El tema de la impunidad

“Muchas veces se hace el bien para poder hacer impunemente el mal” (Francois de la Rochefoucauld).

Como usted habrá notado, la impunidad ahora no es problema sino “tema”. Todos los personajes públicos hablan o piensan hablar de ella, como si al pronunciar la palabra “impunidad” estuvieran declarando su adhesión a la justicia y al imperio de la ley y librándose de las sospechas y las consecuencias morales y estrictamente legales de leperadas cometidas o por cometer.

La impunidad es un feo baldón social en un contexto en el que todos hablan de la transparencia y la rendición de cuentas, de la honestidad y la probidad de los funcionarios públicos y los políticos con aspiraciones y, quizá por eso, hay que exorcizar los demonios de la curiosidad pública en asuntos que se puedan fraguar desde las cómodas y auspiciosas esferas del poder. Como se sabe, la corrupción es una especie de Sida moral que aqueja, atosiga y atrapa a quienes ocupan cargos y posibilidades de salir de pobres mediante el cada vez más empresarial ejercicio de las funciones públicas. Muchos entran al puesto con una mano atrás y otra adelante, pero en la medida en que aprenden a tocar las teclas apropiadas y conocen las claves y conexiones del poder empiezan a desarrollar no sólo relaciones problemáticas sino acciones de indudable ilegalidad. Muchas riquezas al vapor se han amasado gracias al voto de usted, de los descuidos intencionales de la autoridad competente y del arte de simular lo que no se es.

Recuerdo con signos de admiración la declaración de fe en la legalidad del entonces alcalde Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (“Maloro” para efectos mediáticos), referida a la “administración anterior” correspondiente al panista Alejandro López Caballero, a la sazón investigado por desviación de fondos públicos. “Nosotros no vamos a dejar nada, ninguna actuación ilegal que lo tenga que hacer el Ayuntamiento, eso (investigación de Alejandro López Caballero) lo está viendo la Contraloría y el Director Jurídico” (El Sol de Hermosillo, 13-02-2016); o la declaración de Natalia Rivera, Jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, referida a los expedientes “mal cerrados” del gobierno de Guillermo Padrés Elías, correspondientes al caso del ISSSTESON y del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte (Femot), donde “coincide” con el fiscal Odracir Espinoza: “Debe generarse alguna responsabilidad sobre el funcionario que haya cometido alguna ilegalidad, que entiendo es exactamente la misma opinión que tiene el fiscal y la comparto” (misma fuente).

Como se ve, los funcionarios, estrellas luminosas en el firmamento de las coyunturas, casualidades o veleidades políticas, se sienten obligados a pronunciar el mantra de lo políticamente correcto, sea porque tienen responsabilidad ejecutiva o porque se suman a quienes legalmente la tienen, aunque es justo aclarar que el simple pronunciamiento no obliga, previene ni mucho menos disuade de ninguna conducta delictiva al declarante, como queda claro a los hermosillenses que deben esperar sentados que se haga justicia en el caso del ISSSTESON o del exalcalde López Caballero, entre otros.

En nuestro medio tenemos la costumbre de criticar la deshonestidad y una vez cumplido el ejercicio de nuestras facultades de aparentar lo que no somos o creemos cerramos el expediente y nos vamos a otra cosa, independientemente de que sigamos con ojos absortos el devenir noticioso de la comunidad y nos regodeemos de las nuevas trapacerías de los personajes del pasado reciente o los que están de turno porque, como buenos ciudadanos, “los estamos vigilando”.

La impunidad y la corrupción son aspectos oscuros que volvemos visibles sólo en caso de tener necesidad de expiación de culpas a través de la flagelación ajena, de darse baños de honestidad gracias a la exhibición del otro, de ese cabrón canalla que robó, huyó o es visto por las calles gozando de su botín y de su bien ganada fama de pillo apalancado, protegido en los hechos por la generosidad de la autoridad en turno, la laxitud acomodaticia de los nuevos juzgadores, la muy calculada ineptitud del sistema de justicia y la magia que transforma el delito, la infracción o el crimen en un “tema”, dejando de ser lo que es: un problema legal y social de enormes consecuencias para todos.

