Conspiración en Pémex

Notas Sueltas es un espacio de opinión sobre diversos problemas de carácter social, económico y político de interés general. Los comentarios pueden enviarse a: dalmx@yahoo.com

martes, 24 de junio de 2014

La salud en Sonora está enferma

Recientemente, la sociedad sonorense se conmovió con la noticia del asesinato de una joven estudiante de medicina, ultimada el pasado viernes 13 por su novio de la misma profesión auxiliado por un chofer de ambulancia. De acuerdo a un hermano de la víctima, ésta sostenía una relación complicada y tortuosa con el presunto asesino y que tal cosa derivó en tragedia, de suerte que no es, a su juicio, un caso asociado a su calidad de médico y, por ende, a la inseguridad pública (La Crónica, 17/06/2014). Por su parte, estudiantes de la UABC, compañeros del presunto asesino han declarado que éste era una buena persona y expresan su temor por la falta de seguridad, mientras que los familiares del inculpado juzgan forzada su detención, incluso llegan a aventurar la hipótesis de que la muerte debe atribuirse a otras razones, por ejemplo, represalias de algún narcotraficante por falta de atención médica (La crónica, 18/06/2014).

Mientras que las instancias formalmente competentes se encargan de repartir culpas y disculpas, el homicidio de la señorita María Concepción de la Torre Martínez ha destacado aspectos que habían permanecido más o menos ocultos, discretamente olvidados y fuera de las consideraciones del público consumidor de los horrores de la vida en una sociedad neoliberal. Tanto los estudiantes de medicina que cumplen su servicio social como las autoridades escolares señalan con diversos acentos el problema de la inseguridad que se vive en las comunidades alejadas de los núcleos urbanos y de la vigilancia pública, pero al parecer el problema fundamental y fuente de las otras situaciones es el de la carencia de los más elementales recursos para cumplir con el servicio social en medicina (El Imparcial, 17, 18 y 19/06/2014).

Tanto los docentes como los estudiantes consideran que a éstos se les toma como “fuerza de trabajo barata” por las instituciones de salud y son sometidos a un ritmo de trabajo extenuante a cambio de una compensación económica: en el internado les pagan 475 pesos a la quincena mientras que en el servicio social 3 mil pesos al mes por estar 6 días en los poblados y trabajando 24 horas (El Imparcial, 18/06/2014).

María Elena Rivera Torres, encargada del servicio social en medicina de la Universidad de Sonora, refiere que los estudiantes “son los únicos que en su sano juicio si les tocan a las tres de la mañana tienen que abrir la puerta y dejar pasar a quien sea, porque si no lo hacen, o les aplican la ley por negar una atención o ponen en riesgo su vida.” “La seguridad de los muchachos no está al 100% garantizada en esos lugares… Lo más común es que los habitantes amenacen a los pasantes con tirarles la puerta si no les abren el Centro de Salud a cualquier hora, debido a que piensan que es su obligación atenderlos, por lo que lo tienen que hacer” (El Imparcial, 17/06/2014).

Por su parte, una pasante de medicina declara que “los jóvenes tiene que ir a realizar su servicio social durante un año en centros de salud de localidades donde ningún profesionista de base va, ya que no estudiaron siete años para percibir un salario de 3 mil pesos mensuales y laborar 6 días por 24 horas.” (El Imparcial, 18/06/2014).

Los estudiantes de medicina protestan y las instituciones que los forman discuten la necesidad de que haya cambios en el reglamento del servicio social, mientras en Sonora hay 200 comunidades sin atención médica. La Secretaría de Salud de Sonora enfrenta la exigencia de las instituciones formadoras de médicos de garantizar las condiciones de seguridad y el grave problema de hacer volver a los estudiantes para que cumplan con su servicio en las comunidades (ya que dicha dependencia es la encargada de acreditarlo) y la desprotección de la población rural en materia de salud pública.

