Conspiración en Pémex

Notas Sueltas es un espacio de opinión sobre diversos problemas de carácter social, económico y político de interés general. Los comentarios pueden enviarse a: dalmx@yahoo.com

martes, 28 de junio de 2016

Al paso que vamos...

                                     “En la adversidad se precisa el camino más rápido” (Séneca).

Al parecer hay cosas incomprensibles para el común de la gente, asuntos que permanecen lejanos y ajenos a la inteligencia de quienes un día como cualquiera se ven, de repente, en medio de una situación insospechada. En ciertos casos podemos aceptar fácilmente el absurdo, pero en cambio rechazamos la realidad si esta nos incomoda.

Podemos aceptar que los políticos sean corruptos y roben aprovechando la impunidad que rodea al cargo público, y ver con esperanzado interés la jerga legaloide que indica que nadie es culpable hasta que se demuestre, siendo que la presunción de inocencia cae por tierra todos los días al estar basada en la facilidad para traficar con influencias, hacer valer los lazos familiares y las oportunidades que ofrece la estructura clientelar de los partidos que, hasta hoy, se rotan en el poder. En cambio, es fácil y cómodo rechazar ideas y opciones políticas que prometan cambios a nuestra muy bien engrasada maquinaria de saqueo y explotación, porque pueden comprometer nuestro futuro que se vería amenazado con ataques masivos de honestidad.

Nos asombramos y quedamos con el alma estrujada cuando recibimos la noticia de que una familia ha perdido todo en el incendio que acabó con su vivienda en alguna invasión o en alguna colonia periférica, pero fruncimos la nariz cuando nos encontramos frente a un indigente con mugre acumulada de días y con evidentes necesidades de alimentación y vestido. ¿Quién se para y saca de su bolsa unas monedas para paliar utópicamente el sinfín de carencias no resueltas de ese ser humano que se nos pone enfrente? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a simular una ayuda que de entrada no estamos tan dispuestos a ofrecer? ¿El solo hecho de arrojar una moneda a la mano del pobre nos coloca como promotores del cambio social?

Leemos en los periódicos que tal o cual comunidad ha sufrido de inundaciones porque algún ricachón con influencias decidió desviar el cauce del río y que están apoderándose de tierras comunales porque la ley protege a los depredadores con apellidos frecuentes en las páginas de sociales. Sabemos de actos criminales donde se contamina el suelo y el agua, dejando a muchas familias expuestas a enfermedades producidas por el contacto con substancias tóxicas, y que los culpables del ecocidio pueden seguir gozando del fuero que da el dinero y las influencias.

Tenemos evidencias de que la calidad del aire ha disminuido drásticamente y que esa mezcla nociva provocará enfermedades a nuestros hijos, al agredir sus vías respiratorias de manera continua y prolongada. Nos enteramos que la agricultura basada en el uso intensivo de agroquímicos como fertilizantes, herbicidas y pesticidas, contamina el ambiente y contribuye al cambio climático, pero nos hacemos de la vista gorda por no aparecer como enemigos del progreso, independientemente de la realidad de los períodos de sequía, la menor disponibilidad de agua y el descenso de la calidad del líquido.

Sabemos que las poblaciones de abejas cada vez son menores, y que la calidad y cantidad de la miel está siendo afectada, pero no es cómodo señalar a las trasnacionales que comercian con veneno que afecta la vida de las colmenas y las condiciones de la polinización. ¿Se imagina enfrentar a Monsanto o DuPont, por ejemplo, y correr el riesgo de ahuyentar inversiones y fuentes de trabajo? ¿O a Grupo México y sus similares canadienses?


Celebramos la reanudación de las conferencias Sonora-Arizona, pero parece que olvidamos que una y otra son entidades de dos naciones distintas y con objetivos no necesariamente compartidos. ¿Por qué quemar incienso en el altar de la hipocresía y el oportunismo anglosajón? ¿Nos sentimos tucsonenses honorarios? Si bien es cierto que el gobierno de la república tiene la misión de liquidar los activos nacionales en beneficio del extranjero, ¿Sonora debe celebrar ser el traspatio y fuente de recursos de su vecino del norte? ¿Por qué no empezar por fortalecer la economía regional sonorense y generar proyectos propios?


