La discriminación somos todos

“La edad es algo que no importa, a menos que seas un queso” (Luis Buñuel).

No se si será error de comunicación o simples ganas de joder, pero en Hermosillo se tiene casos documentados de comercios (desde changarros a grandes almacenes transnacionales) que le dan con la puerta en la nariz al cliente mayor de 50 años (El reportero, 29.06.20).

Según reporta el periodista Ernesto Gutiérrez Ayala, algunos ponen avisos advirtiendo que no se admiten menores de 12 años ni mayores de 50, supuestamente por instrucciones de la Secretaría de Salud o por mandato de la alcaldesa, y en la cadena Walmart se abren sus puertas para clientes de más de 50 solamente de 7 a 9 de la mañana, y también se pide identificación con los mismos fines restrictivos y discriminatorios.

En fecha reciente, el ayuntamiento tuvo la idea de poner barreras metálicas en el andador del Mercado Municipal No. 1, a fin de impedir que los adultos mayores acudieran a pasar las horas en compañía de otros con edades y experiencias afines.

Quizá muchos vieron como positiva la medida pensando en que había que evitar la reunión cotidiana, más si se trata de personas que por su edad constituyen población de riesgo. Es posible que se haya argumentado que la gente “no entiende” y, por tanto, había que tomar acciones directas “para evitar contagios”, ya que todo es por nuestra salud.

En el fondo se parte de la idea altamente errónea y discriminante de que los viejos son material de desecho, algo así como cosas o entes que ya llegaron a su fecha de caducidad laboral, social y política, y que vale más barrerlos bajo la alfombra social antes que reconocerles su calidad de seres humanos, en su momento profesionistas, empleados, trabajadores por cuenta propia, cabezas de familia y, hoy por hoy, ciudadanos de pleno derecho.

Aquí es inevitable pensar en la cantidad de jóvenes que viven de la pensión o el patrimonio logrado por sus padres y que, sin embargo, ven el mundo con la superioridad ficticia del que no tiene más mérito que la poca edad.

Muchas personas en edad productiva van por el mundo con sobrepeso y obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiacas, tabaquismo o problemas renales severos, sin que haya alarma general y se les señale con el dedo flamígero de la nueva inquisición ciudadana que aplaude las disposiciones restrictivas y coercitivas del ayuntamiento.

Tras esas caras juveniles que documentan su edad con credencial para votar actualizada, pueden encontrarse algunos problemas de salud que se disimulan, pero que constituyen bombas de tiempo que estallarán y requerirán asistencia hospitalaria; sin embargo, nadie discrimina a esa colección ambulante de enfermedades potencialmente mortales que agita su anatomía al ingresar a Walmart, ya que es persona menor de 50 años, con lo que se demuestra que hay comorbilidades de Covid-19 socialmente “normales”.

El caso es que los adultos mayores pasaron de ser población en riesgo a peligro de contagio que hay que evitar, aislar y, de ser posible, erradicar. Ya no se trata de protegerlos como si no fueran dueños de su voluntad, sino de borrarlos del mapa porque en la percepción colectiva creada por la epidemia son potencialmente contaminantes y, por ende, un peligro para la salud de los demás porque, en el contexto, cualquier viejo tiene cara de Covid.

En cambio, el resto de la población puede hacer sus compras con la mayor soltura, pagar sus cuentas, trasladarse a donde necesiten, navegar por la nueva normalidad solamente con las reservas que marcan los semáforos sanitarios y las ocurrencias de las autoridades municipales, como el absurdo e ilegal toque de queda de seis de la tarde a seis de la mañana.

La sobreinterpretación de las medidas de precaución establecidas por la autoridad sanitaria competente, solamente contribuyen a profundizar el malestar de la epidemia en lo económico, lo social y lo personal, por lo que las autoridades locales deben intervenir para evitar que los comerciantes se tomen atribuciones en materia de salud, considerando que, si no corresponden directamente al ayuntamiento, menos corresponden a los particulares.

Considerando que el virus puede infectar tanto a niños, jóvenes o adultos mayores, es imperativo poner orden en el caos provocado por el estado de alarma sanitaria mediante la vigilancia, la información y el respeto a los derechos humanos, evitando cualquier forma de discriminación por edad.

