Conspiración en Pémex

notas sueltas

Notas Sueltas es un espacio de opinión sobre diversos problemas de carácter social, económico y político de interés general. Los comentarios pueden enviarse a: dalmx@yahoo.com

domingo, 23 de abril de 2017

¿Debe haber huelga en la Universidad?

Lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer” (Paulo Freire).

Nadie discute que el derecho a la educación de los jóvenes está garantizado por la ley y las buenas costumbres sonorenses, independientemente de que no se garantice ni la calidad, ni el empleo ni la seguridad social de los egresados. Por supuesto que la educación es una prioridad para el desarrollo del estado y el país, aunque el modelo de desarrollo es el de atraer inversiones en maquilas y otros giros que no generan necesariamente valor, aunque sí precio. Naturalmente que el gobierno vigila con celo la suave marcha de los procesos educativos y financia sin reparos la educación pública, siempre y cuando no le cuesten mucho y no comprometan el gasto dedicado a campañas de autopromoción electoral y de propaganda sobre los milagros logrados por la administración en turno.

Nadie, salvo los afectados directos como son los sindicalistas universitarios, cuestiona e indaga sobre los desvíos de fondos públicos denunciados y sobre los recursos que fueron transferidos de una a otra partida sin justificación ni transparencia alguna. Ningún espíritu justiciero repara en el hecho de que se hayan aumentado las plazas de confianza a costa de las académicas. Tampoco a alguien ajeno a la universidad de a pie parece preocuparle las continuas y reiteradas violaciones al contrato colectivo de trabajo por parte de la administración, lo cual, sin duda alguna, ha contribuido al enrarecimiento del clima institucional y crispado las relaciones entre trabajadores y autoridades. Desde luego, a nadie parece importarle que los trabajadores académicos, así como los manuales y administrativos son parte esencial de la fuerza laboral de la Universidad, regidos y amparados por un contrato colectivo de trabajo en el marco de la legislación laboral vigente, por lo que no son ni mártires ni santos, sino simplemente trabajadores especializados que realizan sus labores a cambio de un salario, tal como ocurre en otras esferas de la producción y los servicios. Si bien es cierto que la parte económica del contrato es importante, también lo es el respeto y la voluntad de diálogo de las partes y, en este caso, la administración se ha negado.

En cambio, a los representantes de la universidad mediática y burocrática les parte el alma la posibilidad de que “no haya clases” y que se “deje sin educación” a los jóvenes que acuden a las aulas desde los más variados lugares de origen, con el consiguiente “gasto familiar”. La angustia corroe las entrañas de algunos funcionarios nalgas planas encaramados en las secretarías, las divisiones y las jefaturas de departamento porque una huelga “afecta la imagen institucional” y hace desmerecer la calma porfiriana que hay en Sonora bajo la gubernatura de la señora de Torres. El coro de plañideras apenas empieza con puntualidad: el día 28 se vence el plazo para evaluar el avance o el estancamiento y abandono de las negociaciones, en el sentido de lograr o no acuerdos y tareas para resolver el conflicto y, por ende, la huelga.

El rector Grijalva y su patético coro de apoyadores a sueldo pueden reconocer las “justas demandas” de los trabajadores, a la par que promueven “incidentes no especificados” ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), con el fin de que se archive el expediente porque el STAUS “ya estalló” la huelga a principios de mes. Lo curioso del caso es que la autoridad laboral admitió indebidamente el incidente, siendo que solamente debió hacerlo cuando se refiriera a la personalidad jurídica de la parte sindical. Si la JLCA viola la ley flagrantemente al admitir un recurso ilegal, ¿cuál es la conclusión que el lector puede obtener acerca de la imparcialidad de la autoridad?

¿Los plañideros supuestamente interesados en la “educación de los jóvenes” están de acuerdo en que se pisoteen, cuando no se desconozcan, derechos sustantivos de los trabajadores? ¿Están a favor de dar una educación basada en la subordinación de los sindicatos a autoridades venales, corruptas y manipuladoras? ¿Qué clase de profesionistas tienen pensado lanzar al mercado ocupacional que prestigie a nuestra Alma Mater y que impulse el desarrollo integral de Sonora? ¿Qué tan innovador puede ser un egresado formado en la servil obediencia del patrón y en la ausencia de conciencia social? ¿Qué utilidad puede reportarle a la sociedad tener alumnos que desconocen los derechos de los trabajadores? ¿La idea de democracia y justicia social no pasa por las mentes de los burócratas encaramados en la administración pública y la universitaria? ¿La educación y la formación profesional se limita al cumplimiento de horarios y calendarios escolares, sin contexto ni contenido? ¿El académico es un robot diseñado para el llenado de formatos y el cumplimiento de horarios? ¿A qué horas dejó de ser universidad para convertirse en una vulgar maquiladora de títulos y constancias?

