“El
bienestar del pueblo es la suprema ley” (Cicerón)
¿No ha sentido
que estamos en una burbuja a punto de reventar? Pues yo sí. Le explico. El conflicto magisterial desencadenado entre
otras cosas por el espíritu y la letra de la reforma educativa (sic) ya ha
remontado el marco de las relaciones de dominación-subordinación propias del
sistema económico y político que agobia al país, habida cuenta que los propios
afectados directos, los alumnos y sus familias, en no pocos escenarios se han
manifestado en apoyo a los maestros.
El apoyo de los
usuarios de los servicios educativos se ha visto aumentado gracias a la suma de
grupos de ciudadanos y organizaciones civiles sin aparente vela en el entierro,
pero unidos por diversas inconformidades y agravios cuya autoría común la
ostenta el gobierno federal y sus patéticas réplicas estatales. La
inconformidad y la resistencia a recibir atole con el dedo se ha fortalecido en
los últimos meses, pudiendo configurar un gran frente nacional que, aunque aglutina
muchas causas, se funde en uno sólo de oposición a las medidas punitivas,
represivas y regresivas que han caracterizado al actual gobierno.
No le voy a
aburrir con el consabido recuento de los errores, pifias, simulaciones,
engaños, manipulaciones, mentiras, abusos, ilegalidades, traiciones y metidas
de pata que han precipitado al país al fracaso y la bancarrota. No le amargaré
la vida con los dichos y los hechos que nos han colocado como el hazmerreír del
mundo y la vergüenza de Latinoamérica; ni los bochornosos gazapos cometidos en
cada una de las giras por el extranjero… No, no lo haré, ya que para eso está
la prensa (alternativa) nacional e internacional.
En todo caso,
debo subrayar el abuso conceptual que hacen de la legalidad y los derechos
tanto los funcionarios federales y estatales como los más conspicuos
representantes de la clase empresarial, ávida de venganza y sangre magisterial,
por aquello que juzgan violatorio al estado de derecho: ¿cómo es posible que
los maestros se pongan en el plan de trabajadores de la educación que reclaman
derechos y no de eunucos escolares obligados a someterse a cualquier tipo de
ignominia? ¿Cómo se atreven a impedir el paso de camiones cargados de productos
trasnacionales chatarra, afectando las vías del imperialismo alimentario? ¿Cómo
tolerar que los profesionales de la educación quieran intervenir (opinar,
proponer, señalar) en el diseño de una verdadera reforma educativa y los
mecanismos pertinentes para una verdadera evaluación, en oposición a burócratas
y mercenarios que actúan como operarios de la OCDE y otros organismos
financieros internacionales?
La clase
patronal al pronunciarse por la mano dura gubernamental contra el magisterio
insubordinado lo único que hace es evidenciar su escasa relación con el interés
nacional, ya que la lucha de los docentes es por la defensa de sus derechos
laborales y por la gratuidad y calidad de la educación pública nacional, pero,
¿qué se puede esperar de un empresariado cuya máxima expresión de logro es
servir de representante de los intereses trasnacionales? ¿Acaso educan a sus
hijos en escuelas y universidades públicas mexicanas? ¿Conocen y valoran los
esfuerzos de los maestros en las zonas rurales y periféricas urbanas? ¿Tienen
idea de las dificultades que enfrenta el magisterio al trabajar en escuelas
donde falta casi todo? ¿Cuándo hablan de “inglés y computadoras” en las
escuelas, sabrán que muchas carecen de electricidad y que muchos estudiantes
difícilmente hablan español?
Si en el país la
educación básica es obligatoria y gratuita, ¿saben que se cobran cuotas a las
familias y que en muchos casos esto condiciona la inscripción de los alumnos?
¿Tendrán idea de que ahora no es raro que los libros de texto “gratuitos” se vendan
como cualquier otro libro? ¿En realidad, qué interés nacional defienden los
empresarios? ¿Por qué tan apasionada defensa de una reforma que cancela
derechos laborales y que en nada contribuye a mejorar la calidad de la
educación?
Así como resulta
interesante por su pedante oportunismo la participación de los empresarios
vende patrias, también lo es la variopinta presencia de políticos que como la
Chimoltrufia hoy pueden apoyar a los maestros y mañana no tanto. La demanda de
abrogar la fallida reforma educativa en ningún caso puede representar el
derrumbe de las instituciones de la república, sino su rescate. Sucede que
México es una república federal con un “gobierno democrático, representativo y
popular”, según la Ley Suprema. En tal caso, es un imperativo constitucional
que las leyes que se promulguen sean emanadas de la voluntad popular y
postuladas por sus representantes, que son los legisladores federales y, en su
caso, los locales.
Así las cosas,
¿qué consulta se llevó a cabo entre los maestros y ciudadanos interesados en la
educación? ¿A cuántos especialistas se consultó? ¿Cuáles foros de discusión y
análisis se celebraron en las escuelas normales, universidades y centros de
investigación y a cuántos de ellos asistieron los legisladores? ¿Qué tipo de
consulta hicieron los diputados entre sus electores y qué estudios nacionales
independientes fueron analizados?
Es evidente que
la abrogación de la reforma sería un primer paso para la reconciliación
nacional y una muestra de respeto y humildad por parte de los legisladores,
pero sobre todo una señal clara de compromiso con México, más allá de la típica
subordinación anticonstitucional hacia el Poder Ejecutivo. Es imperativo que se
recupere la independencia y el equilibrio entre los poderes de la Unión. De
ello depende la puesta en orden y al día de nuestra democracia.
La lucha de los
maestros va más allá del tema educativo y laboral, porque toca la viabilidad
misma de las instituciones que deben volver a los cauces de legalidad y
justicia que el país reclama.
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