Conspiración en Pémex

Notas Sueltas es un espacio de opinión sobre diversos problemas de carácter social, económico y político de interés general. Los comentarios pueden enviarse a: dalmx@yahoo.com

domingo, 30 de octubre de 2016

Hablando de ruido y pocas nueces

                                             “Mala es la opinión que no puede cambiarse” (Aulo Gelio).

Ya ve usted que la prensa diaria nos arroja a la cara las muchas bienaventuranzas que los gobiernos emanados del FMI, la OCDE y el Banco Mundial, logran para nuestra sufrida población, ahora acicateada por los aumentos a los bienes y servicios, la generación de empleo precario, la baja real de la calidad de vida y las expectativas de progreso y bienestar. Como que tenemos dos realidades tirándose de los pelos y en ruda competencia por determinar la forma y el fondo de nuestras percepciones.

Si en el nivel federal, el jefe de las instituciones proclama las bondades de las reformas estructurales y, con lágrimas en los ojos, asegura no levantarse diariamente con la idea de “joder a México”, y hacer lo suyo en materia educativa, al igual que en otros campos (en lenguaje priista-peña-holográfico se dice “tema”) de responsabilidad y actividad gubernamental, parece que en estados como Sonora, la gerencia del gobierno hace lo propio y muestra tasas de crecimiento económico que no desmienten la tendencia nacional, caracterizada por la creación de empleo sin beneficios sociales.

En el plano nacional y local, se habla de “atraer inversiones”, instalar empresas trasnacionales que generarán algo de empleo y mucho de costos ambientales, y se quema incienso en el altar de la minería trasnacional como solución a los problemas económicos de cada vez más comunidades fincadas en la precariedad y en el abuso laboral.

Así, el comercio, la industria y las actividades agrícolas pasan por el filtro de una modernidad desdibujada para quedar como vagas referencias a lo que pudo haber sido y no fue; a la imposición de un patrón productivo y de consumo ligado a fuerzas e intereses ajenos y distantes de los nuestros, pero que, sin embargo, son la parte medular del triunfalismo nopalero que asigna recursos públicos para comprar planas enteras en la prensa local, para el recuento de logros y alcances de un gobierno que empieza.

En un gobierno con subdesarrollo emocional debe ser importante la publicación encomiástica de lo que, siendo estricto cumplimiento de una obligación constitucional, no tiene por qué proclamarse como huevo recién puesto. Lamentablemente, la gobernadora aparece un día sí y otro también, entregando equipo de salud, de policía, o cortando algún listón, o declarando su preocupación por tal o cual “tema”, o revelando su interés en hacer una “megarregión” transfronteriza entre Sonora y Arizona, siendo que lo más apropiado (y patriótico) sería intentarla con Sinaloa, y fortalecer, sobre todo, la economía agrícola, pesquera y de servicios; y/o con Baja California, añadiendo la veta de las fuentes de energía alternativas.  Pero, la cabra neoliberal sonorense tira al norte.

Mientras vemos el despliegue del glamoroso éxito mediático del aniversario gubernamental, la escoba pública hace el prodigio de minimizar tanto rezagos y carencias, por aquello de que “primero lo primero” y que “había que recuperar la confianza pública”. Desde luego, hay razón en estas preocupaciones, y poner orden en casa debe ser el paso inicial obligado en las labores del gobierno.

Sin embargo, la prensa cotidiana nos informa de las maravillosas oportunidades de inversión que se abren para la minería en Sonora, y las generosas aportaciones del “fondo minero” (que quita los males del municipio y que tiene piedad de nosotros); asimismo, reclama la necesidad de “incentivos” a la actividad minera para que siga derramando inversiones, empleo y, por qué no, generosas cantidades de contaminantes en las explotaciones mineras, sobre todo a cielo abierto, además de la infaltable contaminación por ruido, trepidaciones, partículas minerales en suspensión aérea, afectación en la calidad de los suelos y en las fuentes hidrológicas para el consumo humano y animal, además de las típicas enfermedades pulmonares y bronquiales, gástricas, neurológicas y nerviosas que padecen los agradecidos trabajadores mineros y sus familias.

