Una comisión para la comisión...

“El trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine” (Ley de Parkinson).

Al parecer, nuestro subdesarrollo político y cívico ha llegado a extremos kafkianos, donde la idea de una celosa defensa de la transparencia y la rendición de cuentas están más de lado de las apariencias que de la realidad. Sin embargo, vale la pena pensar en que los esfuerzos por retocar el maquillaje oficial son compartidos por los sujetos obligados y por otros que no son, pero aparentan ser parte del tinglado gubernamental. Es decir, tenemos funcionarios públicos que deben sujetar su actuación al marco legal vigente y son los obligados legalmente a acatar las normas de sus empleos o cargos, sin embargo, en los últimos tiempos se han creado comisiones y comités ciudadanos que los acompañan con ánimo fiscalizador, y que, de repente parecen ser cuasi-funcionarios públicos que llegan con la cobertura de una ciudadanía activa y terminan siendo, en la práctica, parte del aparato estatal.

Actualmente se debate en las redes sociales la existencia de un comité ciudadano ligado al sistema anticorrupción, que de entrada enfrenta la disyuntiva de llegarse 80 mil pesos mensuales por miembro por el solo hecho de estar por ahí, supervisando las acciones del ente público creado para abatir los logros de la leperada y las transas bendecidas en el anterior y que en este sexenio se proponen conjurar. Hay voces que proponen que la paga sea voluntaria, es decir, que el “comisionado” decida si va a recibir el dinero o no. ¿Unos creerán merecer un ingreso adicional nada despreciable y otros pueden tranquilamente declinar? ¿Pago a ciudadanos por vigilar o supervisar a un ente público?  Y eso, ¿no es dar carácter de negocio o fuente de ingresos al combate a la corrupción?

Si bien es cierto que la participación ciudadana es fundamental en las acciones del gobierno, existen límites claros entre lo que es la acción ciudadana y lo que es el gobierno. Habiendo leyes y estructuras que componen el gobierno de las entidades, y estando definidas sus facultades, competencias y funciones por las propias leyes, empezando con la Constitución, ¿qué necesidad hay de que los ciudadanos intervengan en los asuntos corrientes del gobierno y la administración pública de manera ordinaria? Se puede argüir que es la ciudadanización de los órganos públicos y que la política es asunto de todos. Cierto, pero la ciudadanía una vez que elige a sus representantes y éstos forman gobierno, sus acciones quedan sujetas a las leyes y a los mecanismos de control y evaluación que requieren para que sean eficientes y eficaces.

En este caso, cada órgano y cada funcionario debiera, en apego a la ley, cumplir cabal y estrictamente con sus funciones, porque es lo que espera y exige la ciudadanía que decidió en elección pública y democrática a sus gobernantes, porque la nuestra es una república democrática, representativa y popular. Si están planteadas las reglas que obligan al gobierno a cumplir con su papel, ¿para qué queremos comités o comisiones adicionales y paralelas a las oficinas públicas del caso? ¿Por qué crear estructuras nuevas y costosas antes que hacer valer las existentes?

Lo que ocurre es, por una parte, una situación de desconfianza patológica hacia el quehacer público y sobre la validez de las normas que rigen la conducta de los servidores públicos y, diría, de la clase política en general. Desde luego que esa desconfianza no surgió de la noche a la mañana, sino que se fue profundizando gracias a la venalidad, deshonestidad, manipulación y engaño permanente de los funcionarios hacia el pueblo elector. La clase política instauró, con sus acciones, una cleptocracia palurda y desvergonzada que se sintió (y se siente) dueña y señora de los cargos y los recursos estatales y nacionales, situación que provocó medidas o reacciones que se han traducido en comisiones, comités y otras manifestaciones de desconfianza organizada que dan cuenta de que en los asuntos públicos la visceralidad tiene futuro porque permite desahogos y acciones como tiros de escopeta con balas de salva. En vez de aplicar la ley, tal cual, se amplía la nómina de involucrados bajo el manto de la ciudadanización de tareas que son y deben ser de la exclusiva responsabilidad del sector público, justamente para evitar caer en el supuesto de que ampliar la nómina para “administrar la corrupción” no es participar en ella.

Esta expresión no de democracia, sino de vulgar democratismo, deja sin resolver los problemas estructurales de un sistema diseñado para el saqueo privado de los recursos públicos, pero aún a sabiendas de esto, los ciudadanos prefieren maquillar la corrupción mediante la inclusión de convidados que observen desde la periferia los dichos y los hechos que sean ilegales o improcedentes. Se crean comisiones para integrar otras comisiones; se eligen miembros para que a su vez elijan a los integrantes de alguna comisión ciudadana que vigilará tal o cual función. Y además tendrán derecho a paga.

