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martes, 14 de junio de 2016

Académicos jubilados, ¿ciudadanos de gratis?

                “Conociendo la desgracia, me apresuro a socorrer a los desdichados” (Virgilio).

En nuestra actualidad existe una enorme falta de información y sensibilidad sobre la existencia y observancia del marco legal que protege y da visibilidad al adulto mayor, incluso entre quienes se encuentran en situación de pensionado o jubilado. Al parecer, por el solo hecho de pasar a retiro, muchos profesionistas sufren una descalificación inmediata en las instituciones donde prestaban sus servicios, razón por la cual en este caso me voy a referir a los académicos universitarios jubilados.

Es común que los profesores e investigadores universitarios jubilados reciban un trato distinto al correspondiente al grado académico y la posición social e institucional derivada de la experiencia, méritos y dotes personales. De repente, la estatura académica empieza a disminuir, y las referencias a logros y aportaciones se mencionan, si acaso, en tiempo pasado. Como si el académico dejara de ser él y su trayectoria fuera un expediente por archivar de camino al olvido. El carpetazo social suena fuerte y acalla cualquier intento de visibilidad creativa, en una especie de muerte anticipada provocada por los propios compañeros en activo.

La administración de la Universidad firma el acta de defunción social del retirado y decide olvidarse del expediente, los logros y aportaciones a la institución, las generaciones formadas, el número de egresados titulados, la permanencia y oportunidad de las asesorías, la orientación y acompañamiento extra clase, en un borrón existencial que, sin decirlo claramente, desconoce, menosprecia y excluye a quienes cumplen con la antigüedad legalmente establecida, y se van del servicio activo. Paradójicamente se premia y reconoce la antigüedad, pero se castiga el beneficio legal de la pensión o jubilación.

No es raro que cuando un jubilado se encuentra a un maestro en activo, la conversación llegue al tema de los ingresos pensionarios. Cualquier cantidad revelada permite una sola respuesta: “Qué a gusto, recibes dinero sin hacer nada”, lo cual coloca prácticamente al pensionado como un mantenido social, un chupasangre que recibe dinero gratis, un parásito que consume oxígeno sin beneficio. La carga moral puede llegar a ser pesada, más por la pedante incomprensión de que el jubilado ya cumplió su tiempo y razonadamente decidió dejar su plaza en beneficio de algún nuevo elemento que, de otra manera, difícilmente podría acceder a ese puesto.

Muchos piensan que la pensión recibida es producto de la generosa beneficencia pública, que es una dádiva susceptible de ser disminuida o retirada, según el criterio de la institución de seguridad social que corresponda, además de ser blanco de recriminaciones gratuitas. Pero, sucede que es un derecho, una conquista de justicia laboral y social protegida por el derecho internacional y el nacional.

“Al ser legítimo el derecho a la pensión, incluso tratándose de una prestación derivada de los contratos colectivos de trabajo, esto quita a la pensión la naturaleza de un acto de generosidad o beneficencia. Se trata de un derecho y en consecuencia no violable como puede serlo una prestación” (Derechos del pensionado y el jubilado, Cámara de Diputados, LVIII Legislatura).

A pesar de estar claramente establecida la legitimidad de las pensiones y el derecho que asiste al jubilado, como ciudadano en pleno goce de las garantías que otorgan las leyes internacionales, nacionales y locales, aún existen personas con mentalidad porfiriana que pretenden socavar la legitimidad y la legalidad de la acción, los beneficios y las formas de organización de estos ciudadanos.

No falta el despistado que cuestione la existencia de espacios de participación de los jubilados en el seno de las organizaciones gremiales, o específicamente sindicales, como es el caso de la delegación de pensionados y jubilados que existe en algunos sindicatos académicos. En este caso, la ignorancia real o fingida pudiera tener expresiones de ridícula pedantería como, por ejemplo, “debiera de desaparecer la delegación y agruparse en una asociación civil para así poder ayudarlos”.

En nuestra vida cotidiana, lo que es un logro, una conquista laboral, puede verse cuestionado no solo por ignorantes, sino por individuos presa de una insondable fatuidad que, a pesar de ser trabajadores en vías de envejecer y con ingresos modestos, se colocan del lado de la parte patronal y postulan el más trivial juicio neoliberal.


Al parecer, hay una buena cantidad de personas, incluso en el propio sindicalismo, que ignoran olímpicamente que sólo tienen tres alternativas en su carrera académica: renunciar al empleo, morir o jubilarse. Si la tercera alternativa es, para muchos, la más deseable, ¿por qué no abandonar esa actitud indolente, despreciativa y alienada hacia los pensionados y jubilados? ¿Por qué no cobrar conciencia que la jubilación es un logro colectivo que debe defenderse y protegerse? ¿Por qué no atender a la realidad de que si existe una delegación de pensionados y jubilados es porque constituye la representación de un cada vez mayor número de sindicalistas, algunos con plenas capacidades de intervenir y aportar experiencias e ideas que pueden ser innovadoras? ¿Acaso no es razonable procurar las mejores condiciones para la jubilación, no sólo por unos cuantos años sino en forma permanente? ¿No es lógico pensar que una buena jubilación estimula el retiro y, por consecuencia, la disponibilidad de plazas? ¿No es sensato visualizar el futuro y actuar en consecuencia?

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