Por lo anterior, es claro que padecemos una epidemia de iniciativas ridículas basadas en la ignorancia, tan infundadas como violatorias de la ley. La autoridad, si la hay, tiene que hacer su trabajo.

Por su parte, el ciudadano debe denunciar este tipo de atropellos ante la Secretaría de Salud estatal y las demás instancias oficiales que sean pertinentes, así como también poner los incidentes en conocimiento de los medios de comunicación. Digamos NO a la estupidez convertida en norma de observancia comercial y social.    

Morena no es azul

“Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos” (N. Maquiavelo).

Ha despertado inquietud la creciente afinidad que se observa en el Ayuntamiento de Hermosillo respecto a las prácticas entre torpes, ridículas y autoritarias propias del prianismo organizado que se han impuesto como normas de inobjetable observancia en los últimos días a propósito del “combate a la pandemia”.

Como si el tiempo de 2018 a 2020 no hubiera transcurrido (salvo en el calendario electoral) da la impresión de que los usos y costumbres del pasado reciente han quedado sin tocar, igual que las ambiciones de trepadores viejos y nuevos, tanto como el oportunismo que documenta la capacidad de algunos de cambiar de careta, vestuario y navío en medio del oleaje político que permite el ascenso tanto como el descenso de los pasajeros con destino a algún puesto público o de elección popular.

Tal inmovilidad aparente nos hace pensar que, de acuerdo con el cuento de Monterroso, el dinosaurio sigue ahí, y que, en todo caso, el despertar del cambio aún no se da realmente por razones de inercia y conveniencias de peso… de muchos pesos.

En el panorama municipal de Sonora, los cambios han sido en buena medida solamente enunciativos, amparados en siglas que corresponden a otra idea de hacer política y que despierta la esperanza del cambio, de una nueva forma de comportamiento social donde la palabra empeñada tenga sentido y concreción.

Sin embargo, los que llegaron gracias al impulso de López Obrador y la promesa de Morena no necesariamente han llenado las expectativas, por lo que cabe preguntarse por qué hay esa discordancia entre lo esperado y lo actuado.

Quizá el origen del problema esté en la procedencia de los candidatos y sus equipos, habida cuenta que prácticamente hubo una operación de “abordaje” que pasó por ser inclusiva en torno al fenómeno AMLO, donde personajes actualmente bien posicionados poco antes habían confesado apasionadamente su militancia y lealtades en otras opciones políticas, por ejemplo el PAN. Así pues, en un tiempo récord algunos cambiaron su discurso y aplaudieron y alabaron a quien poco antes habían denostado y difamado, en un giro político que no ideológico muy a tono con la coyuntura electoral.

El caso es que, además de las torpezas e ilegalidades cometidas en el contexto de la epidemia, el Ayuntamiento de Hermosillo acaba de aprobar la construcción del Acuaférico, obra que proveería de agua a las colonias del norte de la ciudad capital, lo que estaría bien si no fuera porque al parecer se conecta con varios problemas, entre los que destacan el endeudamiento por 10 años del organismo operador de agua potable (que es parte de la administración paramunicipal de Hermosillo) con acreedores privados; la factible dotación de infraestructura que beneficiaría a proyectos de desarrollo inmobiliario en marcha desde hace años por los gobiernos prianistas, elevando su valor; y el recrudecimiento del pleito legal por el derecho a la disposición del agua promovido por las comunidades yaquis del sur del estado afectadas por el Acueducto Independencia, megaproyecto estelar de Guillermo Padrés (Proyecto Puente, 25.06.20; https://youtu.be/0tmDDv3dZJY).

Por esta y otras cuestiones, cabe preguntarse si la instrucción de AMLO de no contraer más deuda fue ignorada o no fue entendida, o si la función del Ayuntamiento es establecer restricciones que violan derechos humanos, favorecer intereses privados o proteger los correspondientes a los hermosillenses presentes y futuros.

Recientemente trascendió que, a partir de la visita de Alfonso Durazo Montaño, actual Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, la señora alcaldesa ha manifestado su interés por la reelección, lo que provocó la reacción con cara de fuchi de no pocos votantes de Morena (las5.mx, 18.06.20).