Los comités, comisiones o consejos ciudadanos son formas perversas de involucrar a personas en acciones que son responsabilidad del sector público, con fines de legitimación y no de la puesta en orden y al día de las dependencias competentes. Esto, me parece, no es más que una nueva forma de distracción en el marco de relaciones signadas por una profunda corrupción estructural, pero que, sin embargo, se niegan a cambiar en serio. Los ciudadanos debieran, en todo caso, poner un hasta aquí a este sistema de simulación y actuar políticamente, por ejemplo, organizar la resistencia civil, la protesta organizada, las acciones coordinadas de alcance estatal y nacional cuando el caso lo amerite y, sobre todo, la participación fuerte y decidida por cambiar el rumbo de la nación y la entidad en las elecciones. Es evidente que seguir votando por los mismos no va a resolver el problema de corrupción e injusticia, por más comisiones, consejos o comités que se cuelguen a las dependencias del gobierno. ¿Votarías por los mismos, o nos seguiremos lamentando y tragando el invento de los consejos ciudadanos?  De lo que se trata es de cambiar las cosas, no de legitimarlas.

Tropiezo electoral

                                   “Los estados más corruptos son los que más leyes tienen” (Tácito).

Como se sabe, las llamadas “elecciones de Estado” confirman la poca confianza que el gobierno tiene en el buen juicio de los votantes. El ejercicio del poder político y la autoridad administrativa corren peligro fatal al dejar al libre juego de las voluntades ciudadanas asuntos tan delicados y trascendentes como lo son los atinentes a la sucesión gubernamental en el país. ¿Se imagina usted si los habitantes del municipio, el estado o la nación pudieran elegir a sus gobernantes? Seguramente caerían prestigios y fortunas, colapsarían los mercados y la confianza de los inversionistas extranjeros se vería agobiada por la incertidumbre de verse frente a fuerzas capaces de poner a la cabeza de sus prioridades el bien común y la defensa del patrimonio local y nacional. Los riesgos y, es más, los peligros de la libertad electoral tienen como fuente la idea de democracia que el sistema mismo proclama, pero como una manera ilustrativa del estado ideal de la cosa pública. Nada para tomarlo tan a pecho.

Seguramente la sabiduría de los gobernantes (municipales, estatales y nacional) llega a recomendar que debemos distinguir entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace, como el desdoblamiento conceptual-factual necesario y urgente para el sostenimiento de la democracia, las buenas relaciones parasitarias con los gringos y la armonía entre gobierno e inversionistas canadienses, orientales, españoles y alemanes. Nada se logra con oposiciones populistas o de gusto trasnochado; nadie gana con el encumbramiento de ideologías progresistas cuya rigidez no permite la negociación y el acuerdo mutuamente conveniente; todo se puede arruinar cuando el peso de la ideología plasmada en los documentos básicos del partido impide abrazar buenos acuerdos o pactos de sobrevivencia electoral y de cogobiernos posibles o probables.

¿De qué le serviría al país meterse en el corsé de la transparencia y la anticorrupción cuando se construyen imperios y engordan cuentas bancarias y paquetes accionarios con la sana y suculenta costumbre de pactar, tranzar, convenir, acordar y callar? La derrama de inversiones en terrenos, negocios y salvaguardas con diverso grado de opacidad han logrado paz, tranquilidad y prestigio social en muchas familias, que a su vez acuerdan, pactan, tranzan y convienen alianzas comerciales y familiares con otros núcleos de interés, generando blindajes transexenales y barreras sólidas contra la inquisición pública. El sistema se mantiene a flote cuando los involucrados comparten intereses y recursos.

En este venturoso estado de beatífica paz y control de daños, ¿imagina usted que haya algo que ponga en evidencia el juego que se maneja en las profundidades de oficinas y residencias? ¿Qué tan si llega a alcalde, gobernador o presidente otro que no sea del grupo, que no comparta el hambre por las riquezas, las influencias, la tolerancia a las corruptelas y al disfrute de las palmadas amistosas de los gringos y demás depredadores disfrazados de inversionistas y benefactores?

¿Usted cree que el sistema, tan bien aceitado y funcional, va a permitir que algún intruso con ideas progresistas, de un chocante tinte populista, o abanderado de ideas de legalidad, honestidad y justicia, llegue al poder? ¿Será posible que suelten la presa y reconozcan el triunfo electoral logrado por una mayoría de votos de ciudadanos deseosos del cambio, hartos de más de lo mismo, cansados de ser víctimas y destinatarios de cuantos abusos y excesos se produzcan por una mala administración? ¿Piensa que el sistema no hará hasta lo imposible por seguir drenando la sangre de los ciudadanos con la contención salarial, el alza de los precios de bienes y servicios, el saqueo de los recursos públicos, el tráfico de influencias y el entreguismo más pedestre y prostibulario al extranjero?