Al paso que vamos, la posibilidad de un cambio auténtico, distinto y opuesto a la bazofia neoliberal que ha alimentado al ciudadano común y al mercenario académico, al hampón político y al lamebotas sexenal, parecerá lejana pero no lo estará tanto. Por fortuna, hay gente que es capaz de ser solidaria, que ve la diferencia entre una causa justa y una simple manipulación imperial; capaz de salir a la calle y marchar con los maestros, los trabajadores de la salud, los afectados por la rapiña con influencias, los marginados políticos, los ciudadanos de a pie.

domingo, 19 de junio de 2016

Derechos de papel

                        “Todos ven lo que tú aparentas; pocos advierten lo que eres” (Maquiavelo).

Sonora ocupa mediáticamente un lugar prominente en materia de transparencia, combate a la corrupción y empoderamiento de todos cuantos las olas de la política sexenal permitan hacerlo. Es, por decirlo así, un paraíso de logros y realizaciones, de acuerdo al catecismo peñanietista. Aquí se carece de competencia para restituir en sus empleos a los maestros despedidos por la reforma educativa, pero sí se cuenta con capacidad y voluntad de reprimir y encarcelar docentes “salidos del huacal”.

Se tienen instancias y mecanismos para procurar justicia y brilla la modernidad en forma de juicios orales, pero sigue siendo contaminado el suelo y el agua por los mismos rufianes que se escudan en el dinero y las influencias. Siguen derramando tóxicos las mineras y continúan gozando de impunidad, frente a miles de pobladores de las regiones afectadas que enferman y se empobrecen. Asimismo, tenemos defensores legislativos de variadas causas, pero tras siete años de espera la justicia para las víctimas de ABC sigue ausente.

Se cuenta con una gobernadora, pero los hombres y mujeres de a pie siguen viviendo las mismas carencias y penurias, porque la pobreza, marginación y falta de oportunidades actualmente tiene más que ver con el sistema y sus privilegiados que con el sexo. El logro y reconocimiento de las mujeres que hoy brillan en la política sigue asociado a las redes familiares, el lustre de los apellidos y los reacomodos generacionales partidistas.

Mientras que los reflectores iluminan los rostros y apellidos de moda, la penumbra del anonimato arropa a varios cientos de indigentes en las plazas, calles y el centro de la ciudad capital, miserables que en número creciente dan testimonio del abandono y exclusión en que viven y mueren los ciudadanos más pobres entre los pobres.  

Al parecer, la idea predominante de gestión pública y gobierno se reduce a los efectos mediáticos que producen las continuas apariciones públicas de los personajes, las fotos besando, saludando, o apapachando a alguien, o modelando para promocionales de obras sociales. El palacio de gobierno recuerda en mucho a una agencia de modelos donde la cultura de la pasarela suple el cumplimiento de deberes y obligaciones públicos ceñidos a la sobriedad y razonable medianía postulada por el Benemérito Juárez. Pero, la política de estudio televisivo y la sobreexposición mediática de los actores políticos de temporada empieza a cansar, tras casi un año de lo mismo.

Independientemente de lo que han afirmado algunos funcionarios y otros opinantes no del todo independientes, Sonora no cuenta con un plan de desarrollo digno de ese nombre. No se puede llamar plan a una colección de ocurrencias que suponen acciones, pero sin que exista un diagnóstico sectorial previo. Lo mismo puede decirse del municipio.

La carencia, el abandono de la planeación pública, equivale a tener un gobierno expuesto a las presiones y conveniencias del sector privado, a las ocurrencias en materia de inversión, obra pública, gestión de proyectos, entre otros. Representa un modelo de cesiones y concesiones ligado a la coyuntura, cuando no a intereses ajenos al progreso y bienestar social de la entidad. Aquí la voz ciudadana se pierde y relativiza; se debilita por no haber una representación real de sus intereses, y sí una atada a los círculos clientelares de un poder recuperado coyunturalmente.

