¿Los universitarios viejos son desechables?

“Las arrugas del espíritu nos hacen más viejos que las de la cara” (Michel de Montaigne).

Uno de los rasgos más absurdos del pragmatismo neoliberal lo encontramos en el trato a los adultos mayores, donde la demagogia de la inclusión choca con la realidad de los procesos de exclusión que atiborran el saber y el hacer de las burocracias, que incluyen vergonzosamente a la universitaria. Los académicos jubilados son condenados a una muerte anticipada a manos de la administración que guarda y dispone de los expedientes y cuida la integridad del muro de contención puesto para evitar compromisos y borrar de la memoria deudas y gratitudes: no hay lealtad salvo en los discursos; no hay solidaridad a menos que exista presión social que la obligue; no hay lazos transgeneracionales, salvo en el esquema de complicidades que teje la alta burocracia con sus sucesores.     

Según estudios internacionales, la población considerada de tercera edad va en aumento por diversos factores, entre los que se encuentra el incremento de la esperanza de vida por la mejora de las condiciones que la hacen posible. La oferta de servicios de salud, vivienda, educación y empleo, al menos en su cobertura básica, han sido preocupación de los gobiernos de los países agrupados en la ONU y OCDE, independientemente del carácter de la seguridad social ofrecida, que puede ser pública, privada o mixta.

Si bien es cierto que la oferta de seguridad social ha transitado de lo público a lo privado y que en países como Estados Unidos si no se tiene la cobertura de un seguro la gente se puede morir por falta de atención médica, hay otros en los que la cobertura de salud es gratuita por el solo hecho de ser nativos del país; asimismo, tenemos países donde sus servicios tienen un componente público y otro privado, completando un panorama complejo cuya característica es la heterogeneidad. Aquí resalta el hecho de que muchos países que privatizaron los servicios ligados a la seguridad social y donde emergieron los sistemas de pensiones privados que en México tienen la forma de Afores, ahora tienen que reconocer que dichos sistemas han fracasado y se encuentran completamente desacreditados. En nuestro caso, es cada vez más claro que el sistema privado de pensiones no ha funcionado ya que condena a los ahorradores a la miseria y a vivir el resto de su existencia en forma precaria e insolvente, por lo que se concluye que el Estado debe reasumir su responsabilidad en materia de seguridad social y honrar los acuerdos que se tienen firmados con la ONU y la OIT entre otros organismos, donde el gobierno  mexicano se obliga a proveer lo necesario para garantizar los derechos de los adultos mayores.

Es evidente que el reconocimiento de las conquistas laborales y las relativas a la protección y salvaguarda de la tercera edad choca con el pensamiento neoliberal que convierte al sujeto portador de derechos en “cliente”, por lo que la relación resulta eventual y sin obligación alguna para con los usuarios de los servicios y, por tanto, se considera a la seguridad social no como como un derecho humano ni una conquista laboral y social sino como una “opción”, ligada a la capacidad económica y de acceso a los mercados que tenga el trabajador. Tal concepción cruza la lógica de las negociaciones de los contratos colectivos y, desde luego, las revisiones salariales que deben realizar periódicamente, entre otros, los trabajadores universitarios.

En la actualidad, la Universidad de Sonora y sus dos sindicatos, STAUS y STEUS, están en el arduo proceso de las negociaciones que, lamentablemente, describen un camino sinuoso y lleno de obstáculos. A las demandas económicas la administración responde que no cuenta con recursos, mientras que opta por no reconocer las violaciones al contrato colectivo de trabajo que señala la parte sindical, así como remitir las decisiones unilaterales tomadas en perjuicio de los trabajadores académicos a la exclusiva competencia de los órganos colegiados, lo cual manifiesta una disposición esquizoide a la par que un evidente desprecio por los intereses de los trabajadores. Si es así con los académicos activos, la cosa no es mejor para los pensionados y jubilados porque, en cada intento de incorporar este sector a los beneficios logrados por los sindicatos (como son, entre otros, los descuentos en eventos y servicios que proporciona la universidad y que están contenidos en el Contrato Colectivo de Trabajo) la respuesta ha sido negativa.

 La administración prácticamente ha declarado la inexistencia de los universitarios retirados a pesar de los elogios a la antigüedad y a las aportaciones de las viejas generaciones, y de estar aportando una pequeña cantidad mensual por concepto de despensa y la correspondiente al fondo mixto que sirve como complemento a la exigua pensión que reciben del ISSSTESON, sin contar el llamado estímulo a la jubilación que, como los anteriores, está establecido contractualmente. Con esto, se puede afirmar que la institución se debate en una lucha entre conservar sus raíces humanistas y honrar su historia y compromiso o aplicar la torva y excluyente política de corte neoliberal que cosifica a sus trabajadores y privilegia el boato comodón y ridículo de una administración que sofoca y margina a quienes hicieron y hacen posible el cumplimiento de las funciones sustantivas institucionales y emplea recursos en beneficio de la apariencia, en evidente olvido de aquello que en otros tiempos marcaba su misión: “El saber de mis hijos hará mi grandeza”. Hoy, mientras la academia languidece la burocracia engorda.

