El infierno que viene

El infierno que viene

José Darío Arredondo López

“La dicotomía entre desarrollo y sostenibilidad es falsa. Sin planeta, no hay economía que valga” (Al Gore).

Hay fenómenos sociales que difícilmente podemos ignorar. Hay realidades que nos golpean la cara por más que tratemos de pasar de largo como si no tuviéramos que ver con el asunto. El caso es que estamos involucrados hasta las orejas en problemas como el alza de la criminalidad, el cambio climático y el lento pero seguro avance de la mancha naranja que nos plantó Grupo México en Sonora.

Tengo frente a mí un curioso tríptico donde Grupo México habla del Río Sonora, “nuestro río”, donde invita a conocer su historia, “entenderlo y cuidarlo”, aportando el dato de que “desde hace más de 12 millones de años su cauce acarrea una elevada concentración de metales que las lluvias arrancan de los cerros: por lo que de manera natural, este cuerpo de agua, contiene abundantes sedimentos” y advierte: “actualmente, científicos y autoridades ambientales señalan que el río no representa ningún riesgo para la salud, ni para la agricultura, la pesca y la ganadería de la región” (los subrayados en negrita son nuestros).

Abunda el citado documento publicitario que, ante la catástrofe ambiental del 6 de agosto de 2014, “atendimos puntualmente las indicaciones para contener el derrame, neutralizarlo y limpiarlo con todo cuidado”, detallando que fue una brigada integrada por más de mil trabajadores la que levantó los lodos contaminados, que “se retiraron y confinaron” más de 6 mil m3 de suelo, y remata: “Mediante las pruebas de la COFEPRIS y la CONAGUA se verificó que el agua del río y pozos aledaños no representaban riesgo alguno para la salud humana y que podía ser utilizada en actividades agropecuarias y pesqueras. También la SAGARPA certificó que el ganado y sus productos eran aptos para el consumo.”

El citado tríptico de Grupo México nos informa que siguen “fortaleciendo socialmente a las comunidades del Río Sonora, con actividades de educación, salud, medio ambiente, deporte y recreación en vinculación con 45 instituciones de la región.” A esta publicación se añaden los desplegados que paga en medios informativos (ver Expreso, 08.08.2019, General, pág. 7), en una campaña de manipulación informativa que da pena ajena.

Se ve que la empresa de Germán Larrea Mota Velazco no reparó en gastos, sabedor de que una mentira repetida mil veces, que puede ir impresa a todo color y con un buen diseño, termina por convertirse en una realidad a los ojos de quienes no sufren actualmente de cáncer, llagas en la piel, fallas en los riñones, tumores en el cerebro o un futuro convertido en basura que se arroja a un río.

Independientemente de la imagen sonriente que presenta Grupo México y el intento de trivializar lo que se ha considerado una verdadera tragedia ecológica, tenemos que de los 33 pozos existentes para consumo humano 32 están contaminados; que en temporadas de lluvias el agua al agitarse hace que emerjan los metales pesados que terminan en las tuberías de las casas y en el estómago de sus habitantes. Que un pozo puede presentar valores variables porque depende de la corriente de la que se alimenta, misma que está contaminada.

Por otra parte, no deja de ser escandaloso que el gobierno celebre la creación de una “zona económica especial”, como si el problema se resolviera con más distractores en forma de medidas de carácter burocrático y de imagen pública.

 También tenemos que la autoridad competente (CONAGUA) no tuvo empacho en permitir el trasvase de la Presa El Molinito a la Abelardo L. Rodríguez, “para evitar derrames”, con la consecuencia de que en el norte de Hermosillo se reportan altos niveles de arsénico:  tenemos el peligro de la contaminación en la propia casa de los hermosillenses. A estas alturas, nadie se puede sentir al margen del problema porque también somos un pueblo rivereño afectado por Grupo México.

Los pobladores del Río Sonora y Bacanuchi lamentan y denuncian la muerte de especies vegetales, afectaciones en los hatos ganaderos, altos niveles de substancias tóxicas en especies acuáticas y, en general, una severa afectación en sus actividades productivas y vida cotidiana. Y reclaman: “no todos pueden comprar agua de garrafón para beber… nuestra vida cambió después del derrame de Buenavista del Cobre.” “Han aumentado mucho los casos de cáncer en el pueblo… la gente se está muriendo.” La miseria y desolación actual de una región donde se vivía con tranquilidad y decoro contrasta con el optimismo insultante de la publicidad de Grupo México. El derrame que afectó al Río Sonora sólo augura el infierno que viene.