En la actual coyuntura no está en juego solamente la dignificación del trabajo universitario, de su contrato colectivo, de la existencia misma de los sindicatos, sino la naturaleza formativa de los estudios universitarios. En aras de contribuir a la formación profesional, humanista y ciudadana de los estudiantes y de la dignificación del trabajo profesional tanto de los maestros como del personal de manuales y administrativos ante las agresiones de la administración universitaria, sin duda alguna debe haber huelga en la Universidad de Sonora. Mientras no haya voluntad de diálogo y arreglo transparente y justo, que así sea, por el bien de todos.  


domingo, 16 de abril de 2017

Y usted, ¿ya resucitó?

                  “Donde hay poca justicia es un peligro tener razón” (Francisco de Quevedo).

La semana que resulta Santa por obra de las tradiciones histórico-religiosas que dominan el imaginario espiritual judeo-cristiano, ha concluido como deben hacerlo las semanas dedicadas al tránsito entre la adrenalina y la catarsis liberadora; entre el viacrucis, la pasión, muerte y resurrección del salvador designado, del cordero sacrificial que sufrirá en pellejo propio los errores, trapacerías y resbalones de los simples mortales. Es el “Ecce homo” que la turba espera encontrar tras el desenfreno de una vida irresponsable, tras los excesos y las falencias que producen placer instantáneo, así como remordimientos confesables en el marco de otros excesos igualmente lamentables; la Semana Santa es, finalmente, la reproducción programada del auge, la estabilización y la crisis de un ciclo vital que reporta ganancias turísticas y eventuales nuevas abolladuras en la coraza de respetabilidad de muchos.

Somos una sociedad productora de aves fénix, de delincuentes arrepentidos de cajón, de creyentes acomodaticios de cualquier culto que garantice el perdón y la inmortalidad manifestada en una u otra forma, por uno u otro camino paralelo a la genética, pero sin perder la noción del ser egoísta y marrullero que exigen las circunstancias. Sin duda, el pellejo propio es mejor que el ajeno.

Mientras que la cerveza y la contemplación de la mujer playera, como una belleza natural que debe preservarse de la extinción social, atrapen la atención del espectador, la vida puede seguir su ruta hacia el progreso, hacia la posibilidad de reciclar las viejas estrofas de un romance inacabado con uno mismo y su entorno. El egoísmo tiene una cara conocida en el espejo, pero puede, en aras del equilibrio social, reflejarse en otros cristales y con otros rostros, demostrando que el bienestar propio puede ser también el ajeno.

Es de suponer que lo anterior rebota en el cerebro de Trump, hoy por hoy habitante de la Casa Blanca. Es posible que la bomba con reputación de ser la madre de las demás contenga, además de explosivos letales, algún tipo de mensaje esperanzador para los consumidores de noticias: la civilización occidental estará a salvo en la medida en que tundamos a megatonazos a los que quizá, tal vez, puede ser que, a lo mejor, probablemente constituyan, algún día, una amenaza para “nuestra seguridad nacional”.

La bomba contiene, además, la advertencia de que alguien debe pensar muy bien en las consecuencias de acariciar la sola posibilidad de atacar o afectar los intereses petroleros y de comercio de Estados Unidos, además de sus objetivos de dominación extraterritorial, y que resultará de muy mal gusto, además de una “rara e inusual amenaza”, defender el espacio económico y político nacional frente a los intereses extranjeros. ¿Soberanía nacional?, ¿derecho internacional?, ¡simples excusas para no cumplir los caprichos de las trasnacionales! Así las cosas, la buena conciencia gringa se expresa con claridad meridiana en ese bombazo megatónico que ha dado tanto de qué hablar.

Pero, para jolgorio y satisfacción de nuestra pandilla neoliberal desclasada, la política exterior del vecino del norte incluye en sus planes la incondicional cooperación (se sabe que los títeres no tienen conciencia propia) y apoyo irrestricto a cualquier acción e iniciativa que pudiera presentar en el plano internacional. ¿Ejemplo? Pues ahí tiene la posición de México contra Venezuela en el seno de ese cachivache herrumbroso que es la OEA. Desde esta perspectiva, la democracia debe ser equivalente a la forma en que los gobiernos se agachan y se bajan los calzones ante el garrote gringo y, en consecuencia, entre más blanditos y cooperadores se pongan, más democráticos serán a los ojos de Washington.    

Al viacrucis del pueblo mexicano se pueden agregar los correspondientes a otros pueblos que padecen de gobiernos ayunos en humanidad, víctimas de su propia maquinación contra la razón y la justicia, contra el derecho de las gentes de vivir en paz y con progreso. El pueblo es crucificado, tras un largo y penoso recorrido de escarnio, crueldad y abuso, pero, como sucede con el crucificado del Gólgota, su muerte y el instrumento de su tortura, se convierte en símbolo de su liberación.