Me pregunto ¿cuándo nos decidiremos a ser una sociedad que ponga sus deberes y obligaciones legales, políticas y sociales por encima de los compadrazgos, parentelas, complicidades y afinidades políticas? La respuesta no está en las palabras de ocasión sino en el compromiso y acciones de las autoridades competentes por cumplir y hacer cumplir la ley y procurar justicia. ¿Será mucho pedir?

Hablemos de seguridad

“La seguridad no ocurre sola, es el resultado del consenso colectivo y la inversión pública. Debemos a nuestros niños, el recurso más valioso de nuestra sociedad, una vida libre de violencia y miedo” (Nelson Mandela).

¿Hermosillo es una ciudad segura? ¿Lo son Guaymas o Ciudad Obregón, entre otras? ¿Qué ha pasado desde que usted yo podíamos transitar a media noche sin riesgo por las calles de la ciudad? Lo anterior a propósito de las balaceras, persecuciones, asaltos o levantones que se escenifican en cualquier lugar y hora ¿Somos territorio por conquistar o marcar para tal o cual grupo delictivo? ¿La Iniciativa Mérida que derrama sumas millonarias actúa en sentido inverso a lo declarado por el gobierno? ¿Nos parecemos a Colombia, pero sin la ostensible presencia de bases militares gringas, aunque contamos con sus agencias actuando en territorio nacional? ¿La DEA debe seguir manteniendo su presencia en México, al igual que otras agencias extranjeras o, como en el caso de Bolivia, ser conminada a abandonar el país por un gobierno que trabaja para hacer posible la recuperación de la soberanía nacional y el progreso de su pueblo? ¿Tiene un gobierno extranjero que meterse en asuntos de competencia exclusiva de los nacionales, a ciencia y paciencias de las autoridades que actúan como sus subordinadas?

Si piensa que estoy revolviendo patas con bofe le aclaro que no es así. Sucede que la policía municipal es el aterrizaje, o primer frente de batalla de políticas que trascienden al gobierno local y que tienen como origen la filosofía política y las medidas prácticas del gobierno nacional en turno. La prevención del crimen y la delincuencia parte de una concepción del espacio vital y de la responsabilidad que el gobierno asume de preservarlo. Usted recordará que Fox firmó el TLCAN Plus, que abarcaba asuntos de seguridad y que Calderón abrió lo que quedaba por abrir a la injerencia de los gringos al desatar una “guerra” contra el crimen organizado que dejó cientos de miles de cadáveres regados en el país y puso en primera plana la virulenta presencia de los capos de la droga y sus organizaciones, la cobertura territorial y la lucha por el espacio vital de sus negocios. Paralelamente, usted recordará que el trasiego de armas fluyó como un río caudaloso y hubo experimentos de una estupidez increíble de parte de los gringos que permitieron el ingreso de armas que finalmente se perdieron de vista y, ya fuera de “control” terminaron en los arsenales de los cárteles, al parecer los beneficiarios reales de la política de control de drogas acordada, por no decir impuesta a nuestro gobierno por los gringos.

En otras palabras, las calenturas del expansionismo militar gringo las hemos sudado nosotros, los vecinos de al lado, los que firman acuerdos y pactan cesiones de soberanía a cambio de una palmada en el hombro, un guiño de millones de dólares y la soterrada venta de protección que suelen ofrecer los terroristas internacionales y los mafiosos empoderados en el sistema financiero-militar que regentean en Washington.

Si usted se ha fijado, el marco legal y la configuración de la seguridad pública se ha reformateado al gusto de nuestros vecinos del norte, las leyes han cambiado y los sistema de procuración de justicia por consecuencia lógica también. Vea que cada vez nos parecemos tanto a las viejas series policiacas como a las actuales en el lenguaje, las prácticas y la histeria mediática; a las explicaciones, los hallazgos y las pifias de los teleculebrones de importación y a la sanguinolenta cotidianidad de una ciudad y un estado que falla por pérdida clara de autoridad y coherencia histórica y normativa. Tenemos una oleada de asesinatos, que recuerdan a un perro marcando territorio y gruñendo al oponente, y a autoridades de seguridad que buscan el refugio de la declaración en medios, de la carencia de recursos, de propósitos de “coordinación” con otras “agencias” y de fortalecer la presencia de afectivos militares en tareas de seguridad en el medio urbano y rural del municipio afectado.  