A propósito del quinto aniversario del derrame de Buenavista del Cobre en Cananea, se han presentado a los sonorenses trabajos periodísticos concluyentes: Grupo México ha contaminado y sigue contaminando la tierra donde se instala, apoyado en una legislación laxa que permite el aprovechamiento irresponsable de los recursos mineros de Sonora y México en general. Queda claro que la empresa de Germán Larrea no ha cumplido con sus compromisos tras el desastre ecológico y ha abandonado a los pobladores del Río a su suerte, con la complacencia del gobierno. Es importante ver en YouTube, por ejemplo, el reciente documental “Río Sonora: Impunidad y Olvido” del equipo periodístico coordinado por Amalia Escobar (https://youtu.be/TpmnUfjQ_xc), o la entrevista a Luis Manuel Cano, abogado de PODER, en Diametral, periodismo de coyuntura, “Río Sonora, ni la naturaleza ni la gente importan” (https://youtu.be/4Uh7DEE1lgw).

Como usted seguramente sabe, el pasado martes se llevó a cabo una manifestación de jóvenes organizados en defensa de la tierra, en particular el Río Sonora. Se desarrolló una marcha que partió a las 5:30 de la tarde del Mercado Municipal y tras externar su mensaje por las calles del centro de Hermosillo, concluyó su amplio recorrido frente al Palacio de Gobierno. A las siete de la tarde se desarrolló un importante foro de análisis sobre la minería en Sonora y sus impactos en la vida de sus habitantes, centrando su atención en el desastre ambiental provocado por Grupo México, con datos serios, producto de la investigación en tres campos: historia, química y derecho.

Se concluye que, al margen de los intentos de increíble cinismo de la empresa de Germán Larrea y cómplices en la academia y en el gobierno, tenemos frente a nuestra vista y nuestra historia a un auténtico criminal ecológico, a un depredador ambiental que no sólo sacrifica el presente de los sonorenses sino que envenena el futuro de nuestro estado.

Los hechos, los datos y los testimonios están a la vista. Lo que falta por ver es la acción pública en respuesta de los reclamos ciudadanos. El tiempo corre y la moneda está en el aire…

              

¿Dinero mata Justicia?

“¿Cómo nos arreglamos?” (frase de dominio público).

Como es cada vez más evidente, uno de los efectos perniciosos del sistema capitalista es que si hay dinero baila el juez. En otras palabras, el sistema genera la necesidad de basar el éxito personal en la cantidad de posesiones que acredite un individuo; en consecuencia se da cuerpo y sustancia a la conocida frase “tanto tienes, tanto vales”.

En los últimos meses hemos visto con asombro cómo reconocidos pillos empresariales, sindicales y de la administración pública se han alzado con verdaderas fortunas, cuentas milmillonarias, múltiples propiedades en el país y el extranjero en medio del boato y dispendio de un potentado oriental o un emprendedor en el giro de las drogas, el huachicol, trata de personas o el simple asalto bancario, comercial o domiciliario.

Se tramita amparos que son concedidos como se concede un saludo, una sonrisa de complicidad, un apretón de manos y una palmada en la espalda. La ligereza de los magistrados y jueces habla por sí misma y se plasma en los medios informativos como ejercicios de desfachatez impune.

Si bien es cierto que el actual Poder Judicial es como una gran manzana podrida que alberga gusanos de distinto calibre y voracidad, también en los alfombrados espacios de las demás dependencias públicas se cuecen habas, papas, frijoles y otras variedades alimenticias que se sirven en vajilla de lujo a los comensales de ocasión: banqueros, comerciantes, constructores, mineros, petroleros, entre otras especies generadoras de dinero y evasoras de impuestos.

Son frecuentes las denuncias de grupos ciudadanos que defienden su derecho a la tierra, a la salud, al ambiente sano y equilibrado, al agua, frente a desarrolladores inmobiliarios que arrasan selvas, playas, arrecifes, especies marinas, terrestres, prácticas culturales ancestrales, formas de vida comunitaria, y un sinfín de realidades vitales de carácter local y regional.

En nuestras ciudades es común que se destruyan plazas, parques y espacios arbolados en beneficio de nuevos desarrollos comerciales que apologizan el cemento, el acero, el vidrio y la desolación natural, con la consecuente necesidad de habilitar estacionamientos, sistemas de control de entradas y salidas, cámaras de videovigilancia, entre otras maravillas tecnológicas que nos instalan en la modernidad a costa del incremento en la temperatura y el gasto en energía eléctrica que repercute siempre en el consumidor.