El gobierno insiste en proclamar el milagro de la multiplicación de los panes y los pescados como de hechura económica local y, así, nos maravilla con el amplio horizonte que se abre en materia de “industria aeroespacial”. Las inversiones fluyen y los capitanes de empresa bien pueden ser testigos de la confianza depositada en el gobierno que las propicia. Pero… ¿a qué le llaman industria aeroespacial siendo que México no pinta ni mucho menos destaca en este “tema”? Pues, simplemente a la ampliación o instalación de nuevas plantas maquiladoras, que se verán acompañadas de un parque de proveedores igualmente ligado al extranjero en lo esencial.

Por lo que se ve, no hay en realidad un “plan de desarrollo”, como tampoco existe un programa de inversiones en materia (¿tema?) de industria y desarrollo tecnológico local. Será porque tampoco lo hay en el nivel nacional. 

La nuestra es una economía de cuenta chiles que asume modelos quizá funcionales en alguna galaxia cercana, pero que en nuestra realidad solamente son una cortina de humo que oculta a duras penas la deforme cara de nuestra dependencia. Curiosamente, en el nivel internacional la crítica al sistema vigente está tomando un considerable impulso y existen cuerpos teóricos, debidamente estructurados, que son objeto de estudio de los economistas y faro orientador de los futuros profesionales. En México, sin embargo, en las escuelas se siguen reciclando las pésimas traducciones de las generalmente deplorables obras anglosajonas de economía contemporánea, rabiosamente ancladas en la miopía histérica de la neoclásica.


Pero volviendo al asunto inicial, ¿qué problema habría en basar nuestra economía y el desarrollo de políticas que partieran de los recursos naturales disponibles en la entidad? ¿Por qué no replantear el desarrollo agropecuario e industrial con apego a las características físicas, hidrológicas, climatológicas, humanas y culturales propias? ¿Por qué no diseñar o rediseñar la oferta educativa con base en las prioridades estatales de mediano y largo plazo? En suma, ¿por qué no dejar de imitar o de aceptar imposiciones extralógicas, y replantear nuestro futuro de acuerdo a nuestras necesidades de crecimiento y desarrollo local y regional?

jueves, 27 de octubre de 2016

Congreso seguridad social STAUS


CONGRESO ESTATAL SINDICAL SOBRE SEGURIDAD SOCIAL
POR UNA VEJEZ CON FUTURO


El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora, a través de su Delegación de Pensionados y Jubilados, invita a la comunidad universitaria y a las organizaciones hermanas preocupadas por el futuro de la Seguridad Social en el nivel nacional y local, a sumarse a este esfuerzo deliberativo y resolutivo que busca satisfacer los propósitos siguientes:

·         Conocer los orígenes y alcances de las reformas a la seguridad social emprendidas por el gobierno.
·         Estado que guarda la organización de los trabajadores en defensa de la seguridad social.
·         Propuestas de organización y acciones locales de corto, mediano y largo plazo.

En consecuencia, los ejes de la discusión serán:

1.    Contenido e impacto de las reformas en las pensiones y la prestación de los servicios de salud.
2.    Formas de organización de los derechohabientes y líneas de acción colectiva.
3.    Análisis y perspectivas de los sistemas pensionarios en México y Sonora.

Programa:

09:00 Inauguración de los trabajos.

9:30-10:30 Primera conferencia: Dr. Gustavo Leal. Tema: Contenido e implicaciones de las reformas a la Seguridad Social.

10:30-11:30 Segunda conferencia: Mtro. Antonio Vital. Tema: Balance, análisis y respuesta social a las reformas.                                                                                                             

11:30-12:30 Tercera conferencia: Dr. Ciro Montalvo Corral. Tema: Análisis y perspectivas del sistema de pensiones, caso Isssteson.