Sólo cuando hay plena conciencia del proceso y lo logrado, se puede decir que la resurrección se ha dado, y que el pueblo, como el ave fénix, ha resurgido de entre las cenizas y remontado el vuelo hacia las alturas de una vida sin violencia, con paz y justicia social. Entonces, ha caído el tirano, y el pueblo es su propio salvador.

Viendo cómo están las cosas, ¿usted está dispuesto a seguir con lo mismo? ¿Está dispuesto al cambio? Tras la Semana Santa, ¿usted ya resucitó?

jueves, 6 de abril de 2017

¿Diálogo unilateral?

                                                           “Cada cual es artífice de su propia fortuna” (Salustio).

Parece que las palabras adquieren un nuevo significado cuando las emplean los sordos, los ciegos y los mentecatos irredentos, socialmente hablando. Cualquiera sabe que “diálogo” significa un intercambio bilateral de planteamientos, propuestas, soluciones o, simplemente, inconformidades y mentadas de madre envueltas en eufemismos y expresiones políticamente correctas. La problemática vista de frente, sin ruido ni intermediarios oficiosos, permite medir la fuerza de los argumentos mediante la capacidad de convencer al otro, pero la validez del discurso tiene que responder a una situación que ambas partes identifiquen como cierta, problemática e importante. Si una de las partes entiende como irrelevante lo que se plantea, el diálogo puede no ser significativo, y el interés común pasa a ser particular. En este punto, el ninguneo, la actitud despectiva y la exclusión pueden tomar por asalto la “mesa de negociaciones” y la intención de diálogo pasa a ser monólogo. Los chicharrones de alguien son los que truenan para ser escuchados por los demás.

Actualmente, la Administración de la Unison está empeñada en ejemplificar el no-diálogo a través de la unilateralidad de sus decisiones y de su compulsiva inclinación por ignorar al sindicalismo y desestimar sus reclamos y propuestas de solución. Incluso, se cuestiona la competencia del sindicato académico en cuestiones que tienen que ver, estrictamente, con su materia de trabajo. Si alguien tiene relación directa con las decisiones académicas y su forma de implementación sin duda son los profesores, pero la administración niega la participación de éstos en la planeación, reformas normativas y operación de planes y programas. En este caso, la administración arguye que los profesores carecen de competencia o personalidad legal para intervenir de alguna manera.

Al parecer, estamos ante el caso de que, artificialmente, se separa al trabajador del proceso de trabajo, ya que se le niega el control del mismo y de sus resultados. Entonces, ¿cómo responsabilizar al docente de su desempeño, en términos del aprendizaje de sus alumnos, mediante las evaluaciones en la calificación de su trayectoria laboral? En este caso, ¿qué validez tendrían los puntajes para el otorgamiento de los estímulos a la carrera docente? ¿El trabajador académico puede ser evaluado por acciones y procesos ajenos a su responsabilidad o injerencia?

La situación sugiere que existe unilateralidad que no sólo excluye, sino que desestima la pertinencia de la opinión de quienes por contrato hacen posible el proceso de enseñanza-aprendizaje. La administración y los llamados órganos colegiados monopolizan las decisiones que operan los profesores, sin embargo, los docentes son contratados precisamente para eso; sin embargo, la materia de trabajo reconocida y normada por la legislación y reglamentación universitaria y el contrato colectivo de trabajo (CCT) del STAUS, ponen en el centro del proceso al personal académico. La excelencia y la acreditación de los programas depende, hoy por hoy, del esfuerzo de los académicos.

Sin embargo, el criterio de la administración universitaria es que el sindicato no tiene porqué proponer y señalar cuestiones relacionadas con la matrícula, la ampliación de la oferta, los planes y programas de estudios, entre otros aspectos. En otras palabras, en materia académica, los docentes nada tienen que decir, proponer u observar, solamente cubrir cursos, cumplir horarios y llenar formatos.

Pero si este caso es preocupante, con más razón lo es la absoluta opacidad con que se manejan los recursos económicos asignados a las funciones sustantivas de la institución. Ha trascendido que existen plazas académicas que se han desviado para engrosar la nómina de confianza y que partidas existentes, como la de vivienda, ni se conocen y menos se aplican en beneficio de los trabajadores, sino que se canalizan para fines no identificados, lo que supone un caso de discrecionalidad en el manejo de las finanzas institucionales. Este tipo de situaciones han sido la materia de reclamos recurrentes del sindicato y que la administración se ha negado aclarar. El estado de las finanzas institucionales es, para los sindicatos, un misterio por resolver.

Como sabemos, la administración ha modificado unilateralmente el Estatuto de Personal Académico, el Reglamento de Becas, las convocatorias para los concursos para el ingreso temporal o definitivo del personal, entre otros asuntos que son, por su contenido, claras violaciones al CCT y evidentes causales de huelga, en caso de no haber un cambio de actitud por parte de los representantes de la autoridad.

