Conspiración en Pémex

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sábado, 15 de octubre de 2016

Hacia una defensa colectiva de la seguridad social en Sonora

                                        “La justicia es reina y señora de todas las virtudes” (Cicerón)

Sin duda, los tiempos actuales permiten que las conciencias adquieran una especie de blindaje que les permite sortear con relativa fortuna las eventualidades propias de un sistema que abarata y deteriora las condiciones de vida de los ciudadanos. Las abarata porque ahora legalmente el despido laboral es fácil y sencillo, sin muchas complicaciones para la parte patronal, además de las enormes ventajas del outsourcing para evadir responsabilidades y dejar en estado de indefensión a los trabajadores, que terminan siendo recursos renovables a una velocidad de rotación en el empleo al gusto y conveniencia de los patrones. En consecuencia, sobreviene el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores con las obvias consecuencias negativas para la estabilidad de las familias, la permanencia de los hijos en la escuela y la minusvalía social que trae consigo la vulnerabilidad económica. 

Mientras que los productores directos de la riqueza social sufren la marginación y el abandono del sistema, las empresas, a pesar de las evidentes ventajas de las que gozan, parecen no aportar lo suyo a la economía, que acusa un mediocre crecimiento y una cada vez más deficiente distribución social del producto generado.

Tanto el gobierno como la empresa privada se empeñan en generar ahorros en la nómina, mediante el fácil recurso de los ajustes y recortes laborales, a pesar de que los bonos, gratificaciones y sueldos de los directivos no sufren la contracción del gasto corriente. Los recortes, en todo caso, se aplican a programas de impacto social y a la sobrevivencia de los trabajadores y sus familias.

Por el lado de la organización de los trabajadores, la defensa de sus derechos se ve comúnmente obstaculizada por la densidad burocrática y por las trapacerías legaloides a que son tan afectos los patrones, seguros de gozar de la aquiescencia y franca complicidad de las autoridades que debieran poner orden y hacer cumplir la ley.

En los últimos años, hemos visto el deterioro creciente de los servicios fundamentales para la preservación de la calidad de vida y de los derechos humanos de quienes han pasado al retiro por razones de edad o enfermedad. En México, la seguridad social ha sido insistentemente vapuleada y disminuida, con la consecuente pérdida de ingresos y precarización de los servicios de salud en las instituciones públicas cuyo deber y razón de ser es, precisamente, el dar calidad de vida al trabajador. Tanto el IMSS como el ISSSTE han sido víctimas de modificaciones al marco legal, de la disminución de la calidad de sus servicios, del perverso mecanismo de las subrogaciones, no sólo en áreas de apoyo como los de ambulancias, cocina, mantenimiento y limpieza, sino en servicios esenciales para la buena marcha de las instituciones, como son los de hemodiálisis, banco de sangre y tomografías computarizadas.

Por si fuera poco, los fondos de pensiones y jubilaciones han pasado a manos privadas como recursos frescos e inagotables para hacer negocios especulativos, donde nadie puede garantizar la recuperación del ahorro de los trabajadores en caso de “minusvalías”; es decir, que los fondos ahorrados que se juegan en inversiones especulativas de alto riesgo se pueden perder sin responsabilidad para las operadoras de fondos de retiro. Es fácil imaginar que en este juego de azar los que menos injerencia tienen en la administración de su propio dinero son los trabajadores, que pueden ver esfumarse sus ahorros de toda la vida o, en el mejor de los casos, recibir una mísera pensión mientras que el costo de la canasta básica se eleva más allá de las posibilidades adquisitivas de una mayoría creciente de trabajadores. 

Mientras que los cuadros básicos disminuyen hasta alcanzar coberturas elementales, los servicios hospitalarios se precarizan y las pensiones se regatean y privatizan; muchos mexicanos carecen de algún tipo de cobertura médica o de pensión (según Forbes, el 60 por ciento de los mayores de 65 años), arrojando un saldo de más marginados cada año y, por consecuencia, mayor inseguridad social. Sin embargo, el gobierno de la república parece no enterarse de la gravedad de la situación y todo lo reduce a un problema de costos, siguiendo obedientemente las recetas del FMI y la OCDE, “moviendo a México” con rumbo al estallido social y a una creciente victimización y criminalización de la pobreza.

En Sonora, se ha dado el caso del saqueo impune de los recursos del fondo de pensiones a cargo del Isssteson, organismo creado para garantizar la seguridad social de los trabajadores del gobierno del estado, municipios  e instituciones afiliadas, lo que debe suponer un esfuerzo adicional para cubrir en tiempo y forma los pagos mensuales a los pensionados. Por otra parte, existen organismos que no cumplen con la entrega de los recursos al instituto, producto de las cuotas que deben cubrir y que son descontadas del salario de los trabajadores, así como aquellos que no actualizan su convenio con el Isssteson, dando por resultado que sus trabajadores reciben una pensión inferior a la que debieran recibir.

En este sentido, cabe preguntarse cuál es el futuro de la seguridad social en un contexto caracterizado por la rapiña y la corrupción; ¿qué deben saber los trabajadores para poder paliar, o incluso revertir los perversos efectos de las reformas dictadas por los organismos financieros internacionales y servilmente acatadas por nuestro gobierno?, ¿cuáles deben ser las medidas que tome la clase trabajadora en defensa de los derechos laborales y la seguridad social?

Con el ánimo de responder éstas y otras preguntas, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS), en coordinación con otros sindicatos y organizaciones hermanas, se plantea la tarea de realizar un congreso estatal sindical sobre la seguridad social, donde se pretende analizar el contenido y efectos de las reformas en el país, así como la situación actual y las perspectivas de las pensiones y jubilaciones en nuestra entidad. La fecha propuesta es el día 16 de noviembre próximo. Esperemos los detalles.