12:30-13:30 Ronda de preguntas y comentarios sobre la situación nacional y local.                                                                                            

13:30-15:00 Receso.

15:00-17:00 Presentación de ponencias e Instalación de las mesas de trabajo sobre la seguridad social en México y Sonora.                                                                    

17:00-18:00 Concusiones generales y clausura.


= Las actividades del Congreso se llevarán a cabo en el auditorio del Sindicato de Telefonistas, en Hermosillo, Sonora, el día 16 de noviembre de 2016.

sábado, 22 de octubre de 2016

Cuestiones de seguridad

                                                “Jamás consideraré libre al hombre que teme” (Horacio).

El pasado domingo 16 fue asesinado con arma blanca, en su hogar, un empresario hotelero hermosillense, un luchador social contra los excesos de las tarifas de servicios tan ineludibles y vitales como el agua, y un hombre de bajo perfil, salvo por sus críticas al gobierno municipal. El caso, hasta hoy, es uno más de los que coleccionan las autoridades locales para engordar las estadísticas del misterio y los interrogantes especulativos de quienes debieran ofrecer soluciones y medidas preventivas a los ciudadanos de nuestra desnaranjada capital de Sonora.

El caso ha servido para que la señora coordinadora de seguridad ciudadana (sic) salga a la luz pública y emita declaraciones con algún ingrediente tranquilizador que, seguramente, funciona en algún universo paralelo o en alguna otra dimensión distante de nuestra realidad cotidiana. Lo cierto es que la gente muere asesinada sin distinción de ocupación, sexo y edad, en una sucesión de “casos aislados” que solamente han servido para que la autoridad recomiende a los vecinos que se “cuiden entre ellos”, en un “aí se l’echan” oficial que invita a la organización ciudadana, pero sin “hacer justicia por su propia mano”.

También advierten de la incapacidad policiaca de intervenir en delitos que se cometen en vecindarios tipo “cerrada”, ya que son una modalidad de “condominio horizontal” y que, siendo propiedad privada, las fuerzas del orden no pueden actuar. Es decir, la lotificación tipo cerrada supone extraterritorialidad y, por tanto, las leyes locales y nacionales contra la delincuencia no aplican, como tampoco lo hacen respecto a actos que se realizan tras la barrera infranqueable de una puerta cerrada, asunto que, por otra parte, parece tener sin cuidado a los perpetradores que se pasan la seguridad hogareña y la vigilancia policial por el mero arco del triunfo.

Si así están las cosas y la población debe “cuidarse entre sí”, entonces, ¿por qué gastar millonadas en cachivaches como el “C5i”, versión mejorada del “C4” que incluye al número 911 de emergencias, tan acreditado en las series policiacas de EE.UU., y el cargo en nómina de funcionarios como los de la “coordinación de seguridad ciudadana”, tan inútiles como la oferta de apoyo psicológico después de que a una familia la han ultrajado en una demostración de viciosa impunidad? ¿Cree usted que con rollos motivacionales se resuelve el problema de la suprema ineptitud y negligencia de las autoridades?, ¿que se revierten los daños de la acción criminal concreta? ¿Alguien cree, en serio, que la inseguridad es un problema de percepción? ¿Con cháchara demagógica, cuando no cínica, se avanza en materia de seguridad pública? OMG!!!

Mientras que las autoridades que debieran ser competentes en materia (aunque en lenguaje político pri-peña-nietista se dice “tema”) de seguridad pública evaden su responsabilidad aparentando que la asumen, la ciudadanía experimenta una especie de orfandad cívica que afecta los fundamentos mismos de la coexistencia pacífica. El sentimiento de abandono termina por persuadir a cualquiera de que la justicia, para que funcione, debe ser pronta y expedita, y que su aplicación debiera estar a cargo de las autoridades, pero si éstas no pueden, no quieren o no saben cómo, entonces es el ciudadano quien de manera residual debe asumir una responsabilidad que, en principio, directamente no le corresponde.  Pero, “cuídense entre ustedes” da carta blanca para las acciones que dicte la desesperante evidencia de estar solos en la lucha por preservar integridad y patrimonio.