Sigue el despojo de predios por parte de personajes con apellido linajudo, el desvío del cauce del Río San Miguel, y los expedientes sin aclarar de enriquecimientos ilícitos, los miles de millones de pesos perdidos en cuentas desconocidas, el libre trasiego de recursos y la inacción de quien tiene el poder de congelar cuentas y revisar contabilidades y fincar responsabilidades.

Si bien es cierto que en algunos casos hay citatorios, líneas de investigación, procedimientos de fiscalización e integración de expedientes y análisis de pistas y documentos, aun no es posible hablar de justicia, de reparación del daño, de castigo a los culpables, de aplicación imparcial y enérgica de la ley. Hay notas de prensa, cabos sueltos, investigaciones que no se realizan, pese a la denuncia pública de los afectados, a los constantes reclamos, a las eventuales reacciones y muestras de apoyo y simpatía de parte de algunos actores sociales.

Sonora sigue enferma de contaminación por radiación y por substancias tóxicas en el suelo y el agua, por la flagrante complicidad del gobierno con compañías constructoras y mineras; por ignorar e incluso ocultar la cauda de injusticias que deja el afán de lucro, la codicia irresponsable, el envilecimiento de los servidores públicos, y la apatía comodona de una ciudadanía aun inmadura y manipulable. Se tienen derechos, pero la legalidad y la justicia no son accesibles a los ciudadanos comunes.


Indigna que la gestión pública sea predominantemente publicitaria por su formato, aunque ayuna de contenido verdaderamente útil o trascendente. Se intenta vender un producto que a duras penas disimula su caducidad. En realidad, no necesitamos de Chicas Superpoderosas o de Iron Man, sino de ciudadanos que al llegar al poder público se sientan responsables y comprometidos con el progreso y bienestar de Sonora y actúen en consecuencia.

martes, 14 de junio de 2016

Académicos jubilados, ¿ciudadanos de gratis?

                “Conociendo la desgracia, me apresuro a socorrer a los desdichados” (Virgilio).

En nuestra actualidad existe una enorme falta de información y sensibilidad sobre la existencia y observancia del marco legal que protege y da visibilidad al adulto mayor, incluso entre quienes se encuentran en situación de pensionado o jubilado. Al parecer, por el solo hecho de pasar a retiro, muchos profesionistas sufren una descalificación inmediata en las instituciones donde prestaban sus servicios, razón por la cual en este caso me voy a referir a los académicos universitarios jubilados.

Es común que los profesores e investigadores universitarios jubilados reciban un trato distinto al correspondiente al grado académico y la posición social e institucional derivada de la experiencia, méritos y dotes personales. De repente, la estatura académica empieza a disminuir, y las referencias a logros y aportaciones se mencionan, si acaso, en tiempo pasado. Como si el académico dejara de ser él y su trayectoria fuera un expediente por archivar de camino al olvido. El carpetazo social suena fuerte y acalla cualquier intento de visibilidad creativa, en una especie de muerte anticipada provocada por los propios compañeros en activo.

La administración de la Universidad firma el acta de defunción social del retirado y decide olvidarse del expediente, los logros y aportaciones a la institución, las generaciones formadas, el número de egresados titulados, la permanencia y oportunidad de las asesorías, la orientación y acompañamiento extra clase, en un borrón existencial que, sin decirlo claramente, desconoce, menosprecia y excluye a quienes cumplen con la antigüedad legalmente establecida, y se van del servicio activo. Paradójicamente se premia y reconoce la antigüedad, pero se castiga el beneficio legal de la pensión o jubilación.

No es raro que cuando un jubilado se encuentra a un maestro en activo, la conversación llegue al tema de los ingresos pensionarios. Cualquier cantidad revelada permite una sola respuesta: “Qué a gusto, recibes dinero sin hacer nada”, lo cual coloca prácticamente al pensionado como un mantenido social, un chupasangre que recibe dinero gratis, un parásito que consume oxígeno sin beneficio. La carga moral puede llegar a ser pesada, más por la pedante incomprensión de que el jubilado ya cumplió su tiempo y razonadamente decidió dejar su plaza en beneficio de algún nuevo elemento que, de otra manera, difícilmente podría acceder a ese puesto.