Las denuncias y protestas ciudadanas generalmente son vistas como algo folclórico, como una especie de curiosidad social que ocasiona cierres de vialidades, lentificación del tránsito y motivo de movilizaciones policiacas. Vemos la forma pero ignoramos el contenido, de manera que las organizaciones ciudadanas son coyunturales y se alimentan generalmente de los afectados, no necesariamente de los ciudadanos solidarios y con conciencia social que persiguen proyectos de largo plazo.

¿Hay depredación inmobiliaria en La Victoria, en el Vaso de la Presa A. L. Rodríguez, en los ejidos aledaños a la ciudad ligada a familias billetudas o con enchufes políticos? ¿No hay abasto de agua para las colonias citadinas pero sí para el fraccionamiento de lujo recién construido o en proyecto? ¿Somos una entidad semidesértica y se concede agua a trasnacionales cerveceras? Las quejas, denuncias y eventuales movilizaciones proveen tema de conversación en el café o la cantina; son de mención obligada en la charla de sobremesa que llena el ocio de amas de casa, burócratas aburridos o ciudadanos haciendo turismo por la realidad.

¿Que los vecinos de tal o cual colonia no cuentan con los servicios básicos, que hay delincuencia organizada que exhibe armas de grueso calibre por las calles, que hay casas deshabitadas que sirven de refugio de malvivientes, que hay fugas de agua y baches que obligan a establecer reglas de navegación entre las calles? Pues son prietitos del mismo arroz que se cuece en el caldero de la ciudad.

Las denuncias de problemas grandes, medianos y pequeños van y vienen de las calles a las ventanillas de atención ciudadana en las oficinas del sector público. Los diputados reciben grupos sociales y se instalan comisiones especiales, dependiendo del caso. Las alcaldías se comprometen en el ámbito de sus competencias y el gobierno del Estado sonríe para la foto y asegura preocuparse por el problema.

El desbarajuste ciudadano alcanza niveles de histeria cuando el abogado del delincuente con pedigrí posa para las cámaras y exhibe tremendo documento donde dice que el juez declara procedente otorgar al sujeto el beneficio del amparo. Así que, en vez de pisar la cárcel depositará su humanidad en céntrico restaurante, en alfombrada oficina, en cómoda habitación. La justicia lo protege porque supo llegarle al precio. La impunidad se cotiza alto en el mercado de valores del sistema.

EPN y el Magistrado Eduardo Medina Mora

Como se ve, es inútil para los efectos inmediatos de la procuración de justicia recordar, por ejemplo, la “estafa maestra”, el incendio de la Guardería ABC, el saqueo pensionario del ISSSTESON; o los “incidentes” de Pasta de Conchos en agosto de 2006, de mina de Chacras en febrero de 2014, de Buenavista del Cobre en agosto de 2014, o el del 9 de julio de 2019, en Guaymas; o cualquier otro de los 22 accidentes atribuidos a la negligencia criminal de Grupo México. Y lo es porque los señores exfuncionarios gozan de los enchufes y recursos necesarios y los inversionistas tienen prioridad nacional por ser generadores de empleos, pero ya lo dijo el presidente López Obrador, que es importante la inversión y el empleo, pero no a costa del ambiente y la salud de los trabajadores y sus familias.

Urge, en consecuencia, poner orden tanto en la economía como en el Poder Judicial de la Nación, confiando en que el reloj de la transformación nacional avanza a pesar de la corrupción judicial y la indolencia de muchos. Consideramos que una ciudadanía consciente y activa puede contribuir al combate a la corrupción y a la transformación deseada de manera significativa, porque mientras no haya un esfuerzo conjunto y con resultados por hacer justicia en este país tan cargado de agravios, tendremos que seguir afirmando que así como “dinero mata carita”, dinero mata justicia. 

---o---

Nuestros problemas de migración.

“¡Cuál soberanía... por Dios! América para los americanos. Good night” (Jaime Garzón).

Muchas cosas obedecen a la ley de gravedad, independientemente de su naturaleza y temporalidad. Así, pues, tenemos que muy malas cosas nos han caído de “arriba”, si vemos nuestra posición en el mapa del continente. Las gallinas gringas ubicadas en el palo intermedio de Norteamérica cagan a las de abajo, en este caso, las mexicanas. Cabe aclarar que las canadienses obran de otra manera y en otro lugar de la geografía habida cuenta la influencia de los gringos que, a contra lógica geográfica, están en la cima del palo político continental y mandan sus detritus a donde se les pega la gana. Para ellos todo es “abajo”.

