Conspiración en Pémex

Notas Sueltas es un espacio de opinión sobre diversos problemas de carácter social, económico y político de interés general. Los comentarios pueden enviarse a: dalmx@yahoo.com

martes, 30 de mayo de 2017

¿Machethillo?

El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones” (Winston Churchill).

Mientras la gobernadora y el alcalde buscan en la esfera de sus competencias mancomunadas y transversales, con independencia de las propiamente constitucionales, “vender” Sonora y Hermosillo a los ricos y convenencieros xenófobos arizonenses, portadores de inversiones que, eventualmente, “generarían los empleos que Sonora necesita”, la sangre y la saliva corren en estas tierras tan lejos de Dios y tan cerca de los gringos.


La labor de “promoción” transfronteriza se antoja patológica porque, más allá del accidente geográfico de la vecindad, existe la pequeña salvedad de que nuestro estado y el vecino del norte corresponden a dos realidades geopolíticas distintas, empezando por el país a quien corresponde la soberanía tras el tratado de Guadalupe-Hidalgo de 1848, que dio el ejemplo de lo que es la “buena vecindad” con Estados Unidos. Mientras que uno es un ente terrorista internacional, un Estado canalla, en términos de Noam Chomsky, el nuestro es uno agobiado por sus propios complejos de colonizado y colonizable, de corrupto e irredento, siempre necesitado de una guía que refrende su vocación de entrega sado-masoquista al extranjero. Algo así como una prostituta internacional que espera, merced a la violación constante de su soberanía, llegar al estatus oficial de colonia y purificar la naturaleza espuria de los últimos mandatos gubernamentales. Si te dedicas al talón, mejor ten al corriente tu cartilla de sanidad. Será por eso que ahora las revisiones aduanales son por parte de los gringos y algún hambreado oficial mexicano como fauna de acompañamiento y el sistema de justicia se ajusta a los parámetros de la televisión gringa.

Si esto ocurre en el terreno aduanal, las huestes académicas se aprestan a obtener puntos en el programa de estímulos que mediatiza la producción local de evidencias de reciclamiento del conocimiento, gracias al plus de lo “internacional”. Todos ganan en constancias de acreditación, diplomas y reconocimientos intercambiables por moneda de curso corriente, excepto la ciencia mexicana. La prostituta también tiene título de doctor y se apresta a codearse con sus pares arizonenses porque “estamos preparados para la cooperación e intercambio”. 

En la frontera Sonora-Arizona se expande una nube de incienso que auspicia la armonía de una relación entre tiburones y sardinas, entre la capacidad productiva, de inversión y de avance tecnológico frente a fuerza de trabajo barata, carne de maquiladora y de zona periférica, porque en México se trabaja por el TLC en vez de hacerlo por el mejoramiento de las capacidades productivas nacionales y locales: se pavimenta el camino a la inversión extranjera ciega en vez de generar sinergias regionales en el noroeste del país, y aprovechar los recursos de sierra, costa y valles nacionales.

Sonora se pone en sintonía con los votantes frustrados de Hillary Clinton y hace de retaguardia oficiosa para sacar adelante los procesos de integración económica y política impulsados por los demócratas en el período pasado. La “mega-región” de la gobernadora Pavlovich no es otra cosa que una respuesta apátrida frente a un mandatario que es republicano y que nos ve como un peligro para su economía y seguridad. Es claro que la camiseta demócrata se suda con más fervor que la republicana entre los sonorenses que aspiran a ser tucsonenses honorarios.

Los despropósitos económicos y políticos de los gobiernos apátridas del PRI y el PAN y sus patéticas réplicas en los ayuntamientos, son la causa evidente del desastre municipal que padecemos. La falta de oportunidades, el desempleo, los bajos salarios, la ausencia de garantías laborales, los costos de las subsistencias populares, las alzas en tarifas no pueden permitir hablar en serio de una relación con otro país cuya costumbre ha sido, como es evidente desde 1848, aprovechar las debilidades de nuestros gobernantes, amenazarlos, corromperlos y manipularlos para servirse de nuestros recursos legal o ilegalmente.

