¿Y los trabajadores cuándo?

“Los trabajadores seguimos siendo el pariente pobre de la democracia” (Marcelino Camacho).

Se hacen los preparativos para el desfile del 1 de mayo, conmemorativo de la huelga iniciada por los trabajadores que reclamaban la extensión de la jornada de trabajo y exigían que fuera de ocho horas, en Chicago, EEUU, 1886. Los huelguistas fueron duramente reprimidos y la matanza en manos de las fuerzas policiacas tiñó de rojo las calles y la memoria de esta lucha laboral que finalmente resultó triunfante.

Estamos a punto de conmemorar el 133 aniversario del sacrificio de los huelguistas y mucha agua ha pasado por debajo del puente de la justicia laboral en México y el mundo que orbita la hegemonía del dólar y el modelo económico que impulsa y defiende nuestro vecino del norte. Para nadie es desconocido que el sistema capitalista labró su modernización mediado por el avance tecnológico y científico, y que una nueva concepción del mundo y la vida se fue perfilando en la memoria colectiva y en la conciencia internacional, emergiendo la clase obrera como el elemento genético-dinámico de la nueva sociedad y sus cambios sucesivos. Sin embargo, por el lado del capital muy pronto se erigieron verdaderas murallas legales para coartar las libertades conquistadas y se empezaron a regatear derechos fundamentales e inalienables como son la seguridad en el empleo, el ingreso y la seguridad social.

Las expectativas de una vida digna fundada en el trabajo como generador de riqueza se convirtieron en una utopía, en un sueño frente a una realidad donde el capital se lleva la mayor parte y el trabajador debe conformarse con las migajas del salario mínimo, los topes salariales y la privatización del ahorro generado en los sistemas de pensiones y jubilaciones. La seguridad social se privatiza en el último tramo del siglo XX y la expectativa de una vejez en condiciones decorosamente humanas se topa con las minusvalías de los sistemas privados de administración de fondos pensionarios, Afores, donde las comisiones aumentan y los ahorros disminuyen a la par que los ingresos de los trabajadores retirados presentan severos quebrantos.

Queda claro que los ahorros de los trabajadores deben protegerse y jamás ponerlos en manos de empresas privadas que buscan recursos frescos para sus aventuras de especulación y riesgo de dinero que no les pertenece y sobre el cual escasamente reconocen alguna responsabilidad en caso de pérdidas, como queda demostrado en nuestra experiencia tras las reformas de las Leyes del IMSS y del ISSSTE. Es un hecho que las afores ligadas a la banca trasnacional han proliferado y que buscan afanosamente hacerse con los ahorros de los trabajadores, pero también lo es que un fondo pensionario no debe participar en juegos de ruleta y, en todo caso, debe tener el respaldo del gobierno o las instituciones públicas regidas por las leyes nacionales para garantizar su permanencia y recuperación. En el momento histórico presente, las luchas por recuperar los fondos pensionarios en manos de empresas privadas es cosa de todos los días a lo largo y ancho de nuestro continente y México no es la excepción en el reclamo por restablecer el sistema de reparto solidario.

En este marco, resulta verdaderamente incongruente que las instituciones que permanecen en el sistema de reparto solidario traten de pasar a otro de carácter privado. La evidencia histórica demuestra que el Estado debe ser el garante de la seguridad social, como lo establecen los acuerdos internacionales que ha suscrito nuestro país desde antes de la época neoliberal inaugurada por Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari. En Sonora, debemos hacer valer los derechos de la clase trabajadora y decir un categórico NO a la privatización de la seguridad social. Aquí, como en muchas otras causas sociales, los universitarios están llamados a honrar su carácter de conciencia crítica de la sociedad y salvaguardar los avances que en materia laboral y social ha logrado el movimiento universitario a lo largo de sus luchas, desde la fundación de los sindicatos STEUS y STAUS en la Universidad de Sonora, y ser solidarios con las luchas de sus compañeros de clase que laboran en otras ramas de la actividad económica estatal.

Muchas cosas han cambiado desde los aciagos días de mayo 1886; mucha sangre ha corrido por los veneros de las fábricas, los comercios, las explotaciones rurales y las universidades; imposible dejar de lado lo que se ha perdido y lo que se ha logrado. La experiencia manda y llama al compromiso, porque el respeto por una tradición de lucha que nos identifica y nos une no se puede ignorar y menos traicionar. De otra manera, el desfile del 1 de mayo sería solamente un acto público de efectos mediáticos, pero carente de contenido y trascendencia. Seamos congruentes y cumplamos con nuestro deber.

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De Francia con amor.

“Los que hacen imposible la revolución pacífica harán inevitable la revolución violenta” (John F. Kennedy).