De lo anterior se desprenden varias cosas. El horror de un asesinato aparentemente pasional permite a los estudiantes de medicina sentirse como víctimas potenciales de algún maniático en despoblado, es decir, en la periferia sonorense donde no hay ni medios de transporte que permitan ir a casa un fin de semana, ya que hay comunidades que distan hasta 13 horas de Hermosillo (Mesa de Tres Ríos), con el agravante de que están solos a cargo de funciones que no necesariamente pueden desempeñar por causa de carecer de los recursos materiales y técnicos necesarios, además de la guía y supervisión de un médico titulado en el lugar donde realizan su servicio.

Los pobladores parten de que tienen derecho a ser atendidos a cualquier hora y así lo manifiestan en caso de alguna necesidad médica, lo que sume en la intranquilidad a los futuros médicos que se sienten infravalorados, tanto por el sistema que les impone esas obligaciones hacia la comunidad como por las bajas cantidades que reciben como compensación por cumplir con sus obligaciones legales. En este sentido el servicio social se traduce en una fuerte sensación de frustración, ya que el reconocimiento social que esperan no se da en su vida cotidiana.

Salta a la vista que los estudiantes de medicina aparecen en los centros de salud con el tratamiento coloquial de “doctor” (sin haber terminado su carrera que es de nivel licenciatura) lo que impone una carga emocional ligada a la imagen de un profesionista con corbata, bata blanca, que despliega su actividad en la glamorosa pulcritud de los hospitales y clínicas de las ciudades, no en los rincones del estado donde se vive y se muere en las más miserables condiciones y, a veces, por los más absurdos motivos.

Tal desconexión del contexto, supone una enorme falta de información sobre la realidad  socioeconómica y cultural de las comunidades, sus orígenes, desarrollo y alcances, lo que nos lleva al plan de estudios y los programas de materia, al perfil del egresado y a las condiciones en las que se da su formación y al cómo, por qué y para qué de su ejercicio profesional futuro: ¿estará situado en la ciudad con sus ventajas relativas o en el medio rural con sus carencias? ¿Serán capaces de atender una urgencia con los mínimos recursos a su alcance o sólo podrán funcionar en las clínicas privadas, lejos del pueblo y sus tragedias? ¿Tomarán la profesión médica como un trampolín para una ventajosa relación de negocios, o servirán a la comunidad por la satisfacción de una vida honorable y socialmente útil? Así las cosas, cabría preguntarse qué clase de médicos preparan en la Universidad de Sonora o en la UVM, para hablar de las universidades locales formadoras de profesionales de la salud. Qué tan bien diseñado está el servicio social para que cumplan con el perfil de egreso. Qué clase de médicos necesita Sonora y hasta dónde las escuelas cumplen con este fin.

Habría que valorar qué es el servicio social y si la idea de “retribuir a la sociedad lo que se ha recibido en formación mediante el trabajo comunitario” ha cambiado, y si se debe entender ahora como un empleo remunerado mientras se completa la formación profesional. Esto es importante dado que trabajo remunerado y servicio social son esencialmente distintos. Mientras que el primero indica la relación con el mundo laboral desde una profesión, el segundo supone enfrentar problemas reales para complementar los estudios y apoyar el futuro ejercicio profesional de los estudiantes, en este caso  becarios. La dislocación entre la realidad y la imagen que sobre sí mismos crean los jóvenes es abrumadora.


Por otra parte, tendría que preguntarse qué pasa con la salud pública en una entidad donde el gobierno ha dejado de pagar a los proveedores, donde los hospitales públicos carecen de medicamentos y materiales de curación aún en la ciudad de Hermosillo; donde el personal de enfermería sólo administra medicamentos y deja a cargo de los familiares el cuidado diurno y nocturno de los enfermos, la compra de medicamentos y el auxilio que el enfermo necesita cuando no puede por sí mismo ir al baño. ¿Dónde está la responsabilidad institucional en cuanto al cuidado y comodidad del paciente que ha ingresado a las instalaciones hospitalarias? ¿Qué hay de la calidad y la calidez del servicio? ¿Qué hay más allá de remodelaciones y reinauguraciones de espacios bajo la cotidiana mirada de la prensa? En fin, ¿dónde está la medicina que necesita el pueblo de Sonora, tanto en el medio urbano y en el rural? Seguramente no está en los expedientes del ministerio público sino en la voluntad política de los administradores académicos y gubernamentales del sector salud, en los diputados que aprueban el presupuesto, en la honestidad e inteligencia de los funcionarios públicos, en la ética y vocación de servicio de los médicos, y en el aguante de la sociedad que ve con indiferencia el desfalco al Isssteson y el manoseo político que existe respecto al tema presupuestal y al de las responsabilidades públicas que incumplen los personajes del “Nuevo Sonora”. Nuestra entidad está enferma. Su curación es urgente.