Sin duda el partido es la opción, pero los chapulines y malas imitaciones han generado un cierto malestar entre los ciudadanos, de suerte que cabe preguntarse: ¿hay condiciones para más deuda en el actual contexto? ¿No hay voces que llamen a la sensatez y prudencia cuando se trata de decidir medidas o disposiciones de orden público? ¿Por qué no se consulta a los ciudadanos? ¿Se tiene una “institucionalidad” ligada a la figura del “jefe” (o jefa) en vez de a la institución municipal?

En cuanto a la epidemia, ¿por qué se violan derechos humanos y se adoptan medidas ajenas al objetivo de prevenir la enfermedad? ¿Se protege la salud ciudadana imponiendo sanciones económicas y medidas de carácter coercitivo? ¿Por qué los funcionarios municipales se toman atribuciones que no les corresponden y que violan la Constitución?

Cabe recordar que recientemente un juez concedió a un ciudadano la suspensión provisional de la obligación de portar el “salvoconducto” exigido después de las seis de la tarde, por considerarlo improcedente y no fundamentado en derecho. Importante decisión que seguramente actuará como voz de advertencia para todos los hermosillenses y las propias autoridades municipales.

Me parece que estamos a tiempo para reflexionar sobre Hermosillo y la necesidad del cambio en los términos del movimiento encabezado por López Obrador, por quien millones votamos esperanzados en un mejor futuro.

Así pues, pronto la moneda municipal estará en el aire y qué mejor que llegue realmente Morena, tras el ensayo frustrado por la presencia de elementos reciclados que ni tenían idea ni podían tenerla acerca del significado ideológico de la reconstrucción nacional. Morena no es azul, y siempre es mejor la versión original que las imitaciones.

La discriminación también es epidemia

“La libertad nunca se consigue sin más; hay que luchar por ella. La justicia nunca se recibe sin más; hay que exigirla” (A. Philip Randolph).

No pasa día sin que los hermosillenses tengamos un motivo de asombro o de enojo que haga subir la adrenalina y sintamos como si la realidad cotidiana de los últimos meses fuera fabricada por algún sociópata, o por algún espantajo de bajos instintos mareado por el pequeño poder municipal magnificado por su propia vaciedad.

No pasa el día sin que se sepa que alguna empresa transnacional abusa de la epidemia y envilece el ambiente con subidas de precios y medidas “sanitarias” por lo menos ofensivas, discriminantes y francamente imbéciles.

De repente, cualquier burócrata tiende a dictar medidas coercitivas que hacen más espeso el caldo municipal y entorpecen la vida de la ciudad, de por sí apanicada y casi resignada a aceptar que las cosas no son ni serán como antes.

De repente, cualquier gerente de empresa puede descargar sus frustraciones e insignificancia en empleados o clientes, al imponer restricciones exageradas al interior del establecimiento y al aforo permitido por las autoridades de salud.

Tenemos las ridículas disposiciones municipales de cerrar después de las seis de la tarde los supermercados y tiendas de conveniencia que, como todo mundo sabe menos ellos, son actividades esenciales y han sustituido a los changarros de la esquina en muy buena medida; además de exigir un permiso para circular después de la hora citada, como si estuviéramos bajo un régimen de excepciones, estado de sitio o cosa parecida, en abierta violación al artículo 29 constitucional.

El único beneficio que se percibe es el aumento de la recaudación por concepto de multas basadas en la ilegalidad y el abuso, y es claro que con ello se viola el derecho constitucional al libre tránsito plasmado en el artículo 11.

Pero pensemos por un momento en la situación: la epidemia es provocada por la replicación de un virus, el SARS-CoV-2, que penetra en el organismo por vía de las secreciones de garganta y nariz que se expulsan cuando usted tose, estornuda o habla. Pequeñas gotas que salen y pueden llegar a la cara de otra persona que se encuentra próxima. Por eso se recomienda guardar la “sana distancia” de 1.50 o dos metros, así como lavarse las manos con frecuencia.

