Conspiración en Pémex

notas sueltas

Notas Sueltas es un espacio de opinión sobre diversos problemas de carácter social, económico y político de interés general. Los comentarios pueden enviarse a: dalmx@yahoo.com

domingo, 21 de mayo de 2017

Extraña iniciativa

                             “Un estómago vacío no es un buen consejero político” (Albert Einstein).

Estamos en tiempos en los que la apariencia vale más que la realidad de las personas o las cosas. Nos parece aburrido y falto de glamur que los diputados sean simplemente representantes ficticios de esa masa anónima, difusa, incolora e insípida que se etiqueta como pueblo. Cuesta trabajo entender que los elegidos no necesariamente lo fueron realmente y que el hecho de aparecer en las boletas electorales pudo haber sido obra de la necesidad de cubrir el expediente que se repite cada tres o seis años.

Ahora, por ejemplo, aparecerán mujeres en el 50 por ciento de las candidaturas, lo hayan buscado, querido o se hayan preparado y empeñado en ello o no. La decisión se da por decreto de la gobernadora que, siendo mujer, parece no querer dejar dudas al respecto. Lo anterior no quita que exista un sector femenino en los partidos cuyas aspiraciones vayan en ese sentido, como tampoco lo hace con aquellas féminas que llegaron a la política por mera casualidad, por parentescos, por afinidad personal o por darle sentido a la petición recurrente de apoyos en dinero o en especie que se hacen a quienes administran las clientelas de los partidos políticos.

Los diputados en funciones no dejan de estar preocupados por dar muestras de vida en el foro legislativo, más ahora que por votación de ellos mismos, habrá reelecciones en Sonora, lo que les supone un esfuerzo extraordinario por sacar la cabeza del trasero e impulsar iniciativas, antes que la revisión escrupulosa de la legislación vigente y de las posibilidades reales de su aplicación. En nuestro estado, así como en el resto del país, es más fácil legislar de nuevo que aplicar la ley que ya existe. La memoria es débil y conviene relanzar perogrulladas jurídicas antes que perderse en la anodina rutina del cumplimiento de nuestros deberes ciudadanos. El descubrimiento del agua tibia no existe hasta que alguien lo lanza como iniciativa.

La misma dinámica del sistema económico que precariza y deteriora el empleo, el salario y la seguridad social pone en manos de la iniciativa privada actividades y funciones antes de competencia y responsabilidad exclusiva del gobierno, como son los servicios de salud, protección social y, desde luego, la educación y la protección a la infancia y la familia.

Una madre que trabaja deja en manos de terceros el cuidado de sus hijos y se incorpora a la masa asalariada o a la muchedumbre de trabajadores “por cuenta propia” y sujetos a las eventualidades de la demanda de ciertos servicios. Más de la mitad de los trabajadores carecen de algún sistema de seguridad social y la informalidad resulta ser la “solución” a las restricciones de la demanda de trabajos formales. A lo anterior hay que añadir que los nuevos empleos se ofrecen sin garantía alguna de recibir al final de la vida laboral las prestaciones que la ley, antes de la reforma laboral, otorgaba a los trabajadores. Ahora se contrata mediante el truco legalizado de las subcontrataciones, que dejan desprotegido al empleado, sin antigüedad reconocida ni respaldo en caso de alguna necesidad. 

En estas condiciones, se esperaría que algún legislador con escrúpulos pudiera revisar el marco legal existente y tratar de fortalecer el empleo y el ingreso, la salud y la seguridad social de los trabajadores, las condiciones económicas y sociales de la familia y la protección institucional de los menores de edad. Se supondría que una iniciativa legal que favoreciera las condiciones de vida y de relación de las familias pudiera impulsarse y así ganar espacios en la consideración de los votantes, quienes al verse favorecidos decidirían el voto a favor de una eventual reelección. Sin embargo, los señores poseedores de una curul descansan a dos nalgas sin que su cerebro de muestras de vida inteligente.

Es ilustrativo de lo anterior la iniciativa de la diputada priista Iris Sánchez, en el sentido de dar una aportación económica, algo así como un sueldo o cosa parecida, “a los abuelos que cuiden nietos y que no tengan remuneración de ningún tipo”, en apoyo a las madres que trabajen sin cobertura de servicios de guardería.

Para empezar, la iniciativa cuestiona y mercantiliza el apoyo familiar del cuidado de los nietos, que siendo voluntario difícilmente podrá integrarse al catálogo de las ocupaciones asalariadas; las relaciones familiares y la dinámica que se establece en los hogares son asuntos de índole privado, regidos por la consanguinidad o la afinidad, lo que supone deberes morales y acciones de tipo solidario y subsidiario, dependiendo del caso. Una familia no es una unidad productiva en el sentido económico, ni mucho menos una fábrica de futuros empleados o desempleados, sino un hecho sociológico portador de valores, principios y tradiciones que suponen una identidad y un sentido de pertenencia, histórica y socialmente determinado. Cobrar por el cuidado de un familiar es, por lo menos, absurdo. 