Me parece que es tiempo de revalorar nuestros verdaderos compromisos con la legalidad y la justicia, con la protección de los ciudadanos y la tranquilidad del municipio, lo que supone replantear la presencia de agencias extranjeras de cuya injerencia dan cuenta los acuerdos, pactos y memorándums ejecutivos que funcionan por gravedad, es decir, de arriba hacia abajo, del gobierno federal a los estatales y municipales, considerando que México es también en esa materia el traspatio y campo de juegos y experimentos sociales del oligofrénico que despacha en la Casa Blanca, se entiende que la de Washington.

No es posible ignorar que detrás de una medida política está un interés económico, de suerte que el tema de la seguridad pública no está tan lejano del de la seguridad nacional y esto nos lleva por fuerza a revisar críticamente el sistema económico y las medidas de política que de él se derivan. ¿Podemos ignorar qué tenemos una población asalariada que sufre el alza de los precios en bienes y servicios y que ve mermado su derecho a la seguridad social, a quien se regatea el acceso a la salud y que padece el saqueo de sus ahorros mediante las afores y el robo descarado de los fondos pensionarios? Si al terrorismo económico le agregamos la inseguridad lo que tenemos es un coctel explosivo que en cualquier rato estalla.

El nuevo gobierno debe rectificar la ruta, corregir el rumbo, enfrentar los intereses y grupos de siempre y atreverse a hacer la diferencia. Es claro que no es fácil, que se tendrán que librar batallas internas y externas, habida cuenta la realidad de tener un vecino vicioso, hipócrita, traicionero, perverso y fuertemente armado y una clase política acostumbrada a las componendas, complicidades y corruptelas. Quizá se planteen cambios pensando en el largo plazo, pero es un paso que se debe dar en la ruta de la recuperación de la república, hoy traicionada, vendida, saqueada y reducida a su expresión más patética: ser una especie de protectorado gringo, una colonia de experimentación social y de explotación económica. Ya basta.

Jaloneo legislativo

“Nunca olvides que lo que hizo Hitler en Alemania era legal” (Martin Luther King).

Con la llegada de Morena al escenario político de Sonora el agua se pone al punto de chocolate. Usted recordará que a la señora gobernadora o, para el caso, a los diputados del PRIAN se les ocurrió la idea de hacer cambios a la Constitución local, quitando facultades al Poder Legislativo, es decir, a los diputados que integran el Congreso del Estado para pasarlas al Ejecutivo, es decir, a la señora de Torres que gobierna nuestra entidad federativa, en un juego de quitar, poner y condicionar que en resumidas cuentas lo que hace es dificultar y poco menos que inutilizar los recursos que por ley corresponden a los representantes populares.

Son memorables las escenas frente al edificio del Congreso del Estado, colmado de ciudadanos protestando por lo que era a simple vista un golpe legislativo en contra de los recién llegados: Morena podrá tener mayoría por decisión popular, pero el viejo sistema no se resigna a soltar prenda y hace lo posible por frustrar cualquier posibilidad de cambio. A estas alturas es claro que la cosa habrá de cambiar con la velocidad esperada cuando los candidatos de Morena ocupen la titularidad de los tres órdenes de gobierno y la oposición, en este caso reaccionaria y retrógrada, sea vencida, por eso se justifica la demanda de que “ni un solo voto al PRIAN”. ¿Se han cometido algunos errores? Sí, pero el sistema está dedicado a poner piedras en el camino de Morena. Todas las que puede encontrar. Mientras tanto, cabe observar atentamente las maniobras ratoneras del gobierno y tomar nota para las próximas elecciones.

Pero si al golpe legislativo, hecho en lo oscurito y con generoso incentivo económico al diputado que se puso flojito y cooperando frente a los caprichos que opera y protagoniza la dama que ocupa las oficinas más confortables del palacio de gobierno, se le agrega la rebelión en la granja legislativa encarnada por los funcionarios de alto nivel que se resisten a abandonar sus oficinas en el Congreso del Estado y hacen de víctimas del cambio, entonces debe quedar descubierta una absurda y deleznable maniobra de sabotaje a las labores de los diputados que integran la LXII Legislatura que inició actividades el 16 de este mes.