Si usted está tosiendo o estornudando y sale a la calle, lo recomendable es que lleve cubrebocas para proteger a los demás; también cuando se encuentre en lugares donde no sea posible guardar la distancia. Si presenta síntomas leves asociados a Covid-19, mejor no salga y permanezca aislado. De sentirse mal, corra al hospital.

Los virus no están flotando en el aire porque tienen suficiente densidad como para caer “por su propio peso”, así que no imagine amenazas donde no las hay y centre su atención en las medidas arriba señaladas.

Los virus tampoco tienen horarios de contagios, por lo que es ridículo suponer que solamente por la mañana los carros pueden circular y la gente se puede lanzar a los supermercados, porque en la tarde y noche los gérmenes patógenos acechan a los hermosillenses para enfermarlos.

El coronavirus puede infectar a jóvenes y viejos, por lo que bastan las medidas de precaución ya señaladas para protegerse del contagio, así que establecer horarios de acceso para los mayores de 55 años es una grave y solemne pendejada. El todo caso es una clara discriminación por razones de edad que viola el artículo 1, párrafo tercero de la Constitución, como se reporta que está sucediendo en la transnacional Walmart, donde se les impide el acceso después de las 10 AM.

¿Sabrán que los virus no tienen horarios ni propiedades mágicas? ¿Tendrán idea, autoridades y empresarios, que tenemos un marco legal que nos protege y que lo están violando? ¿Tendrán los jueces y magistrados la honestidad y probidad suficiente para hacer valer la constitución y dejarse de bobadas queriendo justificar la ilegalidad por “razones” de la emergencia de salud?

Lo que queda claro es que hace falta mucha civilidad, información, responsabilidad y sentido comunitario; también hace falta serenidad y sentido común en la toma de decisiones que afectan a la comunidad y, por supuesto, hace falta apegarse a la política de combate a la epidemia planteada por el gobierno federal, sin politiquería y protagonismos no sólo inútiles sino desafortunados e indeseables.

  

Cuando el ciudadano y la ley no importan

“Las personas no son ridículas sino cuando quieren parecer o ser lo que no son” (Giacomo Leopardi).

Como usted sabe, el H. Ayuntamiento de Hermosillo aprobó la creación de un Consejo de Salud Municipal que, para abrir boca, acordó una serie de disposiciones para “disminuir la epidemia”, algunas de ellas “dolorosas pero necesarias” y que “en muchas ciudades del mundo se aplicaron con éxito considerable”, según refiere un funcionario municipal en comunicación personal.

De acuerdo con lo anterior, se pudiera suponer que Hermosillo es una isla con puentes tipo teleconferencia con Génova, Italia y su vicealcalde Matteo Campora pero no tanto con la Ciudad de México y la Secretaría de Salud que es donde se dicta la política general y la correspondiente a casos de emergencia sanitaria en México, de acuerdo con la Ley General de Salud (Expreso, 13.06.20).

Al parecer en el ayuntamiento no se tiene claro de que Hermosillo forma parte de Sonora, entidad federativa del Estado Mexicano, hoy por hoy democrático y soberano y, por ende, sujeto a su propio marco normativo que responde a sus circunstancias históricas, económicas y culturales.

De ahí que resulte un tanto absurdo suponer que las medidas que se tomen en alguna parte de Europa necesariamente van a servir para otro país, otra entidad u otra localidad geográfica, económica, política y culturalmente diversa.

Lo que queda claro es que el nuevo organismo (y aquí no vamos a abundar sobre su dudosa legalidad) ha empezado a actuar sin alterar el viejo guion impulsado por la señora alcaldesa desde el inicio de la pandemia, cuando decidió un “toque de queda” a partir de las seis de la tarde, en abierta contradicción con las recomendaciones del gobierno federal y abiertamente violando el artículo 29 constitucional (El Financiero, 02/04/20).

Como la disposición afecta a supermercados y tiendas de conveniencia, se pasa por el arco del triunfo el criterio federal y estatal de “actividad esencial”, perjudicando a muchos ciudadanos que viven de este tipo de negocios y a quienes salen de sus trabajos después de esa hora, o que acuden a comprar una vez que la intensidad del calor baja.

Reducir el horario de los supermercados y tiendas de conveniencia es una mala idea porque desde hace años éstos han sustituido en muchos puntos de la ciudad a los clásicos changarros, cubriendo las necesidades del abasto popular, por lo que limitar su acceso abre la posibilidad de aumentar los contagios.