La iniciativa no toca el fondo del problema que se expresa en la necesidad de la madre de abandonar a sus hijos para trabajar, en un ejercicio dramático de indefensión y sobrevivencia; no repara en el hecho de que cada empresa debiera obligarse a garantizar la protección y el cuidado de los hijos de sus trabajadores durante la jornada laboral; no toma en cuenta que las guarderías ofrecen servicios especializados que cuidan la integridad física y mental de los menores a su cargo, por lo que debiera ser una exigencia social y legal hacia el empleador. Parece ignorar que la seguridad social sigue siendo una obligación del Estado.  

La iniciativa no repara en el hecho de que la precarización del empleo y el deterioro del salario encarece las subsistencias y aumenta los costos de la vida familiar, lo que obliga a los miembros de la familia a trabajar para sostener el cada vez más alto costo de la vida. Asimismo, el manejo privado de las necesidades sociales lo único que hace es recalcar la pérdida de los espacios públicos y las responsabilidades colectivas. Afecta, en última instancia, la vida familiar y los valores que trasmite.

¿Por qué no convertir en tarea legislativa la defensa de la familia, la protección de cada ciudadano sonorense, independientemente de su sexo, desde el nacimiento hasta la muerte? ¿Por qué no fomentar el empleo y el ingreso digno? ¿Por qué no garantizar que la mujer, por ejemplo, pueda dedicarse a la familia o a trabajar, si ese es su deseo, sin la presión económica de que a su marido no le alcanza el salario? ¿Cómo es posible que una diputada pretenda convertir en empleo lo que es una decisión familiar? ¿Cómo ponerle precio a la solidaridad entre familiares? La realidad es que el sistema económico no sólo precariza el empleo y el ingreso, sino la idea de familia que tenemos.  

Es lamentable que la legisladora Sánchez caiga en el rollo facilón de ponerle parches al sistema depredador e inhumano que soportamos, en vez de proponer alternativas válidas de solución. El Estado debe responder a los requerimientos de la población, mediante acciones prontas y efectivas de parte del gobierno. ¿O no hay gobierno?


martes, 16 de mayo de 2017

Triste confesión de abuso

                                      “La justicia es la reina y señora de todas las virtudes” (Cicerón).

Seguramente usted disfrutó en los días previos al 10 de mayo de la ola de anuncios, reclamos publicitarios, llamadas telefónicas, ofertas resistibles e irresistibles, arrumacos estandarizados que en forma oral, escrita y mímica inundaron las redes sociales, los espacios radiofónicos y televisivos, así como los correspondientes a la prensa escrita. Madre sólo hay una y el deber de festejarla es también uno e irrevocable, intransferible e imprescriptible.

Las florecitas y los corazones estilizados de un rojo sospechosamente brillante, agolpados en efluvios salivosos y llenos de cursilería aldeana, tuvieron sus momentos estelares tanto en la víspera como en el mero día de la madre. La capacidad de abstracción de los millones de consumidores de publicidad arracimados en torno a los centros comerciales de moda, quedó aplanada por la facilidad de los mercadólogos y publicistas para eliminar cualquier brisa de inteligencia de la pulida superficie de sus exigencias: ¿ya le compró su regalo a mamá?, ¿pues qué espera?, ¡compre ahora y pague después, en cómodas mensualidades donde usted pone el plazo!, ¡ahorre comprando en XYZ, donde su dinero rinde más!, entre otros anzuelos lanzados con mano diestra en las aguas del mercado local.

Si en el ámbito comercial la celebración de la madre alcanza el paroxismo de un estanque de tiburones destazando a su presa, en la esfera de la intelectualidad palvloviana del estímulo y la encuesta también se agitan las aguas: ¿cuánto cuesta el trabajo de una madre?, de donde se desprende el análisis y los costos monetarios de las ocupaciones u oficios que una madre de familia desempeña en casa: aseo doméstico, preparación de alimentos, lavado y planchado de ropa, cuidado de los hijos, atención psicológica y de salud preventiva, entre otras. La tabla resultante arroja un sueldo mensual cuya factura parece buscar destinatario. ¿Empoderamiento femenino o simple argumentación aritmética de los costos de querer a alguien, ser parte de una familia y desarrollar sentimientos de pertenencia, apoyo y solidaridad por consanguinidad o afinidad? ¿El amor y el cuidado familiar tiene tarifa monetaria? ¿La economía debe penetrar la esfera erótica de las relaciones interpersonales familiares? ¿Cada casa es un negocio sujeto a las leyes del comercio?