Pues, en la medida en que la gente común se entere de que el ciudadano tiene el poder de cambiar las cosas y que el voto debe ser efectivo y defendido por las vías legales y de resistencia pacífica masiva, sin límite de tiempo, tendrá la visión de que otro país es posible. El sistema puede intentar convencernos de que la exaltación por el reciente proceso del Estado de México es producto de un simple tropiezo electoral, pero debemos entender que la línea del progreso y la madurez democrática empieza a dibujarse a partir de una sana autocrítica que nos permita llamar las cosas por su nombre: el tropiezo es fraude, la democracia no es cosa de repartir despensas, vales, tarjetas o amenazas, sino el libre y razonado ejercicio de deberes y derechos. El nombre de las cosas y los cargos está ligado al de personas y contextos, empecemos por llamar ratero y tranza al ratero y tranza; corrupto al corrupto y corruptor al que manipula y permite el “tropiezo electoral”, para intentar hacerlo pasar como un problema de percepción que, tras el sereno análisis de los datos, se recordará como anécdota y no como asalto en despoblado. Empecemos…

Trama de complicidades

                        “Si un asno va de viaje no regresará siendo caballo” (Antiguo refrán).

La chocante insistencia de que Sonora y Arizona comparten propósitos y espacio económico suena a una broma estudiantil, o a una borrachera promiscua donde cada cual pretende olvidar quién es y de dónde viene. Tras 1848, nuestra frontera no es lo que era y Sonora quedó reducida a la mitad, en beneficio de los gringos que ahora y siempre quieren servirse de nuestros recursos, considerados estratégicos por todos menos por nosotros. Es claro que los empeños por vender a México al extranjero obedecen a una visión apátrida y pragmática del gobierno federal, servido por gobernadores con mentalidad y moralidad de lombriz de tierra, cuya utilidad es aflojar el terreno para que alguien llegue, siembre con éxito y luego coseche los frutos que la lombriz no fue capaz de producir.

Nuestro problema mayor es que no creemos en la capacidad de los nacionales para hacer posible el crecimiento y el desarrollo económico y social de nuestras comunidades; dependemos de la tranza, de las componendas, moches y complicidades cuyos beneficios siempre tienen dedicatoria privada, sebosamente encubierta en el discurso de las oportunidades, del progreso ligado a la apertura no sólo comercial sino política en términos de la injerencia de los gringos en las decisiones públicas. La mentalidad de los políticos actuales se parece mucho a la de los decimonónicos, que babeaban de la emoción con la apertura a las inversiones extranjeras directas y la explotación de nuestros recursos por parte de empresas que traían su propio personal directivo e, incluso, podían traer sus guardias de seguridad. El país creció económicamente, pero no se desarrolló. Se produjo riqueza, pero no se distribuyó.

Por lo que se ve, los complejos de inferioridad de aquella época, siguen gozando de cabal salud. Porfirio Díaz, indígena oaxaqueño, luchaba contra el color de su piel aplicándose generosas cantidades de talco, mientras sus decisiones estaban oscilando entre el pragmatismo mafioso del empresariado gringo y los pujos culturales y políticos de Francia. Si bien es cierto que la realidad nacional estaba signada por una extensa área rural anclada en usos y costumbres de una economía tradicional en la periferia de grandes explotaciones de origen colonial, la política del gobierno basó su éxito en los factores externos en vez de desarrollar una economía fincada en las potencialidades regionales y locales, capaz de asimilar y aprovechar los avances mundiales sin perder el control nacional de los procesos económicos. Cosa distinta de Japón, que se abrió a la inversión y los avances extranjeros sin perder los objetivos nacionalistas que le han permitido ser una potencia económica, científica y tecnológica. ¿De qué sirve la apertura si no se forman cuadros industriales y de alta tecnología para proyectos nacionales con capital propio dominante? ¿Para qué son las universidades si no se apoya el desarrollo nacional?

Para que la apertura económica sea exitosa debe haber simetría en la capacidad productiva de los participantes, en la producción y aprovechamiento de la ciencia y la tecnología, en los mecanismos de financiamiento de los proyectos. Trágicamente, nuestro país carece de banca propia, a partir de la fiesta de ventas y fusiones bancarias que ahora responden a los imperativos de ganancia de los conglomerados españoles, gringos, asiáticos y demás. Un país sin banca propia está condenado a ser cliente permanente de los agentes financieros internacionales, no será capaz de impulsar proyectos propios que afecten las expectativas de los dueños del dinero, será dependiente en lo económico y sus decisiones políticas deberán estar dentro de los márgenes de control y dominio del extranjero. 

Es obvio que, desde el descubrimiento, conquista y colonización de América, la idea de la globalidad mundial fue adquiriendo sentido económico y político y generando relaciones de interdependencia, sólo que esto no significa forzosamente la necesidad de uncir políticamente a las regiones a la lógica de los polos dominantes de la economía. Una mega-región no se da por decreto, por visitas fotogénicas que dan cuenta de la astucia de unos y de la mansa disposición de otros de ser “parte de”. En realidad, los estados deben rascarse con sus propias uñas ya que los votantes no van a creerse que el empleo y la seguridad pública y social dependen de un gobierno que no es el suyo. Parece ser una falta grave de inteligencia promover la relación económica y extraeconómica de una entidad fronteriza con otra que pertenece a otra soberanía. El sentido común apunta hacia la protección y aprovechamiento social de lo nuestro antes que andar de ofrecidos buscando la tutela del extranjero.   