El sindicato académico STAUS ha acordado que el 2 de abril será la fecha del emplazamiento a huelga. El reloj está marcando la cuenta regresiva y, como le decía al principio, la seguridad social es considerada por los administradores neoliberales de huarache como una “opción” sujeta a las leyes del mercado mientras que relativizan los derechos laborales y sociales conquistados por los trabajadores, en evidente pugna con quienes, como los universitarios, tienen reclamos fundados tanto en el derecho como en la lógica de los cambios nacionales y están dispuestos a dar la batalla por mejorar las condiciones de vida de la actual y de las nuevas generaciones de trabajadores, actualmente ninguneados tanto por las autoridades universitarias como por las del ISSSTESON. Es claro que la lucha de los universitarios debe ser por el futuro, por lograr una institución y una sociedad incluyente, democrática y justa para todos, lo cual plantea la necesidad de tomar las medidas legales y políticas a que haya lugar.   

  

Entre abucheos te veas

“El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres” (Platón).

En esta primera visita presidencial de AMLO se han agitado las aguas de la corrección política porque se oyeron abucheos ante la presencia o mención del gobernador en turno. Desde luego, surgió la hipótesis de que habían sido orquestados, programados y hasta exigidos por aviesas manos políticas de intolerancia a la ahora oposición, es decir, a los políticos del régimen que fue vencido en las elecciones federales próximo-pasadas. Algunos, como nuestra Claudia, al parecer fueron rodeados de una especie de blindaje, al apresurarse los priistas a colmar espacios y posicionarse con gargantas afinadas y matracas dispuestas a contrarrestar las posibles muestras de repudio y así sofocar la indignación popular. El que grita más fuerte gana el concurso del día consistente en maquillar el registro del sonido en las grabaciones.

Como ha trascendido, algunos gobernadores han dicho que no estarán presentes durante el acto público de la visita presidencial por aquello de evitar que se desaten los gritos y la iracundia popular, porque una mala gestión y su cauda de abusos debe ser del consumo exclusivo de las víctimas que deben conformarse con rumiar su malestar en privado o en círculos alejados de los medios de información, porque las protestas afean el glamur del evento y arruinan la imagen del gobernante local. ¿Cómo recibir en vivo y a todo color el rechazo del pueblo cuando la costumbre es el aplauso, las porras y la calidez domesticada de la masa agradecida por la torta y el refresco de ocasión? ¿Acaso no se han inaugurado tramos de calle o repartido espejitos y cuentas de colores entre los pobladores más necesitados de salir en la tele o en los boletines de prensa? ¿Puede, ante la maravilla de tener una gobernadora, tener algún peso negativo el haber modificado a modo la Constitución local para restar poder al Congreso del Estado?

Al parecer es más importante conservar en el aire la figura holográfica antes que permitir la materialización de los defectos, torceduras y perversiones del personaje real ante los ojos de quienes deben ver solamente el traje del emperador, esa envoltura que da el poder, capaz de convertir sapos en príncipes y desnudos patéticos en ricas vestiduras.

El temor a la crítica sin bozal y la afanosa indisposición del gobernante a recibir la condena popular frente a la prensa que escapa de las manipulaciones y trapacerías locales genera reacciones cursimente defensivas, pero que de ninguna manera son capaces de persuadir a nadie de que las cosas van bien y de que la crítica es infundada y facciosa, a pesar de que el propio presidente ha tratado de hacer el quite a los gobernadores señalados por quienes se sienten agraviados.

Se entiende el discurso de la “reconciliación” pero ¿acaso no es un logro colectivo materializado el pasado 1 de julio que el ciudadano ejerza libremente su voluntad política? ¿Acaso la expresión de la inconformidad no se tradujo en victoria? Nadie, ni siquiera el presidente, puede sofocar o condicionar el derecho ganado por el pueblo de señalar y condenar los errores, omisiones, abusos y desviaciones de quienes han ejercido el poder mediante la corrupción y la represión. Para dar vuelta a la hoja deben saldarse las cuentas, porque no puede haber reconciliación sin justicia.

Es claro que un buen gobierno debe partir de una base social sólidamente constituida por ciudadanos conscientes de la necesidad de equilibrios, de contrapesos políticos tanto como de la honestidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos. Una ciudadanía responsable y activa es garantía de una buena conducción de la cosa pública, porque es capaz de señalar problemas y proponer soluciones. El gobierno debe ser producto de esta ciudadanía consciente, por lo que el pueblo no puede ser apéndice del poder.

La llamada Cuarta Transformación debe caminar por el camino trazado por el pueblo y ser expresión de su voluntad en la ruta por recuperar la soberanía y el dominio de la nación sobre su patrimonio y destino. Si esto es así, no se puede pedir ni siquiera suponer un gobierno que promueva la pasividad o el conformismo ciudadano, y la obediencia a la forma negando su contenido. Recordemos: sólo el pueblo puede salvar al pueblo.