Como lo que está inmediatamente debajo de ellos somos los mexicanos y considerando los apetitos guardados durante muchos años, el territorio nacional es, ha sido y posiblemente será, el natural traspatio de los vecinos “de arriba”. 

Desde luego que pone de cabeza el concepto de “soberanía”, de “independencia”, de “dominio” de la nación sobre sus bienes, forma de gobierno, cultura y hábitos de consumo, sea de vestuario, preferencias musicales, de cine, televisión, incluso de formas y maneras de delincuencia; nuestras ideas acerca de la familia han cambiado gracias a la ley de gravedad y, a estas alturas, hasta el concepto de justicia y las formas de administrarla pasan por las cañerías de los Estados Unidos.

¿Usted cree que fue idea mexicana el cambio del sistema de justicia penal? ¿O los cambios al Código Civil en la década de los ochenta a noventa? ¿O las ideas casi obligatorias sobre la diversidad sexual? Para tener una idea clara sobre esto habrá que voltear hacia arriba, y en retrospectiva ver que el aparato excretor de las gallinas de arriba manda por gravedad lo que le sobra y tiene para repartir.

Como gallinero subordinado, tenemos que recibir las cargas de excremento que nos mandan de “arriba”, lo que incluye los efectos de los estropicios que ocasionan los vecinos del norte en Centro y Sudamérica: la sobreexplotación de los recursos naturales, la constante presencia de personal diplomático metiendo la nariz en decisiones que debieran ser de la exclusiva competencia de los gobiernos nacionales, la actividad impúdica y manifiesta de agencias de “inteligencia”, comerciales, antidrogas, religiosas, culturales, de desarrollo, entre otras producto de la imaginación intervencionista de “arriba” que, de manera privilegiada, realiza tareas de desestabilización política y penuria económica en donde se le ocurre.

El campo de batalla en que se ha convertido nuestro subcontinente genera inseguridad, miseria, incertidumbre tanto económica como política y, desde luego, deuda externa, ampliación del radio de influencia de las transnacionales, subordinación de los gobiernos a las cagarrutas de “arriba”, lo que provoca desaliento, minusvalías emocionales y políticas, de suerte que los partidos políticos topan con un muro de mierda cuando ofrecen salidas nacionalistas, y no falta qué organización ciudadana señale horrorizada que el país “se hunde” y que el gobierno nos lleva a una “dictadura”.

Es lógico que la gente se vaya de sus lugares de origen, no por turismo ni aventura ni por ganas de cambiar de aires, sino por los efectos de la influencia extranjera que sigue la lógica de que las ideas, intereses, recursos mediáticos y coacción política caen por gravedad en el territorio y las conciencias de los nacionales del sur. El caso es que las migraciones van de sur a norte porque en el sur las oportunidades de una vida vivible y decorosa se han agotado por el impacto de la pestilencia que viene “de arriba”. La migración que vemos traspasando nuestras fronteras es el efecto rebote de lo que viene del palo superior del gallinero continental.

En consecuencia, el sur inmediato a EEUU obra como pañal geográfico y, por tanto, responsable de contener la diarrea provocada por las medidas expansionistas y depredadoras de los vecinos gringos. La amenaza de los aranceles y la política de mandar la basura al traspatio demuestran que las gallinas de arriba cagan a las de abajo.

Es claro que urge replantear nuestras relaciones con otros gallineros y ver la forma de convertir este traspatio en un país soberano, en los términos del derecho internacional. No será fácil pero, ya sin el agravante de los gobiernos del Prian, podremos confiar en que se darán los pasos necesarios y convenientes para honrar nuestra independencia y libertad. Que así sea.

 

    

Limpiar la casa

“Supongo que el único momento en que la mayoría de la gente piensa en la injusticia es cuando les sucede a ellos” (Charles Bukowski).

Usted sabe que no se le pueden pedir peras al olmo, o al menos está enterado de que tal solicitud jamás tendrá sentido en la realidad, de suerte que cualquier reproche, reclamación o expresión de disgusto sale sobrando. La realidad es, independientemente de nuestra conciencia.

Lo anterior que suena más o menos lógico pero críptico se debe a que no hace mucho estábamos gobernados por una cleptocracia que hacía de las suyas en el orden federal, estatal y municipal, llevando al límite la paciencia de una gran mayoría de ciudadanos que optaron por lo que se debió hacer desde hace algunos sexenios: darle una patada en el trasero al PRIAN y fauna que lo acompaña.