La realidad hermosillense revela el estado de descomposición provocado por el sistema económico y la corrupción política: tenemos para el ciudadano de a pie una ciudad peligrosa, sórdida, sucia y descuidada; una verdadera vergüenza para cualquiera que pueda llamar las cosas por su nombre. ¿La solución a la descomposición social, al desempleo, a la precariedad del salario, al alza de las tarifas, la va a dar la “mega-región” con Arizona? Pues la experiencia indica que cada quien limpia su trasero, lo demás es pura falsedad.

La jodidez a que hemos llegado viste al joven de paria, cholo o de indigente que carece de escrúpulos porque ya no le queda esperanza, tiene el cerebro quemado por la droga, alucina por el alcohol que alimenta su odio frenético contra los que pueden comer todos los días, objetiva su desesperación mediante las vías de hecho: sale armado a cortar por lo sano sus frustraciones y, machete en mano, arranca lo que puede del otro, del enemigo anónimo que tiene de lo que él carece. La noche es su refugio y la calle su teatro de operaciones.  El machete resuelve la precariedad de sus recursos; la ciudad de falló y él toma lo que puede, como puede.


Habiendo tanta desigualdad, ¿se puede hablar de relaciones armónicas y productivas con el vecino extranjero? Pienso que no, pero así es la política nacional y local: autista, sin empatía, ausente, digna de echarla al sanitario y bajar la palanca.

domingo, 21 de mayo de 2017

Extraña iniciativa

                             “Un estómago vacío no es un buen consejero político” (Albert Einstein).

Estamos en tiempos en los que la apariencia vale más que la realidad de las personas o las cosas. Nos parece aburrido y falto de glamur que los diputados sean simplemente representantes ficticios de esa masa anónima, difusa, incolora e insípida que se etiqueta como pueblo. Cuesta trabajo entender que los elegidos no necesariamente lo fueron realmente y que el hecho de aparecer en las boletas electorales pudo haber sido obra de la necesidad de cubrir el expediente que se repite cada tres o seis años.

Ahora, por ejemplo, aparecerán mujeres en el 50 por ciento de las candidaturas, lo hayan buscado, querido o se hayan preparado y empeñado en ello o no. La decisión se da por decreto de la gobernadora que, siendo mujer, parece no querer dejar dudas al respecto. Lo anterior no quita que exista un sector femenino en los partidos cuyas aspiraciones vayan en ese sentido, como tampoco lo hace con aquellas féminas que llegaron a la política por mera casualidad, por parentescos, por afinidad personal o por darle sentido a la petición recurrente de apoyos en dinero o en especie que se hacen a quienes administran las clientelas de los partidos políticos.

Los diputados en funciones no dejan de estar preocupados por dar muestras de vida en el foro legislativo, más ahora que por votación de ellos mismos, habrá reelecciones en Sonora, lo que les supone un esfuerzo extraordinario por sacar la cabeza del trasero e impulsar iniciativas, antes que la revisión escrupulosa de la legislación vigente y de las posibilidades reales de su aplicación. En nuestro estado, así como en el resto del país, es más fácil legislar de nuevo que aplicar la ley que ya existe. La memoria es débil y conviene relanzar perogrulladas jurídicas antes que perderse en la anodina rutina del cumplimiento de nuestros deberes ciudadanos. El descubrimiento del agua tibia no existe hasta que alguien lo lanza como iniciativa.

La misma dinámica del sistema económico que precariza y deteriora el empleo, el salario y la seguridad social pone en manos de la iniciativa privada actividades y funciones antes de competencia y responsabilidad exclusiva del gobierno, como son los servicios de salud, protección social y, desde luego, la educación y la protección a la infancia y la familia.