El reiterado desprecio hacia la parte laboral, el ocultamiento total o parcial de información crucial en esta etapa de prehuelga, la desinformación que la administración se complace en difundir a través de entrevistas y comunicados a la opinión pública, permiten suponer que no hay voluntad real de diálogo, y que la simulación y la opacidad son los instrumentos elegidos por la autoridad para su relación con la contraparte sindical.

Es claro que en esta coyuntura está en juego la integridad y la credibilidad de la organización sindical, habida cuenta que la defensa del contrato colectivo de trabajo debiera ser el punto de unión de todas las corrientes y sectores del personal, tanto académico como manual y administrativo. Sin embargo, se observa una tendencia hacia la desactivación de medidas que puedan afectar a la administración, como son los paros parciales o totales de actividades, debido al temor de algunos trabajadores de ser objeto de descuentos por faltas. La pregunta obligada es la siguiente: Si no están dispuestos a afrontar un eventual descuento de un día, ¿serán capaces de aguantar una huelga?


La urgencia actual es lograr la unidad de propósitos y acciones y, sobre todo, la conciencia de ser trabajadores en lucha por los más obvios e indiscutibles derechos contractuales, sin los cuales no tendría caso el sostener un membrete vacío de contenido con el nombre y el logotipo de la organización sindical. Se estaría en manos de la voluntad omnímoda y autoritaria de una administración cada vez más carente de respeto por la legalidad y dispuesta a desconocer las conquistas históricas de los trabajadores universitarios de Sonora. El momento de la acción es hoy, el mañana será sólo el producto de lo que hagamos o dejemos de hacer. La moneda está en el aire.       

domingo, 2 de abril de 2017

Los daños a terceros

                                                                         “En todo hay una medida” (Horacio).

La prensa diaria nos asalta con las notas lacrimógenas, ríspidas y altisonantes de los quejosos de siempre: ciudadanos que mueven el dinero y las influencias para que las cosas cambien para no cambiar, para que las apariencias o la percepción engañen al ciudadano común y corriente y que cualquier amenaza de cambio verdadero quede en gritos y sombrerazos. Las aguas deben seguir fluyendo en la misma dirección y con el mismo impulso, sin derramas que puedan salpicar a quienes no tienen el derecho de verse beneficiados por el statu quo, por la cadena de inercias que permiten que las aguas estancadas sean comercializadas cada tres o seis años como novedosas soluciones a la pestilencia que nos ahoga.

La reciente manifestación de ciudadanos en el poblado Miguel Alemán que llevó al bloqueo de la carretera por problemas con el transporte suburbano, revelan algunas cuestiones que no sólo quedan en la forma sino que dan pistas de un fondo por demás oscuro y cavernoso: la policía es capaz de desplegar sus fuerzas y “dialogar” con los manifestantes, en un ejercicio de intimidación-disuasión que no constituye diálogo ni mucho menos negociación, ya que la autoridad llega con instrucciones precisas de liberar la vía de comunicación porque el tapón ciudadano impide el libre tránsito de mercancías cuyos clientes esperan para hacerlas circular con la ganancia correspondiente.

Con dinero baila el chango y lo nuestro es tocar la música adecuada. El sistema requiere poner en contacto a oferentes y demandantes mediante el transporte, de donde la infraestructura carretera obra como las arterias que llevan la sangre a los órganos vitales del sistema. Las balas de goma que, según las autoridades, no son agresivas pero que pueden ser letales, se encargan de argumentar la necesidad de liberar el paso, y persuadir a los manifestantes a subordinar sus necesidades comunales a las empresariales, a fin de no afectar “a terceros”. Las demandas ciudadanas son nocivas para el comercio y la ganancia, y solamente pueden ser admitidas en su carácter de reclamo de más bienes y servicios, que incentivarán a las empresas a incrementar sus ganancias y “generar más empleos”.

Los “daños a terceros” mueven la voluntad de quien gobierna en favor de las víctimas de la necesidad popular y sus manifestaciones en procura de justicia, de suerte que los manifestantes siempre contarán con la promesa de respetar la libertad de expresión y el uso pacífico de las vías públicas, siempre y cuando no afecten intereses privados, empresariales, de imagen o de “percepción” de lo que es el poder. Las amenazas, intimidaciones y balas de goma forman parte del paquete que se ofrece a una ciudadanía al borde de un ataque de valor cívico para que, en un plazo perentorio, moderen y, en el mejor de los casos, abandonen los ímpetus beligerantes.