Mientras algunas personas discuten el tiempo y costo de las relaciones domésticas, otras lo hacen respecto a la inseguridad que de las calles pasa a los jardines de niños. ¿Por qué se ultraja a una niña en una institución preescolar? ¿Por qué los baños son mixtos y compartidos por alumnos con diversos niveles de madurez sexual? ¿La modernidad implica no establecer diferencias entre individuos de diferente sexo y edad? ¿El establecer servicios sanitarios para hombres y mujeres por separado supone discriminación, simple ahorro, o el entendimiento que existen diferencias que resulta absurdo ignorar?


El drama cotidiano que se desarrolla en las escuelas preescolares reproduce incipientemente la debacle social que se escenifica en las calles, avenidas, barrios y colonias de esta ciudad capital, donde la moral mercantilizada y la mentalidad furibundamente individualista coloca a los jóvenes y adultos en la órbita perversa de un hedonismo palurdo, cortoplacista y vulgar. Tan es así que en los centros de educación superior también se reportan eventualmente casos de acoso sexual, incluso de ataques cuyo registro pasa al anecdotario comunal en vez de a las agencias del ministerio público, por pena, turbación o simple decepción del sistema legal, del desinterés institucional, de las complicidades entre autoridades y delincuentes, de la pachorra sindical, de las malas costumbres que se comparten y celebran entre cuates.

¿Será que la aplanadora neoliberal además de mercantilizar los usos y costumbres locales y trivializar la dignidad humana, nos quiere persuadir de que las diferencias naturales de sexo y edad son un simple problema de percepción? Tal parece. Sólo que la realidad de los abusos deshonestos, las violaciones e, incluso, los asesinatos, demuestran que la naturaleza humana y sus diferencias no son asuntos que se negocian o se decretan. Hombres y mujeres somos diferentes, y la sociedad debe proveer las condiciones para que esas diferencias contribuyan a los fines de preservación social y preservación de la cultura y los valores que nos unen. Una vez más, la educación tiene un lugar privilegiado en la construcción de una sociedad respetuosa de las diferencias, más justa, equitativa e incluyente.  

En este caso, ¿tiene sentido enviar un centenar de mujeres a Washington, a capacitarse en labores de “empoderamiento” eventualmente comercial por la vía de proyectos financiables? ¿Los valores que van a “traer” y reproducir son los que nuestra sociedad necesita para ser y prosperar? ¿En México no hay valores y los tenemos que importar? ¿Por qué en Washington, capital del monstruo corruptor internacional que patrocina terroristas y genocidas?

Mientras el gobierno se empeña en estrechar los lazos de la dependencia con los gringos, muchas mujeres, en nuestro aquí y ahora, sufren de marginación pública, claman por justicia y sufren el desprecio oficial, como es el caso de las madres de ABC, las que denuncian los abusos de Grupo México en los pueblos ribereños del Río Sonora, las que claman por seguridad pública en los barrios y colonias, las que reclaman respeto y justicia para sus hijos en las escuelas, las que luchan contra el abuso de las alzas en tarifas, o las que leen la prensa y oyen declaraciones triunfalistas y estúpidas, que chocan con la realidad cotidiana que sufren en sus casas y trabajos.  


Hermosillo y Sonora en general no está para burlas, patrañas y acciones demagógicas, sino para respuestas claras, efectivas y contundentes contra la inseguridad, el abuso y la venalidad de quienes tienen el deber constitucional de velar por la paz y el progreso de nuestras comunidades. Que así sea. 

sábado, 6 de mayo de 2017

La revisión contractual, ¿un parteaguas?

                                   “Quien lucha, puede perder; quien no lucha, ya perdió” (Anónimo).

Generalmente, tras un evento traumático, la gente prefiere pensar en el antes y el después, en el fin de algo y el inicio de otra cosa nueva, distinta y verdadera en términos de durabilidad y credibilidad; se opta por considerar que la experiencia pasada es sólo eso, un mal paso que no nos define ni nos condiciona, que es sólo una etapa, un obstáculo superado gracias al tiempo y las circunstancias, y que la sapiencia humana habrá de transformar en la piedra de toque de la nueva estructura “que habremos de construir todos”. Así las cosas, los errores cometidos y los fallos medianamente reconocidos son materia de olvido, porque “nada debe detenernos”.

Por otra parte, cuando se ve claro que la conducta sindical no fue la mejor ni la más recomendable y que debió de plantarse cara al sistema representado por una rectoría cacahuatera y autocomplaciente, se puede optar por sacar a relucir el garrote de las sanciones y el condicionamiento de derechos porque “hay traidores”, o simplemente compañeros “apáticos, convenencieros y poco comprometidos” que más vale poner en su lugar y subirles la canasta de los logros sindicales.

En esta vertiente de análisis -por decirlo de alguna manera-, la crítica siempre va de adentro hacia afuera, del punto de vista del sindicalista consciente que señala con dedo flamígero al infractor en términos del “deber ser” de su militancia: “yo sí cumplo, por tanto, merezco disfrutar de los beneficios del contrato colectivo”, en cambio “ellos” que no asisten a las guardias, a las marchas y a los plantones y mítines a los que se convoca; no llevan mantas ni pancartas ni corean las consignas y, en cambio, sí solicitan apoyos, becas y otros logros sindicales que evidentemente no merecen, por lo que hay que limitar sus derechos.