martes, 17 de junio de 2014

País en liquidación

Mientras que la afición suda y se acongoja, grita, sufre y llega al éxtasis de las aproximaciones y los “ya merito” de la esperanza fallida de la anotación, mientras se sangolotea al ritmo de samba, el país navega con rumbo a la fosa séptica de la renuncia a la soberanía y los derechos históricos de las generaciones por venir.

Si la actual pasión es el fútbol, la vida y muerte del mexicano se anotan en el score que marcan los intereses internacionales, cuya escenografía incluye los grandes estadios, la desaparición súbita de la pobreza y marginación, el glamour de la juventud sacralizada en cuerpos de ensueño, poca vestimenta y un aire de carnaval que cala las osamentas de los que, en la vida cotidiana real, navegan en las aguas del salario mínimo, el empleo precario y eventual, la mala nutrición y las cuentas por pagar.

Afuera y adentro de los agujeros que llamamos hogares retumba el estentóreo grito de ¡gooooooooooooooooooooooool!, emitido por las pantallas de mediana o alta definición, que se erigen como el nuevo altar donde ofician algunos hombres en paños menores que corren por la cancha tras el balón-símbolo de la consagración mundial. El logro espera en un extremo del campo y la meta está al alcance de una patada que despeje dudas e incertidumbres, que escriba la nueva historia de éxito que todos leerán y comentarán mañana y por muchos días más, hasta el congelamiento del entusiasmo en forma de anuarios y crónicas para el consumo de conocedores y expertos mediáticos.

El tema de conversación no puede ser otro sino el referido al gran evento, a la cumbre internacional donde el bien y el mal dependen de una patada que logre un proyectil imparable que se estrelle contra las redes y marque el nuevo hito, motivo de prestigio, orgullo y destino del hombre y el equipo que lo hicieron posible. La trivialidad de la política y la economía no deben distraer la atención del consumidor de deporte comercializado, porque tal cosa es pecado mortal, ofensa patria, traición al equipo, evasión ociosa e inútil de la magnificencia del gol y la solemnidad del marcador.

La realidad es una cosa que transcurre tras la enervante e hipnótica atracción del juego-religión, del deporte que rige los destinos de la nación y que, hasta en las escuelas del nivel básico, se convierte en asignatura obligada mediante la instalación de pantallas en las aulas y la concesión de tiempo por parte de los directivos y docentes. Tanto en el centro de la república como en las aulas sonorenses, la pasión del deporte se induce en horario escolar. Por si fuera poco, la aspirante a la gubernatura de Sonora en campaña anticipada, Claudia Pavlovich, le ofrece al aficionado una camiseta cuya obtención depende de varios clics en Facebook.

Mientras la gente celebra lo que ocurre en la cancha, el futuro de la nación se debate en el seno del Poder Legislativo, casi sin testigos, con los árbitros comprados, en un retorno al pasado pre-revolucionario que anota sin oposición en la cancha nacional.

El debate por la nación parece estar en un segundo plano en el espectro de las prioridades ciudadanas, de la atención de los docentes, del interés de los medios de comunicación masiva. Los temas referidos a la legislación secundaria de la reforma energética de Peña Nieto, se reservan para los diputados y senadores, no para el público consumidor de ideología insuflada por Televisa y adláteres, en tiempo real y con los mejores comentaristas en el preciso lugar de la acción.