Parece que la defensa de los derechos ciudadanos se ve bien en las películas y las arengas de los funcionarios, no así en la vida cotidiana donde funciona eso de “ustedes” y “nosotros” con clara alusión al espacio excluyente de los privilegios, prerrogativas, canonjías y prebendas propias de la clase política y las burocracias público-privadas que llegan a encaramarse al poder público y ejercen funciones de gobierno y administración.

Los “daños a terceros” contienen una de las claves de la exclusión social, si la manifestación ciudadana supone la reacción a un privilegio concedido a quienes se sirven de las influencias y obtienen los beneficios de su cercanía con el gobierno en turno. Las balas de goma terminan siendo un instrumento de amedrentamiento que congela las calenturas ciudadanas y reprime la acción cívica, por obra de un aparato represivo público que sirve a los intereses de un sector privado parasitario y, visto en perspectiva, agónico.

El gobierno local aparece como un represor vergonzante porque lo mismo que lo caracteriza termina siendo negado por los voceros oficiales: “se respetan los derechos humanos”, “se investigará y fincarán responsabilidades”, “las balas de goma no son agresivas”, “se suspenderá a quien haya disparado a los manifestantes”, “la gobernadora garantiza el respeto a los derechos humanos”, entre otras formas de tirar la piedra y esconder la mano.


Mientras los heridos curan su frustración y su dolor, el estado avanza con el aviso de megarregiones, incentivos a la minería y el trabajo legislativo en favor de la integración económica de sardinas con tiburones. Se oyen en crescendo los aplausos y los murmullos de aprobación de los “sectores productivos” y su coro de aplaudidores por contrato. ¿Sonora avanza?

miércoles, 29 de marzo de 2017

País de sombras

                                                          “Nadie puede llevar una máscara siempre” (Séneca).

La militarización del país pasa por ser preocupación por la “seguridad interior”, campo que se puede interpretar como la posibilidad de parecernos a una sociedad militarizada, dictatorial, represiva y carcelaria, pero con la sana intención de acabar o por lo menos disminuir la criminalidad. La ironía es clara y así atemorizante: los militares les truenan los dedos a los legisladores en una exigencia insólita, pues legalizar la intervención de las fuerzas armadas en los asuntos que corresponden al orden civil es un despropósito cuando no una desmesura. Huele a golpe de Estado donde quien promueve parece ser el Ejecutivo con la complicidad del Legislativo, y una especie de cerco de bayonetas cerca del trasero de los representantes que gozan de sueldos y prebendas inimaginables en un país azotado por la carestía de la vida y la infamia de impuestos y tarifas que tienen la virtud de despanzurrar cualquier presupuesto familiar.

Por lo que se ve, el supremo gobierno está más dispuesto a legislar por la mano dura y la represión que por el bienestar ciudadano, quizá porque en el corto plazo resulta ser más barato abatir opositores y nulificar disidencias que crear empleos y administrar con justicia y honestidad el erario. Cuestión de tiempos y prioridades, de enfoques e ideas de país que chocan en los distintos espacios de interlocución que quedan, si tomamos en cuenta que México es un país donde las ideas se entierran en fosas comunes y los escarmientos se dan en las calles, lugares públicos y domicilios particulares, en forma de amenazas, atentados y asesinatos de periodistas, luchadores sociales urbanos y rurales, dirigentes indígenas y sindicales, entre otros objetivos de pacificación y control cuando fallan los estímulos económicos y las presiones psicológicas.

La inseguridad que reina en las calles y barrios de México no puede ser solamente gratuita, casual u ocasional, pues sugiere una cierta intencionalidad de inducir a la sociedad a aceptar medidas que coartan libertades y derechos ciudadanos. Una granada que estalla en una festividad cívica, una balacera que tiene como caja de resonancia mediática un bar, una discoteca, una boda, incluso un funeral, no pueden ser obra de la mala fortuna, la mala leche de un loco, el desahogo de un imbécil, o la broma macabra de un sociópata resentido. El terror es un instrumento político, un arma de manipulación social que ablanda resistencias, nubla el buen juicio y estimula los impulsos más primitivos de la sociedad.

La pobreza arrastra una cauda de enriquecimientos “inexplicables”, corruptelas grandes y medianas, tráfico de influencias, abuso de autoridad, complicidades varias y la certidumbre de que la impunidad se encargará de enterrar los restos de culpabilidades y reincidencias. El ser pobre en un país como el nuestro, es actuar como testigo mudo de los excesos y abusos de un sector minoritario de la población sobre una mayoría hundida en la apatía y el conformismo, en la minusvalía que el propio sistema se encarga de imbuir en los posibles opositores, en los jóvenes y en los niños que revientan sus valores y aceptan la eventual posición de distribuidor de drogas al menudeo, ratero de barrio, asaltante de colonia, roba carros, o cualquiera de las especialidades delictivas de mediano pelaje en las que puede caer la amplia población de desempleados, subempleados o trabajadores precarios que produce cada año el sistema. En nuestro estado la seguridad se convierte en un bien escaso y donde la justicia se ofrece como un logro antes que una obligación pública, susceptible de ser moneda de cambio para la oferta privada de vigilancia y control de riesgos, así como para el fortalecimiento de relaciones con los gringos, siempre especialistas en la generación, administración y control de la violencia y su utilización geopolítica.