Con estas premisas curiosamente lineales, es posible establecer una especie de tabla de merecimientos, por ejemplo: asistir a dos asambleas y un plantón permite el acceso a becas-hijos; participar en una marcha y dos guardias, a apoyos académicos; tres asambleas, una marcha y dos mítines, pues a préstamos de emergencia, y así por el estilo. Lo que parece ser una medida disciplinaria en realidad es la claudicación de los principios de unidad y solidaridad que deben campear en los sindicatos democráticos, ya que el condicionar el disfrute de derechos colectivos logrados y plasmados en el contrato colectivo, nos colocaría en la misma tesitura de los sindicatos charros, los del oficialismo de garrote y zanahoria.

Ante estas tentaciones justicieras lamentablemente primitivas, basta con resolver las diferencias y los desajustes con una buena lectura del Estatuto Sindical, donde se plasman los derechos y obligaciones de los miembros, así como el capítulo de sanciones, sus instancias y procedimientos.

El problema de fondo de la indisciplina sindical parece ser la falta de convencimiento de los actores, su ignorancia de deberes y obligaciones, su falta de preparación política-sindical y su desconocimiento de la importancia de la organización y de su contrato colectivo de trabajo y, por ende, la trascendencia de una efectiva y masiva defensa de sus derechos laborales. Es obvio que un sindicato integrado por personas que piensan en términos individuales verá con otros ojos la posibilidad de estallar una huelga y muchos de sus miembros terminarán votando en contra; en cambio, un trabajador política y sindicalmente educado, seguramente optará por defender los derechos colectivos y valorará bajo este criterio el eventual estallamiento de una huelga.

En la reciente revisión contractual de STAUS, quedaron en el tintero una mayoría significativa de reclamos, de señalamientos sobre violaciones al contrato colectivo, incluso de reivindicaciones económicas que se estrellaron con el ya proverbial tope salarial que el gobierno federal impone con la sana intención de precarizar el empleo y socavar los principios de la acción colectiva por la vía de la coacción psicológica y económica. No se puede decir que las ofensas hacia los trabajadores universitarios hayan sido lavadas, ni siquiera como promesa y menos como compromiso bilateral susceptible de reclamo. En el periodo de prehuelga destacaron los desencuentros, la prepotencia sociópata de las autoridades y la impotencia miope de sus víctimas. La reacción lógica, en términos de lo que estaba en juego, era la huelga, pero no fue así.

Da la impresión de que la visión de la comunidad académica es bipolar respecto a sus reivindicaciones y seguridad laboral, porque 507 defendieron el contrato al apoyar la huelga y 815 prefirieron quedarse como estaban. Sin embargo, las quejas de abusos de autoridad, de falta de acceso a los beneficios de la seguridad social, de acciones unilaterales de la administración en contra de los académicos que desean promoverse y que, por los nuevos e ilegales requisitos, no pueden y posiblemente no podrán, se oyeron fuerte y se seguirán oyendo por decisión de una mayoría conformista, cuando no apegada a otros valores.

¿El sindicato resuelve el problema de la falta de conciencia y participación de sus agremiados instaurando tablas de merecimientos, como las nefastas de puntaje para la tortibeca? ¿Se podrá lograr algo más que el rechazo y el abandono con una política de garrote y zanahoria? Considero que no. En todo caso, debiera tomarse el resultado como una evidencia del escaso trabajo sindical que se ha desarrollado, empezando por la vida delegacional y terminando con la manifestación de las mayorías en las asambleas generales. Por fortuna, el sindicalismo universitario cuenta con documentos básicos que pueden y deben servir de guía para las acciones presentes y futuras. Empecemos aplicando el estatuto sindical y exigiendo el cumplimiento puntual del capítulo de derechos y obligaciones de los miembros. Pongamos a trabajar a las delegaciones y hagamos posible el conocimiento y la formación sindical para todos los orgánicamente interesados.


Las medidas represivas y el condicionamiento de derechos colectivos adquiridos deben dejarse a los sindicatos charros, que no generan militancia sino clientelas subordinadas al poder en turno. Los sindicatos independientes nada tienen que imitarles.

viernes, 28 de abril de 2017

Menos mal...

“El trabajo más productivo es el que sale de las manos de un hombre contento” (Víctor Pauchet).
  