Una madre que trabaja deja en manos de terceros el cuidado de sus hijos y se incorpora a la masa asalariada o a la muchedumbre de trabajadores “por cuenta propia” y sujetos a las eventualidades de la demanda de ciertos servicios. Más de la mitad de los trabajadores carecen de algún sistema de seguridad social y la informalidad resulta ser la “solución” a las restricciones de la demanda de trabajos formales. A lo anterior hay que añadir que los nuevos empleos se ofrecen sin garantía alguna de recibir al final de la vida laboral las prestaciones que la ley, antes de la reforma laboral, otorgaba a los trabajadores. Ahora se contrata mediante el truco legalizado de las subcontrataciones, que dejan desprotegido al empleado, sin antigüedad reconocida ni respaldo en caso de alguna necesidad. 

En estas condiciones, se esperaría que algún legislador con escrúpulos pudiera revisar el marco legal existente y tratar de fortalecer el empleo y el ingreso, la salud y la seguridad social de los trabajadores, las condiciones económicas y sociales de la familia y la protección institucional de los menores de edad. Se supondría que una iniciativa legal que favoreciera las condiciones de vida y de relación de las familias pudiera impulsarse y así ganar espacios en la consideración de los votantes, quienes al verse favorecidos decidirían el voto a favor de una eventual reelección. Sin embargo, los señores poseedores de una curul descansan a dos nalgas sin que su cerebro de muestras de vida inteligente.

Es ilustrativo de lo anterior la iniciativa de la diputada priista Iris Sánchez, en el sentido de dar una aportación económica, algo así como un sueldo o cosa parecida, “a los abuelos que cuiden nietos y que no tengan remuneración de ningún tipo”, en apoyo a las madres que trabajen sin cobertura de servicios de guardería.

Para empezar, la iniciativa cuestiona y mercantiliza el apoyo familiar del cuidado de los nietos, que siendo voluntario difícilmente podrá integrarse al catálogo de las ocupaciones asalariadas; las relaciones familiares y la dinámica que se establece en los hogares son asuntos de índole privado, regidos por la consanguinidad o la afinidad, lo que supone deberes morales y acciones de tipo solidario y subsidiario, dependiendo del caso. Una familia no es una unidad productiva en el sentido económico, ni mucho menos una fábrica de futuros empleados o desempleados, sino un hecho sociológico portador de valores, principios y tradiciones que suponen una identidad y un sentido de pertenencia, histórica y socialmente determinado. Cobrar por el cuidado de un familiar es, por lo menos, absurdo. 

La iniciativa no toca el fondo del problema que se expresa en la necesidad de la madre de abandonar a sus hijos para trabajar, en un ejercicio dramático de indefensión y sobrevivencia; no repara en el hecho de que cada empresa debiera obligarse a garantizar la protección y el cuidado de los hijos de sus trabajadores durante la jornada laboral; no toma en cuenta que las guarderías ofrecen servicios especializados que cuidan la integridad física y mental de los menores a su cargo, por lo que debiera ser una exigencia social y legal hacia el empleador. Parece ignorar que la seguridad social sigue siendo una obligación del Estado.  

La iniciativa no repara en el hecho de que la precarización del empleo y el deterioro del salario encarece las subsistencias y aumenta los costos de la vida familiar, lo que obliga a los miembros de la familia a trabajar para sostener el cada vez más alto costo de la vida. Asimismo, el manejo privado de las necesidades sociales lo único que hace es recalcar la pérdida de los espacios públicos y las responsabilidades colectivas. Afecta, en última instancia, la vida familiar y los valores que trasmite.

¿Por qué no convertir en tarea legislativa la defensa de la familia, la protección de cada ciudadano sonorense, independientemente de su sexo, desde el nacimiento hasta la muerte? ¿Por qué no fomentar el empleo y el ingreso digno? ¿Por qué no garantizar que la mujer, por ejemplo, pueda dedicarse a la familia o a trabajar, si ese es su deseo, sin la presión económica de que a su marido no le alcanza el salario? ¿Cómo es posible que una diputada pretenda convertir en empleo lo que es una decisión familiar? ¿Cómo ponerle precio a la solidaridad entre familiares? La realidad es que el sistema económico no sólo precariza el empleo y el ingreso, sino la idea de familia que tenemos.  