Si así están las cosas, ¿qué sentido tienen las campañas periódicas de “despistolización”, si quienes las usan para agredir a la población son delincuentes y las consiguen como sea? ¿Por qué desarmar a la población en medio de un clima de auge de la criminalidad y de lentitud, complicidad y venalidad de las autoridades y cuerpos operativos? En este momento crítico debe revisarse cuidadosamente la legislación y retirar los ordenamientos que den lugar a la impunidad de los delincuentes y criminales.

Si se presume la inocencia de cualquiera, es de justicia cambiar de criterio cuando alguien es claramente responsable de algún ilícito, aunque en la aplicación de la ley la interpretación literal no deja de ser una mala caricatura. Sin antecedentes, contexto y estudios periciales no hay bases para dar por descontada la inocencia o la culpabilidad de alguien. Se debiera postular que nadie es culpable o inocente hasta que se demuestre de manera suficiente. Sin embargo, la nueva modalidad judicial parece inclinada a dar todas las ventajas posibles a la criminalidad, en un sistema impuesto, como la reforma energética, por nuestros vecinos gringos.

Si no ponemos orden en nuestra economía, nuestra política seguirá observando las pautas e intereses del capital extranjero y la empresa trasnacional decidirá el futuro del Estado. En estos momentos urge una generosa dosis de nacionalismo, en aras de fortalecer nuestra economía, dignificar la política y hacer del trabajo legislativo una forma útil de refrendar nuestra nacionalidad y los mejores intereses nacionales. Sin duda alguna, la legitimidad de las autoridades sería real, y no un producto forzado de las campañas mediáticas y la demagogia de ocasión.


Es un hecho indiscutible que la inseguridad pública es expresión de las fallas del sistema económico, porque sin empleo e ingreso seguro la marginalidad deviene en estructuras fundadas en códigos de conducta distintos y opuestos a los que debieran regir en una sociedad donde predomine el estado de derecho. Quizá estemos a tiempo para revertir los daños, pero, mientras tanto, los funcionarios debieran abstenerse de decir tantas pendejadas. Sería un buen inicio.

sábado, 15 de octubre de 2016

Hacia una defensa colectiva de la seguridad social en Sonora

                                        “La justicia es reina y señora de todas las virtudes” (Cicerón)

Sin duda, los tiempos actuales permiten que las conciencias adquieran una especie de blindaje que les permite sortear con relativa fortuna las eventualidades propias de un sistema que abarata y deteriora las condiciones de vida de los ciudadanos. Las abarata porque ahora legalmente el despido laboral es fácil y sencillo, sin muchas complicaciones para la parte patronal, además de las enormes ventajas del outsourcing para evadir responsabilidades y dejar en estado de indefensión a los trabajadores, que terminan siendo recursos renovables a una velocidad de rotación en el empleo al gusto y conveniencia de los patrones. En consecuencia, sobreviene el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores con las obvias consecuencias negativas para la estabilidad de las familias, la permanencia de los hijos en la escuela y la minusvalía social que trae consigo la vulnerabilidad económica. 

Mientras que los productores directos de la riqueza social sufren la marginación y el abandono del sistema, las empresas, a pesar de las evidentes ventajas de las que gozan, parecen no aportar lo suyo a la economía, que acusa un mediocre crecimiento y una cada vez más deficiente distribución social del producto generado.

Tanto el gobierno como la empresa privada se empeñan en generar ahorros en la nómina, mediante el fácil recurso de los ajustes y recortes laborales, a pesar de que los bonos, gratificaciones y sueldos de los directivos no sufren la contracción del gasto corriente. Los recortes, en todo caso, se aplican a programas de impacto social y a la sobrevivencia de los trabajadores y sus familias.