El pueblo vive la pasión del deporte y apoya los colores de su camiseta mientras en la cancha de los diputados se prepara el gol a favor de la privatización de la electricidad y la extracción y aprovechamiento del petróleo y gas natural, aún a costa del patrimonio de muchos ciudadanos que tienen la mala suerte de tener sus tierras en los lugares que reclamarán con derecho los extranjeros que arriben a la cancha energética con los colores del triunfo avalado y defendido por los propios legisladores mexicanos (http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=144432&relacion=dossierpolitico&categoria=12 ; y http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/06/15/ley-de-industria-electrica-reducira-a-cfe-en-simple-operadora-analisis-9635.html).



¿Cuánto le tocará a México por barril? ¿Cuánto nos costará la electricidad una vez en manos privadas extranjeras? Es irrelevante. Las preguntas son inapropiada ante el entusiasmo de ver “fortalecida” la industria petrolera y eléctrica con el concurso de capitales privados externos, ya que lo extranjero significa modernidad, poner el nombre de México en la cancha de las grandes jugadas internacionales, dejando la mediocridad de ser dueños de una riqueza de enormes proporciones que, sin embargo, no quisimos o pudimos aprovechar. El extranjero anglosajón o ibérico va por la revancha histórica y recupera el terreno gracias a que se emplean a fondo sus reservistas mexicanos en la cancha del Congreso, y la algarabía crece hasta las nubes cuando el PRI y el PAN controlan el balón y lanzan cañonazo profundo que se estrella contra las redes de la legislación nacional. El PRD abandona el campo dejando la acción en los pies de sus oponentes. La retirada estratégica es celebrada por la maquinaria legislativa porque elimina los posibles obstáculos a la acción de anotar. ¡Bien jugado!

¿Rector universitario?
En un corte informativo, nos trasladamos a una cancha local donde buscan la anotación los jugadores del gobierno y la administración universitaria contra la escuadra del sindicato STAUS. El árbitro apoya cínicamente a la selección oficial mientras el sindicato busca afanosamente hacer valer su derecho a la prórroga en los tribunales federales superiores. El público está a la espera de la decisión mientras la escuadra de la coalición gobierno-administración festeja anticipadamente un triunfo que no le corresponde. La moneda está en el aire y la emoción crece.

Pero volviendo al terreno de la jugada internacional donde se debate el destino de México como país soberano, la multitud vive y se apasiona con cada jugada que es llevada, en tiempo real, a la comodidad de los hogares gracias al patrocinio de Exxon, Iberdrola y otros, que viven la pasión del fútbol mientras los legisladores reescriben la historia.    


Mientras tanto, fuera del recinto legislativo, las pantallas proyectan el entusiasmo de una afición que, aunque pierda la selección nacional, se dan por satisfechos por haber sido parte de ese gran acontecimiento de históricas proporciones como es el Mundial. Las anécdotas y “selfies” en Facebook, llenarán los espacios y cubrirán los tiempos de este país en liquidación. ¡Goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool!

lunes, 9 de junio de 2014

Cinco años... y nada.

He visto y leído los vídeos y reportajes sobre la tragedia del 5 de junio de hace cinco años, para llegar a la conclusión de que la carne y la sangre de 49 inocentes sigue siendo quemada y regada en medio de estertores sociales que huelen a descomposición, a subdesarrollo emocional, a jodidez suprema que aniquila las barreras de lo políticamente correcto, de la compostura en el lenguaje, de la prudencia, del respeto a la autoridad, para dar paso a la más íntima sensación de náusea, de abandono, de frustración, de decepción infinita; las palabras acumuladas en estos cinco años son tantas, tan recurrentes, tan parecidas entre sí que ignorarlas sólo puede conducir a la pérdida de nuestra conciencia, de la razón que traduce y codifica los símbolos de nuestra relación con el mundo exterior y que hace posible que usted y yo podamos divergir y coincidir.

En estos cinco años ha habido promesas de justicia, evasivas legales, investigaciones dependientes e independientes, declaraciones políticas de coyuntura electorera, manifestaciones de solidaridad desde la comodidad de un presídium, de un foro televisivo, de la visión de un teleprompter, desde la frialdad protectora de las salas de prensa; pero también, y eso es lo más importante, de grupos sociales, de vecinos, de ciudadanos sin pertenencia a siglas políticas, de padres de familia, de estudiantes, de sindicalistas que se han unido en marchas y mítines en memoria de las víctimas, en sufragio a la posible acción de la autoridad que, como se sabe, siempre vigila.