Como se ve, el panorama político sonorense da para mucho y es imposible aburrirse para quienes siguen el curso de esta transición que cuenta con sus principales enemigos a quienes están agarrados del puesto a veinte uñas sin entender que, quiéranlo o no, aquí se está escribiendo otra historia.

Muchos esperan que el caso terrible de la Guardería ABC quede resuelto sin los tradicionales chivos expiatorios, sin la subrogación de culpas y culpables, sin manipulaciones legales e informativas, sin los disimulos exculpatorios de delincuentes de cuello blanco y apellidos largos. La justicia debe llegar por fin a los pequeños que no debieron morir y a sus familias. También se espera que la catástrofe ecológica de profundas implicaciones económicas y sociales provocada por Grupo México contra los habitantes del Río Sonora que se filtra con el agua envenenada por distintas partes del Estado tenga la atención efectiva y eficaz del gobierno federal y estatal, y que se finquen responsabilidades legales a los perpetradores, incluidos los funcionarios venales tanto del Poder Ejecutivo como del Judicial que han actuado como cómplices de dicha acción criminal. Nadie puede ignorar que el impacto humano y económico del derrame ha sido tremendo, inimaginable. Nadie puede avalar la indolencia del gobierno y las complicidades que se han tejido en torno a Grupo México.

Asimismo, los trabajadores activos y jubilados de Sonora esperan que el latrocinio, la rapiña y el desaseo administrativo de ISSSTESON sea finalmente resuelto y se restituyan los fondos pensionarios de los trabajadores. Cabe recordar que las cuotas pagadas puntualmente nunca se reportaron al Instituto, porque quedaron en el tortuoso camino del pantano administrativo en que se ha convertido el gobierno, sea del PRI o del PAN. En este contexto, resulta absurdo e insultante que, por ejemplo, el Instituto quiera aumentar las cuotas de los trabajadores universitarios y que existan líderes sindicales que hagan labores de zapa en la conciencia de los trabajadores, en un intento inmoral de convencerlos que “deben pagar más” por lo mismo o menos. La lucha por la seguridad social nos involucra a todos, y su problemática ya está afectando a cada vez más trabajadores que sufren desabasto de medicamentos, carencia de materiales de curación, de atención especializada, de las mínimas garantías que marca la ley y los convenios firmados con el Instituto, así como las previstas en los contratos colectivos de trabajo.       

Por otra parte, gracias al régimen PRIANISTA que hemos padecido con singular aguante, Sonora es un territorio víctima del crimen organizado, coto de caza de grupos e individuos al margen de la ley. Las ciudades son peligrosas para la salud física, moral y económica del ciudadano y no hay patrimonio seguro ni autoridad confiable. Es claro que se ha gobernado a través de la simulación, la publicidad pagada, los “chayotazos” y las prebendas y concesiones que hacen de la ley un chicle en verano y a plena luz del sol.  

Pues bien, si el pueblo quiso el cambio y lo expresó el 1 de julio, ¿por qué el gobierno local se empeña en entorpecer la transición y enturbiar las relaciones entre poderes? ¿Por qué protagonizar actos de evidente autoritarismo y de vil sabotaje a las instituciones de Sonora? ¿Por qué generar un estéril jaloneo legislativo cuando existen problemas de apremiante solución? Queda claro que el PRIAN no sirve ni volviéndolo a hacer. Lo bueno es que ya se van… ¿o no?

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Misterio legal

“Con las leyes pasa como con las salchichas, es mejor no ver cómo se hacen” (Otto Von Bismark).

El día 8 de agosto pasado Sonora fue víctima de un claro y evidente golpe legislativo que dio por resultado la promulgación de la Ley 288, “… una ventajosa reforma que otorga más discrecionalidad al Ejecutivo y subordinar al Legislativo a los deseos del mandatario sonorense en turno./ Esa ley también otorga facultades a la gobernadora Pavlovich que sólo corresponden al Legislativo; anula las atribuciones de los diputados en materia de revisión de cuenta pública y de supervisión del Ejecutivo, así como relega la facultad que tenían los legisladores para designar a los titulares de los organismos autónomos y personal administrativo del parlamento local” (Proceso,13/08/2018).