Por el lado de la organización de los trabajadores, la defensa de sus derechos se ve comúnmente obstaculizada por la densidad burocrática y por las trapacerías legaloides a que son tan afectos los patrones, seguros de gozar de la aquiescencia y franca complicidad de las autoridades que debieran poner orden y hacer cumplir la ley.

En los últimos años, hemos visto el deterioro creciente de los servicios fundamentales para la preservación de la calidad de vida y de los derechos humanos de quienes han pasado al retiro por razones de edad o enfermedad. En México, la seguridad social ha sido insistentemente vapuleada y disminuida, con la consecuente pérdida de ingresos y precarización de los servicios de salud en las instituciones públicas cuyo deber y razón de ser es, precisamente, el dar calidad de vida al trabajador. Tanto el IMSS como el ISSSTE han sido víctimas de modificaciones al marco legal, de la disminución de la calidad de sus servicios, del perverso mecanismo de las subrogaciones, no sólo en áreas de apoyo como los de ambulancias, cocina, mantenimiento y limpieza, sino en servicios esenciales para la buena marcha de las instituciones, como son los de hemodiálisis, banco de sangre y tomografías computarizadas.

Por si fuera poco, los fondos de pensiones y jubilaciones han pasado a manos privadas como recursos frescos e inagotables para hacer negocios especulativos, donde nadie puede garantizar la recuperación del ahorro de los trabajadores en caso de “minusvalías”; es decir, que los fondos ahorrados que se juegan en inversiones especulativas de alto riesgo se pueden perder sin responsabilidad para las operadoras de fondos de retiro. Es fácil imaginar que en este juego de azar los que menos injerencia tienen en la administración de su propio dinero son los trabajadores, que pueden ver esfumarse sus ahorros de toda la vida o, en el mejor de los casos, recibir una mísera pensión mientras que el costo de la canasta básica se eleva más allá de las posibilidades adquisitivas de una mayoría creciente de trabajadores. 

Mientras que los cuadros básicos disminuyen hasta alcanzar coberturas elementales, los servicios hospitalarios se precarizan y las pensiones se regatean y privatizan; muchos mexicanos carecen de algún tipo de cobertura médica o de pensión (según Forbes, el 60 por ciento de los mayores de 65 años), arrojando un saldo de más marginados cada año y, por consecuencia, mayor inseguridad social. Sin embargo, el gobierno de la república parece no enterarse de la gravedad de la situación y todo lo reduce a un problema de costos, siguiendo obedientemente las recetas del FMI y la OCDE, “moviendo a México” con rumbo al estallido social y a una creciente victimización y criminalización de la pobreza.

En Sonora, se ha dado el caso del saqueo impune de los recursos del fondo de pensiones a cargo del Isssteson, organismo creado para garantizar la seguridad social de los trabajadores del gobierno del estado, municipios  e instituciones afiliadas, lo que debe suponer un esfuerzo adicional para cubrir en tiempo y forma los pagos mensuales a los pensionados. Por otra parte, existen organismos que no cumplen con la entrega de los recursos al instituto, producto de las cuotas que deben cubrir y que son descontadas del salario de los trabajadores, así como aquellos que no actualizan su convenio con el Isssteson, dando por resultado que sus trabajadores reciben una pensión inferior a la que debieran recibir.

En este sentido, cabe preguntarse cuál es el futuro de la seguridad social en un contexto caracterizado por la rapiña y la corrupción; ¿qué deben saber los trabajadores para poder paliar, o incluso revertir los perversos efectos de las reformas dictadas por los organismos financieros internacionales y servilmente acatadas por nuestro gobierno?, ¿cuáles deben ser las medidas que tome la clase trabajadora en defensa de los derechos laborales y la seguridad social?