      

         

La visita presidencial

“Las buenas acciones nos dan fuerza e inspiran buenas acciones en otros” (Platón).

El sábado 2 se vistió de fiesta la capital de Sonora y recibió al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El acto político se realizó en el estacionamiento del Gimnasio Universitario con un lleno raras veces visto en estas latitudes y el ambiente de fiesta llegó hasta los oídos y pupilas de los presentes directos y virtuales, gracias a las redes sociales y los medios de información independientes, amén de otros formatos tradicionales. La cobertura fue interesante aunque entre los comunicadores no faltó quien cayera en los típicos lugares comunes y de la chabacanería facilona que no tiene empacho en recetarle al auditorio expresiones como “cabecita de algodón” en referencia al titular del Poder Ejecutivo federal que, como debiera saberse, tiene nombre y apellido. Para algunas mentalidades pequeñas parece más importante señalar las características o la edad de quienes deberían ser considerados, en todo caso, por sus ideas, cualidades y propósitos transformadores.

Fueron notorios los esfuerzos del priismo matraquero al procurar llenar espacios para “apoyar” a la gobernadora en medio de miles de ciudadanos que coreaban “es un honor estar con Obrador”. El llamado al “respeto y la reconciliación” fue la respuesta políticamente correcta del presidente quien hizo una exposición de sus propósitos señalando que el plan a seguir en su gobierno es el mismo y que se resume en pocas palabras: no habrá tolerancia a la corrupción y no habrá impunidad.

Una parte central de los planteamientos presidenciales fue el relativo a los programas en marcha de becas, apoyos y garantías a jóvenes, adultos mayores, discapacitados y microempresarios, así como el apoyo a los productores del campo a fin de producir los alimentos que requiere el pueblo en vez de comprarlos al extranjero. Aquí aparece la figura de los precios de garantía lo que supone el rescate de la soberanía alimenticia como responsabilidad del gobierno. En el mismo sentido se pronuncia respecto a la producción de gasolinas, así como otros bienes esenciales para el funcionamiento de la economía. Plantea un México democrático, incluyente, respetuoso de las diferencias pero firme defensor de lo propio.

El anuncio oficial del arranque de sus programas prioritarios renueva compromisos y fundamenta esperanzas y expectativas, así como reclamos ratoneros del sector conservador y sus empleados vociferantes que se afana en encontrar defectos al actual gobierno morenista, aunque minimizados por una ciudadanía que levanta la voz en apoyo a su presidente y en demanda de soluciones a problemas sentidos como el de la falta de justicia en el caso de los afectados por el incendio de la Guardería ABC, de los ciudadanos enfermos, empobrecidos o en riesgo por el derrame del Río Sonora; o los derechohabientes defraudados por el ISSSTESON, a los que se unen los trabajadores universitarios que levantan la demanda  de “¡pena de prisión a las ratas del ISSSTESON!” y luchan por su derecho a la salud y la seguridad social, así como los esfuerzos de quienes se oponen al despropósito de vender terrenos, edificios y los estadios Héctor Espino y Tomás Oroz Gaytán, que son patrimonio de los sonorenses, para “resolver” el saqueo monumental y la desaparición de los fondos de pensiones bajo la responsabilidad directa del Gobierno del Estado y el propio ISSSTESON, cuyos perpetradores, a la fecha, gozan de impunidad. ¿No le parece el colmo del cinismo afirmar que “los bienes son para remediar males” si se trata de un claro y evidente robo a los derechohabientes y se compromete patrimonio público?

AMLO reitera que ya se trabaja por la solución al problema de la salud pública como derecho social, dando seguridad en el empleo de quienes laboran en ese sector y promoviendo la mejora de los servicios; asimismo, reitera su compromiso con la justicia laboral mediante acciones como la reinstalación de los maestros cesados por causa de la nefasta reforma educativa. Fue categórico al decir que la política neoliberal que ha empobrecido al pueblo se va “por un tubo”, aunque advirtió que los cambios no pueden ser de la noche a la mañana, considerando el enorme rezago acumulado. Habrá un trabajo intenso por la recuperación de nuestra capacidad adquisitiva, pero se hará de manera responsable y cuidadosa.

Es claro que existen manzanas podridas en el seno del gobierno, que se encuentran en espera de una oportunidad para frustrar la dinámica de los cambios en beneficio del viejo régimen, tratando de detener el reloj de la historia; es natural que existan “colados” y oportunistas en Morena encaramados en posiciones de cierta importancia, pero nuestra sociedad está en un proceso donde la depuración será consecuencia lógica del despertar de la conciencia de los ciudadanos. Que a nadie le extrañen las contradicciones en el discurso y las acciones de la nueva clase política en la conducción de la cosa pública, porque son parte de un proceso de ajustes donde finalmente la paja será separada del trigo.  

