Conspiración en Pémex

Notas Sueltas es un espacio de opinión sobre diversos problemas de carácter social, económico y político de interés general. Los comentarios pueden enviarse a: dalmx@yahoo.com

lunes, 25 de enero de 2016

Ciudadanía activa

La política es quizás la única profesión para la que no se considera necesaria ninguna preparación” (Stevenson).

Sigue trabajando el módulo de Ciudadanía Activa en la promoción del amparo contra el alza en la tarifa del agua potable. Diligentes ciudadanos se han apostado frente a Palacio Municipal y con ánimo resuelto informan a los interesados acerca del objeto del movimiento y los requisitos del trámite. La tarea requiere de paciencia y la convicción de que el abuso del gobierno dirigido por personas sin interés ni empatía por los habitantes de Hermosillo no debe prosperar.

La semana pasada deambulé por la Plaza Zaragoza, en buena medida atraído por el aviso de que, en ese lugar, de 3 a 7 de la tarde, se instalaría una mesa de información y trámite del recurso legal, y me encontré con un pequeño grupo de personas dispuestas a trabajar por los intereses de la comunidad, en cumplimiento de un deber cívico que a estas alturas muchos agradecen, aunque otros tantos no acaban de entender. ¿Será posible que haya gente que sacrifique tiempo y esfuerzo por causas de beneficio colectivo? Parece ser que así es.

La charla que se entabló me dejó claro que, después de todo, no estamos tan jodidos moralmente y que hay ciudadanos que sí entienden el valor de la acción solidaria ante problemas o situaciones que afectan a todos. Desde luego que a toda acción corresponde una reacción y por supuesto que los críticos, más que los apoyadores, no pierden tiempo para intentar desacreditar las acciones e intenciones de quienes se oponen al absurdo y abusivo gravamen que pende sobre las cabezas de las familias. La crítica ratonera es compañera inseparable del trabajo social.

Pero, más allá del morbo que despiertan las críticas en forma velada y las insinuaciones de posibles cuadros de corrupción y juego de intereses, se levanta un grupo que llama a la defensa de la economía familiar y el respeto a la dignidad ciudadana. ¿Por qué hacer pagar a los hermosillenses por obras de claro interés privado? ¿Tiene sentido en el plano de la política pública sangrar el bolsillo de cientos de miles de personas que no van a ser usuarias de la planta tratadora contratada por Javier Gándara con empresarios españoles? ¿Por qué se privilegian los intereses de un sector empresarial y se desestiman los de la inmensa mayoría que trabaja, produce y paga impuestos?

¿Entenderá el actual gobierno municipal el significado de la equidad y proporcionalidad impositiva? ¿Habrán leído y entendido lo dispuesto en el artículo 31 fracción IV de la Constitución federal, referido a que todos los ciudadanos tienen la obligación de contribuir para los gastos públicos de la manera “proporcional y equitativa” que dispongan las leyes? ¿Quedarán dudas acerca del significado de “proporcional y equitativa”? ¿Tendrán claro el significado de “gastos públicos”? ¿Entenderán las responsabilidades legales que se adquieren en el ejercicio de las funciones públicas?

Como señaló alguno de mis interlocutores en esa tarde soleada frente al edificio municipal: ¿En qué estará pensando el “Maloro”, si apenas va llegando y ya quiere subirnos los impuestos?

Como quiera que se vea, la comunidad hermosillense está doblemente amenazada: por una parte, el obsceno tratamiento que el gobierno le ha dado al grave problema de la contaminación producto del derrame tóxico de Buenavista del Cobre, de Grupo México, cuyos efectos ya están presentes en habitantes del norte de la ciudad capital, según ha documentado la investigadora Reina Castro Longoria. Por otra parte, la terrible falta de responsabilidad y oficio político del nuevo presidente municipal que dirige la cosa pública como si el municipio fuera una simple delegación del gobierno del Estado.

Al parecer, ni en el ámbito municipal ni el estatal existe noción de lo que es la autonomía y la soberanía, ya que se gobierna sin conciencia de las responsabilidades locales y simplemente se sigue torpemente el ridículo patrón establecido por el gobierno federal, en clara contradicción con el marco legal aún vigente en México.


Los habitantes de México, Sonora y Hermosillo sufren las consecuencias de un gobierno de imitación, hueco y, por decirlo con propiedad, más holográfico que real. En este contexto, la esperanza y eventual salvación está en la acción consciente y decidida de los ciudadanos. Sólo el pueblo puede salvar al pueblo. 

lunes, 18 de enero de 2016

Mando único: escandalosa centralización.

                                                                    "En todo hay una medida" (Horacio)

Llama la atención la torpe insistencia de las autoridades estatales de violentar la autonomía municipal consagrada en el Artículo 115 constitucional, y el Título Quinto de la estatal. Duele ver un absurdo proceso de centralización en marcha, so pretexto de fortalecer la seguridad pública y la capacitación de las corporaciones policíacas. Molesta la ridícula argumentación de la secretaría del ramo y el desparpajo con el que se declara que los ayuntamientos seguirán haciéndose cargo de la administración del servicio, pero   que el mando - ¿sólo eso? - correspondería al gobierno del estado.


