Conspiración en Pémex

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sábado, 6 de mayo de 2017

La revisión contractual, ¿un parteaguas?

                                   “Quien lucha, puede perder; quien no lucha, ya perdió” (Anónimo).

Generalmente, tras un evento traumático, la gente prefiere pensar en el antes y el después, en el fin de algo y el inicio de otra cosa nueva, distinta y verdadera en términos de durabilidad y credibilidad; se opta por considerar que la experiencia pasada es sólo eso, un mal paso que no nos define ni nos condiciona, que es sólo una etapa, un obstáculo superado gracias al tiempo y las circunstancias, y que la sapiencia humana habrá de transformar en la piedra de toque de la nueva estructura “que habremos de construir todos”. Así las cosas, los errores cometidos y los fallos medianamente reconocidos son materia de olvido, porque “nada debe detenernos”.

Por otra parte, cuando se ve claro que la conducta sindical no fue la mejor ni la más recomendable y que debió de plantarse cara al sistema representado por una rectoría cacahuatera y autocomplaciente, se puede optar por sacar a relucir el garrote de las sanciones y el condicionamiento de derechos porque “hay traidores”, o simplemente compañeros “apáticos, convenencieros y poco comprometidos” que más vale poner en su lugar y subirles la canasta de los logros sindicales.

En esta vertiente de análisis -por decirlo de alguna manera-, la crítica siempre va de adentro hacia afuera, del punto de vista del sindicalista consciente que señala con dedo flamígero al infractor en términos del “deber ser” de su militancia: “yo sí cumplo, por tanto, merezco disfrutar de los beneficios del contrato colectivo”, en cambio “ellos” que no asisten a las guardias, a las marchas y a los plantones y mítines a los que se convoca; no llevan mantas ni pancartas ni corean las consignas y, en cambio, sí solicitan apoyos, becas y otros logros sindicales que evidentemente no merecen, por lo que hay que limitar sus derechos.

Con estas premisas curiosamente lineales, es posible establecer una especie de tabla de merecimientos, por ejemplo: asistir a dos asambleas y un plantón permite el acceso a becas-hijos; participar en una marcha y dos guardias, a apoyos académicos; tres asambleas, una marcha y dos mítines, pues a préstamos de emergencia, y así por el estilo. Lo que parece ser una medida disciplinaria en realidad es la claudicación de los principios de unidad y solidaridad que deben campear en los sindicatos democráticos, ya que el condicionar el disfrute de derechos colectivos logrados y plasmados en el contrato colectivo, nos colocaría en la misma tesitura de los sindicatos charros, los del oficialismo de garrote y zanahoria.

Ante estas tentaciones justicieras lamentablemente primitivas, basta con resolver las diferencias y los desajustes con una buena lectura del Estatuto Sindical, donde se plasman los derechos y obligaciones de los miembros, así como el capítulo de sanciones, sus instancias y procedimientos.

El problema de fondo de la indisciplina sindical parece ser la falta de convencimiento de los actores, su ignorancia de deberes y obligaciones, su falta de preparación política-sindical y su desconocimiento de la importancia de la organización y de su contrato colectivo de trabajo y, por ende, la trascendencia de una efectiva y masiva defensa de sus derechos laborales. Es obvio que un sindicato integrado por personas que piensan en términos individuales verá con otros ojos la posibilidad de estallar una huelga y muchos de sus miembros terminarán votando en contra; en cambio, un trabajador política y sindicalmente educado, seguramente optará por defender los derechos colectivos y valorará bajo este criterio el eventual estallamiento de una huelga.

En la reciente revisión contractual de STAUS, quedaron en el tintero una mayoría significativa de reclamos, de señalamientos sobre violaciones al contrato colectivo, incluso de reivindicaciones económicas que se estrellaron con el ya proverbial tope salarial que el gobierno federal impone con la sana intención de precarizar el empleo y socavar los principios de la acción colectiva por la vía de la coacción psicológica y económica. No se puede decir que las ofensas hacia los trabajadores universitarios hayan sido lavadas, ni siquiera como promesa y menos como compromiso bilateral susceptible de reclamo. En el periodo de prehuelga destacaron los desencuentros, la prepotencia sociópata de las autoridades y la impotencia miope de sus víctimas. La reacción lógica, en términos de lo que estaba en juego, era la huelga, pero no fue así.

Da la impresión de que la visión de la comunidad académica es bipolar respecto a sus reivindicaciones y seguridad laboral, porque 507 defendieron el contrato al apoyar la huelga y 815 prefirieron quedarse como estaban. Sin embargo, las quejas de abusos de autoridad, de falta de acceso a los beneficios de la seguridad social, de acciones unilaterales de la administración en contra de los académicos que desean promoverse y que, por los nuevos e ilegales requisitos, no pueden y posiblemente no podrán, se oyeron fuerte y se seguirán oyendo por decisión de una mayoría conformista, cuando no apegada a otros valores.

¿El sindicato resuelve el problema de la falta de conciencia y participación de sus agremiados instaurando tablas de merecimientos, como las nefastas de puntaje para la tortibeca? ¿Se podrá lograr algo más que el rechazo y el abandono con una política de garrote y zanahoria? Considero que no. En todo caso, debiera tomarse el resultado como una evidencia del escaso trabajo sindical que se ha desarrollado, empezando por la vida delegacional y terminando con la manifestación de las mayorías en las asambleas generales. Por fortuna, el sindicalismo universitario cuenta con documentos básicos que pueden y deben servir de guía para las acciones presentes y futuras. Empecemos aplicando el estatuto sindical y exigiendo el cumplimiento puntual del capítulo de derechos y obligaciones de los miembros. Pongamos a trabajar a las delegaciones y hagamos posible el conocimiento y la formación sindical para todos los orgánicamente interesados.


Las medidas represivas y el condicionamiento de derechos colectivos adquiridos deben dejarse a los sindicatos charros, que no generan militancia sino clientelas subordinadas al poder en turno. Los sindicatos independientes nada tienen que imitarles.

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