Conspiración en Pémex

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domingo, 5 de junio de 2016

Siete años y contando

                                                “Hágase justicia para que el mundo no perezca” (Hegel)

Algunas personas de “alta solvencia moral e intachable honorabilidad” (Claudia dixit) seguramente se están riendo solas ante la reciente decisión de la gobernadora de reservar hasta 2026 la información relativa al incendio de la Guardería ABC, ya que su divulgación “pone en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona o el desarrollo de investigaciones reservadas”, informa el director del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo, C4. (Proceso,1 de junio de 2016). El posible jolgorio de las honorables personalidades propietarias de la ex guardería y las autoridades directamente implicadas en la autorización, vigilancia y operación del establecimiento, más el de los operadores de la bodega vecina donde se generó el incendio, constituyen un contrapunto sangriento a la proclamada transparencia y respeto a la legalidad del actual gobierno.

Han pasado siete años en los que la maroma y el teatro acabaron por expulsar la idea de justica del circo legal sonorense. Hasta hoy, parece que triunfaron los payasos, los defensores y personeros de la gente de bien, los abogados oficiales y oficiosos del linaje, el apellido, las redes familiares que trascienden colores partidistas y refrendan en cada acto la verdadera cara del aparato legal como apéndice de la clase política dominante.

La ausencia de justicia se justifica mediante el expediente de la impunidad, del derecho de pernada porfiriano en su versión más actualizada: la ley sólo tiene por función proteger al capital, servir a los capitalistas que “generan empleos” y mantenerlos a sana distancia de las masas ciudadanas con ánimo vindicatorio. Si hay muertos y heridos, es porque estaban en el lugar y momento incorrecto; las víctimas y sus familiares terminan siendo los culpables cuando no los daños colaterales que siempre es posible ignorar en el entramado de los derechos sociales y políticos de la comunidad. En cambio, los representantes de la cultura emprendedora poseen la credibilidad y aprobación inmediata de quien gobierna. ¿Recuerda que un presidente dijo que su gobierno era para y por los empresarios?

Por supuesto que el aparato de procuración de justicia emprende investigaciones, cita a testigos, arraiga sospechosos y, para cumplir con la apariencia de legalidad, hace declaraciones, alienta esperanzas, finca responsabilidades y encarcela presuntos implicados que engrosan el rebaño de los chivos expiatorios, en una puesta en escena que no busca justicia sino guardar las formas de lo “políticamente correcto”.

Pero, la corrección política después de un tiempo de escenificarla, termina desgastando credibilidades, deteriorando el respeto a las instituciones, cuestionando a las autoridades, y alimentando una inconformidad que no admite pretextos ni dilaciones en la satisfacción de sus reclamos.


Hasta ahora, el gobierno y las personas y familias encumbradas por el sistema no han logrado tapar la herida familiar y social sangrante con el dedo de la “corrección política”. Las marchas, concentraciones, mítines a todo lo largo y ancho de la república, así como en el extranjero, en las conversaciones privadas y en las variadas formas de comunicación social, dan fe de la memoria y la intensidad del recuerdo. El 5 de junio de 2009, en Hermosillo, Sonora, se cometió un crimen de lesa humanidad cuyo castigo permanece “en reserva” por causa de complicidades políticas. La justicia aún brilla por su ausencia.

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