Como lo habían anunciado oportunamente, tanto los diputados locales electos de Morena como los senadores Alfonso Durazo, Lilly Téllez y Olga Sánchez Cordero, se promovió la impugnación de la citada reforma constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual se admitió a trámite por medio de la ministra Margarita Luna Ramos. Este recurso se suma a la acción de inconstitucionalidad que presentó la PGR el 13 de septiembre pasado ante el citado tribunal constitucional, misma que aún se encuentra en trámite. La demanda de referencia contra los poderes Ejecutivo y Legislativo de Sonora impugna los artículos 31, párrafo tercero y 140 párrafos tercero, fracción VI y cuarto de la Constitución Política local y, según Morena, dichos preceptos otorgan nuevas facultades al Ejecutivo en materia de presupuesto y veto, y restringen la representación legislativa de coaliciones y candidaturas comunes (El Financiero, 18/09/2018).

Con relación al asunto en comento, el Consejero Jurídico del Gobierno de Sonora, Ivan Jaimes Archundia, refirió que Morena no está impugnando lo relativo al artículo 64, fracciones XXII y XXIII de la Constitución Política del Estado de Sonora (CPES) relativo a las observaciones del presupuesto: “el escrito de Acción de Inconstitucionalidad promovido por Morena contiene dos conceptos de invalidez el primer concepto de invalidez impugna la constitucionalidad del artículo 31, párrafo tercero de la CPES únicamente en las proporciones normativas que en cada caso rezan sobre la coalición o candidatura común, en el segundo concepto de invalidez impugna la constitucionalidad el artículo 140, párrafo tercero, fracción VI, así como el párrafo cuarto del mismo precepto de la CPES en las porciones normativas que respectivamente dicen: Fracción VI por violaciones a las normas jurídicas que rijan los procesos electorales y por cuanto hace a la proporción el Gobernador del Estado tendrá la participación que le asigne la ley", y puntualiza que el recurso promovido por Morena “tiene que ver con las reformas que se aprobaron y publicaron por parte de los legisladores locales en agosto del presente año, únicamente en la parte electoral donde tienen legitimidad y ahora toca a la Suprema Corte de Justicia de la Nación evaluar el alcance de las mismas” (El Reportero, Comunicado, 18/09/2018).

Como el agudo lector podrá observar, aquí parece que se priorizó “la parte electoral” y se dejó de lado lo relativo al reclamo popular del famoso veto ejecutivo que mete las manos hasta la cocina en materia de presupuesto, con la consecuente atadura de manos a los señores integrantes de la recientemente estrenada LXII Legislatura, que habrá de bregar con la gobernadora priista CPA hasta que las próximas elecciones los separen.

Quizá la interpretación del asunto tenga defectos graves, a lo mejor nos equivocamos de lectura, o probablemente a alguien llevado por la emoción del momento se le chispoteó el detalle de la materia presupuestal y la fluida operación del Congreso. No lo sé. Lo que sí parece claro es que los reclamos públicos a la famosa reforma-ley 288 no tienen mucho que ver con la muy reducida dimensión del reclamo formalizado por la parte afectada, según los medios de información consultados. ¿Se impugnaron los aspectos perversos de la ley 288, que desequilibra la relación entre poderes, o solamente la parte electoral de esta? Las declaraciones del consejero legal del Gobierno del Estado apuntan en esa dirección. Sería muy saludable que la directiva de Morena o sus legisladores hicieran la aclaración pertinente, para que el público tenga idea de si va a prosperar el capricho de la señora de Torres o si hay posibilidades de echar abajo este atropello legal contra el pueblo de Sonora de acuerdo con el texto de la acción de inconstitucionalidad promovida.

Con ustedes, Morena.

“El mago hizo un gesto y desapareció el hambre, hizo otro gesto y desapareció la injusticia, hizo otro gesto y se acabó la guerra. El político hizo un gesto y despareció el mago” (Woody Allen).

Como se dice por ahí, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Quienes pensaban que la llegada de un partido distinto al PRI o al PAN no era posible en Sonora y menos en la capital del estado, pues se tiraron planchas. Morena es la fuerza política más significativa en Sonora y, hay que decirlo, del país.

