a la función pública? ¿Los delitos del gobierno pitufo son una novedad no prevista en las leyes? ¿Los dueños de la guardería ABC seguirán siendo personas de probidad intachable?

Independientemente de los pronunciamientos y la voluntad que pudiera existir, es claro que Sonora no ha cambiado, que seguimos siendo un estado endeudado y con la hacienda hecha añicos, víctima del saqueo desaforado de fondos como el de pensiones y jubilaciones del Isssteson; que la ciudad capital está altísimamente contaminada y que la región del Río Sonora, Bacanuchi y San Miguel requiere de una declaratoria de emergencia por razones de salud pública.   


La carga emocional de muchos ciudadanos que dijeron adiós con mentadas de madre a Padrés y equipo pitufo es, necesariamente positiva. Como que se aligera el peso del atraco gracias al cambio de nombres y rostros. Hay quienes confían en que las cosas algo van a cambiar, y que Dios se apiadará de los sonorenses. Ojalá que el pueblo de Sonora entienda que el problema no es el sexo del gobernante sino el horizonte político de su proyecto. Hoy más que nunca conviene conservar la memoria.


lunes, 7 de septiembre de 2015

Hacia la equidad sindical

                                                        La equidad debe acompañar a la ley (Digesto Jurídico).

Mientras que los sindicalistas experimentan avances en sus demandas por mejores condiciones en materia de pensiones y jubilaciones, se aprecia un desfase en el terreno de la equidad distributiva. Ahora se tienen dos tipos de sindicalistas jubilados: los que salieron antes de la revisión de 2015 y quienes se jubilan o pensionan después.

En la citada revisión se logró un avance significativo en cuanto a acortar la distancia entre las percepciones del trabajador retirado y el activo, ya que ahora se sale del servicio con alrededor del 90 por ciento del salario. Es innegable el beneficio logrado, sin embargo resulta inocultable el hecho de que la lucha sindical ha puesto su acento en tal solo una parte de la comunidad académica sindicalizada: los activos, dejando fuera de la mesa de las discusiones a los académicos ya jubilados y pensionados.

 Es evidente que ahora existen tres sectores en el seno del STAUS: los activos y los nuevos y los viejos jubilados gracias a un logro incompleto por su parcialidad sectorial, sin embargo, de acuerdo al estatuto sindical, se reconocen los derechos y la participación de los académicos en retiro y se formaliza su participación en una delegación con los mismos derechos y atribuciones que las integradas por los miembros activos, salvo en lo relativo a formar parte de las comisiones estatutarias y votar en caso de huelga.

Lo anterior nos presenta una especie de disonancia cognitiva, ya que por una parte se reconoce y apoya la existencia de una delegación de pensionados y jubilados (DPJ), pero en la mesa de las negociaciones con la administración en período de prehuelga no se ha visto que la organización sindical esté considerando reivindicar la igualdad de derechos de la DPJ. En otras palabras, en la misma forma en que la administración universitaria declara  inexistentes a los pensionados y jubilados, el sindicato excluye este sector en las negociaciones. Aunque trabaja por mejorar las condiciones de jubilación de sus activos, ignora completamente a los que ya pasaron a ese estado. Es evidente que a la organización gremial le ha faltado una visión integral de las necesidades de sus miembros y, en consecuencia, la claridad para resolver los problemas que existen en su seno.

Existe un concepto clave en el sindicalismo que es el de solidaridad. La organización lucha y adquiere sentido mediante la protección de los derechos colectivos de sus miembros, pero también a través de la acción en favor de personas o sectores que así lo requieren. No existen lícitamente sindicatos encapsulados en los asuntos meramente laborales porque una parte esencial de su identidad es social y política. Se actúa frente a la injusticia de un sistema opresor en cada emplazamiento, en cada declaración pública sobre la situación institucional o de cualquier eventual ataque a los derechos de los trabajadores. Así las cosas, ¿le suena lógico que en una misma organización sindical existan jubilados de primera y de segunda?,  ¿la exclusión de una parte integral de la organización de los beneficios logrados colectivamente?

Con el ánimo de avanzar hacia la necesaria y urgente equidad sindical, se propone un mecanismo simple que contribuya a dar tranquilidad a los actuales y futuros jubilados y pensionados: la creación de un fondo complementario de solidaridad sindical (el nombre es lo de menos).

Una vez al año se descontaría un día de salario a todo el personal académico sindicalizado activo, preferentemente en la fecha en que se entregue la prima vacacional para efecto de reducir el  impacto en las finanzas personales, el cual se integraría al referido fondo complementario. Los recursos obtenidos se destinarían a compensar proporcionalmente la pensión de los jubilados de antes de la revisión de 2015 con la de los nuevos pensionados y jubilados, hasta que todos los académicos retirados puedan aproximarse o lograr una pensión del 100 por ciento del salario vigente. Los recursos que ingresen darían un respaldo firme y actualizable al actual fondo para la pensión complementaria, que no es ilimitado, evitando que llegue el momento en que dejen de pagarse las pensiones por falta de recursos.