Otro absurdo altamente desconcertante es el de imponer la necesidad de obtener salvoconductos a quienes tengan la necesidad de circular después de las seis de la tarde, “sea por actividades esenciales o no”, habida cuenta que es claramente violatorio del artículo 11 constitucional, referido a la libertad de tránsito, y de los artículos 183 y 184 de la Ley General de Salud, sobre la aplicación de medidas extraordinarias de salud, reservadas al presidente de la república.

En conclusión, deciden medidas ilegales y carentes de fundamento técnico y científico que contravienen el criterio federal y estatal sobre qué actividades se deben seguir realizando y cuáles no; además se impone la obligación de obtener salvoconducto, que en México está expresamente prohibido por la ley, con el agravante de que quien no lo tenga podrá ser sancionado con una multa. Aunque estas medidas son seguramente “exitosas en otras partes del mundo”, cabe recordar que estamos en México y tenemos nuestras propias leyes y circunstancias.

En lo particular, me parece que el éxito municipal, no debe medirse por su capacidad de aumentar la recaudación por concepto de multas, si se trata de una contingencia sanitaria.  

Es claro que el gobierno municipal no sabe que hacer pero que tiene la compulsión de hacer lo que sea con tal de… hacer. Un verdadero papalote sin cola en medio de una situación que requiere serenidad, sensatez, información y prudencia, mismas que se encuentran ausentes o son atropelladas por disposiciones que bien se podrían esperar de un gobierno prianista donde lo que menos importa es el ciudadano y la ley, a cambio de figurar en las noticias del día. Triste papel.

El Celidazo

“Los abusos, aún en el estado más sólido, son minas sordas que tarde o temprano estallan” (Joseph Sanial-Dubay).

Como usted sabe, el Ayuntamiento de Hermosillo, empeñado en proteger la salud de los ciudadanos acordó una serie de disposiciones donde destacan dos: el cierre de los comercios y la obligación de los automovilistas de traer un permiso o salvoconducto para poder circular de seis de la tarde a seis de la mañana, sea por una actividad esencial o no.

De entrada, las dos medidas parecen desmentir el loable propósito que las justifica, debido a que los supermercados, tiendas de conveniencia y changarros son considerados por el gobierno federal y el estatal como esenciales.

Cabe considerar que los hermosillenses hacen sus compras o muy temprano o ya que baja la intensidad del calor, pero principalmente porque muchos ciudadanos salen de sus trabajos después de las seis. Por estricto sentido común se puede ver que la restricción afecta la economía de muchos negocios y trabajadores de servicios.

A estas alturas se han elevado algunas protestas de organizaciones de comerciantes y de pequeños empresarios que luchan por su sobrevivencia en el peor escenario económico de los últimos tiempos, por las circunstancias internacionales y, en consecuencia, las nacionales por efectos de la pandemia.

Las autoridades han insistido mediante comunicados de prensa que la restricción ha entrado en vigor y debe respetarse, so pena de sanciones.

Sin embargo, de acuerdo con el Boletín Oficial publicado el lunes 15 del presente mes, donde aparecen las disposiciones aprobadas por el Ayuntamiento el día 13, en la segunda de las “medidas para mitigar la contingencia por el Covid-19”, referida a las “acciones relacionadas a la población en general”, se puede leer:

“A. Con el fin de disminuir la movilidad vehicular, se suspenden las actividades comerciales de las 18:00 a las 6:00 horas del día siguiente, de lunes a domingo, con excepción de farmacias y gasolineras, así como todas aquellas actividades que consideradas como esenciales sean autorizadas por el gobierno Federal o Estatal.”

Cabe recordar y subrayar que tanto el gobierno federal como el estatal han considerado esenciales y han autorizado el funcionamiento de “los mercados, supermercados, comercios informales fijos o semifijos cuyo servicio sea de alimentos, productos o artículos de primera necesidad, tiendas de conveniencia, de cadena comercial o venta de alimentos seguirán brindando servicio para el abastecimiento de alimentos, productos o artículos de primera necesidad o higiene en los horarios normales en que prestan dichos servicios. Los proveedores relacionados a esta cadena productiva también quedarán exentos de suspender sus actividades” (Artículo Quinto, inciso “E” del decreto estatal publicado en el Boletín Oficial el 25/03/2020, y la parte conducente del Artículo Primero del Acuerdo de la Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31/03/2020).