Es lamentable que la legisladora Sánchez caiga en el rollo facilón de ponerle parches al sistema depredador e inhumano que soportamos, en vez de proponer alternativas válidas de solución. El Estado debe responder a los requerimientos de la población, mediante acciones prontas y efectivas de parte del gobierno. ¿O no hay gobierno?


martes, 16 de mayo de 2017

Triste confesión de abuso

                                      “La justicia es la reina y señora de todas las virtudes” (Cicerón).

Seguramente usted disfrutó en los días previos al 10 de mayo de la ola de anuncios, reclamos publicitarios, llamadas telefónicas, ofertas resistibles e irresistibles, arrumacos estandarizados que en forma oral, escrita y mímica inundaron las redes sociales, los espacios radiofónicos y televisivos, así como los correspondientes a la prensa escrita. Madre sólo hay una y el deber de festejarla es también uno e irrevocable, intransferible e imprescriptible.

Las florecitas y los corazones estilizados de un rojo sospechosamente brillante, agolpados en efluvios salivosos y llenos de cursilería aldeana, tuvieron sus momentos estelares tanto en la víspera como en el mero día de la madre. La capacidad de abstracción de los millones de consumidores de publicidad arracimados en torno a los centros comerciales de moda, quedó aplanada por la facilidad de los mercadólogos y publicistas para eliminar cualquier brisa de inteligencia de la pulida superficie de sus exigencias: ¿ya le compró su regalo a mamá?, ¿pues qué espera?, ¡compre ahora y pague después, en cómodas mensualidades donde usted pone el plazo!, ¡ahorre comprando en XYZ, donde su dinero rinde más!, entre otros anzuelos lanzados con mano diestra en las aguas del mercado local.

Si en el ámbito comercial la celebración de la madre alcanza el paroxismo de un estanque de tiburones destazando a su presa, en la esfera de la intelectualidad palvloviana del estímulo y la encuesta también se agitan las aguas: ¿cuánto cuesta el trabajo de una madre?, de donde se desprende el análisis y los costos monetarios de las ocupaciones u oficios que una madre de familia desempeña en casa: aseo doméstico, preparación de alimentos, lavado y planchado de ropa, cuidado de los hijos, atención psicológica y de salud preventiva, entre otras. La tabla resultante arroja un sueldo mensual cuya factura parece buscar destinatario. ¿Empoderamiento femenino o simple argumentación aritmética de los costos de querer a alguien, ser parte de una familia y desarrollar sentimientos de pertenencia, apoyo y solidaridad por consanguinidad o afinidad? ¿El amor y el cuidado familiar tiene tarifa monetaria? ¿La economía debe penetrar la esfera erótica de las relaciones interpersonales familiares? ¿Cada casa es un negocio sujeto a las leyes del comercio?

Mientras algunas personas discuten el tiempo y costo de las relaciones domésticas, otras lo hacen respecto a la inseguridad que de las calles pasa a los jardines de niños. ¿Por qué se ultraja a una niña en una institución preescolar? ¿Por qué los baños son mixtos y compartidos por alumnos con diversos niveles de madurez sexual? ¿La modernidad implica no establecer diferencias entre individuos de diferente sexo y edad? ¿El establecer servicios sanitarios para hombres y mujeres por separado supone discriminación, simple ahorro, o el entendimiento que existen diferencias que resulta absurdo ignorar?


El drama cotidiano que se desarrolla en las escuelas preescolares reproduce incipientemente la debacle social que se escenifica en las calles, avenidas, barrios y colonias de esta ciudad capital, donde la moral mercantilizada y la mentalidad furibundamente individualista coloca a los jóvenes y adultos en la órbita perversa de un hedonismo palurdo, cortoplacista y vulgar. Tan es así que en los centros de educación superior también se reportan eventualmente casos de acoso sexual, incluso de ataques cuyo registro pasa al anecdotario comunal en vez de a las agencias del ministerio público, por pena, turbación o simple decepción del sistema legal, del desinterés institucional, de las complicidades entre autoridades y delincuentes, de la pachorra sindical, de las malas costumbres que se comparten y celebran entre cuates.