A estas alturas, porque llevamos la mitad del año con otra administración tanto federal como municipal, en el caso de Sonora, aún no obra el milagro de la transformación del agua en vino y la multiplicación de los panes y los peces, habida cuenta las grandes y poderosas inercias y la compleja trama de intereses y complicidades que todo sistema basado en la corrupción de unos y la indolencia de otros promueve y defiende; sin embargo, se percibe un cambio en el discurso y hay acciones que permiten vislumbrar un mejor futuro.

Como usted se habrá dado cuenta, el camino del actual gobierno está plagado de obstáculos que implican acciones legales para impedir que las promesas hechas en campaña aterricen en acciones y resultados concretos. Ahí tiene usted la furibunda oposición a la Ley de Austeridad que, curiosamente, han encabezado los propios integrantes del Poder Judicial, donde los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación defienden como gatos boca arriba sus jugosos sueldos y prestaciones, su calidad de intocables legales de acuerdo con su muy particular interpretación de las normas. En Sonora, como usted recordará, hubo cambios de última hora en la Constitución para restar facultades al Congreso.

La gran batalla que se libra en la actualidad mexicana es la de un régimen que concede privilegios inauditos a los negocios privados a costa del interés público, pasando por un esquema de corrupción institucionalizado y sostenido en cada gobierno que protege a los delincuentes y castiga, margina y silencia a los opositores que creen en el estado de derecho y la soberanía nacional, frente al impulso ciudadano que promueve el progreso, la justicia y la inclusión representado por el nuevo gobierno. Pasado y presente cara a cara, decidiendo nuestro futuro como nación.

Si el debate nacional gira en torno a la reacción de México frente a las amenazas internas de un sistema que huele a putrefacción, no pueden quedar excluidas las muy importantes y determinantes condiciones del contexto internacional. Ante las amenazas de terrorismo arancelario México debe diversificar sus mercados y promover o reactivar alianzas estratégicas y productivas con países distintos a Estados Unidos.

En el interior, es imposible ignorar que somos un país geográfica y culturalmente diverso, donde la acción pública debe tomar en cuenta la complejidad de nuestra sociedad y avanzar siempre en la búsqueda del bien común sin dejar de considerar y respetar las tradiciones, costumbres y valores locales y regionales; es decir, buscar la unidad en la diversidad para el progreso de todos.

Lo anterior no tiene nada que ver con la exigencia de ciertos grupos de interés que pretenden seguir gozando de los mismos niveles de impunidad a que están acostumbrados, pues están bastante lejos de la sana intención de preservar la paz social con justicia y equidad y, en cambio, postulan la inmovilidad del gobierno para no “pisar callos” y que siga siendo cómplice y patrocinador de la ganancia privada a costa del interés público.

Los neoconservadores de guarache estaban acostumbrados a que el gobierno les aportara dinero para programas “sociales” sin responsabilidad alguna; recursos inagotables para el fomento de la “producción”; consideraciones especiales porque “creaban fuentes de trabajo”; disposición ilimitada de los recursos regionales porque “alentaban la competitividad y el empleo”; Concesiones a particulares asociadas al cuidado de infantes “en apoyo la cobertura que el gobierno  no puede alcanzar”, mientras que en el sector público se tienen subejercicios constantes, fugas importantes de dinero por pago de equipo, materiales de curación y medicamentos con sobreprecios, subrogaciones de servicios hospitalarios y de farmacia, entre otros que pasan por el manoteo inmobiliario en los ayuntamientos y la privatización de los servicios públicos por vía de concesiones que incluyen patente de corso.

Sin duda el amafiamiento político y la anarquía administrativa maquillada con complejos ejercicios de simulación de corruptelas han sido ventanas muy grandes de oportunidades de enriquecimiento bastante explicable, aunque tomados por muchos como parte de la “normalidad” que aspiran mantener.

Vemos en la actualidad ciertos grupos de ciudadanos “apartidistas”, de preocupados políticos ahora “de oposición responsable”, de damas caceroleras vestidas de blanco y con chaleco, de productores indignados por la suspensión de los apoyos, de artistas telenoveleros abanderados de la mediocridad mediática que se proclaman “decepcionados”, de “periodistas” huérfanos de moral y de chayote, de organizaciones patronales que se rasgan las vestiduras alarmados por el “desorden” y advierten sobre una “dictadura” pero que, pese a todo lo dicho, no pueden realmente negar que la corrupción política y administrativa inherente a un modelo de relaciones económicas centrada en el mercado y el individualismo más rapaz es, esencialmente, inhumana, excluyente y criminal. Entonces ¿qué defienden, sino la perversidad de un sistema que los hace tanto víctimas como cómplices?