Culpables
Las notas periodísticas cada tanto nos informan que se ha ejercido la acción penal contra algún presunto responsable, que se ha puesto tras las rejas a reserva de que se sepa si en realidad es culpable de algo; luego viene el asunto de la fianza y cierra con el pago de la misma, quedando la justicia satisfecha formalmente mientras se siguen las investigaciones. Los lectores que seguimos el caso nos quedamos con la convicción de que la cuerda se sigue rompiendo por el lado más delgado. Los chivos expiatorios ideales son los empleados, los funcionarios menores, los implicados periféricos, los asalariados que no tenían capacidad de decisión en el otorgamiento de concesiones y permisos a particulares para operar guarderías y estancias infantiles, producto de la retirada del Estado en la provisión de seguridad social para los ciudadanos y sus familias.

La privatización impulsada por el priista neoliberal Salinas y profundizada hasta el absurdo por los gobiernos del PAN, acabó con el concepto y la práctica de la solidaridad, entregando las funciones del sector público a los agentes privados que tuvieron la influencia y el poder económico para comprarlos. Muchas funciones públicas terminaron siendo negocio privado en un adelgazamiento del gobierno que derribó las pocas barreras que protegían al pueblo de menos de cinco salarios mínimos de los embates del mercado. Paralelo a esto, el alza constante de los bienes de consumo familiar enfrentó la baja en el poder adquisitivo de la moneda y el salario fue congelado por obra y gracia de la política económica neoliberal.

No debieron morir
Las guarderías quedaron a disposición de mercaderes, de fenicios de apellido conocido que ahora administraban el cuidado de los hijos de los trabajadores a cambio de un pago. La responsabilidad fue cosa de simples trámites, porque la visión de negocios debió privilegiarse frente a la seguridad y protección de la vida humana. Cualquier galerón podía maquillarse de guardería, cualquier espacio podía ser habilitado estancia mientras diera dinero cada mes. Así las cosas, la protección de la integridad física y emocional de los infantes podía no estar dentro de las prioridades empresariales de lograr un saldo a favor en el ejercicio contable.

Pero, como lo sabemos, se dio un incidente ajeno a los cargos y los abonos; una de estas eventualidades que pueden ser evitadas porque son previsibles, porque son riesgos perfectamente identificados por cualquier perito en seguridad, incluso por cualquier trabajador de la construcción que ha puesto techos y manejado materiales sintéticos. En esa virtud, el otorgamiento de permisos y concesiones resulta asombroso, por su ejemplar irresponsabilidad y negligencia criminal.

A cinco años de distancia, hemos sido testigos de los juegos exculpatorios, de la defensa tendenciosa de apellidos y redes familiares, del obsceno juego de influencias, de la farsa ridícula de los apoyos “solidarios” de quienes debieran estar actuando en defensa de la legalidad y la justicia y que, sin embargo, forman parte del juego de sombras que intenta, sin lograrlo, ocultar la perversidad del sistema político y económico que propició la tragedia. El PRI y el PAN han jugado sus cartas de simulación y ahora se instala el cinismo como política de estado. En estos días, es común encontrar a funcionarios del “Nuevo Sonora” pegando propaganda política en los barrios, bajo el pretexto de las “jornadas comunitarias”, donde el servicio a la población no pasa de ser la bajuna escenografía de la derecha en acción.

Un lustro es suficiente tiempo de duración de cualquier farsa, para llegar al límite de nuestra capacidad social de proteger culpables. México, Sonora y Hermosillo no son los mismos tras el incendio de la Guardería ABC. El olor a quemado y el humo son la materia que respiramos todos los días, lo que nos persuade que somos una sociedad ajena a la justicia, al dolor, a la solidaridad, y que así será mientras no nos decidamos a reparar los hilos rotos, los jirones de identidad que cuelgan como banderas de impunidad en el tejido social. No somos los mismos, pero debemos luchar denodadamente por recuperar nuestro sentido de pertenencia.