 Los actuales miembros del personal académico estarían complementando su propia pensión a futuro, a la par que le darían vigencia al concepto de solidaridad sindical. La administración  de los recursos señalados se decidirá mediante el mecanismo que el propio Comité Ejecutivo decida, sobre las bases de transparencia y  rendición de cuentas.

domingo, 6 de septiembre de 2015

La otra cara de la moneda

                                                Se debe el más grande respeto a la infancia (Juvenal).

Le confieso que no salgo de mi asombro y que la sensación de extrañeza se alimenta cada vez que abro el periódico o los portales informativos en línea. Las noticias de Sonora son tan desconcertantes como las que cada tanto tenemos del resto de la república, donde aparecen cadáveres en diversas entidades y en terrible estado: mutilados, decapitados, torturados, con signos de ajusticiamiento extrajudicial y lo que cualquier desvío de la mente humana pueda agregar. Los despojos aparecen retando la capacidad de horror y las grotescas imágenes actúan como ancla terrible a una realidad que está aquí pero que de ninguna manera puede ser normal.

¿Cómo va a serlo el convertir en guiñapo a un ser humano? ¿Por qué ese desprecio a la vida y la integridad de las personas? ¿En qué momento perdimos conciencia de nuestra identidad humana? ¿La vida de adultos y de infantes carece de valor? Así como vemos cadáveres como si fuera lo de menos, el tráfico de menores, ¿nos vale gorro?

¿Cómo es posible que autoridades estatales de Sonora se vean involucradas en la sustracción y venta de menores, y que los propios funcionarios encargados de la protección del menor sean los mismos que la organizan, en complicidad con profesionales del derecho y la medicina?

A resultas de sus acciones, ahora tenemos familias que se encuentran al borde de su reconfiguración, ya que por una parte las madres biológicas implicadas están sin sus hijos y, por otra, los nuevos padres que lo fueron por la vía de la compra, dejarán de tenerlos en cuanto la autoridad correspondiente decida la restitución, habida cuenta el carácter involuntario e ilegal de la situación.

Lo preocupante del caso es que la propia autoridad se encuentra comprometida en un grado impensable, absurdo, porque el problema lo generaron funcionarios públicos y porque una vez identificados los responsables la Procuraduría se les concede libertad bajo fianza, con el agravante de que tal acción por su torpeza parece enderezada a cubrir las espaldas y no castigar como corresponde a los perpetradores.

¿Cómo es posible que ahora, al final del sexenio, nos enteremos de que operaba una red de tráfico de menores en el seno de la propia Procuraduría de Defensa del Menor? ¿Cómo es posible asociar al DIF a este infame delito?

¿Cómo es posible que mientras que algunos sectores de la sociedad puedan solidarizarse con diversas causas a veces difusas y lejanas, las madres afectadas por el DIF puedan estar en situación de indefensión ante los traficantes de niños sin que la sociedad se manifieste airadamente solidaria? ¿A quién sirve la justicia y cuál es el carácter de la legalidad en México y Sonora? Por lo visto triunfan los negocios y las causas que ganan popularidad a los gobiernos mientras que el ciudadano común hace largas filas y prolongados tiempos de espera en procura de sus derechos elementales. Es evidente que los derechos de la infancia no se defienden sino que se manosean y desvirtúan descaradamente. Ocurre que la supuesta defensa del interés del menor en realidad encubre algún efecto oportunista y mediático.

Mientras el horror y la indignación de unos y la desesperación de otros encuadran las tragedias personales y sociales de Sonora, el tiempo pasa inexorable hacia el cambio de gobierno. La moneda del bipartidismo de facto ya está sobre la mesa y sólo queda esperar la entrada en vigor de la otra cara del neoliberalismo de guarache. Tiempo de reciclar la esperanza y dar vueltas como lo hacen los bueyes al molino. Momentos de espera del milagro de la multiplicación de los panes y los peces por obra del mesías sexenal, pletórico de enchufes federales y de clientelas locales.


Al margen del triunfalismo anticipado y de las anécdotas que huelen a premonición, las víctimas del capítulo panista en el gobierno de Sonora claman con voz en off por la justicia y la legalidad, mientras las grabaciones de rechinidos de dientes y crujir de huesos se preparan para amenizar el cambio de todos tan frustrado. El sistema se regocija por los tres años de mover a México.

sábado, 5 de septiembre de 2015

Para no creerse

                                  “Se condena a un juez cuando absuelve a un culpable” (Publilio Siro).