Como se sabe, los sindicatos universitarios guardaron cadenas y banderas rojinegras para otra ocasión. Los ofrecimientos en grado de insulto, dieron los frutos esperados, a pesar de ser notoriamente insuficientes, ridículamente bajos, precariamente satisfactorios y absurdamente alejados de la realidad del día a día de los trabajadores de a pie frente a los costos de la subsistencia en estas tierras cachoreras y lixiviadas,  rezongonas pero mansas, criticonas pero apaciguables con promesas de campaña, ofertas irrechazables de un mejor futuro, pero muy en el futuro, cuando la mayoría esté muerta, casi-muerta o  de plano momificada y envuelta en papeles cuyo origen bien puede ser los volantes de protesta repartidos, los periódicos sindicales y las mantas que tuvieron poco uso y escaso lucimiento mediático. La vida sigue su curso, los discursos, ruedas de prensa y afanes reivindicatorios ya forman parte del inventario colectivo de anécdotas. Los estudiantes pueden, en la recta final del semestre cuando todo ya está decidido, estudiar en paz…  

La solución del conflicto, una vez más, fue la pachorra administrativa, la amenaza de algunas incomodidades en caso de tener que hacer guardias, el calorón que se sufre fuera de las refrigeradas aulas universitarias y el desprestigio institucional que sudan los profesores cumplidos y formalmente comprometidos con horarios y formatos, becas y estímulos, y las posibilidades de lograr un retiro burocrático como sea y cuando el destino los alcance. Para otros parece que fue la oferta de un bono por una sola vez que colmaría transitoriamente sus posibilidades inmediatas de consumo.  

En cualquier caso, las violaciones al contrato colectivo de trabajo, los reclamos de rezonificación, de mejores medidas de seguridad e higiene, de salario remunerador, de seguridad social plena y satisfactoria en materia de servicios de salud, pensiones y jubilaciones y vivienda, de respeto a la bilateralidad del reglamento de becas, de los mecanismos de ingreso, promoción y permanencia contenidos en el Estatuto del Personal Académico (EPA), de transparencia y honestidad en el manejo de los recursos institucionales, de cumplimiento de las obligaciones patronales con el Isssteson, entre otros aspectos centrales, pueden esperar a que el infierno se congele porque, al parecer, no eran tan urgentes o importantes y así lo evidenció una mayoría de votos porque las cosas sigan igual, o peor.

La imagen institucional queda inmaculada, porque no hubo huelga; el gobierno de la señora de Torres se apunta un logro porque no hubo huelga; la burocracia universitaria suspira tranquila porque la sucesión rectoral será bendecida con la calma panteonera que obsequian los sindicatos porque no hubo huelga. Menos mal que no hubo huelga…


Menos mal que el contrato colectivo de trabajo no es importante y que todo se puede arreglar con convenios de corte inmediatista, verdaderas invitaciones al olvido de obligaciones legales y de trato justo hacia la parte trabajadora. Menos mal que los profesores universitarios prefieren la calma narcótica de la rutina del llenado de formatos y el cumplimiento de horarios antes que emprender una lucha por éstas y las futuras generaciones de profesionistas dedicadas al servicio universitario docente. Menos mal que la combatividad de los trabajadores se puede canjear por beneficios por una sola vez, y que la precariedad de las medidas de seguridad e higiene, así como la falta de respeto hacia el valor del trabajo, pueden caber fácilmente en la bolsa común de las reivindicaciones fallidas de las masas proletarias.


Sonora está en paz, la universidad está en calma, los funcionarios de una y otra esfera de relaciones pueden gozar de un merecido descanso, sin problemas, porque además se atraviesa el 1 de mayo, día feriado que se conmemora bajo techo, en el CUM hermosillense, mientras que los ciudadanos comunes y corrientes bien pueden broncear la piel y calcinar sus recuerdos por las calles y avenidas de la ciudad, donde marchan a caballo los ganaderos y a pie los asalariados. Menos mal…    

domingo, 23 de abril de 2017

¿Debe haber huelga en la Universidad?

Lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer” (Paulo Freire).

Nadie discute que el derecho a la educación de los jóvenes está garantizado por la ley y las buenas costumbres sonorenses, independientemente de que no se garantice ni la calidad, ni el empleo ni la seguridad social de los egresados. Por supuesto que la educación es una prioridad para el desarrollo del estado y el país, aunque el modelo de desarrollo es el de atraer inversiones en maquilas y otros giros que no generan necesariamente valor, aunque sí precio. Naturalmente que el gobierno vigila con celo la suave marcha de los procesos educativos y financia sin reparos la educación pública, siempre y cuando no le cuesten mucho y no comprometan el gasto dedicado a campañas de autopromoción electoral y de propaganda sobre los milagros logrados por la administración en turno.