Si así están las cosas, y existe autorización tanto federal como estatal para las actividades consideradas esenciales, ¿por qué se limita o restringe el funcionamiento de los mercados, supermercados, tiendas de conveniencia, abarrotes y similares siendo que forman parte de ese conjunto de actividades que no deben suspenderse o limitarse?

Salta la duda si los operadores municipales de las medidas dictadas a partir del sábado 13 por el Ayuntamiento de Hermosillo habrán leído y entendido el acuerdo emitido por la alcaldesa, o si ella misma sabrá qué acordó y mandó publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Lo cierto es que cae por su propio peso la restricción del horario de funcionamiento de 18:00 a 6:00 horas de esta actividad esencial, y de las otras que oficialmente son consideradas esenciales, porque según dispone el decreto estatal pueden seguir funcionando “en los horarios normales en que prestan dichos servicios”.

De perpetrarse el absurdo de la limitación del horario que tienen autorizado los comerciantes del ramo se daría un severo golpe a la economía local, situación que ningún economista recomendaría, y más considerando la serie de medidas precautorias que los comerciantes están implementado para protección de sus clientes y de ellos mismos.

Respecto a los filtros y la exigencia del salvoconducto, queda claro que es una medida inconstitucional y que el automovilista público o privado puede ejercer su derecho al amparo de la justicia federal (Dossier Político, 15.06.20).

Una emergencia sanitaria no equivale a estado de sitio o supresión de las garantías constitucionales. Este “Celidazo” ni como broma es bueno. Basta de ocurrencias.

La autoridad local y el Covid-19

"No puede el médico curar bien sin tener presente al enfermo” (Séneca).

De repente la idea de muerte nos asalta en las cifras de la mortalidad acumulada por razones de pandemia en México, en Sonora y en nuestro municipio. Vemos pasar en nuestra mente la fea escena de nuestro funeral, desangelado, desnutrido, con una sala vacía o casi, en una funeraria que tiene su futuro garantizado gracias a mí y a otras víctimas del coronavirus, entre otros motivos que benefician al negocio de las inhumaciones y las cremaciones.

En nuestro pujante y siempre progresista estado vemos con cierta simpatía la forma en que se ha abordado el “tema” de la epidemia y cómo ha pasado al nivel de problema cuando la cifra de desaparecidos de la faz del censo poblacional por Covid-19 se ha acelerado.

Se nos olvida que en una epidemia hay contagiados y muertos, de suerte que el azoro y el miedo son sospechosos de formar parte de un proceso de inducción donde el principal promotor somos nosotros mismos. Usted seguramente recuerda que el número de muertes por gripe estacional llegan a 650 mil cada año, y la vida sigue sin despeinarse ni rasgarse las vestiduras, sin embargo nos dejamos llevar por la epidemia de moda y todos en mayor o menor medida nos apuntamos en la lista de candidatos a respiración asistida por medios invasivos (intubación) o en la relación de las esquelas del día.

Iniciamos con una virulenta actividad de las autoridades locales donde la clave del éxito fue escupir noticias alarmantes, con acercamiento de cámaras a lo terrible de la situación mundial y nacional y lo horripilante que podría ser la epidemia local, así que puestos a defender el pellejo sonorense se empezaron a dictar medidas que algunos ayuntamientos, silvestres en estos menesteres, exageraron al usar sin prudencia la palabra “obligatorio” y a prohibir lo primero que se les puso enfrente.

Con la premisa de que “para qué sirve gobernar si no puedo prohibir y obligar” se impusieron filtros policiacos, se levantaron multas y se amenazó con sanciones que fuera de la burbuja municipal son violatorias de derechos ciudadanos, incluso se decidió obligar el uso general de los cubrebocas, con sanciones para quien incumpliera el capricho municipal.

