Conspiración en Pémex

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domingo, 2 de octubre de 2016

Uber y más

             “Es justo que quien participó en la ganancia participe en la pérdida” (frase latina).

Tremendo alboroto se ha desatado entre los apoyadores a la forma tradicional de prestar el servicio de taxis y los que ven con buenos ojos el formato de Uber. La ciudad capital de Sonora ha sido el escenario reciente de empujones, golpes, bloqueos y mentadas de madre de los trabajadores del volante que toman las vías de hecho para defender su medio de vida, mientras resuenan en el oído público las llamadas al diálogo y las amenazas de los funcionarios que, competentes o no, están al frente de las oficinas del transporte.

Al coro oficial se une la voz atiplada de la CTM, negando afiliaciones y, con ello, posibles implicaciones cómplices y molestias derivadas de la responsabilidad negada. El sindicalismo y la oficialidad hacen la combinación perfecta en defensa de un modelo de servicio que con el paso del tiempo ha negado la actualización, tanto de los usos y costumbres, como de la legislación que los ampara.

Si la tecnología supone el mejoramiento de los servicios juntamente con la fluidez, limpieza, comodidad y seguridad para el usuario, parece que la cápsula de tiempo representada por los taxis “tradicionales” niega, o al menos, se resiste a dar ese paso esencial en la ruta por la calidad. Las amenazas, las provocaciones, los golpes y bloqueos dan pena ajena, ya que expresan un primitivismo digno del gremialismo de mediados del siglo pasado, y una situación de desamparo oficial que más que indignar conmueve.

¿Por qué, ante la propuesta de nuevas opciones de prestación del servicio de taxis, el gobierno permanece ajeno y distante a los cambios? ¿Por qué en vez de ir por la ruta de la solución y puesta al día, se opta por la amenaza, y una curiosa propuesta de diálogo que supone la existencia de un conflicto “entre particulares”, antes que un problema de la competencia inmediata de las autoridades del transporte y del poder legislativo local?

Antes que buscar soluciones integrales a un problema crónico en la ciudad, donde el abuso y la inseguridad han sido características notables, ¿por qué se insiste en buscar solamente presuntos funcionarios y empresarios involucrados en el, para algunos, lucrativo negocio de las concesiones y la propiedad real de las flotillas de carros? Desde luego que detrás de un conflicto hay siempre algún beneficiario, pero, ¿qué hay de la capacidad del gobierno para resolver, mejorar y ampliar la cobertura y prestación de los servicios? ¿En el “Sonora hoy” no figura como prioridad la regularización y actualización del transporte urbano y suburbano?

La realidad es cambiante y la sociedad debe verse desde el punto de vista dinámico, de que cambia, se transforma y avanza, concepto que debe guiar el esfuerzo del gobierno de garantizar no sólo derechos sino obligaciones; de procurar generar y mantener las condiciones para la paz y el progreso social; de legitimar la gestión pública mediante acciones afirmativas, pertinentes a los problemas que se presenten. En el caso del trasporte no se han visto manifestaciones de vida inteligente en el planeta gobierno.

Es claro que el asunto del transporte es de primera importancia para la gran mayoría de los ciudadanos de a pie, aquellos que, siendo estudiantes, personas que acaban de hacer su compra en el “super” o ciudadanos con apuros, que van lejos, o que tienen problemas de movilidad, que merece algo mejor que abordar un carro antihigiénico, con problemas mecánicos, y recibir una atención que raya en el desprecio cuando no la agresión. Es obvio que la población usuaria de estos servicios tienda a aceptar nuevas ofertas y mejores opciones.

Sin duda el derecho al trabajo y al sustento personal y familiar es un derecho humano que el Estado debe reivindicar mediante la acción y vigilancia cotidiana de las instancias correspondientes, y que las normas y condiciones de la prestación del servicio deben adecuarse a las nuevas realidades sociales y tecnológicas. La obsolescencia de los instrumentos de trabajo, el desinterés público, la modorra tecnológica de los empresarios y la indiferencia de los prestadores directos, son los ingredientes obligados de la generación de conflictos. ¿Qué hará el gobierno para demostrar su competencia? ¿La legislación se queda como está, o ya quedó claro que el cambio es no sólo necesario sino urgente?


El reclamo de hace 48 años: 2 de octubre no se olvida.

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