Nadie, salvo los afectados directos como son los sindicalistas universitarios, cuestiona e indaga sobre los desvíos de fondos públicos denunciados y sobre los recursos que fueron transferidos de una a otra partida sin justificación ni transparencia alguna. Ningún espíritu justiciero repara en el hecho de que se hayan aumentado las plazas de confianza a costa de las académicas. Tampoco a alguien ajeno a la universidad de a pie parece preocuparle las continuas y reiteradas violaciones al contrato colectivo de trabajo por parte de la administración, lo cual, sin duda alguna, ha contribuido al enrarecimiento del clima institucional y crispado las relaciones entre trabajadores y autoridades. Desde luego, a nadie parece importarle que los trabajadores académicos, así como los manuales y administrativos son parte esencial de la fuerza laboral de la Universidad, regidos y amparados por un contrato colectivo de trabajo en el marco de la legislación laboral vigente, por lo que no son ni mártires ni santos, sino simplemente trabajadores especializados que realizan sus labores a cambio de un salario, tal como ocurre en otras esferas de la producción y los servicios. Si bien es cierto que la parte económica del contrato es importante, también lo es el respeto y la voluntad de diálogo de las partes y, en este caso, la administración se ha negado.

En cambio, a los representantes de la universidad mediática y burocrática les parte el alma la posibilidad de que “no haya clases” y que se “deje sin educación” a los jóvenes que acuden a las aulas desde los más variados lugares de origen, con el consiguiente “gasto familiar”. La angustia corroe las entrañas de algunos funcionarios nalgas planas encaramados en las secretarías, las divisiones y las jefaturas de departamento porque una huelga “afecta la imagen institucional” y hace desmerecer la calma porfiriana que hay en Sonora bajo la gubernatura de la señora de Torres. El coro de plañideras apenas empieza con puntualidad: el día 28 se vence el plazo para evaluar el avance o el estancamiento y abandono de las negociaciones, en el sentido de lograr o no acuerdos y tareas para resolver el conflicto y, por ende, la huelga.

El rector Grijalva y su patético coro de apoyadores a sueldo pueden reconocer las “justas demandas” de los trabajadores, a la par que promueven “incidentes no especificados” ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), con el fin de que se archive el expediente porque el STAUS “ya estalló” la huelga a principios de mes. Lo curioso del caso es que la autoridad laboral admitió indebidamente el incidente, siendo que solamente debió hacerlo cuando se refiriera a la personalidad jurídica de la parte sindical. Si la JLCA viola la ley flagrantemente al admitir un recurso ilegal, ¿cuál es la conclusión que el lector puede obtener acerca de la imparcialidad de la autoridad?

¿Los plañideros supuestamente interesados en la “educación de los jóvenes” están de acuerdo en que se pisoteen, cuando no se desconozcan, derechos sustantivos de los trabajadores? ¿Están a favor de dar una educación basada en la subordinación de los sindicatos a autoridades venales, corruptas y manipuladoras? ¿Qué clase de profesionistas tienen pensado lanzar al mercado ocupacional que prestigie a nuestra Alma Mater y que impulse el desarrollo integral de Sonora? ¿Qué tan innovador puede ser un egresado formado en la servil obediencia del patrón y en la ausencia de conciencia social? ¿Qué utilidad puede reportarle a la sociedad tener alumnos que desconocen los derechos de los trabajadores? ¿La idea de democracia y justicia social no pasa por las mentes de los burócratas encaramados en la administración pública y la universitaria? ¿La educación y la formación profesional se limita al cumplimiento de horarios y calendarios escolares, sin contexto ni contenido? ¿El académico es un robot diseñado para el llenado de formatos y el cumplimiento de horarios? ¿A qué horas dejó de ser universidad para convertirse en una vulgar maquiladora de títulos y constancias?

En la actual coyuntura no está en juego solamente la dignificación del trabajo universitario, de su contrato colectivo, de la existencia misma de los sindicatos, sino la naturaleza formativa de los estudios universitarios. En aras de contribuir a la formación profesional, humanista y ciudadana de los estudiantes y de la dignificación del trabajo profesional tanto de los maestros como del personal de manuales y administrativos ante las agresiones de la administración universitaria, sin duda alguna debe haber huelga en la Universidad de Sonora. Mientras no haya voluntad de diálogo y arreglo transparente y justo, que así sea, por el bien de todos.  


domingo, 16 de abril de 2017

Y usted, ¿ya resucitó?

                  “Donde hay poca justicia es un peligro tener razón” (Francisco de Quevedo).

La semana que resulta Santa por obra de las tradiciones histórico-religiosas que dominan el imaginario espiritual judeo-cristiano, ha concluido como deben hacerlo las semanas dedicadas al tránsito entre la adrenalina y la catarsis liberadora; entre el viacrucis, la pasión, muerte y resurrección del salvador designado, del cordero sacrificial que sufrirá en pellejo propio los errores, trapacerías y resbalones de los simples mortales. Es el “Ecce homo” que la turba espera encontrar tras el desenfreno de una vida irresponsable, tras los excesos y las falencias que producen placer instantáneo, así como remordimientos confesables en el marco de otros excesos igualmente lamentables; la Semana Santa es, finalmente, la reproducción programada del auge, la estabilización y la crisis de un ciclo vital que reporta ganancias turísticas y eventuales nuevas abolladuras en la coraza de respetabilidad de muchos.