Lo curioso del caso es que varios integrantes de eso que llamamos “autoridad”, debidamente presentados con la cara semioculta por el trapito con orejeras, salieron positivos a Covid-19, lo que resulta una revelación del karma generado por la necedad de declarar obligatorias normas que surten efecto solamente en condiciones específicas.

Ahora nos encontramos con una alcaldesa que reconoce la inutilidad de obligar a la gente a hacer cosas que no quiere, y que necesita salir a trabajar y que cada uno se debe cuidar según pueda, mientras que el Consejo Estatal de Salud instruye a los municipios para que tomen las medidas que crean convenientes para, entre otras cosas, abatir la movilidad y hacer que los dueños o encargados de negocios exijan el uso del trapito de marras (Proyecto Puente, 07.06.20).

Ahora repentinamente se delega a los presidentes municipales la facultad que tienen los gobernadores como autoridades sanitarias, de acuerdo con el artículo 4, fracción IV de la Ley General de Salud: “Son autoridades sanitarias: I. El Presidente de la República; II. El Consejo de Salubridad General; III. La Secretaría de Salud, y IV. Los gobernadores de las entidades federativas, incluyendo el del Departamento del Distrito Federal”, lo cual es una aparente tirada de toalla y una declaración de “ahí se la echan”.

La estrategia de descentralizar funciones y responsabilidades siempre ha sido popular en tiempos de no saber qué hacer ante problemas que requieren soluciones y abordajes reales, lo que no es criticable salvo que se quiera hacer pasar por soluciones ejecutivas y no como una patada en el bote de las responsabilidades que sólo corresponden al Ejecutivo estatal, de acuerdo con la Ley General de Salud.

Por otro lado, se está teniendo claro que las medidas restrictivas como actos de autoridad no sirven para nada y que el estado de sitio total, parcial o disimulado tampoco, así que las autoridades deberán hacer borrón y cuenta nueva y prestar atención al carácter voluntario que deben tener las medidas que se adopten, de acuerdo con las disposiciones federales dictadas desde el principio de la emergencia.

Los hechos demuestran que la verticalidad puede ser útil y recomendable como posición de los postes de la luz, no así en medidas de autoridad que afectan a la comunidad. ¿Le suena conocida la expresión de que nada por la fuerza y todo por la razón?, pues parece que algunos funcionarios locales la empiezan a reconocer.

A estas alturas del coronavirus nos encontramos con una nueva amenaza para la salud ambiental, en forma de las cada vez más mascarillas o cubrebocas, guantes y envases de gel-alcohol que terminan en las calles o cualquier basurero improvisado, lo que se añade a los males de la ciudad y al deterioro del ambiente.

Así pues, tanto las disposiciones producto del alarmismo y la ignorancia como el descuido de quienes buscan protegerse de la enfermedad le hacen el caldo gordo a la epidemia, lo que demuestra que de ninguna manera estamos preparados para afrontar con sensatez este tipo de eventualidades.

Cabe esperar que las autoridades locales presten atención a la prevención y al fortalecimiento de las instituciones de salud, lo que equivaldría a dejar de quitarles recursos e invertir en más instalaciones, equipo, personal, materiales de curación, medicamentos, capacitación y, sobre todo, mecanismos de control del gasto, porque la epidemia que hemos heredado de la etapa neoliberal se sigue llamando corrupción, de lo que el ISSSTESON es un buen ejemplo. Y hay que aplanar la curva.

Asesinado por razones de salud

“Dictadura: Sistema de gobierno en el que lo que no está prohibido es obligatorio” (Enrique Jardiel Poncela).

La pandemia no deja de asombrar a sus víctimas reales, potenciales o virtuales, porque mata de varias maneras, no sólo cuando el nuevo coronavirus penetra en el organismo debilitado de alguien y acaba con él, sino que también acaba con la seguridad pública, la confianza en la autoridad, la tranquilidad en el hogar y el respeto a las leyes.

Enrique Alfaro

Una pandemia en manos de autoridades con instintos abusivos nos da el resultado de estados de sitio no declarados, de aplicación de medidas absurdas e inútiles, de pánico inducido en la población que altera el sentido de la realidad y se pierden las proporciones entre lo que es correcto y lo que no lo es.