El jueves 5 de junio, día del quinto aniversario,  hubo una larga y nutrida marcha que culminó en un mitin ciudadano. En él destaca la idea de que la ciudadanía no ignora ni cae en las argucias cómplices del gobierno: el pueblo demostró que tiene memoria, que es capaz de exigir justicia, que no se ha cansado, que sigue con vigorosa convicción reclamando castigo a los culpables, que el oportunismo de políticos inescrupulosos ya no confunde a nadie, que estamos hartos de cinismo, de irresponsabilidad, de manipulación 

No habrá día en que el reclamo de justicia no se oiga en todo México y Sonora. No habrá lugar en el que no se escuche la voz de los padres de las víctimas y del pueblo solidario exigiendo el cumplimiento de la ley y la vigencia del derecho. No habrá lugar donde se puedan esconder los culpables de esta infamia. En una sociedad donde el gobierno se declara incompetente, irresponsable y casi un simple espectador, ¿en quién recae la responsabilidad de hacer justicia? El pueblo tiene la palabra y el derecho a la acción. 


martes, 3 de junio de 2014

Ni perdón ni olvido

La nota distaba mucho de ser la que tronante cimbró la receptividad ciudadana: que la CTM siempre no estallará las huelgas prometidas en la jeta insolente del gobierno de Padrés. Previamente, los empresarios modositos habían expresado su opinión en contra porque afectaría la economía y la paz sepulcral del neoporfiriato nopalero sonorense, como si la organización de los trabajadores para la defensa de sus derechos fuera algo incómodo, inoportuno, molesto y hasta pecaminoso.

Salta a la vista que los sindicatos sólo pueden ser bienvenidos a la mesa del Señor cuando no dan signos de vida independiente, cuando el dedo acusador del trabajador ofendido por la insolencia patronal no se levanta o lo hace poco y de manera discreta, cuando se siente vergüenza al levantar una demanda, tomar la calle y gritar las mil y una verdades sobre la injusticia asalariada, el oprobio contractual y la condena de ser un obrero, campesino, empleado o profesor, con la única función de alimentar con su sangre el sistema que lo exprime y tritura día con día.

La huelga general fue una magnífica broma, una tomadura de pelo que merece certificarse como ejemplar, porque el gobierno necesitaba una respuesta y el sindicalismo cetemista un pretexto para seguir vigentes sin arriesgar nada. Algunos creen que el gobierno ganó, pero en el juego de los conflictos laborales son dos los participantes y en éste se aparenta que nadie perdió. Quizá sea cosa de pensar que perdió la civilidad, el respeto a sí mismos en las organizaciones y la confianza en que los “obreros” tienen un lugar más allá del simbolismo revolucionario del siglo pasado y antepasado. Nuestro hoy pinta colores pálidos, apastelados, diluidos, como víctimas de una enfermedad que destruye el pigmento de las ideologías y las hace aparecer iguales.

Desde luego que la paz social es importante, valiosa y digna de preservarse, pero las rugosidades del terreno una vez aplanadas hacen lucir los lugares tan parecidos que lo mismo da estar en uno o en otro, como si el tiempo y el espacio se vaciaran de contenido y fueran simples recursos semánticos para decir lo mismo. La apariencia de civilidad es un bálsamo para la hipocresía política, tanto para el gobierno sin compromisos con el pueblo, como para el pueblo sin representatividad en el gobierno. Como se ve, la esquizofrenia puede ser ejemplificada por los actores políticos oficiales, que se amenazan de día y de noche salen juntos de farra a celebrar la engañifa cotidiana.

A propósito de farsas, a los jóvenes de las casas de estudiantes que reclaman apoyos suspendidos por parte del gobierno del estado, se les convierte en “becarios” y sujetos a ciertas exigencias de desempeño, por lo que, según el Instituto Sonorense de la Juventud, no se les quitan los apoyos sino solamente los modifican. Con lo anterior, el concepto de solidaridad que campeaba en las casas de acogida para estudiantes foráneos y la función formativa que estas tenían en materia de civilidad y compañerismo, acaba de desaparecer por decreto y da paso al individualismo y a la filosofía del “cada quien se rasca con sus uñas”.
Con la anterior  “solución”, el problema de financiamiento estudiantil se elimina de las consideraciones públicas y la operación de las casas, su dinámica interna, como las tradiciones que vertebraban la vida cotidiana de quienes compartían el espacio y el tiempo en un lugar que servía de puente entre el pueblo de origen y la ciudad capital de Sonora. Los urenses, empalmenses y demás inmigrantes ahora sólo serán expedientes que responderán en formatos sus preguntas vitales ligadas a la subsistencia. La beca individualiza y desarticula, es la manera de decir “ahí se la echan” del gobierno pitufo. La solución no es solución, sino una trampa tendida a los chicos foráneos ahora convertidos en sujetos de crédito y deudores, con acento en esto último.