¿Será que la aplanadora neoliberal además de mercantilizar los usos y costumbres locales y trivializar la dignidad humana, nos quiere persuadir de que las diferencias naturales de sexo y edad son un simple problema de percepción? Tal parece. Sólo que la realidad de los abusos deshonestos, las violaciones e, incluso, los asesinatos, demuestran que la naturaleza humana y sus diferencias no son asuntos que se negocian o se decretan. Hombres y mujeres somos diferentes, y la sociedad debe proveer las condiciones para que esas diferencias contribuyan a los fines de preservación social y preservación de la cultura y los valores que nos unen. Una vez más, la educación tiene un lugar privilegiado en la construcción de una sociedad respetuosa de las diferencias, más justa, equitativa e incluyente.  

En este caso, ¿tiene sentido enviar un centenar de mujeres a Washington, a capacitarse en labores de “empoderamiento” eventualmente comercial por la vía de proyectos financiables? ¿Los valores que van a “traer” y reproducir son los que nuestra sociedad necesita para ser y prosperar? ¿En México no hay valores y los tenemos que importar? ¿Por qué en Washington, capital del monstruo corruptor internacional que patrocina terroristas y genocidas?

Mientras el gobierno se empeña en estrechar los lazos de la dependencia con los gringos, muchas mujeres, en nuestro aquí y ahora, sufren de marginación pública, claman por justicia y sufren el desprecio oficial, como es el caso de las madres de ABC, las que denuncian los abusos de Grupo México en los pueblos ribereños del Río Sonora, las que claman por seguridad pública en los barrios y colonias, las que reclaman respeto y justicia para sus hijos en las escuelas, las que luchan contra el abuso de las alzas en tarifas, o las que leen la prensa y oyen declaraciones triunfalistas y estúpidas, que chocan con la realidad cotidiana que sufren en sus casas y trabajos.  


Hermosillo y Sonora en general no está para burlas, patrañas y acciones demagógicas, sino para respuestas claras, efectivas y contundentes contra la inseguridad, el abuso y la venalidad de quienes tienen el deber constitucional de velar por la paz y el progreso de nuestras comunidades. Que así sea. 

sábado, 6 de mayo de 2017

La revisión contractual, ¿un parteaguas?

                                   “Quien lucha, puede perder; quien no lucha, ya perdió” (Anónimo).

Generalmente, tras un evento traumático, la gente prefiere pensar en el antes y el después, en el fin de algo y el inicio de otra cosa nueva, distinta y verdadera en términos de durabilidad y credibilidad; se opta por considerar que la experiencia pasada es sólo eso, un mal paso que no nos define ni nos condiciona, que es sólo una etapa, un obstáculo superado gracias al tiempo y las circunstancias, y que la sapiencia humana habrá de transformar en la piedra de toque de la nueva estructura “que habremos de construir todos”. Así las cosas, los errores cometidos y los fallos medianamente reconocidos son materia de olvido, porque “nada debe detenernos”.

Por otra parte, cuando se ve claro que la conducta sindical no fue la mejor ni la más recomendable y que debió de plantarse cara al sistema representado por una rectoría cacahuatera y autocomplaciente, se puede optar por sacar a relucir el garrote de las sanciones y el condicionamiento de derechos porque “hay traidores”, o simplemente compañeros “apáticos, convenencieros y poco comprometidos” que más vale poner en su lugar y subirles la canasta de los logros sindicales.

En esta vertiente de análisis -por decirlo de alguna manera-, la crítica siempre va de adentro hacia afuera, del punto de vista del sindicalista consciente que señala con dedo flamígero al infractor en términos del “deber ser” de su militancia: “yo sí cumplo, por tanto, merezco disfrutar de los beneficios del contrato colectivo”, en cambio “ellos” que no asisten a las guardias, a las marchas y a los plantones y mítines a los que se convoca; no llevan mantas ni pancartas ni corean las consignas y, en cambio, sí solicitan apoyos, becas y otros logros sindicales que evidentemente no merecen, por lo que hay que limitar sus derechos.