Así pues, tenemos que están ocurriendo vejaciones a ciudadanos por parte de las fuerzas de la ley y el orden, golpizas, jaloneos y asesinatos bajo el supuesto de hacer obedecer las disposiciones que se han dictado por proteger la salud de la sociedad del terrible y contagioso virus SARS-CoV-2, que produce la enfermedad Covid-19.

También ocurren actos de evidente abuso y corrupción al aplicarse multas por no respetar reglas que alguien se sacó de la manga en el momento de encarar al ciudadano, o algunas que emanaron del gobierno estatal o municipal.

La epidemia ha hecho posible que la ignorancia, la simple y llana estupidez y el conocimiento científico trivializado y mal interpretado se conviertan en garrotes que amenazan la integridad física, cívica y humana del ciudadano de a pie.

La razón más recurrente para el abuso y la grosería ha sido que la víctima “no llevaba cubrebocas”.

Hoy sabemos que no llevar cubrebocas puede ser fatal como lo documentan en Jalisco, o causa de agresión policial y de multas y disgustos, como se puede ver en otras partes del país, incluido Sonora.

Presidente López Obrador

¿Es disposición de la autoridad federal de salud? ¿Los ciudadanos ofendidos deben culpar al presidente López Obrador por las medidas de las autoridades locales? Definitivamente no. El gobierno federal fue claro al subrayar el carácter voluntario y respetuoso de los derechos ciudadanos de cualquier intervención por parte de autoridad, así que los abusos y excesos corren por cuenta de los gobiernos estatales y municipales.

Recientemente se publicó la instrucción de la gobernadora a los ayuntamientos de hacer obligatorio el uso del cubrebocas, lo que suena como una medida que lejos de evitar contagios se centra en hacer algo, lo que sea, para exhibir que en Sonora hay preocupación por la salud ciudadana (El Reportero, 03/06/20).

No son tiempos de politiquería en forma de disposiciones mediáticas que sólo pueden propiciar abusos. Es una necedad exigir su obligatoriedad habida cuenta que el uso del cubrebocas sólo es recomendable para las personas que atienden enfermos, para quienes presentan síntomas como tos o estornudos o, más claramente, para el personal de salud, según refiere la OMS y la Secretará de Salud federal.

Está demostrado que el virus no contagia ni se estaciona en lugares públicos abiertos porque no flota en el aire y se transmite por las gotas que expulsamos al hablar, toser o estornudar, de suerte que la calle, los parques y jardines son seguros si se guarda la sana distancia y se lava las manos con frecuencia. Así las cosas, el uso del cubrebocas o las sanitizaciones en espacios abiertos son inútiles y resultan una verdadera vacilada.

La calidad de “obligatoria” de tal o cual medida no deja de producir el malestar propio de estar en contacto con la estupidez con poder, como nos lo ilustra el caso del joven trabajador Giovanni López, en Jalisco, asesinado a golpes por policías porque no traía cubrebocas (https://youtu.be/kcHlwx_Tzh0).

Claudia Pavlovich

No estaría de más que la gobernadora de Sonora y autoridades municipales, reflexionaran sobre la inutilidad de hacer campañas de autopromoción política en tiempos de emergencia sanitaria, porque lo que se espera es sensatez y empatía, además de enterarse de que las autoridades de salud federales jamás dispusieron que se tomaran medidas con carácter obligatorio dirigidas a personas y que, al contrario, subrayaron que la contención domiciliaria y demás deben ser voluntarias.

Declarar obligatoria una medida que corresponde más a la necesidad y conciencia del ciudadano es tanto como ponerse en la línea discursiva de un dictadorzuelo de opereta, como lo es el gobernador de Jalisco. No estamos en una república bananera, y eso debemos tenerlo muy claro.

Las medidas indebidamente obligatorias terminan haciendo del ciudadano que no las cumple un objetivo militar al que hay que eliminar por razones de salud. ¿Dónde quedó la civilidad y el respeto al ser humano?

Esperemos que en Sonora prive el sentido común, el respeto a los derechos ciudadanos, así como a las disposiciones que en materia de prevención epidemiológica se establecieron para toda la nación, sin inventos oportunistas y mediáticos. Seamos consecuentes.