Si la simulación parece poca, la situación del sindicalismo universitario nos sigue dando muestras de lo inagotable que es la provisión gubernamental de nuevas formas de sentir náuseas. La comprobada campaña contra las organizaciones sindicales independientes aún no termina y el tema de la huelga en la Universidad de Sonora es asunto vigente. Cabe recordar que la rectoría hizo al STEUS ofrecimientos del aumento de 3.5 por ciento al salario y 2.4 por ciento en prestaciones, mientras que al sindicato de académicos STAUS solamente el 1 por ciento. El reclamo es que se empareje el aumento a 2.4 por ciento, ya que el resto de las demandas pueden canalizarse al análisis y acuerdo de comisiones una vez que el núcleo conflictivo quede resuelto y, por ende, la amenaza de huelga desaparezca (http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=143956&relacion=&tipo=Sonora&categoria=1).

Cualquiera puede ver que si el problema se resuelve homologando los ofrecimientos en el rubro de prestaciones, la solución está a la mano, ya que el monto requerido sólo sería de cinco millones de pesos, cantidad que no debe representar problema alguno para la Universidad, salvo que de lo que se trate sea de provocar problemas donde no debieran existir. La experiencia reciente ha demostrado que la rectoría no se especializa precisamente en negociar con los sindicatos, ofrecer soluciones inteligentes y oportunas y generar un clima organizacional favorable para la vida académica, sino al contrario. Ello pudiera sugerir que la solución será postergada e incluso negada por la autoridad universitaria, lo cual obligaría al sindicato a lanzarse a la huelga, a pesar de los reiterados llamados al diálogo que ha hecho desde hace meses a su contraparte administrativa.

De prosperar lo que parece una política intencional de confrontación, se pueden dar situaciones no sólo absurdas sino perfectamente evitables: ha trascendido que en ciertos grupos estudiantiles campea la idea de permanecer dentro de las instalaciones universitarias si estallara la huelga, lo que solamente apoyaría la tesis de la manipulación estudiantil en aras de complicar artificialmente el conflicto, toda vez que su presencia violentaría los procedimientos legales para encontrar una solución entre las partes, es decir, sería un estorbo para destrabar el conflicto y no ayudaría para nada, salvo que se trate de empeorar las cosas y actuar como un grupo provocador frente a los trabajadores.

Pero si el clima laboral de Sonora parece ser una vacilada, la conciencia ciudadana resiente los estragos de una patología social de tremendas consecuencias: estamos próximos al quinto aniversario de la tragedia de la guardería ABC sin que los culpables sean castigados. El tránsito de un gobierno priista a uno panista no ha hecho diferencia y el clima de impunidad y cinismo sigue golpeando la dignidad y la memoria de las 49 víctimas infantiles que cobró la negligencia criminal de unos y la perfidia inconmensurable de otros. El reclamo de justicia sigue, porque aquí no hay ni perdón ni olvido.


¿Hasta cuándo el pueblo de Sonora y los habitantes de la ciudad capital sentirán el hartazgo suficiente como para abandonar la cómoda complicidad del que no reclama, protesta y exige justicia, respeto y castigo ejemplar? ¿Qué nos falta para lanzarnos a la calle en una protesta que sea de todos los días hasta que el problema se aborde con pertinencia y seriedad? ¿Por qué no paralizar las actividades del estado hasta que la ciudadanía toda y los más directamente afectados obtengan la satisfacción que cualquier ser humano merece? ¿Falta dignidad? ¿De plano nos vale?