Somos una sociedad productora de aves fénix, de delincuentes arrepentidos de cajón, de creyentes acomodaticios de cualquier culto que garantice el perdón y la inmortalidad manifestada en una u otra forma, por uno u otro camino paralelo a la genética, pero sin perder la noción del ser egoísta y marrullero que exigen las circunstancias. Sin duda, el pellejo propio es mejor que el ajeno.

Mientras que la cerveza y la contemplación de la mujer playera, como una belleza natural que debe preservarse de la extinción social, atrapen la atención del espectador, la vida puede seguir su ruta hacia el progreso, hacia la posibilidad de reciclar las viejas estrofas de un romance inacabado con uno mismo y su entorno. El egoísmo tiene una cara conocida en el espejo, pero puede, en aras del equilibrio social, reflejarse en otros cristales y con otros rostros, demostrando que el bienestar propio puede ser también el ajeno.

Es de suponer que lo anterior rebota en el cerebro de Trump, hoy por hoy habitante de la Casa Blanca. Es posible que la bomba con reputación de ser la madre de las demás contenga, además de explosivos letales, algún tipo de mensaje esperanzador para los consumidores de noticias: la civilización occidental estará a salvo en la medida en que tundamos a megatonazos a los que quizá, tal vez, puede ser que, a lo mejor, probablemente constituyan, algún día, una amenaza para “nuestra seguridad nacional”.

La bomba contiene, además, la advertencia de que alguien debe pensar muy bien en las consecuencias de acariciar la sola posibilidad de atacar o afectar los intereses petroleros y de comercio de Estados Unidos, además de sus objetivos de dominación extraterritorial, y que resultará de muy mal gusto, además de una “rara e inusual amenaza”, defender el espacio económico y político nacional frente a los intereses extranjeros. ¿Soberanía nacional?, ¿derecho internacional?, ¡simples excusas para no cumplir los caprichos de las trasnacionales! Así las cosas, la buena conciencia gringa se expresa con claridad meridiana en ese bombazo megatónico que ha dado tanto de qué hablar.

Pero, para jolgorio y satisfacción de nuestra pandilla neoliberal desclasada, la política exterior del vecino del norte incluye en sus planes la incondicional cooperación (se sabe que los títeres no tienen conciencia propia) y apoyo irrestricto a cualquier acción e iniciativa que pudiera presentar en el plano internacional. ¿Ejemplo? Pues ahí tiene la posición de México contra Venezuela en el seno de ese cachivache herrumbroso que es la OEA. Desde esta perspectiva, la democracia debe ser equivalente a la forma en que los gobiernos se agachan y se bajan los calzones ante el garrote gringo y, en consecuencia, entre más blanditos y cooperadores se pongan, más democráticos serán a los ojos de Washington.    

Al viacrucis del pueblo mexicano se pueden agregar los correspondientes a otros pueblos que padecen de gobiernos ayunos en humanidad, víctimas de su propia maquinación contra la razón y la justicia, contra el derecho de las gentes de vivir en paz y con progreso. El pueblo es crucificado, tras un largo y penoso recorrido de escarnio, crueldad y abuso, pero, como sucede con el crucificado del Gólgota, su muerte y el instrumento de su tortura, se convierte en símbolo de su liberación.

Sólo cuando hay plena conciencia del proceso y lo logrado, se puede decir que la resurrección se ha dado, y que el pueblo, como el ave fénix, ha resurgido de entre las cenizas y remontado el vuelo hacia las alturas de una vida sin violencia, con paz y justicia social. Entonces, ha caído el tirano, y el pueblo es su propio salvador.

Viendo cómo están las cosas, ¿usted está dispuesto a seguir con lo mismo? ¿Está dispuesto al cambio? Tras la Semana Santa, ¿usted ya resucitó?

jueves, 6 de abril de 2017

¿Diálogo unilateral?

                                                           “Cada cual es artífice de su propia fortuna” (Salustio).

Parece que las palabras adquieren un nuevo significado cuando las emplean los sordos, los ciegos y los mentecatos irredentos, socialmente hablando. Cualquiera sabe que “diálogo” significa un intercambio bilateral de planteamientos, propuestas, soluciones o, simplemente, inconformidades y mentadas de madre envueltas en eufemismos y expresiones políticamente correctas. La problemática vista de frente, sin ruido ni intermediarios oficiosos, permite medir la fuerza de los argumentos mediante la capacidad de convencer al otro, pero la validez del discurso tiene que responder a una situación que ambas partes identifiquen como cierta, problemática e importante. Si una de las partes entiende como irrelevante lo que se plantea, el diálogo puede no ser significativo, y el interés común pasa a ser particular. En este punto, el ninguneo, la actitud despectiva y la exclusión pueden tomar por asalto la “mesa de negociaciones” y la intención de diálogo pasa a ser monólogo. Los chicharrones de alguien son los que truenan para ser escuchados por los demás.