Aún es tiempo de que el gobierno local se ponga las pilas y promueva realmente el empleo y el ingreso decentes, que contribuirán a enfrentar el desempleo, la violencia, la inseguridad y el sentimiento de abandono y minusvalía que atenaza las conciencias de cada vez más ciudadanos. La delincuencia es una expresión clara de la indefensión de los ciudadanos ante los fenómenos del desempleo y la falta de ingresos. Los llamados “macheteros” son personas excluidas de la educación, la salud y la seguridad social; son los desechos humanos del sistema económico dominante, que excluye y destruye. El imperativo actual es recuperar la confianza ciudadana y reorientar el quehacer económico de la entidad. El gobierno debe afrontar y prevenir la inseguridad de acuerdo al marco normativo vigente, recordando que sin estabilidad laboral y retribución digna no pude haber seguridad pública.

Ya basta de esa obscena trama de complicidades que destruyen nuestro tejido social y permiten la injerencia extranjera en asuntos que deben ser de la competencia exclusiva de los mexicanos. ¿Sonora es un estado libre y soberano? ¿Sonora es respetuosa del estado de derecho? ¿Se va a seguir perdiendo el tiempo con iniciativas absurdas y poses mediáticas, o se actuará en consecuencia? Tiempo de demostrarlo.

¿Machethillo?

“El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones” (Winston Churchill).

Mientras la gobernadora y el alcalde buscan en la esfera de sus competencias mancomunadas y transversales, con independencia de las propiamente constitucionales, “vender” Sonora y Hermosillo a los ricos y convenencieros xenófobos arizonenses, portadores de inversiones que, eventualmente, “generarían los empleos que Sonora necesita”, la sangre y la saliva corren en estas tierras tan lejos de Dios y tan cerca de los gringos.

La labor de “promoción” transfronteriza se antoja patológica porque, más allá del accidente geográfico de la vecindad, existe la pequeña salvedad de que nuestro estado y el vecino del norte corresponden a dos realidades geopolíticas distintas, empezando por el país a quien corresponde la soberanía tras el tratado de Guadalupe-Hidalgo de 1848, que dio el ejemplo de lo que es la “buena vecindad” con Estados Unidos. Mientras que uno es un ente terrorista internacional, un Estado canalla, en términos de Noam Chomsky, el nuestro es uno agobiado por sus propios complejos de colonizado y colonizable, de corrupto e irredento, siempre necesitado de una guía que refrende su vocación de entrega sado-masoquista al extranjero. Algo así como una prostituta internacional que espera, merced a la violación constante de su soberanía, llegar al estatus oficial de colonia y purificar la naturaleza espuria de los últimos mandatos gubernamentales. Si te dedicas al talón, mejor ten al corriente tu cartilla de sanidad. Será por eso que ahora las revisiones aduanales son por parte de los gringos y algún hambreado oficial mexicano como fauna de acompañamiento y el sistema de justicia se ajusta a los parámetros de la televisión gringa.

Si esto ocurre en el terreno aduanal, las huestes académicas se aprestan a obtener puntos en el programa de estímulos que mediatiza la producción local de evidencias de reciclamiento del conocimiento, gracias al plus de lo “internacional”. Todos ganan en constancias de acreditación, diplomas y reconocimientos intercambiables por moneda de curso corriente, excepto la ciencia mexicana. La prostituta también tiene título de doctor y se apresta a codearse con sus pares arizonenses porque “estamos preparados para la cooperación e intercambio”. 

En la frontera Sonora-Arizona se expande una nube de incienso que auspicia la armonía de una relación entre tiburones y sardinas, entre la capacidad productiva, de inversión y de avance tecnológico frente a fuerza de trabajo barata, carne de maquiladora y de zona periférica, porque en México se trabaja por el TLC en vez de hacerlo por el mejoramiento de las capacidades productivas nacionales y locales: se pavimenta el camino a la inversión extranjera ciega en vez de generar sinergias regionales en el noroeste del país, y aprovechar los recursos de sierra, costa y valles nacionales.

Sonora se pone en sintonía con los votantes frustrados de Hillary Clinton y hace de retaguardia oficiosa para sacar adelante los procesos de integración económica y política impulsados por los demócratas en el período pasado. La “mega-región” de la gobernadora Pavlovich no es otra cosa que una respuesta apátrida frente a un mandatario que es republicano y que nos ve como un peligro para su economía y seguridad. Es claro que la camiseta demócrata se suda con más fervor que la republicana entre los sonorenses que aspiran a ser tucsonenses honorarios.

Los despropósitos económicos y políticos de los gobiernos apátridas del PRI y el PAN y sus patéticas réplicas en los ayuntamientos, son la causa evidente del desastre municipal que padecemos. La falta de oportunidades, el desempleo, los bajos salarios, la ausencia de garantías laborales, los costos de las subsistencias populares, las alzas en tarifas no pueden permitir hablar en serio de una relación con otro país cuya costumbre ha sido, como es evidente desde 1848, aprovechar las debilidades de nuestros gobernantes, amenazarlos, corromperlos y manipularlos para servirse de nuestros recursos legal o ilegalmente.

