“El
verdadero gobierno es aquel que no se atemoriza por el engrandecimiento del
pueblo” (Víctor Hugo).
En el municipio de Hermosillo las cosas
parecen empeorar. Ahora el Ayuntamiento se pone en el plan de cobrar un aumento
de tarifa en el servicio de agua potable sin que tenga justificación alguna:
los beneficios de la planta tratadora de aguas proyectada no serán para los
usuarios domésticos sino para productores rurales. ¿Por qué deben pagar por el
servicio los hermosillenses que usan el líquido en sus casas? ¿No resulta
ridículo que los más deban cargar sobre sus hombros lo que sólo beneficia a
unos cuantos?
Los hermosillenses han tenido que
soportar gobiernos que endeudaron al municipio, saquearon sus arcas y
comerciaron con sus recursos territoriales, haciendo posible que bienes
públicos pasaran mediante argucias a manos privadas; en ellos se usaron las
instituciones públicas como cajas chicas que vinieron a engrosar fortunas
personales.
Se olvidó lo que era el servicio público
y la responsabilidad de administrar el patrimonio territorial y social de los
ciudadanos. La ciudad capital sufrió el deterioro creciente de sus calles y
avenidas, y sus vialidades revelaron la mala calidad de los materiales
empleados en su eventual reparación y los baches y fugas de agua demostraron
que el gobierno había dejado de serlo para convertirse en un parásito
insaciable. La suciedad y malos olores se han convertido en referentes
obligados.
No sólo en las áreas de la periferia
citadina campea la inseguridad y los efectos perniciosos de la delincuencia.
Ahora un asalto o una agresión pueden ocurrir en cualquier parte, aunque cabe
reconocer que existen y se mantienen sectores particularmente conflictivos
desde el punto de vista de la seguridad pública.
A pesar de que las fuerzas de la policía
se han diversificado en varias corporaciones, la confianza ciudadana en los
uniformados es baja. Se puede decir que la relación uniformado-delincuente es
alta, de acuerdo a la percepción general de los ciudadanos. El abuso de
autoridad, el trato grosero y prepotente, el abuso y la eventualidad complicidad
con los delincuentes más la falta de probidad profesional son abonados a la
cuenta de las corporaciones que se ven como un riesgo más en la vida cotidiana.
Es justo decir que por unos corruptos la pagan todos, ya que hay elementos que
con su trabajo diario dignifican su uniforme.
A estas alturas, los ciudadanos están
cansados de abusos y ninguneadas, de burlas costosas para la economía familiar,
de engaños y trapacerías orquestadas desde el poder. En este sentido, la decisión
de un aumento en la tarifa del agua es no sólo injusta sino indignante. Pone a
prueba la paciencia y la confianza en las instancias que, por ley, debieran proteger
el interés ciudadano.
La decisión tomada por la mayoría
priista de aumentar la tarifa “porque no hay de otra”, revela una increíble
falta de responsabilidad y tacto político. En la esfera de las relaciones
políticas y administrativas siempre “hay de otra”. La ley sirve para normar las
conductas y no para aplastar iniciativas
y soluciones transformadoras.
Las organizaciones ciudadanas y personas
interesadas en nuestro acontecer social han tomado la iniciativa como un
abusivo arrebato de torpeza y falta de respeto por los derechos de los
hermosillenses. Como una medida bajuna y agresiva contra la economía de las
familias trabajadoras, que hacen posible que la ciudad viva y progrese, a pesar
de las malas administraciones sufridas.
El llamado es a la resistencia civil,
por la protesta enérgica contra el abuso, por la movilización ciudadana en
defensa de su legítimo derecho a un gobierno responsable, justo y promotor de
la equidad. La ciudad y el municipio merecen respeto, servicio profesional y
absoluta transparencia administrativa, pero sobre todo, una gestión pública que
proteja, con imaginación y entrega, los intereses y derechos colectivos de los
ciudadanos.
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