Con estas premisas curiosamente lineales, es posible establecer una especie de tabla de merecimientos, por ejemplo: asistir a dos asambleas y un plantón permite el acceso a becas-hijos; participar en una marcha y dos guardias, a apoyos académicos; tres asambleas, una marcha y dos mítines, pues a préstamos de emergencia, y así por el estilo. Lo que parece ser una medida disciplinaria en realidad es la claudicación de los principios de unidad y solidaridad que deben campear en los sindicatos democráticos, ya que el condicionar el disfrute de derechos colectivos logrados y plasmados en el contrato colectivo, nos colocaría en la misma tesitura de los sindicatos charros, los del oficialismo de garrote y zanahoria.

Ante estas tentaciones justicieras lamentablemente primitivas, basta con resolver las diferencias y los desajustes con una buena lectura del Estatuto Sindical, donde se plasman los derechos y obligaciones de los miembros, así como el capítulo de sanciones, sus instancias y procedimientos.

El problema de fondo de la indisciplina sindical parece ser la falta de convencimiento de los actores, su ignorancia de deberes y obligaciones, su falta de preparación política-sindical y su desconocimiento de la importancia de la organización y de su contrato colectivo de trabajo y, por ende, la trascendencia de una efectiva y masiva defensa de sus derechos laborales. Es obvio que un sindicato integrado por personas que piensan en términos individuales verá con otros ojos la posibilidad de estallar una huelga y muchos de sus miembros terminarán votando en contra; en cambio, un trabajador política y sindicalmente educado, seguramente optará por defender los derechos colectivos y valorará bajo este criterio el eventual estallamiento de una huelga.

En la reciente revisión contractual de STAUS, quedaron en el tintero una mayoría significativa de reclamos, de señalamientos sobre violaciones al contrato colectivo, incluso de reivindicaciones económicas que se estrellaron con el ya proverbial tope salarial que el gobierno federal impone con la sana intención de precarizar el empleo y socavar los principios de la acción colectiva por la vía de la coacción psicológica y económica. No se puede decir que las ofensas hacia los trabajadores universitarios hayan sido lavadas, ni siquiera como promesa y menos como compromiso bilateral susceptible de reclamo. En el periodo de prehuelga destacaron los desencuentros, la prepotencia sociópata de las autoridades y la impotencia miope de sus víctimas. La reacción lógica, en términos de lo que estaba en juego, era la huelga, pero no fue así.

Da la impresión de que la visión de la comunidad académica es bipolar respecto a sus reivindicaciones y seguridad laboral, porque 507 defendieron el contrato al apoyar la huelga y 815 prefirieron quedarse como estaban. Sin embargo, las quejas de abusos de autoridad, de falta de acceso a los beneficios de la seguridad social, de acciones unilaterales de la administración en contra de los académicos que desean promoverse y que, por los nuevos e ilegales requisitos, no pueden y posiblemente no podrán, se oyeron fuerte y se seguirán oyendo por decisión de una mayoría conformista, cuando no apegada a otros valores.

¿El sindicato resuelve el problema de la falta de conciencia y participación de sus agremiados instaurando tablas de merecimientos, como las nefastas de puntaje para la tortibeca? ¿Se podrá lograr algo más que el rechazo y el abandono con una política de garrote y zanahoria? Considero que no. En todo caso, debiera tomarse el resultado como una evidencia del escaso trabajo sindical que se ha desarrollado, empezando por la vida delegacional y terminando con la manifestación de las mayorías en las asambleas generales. Por fortuna, el sindicalismo universitario cuenta con documentos básicos que pueden y deben servir de guía para las acciones presentes y futuras. Empecemos aplicando el estatuto sindical y exigiendo el cumplimiento puntual del capítulo de derechos y obligaciones de los miembros. Pongamos a trabajar a las delegaciones y hagamos posible el conocimiento y la formación sindical para todos los orgánicamente interesados.


Las medidas represivas y el condicionamiento de derechos colectivos adquiridos deben dejarse a los sindicatos charros, que no generan militancia sino clientelas subordinadas al poder en turno. Los sindicatos independientes nada tienen que imitarles.