La realidad hermosillense revela el estado de descomposición provocado por el sistema económico y la corrupción política: tenemos para el ciudadano de a pie una ciudad peligrosa, sórdida, sucia y descuidada; una verdadera vergüenza para cualquiera que pueda llamar las cosas por su nombre. ¿La solución a la descomposición social, al desempleo, a la precariedad del salario, al alza de las tarifas, la va a dar la “mega-región” con Arizona? Pues la experiencia indica que cada quien limpia su trasero, lo demás es pura falsedad.

La jodidez a que hemos llegado viste al joven de paria, cholo o de indigente que carece de escrúpulos porque ya no le queda esperanza, tiene el cerebro quemado por la droga, alucina por el alcohol que alimenta su odio frenético contra los que pueden comer todos los días, objetiva su desesperación mediante las vías de hecho: sale armado a cortar por lo sano sus frustraciones y, machete en mano, arranca lo que puede del otro, del enemigo anónimo que tiene de lo que él carece. La noche es su refugio y la calle su teatro de operaciones.  El machete resuelve la precariedad de sus recursos; la ciudad de falló y él toma lo que puede, como puede.

Habiendo tanta desigualdad, ¿se puede hablar de relaciones armónicas y productivas con el vecino extranjero? Pienso que no, pero así es la política nacional y local: autista, sin empatía, ausente, digna de echarla al sanitario y bajar la palanca.

Extraña iniciativa

                             “Un estómago vacío no es un buen consejero político” (Albert Einstein).

Estamos en tiempos en los que la apariencia vale más que la realidad de las personas o las cosas. Nos parece aburrido y falto de glamur que los diputados sean simplemente representantes ficticios de esa masa anónima, difusa, incolora e insípida que se etiqueta como pueblo. Cuesta trabajo entender que los elegidos no necesariamente lo fueron realmente y que el hecho de aparecer en las boletas electorales pudo haber sido obra de la necesidad de cubrir el expediente que se repite cada tres o seis años.

Ahora, por ejemplo, aparecerán mujeres en el 50 por ciento de las candidaturas, lo hayan buscado, querido o se hayan preparado y empeñado en ello o no. La decisión se da por decreto de la gobernadora que, siendo mujer, parece no querer dejar dudas al respecto. Lo anterior no quita que exista un sector femenino en los partidos cuyas aspiraciones vayan en ese sentido, como tampoco lo hace con aquellas féminas que llegaron a la política por mera casualidad, por parentescos, por afinidad personal o por darle sentido a la petición recurrente de apoyos en dinero o en especie que se hacen a quienes administran las clientelas de los partidos políticos.

Los diputados en funciones no dejan de estar preocupados por dar muestras de vida en el foro legislativo, más ahora que por votación de ellos mismos, habrá reelecciones en Sonora, lo que les supone un esfuerzo extraordinario por sacar la cabeza del trasero e impulsar iniciativas, antes que la revisión escrupulosa de la legislación vigente y de las posibilidades reales de su aplicación. En nuestro estado, así como en el resto del país, es más fácil legislar de nuevo que aplicar la ley que ya existe. La memoria es débil y conviene relanzar perogrulladas jurídicas antes que perderse en la anodina rutina del cumplimiento de nuestros deberes ciudadanos. El descubrimiento del agua tibia no existe hasta que alguien lo lanza como iniciativa.

La misma dinámica del sistema económico que precariza y deteriora el empleo, el salario y la seguridad social pone en manos de la iniciativa privada actividades y funciones antes de competencia y responsabilidad exclusiva del gobierno, como son los servicios de salud, protección social y, desde luego, la educación y la protección a la infancia y la familia.

Una madre que trabaja deja en manos de terceros el cuidado de sus hijos y se incorpora a la masa asalariada o a la muchedumbre de trabajadores “por cuenta propia” y sujetos a las eventualidades de la demanda de ciertos servicios. Más de la mitad de los trabajadores carecen de algún sistema de seguridad social y la informalidad resulta ser la “solución” a las restricciones de la demanda de trabajos formales. A lo anterior hay que añadir que los nuevos empleos se ofrecen sin garantía alguna de recibir al final de la vida laboral las prestaciones que la ley, antes de la reforma laboral, otorgaba a los trabajadores. Ahora se contrata mediante el truco legalizado de las subcontrataciones, que dejan desprotegido al empleado, sin antigüedad reconocida ni respaldo en caso de alguna necesidad. 

En estas condiciones, se esperaría que algún legislador con escrúpulos pudiera revisar el marco legal existente y tratar de fortalecer el empleo y el ingreso, la salud y la seguridad social de los trabajadores, las condiciones económicas y sociales de la familia y la protección institucional de los menores de edad. Se supondría que una iniciativa legal que favoreciera las condiciones de vida y de relación de las familias pudiera impulsarse y así ganar espacios en la consideración de los votantes, quienes al verse favorecidos decidirían el voto a favor de una eventual reelección. Sin embargo, los señores poseedores de una curul descansan a dos nalgas sin que su cerebro de muestras de vida inteligente.