Debemos entender que la capa de suciedad oculta en verdadero color de las cosas, y que el esfuerzo actual es el de limpiar la casa. ¿Por qué no apoyar los programas y las acciones que nos ofrecen la posibilidad de una mejor expectativa de vida?   

Los necesarios ajustes

“Cuanto mayor la riqueza, más espesa la suciedad” (John Kenneth Gailbraith).

Seguramente a estas alturas ya se diluyó para la opinión pública el impacto de la renuncia del Dr. Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda tras su inmediata sustitución por Arturo Herrera González, quien es un economista que cuenta con amplia experiencia en cuestiones fiscales, faltando sólo su ratificación por el Senado posiblemente el próximo jueves 18.

Lo cierto es que tenemos un panorama fiscal caracterizado por favorecer plenamente y sin disimulos al sector privado de la economía, y de éste a un grupo de empresarios a quienes se ha condonado o devuelto impuestos por una cifra verdaderamente escalofriante en los últimos gobiernos neoliberales: alrededor de 400 mil millones de pesos; sin embargo, en el primer trimestre del año se tuvo un subejercicio de 86 mil millones de pesos.

La salida del doctor Urzúa promete ajustes en el quehacer financiero nacional que den respuesta a la profunda desigualdad que existe en los montos y formas de la distribución y redistribución del ingreso. Para nada sirve un cambio de gobierno y de personajes en la titularidad de las dependencias si el modelo económico neoliberal sigue tan campante.

Si los cambios en el aparato económico y financiero del gobierno son urgentes y necesarios, también lo son los relacionados con el Poder Judicial de la nación, habida cuenta que el poder económico no sería tan factible si no tuviera como respaldo un aparato encargado de una mañosa interpretación y aplicación de las leyes. Tras los grandes defraudadores está siempre una pandilla de abogados, jueces, ministros y otros agentes operativos que integran esa hedionda cloaca llamada Poder Judicial.

En fecha reciente nos desayunamos (es un decir) con la noticia de que habían detenido al abogado Juan Collado, dueño de empresas financieras y casas de empeño, ligado a los intereses políticos y a los negocios que hacen posible el encumbramiento de personajes como los Salinas o los Peña Nieto, pasando por connotados panistas que fuman puro y de repente son secuestrados en condiciones por lo menos sospechosas, o con líderes sindicales eternizados en sus organizaciones ya charrificadas y convertidas en patrimonio personal, como es el caso emblemático de Carlos Romero Deschamps.

Queda para el anecdotario el clavado que se tiró al piso del restaurante en donde se encontraba con Juan Collado creyendo que iban por él, confusión que puso en evidencia que la vida de un parásito sindical también ofrece riesgos (Vanguardia-Mx 11.07.2019).

Los medios periodísticos pronto dieron cuenta de las relaciones “de pellizco y de nalgada” que el abogado Collado tiene con la cúpula del Poder Judicial, como son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Eduardo Medina Mora, Luis María Aguilar y Jorge Pardo Rebolledo, en claro conflicto de intereses si se trata de la procuración de justicia y el respeto a la constitucionalidad de las normas. Lo anterior demuestra, una vez más, la imperiosa necesidad de cirugía mayor en la SCJN y el rescate de la confiabilidad, respeto por la ley y su aplicación por los órganos jurisdiccionales que deben hacer posible la legalidad y la justicia.

Como seguramente usted lo habrá pensado, no tiene ningún beneficio que haya cambios si no los hay en la planeación y la ejecución de los programas y proyectos de alcance nacional que se proyecten en cumplimiento de los deberes y obligaciones del gobierno federal y, en su caso, los estatales.

Al respecto, dice el presidente López Obrador que la Cuarta Transformación no se trata simplemente de un cambio de gobierno sino de un cambio de régimen, lo cual supone la articulación de las acciones públicas y las instituciones que las hacen posibles a un horizonte ideológico que las oriente y dote de sentido y dirección.

López Obrador ha dicho que en su gobierno “primero los pobres”, con lo que la salida de Urzúa (y las que resulten) sugiere el replanteamiento de las prioridades tanto en lo estrictamente financiero como en el rumbo de la economía en su conjunto.

En otro asunto, ya se reportan especies marinas muertas por el último derrame tóxico de Grupo México en Guaymas, donde se vertieron al mar 3 mil litros de ácido sulfúrico. Desde luego, la empresa niega el daño ambiental en la zona que se considera el “acuario del mundo”. ¿Los intereses políticos y económico de Germán Larrea circulan en una órbita distinta a la del combate a la corrupción que ha emprendido el gobierno? Esperemos que se haga justicia, a los afectados en 2014 y a las actuales y futuras generaciones de sonorenses.