Los habitantes de Sonora han visto cómo los cargos públicos pueden ser transformados en una especie de patente de corso, en licencia ilimitada para saquear el erario, servirse del puesto para hacer negocios privados y favorecer a parientes y amigos en un jolgorio cuya duración de tres o seis años puede ser el pasaporte a una vida regalada, llena de los lujos y privilegios que consigue el poder económico y las conexiones políticas.

Ha estado a la vista que el presupuesto público se ha usado mal y que el destino de fondos cuantiosos está por aclararse o, en su caso, quedar como parte del anecdotario político de cómo estando en el poder el panismo abusó de los sonorenses y se fue con morrales de dinero y propiedades, sin que la justicia sea capaz de hacer lo suyo.

Tenemos casos de saqueo de fondos a la par que inmobiliario, donde personajes de la clase política en turno repentinamente se hacen de tierras, aguas, ganado, que distan de estar al alcance de sus sueldos oficiales. Terrenos como los del vaso de la presa A.L. Rodríguez y otros cercanos aparecen como adjudicaciones legales en contra de los ciudadanos pobladores de estos parajes, sin que valgan reclamos de justicia ni denuncias públicas.

Resulta bastante cansado hacer el recuento de los renglones torcidos del “Nuevo Sonora” de Padrés y similares; da grima repasar los desatinos declarativos, las actitudes de prepotencia, frivolidad y franco atraso político y administrativo de las autoridades aun en funciones; postra el ánimo contemplar el desmantelamiento de la administración pública en manos de pitufos descarriados con más hambre que prudencia. Las formas políticas se dejaron de respetar y los usos y procedimientos administrativos pasaron al archivo. Por las razones de cansancio, grima y postración anímica, solamente comentaré algo del capítulo más reciente de la cadena de desastres ahora del dominio público sonorense.

Antes sabíamos que existían bandas dedicadas al robo y tráfico de infantes, que existían secuestradores que hacían este infame trabajo, pero generalmente parecían como hechos improbables, ajenos y lejanos, fuera de lugar en Sonora. Lo impensable estalla en nuestra cara al darnos cuenta de que los traficantes de infantes son funcionarios ligados a la Procuraduría de Defensa del Menor y a un organismo otrora respetable como la Unión Ganadera Regional de Sonora.

Se sabe que la Procuraduría de justicia del estado tenía conocimiento desde principios de año del infame negocio, sin embargo no actuó sino hasta ahora que estamos en el período de transición. La reciente acción legal de la PJE parece oscurecerse debido a que los delincuentes confesos fueron dejados en libertad bajo fianza, por la razón de que no se consideraron de gravedad los delitos imputados y porque, según aclara el propio procurador Navarro, no se tenía la seguridad de que la confesión fuera del todo verdadera ya que les faltaban pruebas que la confirmaran, de acuerdo al “nuevo sistema de justicia penal”: “En entrevista para una radio local, el fiscal Navarro declaró que había dejado en libertad a los funcionarios que confesaron la utilización de sus cargos públicos para cometer el crimen, porque no había certeza de que estuvieran diciendo toda la verdad, además, advirtió a la ciudadanía que tienen que irse acostumbrando a ver en libertad a más presuntos culpables por la implementación del nuevo sistema de justicia penal” (http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=163007&relacion=&tipo=Sociedadyjusticia=466).

Quiere decir que si un delincuente confesa su falta, la PJE pondrá en duda su confesión hasta  que reúna las pruebas de que lo que dice es cierto. En otras palabras, si alguien mata a otro y la autoridad lo detiene y confiesa, no vale el principio de “a confesión de parte, relevo de pruebas” sino que para la autoridad es posible que el sujeto se esté echando la culpa de algo que no cometió y es deber de la autoridad no creerle hasta que se pruebe que el criminal es en efecto un criminal, no vaya a ser que alguien se quiera hacer pasar por delincuente para gozar de la comodidad y los beneficios de la prisión.

La ridícula explicación del procurador Navarro contrasta con el atraso que tiene Sonora en el mencionado sistema acusatorio que el gobierno de la república insiste en implantar en toda la nación, a imitación de los juicios que vemos en las series de televisión hechas en Estados Unidos, donde se da el reality show legal ante un público ávido de los asquerosos y torcidos detalles que, posiblemente, ilustrarán futuras acciones criminales.


La realidad es que dos delincuentes confesos fueron dejados en libertad y ahora nadie sabe dónde se encuentran, aunque el cómo se encuentran queda más que claro: gozando de los beneficios del sistema penal que aún no acaba de implantarse en Sonora y de los propios de una situación económica boyante gracias al comercio de niños sonorenses. ¿Se necesita puntualizar que la actual hazaña modernista de la justicia sonorense es una pura y real mamada? Para no creerse…