Muchos piensan que la pensión recibida es producto de la generosa beneficencia pública, que es una dádiva susceptible de ser disminuida o retirada, según el criterio de la institución de seguridad social que corresponda, además de ser blanco de recriminaciones gratuitas. Pero, sucede que es un derecho, una conquista de justicia laboral y social protegida por el derecho internacional y el nacional.

“Al ser legítimo el derecho a la pensión, incluso tratándose de una prestación derivada de los contratos colectivos de trabajo, esto quita a la pensión la naturaleza de un acto de generosidad o beneficencia. Se trata de un derecho y en consecuencia no violable como puede serlo una prestación” (Derechos del pensionado y el jubilado, Cámara de Diputados, LVIII Legislatura).

A pesar de estar claramente establecida la legitimidad de las pensiones y el derecho que asiste al jubilado, como ciudadano en pleno goce de las garantías que otorgan las leyes internacionales, nacionales y locales, aún existen personas con mentalidad porfiriana que pretenden socavar la legitimidad y la legalidad de la acción, los beneficios y las formas de organización de estos ciudadanos.

No falta el despistado que cuestione la existencia de espacios de participación de los jubilados en el seno de las organizaciones gremiales, o específicamente sindicales, como es el caso de la delegación de pensionados y jubilados que existe en algunos sindicatos académicos. En este caso, la ignorancia real o fingida pudiera tener expresiones de ridícula pedantería como, por ejemplo, “debiera de desaparecer la delegación y agruparse en una asociación civil para así poder ayudarlos”.

En nuestra vida cotidiana, lo que es un logro, una conquista laboral, puede verse cuestionado no solo por ignorantes, sino por individuos presa de una insondable fatuidad que, a pesar de ser trabajadores en vías de envejecer y con ingresos modestos, se colocan del lado de la parte patronal y postulan el más trivial juicio neoliberal.


Al parecer, hay una buena cantidad de personas, incluso en el propio sindicalismo, que ignoran olímpicamente que sólo tienen tres alternativas en su carrera académica: renunciar al empleo, morir o jubilarse. Si la tercera alternativa es, para muchos, la más deseable, ¿por qué no abandonar esa actitud indolente, despreciativa y alienada hacia los pensionados y jubilados? ¿Por qué no cobrar conciencia que la jubilación es un logro colectivo que debe defenderse y protegerse? ¿Por qué no atender a la realidad de que si existe una delegación de pensionados y jubilados es porque constituye la representación de un cada vez mayor número de sindicalistas, algunos con plenas capacidades de intervenir y aportar experiencias e ideas que pueden ser innovadoras? ¿Acaso no es razonable procurar las mejores condiciones para la jubilación, no sólo por unos cuantos años sino en forma permanente? ¿No es lógico pensar que una buena jubilación estimula el retiro y, por consecuencia, la disponibilidad de plazas? ¿No es sensato visualizar el futuro y actuar en consecuencia?

domingo, 12 de junio de 2016

Infancia y sociedad disfuncional

                                         “Los hechos se califican y juzgan por su causa” (frase latina).

Parece que cada año, cuando se conmemora el “Día contra el trabajo infantil”, las buenas conciencias se sienten estrujadas, víctimas de remordimientos renovables, presas de temblores, sollozos y gemidos que el alma reserva para las efemérides que suponen rezagos y adeudos sociales insolutos y, nuevamente, las voces acusadoras se elevan en busca de alguna resonancia, de oídos dispuestos y atentos al mensaje: “no debieran estar trabajando sino estudiando”.

Como es de esperarse, los personajes con vigencia de derechos en el poder ejecutivo, el legislativo y el mundillo académico, hacen acto de presencia mediática y dicen lo que a su estatus conviene, proponiendo acciones, impulsando iniciativas y planteando proyectos que suponen acciones coordinadas y firma de convenios en aras de proteger el “interés superior del niño”. Una vez más, las fuerzas vivas sociales están en marcha y dispuestas a no permitir el abuso infantil dentro y fuera de los hogares, para lo que hay que diseñar instrumentos, aplicar encuestas, hacer entrevistas, integrar un equipo inter o multidisciplinario de analistas y llegar a conclusiones que permitan saber quiénes son y dónde están.