Es ilustrativo de lo anterior la iniciativa de la diputada priista Iris Sánchez, en el sentido de dar una aportación económica, algo así como un sueldo o cosa parecida, “a los abuelos que cuiden nietos y que no tengan remuneración de ningún tipo”, en apoyo a las madres que trabajen sin cobertura de servicios de guardería.

Para empezar, la iniciativa cuestiona y mercantiliza el apoyo familiar del cuidado de los nietos, que siendo voluntario difícilmente podrá integrarse al catálogo de las ocupaciones asalariadas; las relaciones familiares y la dinámica que se establece en los hogares son asuntos de índole privado, regidos por la consanguinidad o la afinidad, lo que supone deberes morales y acciones de tipo solidario y subsidiario, dependiendo del caso. Una familia no es una unidad productiva en el sentido económico, ni mucho menos una fábrica de futuros empleados o desempleados, sino un hecho sociológico portador de valores, principios y tradiciones que suponen una identidad y un sentido de pertenencia, histórica y socialmente determinado. Cobrar por el cuidado de un familiar es, por lo menos, absurdo. 

La iniciativa no toca el fondo del problema que se expresa en la necesidad de la madre de abandonar a sus hijos para trabajar, en un ejercicio dramático de indefensión y sobrevivencia; no repara en el hecho de que cada empresa debiera obligarse a garantizar la protección y el cuidado de los hijos de sus trabajadores durante la jornada laboral; no toma en cuenta que las guarderías ofrecen servicios especializados que cuidan la integridad física y mental de los menores a su cargo, por lo que debiera ser una exigencia social y legal hacia el empleador. Parece ignorar que la seguridad social sigue siendo una obligación del Estado.  

La iniciativa no repara en el hecho de que la precarización del empleo y el deterioro del salario encarece las subsistencias y aumenta los costos de la vida familiar, lo que obliga a los miembros de la familia a trabajar para sostener el cada vez más alto costo de la vida. Asimismo, el manejo privado de las necesidades sociales lo único que hace es recalcar la pérdida de los espacios públicos y las responsabilidades colectivas. Afecta, en última instancia, la vida familiar y los valores que trasmite.

¿Por qué no convertir en tarea legislativa la defensa de la familia, la protección de cada ciudadano sonorense, independientemente de su sexo, desde el nacimiento hasta la muerte? ¿Por qué no fomentar el empleo y el ingreso digno? ¿Por qué no garantizar que la mujer, por ejemplo, pueda dedicarse a la familia o a trabajar, si ese es su deseo, sin la presión económica de que a su marido no le alcanza el salario? ¿Cómo es posible que una diputada pretenda convertir en empleo lo que es una decisión familiar? ¿Cómo ponerle precio a la solidaridad entre familiares? La realidad es que el sistema económico no sólo precariza el empleo y el ingreso, sino la idea de familia que tenemos.  

Es lamentable que la legisladora Sánchez caiga en el rollo facilón de ponerle parches al sistema depredador e inhumano que soportamos, en vez de proponer alternativas válidas de solución. El Estado debe responder a los requerimientos de la población, mediante acciones prontas y efectivas de parte del gobierno. ¿O no hay gobierno?

Triste confesión de abuso

                                      “La justicia es la reina y señora de todas las virtudes” (Cicerón).

Seguramente usted disfrutó en los días previos al 10 de mayo de la ola de anuncios, reclamos publicitarios, llamadas telefónicas, ofertas resistibles e irresistibles, arrumacos estandarizados que en forma oral, escrita y mímica inundaron las redes sociales, los espacios radiofónicos y televisivos, así como los correspondientes a la prensa escrita. Madre sólo hay una y el deber de festejarla es también uno e irrevocable, intransferible e imprescriptible.

Las florecitas y los corazones estilizados de un rojo sospechosamente brillante, agolpados en efluvios salivosos y llenos de cursilería aldeana, tuvieron sus momentos estelares tanto en la víspera como en el mero día de la madre. La capacidad de abstracción de los millones de consumidores de publicidad arracimados en torno a los centros comerciales de moda, quedó aplanada por la facilidad de los mercadólogos y publicistas para eliminar cualquier brisa de inteligencia de la pulida superficie de sus exigencias: ¿ya le compró su regalo a mamá?, ¿pues qué espera?, ¡compre ahora y pague después, en cómodas mensualidades donde usted pone el plazo!, ¡ahorre comprando en XYZ, donde su dinero rinde más!, entre otros anzuelos lanzados con mano diestra en las aguas del mercado local.