En este mes patrio, el acceso al poder por parte de muchos ciudadanos criticados y adjetivados como chairos, pejezombies, entre otras lindezas de expresividad punzante, se ha visto colmado de realidad y expectativas. El domingo 16, tras el sí protesto de rigor y en recinto declarado como oficial para efectos ceremoniales, se consagra una nueva clase política y una nueva historia en la capital de Sonora.

Ciudadanos venidos a políticos en el juego del poder y las propuestas de cambio verdadero, protagonizado por el vecino de al lado, el académico universitario, el profesionista libre, el empleado público o privado, el ciudadano de pleno derecho que raspa su bicicleta en las oquedades de las calles mal pavimentadas y en los vericuetos de la inseguridad urbana, donde a la menor provocación alguien saca la pistola, el objeto punzocortante, la mentada de madre y el golpe feroz que refrendan la calidad de vida y el estado de violencia que nubla las calles y palpita en cada esquina, plaza, calle y casa hermosillense.

El Ayuntamiento abre un nuevo capítulo de retos y sobresaltos, sin olvidar la corrupción que se cuela entre las grietas del edificio municipal y la mugre acumulada que exige carta de naturalización por, al menos, otros tres años; vicios y chuequeces apoltronadas en oficinas, pasillos, recovecos estructurales y olores antañones que se pegan en los pulmones de quien respira sin advertencias. El pasado, como se le quiera ver, está presente y exige un respeto que no merece, clama porque la mugre quede pegada y la basura siga siendo depositada bajo las alfombras; gestiona, litiga y cabildea por una amnistía donde el delincuente es, simplemente, un servidor público con necesidades especiales.

La nueva administración debe entender que sus sillones y oficinas tienen memoria de aciertos y errores que parten de una concepción filosófica, moral y política distinta, y que ahora y en el futuro, la función del gobierno será impulsar, afirmar, conducir el nuevo rumbo del quehacer público municipal. Sin la cabeza del gobierno el cuerpo de la administración no será lo que queremos, no enfrentará al enemigo oculto y acomodaticio del despilfarro, la simulación y el fraude. Es verdad sabida que la Cuarta Transformación empieza en los municipios, abarca el Estado y colma con su pujante fuerza al país en su conjunto. El todo es la interacción de las partes. Así pues, Hermosillo capital y el resto de los municipios son el caldo primigenio del cambio, la masa crítica de las transformaciones nacionales porque son la célula misma del federalismo mexicano y la democracia.

Es claro que los que llegan al edificio municipal y sus dependencias no lo saben todo, no lo pueden todo, no harán todo, como no sea poner su empeño y mejor esfuerzo en hacer valer la legislación municipal, la Constitución local y nacional y el compromiso ciudadano expreso que distingue a Morena del resto de los partidos. La honestidad puede y debe convertirse en costumbre.

En este contexto, el ciudadano de a pie, usted y yo, debemos estar atentos al quehacer público, ser la salvaguarda de la legalidad e integridad del gobierno, sus principales vigilantes y sus mejores aliados, sin complicidades, sin concesiones baratas a la suciedad que aún existe pegada a las paredes del edificio municipal, a la fauna nociva y los defectos que cada trienio son maquillados por razones del cambio y, desde luego, a la mugre y los nuevos lamparones oportunistas que buscan su espacio en el traje nuevo del gobierno y la entrante administración.

Para las agruras de algunos y el regocijo de muchos, señoras y señores, con ustedes, Morena.

Calenturas de ocasión

“Es mucho más fácil criticar a los que mandan que mandar a los que critican”
(Revista La Codorniz).

La angustia invade el alma de muchos (¿o nomás algunos?) ciudadanos que votaron por Morena y declararon firmeza en su convicción cuando la ola iba en ascenso y se suponía que la campaña y el triunfo del 1 de julio se iba a congelar en el espacio-tiempo de las ilusiones huérfanas de realidad: -¿Ya vio usted que los cabrones senadores de Morena concedieron licencia al güero Velasco, sátrapa de Chiapas?- dice el airado ciudadano y remata: -seguramente hubo un pacto en lo oscurito, igual que antes lo hacían los del PRIAN-. Así, la ola del entusiasmo baja por razones de gravedad y se estrella en la roca de la acción política con proyecto mientras barre la arena suelta de playas ciudadanas de fin de semana.