No es difícil imaginar que la violencia e inseguridad crónicas obran en beneficio de la imposición de un esquema de control político de disidencias y oposiciones, y que sirve para que los proveedores especializados en materia de tecnología de vigilancia y registro de actividades en áreas públicas o privadas hagan negocios sin sentir escrúpulos morales, persuadidos de que sus productos hacen que la vida citadina sea menos mala de lo que pudiera ser, así como un factor de enriquecimiento por concepto de incentivos y comisiones a funcionarios públicos complacientes.

Si la violencia, la inseguridad y los negocios del ramo prosperan, entonces debemos suponer que el sistema permite que los problemas no se resuelvan y, al contrario, se profundicen, en donde termina por ser necesario un elemento de control lo suficientemente fuerte como para dominar las tendencias disruptivas del sistema. Aquí, la inclusión de los militares en el juego de poder puede ser un factor de control de daños, de institucionalización de la violencia cuando la competencia es desbordada y se transforma en anarquía, pues los negocios no funcionan cuando se satura el mercado al punto de que la competencia es de vida o muerte y la violencia es su producto natural. En este sentido, la bota militar es el recurso obligado de contención en un sistema en descomposición. Y aquí estamos.


Es curioso que la gobernadora del Estado insista en impulsar una “megarregión” con Arizona, atraer inversiones extranjeras, apoyar a los empresarios mineros, y la llamada ley de seguridad interior, sin ningún reparo, en tiempos en los que la corriente internacional se ha vuelto hacia los cauces del fortalecimiento del mercado interno y los recursos nacionales. De hecho, la ola de la globalización está en un reflujo que bien pudiéramos aprovechar pensando en el fortalecimiento de la capacidad productiva local y regional mexicana. Ojalá que haya sensatez, sentido nacionalista, amor a la patria y, sobre todo, verdadera vocación de servicio. Pero los pronósticos van en sentido contrario. Triste papel.

martes, 21 de marzo de 2017

Las piedras del camino

    “No hay nada tan adverso que haga que el alma justa no encuentre consuelo” (Séneca).

Al parecer, la vida transcurre en una carrera de obstáculos, sorteando baches y brincando charcos, escribiendo con la zurda cuando la derecha está ocupada secando el sudor que producen los afanes cotidianos. La historia de nuestro día a día es la reseña del purgatorio cuando no la antesala del infierno, con o sin Dante, pero de seguro sin el recurso de un Uber cuando los taxis convencionales y las prisas nos traicionan.

Acaba de celebrarse el Día Internacional de la Felicidad, lo que para muchos es una broma pesada, una pedorreta en mera jeta y una mentada de madre en despoblado, sin embargo, las expectativas de que “nos vaya bien” están plasmadas en el discurso y en las caras sonrientes de los señores funcionarios públicos tanto del estado como del municipio. La sonrisa radiante y las palabras inspiradas en un modelo que en el nivel internacional está haciendo agua, nos persuaden que alguien está chalado, loco, majareta, chiflado o, de plano, candidato a huésped permanente de la casa de la risa.

Mientras unos insisten en que a Sonora le va a ir bien con las políticas de Trump, otros señalan que el noroeste es vulnerable a las mismas, lo que permite al ciudadano lector de periódicos suponer que alguien tiene problemas de percepción de la realidad económica nacional y regional. Lo cierto es que mientras los reclamos por prácticas abusivas y lesivas del ambiente, en particular las de Grupo México, aumentan en varias latitudes de la geografía nacional, la gobernadora del estado impulsa iniciativas que permitirían a la empresa abaratar los costos de operación y así, tranquilamente, seguir contaminando el ambiente y arruinando a comunidades enteras. No hay duda de que los costos de exploración y extracción son importantes, pero tampoco la hay sobre los daños que ocasiona una actividad que ha gozado de impunidad y que se ha especializado en abaratar costos, sin ninguna responsabilidad clara sobre la seguridad e higiene de sus instalaciones y de la salud y vida de sus trabajadores.

Si bien es cierto que los daños ambientales son graves, también lo sería una legislación fuertemente centrada en cumplir con los criterios internacionales de sanidad ambiental y protección a la biodiversidad, empezando por la salvaguarda al derecho de los seres humanos a una vida sana y libre de contaminantes; de haberla, los empresarios canadienses y los nacionales, entre otros de menor presencia, sufrirían las de Caín en sus utilidades, que se verían mermadas por el fastidio de cumplir con la ley, monserga tercermundista que impide el libre desarrollo de la empresa capitalista y la generación de empleos insalubres y riesgosos, pero empleos al fin. Más grave para los negocios sería el tener una autoridad vigilante del cumplimiento de las leyes y respetuosa de nuestra entidad y del país, pero, al parecer, no existe peligro a la vista cuando el gobierno se muestra tan obsequioso y permisible con ellos.