Con el ánimo de responder éstas y otras preguntas, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS), en coordinación con otros sindicatos y organizaciones hermanas, se plantea la tarea de realizar un congreso estatal sindical sobre la seguridad social, donde se pretende analizar el contenido y efectos de las reformas en el país, así como la situación actual y las perspectivas de las pensiones y jubilaciones en nuestra entidad. La fecha propuesta es el día 16 de noviembre próximo. Esperemos los detalles.







jueves, 13 de octubre de 2016

Congreso



CONGRESO ESTATAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
“Por una vejez con futuro”
CONVOCATORIA


El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora, a través de su Delegación de Pensionados y Jubilados, invita a la comunidad universitaria y a las organizaciones hermanas preocupadas por el futuro de la Seguridad Social en el nivel nacional y local, a sumarse a este esfuerzo deliberativo y resolutivo que busca satisfacer los propósitos siguientes:

·       + Conocer los orígenes y alcances de las reformas a la seguridad social emprendidas por el gobierno.
·       + Estado que guarda la organización de los trabajadores en defensa de la seguridad social.
·        + Propuestas de organización y acciones locales de corto, mediano y largo plazo.

En consecuencia, los ejes de la discusión serán:

1.    Contenido e impacto de las reformas en la prestación de los servicios de salud.
2.    Análisis y perspectivas de los sistemas pensionarios en México y Sonora.
3.    Formas de organización de los derechohabientes y líneas de acción colectiva.


El Congreso se llevará a cabo el día miércoles 16 de noviembre de 2016, en el Auditorio del Sindicato de Telefonistas, a partir de las 9:00 horas.

Se solicita que las ponencias sean presentadas en formato Word, letra Arial de 11 puntos con espacio interlineal de 1.5 puntos, y podrán registrarse a partir de la fecha de esta convocatoria y a más tardar el día viernes 11 de noviembre, mediante su envío al Delegado de Pensionados y Jubilados del STAUS, Mtro. Francisco Pintor Vázquez, con correo electrónico aguilapintor@hotmail.com, y/o al Subdelegado, Dr. Darío Arredondo, correo dalmx@yahoo.com, incluyendo en el mensaje el título y un breve resumen del tema abordado así como los datos del autor. El tiempo de exposición de los trabajos no deberá ser mayor a 10 minutos.


Hermosillo, Sonora, a 19 de octubre de 2016


Delegación de Pensionados y Jubilados STAUS


miércoles, 12 de octubre de 2016

Magia en Sonora

                                                  “Somos engañados por la apariencia del bien” (Horacio).

No hay duda que en Sonora existen evidencias de que el pasado no fue mejor y que el presente riñe con el futuro por lograr las mejores marcas en el abatimiento de males sociales, como son la pobreza y la inseguridad. Recientemente la gobernadora declaró en Cd. Obregón y Huatabampo que están siendo superadas las feas y deslucidas marcas del abandono económico y la marginación, gracias a la instalación de algunos comedores y estancias infantiles en la entidad. La señora Pavlovich subraya los sacrificios que ha hecho y lo satisfecha que se siente con los resultados.

La señora hace notar públicamente sus esfuerzos, roturas de alma, a la par de la inmensa satisfacción de poder dar la cara, en estos actos protocolarios, y ponderar sus propios logros en un ejercicio de transparencia auto-valorativa que, entre otras cosas, demuestra lo bien que combina el asistencialismo con el manejo de imagen.

Por su parte, el delegado de Sedesol, Rosario Rodríguez, alaba el éxito del primer año del gobierno local, gracias a la gestión de la gobernadora en congruencia con la política social del presidente Peña, a quien se debe acreditar que en tres años se han abatido los índices de pobreza extrema y pobreza en general, a partir del resultado a la baja en el siempre complaciente recuento oficial del número de pobres.

Por si esto fuera poco, los delegados de economía y gobernación, así como el de Profepa, aplauden los logros en Sonora y el apoyo federal a nuestra entidad, y nos regalan la noticia de que los recortes federales no afectarán la suave marcha del gobierno que cumple un año, en consonancia con el gobierno que tiene tres. Como quien dice, en el país y la entidad la crisis nos da risa.