Si en el ámbito comercial la celebración de la madre alcanza el paroxismo de un estanque de tiburones destazando a su presa, en la esfera de la intelectualidad palvloviana del estímulo y la encuesta también se agitan las aguas: ¿cuánto cuesta el trabajo de una madre?, de donde se desprende el análisis y los costos monetarios de las ocupaciones u oficios que una madre de familia desempeña en casa: aseo doméstico, preparación de alimentos, lavado y planchado de ropa, cuidado de los hijos, atención psicológica y de salud preventiva, entre otras. La tabla resultante arroja un sueldo mensual cuya factura parece buscar destinatario. ¿Empoderamiento femenino o simple argumentación aritmética de los costos de querer a alguien, ser parte de una familia y desarrollar sentimientos de pertenencia, apoyo y solidaridad por consanguinidad o afinidad? ¿El amor y el cuidado familiar tiene tarifa monetaria? ¿La economía debe penetrar la esfera erótica de las relaciones interpersonales familiares? ¿Cada casa es un negocio sujeto a las leyes del comercio?

Mientras algunas personas discuten el tiempo y costo de las relaciones domésticas, otras lo hacen respecto a la inseguridad que de las calles pasa a los jardines de niños. ¿Por qué se ultraja a una niña en una institución preescolar? ¿Por qué los baños son mixtos y compartidos por alumnos con diversos niveles de madurez sexual? ¿La modernidad implica no establecer diferencias entre individuos de diferente sexo y edad? ¿El establecer servicios sanitarios para hombres y mujeres por separado supone discriminación, simple ahorro, o el entendimiento que existen diferencias que resulta absurdo ignorar?

El drama cotidiano que se desarrolla en las escuelas preescolares reproduce incipientemente la debacle social que se escenifica en las calles, avenidas, barrios y colonias de esta ciudad capital, donde la moral mercantilizada y la mentalidad furibundamente individualista coloca a los jóvenes y adultos en la órbita perversa de un hedonismo palurdo, cortoplacista y vulgar. Tan es así que en los centros de educación superior también se reportan eventualmente casos de acoso sexual, incluso de ataques cuyo registro pasa al anecdotario comunal en vez de a las agencias del ministerio público, por pena, turbación o simple decepción del sistema legal, del desinterés institucional, de las complicidades entre autoridades y delincuentes, de la pachorra sindical, de las malas costumbres que se comparten y celebran entre cuates.

¿Será que la aplanadora neoliberal además de mercantilizar los usos y costumbres locales y trivializar la dignidad humana, nos quiere persuadir de que las diferencias naturales de sexo y edad son un simple problema de percepción? Tal parece. Sólo que la realidad de los abusos deshonestos, las violaciones e, incluso, los asesinatos, demuestran que la naturaleza humana y sus diferencias no son asuntos que se negocian o se decretan. Hombres y mujeres somos diferentes, y la sociedad debe proveer las condiciones para que esas diferencias contribuyan a los fines de preservación social y preservación de la cultura y los valores que nos unen. Una vez más, la educación tiene un lugar privilegiado en la construcción de una sociedad respetuosa de las diferencias, más justa, equitativa e incluyente.  

En este caso, ¿tiene sentido enviar un centenar de mujeres a Washington, a capacitarse en labores de “empoderamiento” eventualmente comercial por la vía de proyectos financiables? ¿Los valores que van a “traer” y reproducir son los que nuestra sociedad necesita para ser y prosperar? ¿En México no hay valores y los tenemos que importar? ¿Por qué en Washington, capital del monstruo corruptor internacional que patrocina terroristas y genocidas?

Mientras el gobierno se empeña en estrechar los lazos de la dependencia con los gringos, muchas mujeres, en nuestro aquí y ahora, sufren de marginación pública, claman por justicia y sufren el desprecio oficial, como es el caso de las madres de ABC, las que denuncian los abusos de Grupo México en los pueblos ribereños del Río Sonora, las que claman por seguridad pública en los barrios y colonias, las que reclaman respeto y justicia para sus hijos en las escuelas, las que luchan contra el abuso de las alzas en tarifas, o las que leen la prensa y oyen declaraciones triunfalistas y estúpidas, que chocan con la realidad cotidiana que sufren en sus casas y trabajos.  

Hermosillo y Sonora en general no está para burlas, patrañas y acciones demagógicas, sino para respuestas claras, efectivas y contundentes contra la inseguridad, el abuso y la venalidad de quienes tienen el deber constitucional de velar por la paz y el progreso de nuestras comunidades. Que así sea. 

La revisión contractual, ¿un parteaguas?

                                   “Quien lucha, puede perder; quien no lucha, ya perdió” (Anónimo).

Generalmente, tras un evento traumático, la gente prefiere pensar en el antes y el después, en el fin de algo y el inicio de otra cosa nueva, distinta y verdadera en términos de durabilidad y credibilidad; se opta por considerar que la experiencia pasada es sólo eso, un mal paso que no nos define ni nos condiciona, que es sólo una etapa, un obstáculo superado gracias al tiempo y las circunstancias, y que la sapiencia humana habrá de transformar en la piedra de toque de la nueva estructura “que habremos de construir todos”. Así las cosas, los errores cometidos y los fallos medianamente reconocidos son materia de olvido, porque “nada debe detenernos”.