Según esta iniciativa federal, fracasada cuando Calderón y retomada con Peña Nieto, el nombramiento de los mandos policiales quedaría en manos de autoridades ajenas y superiores a los presidentes municipales, con lo que verían mermadas sus funciones ejecutivas y quedarían a expensas de decisiones donde son claramente excluidos. El llamado Mando Único de policía echa por tierra la autoridad municipal para de alguna manera reinstalar la centralización de funciones esenciales en el gobierno estatal, lo que recuerda el absurdo porfiriano de los prefectos o jefes políticos que estaban entre el poder estatal y el municipal, y que constituyeron una seria amenaza para la vida cívica de sus habitantes, llegando a ser una consigna sentida por quienes hicieron la Revolución de 1910.

Me parece que la consigna “Municipio Libre” lanzada en el Plan de Guadalupe de Venustiano Carranza y plasmada en el primer párrafo del artículo 115 de la Constitución, es suficientemente clara como para que las autoridades gubernamentales entiendan que las reformas de hecho que pretenden hacer al marco normativo estatal afectan seriamente a la institución municipal y violentan nuestra historia política y administrativa.

Resulta no sólo patética sino artificiosa la argumentación sobre la diferencia entre “mando” y “policía” única, en la que tratan de meter a los ciudadanos interesados en estos temas, como si una y la otra no fueran expresiones viles de una centralización extralógica y ajena al modelo federal que México tiene desde su fundación como nación independiente y soberana.

Lamentablemente, estamos en tiempos en los que el respeto estricto a la ley resulta políticamente molesto y se sustituye por la farsa de los “pactos”. En vez de la firma de pactos mediáticos, ¿no sería mejor que los funcionarios actuaran de acuerdo a las facultades y atribuciones que las leyes expresamente les confieren? ¿Qué problema habría si los empresarios cumplieran con sus deberes y obligaciones legales para con el gobierno y la sociedad? ¿Hay necesidad de pactar lo que de suyo está previsto en las normas vigentes?

La cínica presión hacia los alcaldes por parte del gobierno estatal carece de justificación y legalidad, por lo que es de celebrarse que varios municipios grandes aun resistan la bárbara y ridícula pretensión de quitar de manos de los presidentes municipales la decisión de nombrar a sus mandos policiales. La intención de centralizar el mando policiaco es, por lo menos, sospechosa, aunque claramente absurda en los términos de la Constitución federal y la estatal.

En otro género de asuntos, surge la iniciativa ciudadana de promover el amparo de la justicia federal contra el abusivo aumento a la tarifa del agua potable, el cual se verá incrementado sustancialmente una vez que inicie su funcionamiento la planta tratadora, obra que contrató en su trienio el panista Javier Gándara y que la actual administración priista asume como propia. Se trata de hacer pagar a las familias una deuda que contrajo el gobierno con una empresa privada para dar servicio a un sector privado de nuestra comunidad. El caso debiera analizarse antes que empeñarse en encarecer la vida de centenas de miles de hermosillenses de a pie.


Como era de esperarse, hay cierta confusión acerca del tema del amparo y ya se emprenden acciones para registrar a los ciudadanos inconformes y recoger la copia del recibo del agua y la credencial para votar de los interesados. Tal fue el caso del módulo informativo que se instaló en el Mercado Municipal no. 1, a un costado de la fuente, donde se brindó asesoría y se empezaron a recoger los documentos mencionados. Como también era de suponerse, han parecido aspirantes a saboteador oficioso de la iniciativa, con la consigna de dar un toque de sospecha a las intenciones de los ciudadanos que figuran como impulsores de la promoción de este recurso legal. En estos casos, lo más razonable es apoyar firmemente las acciones que hagan frente al abuso de un gobierno que ha iniciado imponiendo gravámenes desproporcionados a la comunidad para la que debiera trabajar. Por otra parte, parece recomendable revisar atentamente la ley de ingresos del municipio, ante la certidumbre de que se está actuando alevosamente contra los intereses ciudadanos. Cabe recordar que, ante leyes injustas, la desobediencia civil es un acto de legítima defensa.

lunes, 11 de enero de 2016

Las viejas y nuevas batallas por librar


Desmemoria. Don que Dios concede a los deudores, para ayudarlos por su falta de conciencia” (Ambrose Bierce).

En medio de un alarmante descenso del precio del petróleo y del peso frente al dólar, así como un aumento grosero del gas, el agua y, en general el costo de la vida tanto en México como en Sonora, se anuncia, especula y comenta una y mil veces la reciente recaptura del narcotraficante conocido como “Chapo” Guzmán, presentada como una prueba de la “fortaleza de las instituciones” por Enrique Peña Nieto.

