El debido proceso

• Florence Cassez
• La tenencia en Sonora
• La elección de rector en la UNISON

La expresión que titula estas líneas está de moda gracias a la liberación de la francesa Florence Cassez, presunta secuestradora que sirvió de actriz involuntaria a la PGR bajo el mando de Genaro García Luna, ingeniero mecánico con pujos de director cinematográfico que puso al servicio de Televisa sus pretensiones histriónicas. Cuando el caso se revisó de nuevo ahora “sin presiones”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió concederle el amparo “liso y llano” en vez de “para efectos”, con lo que se da carpetazo a la justicia en aras de guardar las apariencias de respeto a la ley al momento de dejar de reponer el procedimiento para deslindar responsabilidades y castigar a los culpables, resarciendo del daño a las víctimas.

Queda claro que la pesadilla que se vive en los escenarios judiciales de Estados Unidos pintados de mil colores en las series de televisión ahora tiene un aterrizaje tercermundista en México, porque los juzgadores se apegan a las formas dejando de lado el contenido: la justicia es secundaria mientras se observen los procedimientos. La forma es fondo y la legalidad no tiene que ver con el afán de encontrar la verdad, ahora sujeta al juego de poderes y conveniencias bajunas que suelen ser los grades motores de las decisiones políticas nacionales, refugiados ahora en los tecnicismos legales esgrimidos por la SCJN.

Las evidencias en contra de la francesa quedaron en el basurero de los juzgados y las víctimas y testigos del cargo de secuestro y asociación delictiva pasaron a formar parte del anecdotario de un gobierno que finge legalidad y legitimidad, aunque simplemente hace su trabajo en eso de cumplir los designios del capital y atraer inversiones extranjeras, tal como su antecesor panista también neoliberal e igualmente pringado de ilegitimidad y usurpación. Ayer se hacían montajes para impresionar a los gringos y ganar credibilidad ciudadana, hoy se allanar los caminos de la impunidad y el tráfico de influencias con dedicatoria a un gobierno extranjero que gusta de hacer inversiones en condiciones ventajosas tanto como bombardear e invadir países pequeños y miserables de la periferia.

El gobierno de México así como le da carpetazo a la justicia, puede hacer que cambie sus estatutos el partido del presidente, con lo que se demuestra que el afán formalizador subordina a los escrúpulos de congruencia y legitimidad. Ahora el PRI declara estar por aplicar IVA a alimentos y medicinas y abrir PEMEX a la inversión privada. Es claro que las trasnacionales francesas podrán respirar tranquilas ante el doble beneficio de tratar con un país gobernado por la complacencia lacayuna a los intereses del capital extranjero y con la flexibilidad debida para adecuar su marco normativo al gusto del cliente, sea el gobierno o la iniciativa privada de Francia u otros interesados empresariales, como pudiera suponerse el trasfondo en el caso de la francesa secuestradora Cassez y las promesas de apertura y garantía de inversiones en sectores estratégicos. Aquí, en el colmo del absurdo, se le declaró libre, pero no inocente.

Pero no sólo hay botaderos legales que acaban en anécdotas de sobremesa en el plano internacional, a juzgar por el despiporre fiscal que padece Sonora al gravar no sólo tenencias vehiculares sino de burros y caballos, así como alzas en los precios de las actas de nacimiento, matrimoniales o de defunción, entre otros servicios a la comunidad que el gobierno debe proporcionar pero que ahora lo hace con criterios de empresa privada, cacahuatera y gandalla, como es el origen y la mentalidad de quienes ocupan los puestos importantes en la administración de Padrés Elías. Parece que el mal ejemplo de acomodar la función pública a los límites de la ignorancia y voracidad de sus actores, cunde y se generaliza abarcando todos los niveles de las relaciones sociales sonorense.

Al absurdo de pretender aumentar los impuestos costa de afectar a las familias sonorenses de manera injustificada y grosera, ha respondido la comunidad mediante manifestaciones de protesta y propuestas alternativas para captar recursos, que pasan por un verdadero plan de austeridad exento de simulaciones mediáticas, aunque no se debe excluir la pertinencia de buscar el amparo contra el paquete fiscal 2013, así como medidas que transparenten el presupuesta estatal, actualmente enfermo de opacidad y discrecionalidad.

Otro caso de indigestión burocrática lo tenemos en la Universidad de Sonora, donde se ha lanzado la convocatoria para el registro de candidatos a rector, a pesar de contar con una ley que niega e inhibe la libre manifestación de las ideas y la equidad en los procedimientos sucesorios de las autoridades. El marco normativo de la Universidad la define como una entidad antidemocrática y altamente corruptible por su verticalidad y su evidente exclusión en la toma de decisiones de órganos colegiados paritarios. Aquí es la administración la que predomina sobre la comunidad académica y, por consecuencia, es la cabeza de la administración la que decide y controla los procedimientos “electorales”, por lo que el anuncio de que el rector actual procedió a registrar su candidatura sólo debe ser interpretado como una reelección declarada desde la cúpula administrativa.

Lo curioso del caso es que cualquier candidatura donde participe algún miembro de la actual administración está por necesidad preñada de ilegitimidad por tener el marco normativo que se tiene, ya que sería “más de lo mismo”. Solamente tendría sentido y credibilidad una elección donde participaran todos los miembros de la comunidad mediante el voto universal y secreto, sea por departamentos, divisiones o unidades regionales, pero bajo el supuesto de que cada voto vale lo mismo y todos los votos cuentan para decidir quién habrá de ocupar el cargo de rector. Esto es posible siempre y cuando haya un acuerdo interno que, sin cambiar la ley, haga posible la libre participación de los interesados, tal como ocurrió durante las últimas elecciones celebradas bajo la anterior ley orgánica. Lo cierto es que en la actualidad universitaria se puede afirmar que la administración es un lugar donde las aguas de la institucionalidad que procura y defiende del progreso académico y humano son aguas estancadas, pútridas y fétidas. Urge el cambio en la institución, por el bien de Sonora, y justamente en ese sentido es que se han manifestado recientemente en forma pacífica y respetuosa, frente a las escalinatas del edificio principal, un grupo de universitarios que demandan democracia y transparencia en la elección de rector. Nada más justo.