La propina del SAT

“Los ricos no son como nosotros, pagan menos impuestos” (Peter De Vries).

Según el diccionario, propina se define como “gratificación pequeña con que se recompensa un servicio eventual” (Diccionario usual, RAE), o “gratificación que se recibe directamente del cliente” (Diccionario del español jurídico-RAE). Generalmente la propina es una muestra de la satisfacción del cliente por el servicio prestado, y forma parte del ingreso informal del trabajador del sector servicios, donde destacan los meseros, repartidores y aseadores de calzado, entre otros.

La propina se da como regalo, es una donación monetaria que se otorga porque al cliente se le da la gana. Nadie puede legalmente obligar a la propina porque eso sería asumirse como patrón eventual del empleado que nos atiende en cumplimiento de su obligación contractual, a cambio de un salario establecido por la ley y las prestaciones a que haya lugar.

El hecho de que a usted lo atienda alguien en un negocio de servicios, por ejemplo un restaurante, no supone más obligación que la derivada de una relación eventual, circunstancial y que se da en un entorno donde queda claro que usted como cliente va a que le proporcionen un servicio a cambio de una cantidad de dinero fijada como el precio de los productos servidos más el impuesto correspondiente. Usted llega, demanda ciertos productos, paga y se va, sin más obligación o relación con la empresa o sus empleados.

Siendo así la cosa, no forma parte necesariamente del salario del trabajador que, en estricto sentido, está determinado por la ley y por el contrato entre el empresario y sus empleados. Sin embargo, nos enteramos de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pretende aplicar impuestos porque “el artículo 346 de la Ley Federal del Trabajo señala que las propinas recibidas por los trabajadores en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, cafés, bares y otros establecimientos análogos, son parte del salario del trabajador”. En consecuencia, “deben ser consideradas por el empleador para efectuar el cálculo y retención del ISR que, en su caso, resulte a cargo del trabajador…” (El Imparcial, 04.07.2019).

Para documentar el optimismo nacional, cabe aclarar que dicho criterio se estableció durante la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León y cuyo origen legal se tiene en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, de suerte que, para frustración de los nostálgicos del pasado reciente, no es imputable a López Obrador el citado mamarracho recaudatorio toda vez que es una herencia del neoliberalismo de guarache que azotó y azota aún a la nación.

Lo anterior sin duda despierta serias dudas en el sector empresarial y, desde luego, preocupación entre quienes sirven en restaurantes, bares y giros análogos. De quedar tal cual esta disposición y aplicarse con rigurosa puntualidad, ¿de qué tamaño sería el ingreso real del trabajador convertido en un cautivo sin respiro y sin salida del SAT, hambriento de recursos para la hacienda pública en tiempos de una política que pretende una mejor distribución y redistribución del ingreso nacional?

   ¿Usted como cliente, sería capaz de generarle al servicial mesero un gravamen más a su aporreado ingreso? ¿Optaría por decirle, “ni modo, joven, no habrá propina porque va a ir directo al SAT y tu vas a ganar menos”? Otra posibilidad es la de no cargar la propina en la cuenta y dar aparte, si es posible con sigilo, la cantidad que sea de su santa voluntad. ¿Qué se pudra el SAT?

Mientras se trata de recuperar los miles de millones de pesos regalados a ciertos empresarios por vía de condonación o devolución de impuestos, así como la revisión de la legalidad y consistencia de contratos, facturas expedidas y demás elementos documentales asociados al cumplimiento de obligaciones fiscales, el causante menor, cautivo y vapuleado, debiera tener un respiro en la batalla diaria por el sustento familiar.

Es de esperar que el gobierno de la república revise a fondo el régimen fiscal de todo tipo de causantes, aplicando un criterio de justicia, generalidad y proporcionalidad; y sobre todo, no confundir las patas con el bofe. El causante nacional no está para cargas desproporcionadas o simplemente ridículas. El neoliberalismo de guarache debe quedar, efectivamente, atrás.     

 

  

Entre malandros y forenses te veas

“Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia” (Paul Auster).

Sabiendo que usted debe estar hasta el tope con las notas donde se da cuenta de la sanguinolencia de esta sociedad, de la peligrosidad de calles, avenidas y bulevares, negocios gastronómicos, talleres, mercados, antros, carretas de fritangas, entre otras y, sobre todo, por la impunidad reinante, no abundaremos en detalles capaces de cortarle la inspiración frente a alguna bebida o substancia masticable; simplemente llamaremos su atención sobre el hecho de que estamos ante lo que parece perfilarse como una nueva normalidad.