Para los decepcionados precoces resulta difícil entender que el Senado no es un tribunal inquisitorial guiado por la pureza de una moral que, en el mejor de los casos, deriva del hastío, del hartazgo por tanta y tan variada manera de transgredir la ley y bailar tanto sobre las normas legales como sobre la voluntad del pueblo elector. El Senado es, simplemente, el órgano del Poder Legislativo que representa a los estados de la república federal y está sujeto a la legislación vigente. En este carácter, no tiene facultades para juzgar la moralidad de una licencia solicitada por uno de sus miembros y, visto con crudeza, debe otorgarla por ser un derecho de los legisladores. De cualquiera de ellos.

Que Manuel Velasco Coello, gobernador con licencia quiera regresar a su estado para ejercer hasta el 8 de diciembre la gubernatura en calidad de sustituto es asunto de los chiapanecos; el senado debe ver el qué, no el para qué de la solicitud que, como queda dicho, corresponde al pueblo y gobierno de Chiapas juzgar, aceptar o impugnar las intenciones o propósitos del solicitante en el marco de sus facultades. En este caso, debe aclararse que en esa entidad federativa pudiera promoverse un recurso de inconstitucionalidad en los términos del artículo 116 de la Constitución federal cuya primer norma dice que: “Los gobernadores de los Estados, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de interinos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho”.

Pero este asunto no es necesariamente problema del Senado sino del Congreso chiapaneco, que debe vigilar que sus normas locales no transgredan lo dispuesto en la Carta Magna, así como, en su caso, pudiera ser materia de análisis por parte de la inefable Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Usted podrá argüir que antes habían dicho que no y después cambiaron de opinión quizá por turbias componendas y aviesas intenciones políticas, pactos secretos y viciosas e impúdicas maquinaciones en beneficio de …Morena, y su proyecto de la Cuarta Transformación. De ser así, pues qué cabrones están al trabajar por una mayor fortaleza política en el seno del Poder Legislativo federal, habida cuenta que casi de manera simultánea cinco diputados del Partido Verde se pasaron a la mayoría representada por Morena. ¡Habrase visto tal horror de afinidad coyuntural!

Lo cierto es que los senadores aprobaron la solicitud tras una pifia inicial que suena contradictoria pero que finalmente se resolvió por la afirmativa porque, según parece, privo el estricto apego a la norma vigente, sin juicios de valor, sin especulaciones de qué propósitos animarían a Velasco al plantear la multicitada solicitud. Se ejerció un derecho y, desde luego, el propio “beneficiado” tendrá que atenerse a las consecuencias en caso de que alguna fuerza política de su estado natal sienta que debe manifestar su oposición y emprender el reclamo legal fundado en el texto constitucional arriba citado, violado según se ve por la propia LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas porque votó a favor de su regreso como gobernador sustituto en la sesión extraordinaria que realizó el 4 del presente mes, en congruencia con la reforma constitucional propuesta por el mismo titular del Ejecutivo estatal y aprobada el pasado 24 de agosto.

 Creo que los legisladores de Morena no se chupan el dedo, y que, si trastabillaron para finalmente decir que sí a la licencia, fue con la sana intención de dejar de lado los muy fundados prejuicios y objeciones morales para ajustarse lisa y llanamente a las normas legales, con la expectativa nada remota de que la parte más interesada en la vigencia plena del texto constitucional haga la parte que le corresponde. Cabe recordar que tanto el gobernador electo como la mayoría simple de los diputados de la próxima LXVII Legislatura son de Morena. El balón está del lado chiapaneco de la cancha. ¿Tendrán el valor de desfacer el entuerto legislativo perpetrado por Manuel Velasco y el Congreso cómplice saliente? Veremos…

Herencia nefasta

“Como siempre, apenas uno pone los pies en la tierra, se acaba la diversión” (Mafalda).

Soplan los aires del cambio en las arideces locales y nacionales y se avizoran eventos importantes que suponen lisa y llanamente un golpe de timón en la conducción de la nave nacional. El buen deseo ocupa un lugar estelar en el marco de las expectativas que la población se genera con motivo del cambio de gobierno. La pregunta clave es si se podrán remontar las enormes cargas de corrupción, nepotismo y abuso en el ejercicio de las atribuciones que concede la ley a los funcionarios públicos, así como la discrecionalidad en el manejo tanto del presupuesto como en la interpretación y aplicación de las normas.