Por el lado de la seguridad pública también están de plácemes, ya que el tremendo panorama de la delincuencia y sus funestas consecuencias materiales y morales, ha encontrado poderoso obstáculo, a partir del día 3 del presente, gracias a la operación del número mágico e internacional del 911. Antes, seguramente no había condiciones para dar respuesta a los llamados de emergencia de la población, pero ahora las corporaciones están ligadas y sus acciones coordinadas mediante las virtudes representadas por esos tres simples dígitos.

Las maravillas del C5i con componentes tecnológicos provistos por una empresa privada que cobrará lo suyo, dejan atrás la modesta operación del C4 y el irrelevante número 066. ¿Quién puede dudar de la sagacidad y previsión del presidente Peña al adoptar por decreto el número 911, tan prestigiado en las series de televisión que nos mandan de EEUU y que consumimos con viciosa fruición? Parece ser obvio que los sistemas de alerta y prevención del delito y, en su caso, los de respuesta inmediata a las emergencias ciudadanas, funcionan mejor cuando el gobierno los pone en manos de la lógica extranjera y del aporte remunerado de alguna empresa que, como es natural, hace negocios.

Sin negar la importancia que tienen los gobiernos mediáticos y sus efectos psicológicos en el ánimo de la población, no podemos dejar de considerar que todo ser humano es un ente bio-psico-social, de donde queda claro que los determinantes de nuestra relación con la realidad no son únicamente los derivados de la percepción o la influencia de los medios, sino que también los propios del disfrute de factores entre los que destacan la alimentación, salud, vivienda, empleo y seguridad social.

A pesar del curioso y bobalicón optimismo oficial que acompaña y enmarca al primer año de gobierno de la señora Pavlovich de Torres y el comprensible despliegue declaratorio de los delegados federales y los funcionarios locales, aún queda por explicar al pueblo de Sonora la presencia de una masa creciente de indigentes en las calles, hordas de desempleados y empleados precarios, trabajadores al borde de un ataque de inanición ante la realidad económica que se aproxima en medio de una nube de zopilotes; o los derechohabientes de las instituciones de salud y seguridad social que ven cada vez más pequeños los cuadros básicos de medicamentos, y que deben suplir al personal de enfermería en las necesidades básicas del familiar enfermo, y que deben de ir a comprar, a la hora que sea, materiales de curación y medicamentos inexistentes en los hospitales.

O los trabajadores cansados y enfermos que tienen que seguir en sus puestos porque el gobernador en turno ha dispuesto de los fondos para pensiones y no es posible la expedición oportuna del dictamen jubilatorio, así como otros funcionarios que saquean las arcas públicas y que también gozan de una impunidad que se compra con fianzas y amparos.

Asimismo, los estudiantes que carecen de aulas y pupitres y aulas que no cuentan con pizarrones y otros medios y materiales didácticos; o los plateles donde campea la inseguridad y donde la cuota es requisito para la inscripción, para la obtención del certificado, y multitud de jóvenes que abandonan la escuela por tener que trabajar en apoyo a la economía familiar, en medio del triunfalismo de tal o cual “reforma” fallida.

O la incapacidad para generar empleo digno y decorosamente remunerado, donde la antigüedad laboral no desaparezca con cada contrato. O el porqué de una economía que no crece y que debe acudir a los recortes presupuestales periódicos y a la cesión de espacios económicos prioritarios a la inversión extranjera privada, lo cual no es necesariamente un triunfo, pero se pretende acostumbrarnos a que sí lo es.


El triunfalismo oficial cae como balde de agua fría en la jeta de los económicamente hipotérmicos habitantes de Sonora, aunque quizá por tener algo de que aferrarse, se opta por un discurso onírico, chapucero y ridículo. Pero, al fin y al cabo, sólo hay un primer informe y hay que disfrutarlo. ¿Felicidades? 

domingo, 2 de octubre de 2016

Uber y más

             “Es justo que quien participó en la ganancia participe en la pérdida” (frase latina).