Si bien es cierto que la espera fue larga para quienes “madrugaron” en el estacionamiento del Gimnasio universitario, una vez iniciado el acto público privó el entusiasmo, menudearon los aplausos y la expresión de los rostros habló de la confianza y del triunfo de la esperanza. Llamó la atención el orden y la tranquilidad con que se desarrolló la primera visita presidencial de López Obrador. Una compañera me comentó que, a pesar de la cantidad de gente reunida, no tuvo miedo y participó confiada y atenta a los acontecimientos. “Cambió la actitud de la gente”, dijo.

De mantenerse este espíritu, no hay duda de que la Cuarta Transformación es posible y que, en todo caso, será la obra de todos y la responsabilidad de todos, porque lo que no debemos hacer es esperar que AMLO haga milagros sino que, en todo caso, promueva los programas y las acciones necesarias y permita que ocurran. Recordemos aquello de que “sólo el pueblo puede salvar al pueblo”.

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¿Convendrá el nuevo convenio?

El pasado 28 de febrero apareció publicado en la página oficial del STAUS la propuesta del convenio modificatorio al actual Contrato de Prestaciones UNISON-ISSSTESON, donde en doce cláusulas y una transitoria redefine el contenido de dicho documento en cuanto al monto y las condiciones de las cuotas y aportaciones que deberá pagar tanto la universidad como sus trabajadores, bajo el principio de un incremento gradual hasta llegar a cumplir los porcentajes señalados en la Ley 38 reformada en 2005 por el gobierno de Eduardo Bours Castelo.

Según esto, la Universidad de Sonora homologaría sus cuotas y aportaciones en 2022 y todo mundo en paz, bajo el supuesto de que el Gobierno del Estado asignará los recursos necesarios para cubrir tales incrementos. Usted dirá con razón que ya no existe pretexto para no firmar el tan ansiado convenio por el cual el ISSSTESON se ha empeñado en presionar al la UNISON mediante el condicionamiento de sus servicios a los universitarios morosos, alegando que la UNISON “paga de menos”. Como en varias ocasiones hemos comentado, la institución no paga de menos sino que paga lo que está indicado en el contrato suscrito entre ésta y el ISSSTESON, que está no sólo vigente sino que es legal y legítimo.

Todo el armazón justificante del instrumento legal en comento radica en la eventual asignación presupuestaria del gobierno hacia la UNISON, que en esta ocasión se ha anunciado por el monto de 50 millones de pesos (Cláusula Transitoria Única del convenio) aunque, si es gradual el incremento de la carga que asumiría la institución es fácil entender que igualmente debería serlo la parte que corresponde al gobierno. Si no hay recursos disponibles resultaría inútil todo el despliegue discursivo del gobierno y el ISSSTESON para apoyar una mayor recaudación por concepto de los servicios de salud y otros de seguridad social a que tienen derecho los trabajadores afiliados. Lo anterior es relevante porque en el proyecto de convenio entre la UNISON y el STAUS que modificaría el actual Contrato Colectivo de Trabajo es frecuente que la administración universitaria rechace la propuestas sindicales bajo el supuesto de que “no existen recursos” para satisfacerlas. Así pues, la carencia de recursos financieros es la pieza clave de la negativa reiterada en una cantidad importante de cláusulas del contrato en la presente y anteriores revisiones contractuales y, siendo así, el convenio propuesto estaría colgado de alfileres.

Independientemente de la presión política a que está sometida la comunidad universitaria por parte del ISSSTESON en sus afanes recaudatorios, es inevitable pensar en la larga cadena de mentiras, manipulaciones y muestras claras de incumplimiento por parte del Instituto, ya que ha fallado en su obligación de proporcionar servicios de salud, pensiones y jubilaciones entre otros rubros importantes contenidos en el contrato vigente, a pesar de que a los trabajadores se les descuentan las cuotas pactadas sin  que se vea mejora en los servicios sino que, al contrario, un deterioro creciente en cuanto a cobertura y calidad.   

El texto del convenio modificatorio propuesto tiene como característica dominante la intención de homologar o armonizar el contrato con la Ley 38 reformada, particularmente en el aumento tanto en las cuotas como en el tiempo de cotización, con lo que se define como una reforma de carácter recaudatorio; sin embargo, no puede evitar reconocer el derecho de las generaciones llamadas “actuales” al amparo de la ley anterior al 29 de junio de 2005. Es decir, se asume implícitamente la no retroactividad de la aplicación de las leyes, de acuerdo con el párrafo primero del artículo 14 constitucional, aunque presiona para que se satisfagan las expectativas económicas de la citada reforma. Lo anterior revela una seria contradicción que los sindicalistas debieran tener en mente a la hora de las negociaciones. Aquí, o gana la política o gana el derecho.

Este convenio de carácter recaudatorio presenta una “ventaja” o argumento cuyo atractivo consiste en dar facilidades de pago a la institución universitaria y a sus trabajadores, mediante el incremento gradual de sus obligaciones. Lo anterior recuerda el anzuelo que lanza la publicidad comercial que ofrece “abonos chiquitos para pagar poquito”. Tal oferta no es nueva, sino que data de varios años, pudiendo documentarse en 2015, y que se ha presentado en la cadena de relaciones cuya ruta es ISSSTESON-UNISON- Sindicatos.