Asimismo, se busca analizar la reorientación del gasto social, poner bajo observación las políticas y aplicación de fondos destinados al desarrollo social, tan lucidores en los discursos y en los informes de gobierno, pero que han resultado ineficaces porque, en los hechos, “la pobreza antes de disminuir, se ha incrementado” (Expreso, 12.06.2016).

En Sonora, de 500 campos agrícolas existentes solamente 40 tienen certificación de estar libres de trabajo infantil, lo que nos da un triste panorama donde la palabra explotación surge de manera obligada. Asimismo, en las calles de Hermosillo y otras ciudades es común ver parvadas de menores asediando a los automovilistas para “limpiar el vidrio” de la unidad, hacer actos de malabarismo con pelotas, aros, o cualquier objeto adecuado; ofreciendo chicles u otras golosinas, despertando la lástima mediante historias lacrimógenas, solicitando cooperación para “el camión”, para un pariente enfermo, para “un taco”, entre los múltiples y variados argumentos de petición que esgrimen con soltura los cada vez más numerosos menores que pululan en las calles.

La preocupación de los legisladores y demás personajes oficiales por la infancia que trabaja también incluye entre los sospechosos de este mal social a las familias de los chicos, de donde no falta quien diga que es necesario prestar atención a esta variable en los estudios socioeconómicos que se hagan, ya que muchos “pueden ser obligados a participar en las labores domésticas, sobre todo las niñas”: ¿se imagina usted a una niña auxiliando a su madre o abuela en las tareas domésticas? El horror de cierta legisladora local seguramente no es compartido por muchas familias de distintos niveles de ingreso pero que incluyen a los más jóvenes en la dinámica y las responsabilidades de sus respectivos hogares como una forma de integración dentro de los valores que comparten.

Las buenas intenciones de los legisladores y otros actores sociales y políticos seguramente están fundamentadas en la realidad económica y social de nuestra entidad, pero curiosamente se apoyan en sus efectos, no en sus causas. Se ven los efectos más inmediatos y dramáticos de la migración, como el consecuente desarraigo de las familias, las dificultades que enfrentan los chicos de permanecer y culminar sus estudios básicos en forma oportuna y conveniente; la imposibilidad de mantener y fomentar entre ellos el sentido de pertenencia y la solidaridad con una comunidad de intereses afines y complementarios, dotada de valores y capaz de vertebrar moralmente a sus miembros; la siempre presente amenaza de la criminalidad que acecha al niño víctima de la marginación.

Las consideraciones sobre el trabajo y la explotación infantil no pasan se ser epidérmicas, superficiales, aparentes, extraviadas en la trivialidad y la intrascendencia y, por desgracia, más interesadas en la autocomplacencia, en el protagonismo coyuntural de una fecha consagrada al discurso que marca la corrección política.

La preocupación centrada en el menor que trabaja, que no estudia por carecer de tiempo y oportunidad es sospechosa de omisión, porque deja de considerar al menor como parte integrante de un conjunto de relaciones e interrelaciones entre personas unidas por lazos de consanguinidad o afinidad que integran una unidad familiar. La pobreza del menor es la pobreza de la familia; el destino de la familia determina en primera instancia el del menor. Lo desconcertante de este asunto es que los señores legisladores y otros opinantes privilegiados no han atinado a buscar analizar las causas de la pobreza familiar. Les ha parecido más cómodo centrarse en el menor, como si fuera un individuo independiente con una dinámica propia y distinta a la de sus padres y hermanos. ¿En qué universo paralelo la familia dejó de ser una unidad interactuante y sus elementos transitan por rutas distintas y separadas en las etapas formativas del sujeto? ¿Cuándo la familia dejó de ser la primera escuela de los hijos?

Si realmente se tratara de acabar con la explotación infantil, se emprenderían acciones para garantizar el empleo, ingreso y seguridad social de los trabajadores y sus familias; se protegería la estabilidad en el empleo y se cuidaría la cobertura y calidad de la educación, la salud, la vivienda y el acceso a los bienes de consumo familiar; se protegería la integridad y bienestar de las familias y salvaguardarían sus derechos; se trabajaría en la mejora de las condiciones de vida de la población y en una equitativa distribución del ingreso, garantizando a los ciudadanos y sus familias el acceso a los frutos del progreso económico y los avances tecnológicos y científicos, con respeto absoluto a los derechos humanos.