Ya ve usted cómo son las cosas. El segundo día de la Semana Santa ocurre un incendio supuestamente accidental en la Catedral de Notre Dame de París y de inmediato el mundo se declara consternado por la catástrofe cultural e histórica que significa. No es cosa común ver arder más de 850 años de historia arquitectónica envueltas en el gótico francés. Las vestiduras de Occidente se rasgan con prontitud y, como era previsible, empiezan a fluir las aportaciones en dinero, de suerte que a estas alturas ya hay alrededor de mil millones de euros reunidos, cifra que resulta un tanto difícil de digerir para el hombre de la calle, el ciudadano de a pie, el trabajador que se parte el lomo diariamente para rascarle el salario mínimo y prestaciones sociales a veces inexistentes o insuficientes a la dura cantera de la clase patronal que se dispone a retomar actividades tras unas “merecidas vacaciones”.

La rápida respuesta del capital a la tragedia parisina mira a lo alto de la estructura y las torres sobrevivientes de la catedral como buscando la cara de Dios para hacerle un guiño y decirle que están, como siempre, presentes y dispuestos a echarle la mano a Notre Dame, pero su mirada siempre en alto bien debiera situarse en la superficie de la tierra con toda su simplicidad, con toda su esencia cotidiana que, siendo tan trivial, trasciende cuando el vigor de un par de pies se ve acompañado por diez, cien, mil o diez mil que marchan al unísono y dicen: “ya basta de tanta inequidad, tanta desigualdad, tanta jodida hipocresía”. Sí, como también era previsible los chalecos amarillos hicieron su aparición y conminan a Macron, presidente de Francia, a ver hacia abajo, a su alrededor, y que recuerde la historia escrita por el pueblo francés hacia el final del siglo XVIII. La Revolución francesa situó en la cúspide del protagonismo político al ciudadano, y transformó para siempre la forma en que se ve y entiende la autoridad.

En el marco del primer mundo y en la esfera de las relaciones imperialistas y colonialistas que lograron fortuna y bienestar para las clases ancladas en el comercio y la industria las desigualdades sociales siguen presentes. Desapareció la aristocracia como clase dominante pero el poder queda en manos del capitalista, con distintas formas y medios pero con la misma petulante distancia respecto al pueblo llano, independientemente de la igualdad ante la ley de todo ciudadano. Igualdad formal que no pasa de ser una utopía que alimenta las esperanzas y permite la manipulación del pueblo, el soberano de acuerdo con la constitución política pero esclavo asalariado según la estructura laboral que priva en los hechos.

Las actuales revueltas populares francesas debieran ser una advertencia para el mundo sobre el agotamiento de un sistema que terminó víctima de sus excesos, por corrupción generalizada, por injusticias reiteradas, por el desprecio hacia lo humano. Curiosamente, Notre Dame de París pone los reflectores mundiales en otros incendios, en otro desplome de techumbres de complicidad y autocomplacencia, en la necesidad de recuperar valores y de replantear el futuro del pueblo representado por quienes protestan por la política económica del régimen, por la sordera de quien gobierna, por los propósitos y formas del quehacer económico y por la política de Estado que propicia las desigualdades y fundamenta las protestas. Francia nuevamente se mueve y conmueve al mundo con un incendio que nace de las calles, las plazas y las conciencias y que invita a repensar y valorar en el actual contexto las palabras “libertad, igualdad y fraternidad”.

En nuestro caso, como mexicanos, tras casi 40 años de neoliberalismo, tenemos nuestros propios incendios, así que ¿podremos ser autocríticos? ¿Seremos capaces de ver hacia abajo y señalar en nuestro entorno lo que está mal? ¿Tendremos la voluntad de cambiar lo que deba cambiarse y dejar de lado la mezquindad típicamente prianista de criticar lo que haga el nuevo gobierno sin mover un dedo para apoyar lo que sabemos que es justo apoyar? ¿Tendremos el valor de reconocer nuestra identidad mestiza y ser consecuentes con nuestra herencia nacional o seguiremos encadenados a un eurocentrismo que nos despersonaliza y nulifica? ¿Podremos reconciliarnos con el pasado y el destino que tenemos como latinoamericanos?

Ciertamente París bien vale una misa, pero ¿cuántas vale Acteal, Aguas Blancas, Ciudad Juárez, Pasta de Conchos, la Guardería ABC, Ayotzinapa, y la contaminación del Río Sonora? Aquí y en Francia, el pueblo es el soberano, pero falta que hagamos posible que el poder esté al servicio del ciudadano y no del capital, so pena de un incendio capaz de acabar con los mismo cimientos de la actual institucionalidad.  

  

               

Bueno, pues hay huelga.

“Durante el período escolar, el estudiante ha estado mentalmente inclinado sobre su escritorio; en la universidad debe ponerse de pie y mirar a su alrededor” (Albert North Whitehead).

Como es del conocimiento público, la Universidad de Sonora es el escenario de una suspensión de labores decidida el día 2 del presente por los académicos y trabajadores manuales y administrativos, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Trabajo y guardando las formalidades del caso.

Como era de esperarse, tanto el rector de la institución como la gobernadora del Estado se aprestaron a hacer declaraciones donde el común denominador es lamentarse por la afectación que pudieran sufrir los alumnos, habida cuenta que la UNISON es “por y para los estudiantes”, dejando de lado y lo más en la sombra posible el correspondiente a los que hacen posible la formación que los dichos alumnos y que sufren no hoy sino cada día no sólo el ninguneo de las autoridades sino también la caprichosa aplicación del Estatuto de Personal Académico, que cambia cada vez que se le ocurre a la cúpula institucional, violando el Contrato Colectivo de Trabajo y haciendo inalcanzable la obtención de una plaza académica o de la promoción que permita el avance en la superación profesional y personal de los docentes. En efecto, la universidad es para los estudiantes pero hecha posible por los académicos.