Como bien lo sabe el sector de pensionados y jubilados, en el comprobante de depósito de la pensión aparece en el rubro 25 la deducción del 7 por ciento que se hace por concepto de servicio médico. En el convenio propuesto aparece en la Cláusula Sexta el descuento de siete por ciento como obligación tanto del trabajador como de la Institución. Lo anterior es grave si consideramos la cantidad importante de demandas que se han promovido justamente en contra de este descuento, habida cuenta que legalmente las pensiones no deben estar sujetas a ningún tipo de gravamen. Si el sindicato acepta y la institución firma el citado convenio, caeríamos en una fuerte contradicción o conflicto de intereses, ya que la organización sindical estaría avalando un gravamen ilegal y claramente contrario a los reclamos del sector de pensionados y jubilados integrado en la delegación sindical correspondiente.

De análisis preliminar de la propuesta, se desprende que su intención es puramente recaudatoria, que cae en contradicciones legales y que, aunque reconoce el carácter del contrato vigente y del propio convenio modificatorio como un “acuerdo de voluntades”, en los hechos ha acusado una grosera unilateralidad al echar mano de recursos intimidatorios, de difamación contra la institución universitaria, de incumplimiento de contrato y de grave irresponsabilidad al manipular los tiempos de emisión de los dictámenes jubilatorios, reducir los cuadros básicos de medicamentos, generar su desabasto, la cobertura y calidad de la atención médica y el temor continuo de los derechohabientes con enfermedades graves, crónico-degenerativas o de tratamiento urgente.

Consideramos que la propuesta no debe pasar así como está planteada y que, en todo caso, pudiera replantearse únicamente en lo relativo a la obligación que tiene la UNISON de reportar la totalidad de los pagos que hace a sus trabajadores derivados de su actividad laboral y proceder al descuento de cuotas y aportaciones con base los porcentajes contenidos en el contrato vigente. Este sería un paso importante y quedaría satisfecha la necesidad de un convenio modificatorio del actual contrato, en beneficio de los trabajadores.

Por lo pronto, el sector de pensionados y jubilados universitario ha manifestado su oposición a la firma del convenio exigido por el ISSSTESON, por las razones que arriba se han expuesto. Esperamos que la organización sea consecuente con sus deberes de solidaridad y defensa de los intereses de sus agremiados. Recordemos que los trabajadores unidos jamás serán vencidos.    

El gobierno de gira

“Quiero que me miren tal y como yo miro las revistas de viajes” (latravelista.com).

Algunos se quedaron con la idea de que lo de afuera es mejor que lo de adentro, lo cual tendría sentido si nos refiriéramos a la diferencia entre realidad y apariencia, entre la autenticidad del sujeto con o sin maquillaje; pero si hablamos de economía, educación o cultura el supuesto no necesariamente es correcto ni obligadamente pertinente y aplicable. Lo anterior viene a colación por la reciente gira por España que se dio la gobernadora y compañía.

Se puede entender que la compulsión neoliberal de “vender” Sonora al extranjero y atraer inversiones signadas por la proverbial gandallez de los capitalistas peninsulares, favorecidos por los gobiernos prianistas en los últimos 30 años, es una especie de imperativo categórico y una obligación más ideológica que económica en el marco de las competencias y obligaciones del gobernante. Lo anterior pudiera explicarse con razones de carácter subjetivo donde la imagen del que viaja, negocia y acuerda con el hombre blanco y barbado se toma como una realización que el político de cultura e identidad precaria busca para posicionarse, en el marco de su muy particular imaginario conceptual, aunque quizá influya la idea del aprovechamiento vulgar del puesto público para fines de satisfacción personal porque, después de todo, “los viajes ilustran”.

Este último aspecto pudiera ser la clave de la explicación sobre una gira que, vista de cerca, no tiene verdadero sentido en términos de las necesidades “de estado” por satisfacer y que revela, en todo caso, una deficiencia en la información relativa a los recursos que existen en el país en cuanto a posibilidades de capacitación, proyectos de desarrollo urbano e industrial, entre otros. En este asunto, estaría bien que alguien le informara a la titular del Ejecutivo de la existencia de universidades como la UNAM, la UAM y el IPN, entre otras de sólidas capacidades formativas, sin excluir a las locales UNISON, ITH y UES, por citar ejemplos.

¿Sabrán en el gobierno que en Sonora existe bastante camino académico recorrido en materia de aprovechamiento de energía solar, de agua y recursos marinos, de diseño y gestión de proyectos ambientales, de explotaciones agrícolas y pecuarias, de óptica, mecatrónica, turismo y gastronomía entre otros campos donde la UNISON, el ITH y la UES son referentes obligados?