Lo anterior implicaría someter a crítica al sistema económico y político que padecemos con resignación masoquista. Hacer acopio de valor civil y con sentido humanista señalar las verdaderas causas del atraso y la dependencia, de la marginación y la exclusión.


Si realmente queremos acabar con la explotación del trabajo infantil, debiera entenderse que es consustancial al régimen de explotación propio del sistema capitalista que impulsa, defiende e impone la delincuencia financiera internacional organizada en el FMI, BM, OCDE y otras excrecencias de dominación mundiales, y que nuestro país y estado acatan con voluntad de zombi.  Como que es hora de dejar de simular y llamar a las cosas por su nombre.

domingo, 5 de junio de 2016

Siete años y contando

                                                “Hágase justicia para que el mundo no perezca” (Hegel)

Algunas personas de “alta solvencia moral e intachable honorabilidad” (Claudia dixit) seguramente se están riendo solas ante la reciente decisión de la gobernadora de reservar hasta 2026 la información relativa al incendio de la Guardería ABC, ya que su divulgación “pone en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona o el desarrollo de investigaciones reservadas”, informa el director del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo, C4. (Proceso,1 de junio de 2016). El posible jolgorio de las honorables personalidades propietarias de la ex guardería y las autoridades directamente implicadas en la autorización, vigilancia y operación del establecimiento, más el de los operadores de la bodega vecina donde se generó el incendio, constituyen un contrapunto sangriento a la proclamada transparencia y respeto a la legalidad del actual gobierno.

Han pasado siete años en los que la maroma y el teatro acabaron por expulsar la idea de justica del circo legal sonorense. Hasta hoy, parece que triunfaron los payasos, los defensores y personeros de la gente de bien, los abogados oficiales y oficiosos del linaje, el apellido, las redes familiares que trascienden colores partidistas y refrendan en cada acto la verdadera cara del aparato legal como apéndice de la clase política dominante.

La ausencia de justicia se justifica mediante el expediente de la impunidad, del derecho de pernada porfiriano en su versión más actualizada: la ley sólo tiene por función proteger al capital, servir a los capitalistas que “generan empleos” y mantenerlos a sana distancia de las masas ciudadanas con ánimo vindicatorio. Si hay muertos y heridos, es porque estaban en el lugar y momento incorrecto; las víctimas y sus familiares terminan siendo los culpables cuando no los daños colaterales que siempre es posible ignorar en el entramado de los derechos sociales y políticos de la comunidad. En cambio, los representantes de la cultura emprendedora poseen la credibilidad y aprobación inmediata de quien gobierna. ¿Recuerda que un presidente dijo que su gobierno era para y por los empresarios?

Por supuesto que el aparato de procuración de justicia emprende investigaciones, cita a testigos, arraiga sospechosos y, para cumplir con la apariencia de legalidad, hace declaraciones, alienta esperanzas, finca responsabilidades y encarcela presuntos implicados que engrosan el rebaño de los chivos expiatorios, en una puesta en escena que no busca justicia sino guardar las formas de lo “políticamente correcto”.

Pero, la corrección política después de un tiempo de escenificarla, termina desgastando credibilidades, deteriorando el respeto a las instituciones, cuestionando a las autoridades, y alimentando una inconformidad que no admite pretextos ni dilaciones en la satisfacción de sus reclamos.


Hasta ahora, el gobierno y las personas y familias encumbradas por el sistema no han logrado tapar la herida familiar y social sangrante con el dedo de la “corrección política”. Las marchas, concentraciones, mítines a todo lo largo y ancho de la república, así como en el extranjero, en las conversaciones privadas y en las variadas formas de comunicación social, dan fe de la memoria y la intensidad del recuerdo. El 5 de junio de 2009, en Hermosillo, Sonora, se cometió un crimen de lesa humanidad cuyo castigo permanece “en reserva” por causa de complicidades políticas. La justicia aún brilla por su ausencia.