No hay duda que quienes encabezan las instituciones públicas de Sonora tienen una oportunidad dorada de cumplir y hacer cumplir el propósito privatizador del gobierno federal, en la medida en que sus facultades se los permitan, pero tan fervorosa entrega al neoliberalismo cuenta con obstáculos, con piedras en el camino que hacen que el resuello les falte y la vista se les nuble. Hay una oposición activa, pequeña pero picosa que hace camino al andar. Lo menciono porque a pesar de los sagaces intentos de dividir, desarticular, desanimar, molestar y disuadir a este contingente cívico, las banderas siguen en el aire, ondeando tan orondas a pesar de todo.

Creo que cuando un movimiento pega en el clavo de las necesidades sociales y tiene el valor de sostener una lucha, el gobierno y los gatilleros profesionales al servicio del sistema empiezan a infiltrarse, a sembrar insidia y confusión, a querer joder a los liderazgos populares y a comprometer la credibilidad del movimiento con las maniobras del su manual de destripamiento ciudadano. Si algo promete, se debe arruinar.

Lo que muchos perciben de los movimientos sociales recientes es su vulnerabilidad ante las amenazas de los enemigos internos y externos, que tarde o temprano hacen acto de presencia. También el hecho de que no hay ni puede haber movimientos químicamente puros, y que la presencia de personas que comparten al cien por ciento sus propósitos no es necesariamente una realidad en nuestro sistema solar.

Actualmente tenemos varias luchas en cartera, algunas como las de los familiares de las víctimas de la Guardería ABC, la de los afectados por el derrame en el Río Sonora, las familias afectadas por el acaparamiento urbano irregular el vaso de la presa A.L. Rodríguez y en el cauce del Río San Miguel; los afectados por varilla contaminada, los padres de los niños convertidos en mercancía que fueron dados en adopción sin su consentimiento, los vecinos que padecen la inseguridad más cruda en sus barrios y colonias, entre un largo etcétera que nos debe avergonzar, pero que no lo hace porque muchas veces pasan inadvertidas, porque nos importan poco, porque parecen ajenas y porque no nos afectan en forma directa. La experiencia nos dice que la gente se moviliza con mayor facilidad cuando el problema le llega al bolsillo, cuando la economía familiar se precariza y cuando el gobierno es lo suficientemente imbécil como para no disimular su perfidia e incompetencia.


Pero, sea como sea, es alentador que la ciudadanía en otros momentos estuvo dispuesta a manifestarse cuando se estuvo en peligro de tener cerca un vertedero tóxico, y cuando el gobierno dispuso del Parque de Villa de Seris, para convertirlo en una superficie ridícula y carente de gracia. Somos testigos de muestras de valor y generosidad que no es posible soslayar. Estas manifestaciones de vida cívica activa y vibrante son los obstáculos que el gobierno y los negocios que protege con fidelidad perruna han de encontrar hasta que la justicia reine en Sonora y la ley en acción permita que los ciudadanos confíen en sus autoridades. Sueños guajiros, utopías de fin de semana largo, memoria de un pueblo que hizo posible la expropiación petrolera y la nacionalización de la industria eléctrica. Recuerdos que alimentan la posibilidad de dar sentido a otro Día Internacional de la Felicidad, que nos aguarda en el futuro que podemos construir.

domingo, 12 de marzo de 2017

Las bolas del engrudo universitario

“Mientras bebemos y nos coronamos de rosas y reclamamos perfumes y mujeres, la vejez se desliza sin ser notada” (Juvenal).

Se dice que las apariencias engañan, pero en ocasiones la realidad se nos presenta como una broma, engaño, cuchufleta o simple pitorreo. Actualmente la Universidad de Sonora se encuentra en vías de ser emplazada a huelga por los sindicatos, en donde conviene destacar que la negociación del Contrato Colectivo de Trabajo tiene elementos que la hacen particularmente complicada.

Al respecto, considere usted que, al cúmulo de violaciones y reclamos al clausulado del contrato, se añade la sucesión rectoral, el desfondo no resuelto del Isssteson, los gasolinazos y el claro y evidente deterioro de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, el alza generalizada de las subsistencias populares y, como consecuencias, el deterioro de la calidad de vida de las familias, el incremento de la delincuencia, la inseguridad pública y de la demagogia oficial que insiste en recetarnos el rollo de una economía que va “por el camino correcto”.