  

Tampoco estaría mal que se le hiciera notar que estamos en un mundo absolutamente comunicado y que las redes dan cuenta de las condiciones y características de los destinos de inversión reales y potenciales que existen en el planeta, sin contar las unidades de inteligencia económica de que dispone cada país. Baste recordar las redes bancarias y sus áreas de investigación económica. Como se ve, ya no son necesarias las caravanas al extranjero para mostrar productos y abrir mercados, gracias a las maravillas de la comunicación y la información de que dispone la sociedad mundial. Por otra parte, cabe recordar que los españoles y resto de europeos ya saben lo que hay en el “nuevo mundo” desde hace rato, y los gringos también, como lo demuestran sobradamente las intervenciones armadas o comerciales donde lo que termina estando en juego es la democracia y la autodeterminación de los pueblos. ¿Sabrán en Palacio cuál es la posición de España respecto a Venezuela?  

¿Se imagina la importancia económica y social que tendría que el gobierno solicitara de manera permanente la elaboración de proyectos de ingeniería sanitaria para resolver problemas de drenaje, urbanismo, capacitación a docentes y funcionarios públicos a instituciones como la UNISON, UES, ITH, UPN o ISAP? ¿Se puede imaginar lo que se ganaría si nuestro gobierno promoviera la integración económica del Noroeste, mediante el intercambio comercial, educativo y cultural, y la gestión de proyectos conjuntos?

Estando así las cosas, ¿para qué viajar si la promoción económica del Estado depende fundamentalmente de la fortaleza de las instituciones que real o potencialmente hacen posible el funcionamiento del aparato productivo? ¿No resulta más lógico apoyar el esfuerzo formativo de las instituciones educativas sonorenses que hacen posible nuestro progreso, por ejemplo, mediante la contratación de sus servicios, incrementos de subsidios y prestaciones, apoyo y respeto a la autonomía institucional y diálogo permanente y constructivo con sus autoridades?

¿No tendría mayor sentido apoyar y promover el trabajo de los productores sonorenses mediante proyectos productivos y acuerdos o convenios con las autoridades de los estados vecinos de Baja California, Baja California Sur y Sinaloa así como el resto del país, con el fin de fortalecer la economía de nuestra región? ¿Por qué no pensar en que los procesos de integración deben realizarse a partir de las entidades con mayor relación de proximidad y complementariedad? ¿Por qué no pensar que México y sus regiones son primero?

Da la impresión de que se perdió el rumbo, que se gobierna mediante ocurrencias, derroche y manipulación informativa. Se sigue la misma lógica del dispendio y los compromisos facilones que ponen en riesgo la soberanía nacional y estatal, con acciones y acuerdos de dudosa utilidad; los mismos que tradicionalmente han ofrecido los gobiernos neoliberales que han arruinado al país.  Por fortuna ya falta poco… y la tarea a cumplir es compleja pero necesaria: poner orden en Sonora y tratar de recuperar el tiempo perdido.

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Hermosillo violento

“Entre todos los proyectos que ha emprendido el ser humano, la aventura de la ciudadanía ha sido la más arriesgada y la más sorprendente” (Carlos Fernández Lira).

La ciudad como totalidad refleja el ánimo, las condiciones y la idiosincrasia de sus habitantes; la ciudad es lo que somos, da cuenta de hacia dónde vamos y en qué nos estamos convirtiendo. Aquí la gran pregunta es cuáles son las expectativas de la ciudad de acuerdo con las de sus habitantes, que son su contenido mientras que ésta es la forma.

Como usted sabe, son frecuentes los asesinatos, asaltos con violencia, atentados y una larga cauda de ilícitos que se dan en el curso de nuestra historia reciente y presente; son cada vez más frecuentes las noticias de hechos de sangre, de violencia intrafamiliar, de transgresión a las más elementales normas de convivencia civilizada, de armonía social, de respeto a las leyes y a los representantes de la autoridad. Sin embargo, las autoridades nos dicen que la ciudad es tranquila y segura en comparación con otras de la región y el país.

Los ilícitos que trastornan la vida citadina van desde asaltos a instituciones y comercios, a casas particulares, a ciudadanos de a pie, a levantones y violaciones, a violencia intrafamiliar, a amenazas, bullying, hostigamiento laboral y acoso sexual entre otros, sin más respuesta que declaraciones, promesas y propósitos de reorganización de la seguridad pública y mayor apoyo logístico a las corporaciones policiacas. En este tenor encontramos las compras o donaciones de equipo, dotación de instrumentos, pruebas de confiabilidad y los esfuerzos académicos por dar mejor preparación a los agentes encargados de la operación de los planes de seguridad.

Somos una sociedad que juega con las estadísticas y elabora pronósticos y aseveraciones con base en criterios cuantitativos, de ahí que tengamos expertos que adquieren visibilidad gracias al manejo numéricos de situaciones que, en principio, son esencialmente cualitativas. En otras palabras, los números, los cuadros y gráficas no deben ser el fin de los esfuerzos analíticos porque simplemente son el reflejo o la formalización de los efectos de un fenómeno complejo. Desde luego que los números son importantes pero la investigación debiera dirigirse a las causas, a la naturaleza de los procesos que generan rupturas en el orden ciudadano y violencia en todas sus formas posibles.