Pareciera que somos una ciudadanía propensa a reaccionar de acuerdo al estímulo mediático en turno, capaz de creer, a las primeras, que el doctor Mireles, vocero de autodefensas ciudadanas y preso político enfermo y amilanado, “pide perdón” al gobierno que lo hizo levantarse en defensa de la paz y tranquilidad de las familias michoacanas frente al poder del crimen organizado y la cómplice apatía de las autoridades locales y federales.

¿Podemos creer en la fortaleza de las instituciones cuando en la conciencia colectiva arde la llama viva de los 43 de Ayotzinapa, junto con las pequeñas víctimas de la guardería ABC, ejemplo de un régimen de concesiones del gobierno a particulares que convierte la seguridad social en negocio privado? ¿No es signo de decadente corrupción la evaporación de los ahorros gracias al sistema de cuentas individuales que son materia de especulación privada gracias a los negocios de las Afore? ¿Acaso no pesa en la memoria de la justicia mexicana los hechos de Aguas Blancas, Atenco y las desapariciones forzadas y asesinatos pasados y presentes que tiñen de rojo al país, entre otros eventos?

¿Se puede estar tranquilo sabiendo que tanto la salud como la educación se privatizan, y que la carga para las familias aumenta día con día? ¿Es lícito transferir a los ciudadanos los costos de obras privadas contratadas por el gobierno, para beneficio de un sector productivo privado y no para las familias que tendrán que pagarlas? ¿Por qué deberíamos tener confianza en las instituciones que malbaratan el patrimonio energético de todos y lo privatizan para la satisfacción de empresas trasnacionales? ¿Es una buena noticia que el campo deje de producir alimentos saludables para verse invadido por semillas transgénicas y alto consumo de productos químicos que envenenan el ambiente y acaban con la biodiversidad y las economías regionales?

¿Debemos permanecer indiferentes ante el despojo de terrenos públicos, por ejemplo, los del vaso de la presa A.L. Rodríguez, y sonreír ante la abundancia de agua para unos cuantos apellidos notables mientras que la ciudad carece de ella? ¿Se pueden hacer obras hidráulicas de uso privado y dejar en la indefensión a las familias vecinas sin que haya problema? ¿Pueden desaparecer sin dejar rastro los recursos del fondo de pensiones y jubilaciones del Isssteson? ¿Los niños a cargo del DIF son mercancías? 

¿Los empleos que genera la maquila automotriz y las embotelladoras y la minería trasnacional, compensan la contaminación y el daño ecológico que sufren las regiones donde se establecen? ¿Todo se justifica con eso de atraer inversionistas que generen empleos? ¿Es ésta una propuesta económica válida para la entidad?

¿Será posible que las fuerzas armadas acepten servir de mascota tercermundista a la ONU y al Comando Norte, es decir, al gobierno de una potencia extranjera? ¿No hay problema con que las autoridades anuncien la participación de militares mexicanos en actividades de entrenamiento y posteriores misiones “de paz”? ¿No hay nada raro que la Marina parezca servir de patiño nacional a los intereses de la DEA, entre otras agencias gringas? ¿Bastó para que el llamado fuera con fines de extradición para que las armas mexicanas se cubrieran de gloria al recapturar a un capo de la droga con aficiones mediáticas? En serio, ¿hay gobierno, ejército y armada dignos de llamarse nacionales?

¿Nuestras instituciones académicas autónomas realmente lo son? ¿Los profesores e investigadores universitarios trabajan para enriquecer el saber colectivo, o simplemente parasitan las instituciones mientras maquilan proyectos para entidades públicas sin rumbo ni legitimidad a cambio de algún estipendio? ¿Un doctorado es como una patente de corso para los negocios privados desde la comodidad de las instituciones educativas? ¿La universidad sirve para avalar “académicamente” las acciones del gobierno, o para trabajar por el bienestar y el progreso social?, ¿a qué hora dejó de ser la conciencia crítica de la sociedad para convertirse en cómplice de la corrupción y la ineptitud oficial?

En medio de este desbarajuste, aún permanece de pie la voluntad de cambio de hombres y mujeres conscientes, capaces de exigir el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los gobernantes. En Sonora se tienen buenos ejemplos de civilidad y permanencia en las luchas por la justicia y la legalidad, por el respeto a la dignidad ciudadana, violada cuando no ignorada por autoridades venales. El año 2016 inicia con una larga cadena de asuntos pendientes de resolver y su correcta solución dependerá de la capacidad que tenga el pueblo para organizarse y perseverar en los objetivos transformadores que decida. El sindicalismo independiente y las organizaciones ciudadanas tienen una gran tarea por realizar. Podremos escribir un nuevo capítulo en Sonora, o repetir obsesivamente las mismas líneas, con los mismos errores y los mismos resultados. ¿Cuál va a ser el sentido de la acción? Usted, nosotros, tenemos la palabra.