Actualmente, la Administración de la Unison está empeñada en ejemplificar el no-diálogo a través de la unilateralidad de sus decisiones y de su compulsiva inclinación por ignorar al sindicalismo y desestimar sus reclamos y propuestas de solución. Incluso, se cuestiona la competencia del sindicato académico en cuestiones que tienen que ver, estrictamente, con su materia de trabajo. Si alguien tiene relación directa con las decisiones académicas y su forma de implementación sin duda son los profesores, pero la administración niega la participación de éstos en la planeación, reformas normativas y operación de planes y programas. En este caso, la administración arguye que los profesores carecen de competencia o personalidad legal para intervenir de alguna manera.

Al parecer, estamos ante el caso de que, artificialmente, se separa al trabajador del proceso de trabajo, ya que se le niega el control del mismo y de sus resultados. Entonces, ¿cómo responsabilizar al docente de su desempeño, en términos del aprendizaje de sus alumnos, mediante las evaluaciones en la calificación de su trayectoria laboral? En este caso, ¿qué validez tendrían los puntajes para el otorgamiento de los estímulos a la carrera docente? ¿El trabajador académico puede ser evaluado por acciones y procesos ajenos a su responsabilidad o injerencia?

La situación sugiere que existe unilateralidad que no sólo excluye, sino que desestima la pertinencia de la opinión de quienes por contrato hacen posible el proceso de enseñanza-aprendizaje. La administración y los llamados órganos colegiados monopolizan las decisiones que operan los profesores, sin embargo, los docentes son contratados precisamente para eso; sin embargo, la materia de trabajo reconocida y normada por la legislación y reglamentación universitaria y el contrato colectivo de trabajo (CCT) del STAUS, ponen en el centro del proceso al personal académico. La excelencia y la acreditación de los programas depende, hoy por hoy, del esfuerzo de los académicos.

Sin embargo, el criterio de la administración universitaria es que el sindicato no tiene porqué proponer y señalar cuestiones relacionadas con la matrícula, la ampliación de la oferta, los planes y programas de estudios, entre otros aspectos. En otras palabras, en materia académica, los docentes nada tienen que decir, proponer u observar, solamente cubrir cursos, cumplir horarios y llenar formatos.

Pero si este caso es preocupante, con más razón lo es la absoluta opacidad con que se manejan los recursos económicos asignados a las funciones sustantivas de la institución. Ha trascendido que existen plazas académicas que se han desviado para engrosar la nómina de confianza y que partidas existentes, como la de vivienda, ni se conocen y menos se aplican en beneficio de los trabajadores, sino que se canalizan para fines no identificados, lo que supone un caso de discrecionalidad en el manejo de las finanzas institucionales. Este tipo de situaciones han sido la materia de reclamos recurrentes del sindicato y que la administración se ha negado aclarar. El estado de las finanzas institucionales es, para los sindicatos, un misterio por resolver.

Como sabemos, la administración ha modificado unilateralmente el Estatuto de Personal Académico, el Reglamento de Becas, las convocatorias para los concursos para el ingreso temporal o definitivo del personal, entre otros asuntos que son, por su contenido, claras violaciones al CCT y evidentes causales de huelga, en caso de no haber un cambio de actitud por parte de los representantes de la autoridad.

El reiterado desprecio hacia la parte laboral, el ocultamiento total o parcial de información crucial en esta etapa de prehuelga, la desinformación que la administración se complace en difundir a través de entrevistas y comunicados a la opinión pública, permiten suponer que no hay voluntad real de diálogo, y que la simulación y la opacidad son los instrumentos elegidos por la autoridad para su relación con la contraparte sindical.

Es claro que en esta coyuntura está en juego la integridad y la credibilidad de la organización sindical, habida cuenta que la defensa del contrato colectivo de trabajo debiera ser el punto de unión de todas las corrientes y sectores del personal, tanto académico como manual y administrativo. Sin embargo, se observa una tendencia hacia la desactivación de medidas que puedan afectar a la administración, como son los paros parciales o totales de actividades, debido al temor de algunos trabajadores de ser objeto de descuentos por faltas. La pregunta obligada es la siguiente: Si no están dispuestos a afrontar un eventual descuento de un día, ¿serán capaces de aguantar una huelga?


La urgencia actual es lograr la unidad de propósitos y acciones y, sobre todo, la conciencia de ser trabajadores en lucha por los más obvios e indiscutibles derechos contractuales, sin los cuales no tendría caso el sostener un membrete vacío de contenido con el nombre y el logotipo de la organización sindical. Se estaría en manos de la voluntad omnímoda y autoritaria de una administración cada vez más carente de respeto por la legalidad y dispuesta a desconocer las conquistas históricas de los trabajadores universitarios de Sonora. El momento de la acción es hoy, el mañana será sólo el producto de lo que hagamos o dejemos de hacer. La moneda está en el aire.