Lo anterior supondría tener que reconocer que algo falla en nuestra forma de vida, que las desigualdades pesan más de lo que podemos suponer desde nuestra comodidad personal; que la multiplicación de los indigentes en las calles, bajo los puentes, en las alcantarillas, parques y plazas no son solamente una molestia visual sino una enfermedad social que tiene, como cualquier otra, sus causas, consecuencias y remedios. En el mismo sentido, la criminalidad sólo puede darse cuando existe en la sociedad un desajuste cuyo ingrediente principal es la exclusión.

En la actualidad, muchos buenos ciudadanos ven la marginación como algo natural, permisible, cotidiano, que no mueve a escarbar en ella porque no nos importa en realidad la masa purulenta que se oculta bajo nuestra indiferencia: “Mientras yo esté bien, que ruede el mundo”. Pero ¿qué pasa cuándo se rompe esa indiferencia, cuando las víctimas de los hechos violentos tienen nombre y apellido conocido, o cuando los acontecimiento se ligan con un rostro, afectos o coincidencias en el trabajo o el vecindario? El crimen como nota periodística de lectura eventual forma parte de las distracciones de quien se refugia en el periódico para matar el tiempo, de quien es, o cree ser, ajeno a la violencia mientras “rueda el mundo”, hasta que sabemos que nosotros estamos en ese mundo y que algo se rompió en nuestro entorno y nuestra conciencia.

Como usted sabe, recientemente manos criminales segaron la vida de un comunicador mientras que otro resultó gravemente herido en hechos violentos acaecidos en nuestra ciudad. Las causas inmediatas están por aclararse, pero lo que sí es evidente es el hecho de que alguien partió del supuesto de que una o dos vidas son prescindibles, que pueden ser tratadas como molestia o como ejemplo; pero los seres humanos en ningún caso son desechables, salvo que el sentido de la humanidad de los perpetradores se haya trastocado en tal forma que esté vacío de contenido. En este punto es necesario reflexionar sobre el sentido de la vida en un contexto social, comunitario, en el que todos debiéramos ser importantes, pero que dejamos de serlo para quienes nos convierten en cosas, en objetos desechables.

Independientemente del resultado de las investigaciones sobre el reciente hecho criminal en comento, es claro que nos hemos convertido en una sociedad acrítica, comodona, apática y carente de sentido de la solidaridad. Hay personas sensibles, preocupadas y temerosas de ser noticia en la sección de seguridad de los periódicos, pero no son necesariamente ciudadanos que trabajen por lograr el mejoramiento de su entorno, de su colonia, su barrio, su calle… ni siquiera su casa. Creo que es hora de revalorar el papel y significado de la palabra ciudadano, como responsable de lo que ocurre o deja de ocurrir en ese espacio común en el que vivimos y actuamos.

Las autoridades debieran pensar en que el combate a los efectos no resuelve el problema de las causas, y, en ese sentido, por fuerza nos hemos de topar con el sistema económico y su corolario político. Si el sistema económico está basado en la desigualdad y la inequidad distributiva, es claro que la política dominante será la de conservar esta desigualdad como premisa fundamental de todo el aparato ideológico y jurídico, de suerte que los valores sociales tendrán por fuerza que basarse en esas diferencias y que, en el mejor de los casos, se van a tratar de matizar con políticas y acciones asistencialistas de mayor o menor calado aunque sin cambiar el sistema.

Una política de empleo con ingreso digno apoyada por un modelo de seguridad social incluyente y solidario, con verdaderos efectos redistributivos; un sistema educativo que atienda la necesidad de ser equitativo, que fomente la inclusión, la solidaridad, la honestidad y la pertinencia social, y que responda a las necesidades de desarrollo integral de la sociedad puede sonar a utopía, a amenaza socialista, a ocurrencia de algún mesías trasnochado, pero, al menos debemos considerarlo como algo que podemos hacer entre todos y que sí nos puede cambiar la vida. Cabe recordar que una persona con empleo e ingreso dignos tiene menos posibilidades de inclinarse hacia el lado oscuro de la sociedad porque crea intereses, fortalece su autoestima, su sentido de pertenencia, su necesidad de respeto y reconocimiento social, y basa en ello sus expectativas de futuro en lo personal y lo familiar; por tanto, se asume como ciudadano con derechos y obligaciones y puede, en esa tesitura, demandar honestidad y cumplimiento a sus representantes políticos y a las autoridades legalmente constituidas. Una ciudad con ese contenido seguramente tendrá otra forma y un mejor destino.

    

    

      

       

Otra de seguridad social

“Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen, pierden el respeto” (Georg Christoph Lichtenberg).