Tremendo alboroto se ha desatado entre los apoyadores a la forma tradicional de prestar el servicio de taxis y los que ven con buenos ojos el formato de Uber. La ciudad capital de Sonora ha sido el escenario reciente de empujones, golpes, bloqueos y mentadas de madre de los trabajadores del volante que toman las vías de hecho para defender su medio de vida, mientras resuenan en el oído público las llamadas al diálogo y las amenazas de los funcionarios que, competentes o no, están al frente de las oficinas del transporte.

Al coro oficial se une la voz atiplada de la CTM, negando afiliaciones y, con ello, posibles implicaciones cómplices y molestias derivadas de la responsabilidad negada. El sindicalismo y la oficialidad hacen la combinación perfecta en defensa de un modelo de servicio que con el paso del tiempo ha negado la actualización, tanto de los usos y costumbres, como de la legislación que los ampara.

Si la tecnología supone el mejoramiento de los servicios juntamente con la fluidez, limpieza, comodidad y seguridad para el usuario, parece que la cápsula de tiempo representada por los taxis “tradicionales” niega, o al menos, se resiste a dar ese paso esencial en la ruta por la calidad. Las amenazas, las provocaciones, los golpes y bloqueos dan pena ajena, ya que expresan un primitivismo digno del gremialismo de mediados del siglo pasado, y una situación de desamparo oficial que más que indignar conmueve.

¿Por qué, ante la propuesta de nuevas opciones de prestación del servicio de taxis, el gobierno permanece ajeno y distante a los cambios? ¿Por qué en vez de ir por la ruta de la solución y puesta al día, se opta por la amenaza, y una curiosa propuesta de diálogo que supone la existencia de un conflicto “entre particulares”, antes que un problema de la competencia inmediata de las autoridades del transporte y del poder legislativo local?

Antes que buscar soluciones integrales a un problema crónico en la ciudad, donde el abuso y la inseguridad han sido características notables, ¿por qué se insiste en buscar solamente presuntos funcionarios y empresarios involucrados en el, para algunos, lucrativo negocio de las concesiones y la propiedad real de las flotillas de carros? Desde luego que detrás de un conflicto hay siempre algún beneficiario, pero, ¿qué hay de la capacidad del gobierno para resolver, mejorar y ampliar la cobertura y prestación de los servicios? ¿En el “Sonora hoy” no figura como prioridad la regularización y actualización del transporte urbano y suburbano?

La realidad es cambiante y la sociedad debe verse desde el punto de vista dinámico, de que cambia, se transforma y avanza, concepto que debe guiar el esfuerzo del gobierno de garantizar no sólo derechos sino obligaciones; de procurar generar y mantener las condiciones para la paz y el progreso social; de legitimar la gestión pública mediante acciones afirmativas, pertinentes a los problemas que se presenten. En el caso del trasporte no se han visto manifestaciones de vida inteligente en el planeta gobierno.

Es claro que el asunto del transporte es de primera importancia para la gran mayoría de los ciudadanos de a pie, aquellos que, siendo estudiantes, personas que acaban de hacer su compra en el “super” o ciudadanos con apuros, que van lejos, o que tienen problemas de movilidad, que merece algo mejor que abordar un carro antihigiénico, con problemas mecánicos, y recibir una atención que raya en el desprecio cuando no la agresión. Es obvio que la población usuaria de estos servicios tienda a aceptar nuevas ofertas y mejores opciones.

Sin duda el derecho al trabajo y al sustento personal y familiar es un derecho humano que el Estado debe reivindicar mediante la acción y vigilancia cotidiana de las instancias correspondientes, y que las normas y condiciones de la prestación del servicio deben adecuarse a las nuevas realidades sociales y tecnológicas. La obsolescencia de los instrumentos de trabajo, el desinterés público, la modorra tecnológica de los empresarios y la indiferencia de los prestadores directos, son los ingredientes obligados de la generación de conflictos. ¿Qué hará el gobierno para demostrar su competencia? ¿La legislación se queda como está, o ya quedó claro que el cambio es no sólo necesario sino urgente?


El reclamo de hace 48 años: 2 de octubre no se olvida.