La UNISON es una paradoja laboral en el sentido de que proporciona servicios educativos a una población creciente mientras que mantiene a una planta laboral que no ve oportunidades de obtener la estabilidad que requiere para un mejor desempeño de sus labores; que no cuenta con garantías de seguridad e higiene en áreas riesgosas como son los laboratorios y que debe pasar por el drama semestral de las programaciones, muchas veces decididas por fobias o filias ajenas al mérito profesional y que crean clientelas enquistadas en las diversas áreas formativas, impidiendo mejorar la docencia y la investigación. Y ni qué decir de la expectativa salarial que se ve frustrada en cada revisión, sujeta a los topes que decreta el gobierno y a la discrecionalidad presupuestal interna.

En este marco, la gobernadora se complace en ignorar las necesidades presupuestales de la institución y no menciona más que de pasada el incumplimiento de su gobierno respecto al subsidio a la UNISON, pactado entre la propia institución, el Estado y la SEP, echando la culpa preferentemente a los recortes presupuestales derivados de la política federal; y el rector, por su parte, ofrece disculpas a los estudiantes y se regodea con lamentaciones que solapan el peso de inercias, indolencia, salarios y prestaciones de ensueño para la alta burocracia universitaria, recontrataciones por honorarios de personas que son jubilados y que siguen ocupando un lugar en el espacio del gasto corriente, en un juego de reacomodos que perfila clientelas de lujo y una administración agónica por su propia renuencia a oxigenarse. Así, tenemos una burocracia añeja, obesa y reumática, instalada en la autocomplacencia y el dispendio. Los resultados saltan a la vista: la ineficacia en las gestiones presupuestales se agrava con la ausencia de voluntad y el acartonamiento en el proceso de negociación con los sindicatos. En este contexto y hablando de realidades, los más afectados son los trabajadores universitarios porque son parias en su propia fuente de trabajo.

En medio de toda la problemática interna, cabe agregar las campañas ratoneras contra el sindicalismo y su legítimo derecho a la huelga. Ya vio usted cómo se pretende echar por delante a los estudiantes, y generar una imagen negativa de quienes sólo defienden su derecho a una mejor calidad de vida, que están en la realidad laboral y que pagan impuestos, sufren descuentos y que tienen  que bregar todos los días con la política excluyente y empobrecedora del modelo neoliberal, que reciben sueldos bajos y servicios de salud y seguridad social deficientes o prácticamente inexistentes, amenazados con la suspensión de los mismos mientras que surgen empresarios privados dispuestos a “resolver” el problema de los servicios médicos así como la administración de las pensiones de los trabajadores en retiro.

Sin duda es preocupante que haya suspensión de clases, pero cabe recordar que la Universidad ha pasado por esto otras veces y no hay alumno que deje de cumplir sus expectativas profesionales ya que existe el mecanismo de ajuste de calendario, de suerte que no hay semestres perdidos: Los derechos de los estudiantes están garantizados y tutelados por el Reglamento Escolar y las previsiones administrativas en caso de conflicto.

En este conflicto laboral se han cuidado las formalidades que marca la ley y se han respetado los derechos de los tesistas que hacen investigación en laboratorios tanto como los de los investigadores con trabajos en curso y que no deben suspenderse. Sin embargo, hay voces que expresan no sólo incomprensión sino franca oposición a los derechos laborales que con libertad y transparencia están ejerciendo los trabajadores universitarios, llegando a insinuar que existen actores políticos ajenos a la institución universitaria que intervienen enturbiando las aguas laborales de Sonora. El propio gobierno del Estado parece interesado en politizar el conflicto mediante declaraciones temerarias, calumniosas y francamente estúpidas. La verdad es una sola y no se puede tapar el sol con un dedo, por más que éste pertenezca a la ociosa y absurda “secretaría del trabajo” estatal cuya existencia es altamente cuestionable, habida cuenta que la materia laboral es exclusiva del gobierno federal.   

Sonora es una entidad que sufre la ilegalidad como sistema, el golpeteo de la politiquería prianista y la red de complicidades que nos afectan en todos los niveles y terrenos, y la Universidad no está exenta de sufrir los embates de léperos y prevaricadores. Los universitarios ven la huelga como un proceso que se pudo evitar y que representa, en cualquier caso, una acción legal extrema en defensa de los derechos de los trabajadores y, por ende, de sus hijos, entre los que se encuentran muchos estudiantes universitarios. Entre los trabajadores existe la voluntad de lucha y la exigencia de diálogo respetuoso entre las partes, así como el rechazo al manoseo político de parte del gobierno u otra instancia de poder legal o fáctico. La gobernadora seguramente entiende que sin respeto ni honestidad no puede ser posible en la realidad el lema universitario de “el saber de mis hijos hará mi grandeza”.