Ya ve usted que el tema de la seguridad social está de moda, aunque debidamente encubierto con reduccionismos de coyuntura. El clamor por los medicamentos que un día se piden y no hay, y después volver a peregrinar por la farmacia del Isssteson para que le digan que todavía no está disponible, sigue en todo lo alto, a contrapelo con las declaraciones triunfalistas del director del Instituto, encaramado en su pedestal y encerrado en una burbuja donde la empatía carece de lugar. La gracejada de que el abasto está al 90 por ciento sigue estando de moda aunque solamente celebrada por quien lo dice y por la autocomplacencia de las autoridades estatales que tienen que ver y opinar al respecto.

Es común y, de hecho, ya forma parte de nuestras tradiciones conversatorias, traer a colación el asunto del desabasto, de las promesas que cada dos o tres meses se reiteran con tal seguridad que algunos todavía se las creen, aunque la mayoría de los ciudadanos dependientes de este servicio saben que nuevamente se tendrá que dar la marcha, el mitin y la exigencia de solución a este problema social donde se compromete la salud de los trabajadores y sus familias.

En este contexto, resulta pertinente recordar dos eventos, el primero referido a la inauguración de un nuevo Centro Integral de Atención a la Salud (CIAS) situado en Nayarit y 12 de Octubre (El Reportero, 7.02.2019). Aquí de nueva cuenta la gobernadora resalta el hecho de que a pesar de recibir un estado quebrado sigue trabajando “sin llorar”, en beneficio de los sonorenses, como si la queja no fuera una especie de llanto político en busca del aplauso y la consideración del votante sonorense, como si no fuera evidente que su gobierno se ha dedicado a la autopromoción y al manejo mediático de acciones obligadas como pavimentar alguna calle, rehabilitar alguna escuela,  obras de drenaje y alcantarillado o inaugurar alguna obra, asuntos que bien pudieran ser anunciados por el presidente municipal correspondiente y no por el Ejecutivo estatal. Sin embargo, la necesidad de cámaras y micrófonos parece agudizarse en una especie de crisis de mitad de sexenio (El Reportero, 8.02.2019).

Por otro lado, se tiene la realización del Segundo Foro de Educación Superior de la Zona Norte de México, celebrado el viernes 8 en el Centro de las Artes de la UNISON, en el que se emitió un pronunciamiento por parte de las organizaciones académicas participantes donde destaca el punto número dos, referido a la seguridad social: “Nos comprometemos a luchar por nuestro derecho humano fundamental: el derecho a la salud; que, por incompetencia, corrupción y desdén por las obligaciones fundamentales del Gobierno Estatal, se encuentra hoy comprometido con la crisis artificialmente inducida del ISSSTESON. Nos pronunciamos por un rescate efectivo de la institución y el mejoramiento de los servicios, en base a compromiso claro del Estado y la recuperación de los recursos malversados y no aportados por las instituciones obligadas” (Staus en línea, 8.02.2019).

Como se ve, existen dos visiones sobre el mismo asunto: la que evade culpas sea pateando el bote de las responsabilidades hacia el gobierno anterior, o hacia los propios derechohabientes, las organizaciones sindicales o las instituciones que “pagan de menos” como ridículamente se difamó a la UNISON a pesar de que ésta paga lo que está estipulado en su contrato con ISSSTESON; y la que señala al propio gobierno como al verdadero responsable de la crisis, una crisis inducida cuyo origen está en la corrupción, tanto como en la irresponsabilidad de quienes lo han administrado.

Es importante señalar que el gobierno incurre en responsabilidad legal ya que la propia Ley 38 orgánica del ISSSTESON señala en su artículo 116 su obligación de proveer lo necesario para la subsistencia del Instituto en caso de algún eventual quebranto. Es claro que la administración estatal no puede ni debe evadir sus responsabilidades mediante el ridículo expediente de transferir culpas y responsabilidades o esperar a la eventual venta de bienes públicos, que son patrimonio del pueblo de Sonora y que, en todo caso, debieran tener una utilidad social y no servir para negocios privados. Aquí tenemos el curioso y facilón caso de sólo cargar la culpa al “gobierno anterior” y, sin embargo, retomar las propuestas de solución ofrecidas por ese mismo gobierno.

 El Ejecutivo parece ignorar que una forma de legitimar su ejercicio es a través de la capacidad de gestionar y ofrecer soluciones con claro beneficio social, de generar bienes y servicios de acuerdo con las necesidades presentes y futuras de la comunidad y de actuar siempre en estricto cumplimiento de sus deberes y obligaciones constitucionales. La simulación, el engaño, la manipulación y la demagogia nada tienen que ver con lo que los ciudadanos esperan de quienes están a cargo del gobierno y la administración pública.   

La comunidad académica y el resto de los usuarios de los servicios del ISSSTESON difícilmente van a seguir aceptando disculpas, promesas y explicaciones desgastadas por su uso frecuente; no va a ser posible hacer comulgar con ruedas de molino a una enorme masa de derechohabientes permanentemente frustrados en su búsqueda de soluciones a los problemas acuciantes de la salud y la seguridad social. Recordemos que sólo el pueblo puede salvar al pueblo.