¿Mataron a un vecino discreto y de buenas maneras? ¿Se entera de que un bebé muere asesinado? ¿Alguien salió pero no llegó a su destino? ¿Oyó una balacera que pensó que eran cohetes pero recordó que no era ni 15 de septiembre, ni fin de año, ni desfile de los ganaderos y cayó en cuenta de que estaba en medio de una refriega callejera en toda forma? ¿Ve a su alrededor y las rejas invaden su campo visual, pero recuerda que no está en un campo de concentración y le cae el veinte de que lo suyo es enclaustramiento precautorio? ¿No se ha topado con un hombre tirado en la calle a plena luz del día y paramédicos junto con policías revoloteando a su lado? O estando de viaje, ¿le ha pasado que ese bulto que ve, semioculto a la orilla de la carretera no es un observador de aves atrincherado y que los especímenes que lo rodean no son aves canoras sino zopilotes en plena inspección cadavérica con fines alimenticios?

Los medios de información nos pintan un panorama que parece ir de mal en peor, salvo pequeños lapsos en los que la criminalidad da la impresión de que pudiera dedicarse a hacer una evaluación de las acciones y los resultados y trazar una estrategia de mayor penetración en el ánimo de los ciudadanos. Incluso existe una escala de puntos donde Sonora ha alcanzado lugares importantes en materia de asaltos, asesinatos, suicidios entre otros motivos de acción policial. La estadística delincuencial y criminal nos sitúa en lugares que pudieran merecer medallas de plata o de bronce, si de competencias deportivas se tratara, aunque en materia de delitos fiscales ocupamos el sitial de honor por segundo año consecutivo. Los delitos sin ruido pero con un alto impacto nacional tienen un escenario privilegiado en Sonora (El Imparcial, 26.06.2019).

Por otra parte, ya ve usted que tampoco estamos fuera del ranking de fosas clandestinas para fines de ocultamiento de cadáveres: tenemos una buena marca en esa materia, situación antes inédita e impensada en estas latitudes. La capital de Sonora tiene una competencia cercana con Cd. Obregón, entre otras ciudades importantes, por alcanzar el premio mayor en materia de peligrosidad, incidencia criminal y, por qué no decirlo, impunidad. Estando así las cosas, resulta ocioso regatear méritos a los malandros sea por constancia o por el tipo de ilícito que perfeccionan a través de la práctica; en cambio, sus contrapartes legales representadas por las policías, que ahora abundan en la entidad y que se fortalecen con la presencia del ejército que hace bola con la marcialidad esperada; sin embargo, hasta ahora todo ese conjunto humano ha hecho mucho ruido mediático a cambio de pocas nueces. ¿Que la Guardia Nacional viene a la fiesta? Pues bien venidos, porque hay pastel para todos.

No hace mucho iniciaron actividades las integrantes de un valiente grupo civil de buscadoras de “tesoros” dedicadas a recuperar cuerpos ocultos y perdidos en las áridas tierras sonorenses. Sus esfuerzos han dado esperanza y certidumbre a varias familias y, como era de esperarse, han contribuido a arrojar algo de luz en el torcido y complejo panorama de las desapariciones forzadas. 

Al respecto, para la tranquilidad de los familiares de víctimas sin identificar, se da la noticia de que el gobierno federal ha elegido a nuestro estado como una sede del Instituto Regional Forense, con el fin de “atender la crisis de los cadáveres sin identificar que enfrentan los Servicios Médicos Forenses (Semefos)” (El Imparcial, 25.06.2019). Lo anterior habla de la voluntad de cumplir la obligación del gobierno de garantizar, proporcionar y mantener la identidad legal de las personas, lo cual permite, entre otras cosas, la entrega de los restos a sus familiares y la posible pista sobre lo que pudo acontecer que devino en asesinato y desaparición.

Por lo que toca al establecimiento de responsabilidades en los hechos delictivos y la aplicación de las sanciones correspondientes, aún queda un largo trecho por recorrer. Recuerde que la corrupción taponea los conductos por los que debiera fluir la justicia y que la limpieza no será cosa de un día para otro, habida cuenta la masa de intereses que asoma detrás de los hechos ilícitos y sus efectos en la tranquilidad ciudadana.

La lucha por la legalidad empieza en los propios órganos encargados de interpretarla y aplicarla, lo que supone cirugía mayor en el Poder Judicial de la Nación y de ahí para los estados. Como ciudadanos no podemos exigir magia, sino acciones bien pensadas, concretas y constantes. Sonora no está como para llamaradas de petate.