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domingo, 26 de noviembre de 2017

Sindicalismo y seguridad social

                               “Lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama” (Aristóteles). 

Por ser convención internacional, la defensa y apoyo a la seguridad social es deber de todos los gobiernos civilizados. La comunidad internacional se ha pronunciado por la protección de los derechos sociales de sus trabajadores y sus familias y el acceso a la salud y, en general a la seguridad social es, por decirlo de alguna manera, un imperativo categórico que recogen principalmente las organizaciones sindicales como un asunto de vital y prioritaria importancia. ¿De qué pudiera servir al trabajador pertenecer a un sindicato si no lo representa ante las instancias competentes cuando surgen problemas de acceso a los servicios de salud y a las condiciones esenciales de pago justo y reconocimiento de antigüedad laboral que les permita disfrutar de las prestaciones ligadas al retiro?

Debe subrayarse que el respeto a las garantías laborales y el reconocimiento a la existencia legal del trabajador son parte de los aspectos esenciales de la dignificación y empoderamiento de quienes hacen posible la producción y circulación de los bienes y servicios que hacen funcionar a la sociedad y que justifican sin duda la existencia misma de los sindicatos. En tal concepto, ignorar que las mejoras en las condiciones y las remuneraciones al trabajo están ligadas íntimamente al régimen de seguridad social es un error de percepción.

En el país se ha vuelto recurrente el argumento de que la seguridad social es cara, que cuesta mucho sostener las pensiones de los trabajadores en retiro, que es dinero que debiera emplearse en otras cosas, por ejemplo, generar nuevas fuentes de trabajo y mejorar las instalaciones hospitalarias, el equipo, los materiales de curación y el abasto de medicamentos, entre otras cosas y aparentes razones para ver como una posibilidad salvadora de la crisis la privatización de los servicios. De hecho, la subrogación significa que entes particulares hagan lo que corresponde al sector público. Para nadie es un secreto que esto es simplemente una forma de achicar el tamaño del Estado y hacer crecer al Mercado. El espacio que pierde uno lo gana el otro. En una economía de mercado puede sonar lógico, pero lo plausible del planteamiento pronto deja ver los renglones torcidos del modelo que postula y promueve.

La privatización en la etapa que se quiera ver supone dar peso a la capacidad adquisitiva del que solicita los servicios, ignorando su participación en el proceso productivo y los méritos laborales reconocidos y formalizados en las condiciones del contrato de trabajo; es decir, el derecho se adquiere mediante una simple relación de compraventa y no por las aportaciones del trabajador a la empresa en particular y al aparato productivo en general. Así pues, la posición que el individuo tenga en la producción es irrelevante, se diluye en una especie de anonimato que se revela como un proceso de enajenación que no sólo afecta al trabajador en cuanto tal, sino como persona portadora de valores, derechos y obligaciones sociales, mismos que se diluyen y desaparecen resaltando, en cambio, el carácter monetario de la existencia del individuo-cliente sobre la del sujeto-persona.

Como se ve, las valoraciones éticas, las conquistas laborales los derechos históricamente ganados son relativizados en aras de una eficiente y aséptica relación entre oferentes y demandantes. Libre de escrúpulos morales y de compromisos éticos, la ideología del mercado sienta sus reales en la relación de trabajo, en la familia y en los servicios fundamentales para la sobrevivencia del trabajador en una sociedad enajenada. Los aspectos histórico-sociales y políticos que constituyen el núcleo del horizonte de vida de la clase trabajadora son vaciados de contenido y sustituido por una visión pragmática e inmediatista de las relaciones sociales. Por eso la medicina privada se ofrece como alternativa al derecho social relativizado y finalmente negado y por lo mismo las pensiones y jubilaciones se convierten en lucrativo negocio privado. En este sentido, la seguridad social pasa a ser opción en vez de derecho conquistado, lo cual es absolutamente inadmisible.

En este contexto, la lucha por la seguridad social se convierte en una prioridad para las organizaciones sindicales y sociales de corte progresista, aunque muchas veces los impactos mediáticos de las agencias de manipulación masiva del sistema logran abrir huecos en la línea de defensa sindical, y que se cuelen ideas, supuestos y rutas de acción no sólo ajenas sino contrarias a los intereses de los trabajadores. En este caso, la mejor defensa del sindicato es ejercer una sana y abierta autocrítica, valorar objetivamente la forma y el contenido de las amenazas y actuar en consecuencia, sin dejar de considerar que muchas veces la mejor defensa es aquella que se anticipa al ataque.


El sindicato de académicos de la Unison, el STAUS, acaba de realizar un ejercicio de reflexión y análisis sobre la bajuna y desproporcionada exigencia del ISSSTESON de que se firme un nuevo y abusivo convenio de prestación de servicios. Aunque la presión ha sido evidente, todo parece indicar que los trabajadores académicos están dispuestos a agrupar fuerzas y dar la batalla en defensa de sus derechos a la seguridad social. En tal caso, seguramente otras organizaciones los habrán de acompañar. La unión hace la fuerza.

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