Se ha dicho que no habrá nadie por encima de la ley y que habrá justicia y orden en la vida nacional porque se cuidará escrupulosamente el presupuesto, se seguirá una política de austeridad en el gasto, de transparencia y rendición de cuentas; se revisarán los contratos de Pemex y los negocios inmobiliarios, entre otros alentadores propósitos. Desde luego que lo anterior cae en el terreno fértil de la esperanza, avivada por el hecho de que perdió el PRIANRD y su larga cola de agravios y mentiras. Por supuesto que todos o una gran mayoría espera y desespera por ver y ser protagonista del cambio; algunos hasta cambiaron de urgencia el bote en el que navegaban para ser acogidos en la cubierta de Morena, trasatlántico de moda que esperamos sea capaz de sortear los peligrosos icebergs de las aguas neoliberales.

Estamos montados en la ola del entusiasmo vivificante del cambio, de la novedad que se inscribe en una larga historia de errores y engaños que nos ha llevado a ser traspatio y basurero del burdel regenteado por el tío Sam, que escribió como le dio la gana la historia del siglo XX y que reclama derechos de propiedad sobre el continente y más allá en este atribulado siglo XXI. Son tantas y tan evidentes las faltas de ortografía de su discurso que muchos países prefieren no enfrentar al loco de Washington y simulan hasta la escritura y el estilo del orate babeante que con vocación genocida atosiga al mundo. México ha sido un alumno aplicado en materia de subordinación y vasallaje, desde los tiempos en que el discurso de la revolución de 1910 se empezó a sustituir por el garabato ideológico del “liberalismo social”, o incluso antes, cuando entre las palabras y los hechos se abría un abismo de realidad que daba vértigo y hacía perder el sentido de las proporciones y donde sonaba cada vez más confuso el mensaje constitucional de la independencia, la soberanía política y el dominio de la nación sobre sus recursos naturales.

Si recordamos que un círculo entre más se le acaricia se vuelve más vicioso, ahora casi nadie repara en el hecho de que la política económica y la hechura y aplicación de las normas legales, sociales y culturales están preñadas de los elementos transculturales de los gringos y para su exclusivo beneficio. Así, tenemos funcionarios federales que se bajan los calzones cuando hay gringo a la vista por lo que no nos debe extrañar que haya gobernadores que babean por establecer acuerdos de cooperación e intercambio con sus homólogos angloparlantes, facilitando la desnacionalización de sus estados y el aprovechamiento extranjero de sus riquezas naturales y la posición geográfica de que disfrutan.

Playas, regiones mineras, zonas turísticas, reservas naturales, biodiversidad, agua, áreas con potencial para la generación de energía, infraestructura y facilidades legales para la inversión sin la monserga del pago de los impuestos correspondientes a los beneficios recibidos como ocurre en otros países, todo ello es para la complacencia y disfrute de los extranjeros. El mexicano es, hoy, un paria en su propia tierra. Los extranjeros se provechan de nuestros recursos, pero también reconfiguran nuestro sentido de pertenencia, de identidad nacional, de historia y destino.  

Pero, lo más grave quizás sea la absoluta impunidad de que gozan los depredadores nacionales, los traidores nalgas prontas que trabajan para el extranjero tanto como para su propio beneficio, al margen de la ley, la decencia y la lealtad a la república. Tenemos funcionarios que roban, defraudan, trafican con influencias, realizan negocios privados a la sombra de los puestos públicos, sirven de tapadera al crimen organizado, y hacen de la política el arte perverso de medrar sin responsabilidad ni freno a costa de los bienes públicos y la seguridad nacional.

Los más de 30 años de neoliberalismo de guarache han dejado una herida supurante que requiere de asepsia general y cuidados intensivos hasta tener la seguridad de que el paciente sobrevivirá y podrá seguir su camino. El nuevo gobierno, en los municipios, estados y la nación entera deberá dejar de lado la herencia nefasta del entreguismo neoliberal y atreverse a dar vuelta a la hoja. Se debe valorar en serio el concepto de soberanía y plantar cara al extranjero que siente que somos su patio de maniobras. Ya basta.

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