Por otra parte, la disposición de la administración universitaria para dialogar y negociar con los sindicatos ha sido, como en otras ocasiones, evasiva, irritante, despectiva prácticamente nula, frente a su contraparte laboral. El rector, tras instalar la mesa de negociaciones optó por ausentarse y solamente se sabe de él a través de los medios de comunicación locales, donde parece empeñado en justificarse ante la opinión pública respecto a serios casos de incumplimiento contractual donde destaca estelarmente la suspensión administrativa por parte de Isssteson de los trámites de jubilación de 67 académicos de un centenar y medio de universitarios.

 Ciertamente, la problemática del Isssteson es seria, pero, como ha declarado el propio rector, los trabajadores universitarios no son responsables de ello y no hay porqué privarlos de los beneficios de la seguridad social que provee el Instituto. Arguye que la universidad no le debe al Isssteson porque, por convenio con el propio Isssteson (Cláusula Décimo Primera del Contrato de Prestaciones de Servicios), la Secretaría de Hacienda está autorizada para hacer los descuentos en automático con cargo al subsidio estatal, sin embargo, el Instituto afirma que las cuotas y aportaciones no ha sido cubiertas en su totalidad, sumando 141 millones de pesos el adeudo, por tanto, se suspenden los trámites de jubilación y en lo futuro los servicios médicos.

Como el lector comprenderá, el horno no está para bollos administrativos porque la tensión crece en la medida en que los trabajadores adquieren conciencia de la necesidad de dar fin a su vida laboral, además del hecho de que (según ha reportado una reciente investigación) la edad promedio de los académicos anda por los 60 años y, en aras de la calidad de la producción científica y la eficiencia docente, resulta urgente procurar las condiciones para el relevo generacional.

Independientemente de que el caso debe ser analizado desde la perspectiva de la Fiscalía Anticorrupción para el deslinde de responsabilidades, habida cuenta que es dinero público que no llegó a su destino, el caso debe analizarse desde la óptica sindical, es decir, desde la trinchera de los trabajadores que están viendo que, en este caso, su contrato colectivo es violado en lo pactado en la Cláusula 141, que en las partes conducentes dice:

“Todos los trabajadores académicos tendrán derecho a recibir todas las prestaciones que otorga la Ley del ISSSTESON, sin limitaciones y disminuciones motivadas por la categoría, nivel o duración de la relación laboral. Estas prestaciones deben ser extensivas a los descendientes directos y cónyuge del trabajador” (párrafo 1).

“La Universidad se compromete a gestionar ante el ISSSTESON igual trato para los trabajadores académicos con respecto al resto de sus afiliados en lo que concierne a la totalidad de las prestaciones sociales otorgadas por esa Institución. De igual manera la Universidad se compromete a informar mensualmente al Sindicato de las cotizaciones del ISSSTESON” (párrafo 6).

“Cuando se proponga un cambio en el Convenio que tiene la Universidad de Sonora con el ISSSTESON, referente a la prestación de Servicios Sociales para los Trabajadores, la Institución acordará con el STAUS los términos en que se firmará el nuevo Convenio” (párrafo 11). 

De acuerdo al contrato, para los trabajadores universitarios no hay instancia más inmediata de reclamación que la propia administración representada legalmente por el rector, razón por la cual la opinión pública no debiera acudir a la descalificación facilona e irresponsable del sindicalismo universitario. Por otra parte, los trabajadores deben emprender las acciones que sean necesarias para que las causas de su afectación queden al descubierto y sean corregidas por parte de las instancias competentes, lo que incluye al propio Isssteson y al Gobierno del Estado. Es cosa de ponerse en el lugar de los afectados y en un ejercicio de sensibilidad social apoyar o, al menos, no descalificar sus esfuerzos por lograr un trato justo y apegado a las normas de la seguridad social y los derechos humanos internacionalmente reconocidas.

El Gobierno del Estado no puede hacerse el desentendido sin correr el riesgo de declararse insensible, ocioso y cómplice. Su credibilidad está seriamente comprometida y la sospecha de que se puede tratar de una maniobra, burda por demás, para manipular la sucesión rectoral tanto como para generar las condiciones que permitan la privatización de los servicios sociales, según recomienda la OCDE y el FMI, crece hasta alcanzar niveles que sólo pueden acelerar la inconformidad y la profundización de los conflictos.


Me parece que la gobernadora, en caso de ser ajena a estas trapacerías, debe poner orden en su changarro y, por otra parte, el rector universitario debe asumir su responsabilidad y sentarse a la mesa de negociaciones con el ánimo de hablar claro, de frente y sin intermediarios cuyo papel pasa de lo irritante a lo ridículo. El diálogo junto con las acciones legales que sean pertinentes son la mejor forma de resolver los conflictos, de cara a la comunidad universitaria y a la sociedad que confía y hace posible la vida y operación de la Universidad. La moneda está en el aire.