Por otra parte, cuando se ve claro que la conducta sindical no fue la mejor ni la más recomendable y que debió de plantarse cara al sistema representado por una rectoría cacahuatera y autocomplaciente, se puede optar por sacar a relucir el garrote de las sanciones y el condicionamiento de derechos porque “hay traidores”, o simplemente compañeros “apáticos, convenencieros y poco comprometidos” que más vale poner en su lugar y subirles la canasta de los logros sindicales.

En esta vertiente de análisis -por decirlo de alguna manera-, la crítica siempre va de adentro hacia afuera, del punto de vista del sindicalista consciente que señala con dedo flamígero al infractor en términos del “deber ser” de su militancia: “yo sí cumplo, por tanto, merezco disfrutar de los beneficios del contrato colectivo”, en cambio “ellos” que no asisten a las guardias, a las marchas y a los plantones y mítines a los que se convoca; no llevan mantas ni pancartas ni corean las consignas y, en cambio, sí solicitan apoyos, becas y otros logros sindicales que evidentemente no merecen, por lo que hay que limitar sus derechos.

Con estas premisas curiosamente lineales, es posible establecer una especie de tabla de merecimientos, por ejemplo: asistir a dos asambleas y un plantón permite el acceso a becas-hijos; participar en una marcha y dos guardias, a apoyos académicos; tres asambleas, una marcha y dos mítines, pues a préstamos de emergencia, y así por el estilo. Lo que parece ser una medida disciplinaria en realidad es la claudicación de los principios de unidad y solidaridad que deben campear en los sindicatos democráticos, ya que el condicionar el disfrute de derechos colectivos logrados y plasmados en el contrato colectivo, nos colocaría en la misma tesitura de los sindicatos charros, los del oficialismo de garrote y zanahoria.

Ante estas tentaciones justicieras lamentablemente primitivas, basta con resolver las diferencias y los desajustes con una buena lectura del Estatuto Sindical, donde se plasman los derechos y obligaciones de los miembros, así como el capítulo de sanciones, sus instancias y procedimientos.

El problema de fondo de la indisciplina sindical parece ser la falta de convencimiento de los actores, su ignorancia de deberes y obligaciones, su falta de preparación política-sindical y su desconocimiento de la importancia de la organización y de su contrato colectivo de trabajo y, por ende, la trascendencia de una efectiva y masiva defensa de sus derechos laborales. Es obvio que un sindicato integrado por personas que piensan en términos individuales verá con otros ojos la posibilidad de estallar una huelga y muchos de sus miembros terminarán votando en contra; en cambio, un trabajador política y sindicalmente educado, seguramente optará por defender los derechos colectivos y valorará bajo este criterio el eventual estallamiento de una huelga.

En la reciente revisión contractual de STAUS, quedaron en el tintero una mayoría significativa de reclamos, de señalamientos sobre violaciones al contrato colectivo, incluso de reivindicaciones económicas que se estrellaron con el ya proverbial tope salarial que el gobierno federal impone con la sana intención de precarizar el empleo y socavar los principios de la acción colectiva por la vía de la coacción psicológica y económica. No se puede decir que las ofensas hacia los trabajadores universitarios hayan sido lavadas, ni siquiera como promesa y menos como compromiso bilateral susceptible de reclamo. En el periodo de prehuelga destacaron los desencuentros, la prepotencia sociópata de las autoridades y la impotencia miope de sus víctimas. La reacción lógica, en términos de lo que estaba en juego, era la huelga, pero no fue así.

Da la impresión de que la visión de la comunidad académica es bipolar respecto a sus reivindicaciones y seguridad laboral, porque 507 defendieron el contrato al apoyar la huelga y 815 prefirieron quedarse como estaban. Sin embargo, las quejas de abusos de autoridad, de falta de acceso a los beneficios de la seguridad social, de acciones unilaterales de la administración en contra de los académicos que desean promoverse y que, por los nuevos e ilegales requisitos, no pueden y posiblemente no podrán, se oyeron fuerte y se seguirán oyendo por decisión de una mayoría conformista, cuando no apegada a otros valores.

¿El sindicato resuelve el problema de la falta de conciencia y participación de sus agremiados instaurando tablas de merecimientos, como las nefastas de puntaje para la tortibeca? ¿Se podrá lograr algo más que el rechazo y el abandono con una política de garrote y zanahoria? Considero que no. En todo caso, debiera tomarse el resultado como una evidencia del escaso trabajo sindical que se ha desarrollado, empezando por la vida delegacional y terminando con la manifestación de las mayorías en las asambleas generales. Por fortuna, el sindicalismo universitario cuenta con documentos básicos que pueden y deben servir de guía para las acciones presentes y futuras. Empecemos aplicando el estatuto sindical y exigiendo el cumplimiento puntual del capítulo de derechos y obligaciones de los miembros. Pongamos a trabajar a las delegaciones y hagamos posible el conocimiento y la formación sindical para todos los orgánicamente interesados.

Las medidas represivas y el condicionamiento de derechos colectivos adquiridos deben dejarse a los sindicatos charros, que no generan militancia sino clientelas subordinadas al poder en turno. Los sindicatos independientes nada tienen que imitarles.